• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO LLARENA CONDE
  • Nº Recurso: 1513/2018
  • Fecha: 23/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Cabe un control casacional de la excepción de cosa juzgada, tanto cuando se entienda indebidamente aplicada como artículo de previo pronunciamiento o como cuestión previa, como en aquellos supuestos en los que no se hubiere reconocido su operatividad pese a resultar procedente. Para que opere la cosa juzgada, siempre habrán de tenerse en cuenta cuáles son los elementos identificadores de la misma en el ámbito del proceso penal, y frente a la identidad subjetiva, objetiva y de causa de pedir, exigida en el ámbito civil, se han restringido los requisitos para apreciar la cosa juzgada en el orden penal, bastando los dos primeros, careciendo de significación, al efecto, tanto la calificación jurídica como el título por el que se acusó, cuando la misma se base en unos mismos hechos. La imputación de los mismos hechos a la misma persona debe contemplarse entendiendo los hechos en un sentido no puramente naturalista, sino matizado por la óptica jurídico-penal desde la que los hechos deben ser contemplados. El bien jurídico protegido en el delito de prevaricación administrativa es el correcto ejercicio de la función pública. El delito de prevaricación no se refiere de modo expreso a resoluciones administrativas, sino a resoluciones arbitrarias dictadas en un asunto administrativo. La condición de funcionario público que se exige para poder ser sujeto activo del delito es propia del orden penal y no vicario del derecho administrativo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO LLARENA CONDE
  • Nº Recurso: 693/2017
  • Fecha: 16/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Las cuestiones relativas a la interpretación de las normas sobre atribución de competencias a los órganos jurisdiccionales son, en principio, cuestiones de legalidad ordinaria. Ajenas, por tanto, al derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, salvo que esa interpretación suponga una manipulación manifiestamente arbitraria de las reglas legales sobre atribución de competencias. Aun cuando corresponde a la parte acusadora la prueba de la legitimidad de los medios de prueba con los que pretenda avalarse una pretensión de condena, la ley no ampara el silencio estratégico del acusado; de suerte que, como aquí ha acontecido, si en la instancia no se promueve el debate sobre la legalidad de una determinada prueba, esa impugnación no podrá hacerse valer en ulteriores instancias. El delito contra la salud pública es de tracto sucesivo o integrante de conceptos globales. Integran una única actuación delictiva todos los comportamientos favorecedores del tráfico de drogas, hasta el momento en que se produce una intervención policial o judicial orientada a ponerle término. El delito contra la salud pública es de consumación anticipada. No existe consumación si no hay posesión inmediata o mediata de la droga. Es apreciable el delito imposible si la participación sobreviene con posterioridad a la intervención policial de la sustancia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MANUEL MARCHENA GOMEZ
  • Nº Recurso: 20907/2017
  • Fecha: 14/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Sobre el alegado contexto de vulneración de derechos fundamentales producto de la sobreprotección de la unidad territorial de España: La protección de la integridad territorial es común en las constituciones europeas. Ninguna Constitución europea avala el derecho a decidir. La activación de un verdadero proceso constituyente -en eso consistió la aprobación de las leyes fundacionales y del referéndum- al margen del cuadro jurídico previsto para la reforma constitucional, tiene un incuestionable alcance penal que, en función del medio ejecutivo empleado para su efectividad, deberá ser calificado como delito de rebelión o sedición. El alzamiento tendencialmente dirigido a la comisión del delito de rebelión exige como presupuesto que éste sea público y violento. La violencia ha de ser instrumental, preordenada a los fines del delito, y también funcional, pues es violencia para lograr la secesión, no violencia para crear un clima en que se haga más viable una ulterior negociación. Más allá de la mera actuación en grupo, la sedición exige como medio comisivo el alzamiento tumultuario y tiene la finalidad de derogar de hecho la efectividad de leyes o el cumplimiento de órdenes o resoluciones de funcionarios en el ejercicio legítimo de sus funciones. La malversación reprueba la conducta del funcionario público encargado del patrimonio público que, quebrantando los vínculos de fidelidad y lealtad que le corresponden por el ejercicio de su función, causa un perjuicio al patrimonio.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO DE PORRES ORTIZ DE URBINA
