• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 1723/2018
  • Fecha: 12/11/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Son elementos definitorios de la organización criminal: a) la agrupación de, al menos, tres personas para la comisión del delito; b) una actuación planeada, bien con carácter estable, bien por tiempo indefinido; c) el desarrollo de una tarea concertada y coordinada, con un reparto funcional de cometidos puestos al servicio del delito. En los grupos criminales, sin reunir las notas de complejidad necesarias para ser organización, se debe advertir la existencia de una serie de medios y recursos que dotan de una cierta estructura interna a sus miembros, algunos de los cuales son intercambiables en sus funciones, presentando una estructura muy básica, sin sofisticación, ni perfilada definición en el reparto de papeles, pero con capacidad para obtener droga y transportarla. El delito de blanqueo de capitales consiste en incorporar al tráfico legal los bienes, dinero y ganancias en general, obtenidos en la realización de actividades delictivas. La introducción de los capitales en el torrente legal se realiza mediante adquisiciones de bienes inmuebles o la apertura de establecimientos aparentemente dedicados a realizar operaciones y actividades comerciales de apariencia lícita.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES PALOMO DEL ARCO
  • Nº Recurso: 1673/2018
  • Fecha: 12/11/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Delito contra la seguridad social. Artículo 307 del Código Penal. Recurso de casación por vulneración del derecho a la presunción de inocencia. El control de la existencia de prueba de cargo y el control sobre su suficiencia. La continuidad delictiva en el delito de fraude contra la Seguridad Social. La temporalidad en la comisión delictiva y el importe de las cuantías defraudadas. La aplicación de la ley penal más favorable. Las agravaciones específicas en el delito contra la Seguridad Social: el artículo 307.1. a) y b) del Código Penal. Estas agravaciones aparecen tanto en la redacción original de 1995 como de 2003 y determinaban una pena de de prisión de dos años y seis meses a cuatro años y multa del triplo y medio al séxtuplo de la cuantía defraudada.Tras la reforma de la LO 7/2012, son parcialmente coincidentes y se sancionan en su umbral mínimo, de forma algo más liviana.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA
  • Nº Recurso: 10357/2019
  • Fecha: 12/11/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Delito de terrorismo. Depósito de explosivos. El TS desestima el recurso interpuesto y recuerda su doctrina relativa a la prueba indiciaria en virtud de la cual el Tribunal sentenciador llegó a la convicción de que el recurrente realizó los hechos por los que fue condenado. En este sentido afirma que la convicción de culpabilidad se edifica sobre la base de una prueba indiciaria que se ha dejado expuesta a través de la reproducción de un largo pasaje de la sentencia de instancia. La Audiencia efectúa su deducción a partir de indicios. La categorización de esta modalidad probatoria -prueba indiciaria- tiene utilidad práctica por cuanto permite articular protocolos de control y de suficiencia. Finalmente, recuerda la doctrina del Tribunal Constitucional y afirma que a falta de prueba directa de cargo, también la prueba indiciaria puede sustentar un pronunciamiento condenatorio sin menoscabo del derecho a la presunción de inocencia, siempre que se cumplan unos requisitos: a) el hecho o los hechos base (indicios) han de estar plenamente probados; b) los hechos constitutivos del delito deben deducirse precisamente de estos hechos base; c) para que se pueda comprobar la razonabilidad de la inferencia es preciso tanto que el órgano judicial exponga los indicios como que aflore el razonamiento o engarce lógico entre los hechos base y los hechos consecuencia; y, finalmente, d) que este razonamiento esté asentado en las reglas del criterio humano o de la experiencia común.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ
  • Nº Recurso: 1845/2018
