• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ
  • Nº Recurso: 10356/2019
  • Fecha: 24/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El TS recuerda que la complicidad requiere el concierto previo o por adhesión, la conciencia de la ilicitud del acto proyectado, el denominado "animus adiuvandi" o voluntad de participar, contribuyendo a la consecución del fin ilícito, y finalmente la aportación de un esfuerzo propio de carácter secundario y auxiliar, para la realización del empeño común. En el caso concreto, la intervención del recurrente fue la de un simple auxiliar eficaz para el éxito de la empresa criminal. Su aportación al hecho no fue ni esencial ni decisiva, por lo que pudo ser fácilmente reemplazable. Su colaboración fue mínima, esporádica y escasa, propia de un cómplice. La actuación concreta consistió en conducir el vehículo que trasladó a los compañeros al lugar donde se perpetraron los robos, armados con objetos peligrosos y portando unos pasamontañas para ocultar sus rostros. Pero una vez que dejó a sus compañeros en el lugar se marchó de allí. Ni se quedó realizando labores de vigilancia, ni permaneció en el lugar para facilitar la huida de sus compañeros después de perpetrar los hechos.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ARACELI PERDICES LOPEZ
  • Nº Recurso: 1745/2019
  • Fecha: 23/10/2019
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: El Tribunal analiza los requisitos que deben concurrir para poder adoptar una medida de alejamiento o de prohibición de aproximación a la víctima, haciendo especial hincapié en la necesidad de que exista una situación objetiva de riesgo para la víctima. La Sala reitera que de haber sido voluntad del Legislador que se decretase orden de protección en todo procedimiento iniciado por denuncia de uno de esos delitos, habría prescindido de la exigencia de situación objetiva de riesgo, que no significa otra cosa que constatación objetiva de posibilidad de advenimiento de una acción lesiva para la integridad física o psíquica de la víctima.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA
  • Nº Recurso: 10734/2018
  • Fecha: 15/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurso formulado por dos personas. Se estima el de una de ellas. Intervenciones telefónicas acordadas en otro procedimiento. No se vulnera ningún derecho fundamental, cuando, en el curso de unas intervenciones telefónicas acordadas lícitamente para la investigación de unos hechos, se desvelan otros relacionadoas con otro delito. Doctrina del hallazgo casual. Correcta inferencia del ánimus necandi: correcta calificación de los hechos como asesinato. La deducción de la actuación inductora de la recurrente se basa en la acreditación de que la acusada dirigió a las víctimas amenazas referidas a los hechos que luego sucedieron. Discusión doctrinal sobre la punibilidad de la inducción. La inducción requiere la causalidad psíquicamente actuada, esto es, determinar o mover a una persona a que ejecute un hecho delictivo concreto, aunque estuviera su ánimo más o menos predispuesto. No cabe la inducción, en los denominados supuestos de omnimodo facturus, cuando la persona estuviese decidida desde el primer momento a cometer el delito. Posibilidad de cooperación psicológica. Se descarta en el caso la inducción, por la posibilidad de que el inducido se encontrase decidido a actuar de cualquier manera. No cabe la condena por amenazas, por inexistencia en el hecho probado, sino en la fundamentación jurídica. No cabe tampoco la complicidad "psicológica". Se estima el recurso de la recurrente por la debilidad de los elementos de convicción tomados en consideración para estimar la inducción
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SUSANA POLO GARCIA
  • Nº Recurso: 10065/2019
  • Fecha: 14/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Vulneración del derecho a la libertad personal (art. 17 CE): compatibilidad de los plazos de los artículos 520 y 497 de la LECr., si hay previa detención policial, sin orden judicial. Vulneración del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones. Incorporación del resultado de las escuchas obtenidas en otro procedimiento. Acuerdo de Pleno de 26 de mayo de 2009, sus fragmentos más relevantes a los efectos discutidos son los siguientes: "en los procesos incoados a raíz de la deducción de testimonios de una causa principal, la simple alegación de que el acto jurisdiccional limitativo del derecho al secreto de las comunicaciones es nulo, porque no hay constancia legítima de las resoluciones antecedentes, no debe implicar sin más la nulidad".
