• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SUSANA POLO GARCIA
  • Nº Recurso: 10444/2019
  • Fecha: 08/01/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Escuchas telefónicas. Requisitos para su validez. La base fundamental es la existencia de un conjunto de datos objetivos que justifican la adopción de una medida. Dilaciones indebidas: para su aplicación, es necesario que se trate de una dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento. En el presente caso, la causa fue declarada compleja en instrucción y contaba con una pluralidad de acusados e intervenciones. Inexistencia de paralizaciones o demoras injustificables. Derecho a un proceso con todas las garantías: falta de lectura de las grabaciones de las conversaciones, limitándose la acusación a "darlas por reproducidas". Valor de la fórmula retórica "por reproducida". Inexistencia de indefensión. Motivación de las diligencias de entrada y registro: existencia de una fundamentación bastante justificada en las diligencias practicadas anteriormente. Triple comprobación que se ha de realizar en casación, cuando se alega vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Acreditación de la participación de los recurrentes a partir de numerosos indicios. Validez de la prueba indiciaria como prueba de cargo. Predeterminación: requisitos. Se precisa que se trate de expresiones neta y exclusivamente jurídicas.En el caso, se trata de afirmaciones pertenecientes al lenguaje común. Error en la apreciación de la prueba. Requisitos que han de concurrir. Falta de literosuficiencia. Claridad en los hechos probados: presupuestos. Incongruencia omisiva: no concurre
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MIGUEL COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA
  • Nº Recurso: 1369/2018
  • Fecha: 20/12/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La prohibición de establecer contacto se refiere a cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático. Cualquier terminal móvil, e incluso la mayoría de los de línea fija, refleja en su pantalla el número desde el que se hace la llamada, y, en caso de que no sea atendida, aparece en el registro del teléfono como llamada perdida, constando la hora y el número de procedencia. De manera que el mero hecho de llamar, cuando es posible identificar la procedencia, ya supone en esos casos un acto consumado de comunicación.No puede descartarse que se presentan supuestos en los que, bien por cancelación de la línea, o por otras razones, resultaría imposible que la persona protegida pudiera conocer la existencia de la llamada efectuada por quien tiene prohibida la comunicación. La cuestión se podría trasladar entonces al examen de la tentativa, y en algunos casos imaginables a la tentativa relativamente inidónea,cuya relevancia penal ha admitido la jurisprudencia. Pero es una cuestión que no es necesario abordar aquí en detalle, dados los hechos que se han declarado probados. En los casos en los que se efectúe una llamada al teléfono de la persona protegida por la medida o la pena, y esta no la atienda, el delito quedará consumado si ha sido efectiva la comunicación de la existencia de esa misma llamada efectuada por quien tiene prohibida la comunicación. En esos casos habrá existido un acto de comunicación consumado.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANA MARIA FERRER GARCIA
  • Nº Recurso: 10321/2019
  • Fecha: 20/12/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La jurisprudencia ha adoptado un criterio favorable al reo en la interpretación del requisito de la conexidad que se exigen los artículos 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 76 del Código Penal para la acumulación jurídica de penas, al estimar que, más que la analogía o relación entre sí, lo relevante era la conexidad temporal, es decir, que los hechos pudiesen haberse enjuiciado en un solo proceso, atendiendo al momento de su comisión. Los únicos supuestos excluidos de la acumulación son los hechos que ya estuviesen sentenciados cuando se inicia el período de acumulación contemplado, y los cometidos con posterioridad a tal sentencia. Ha de atenderse por tanto a la fecha de la primera sentencia (y no la de apelación o casación) a los efectos de cómputos y entrecruzamiento de datos cronológicos para decidir sobre la viabilidad de la acumulación. La pena de multa solo se acumula una vez que ha sido transformada en responsabilidad personal subsidiaria. Ello no obsta a la acumulación condicionada cuando sea evidente el impago de la multa. Las condenas con la suspensión de la ejecución reconocida, deben incluirse en la acumulación si ello favoreciere al condenado y se considerarán las menos graves, para el sucesivo cumplimiento, de modo que resultarán extinguidas cuando se alcance el periodo máximo de cumplimiento.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO DE PORRES ORTIZ DE URBINA