  • Fecha: 11/11/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala entiende que la posibilidad de valoración de una fuente de prueba obtenida por un particular con absoluta desconexión de toda actividad estatal y ajena en su origen a la voluntad de prefabricar pruebas, no necesita ser objeto de un enunciado legal que así lo proclame. Su valoración es perfectamente posible a la vista de la propia literalidad del vigente enunciado del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, sobre todo, en atención a la idea de que, en su origen histórico y en su sistematización jurisprudencial, la regla de exclusión sólo adquiere sentido como elemento de prevención frente a los excesos del Estado en la investigación del delito. La prohibición de valorar pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales cobra su genuino sentido como mecanismo de contención de los excesos policiales en la búsqueda de la verdad oculta en la comisión de cualquier delito. En el caso de autos no se trataba de pruebas obtenidas con el objetivo, directo o indirecto, de hacerlas valer en un proceso penal, sino que se obtuvieron casualmente al revisar la contabilidad de la sociedad, en la sede de la propia empresa.La cualidad de autoridad o funcionario público del agente es un concepto suministrado por el artículo 24 del Código Penal, bastando a efectos penales con la participación legítima en una función pública.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES MARTINEZ ARRIETA
  • Nº Recurso: 1764/2018
  • Fecha: 05/11/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El tratamiento médico consiste en la planificación de un sistema de curación o de un esquema médico prescrito por un titulado en medicina con finalidad curativa. El relato fáctico refiere un hecho generador de las lesiones "el empleo de una fuerza excesiva y desproporcionada" que fue la causa de la caída al suelo y las lesiones en ojo, región auricular y extremidades y codo, de las que sanó a los 153 días y que requirieron para su sanidad además de una asistencia la prescripción de medicamentos, antiinflamatorios y corticoides, respecto de los cuales hemos dicho que integran el concepto de tratamiento médico, pues no son paliativos sino curativos.El acusado al darle alcance al agente se revolvió contra él y le propinó un empujón y, a continuación, una patada al agente en el costado izquierdo. No se trata de desobedecer una orden, ni resistirse a la acción policial, sino de acometer al agente de policía que le perseguía. El artículo 105 del Código Penal exige en su imposición un razonamiento específico para asegurar la observancia de las finalidades de la pena, y en este punto el tribunal carece de una explicación razonable y mínima que justifique la imposición de la medida de seguridad. La medida de seguridad es una consecuencia jurídica al delito y su imposición requiere de una motivación específica, artículo 120 de la Constitución, máxime cuando se trata de subvenir a necesidades de resocialización que son impuestas por un tiempo temporalmente extenso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 1945/2018
  • Fecha: 31/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se vulnera el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías cuando el juzgado o tribunal de apelación, sin respetar los principios de inmediación y contradicción, procede a revisar y corregir la valoración o ponderación de las pruebas personales efectuada por el juez de instancia y revoca en virtud de una reinterpretación de unas pruebas que no ha practicado la sentencia absolutoria apelada. Hay que distinguir la responsabilidad civil subsidiaria de los delitos cometidos por empleados o dependientes de la que surge ahora del artículo 120.3 CP. La responsabilidad civil subsidiaria por los delitos cometidos por los empleados, dependientes, representantes o gestores se fundamenta en la culpa in vigilando, in eligendo o in operando y ha sido interpretada con gran amplitud, hasta llegar a una cuasiobjetivación basada en la teoría del riesgo. Si bien el "extraneus" no puede ser autor de delitos especiales, sí puede realizar, sin menoscabo del principio de legalidad, los tipos de participación -inducción y cooperación necesaria-.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ
  • Nº Recurso: 1741/2018
