Resumen: El TS recuerda su doctrina relativa a la validez de la diligencia de intervención telefónica, de su correcta aportación al juicio oral y de su valoración. En este sentido, afirma que la aportación de las cintas íntegras al proceso y la efectiva disponibilidad de este material para las partes junto con la audición o lectura de las mismas en el juicio oral lo que le dota de los principios de oralidad o contradicción, salvo que, dado lo complejo o extenso que pueda ser su audición, se renuncie a la misma, bien entendido que dicha renuncia no puede ser instrumentalizada por las defensas para tras interesarla, alegar posteriormente vulneración por no estar correctamente introducidas en el Plenario. No existe ningún precepto que exija la transcripción ni completa ni de los pasajes más relevantes, ahora bien, si se utilizan las transcripciones, su autenticidad, solo vendrá si están debidamente cotejadas bajo la fe del Secretario Judicial. En el caso concreto, el TS confirma que en el acto del juicio todas las cintas que pudieron ser escuchadas, lo fueron a propuesta del Ministerio Fiscal, y fueron efectivamente escuchadas, sin que los recurrentes formulasen protesta alguna al respecto, por lo que la prueba fue rectamente practicada.
Resumen: El objeto material del delito del artículo 307 ter del Código Penal son las prestaciones del sistema de la Seguridad Social, sobre el que se proyecta la conducta dirigida a la obtención efectiva e indebida de tales prestaciones. La conducta desplegada por el sujeto activo, según la dicción del tipo penal, debe ir dirigida a obtener, para sí mismo o para un tercero, el disfrute o prolongación de prestaciones del Sistema de la Seguridad Social, provocando para ello un error, mediante la simulación, tergiversación u ocultación indebida de hechos (engaño), dando lugar con ello al resultado típico, esto es, la concesión efectiva de la prestación con el consiguiente perjuicio a la Administración Pública. Nos encontramos pues ante un delito de resultado, en el que la consumación solo se produce cuando se realizan todos los elementos del tipo, incluidas las condiciones especiales del autor y el resultado. A efectos de determinar las cantidades que deben computarse como defraudadas se considera que es la cantidad total de las prestaciones de la seguridad social percibidas, no solo las que se correspondan con el periodo simulado, dado que es la conducta de simulación descrita en el tipo penal la que ha permitido el acceso a las prestaciones sociales a las que no se tenía derecho sin la misma.
Resumen: El asunto se refiere a un agente de policía que no denuncia una estafa a operadora de telefonía a partir de una denuncia falsa sobre el robo violento del terminal. El art. 408 del CP incorpora en el tipo objetivo una conducta omisiva por parte de la autoridad o funcionario público que, faltando a los deberes impuestos por su cargo, se abstiene voluntariamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables. La porción de injusto abarcada por este precepto no puede obtenerse sin la referencia interpretativa que ofrece el vocablo «noticia» para aludir a aquellos delitos que no son intencionadamente objeto de persecución. Lo que se castiga no es -no puede serlo por razones ligadas al concepto mismo de proceso- la no persecución de un delito ya calificado, sino la abstención en el deber de todo funcionario de dar a la notitia criminis de cualquier delito el tratamiento profesional que exige nuestro sistema procesal. Y es que tratándose de funcionarios públicos afectados por la obligación de promover la persecución de un delito, lo que reciben aquéllos son precisamente noticias de la comisión de un hecho aparentemente delictivo, nunca un hecho subsumido en un juicio de tipicidad definitivamente cerrado.
Resumen: El artículo 468.2 CP tipifica un delito contra la Administración de Justicia, cuyo bien jurídico protegido de forma primordial es la efectividad de determinadas resoluciones de la autoridad judicial en materia de ejecución de penas, medidas de seguridad y medidas cautelares acordadas durante el proceso, cuyo cumplimiento y subsistencia no puede quedar a merced de la víctima. El artículo 468.2, además de proteger como bien jurídico la efectividad de determinadas resoluciones judiciales en materia de ejecución de penas, medidas de seguridad y medidas cautelares, tiene como finalidad última la de prevenir situaciones de peligro para las víctimas. Los requisitos del delito continuado son: a) pluralidad de hechos delictivos ontológicamente diferenciables; b) identidad de sujeto activo; c) elemento subjetivo de ejecución de un plan preconcebido, con dolo conjunto y unitario, o de aprovechamiento de idénticas ocasiones en las que el dolo surge en cada situación concreta pero idéntica a las otras; d) homogeneidad en el modus operandi; e) elemento normativo de infracción de la misma o semejante norma penal; y f) una cierta conexidad espacio-temporal. El consentimiento de la persona en cuyo favor se fija una prohibición de acercamiento como pena, no es -ni siquiera- idóneo para sustentar una atenuante analógica
Resumen: Delitos contra la hacienda pública, falsedad documental y contable, delito blanqueo y tráfico de influencias. El TS desestima en lo principal los recursos interpuestos y examina los diferentes tipos delictivos señalados. En concreto, en relación con el delito de tráfico de influencias afirma que existe prueba suficiente para tener por acreditada de modo inequívoco, la comisión de un delito continuado de tráfico de influencias; donde las comisiones a cambio de obra pública adjudicada, se pactaban con el tesorero de un partido político, quien se comprometía a obtener el resultado de la adjudicación por el importe pactado a través de las diversas administraciones que ese partido gobernaba, incidiendo (prevaliéndose) de su posición en el partido, ya sobre responsables políticos (autoridades) ya sobre concretos funcionarios. Resultados que efectivamente se conseguían y que servían a su vez de sustento confirmatorio al dar contenido al concierto del ejercicio siguiente, como documentalmente obra.