  • Nº Recurso: 1412/2018
  • Fecha: 19/12/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La idoneidad significa que la medida ha de acordarse cuando quepa esperar resultados útiles para la investigación.La autorización habilita incluso para conocer las conversaciones de terceros que de forma imprevista sean usuarios de la terminal.La condena por delito de cohecho y la aplicación del apartado 7º del artículo 197 CP incurre en doble incriminación porque se sanciona dos veces la actuación con ánimo de lucro. La aplicación también concurrente del delito de cohecho con la modalidad agravada del artículo 198 CP incurre en el mismo vicio porque la simple solicitud de la dádiva dirigida a la comisión de un hecho delictivo se sancionaría doblemente de aplicarse de forma simultánea los artículos 198 y 419 CP. Por tal motivo deben excluirse los elementos de agravación concurrentes en el delito de revelación de secretos y sancionar ese delito en concurso con el de cohecho.Todos los acusados deben ser condenados, en relación de concurso real, por tantos delitos de revelación de secretos como personas afectadas hubiere. Sin embargo la condena debe realizarse aplicando el artículo 197.2 y 4 del Código Penal vigente al tiempo de los hechos, excluyendo la agravación del apartado 7º (ánimo de lucro) así como la aplicación del subtipo agravado del artículo 198 CP. No ha habido incongruencia alguna ya que el tribunal se ha pronunciado sobre las pretensiones de las partes y lo que no ha hecho, y no debía hacer, es rebasar el marco procesal para condenar a quien no había sido parte.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SUSANA POLO GARCIA
  • Nº Recurso: 1613/2018
  • Fecha: 18/12/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Compatibilidad entre el delito de fraude a la Administración y el delito de malversación: posibilidad de concurso de delitos cuando sólo tomando en cuenta los tipos realmente lesionados se contempla la totalidad del desvalor de los hechos. Infidelidad en la custodia de documentos: delito doloso, con dolo reforzado. Orden de destrucción de documento con la finalidad de enmascarar otros hechos delictivos (malversación, fraude, falsedad y cooperación en delito de prevaricación), único objetivo de la conducta lograr la impunidad, falta de quebranto del interés público.La aptitud como prueba de cargo suficiente de la declaración de un coimputado, se adquiere a partir de que su contenido quede mínimamente corroborado. El delito de fraude a la administración exige la connivencia o el uso de un artificio para defraudar a la administración, y no es preciso la existencia de un concreto perjuicio, sino su persecución por parte de los funcionarios públicos, encargados de un proceso de contratación pública que se conciertan con interesados en la actuación administrativa. El delito de malversación de caudales públicos tiene como presupuestos: a) La cualidad de autoridad o funcionario público; b) una facultad decisoria pública o una detentación material de los caudales públicos o efectos; c) los caudales han de gozar de la consideración de públicos; y d) apropiación sin ánimo de reintegro, apartando los bienes propios de su destino o desviándolos del mismo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 2123/2018
  • Fecha: 18/12/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Tribunal del jurado. El TS desestima los recursos interpuestos por los condenados, entre otros, por delitos de cohecho y falsedad documental cometidos por agentes de la Guardia Civil en zona aduanera de control recibiendo o solicitando dinero. Recuerda su jurisprudencia relativa a la función del Tribunal de casación en procedimientos seguidos por el procedimiento del Tribunal del Jurado. Asimismo, examina los delitos de cohecho y falsedad documental cometido por agentes de la Guardia Civil. Respecto de este último afirma que la aplicación del artículo 398 debe limitarse para aquellos certificados de escasa trascendencia y relevancia como se dice en el artículo. Obviamente dentro de los certificados de "escasa trascendencia" no pueden incluirse los certificados de Hacienda o de la Seguridad Social. El delito se comete cuando los agentes afirman haber realizado el cometido que consignan en el documento, esto es, verificar el dinero declarado contándolo de modo que la cantidad declarada sea la real, sin haber hecho tal esencial función. Finalmente, afirma que la relación concursal entre los delitos de falsedad documental del art. 390 CP y del delito de cohecho es, generalmente, la del concurso real. Así deriva del inciso final del citado precepto que, tras establecer la sanción del cohecho añade "sin perjuicio de la pena correspondiente al delito cometido en razón de la dádiva o promesa".
