• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SUSANA POLO GARCIA
  • Nº Recurso: 3946/2018
  • Fecha: 29/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Indefensión: se alega que el auto de transformación solamente se dictó por el delito de lesiones, sobreseyéndose la acusación por el delito de tortura, falsedad documental y detención ilegal. Contenido del derecho a la tutela judicial efectiva y de la proscripción de la indefensión. Concepto de indefensión: necesidad de que se trate de una efectiva y real privación del derecho de defensa. No basta con la realidad de un defecto procesal. El auto de transformación se dicta en función de los hechos que han sido objeto de imputación, sobre los que ha girado la instrucción de las diligencias previas y que deben ser perfectamente conocidos por el imputado. En el procedimiento abreviado, antes de 2002 no había una resolución judicial de imputación, quedando entonces la declaración como imputado con doble filtro: el escrito de calificación y la apertura de juicio oral. Tras la reforma del 2002, el auto de apertura determina el carácter definitivo de los hechos objeto de debate. En el caso, el auto de transformación marcó el objeto del proceso, expulsando aquellos hechos de los que no había indicios de su comisión. Aunque este auto fue impugnado y recurrido por el Abogado del Estado fue desestimado. Hay, por eso, en el caso presente, una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho a la proscripción de la indefensión. Se estima, por ello, el recurso cuyas consideraciones se extienden a los restantes acusados que se encuentran en la misma situación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA
  • Nº Recurso: 3458/2018
  • Fecha: 29/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de sustancia que causa grave daño a la salud y delito de atentado. Intangibilidad de las resoluciones judiciales. Excepciones al principio de intangibilidad de las resoluciones judiciales: artículos 267 LOPJ y 161 LECrim. La rectificación de errores materiales manifiestos o aritméticos. El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a la prohibición de indefensión. El principio acusatorio.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO LLARENA CONDE
  • Nº Recurso: 3668/2018
  • Fecha: 29/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Delito de la apropiación indebida. Retención por una procuradora en concepto de honorarios profesionales de cantidades que le habían sido entregadas en procedimientos judiciales. Modificación de los hechos probados en apelación, con mantenimiento de la calificación jurídica. Se aclara el momento de la consumación delictiva, que es cuando la acusada se negó a reintegrar las cantidades reclamadas. Contenido de estudio del derecho a la presunción de inocencia se invoca en casación. Comprobación de la razonabilidad de la valoración de la prueba, lo que se solapa con el derecho a la tutela judicial efectiva. Prueba indiciaria. Validez como prueba de cargo. Se alega falta de concurrencia del animus rem sibi habendi y ausencia de perjuicio patrimonial. Concurrencia de animus rem sibi habendi. Concepto. Acreditación por inferencias. En el caso, es determinante la transferencia por la acusada de las cantidades a otra cuenta suya. Requisitos del delito de apropiación indebida de dinero. Improcedencia de la retención por un Abogado o un Procurador de cantidades percibidas en el ejercicio de sus funciones, bajo pretexto de cobrar honorarios profesionales. No se refleja en el Derecho Civil un derecho de retención semejante. En el caso, se cita en los hechos probados que la liquidación de los honorarios se hizo unilateralmente por la acusada y se negó a devolver la más mínima cantidad a su cliente y no se practicaron tasaciones de costas ni reconocimientos de deuda.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN RAMON BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE
  • Nº Recurso: 3422/2018