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Valladolid
  • Ponente: MIGUEL ANGEL DE LA TORRE APARICIO
  • Nº Recurso: 513/2019
  • Fecha: 14/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Confirma condena impuesta por Juez Penal por delito de acoso y por delito leve de lesiones. La conducta atribuida al acusado se realiza acudiendo, reiteradamente y durante un período prolongado en el tiempo, al centro de trabajo donde el acusado se dirigia a ella con gestos obscenos, lo que perturbó a la mujer que hubo de ser acompañada al centro de trabajo e incluso pidió un cambio de centro a fin de evitar tales comportamientos. La apelante pretende la comisión de un delito leve de coacciones que se descarta. La Audiencia examina la conducta llevada a cabo por el acusado e identifica en ella la totalidad de los elementos exigidos para la aparición del delito de acoso. Naturaleza de los encuentros provocados por el acusado, su frecuencia y prolongación en el tiempo, idoneidad para generar angustia, inquietud y temor en la víctima a sufrir algun mal. Daño moral generado por la angustia descrita. Indemnización mantenida.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO JAVIER MARTINEZ DERQUI
  • Nº Recurso: 2206/2019
  • Fecha: 14/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se recuerda por la sala la reiterada doctrina jurisprudencial de que en la ponderación de las declaraciones personales se debe distinguir un primer nivel dependiente de forma inmediata de la percepción sensorial, condicionado a la inmediación y por tanto ajeno, en principio, al control en vía de recurso por un Tribunal que no ha contemplado la práctica de la prueba; y un segundo nivel, en el que la opción por una u otra versión de los hechos no se fundamenta directamente en la percepción sensorial derivada de la inmediación, sino en una elaboración racional o argumentativa posterior, que descarta o prima determinadas pruebas aplicando las reglas de la lógica, los principios de la experiencia o los conocimientos científicos, la que puede ser revisada en apelación, no aceptando las argumentaciones ilógicas, irracionales, o absurdas. Frente a la negativa del acusado de haber agredido a su cónyuge, reconociendo únicamente haber tenido una discusión con ella motivada por su intención de divorciarse, el Juez a quo considera probada la versión ofrecida por la denunciante, lo que se comparte por la Sala, ya que la misma se ajusta a los parámetros jurisprudencialmente establecidos para constituir prueba de cargo apta para desvirtuar la presunción de inocencia, sin que el hecho de que pueda existir una hipótesis alternativa, no impide que el Juez de lo penal opte por aquella que permite obtener una convicción fundada, con un mayor grado de certeza.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 10161/2019
  • Fecha: 14/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El dolo de lesionar en el delito de lesiones del art. 149 va referido a la acción, pues el autor conoce o se representa que, como consecuencia de la acción que voluntariamente desarrolla, se va o puede producir unas lesiones. En este caso el resultado es evidente y queda acreditado con el resultado final y la acción es agresiva y directa al ojo con la llevanza de anillos en los dedos. La idoneidad es absoluta en la producción del resultado. No se trató de un mero puñetazo, sino de un golpe directo al ojo con los anillos en los dedos. No es suficiente con que el delito se haya producido en meras circunstancias de tiempo o espacio coincidentes con los propios de la actividad laboral, sino que, además, se requiere que la conducta objeto de sanción guarde alguna relación con el cometido concreto de la actividad laboral. En este caso, hay una absoluta desconexión en la agresión de un empleado a otro y la causación de un resultado dañoso, por cuanto en la redacción del hecho probado no existe un vínculo entre empresa y empleados por el hecho de que uno agreda a otro en el mismo centro empresarial, y aunque lo haga en horario comercial, por cuanto no puede llevar a maximizarse la responsabilidad objetiva o por riesgo, llevando a la empresa a responder por "todo lo que ocurra en su seno" civilmente, por cuanto la agresión queda desconectada de las funciones encargadas al agresor. Debe excluirse a la empresa de la condena como responsable civil subsidiaria del artículo 120.4 del CP.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 10194/2019