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO LLARENA CONDE
  • Nº Recurso: 2916/2018
  • Fecha: 17/12/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se analiza un delito intentado de asesinato terrorista, del artículo 572.1.1.º y 16.1, en relación con el artículo 139.1.º, todos ellos del Código Penal. Se valora la declaración autoinculpatoria o heteroinculpatoria efectuada en sede policial y no ratificada judicialmente y se concluye que carece de la consideración de prueba de cargo. Se analiza la doctrina de la Sala y el Acuerdo de 3 de junio de 2015. Se desestima que se hubiera vulnerado el derecho a la presunción de inocencia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO DE PORRES ORTIZ DE URBINA
  • Nº Recurso: 161/2019
  • Fecha: 17/12/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La condena en costas del querellante particular o del actor civil será procedente cuando resultare de las actuaciones que han obrado con temeridad o mala fe. La buena fe es la calidad jurídica de la conducta legalmente exigida de actuar en el proceso con probidad, esto es, con el sincero convencimiento de hallarse asistido de razón. La buena fe hace así referencia a un elemento ético cuyo contenido negativo, esto es, la ausencia de buena fe, comporta una actitud personal, consciente y maliciosa, de actuar de manera procesalmente desviada. No es pues extraño que nuestra jurisprudencia haya destacado que la mala fe, por su carácter subjetivo, es fácil de definir, pero difícil de acreditar; lo que podemos decir que no acontezca con la temeridad, que únicamente precisa de una evaluación de contraste respecto de los postulados de la ciencia jurídica. Hemos indicado como determinante que el acusador tuviera conocimiento de datos que demostrarían la inexistencia de delito y los oculta o no los aporta, dotando así de una apariencia de consistencia a la acusación que sostiene. Se ha mantenido el ejercicio de acciones penales, a sabiendas de que no existían evidencias de la comisión del ilícito denunciado, a pesar de que el vacío probatorio era evidente y, a sabiendas de que ese vacío dependía en gran medida de la actividad de la propia querellante, que no incorporó la prueba al acto del juicio o no disponía de ella. La actuación procesal de la acusación particular fue temeraria.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANA MARIA FERRER GARCIA
  • Nº Recurso: 10427/2019
  • Fecha: 11/12/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se aelga falta de acreditación de la concurrencia de violencia o intimidación. El relato de hechos probados describe actos ostensibles de violencia e intimidación para vencer la resistencia y la falta de consentimiento explícita de la víctima. Error en la apreciación de la prueba: requisitos que han de concurrir para su prosperabilidad. El documento señalado no acredita error y debe ponerse en relación con el resto de la prueba practicada. Denegación de la práctica de una prueba sobre el perfil psicológico de la víctima: doctrina constitucional sobre vulneración del derecho a utilizar medios de prueba pertinantes. No es un derecho de carácter absoluto. Requisitos formales y materiales del motivo por denegación de diligencia de prueba propuesta en tiempo y forma. La denegación de la diligencia de prueba fue correcta: la víctima compareció al acto de la vista oral, donde prestó declaración. Aspectos como su pertenencia a una familia desestructurada o que estuviera en la vía pública consumiendo alcohol no son relevantes. No se enjuician los hábitos personales de la víctima. Los dictámenes sobre credibilidad son herramientas auxilares del Tribunal, pero no despojan a éste de su facultad valorativa de la prueba. Contradicción en los hechos declarados probados: requisitos. En el caso, realmente se alega es disconformidad con la valoración probatoria. Deber de motivación y derecho a la tutela judicial efectiva. La sentencia impugnada cumple con el estandar de motivación necesaria.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ
  • Nº Recurso: 2345/2018
  • Fecha: 05/12/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Delito de quebrantamiento de condena. El TS desestima el recurso al no apreciar interés casacional en el recurso del recurrente. En este sentido recuerda el contenido del Acuerdo del Pleno No Jurisdiccional de 9 de junio de 2016 e el que se concreta el ámbito del recurso regulado en el artículo 847.1.b) de la LECRIM y en el que se expresa, entre otros requisitos, que: "(d) Los recursos deben tener interés casacional. Deberán ser inadmitidos los que carezcan de dicho interés (artículo 889 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), entendiéndose que el recurso tiene interés casacional, conforme a la exposición de motivos: a) si la sentencia recurrida se opone abiertamente a la doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal Supremo, b) si resuelve cuestiones sobre las que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales, c) si aplica normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese una doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ya consolidada relativa a normas anteriores de igual o similar contenido".

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