  • Fecha: 28/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La libertad de expresión consiste en el derecho a formular juicios y opiniones, sin pretensión de sentar hechos o afirmar datos objetivos, por lo que el campo de acción viene solo determinado por la ausencia de expresiones indudablemente injuriosas en relación con las opiniones que se expongan. De la misma manera que se excluye del artículo 428 del Código Penal la actuación de funcionarios que se dirigen al que ha de resolver incluso siendo superiores si no se abusa de la jerarquía, tampoco basta que un ciudadano trate de influir espuriamente en el funcionario que resuelve si no mantiene con él una relación que deba considerarse de naturaleza "personal" y, además, se prevale de la misma. Siendo así, de la expresión "entró a trabajar por ser la esposa de un médico" no puede deducirse la imputación del referido delito de tráfico de influencias. Y en lo concerniente al delito de injurias, necesariamente hemos de partir de la nueva regulación de la injuria, tras la reforma LO 1/2015, que ha supuesto una despenalización, al subsistir como única infracción punible la injuria grave. Las expresiones entresacadas del artículo publicado por el querellado en un semanario local, referidas a la querellante aun sin especificar nombres y apellidos, si bien pueden tildarse de desafortunadas, lamentables, excesivas en el léxico e impertinentes, no tienen una carga ofensiva, insultante o vejatoria de una intensidad tal para ser grave a los efectos del artículo 208.2 del Código Penal.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES PALOMO DEL ARCO
  • Nº Recurso: 3354/2018
  • Fecha: 27/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En relación con el delito de robo en casa habitada con violencia e intimidación en las personas y uso de instrumento peligroso en grado de de tentativa el TS examina los distintos reproches de los recurrentes relativos a la propia existencia del robo al tiempo que alegan que se trata de delito provocado; la falta de acceso a la documentación de la actividad policial previa a la detención; el quebranto de los arts 284 y 295 LECr; la falta de voluntariedad del desistimiento; la rebaja en un solo grado la tentativa inacabada; y la aplicación del tipo atenuado del 243.4º CP. En relación con la falta de acceso a la documentación de la actividad policial previa, el TS recuerda que en modo alguno es extensivo a las bases de datos utilizadas por los investigadores y analistas policiales, en los términos que desarrolla la Directiva 2012/13/UE, relativa al derecho a la información en los procesos penales. En relación con el delito de tenencia ilícita de armas, el TS estima el recurso para dos de los condenados, pues el hecho probado solo relata el acuerdo de ejecución, pero no la disponibilidad de los tres sobre el revólver intervenido a uno de ellos ni sobre la escopeta que este tenía en su casa.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES PALOMO DEL ARCO
  • Nº Recurso: 3177/2018
  • Fecha: 27/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La intervención penal sólo resultará justificada en los supuestos en que el arma objeto de la tenencia posea una especial potencialidad lesiva y, además, la tenencia se produzca en condiciones o circunstancias tales que la conviertan, en el caso concreto, en especialmente peligrosa para la seguridad ciudadana. La potencialidad lesiva propia de las armas de fuego descritas no es discutida, así como el resto de las exigencias establecidas por la jurisprudencia constitucional, salvo su peligrosidad para la seguridad ciudadana; sin embargo del relato resulta, además de la pluralidad y aparente falta de almacenamiento seguro, la existencia de un arma corta disimulada en un mero tubo de acero, cuya ínsita peligrosidad determina la absoluta prohibición de su tenencia; tanto más cuando a su disimulada naturaleza, esa simple contextura, le impide tener integrado cualquier sistema de seguridad. Los informes de credibilidad no dicen, ni pueden decir, ni se les pide que digan, si las declaraciones se ajustan o no a la realidad. Esa es tarea del Tribunal que, contará con su percepción directa de las manifestaciones y con el juicio del psicólogo sobre la inexistencia de datos que permitan suponer fabulación, inducción, manipulación o invención. Aunque el dictamen psicológico obtenga un resultado "indeterminado" sobre la credibilidad del menor, sin poder decidirse en un sentido o en otro, no es un elemento de prueba que pueda desvirtuar la convicción del Tribunal sentenciador.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SUSANA POLO GARCIA
  • Nº Recurso: 3074/2018
  • Fecha: 26/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se estima el recurso y se absuelve del delito de falsedad documental. Se aplica la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas muy cualificada. Precisa la sentencia que la actuación de la acusación particular no fue inútil o superflua, ya que como el propio Tribunal reconoce su actuación fue loable a lo largo de todo el proceso, y como la recurrente apunta, la condena ha llegado amparada en gran medida por esta labor, puesto que las periciales que han servido para cuantificar el daño o incluso para identificar la falsedad documental que ha sido objeto de condena. No cabe excluir las costas de la acusación particular. La excusa absolutoria prevista en el artículo 268 del Código Penal y el art. 103 LECrim.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ
  • Nº Recurso: 3424/2018
  • Fecha: 26/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El motivo esgrimido al amparo del artículo 849.1 LECrim impone como presupuesto metodológico la aceptación del hecho probado. Quedan excluidos de la aplicación del artículo 404 CP todos aquellos actos administrativos que no ostenten carácter decisorio, como son los de trámite -informes, consultas, circulares, dictámenes etc..-. Conforme pone de manifiesto el recurrente, la resolución exigida por el tipo delictivo reseñado debe ser un acto de contenido decisorio que resuelva definitivamente sobre el fondo de un asunto y con eficacia ejecutiva. Se entiende por resolución el acto administrativo que suponga una declaración de voluntad de contenido decisorio, que afecte a los derechos de los administrados El contenido de la injusticia o arbitrariedad puede provenir tanto en la absoluta falta de competencia del funcionario o autoridad, en la inobservancia de alguna norma esencial del procedimiento o en el propio contenido sustancial de lo resuelto.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 3078/2018
  • Fecha: 22/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Sólo puede concederse al atestado valor de auténtico elemento probatorio si es reiterado y ratificado en el juicio oral, normalmente mediante la declaración testifical de los Agentes de Policía firmantes del mismo. La cadena de custodia no es un fin en sí mismo, sino que tiene un valor instrumental. Lo único que garantiza es la indemnidad de las evidencias desde que son recogidas hasta que son analizadas, lo que en caso de quiebra puede afectar a la credibilidad del análisis pero no a su validez. La irregularidad en los protocolos establecidos como garantía para la cadena de custodia no equivale a nulidad. El artículo 417 castiga la revelación de secretos o informaciones que no deban ser divulgados, y de los que la autoridad o funcionario público haya tenido conocimiento por razón de su oficio o cargo. Con ello, en el caso del art. 417 CP la información típica deberá versar sobre materias relacionadas con las funciones que el funcionario o autoridad tenga encomendadas. Cuando el daño generado al servicio público -o a un tercero- adquiera una cierta relevancia la conducta del funcionario desbordará el marco de la ilicitud administrativa para integrar un ilícito penal. Lo revelado tanto pueden ser secretos como "cualquier información"; concepto éste constituido por los hechos conocidos en atención al cargo u oficio que sin haber recibido la calificación formal de secretos son por su propia naturaleza reservados.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ
  • Nº Recurso: 10655/2019
  • Fecha: 20/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El acusado y las otras personas que le acompañaban actuaron de manera conjunta apoyándose recíprocamente en la acción emprendida contra los vigilantes sin efectuar objeción alguna frente a la conducta protagonizada por los demás ni tratar de evitar la acción de los otros y sin desistir voluntariamente de su acción. Tal actuar pone de manifiesto no solo la participación directa de cada uno de ellos en los hechos, sino también su conformidad con la acción desplegada por sus compañeros en orden a atacar a los vigilantes con la finalidad de arrebatarles el dinero que transportaban utilizando al efecto pistolas que dispararon contra ellos. De esta manera todos partícipes ostentaban el co--dominio del hecho y, por tanto, dominaban las acciones comunes y necesarias hacia el cumplimiento del tipo penal. Al margen de circunstancias excepcionales que acrediten una efectiva lesión de especial entidad derivada de la dilación, la atenuante de dilaciones indebidas ha de acogerse (más como resumen empírico que como norma de seguimiento) atendiendo al dato concreto de que el plazo de duración total del proceso se extendiera durante más de cinco años, plazo que de por sí se consideraba, en principio, irrazonable y susceptible de atenuar la responsabilidad penal. El derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, no es identificable con el derecho al cumplimiento de los plazos establecidos en las leyes procesales.

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