  • Fecha: 09/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: No puede convertirse el proceso de recusación del juez en un proceso de castigo por la circunstancia de sus relaciones familiares, o por sus distinciones, como aquí se pretende,ya que ello provocaría una sanción por hechos ajenos a la función jurisdiccional. La circunstancia discriminatoria debe referirse a la víctima. Es difícil argumentar una consideración de la Guardia Civil como colectivo vulnerable sin desnaturalizar la finalidad del precepto. No se describe una situación de discriminación, no se describe la ideología, tampoco se establece una comparación entre situaciones desiguales sobre las cuales fundar la discriminación, ni el hecho probado contiene una definición ni expresión de la situación objetiva de desigualdad derivada de una ideología del sujeto pasivo del delito.Y no puede considerarse que el hecho de pertenecer a un instituto policial sea una ideología. El abuso de superioridad debe suprimirse del atentado. El daño moral y las lesiones psíquicas son conceptos indemnizatorios acumulables. El delito de desórdenes públicos tiene una naturaleza tendencial. Su finalidad es atentar contra la paz pública, concepto más amplio que el de orden público. La nulidad de un nombramiento judicial no determina que los actos realizados durante la vigencia del nombramiento sean nulos o anulables.El uniforme solo permite el inmediato reconocimiento del agente; y habiéndose identificado el agente como tal, con conocimiento del acusado, concurre el elemento cognitivo.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MIGUEL ANGEL FERNANDEZ DE MARCOS MORALES
  • Nº Recurso: 1361/2019
  • Fecha: 09/10/2019
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Se recuerda que el Juez o Tribunal podrá, de forma motivada y cuando resulte estrictamente necesario al fin de protección de la víctima, imponer cautelarmente al inculpado la prohibición de residir en un determinado lugar y en las mismas condiciones podrá imponerle la prohibición de acudir a determinados lugares. Para su adopción es necesario que se esté investigando un delito de los mencionados en el artículo 57 del CP, o existan indicios fundados de un delito o falta contra la vida, integridad física o moral, libertad o seguridad de alguna de las personas mencionadas en el artículo 173.2 del CP, así como que exista un peligro para la víctima; y que sea estrictamente necesaria a fin de protección de la misma. La afectación a derechos fundamentales de la persona a la que se imponen, requiere que cualquier decisión que se adopte por parte del Juez además de cumplir el deber general de motivación,que se pondere específicamente la adecuación de la medida desde la contemplación de los riesgos que con ella se quieren conjurar. La determinación del peligro, exige evaluar los antecedentes existentes en la causa, de los que se pueda inferir que el denunciado puede seguir cometiendo hechos violentos atentatorios contra la integridad física o moral de la víctima, con objeto de determinar si es necesaria la medida con objeto de evitar nuevos actos de agresión. Sin embargo al haber recaído sentencia absolutoria, el recurso carece de objeto al haber sido dejada sin efecto la medida.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MIGUEL ANGEL FERNANDEZ DE MARCOS MORALES
  • Nº Recurso: 1854/2019
  • Fecha: 09/10/2019
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Se recuerda que lo que subyace en la normativa que regula la suspensión de la pena es su consideración de institución claramente excepcional, que opera en sí misma como un mecanismo resocializador, al conferirse al delincuente puntual la oportunidad de evitar el tratamiento penitenciario derivado del ingreso en prisión, sin duda mucho más restrictivo, con las condiciones que se le van a imponer al suspendérsele la pena, y desde esta perspectiva, en cuanto el Juzgador razone la suspensión o su denegación en congruencia con esos criterios legales, deberá respetarse en la alzada su criterio, de modo que solo podrá ser corregido cuando no se ajuste a los presupuestos legales o su razonamiento sea arbitrario, absurdo o manifiestamente erróneo. La eventual declaración en los Hechos Probados de una sentencia en el sentido de la inexistencia de antecedentes penales computables a efectos de reincidencia, solo tiene relevancia a la hora de calificar los hechos enjuiciados e individualizar las penas a imponer por los delitos cometidos, pudiendo el Juzgado o Tribunal sentenciador valorar los antecedentes penales para hacer uso de la facultad que le otorga la Ley, en orden a la concesión o denegación del beneficio.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.