  • Nº Recurso: 10022/2019
  • Fecha: 14/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Principio acusatorio: nadie puede ser condenado por delito y hechos distintos de aquéllos por los que ha sido acusado y no haya podido defenderse. Es preciso que haya identidad entre el hecho objeto de acusación y el que es base para la condena de forma que el hecho debatido en juicio constituya supuesto fáctico de la calficación de la sentencia, de forma tal que la defensa del imputado tenga oportunidad de alegar, proponer prueba y practicar en su práctica y en los debates, habiendo conocido con antelación suficiente aquello de lo que se le acusa. Eso no impide la alteración del relato de hechos imputados por las acusaciones, siempre que se refieran aspectos accesorios. El escrito de conclusiones definitivas es el que delimita los hechos objeto de acusación. Derecho a la libertad religiosa: yihadismo e islamismo. Delito de adoctrinamiento activo con fines terroristas: introducción en la legislación española. Finalidad del precepto. No es punible la mera expresión ideológica de doctrinas integristas radicales. Sólo se sanciona un adoctrinamiento activo de colaboración cuando tenga por finalidad la incorporación de nuevos miembros. El artículo 577 del Código Penal recoge un amplio catálogo de formas de colaboración. Individualización de las penas: consideración de las circunstancias personales y de las circunstancias objetivas. Presunción de inocencia: estudio en casación. Existencia de prueba de cargo bastante. Improcedencia de descontextualizar los elementos de prueba.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 1988/2018
  • Fecha: 14/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Delito de prevaricación administrativa (artículo 404 CP). Delito de realización arbitraria del propio derecho. Delito de coacciones. Delito de allanamiento de establecimiento abierto al público. Recurso de casación por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. La legitimación activa y la sucesión empresarial. El recurso de casación por incongruencia omisiva (art. 851.3º LECrim.). La teoría del concurso de leyes. Análisis del artículo 8 del Código Penal. El principio non bis in idem. La determinación de la responsabilidad civil derivada del delito. El delito de prevaricación administrativa: objeto del delito y la resolución determinante de la prevaricación: jurisprudencia de la Sala. El concepto de autoridad o funcionario público (art. 24 CP). Autoría y participación: la condición de extraneus.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO LLARENA CONDE
  • Nº Recurso: 2561/2017
  • Fecha: 14/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: No concurre irregularidad en el registro del despacho consistorial dada la menor o nula incidencia en el derecho a la intimidad personal o familiar porque el registro tiene que practicarse en un edificio público. El criterio de diferenciación entre el delito de falsedad en documento oficial y los de certificación falsa de radica en que en los últimos, la información mendaz documentada solo cumple la función de adverar o acreditar hechos sin otras finalidades. Por el contrario, en el delito de falsedad en documento oficial, la alteración se muestra de especial gravedad.Existe una especial gravedad, puesto que sin la certificación del recurrente sobre la antigüedad de la construcción y la inexistencia de expediente, la edificación no hubiera obtenido la calificación de obra nueva.La acción del recurrente, consejero de Urbanismo, consistió en haber autorizado el cambio de titularidad de una licencia de obras que se había concedido para la edificación en una finca perteneciente a su pareja , además de conceder una licencia de segregación, todo con conocimiento de que el suelo era no urbanizable y no autorizable.Comportamientos estos que son ajenos a una función de recomendación o advertencia técnico pública, integrándose en una esfera estrictamente decisional y, por ello, esencialmente diferente de la acción típica configurada en la redacción inicial del artículo 439 del Código Penal de 1995. No confluye un periodo desmedido, pero el excesivo tiempo justifica la atenuante simple.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO DE PORRES ORTIZ DE URBINA
  • Nº Recurso: 10234/2019