Resumen: La predeterminación del fallo, como vicio de procedimiento, queda limitada a aquellos supuestos en los que la significación jurídica se incorpora a la descripción histórica, de modo que cierre a las partes procesales el debate propio del juicio de subsunción legal. Las grabaciones telefónicas tienen la consideración de prueba documental (documento fonográfico) por lo que pueden incorporarse al proceso como prueba documental de maneras distintas. Es admisible que se dé por reproducida, siempre que dicha prueba se haya conformado con las demás garantías y se haya podido someter a contradicción sin merma del derecho de defensa. La jurisprudencia de la Sala niega legitimación a las partes para invocar derechos fundamentales ajenos. Se han considerado determinantes de una responsabilidad como autor las aportaciones necesarias para el transporte de la droga. La jurisprudencia descarta la instrumentalización de la aclaración para alterar los fundamentos jurídicos o el sentido del fallo, si bien ha aceptado como una posibilidad de corrección, por razones de economía procesal, la pena impuesta de manera manifiestamente equivocada a tenor de la fundamentación jurídica ofrecida en la sentencia, siempre que no descanse en nuevas interpretaciones valorativas. El consumo de sustancias estupefacientes, aunque sea habitual, no permite por sí solo la aplicación de una atenuación.
Resumen: El TS afirma respecto de las facultades de moderación de las penas de multa impuestas por un mismo delito al administrador y a la persona jurídica, que la modulación autorizada por el art. 31 ter CP permite llegar al mínimo legal establecido para tal pena pecuniaria, pero no consiente ni rebasar esa cifra por debajo; ni, mucho menos, la supresión de la multa para alguno de los responsables. En este sentido, afirma que el art. 31 ter CP dice que en esos casos de concurrencia de condenas de la persona física y jurídica "se modulará" la pena de multa. En una primera aproximación interpretativa no parece que el mandato de "modulación" autorice ni para cancelar respecto de uno de los sujetos la multa (suprimir es mucho más que modular); y, ni siquiera, para rebasar por debajo los mínimos establecidos. El tope de la "modulación" será imponer el mínimo. No es posible forzar el sentido del precepto hasta el punto de consentir un vaciamiento de la penalidad de la persona jurídica o de la persona física.
Resumen: El Tribunal, sobre la base de la conformidad de la penada, ha acordado el cumplimiento efectivo en España de una parte de la pena privativa de libertad impuesta. Por imperativo legal, solo podrá cumplir un máximo de los dos tercios de la pena, de manera que, en todo caso, alcanzado ese límite, deberá procederse a la expulsión. Y, también por imperativo legal, si antes de esa fecha accede al tercer grado o se le concede la libertad condicional, igualmente habrá de hacerse efectiva la expulsión. Ha de tenerse en cuenta que, en principio, el tiempo que se emplee en la tramitación y ejecución de la expulsión no es identificable con el de cumplimiento de la pena. Sin embargo, es exigible que, cuando se tenga conocimiento previo de la fecha en la que deberá procederse a la expulsión, la tramitación de la misma hasta el momento de hacerla efectiva, se haga coincidir con el cumplimiento de la pena, pues en esos casos no se justificaría una prolongación artificial e innecesaria de la privación de libertad. El ingreso del penado en un centro de internamiento de extranjeros, que el Juez o Tribunal pueden acordar para asegurar la expulsión, solo es procedente cuando, al acordarse la expulsión, el extranjero "no se encuentre o no quede efectivamente privado de libertad en ejecución de la pena impuesta". De donde puede deducirse que, estando el penado en prisión cumpliendo la pena, la preparación de la expulsión debe llevarse a cabo antes del momento de su puesta en libertad.
Resumen: Delito de lesiones, supuesto de contagio de enfermedad de transmisión sexual. Transmisión del VIH en supuestos en los que el infectado conocía la enfermedad de su pareja y aceptó mantener relaciones sexuales en forma que entrañaba un riesgo de contagio. El TS establece doctrina relativa a la diferenciación entre la respuesta penal que debe darse a quien dolosamente coopera con una situación de peligro desarrollada por alguien que termina sufriendo la consecuencia del riesgo (cooperación a la autopuesta en peligro), y el tercero que es responsable de asumir y desarrollar personalmente la situación de peligro cuando ha sido consentida por quien resulta perjudicado (heteropuesta en peligro consentida). En el caso concreto, el TS afirma, de un lado, que de forma excepcional cabe sostener (como se hace en el caso concreto) que las dudas del Tribunal sobre un hecho determinante de la antijuricidad material del comportamiento, pueda plasmarse en un pronunciamiento de no culpabilidad del acusado. Y, de otro, que no cabe acudir al consentimiento de la víctima para excluir la responsabilidad del autor del hecho pues no resulta adecuado por eludir que la plenitud de la adhesión exigiría que se proyectara sobre el resultado lesivo que se enjuicia y, aun en ese caso, que el criterio normativo fijado en el artículo 155 del Código Penal atribuye al consentimiento una minoración de la penalidad que reside en el menor desvalor de la acción, pero en modo alguno una irrelevancia penal.
Resumen: Los artículos 392 y 250 CP se aplicaron conforme a derecho. No hay prescripción penal; el recurrente ni siquiera menciona el artículo 130 CP. No ha transcurrido el plazo. No hay dilaciones indebidas; aunque el proceso fuera largo, no lo suficiente para la apreciación de la atenuante.