  • Fecha: 14/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Delito de pertenencia a organización criminal, amenazas graves y tenencia ilícita de armas. Recurso de casación por vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Ámbito de control, a través del recurso de casación, de la prueba practicada en la instancia. Recurso de casación por error en la valoración de la prueba, al amparo del artículo 849.2 LECrim. Requisitos de prosperabilidad. Predeterminación del fallo: la referencia a los antecedentes policiales en el relato de hechos probados de la resolución no predetermina el fallo ni supone el empleo de conceptos jurídicos.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA
  • Nº Recurso: 1684/2018
  • Fecha: 14/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La casación en procedimientos competencia de los Juzgados de lo penal permite exclusivamente comprobar que la norma penal sustantiva ha sido correctamente interpretada y aplicada. Para el resto de infracciones posibles el debate queda cerrado con la resolución de la Audiencia Provincial.Esta casación no está reclamada por el derecho a la tutela judicial efectiva, aunque también lo sirva; sino por el principio de seguridad jurídica. No busca tanto dar una solución al caso concreto, como proyectar hacia el futuro una interpretación de la ley penal en un punto controvertido.Lo que se plantea en rigor un problema de subsunción jurídica sino de valoración probatoria, aunque atinente a un elemento interno, como es decidir si el recurrente tenía conocimiento de los requerimientos recibidos y las advertencias que contenían. La sentencia de instancia, ratificada en ese punto por el Tribunal de apelación, lo declara así probado. Pues bien, ahí quedan finiquitadas las posibilidades de cuestionar en el ámbito de la jurisdicción ordinaria (otra cosa es el recurso de amparo) cuestiones probatorias. Las inferencias no son más que una forma de prueba indirecta de hechos internos. Son hechos anímicos, pero "hechos" aunque con una peculiaridad: han de acreditarse a través de elementos externos, deducirse de éstos. Esa deducción es prueba indirecta: de unos hechos externos se infieren otros internos. Tal problemática es ajena a la subsunción jurídica.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES PALOMO DEL ARCO
  • Nº Recurso: 10244/2019
  • Fecha: 14/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El Acuerdo de Pleno no jurisdiccional de 19/12/2012 sobre la aplicación del artículo 76 CP, estableció que para determinar los límites máximos de cumplimiento establecidos en las letras a) a d) del art. 76 CP hay que atender a la pena máxima imponible pero teniendo en cuenta las degradaciones obligatorias en virtud del grado de ejecución del delito. El criterio del citado Acuerdo fue reiterado en diversas sentencias, en las que se recuerda que el texto del artículo 76 CP remitía a la pena conminada en el tipo, no a la resultante de la individualización por el juego de las circunstancias concurrentes. A efectos de la atenuante del artículo 21.5 CP, se reconoce eficacia en orden a la disminución de la pena a algunos actos del culpable posteriores al delito, que por lo tanto no pueden influir en la cantidad de injusto ni en la imputación personal al autor, pero que sin embargo facilitan la protección de la víctima al orientar la conducta de aquél a la reparación o disminución de los daños causados
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN RAMON BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE
  • Nº Recurso: 10264/2019
  • Fecha: 14/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El TS desestima el recurso al declarar la inaplicación de la doctrina relativa a la cosa juzgada y la imposibilidad de acumular las condenas referidas por el recurrente. En concreto, declara la inaplicación de la doctrina relativa a la cosa juzgada dado que la pretensión de la recurrente queda al margen del recurso formalizado contra un auto que acuerda la acumulación de las condenas, sin que en el recurso de casación contra el mismo pueda resolverse sobre la concurrencia de la excepción de cosa juzgada y vulneración del principio non bis in idem, que debió plantearse en el segundo procedimiento penal o, en todo caso, a través del recurso de revisión. Finalmente afirma que incluso en el caso presente la prosperabilidad de tal revisión podría no tener efectos prácticos en la nueva acumulación, dado que al subsistir la pena de pertenencia a banda armada de la primera sentencia (con pena de 8 años) el triple excedería a la suma total de las penas impuestas, 20 años, que, a su vez coincidiría con el máximo de cumplimiento previsto en el art. 76.1 CP.

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