  • Fecha: 30/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La calificación jurídica que pueda contener el auto acordando la continuación del proceso por los trámites del procedimiento abreviado solo tiene por objeto determinar el procedimiento a seguir, sin mayores vinculaciones.El auto de acomodación al procedimiento abreviado no obliga a una correlación estricta entre la finalización de la instrucción y la vinculación de la acusación.No se ha introducido elemento o dato nuevo al que la parte o partes, por su desconocimiento, no hubieran podido referirse para contradecirlo.La aplicación de ambos tipos penales, salud pública y asociación ilícita, no implican vulneración del principio "non bis in idem", ya que uno sólo de ellos no agota el desvalor del comportamiento complejo: el desvalor del delito concretamente cometido, delito contra la salud pública, no abarca el desvalor de formar parte de una asociación ilícita dedicada a la comisión de ese delito. La Asociación no funcionaba como una verdadera asociación cannábica, sino como lo que podría denominarse un mero supermercado de sustancia estupefaciente. No consta que en la misma se realizara actividad alguna de información, formación o asesoramiento de sus socios. Tampoco el abastecimiento de las sustancias se adecuaba a la legalidad pues las mismas eran adquiridas a personas dedicadas a su distribución fuera de las vías legales. De igual forma, no se controlaba el consumo mensual de los socios, y las sustancias también se vendieron a personas que no eran socios.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ
  • Nº Recurso: 1619/2018
  • Fecha: 30/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: No hay cosa juzgada. Problemática en los casos en los que hay diferentes condenas por hechos que podían constituir delito continuado. El primer enjuciamiento de los diversos hechos impide la continuidad delictiva respecto de los hechos enjuiciados, aunque todos ellos podrían haber sido objeto de un enjuiciamiento único, pero no trae consigo vulneración de la cosa juzgada. Además, los hechos enjuiciados no son idénticos. Doctrina sobre pluralidad de causas presenta elementos comunes respecto de un único hecho típico. Necesidad de compensar los perjuicios resultantes del enjuiciamiento por separado. Diferentes respuestas jurisprudenciales a esta cuestión ante la falta de solución legal. Requisitos del vicio formal de falta de claridad. Dilaciones indebidas: criterios a tener en cuenta para su aplicación. No es igual el derecho a no proceso sin dilaciones indebidas con el derecho al cumplimiento de los plazos. Requisitos de la vía del error en la apreciación de la prueba. No implica una nueva valoración de la prueba. En el presente supuesto, no se señala ningún documento con aptitud para modificar el fallo. Errónea motivación en la fijación de la cuantía de la indemnización. La prescripción de la acción de la Administración no implica la extinción de la responsabilidad civil. Alcance de estudio de la vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Prescripción: determinación del plazo de cinco años, que no han transcurrido. Predeterminación: requisitos para su apreciación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 1614/2018
  • Fecha: 29/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Suministro de material para llevar a cabo la captación de los datos de tarjetas de crédito para su posterior clonado. El TS recuerda que la alteración consciente de las tarjetas de crédito por parte del recurrente, bien ejecutada por él mismo, bien ofreciendo a otro los datos para la sustitución fraudulenta, integra el delito de falsificación del art. 399 bis 1 del CP, ya sea en calidad de autor o como cooperador necesario. Si, además, esa manipulación está concebida para servir de instrumento para el engaño en establecimientos abiertos al público, induciendo al dependiente a un error que determina un desplazamiento patrimonial, la relación entre el delito falsario y la estafa se ajusta a la que es propia del concurso medial. No se trata de un simple uso de tarjeta falsa, sino que al acusado se le considera cooperador necesario de esa falsificación y por tanto, su conducta encaja plenamente en el art. 399 bis.1 del CP. El comportamiento de la recurrente es, por tanto, típico a los efectos del delito recogido en el primer apartado del artículo 399 bis, a pesar de que no fuera ella quien, materialmente, realizara la falsificación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ
  • Nº Recurso: 10356/2019
  • Fecha: 24/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El TS recuerda que la complicidad requiere el concierto previo o por adhesión, la conciencia de la ilicitud del acto proyectado, el denominado "animus adiuvandi" o voluntad de participar, contribuyendo a la consecución del fin ilícito, y finalmente la aportación de un esfuerzo propio de carácter secundario y auxiliar, para la realización del empeño común. En el caso concreto, la intervención del recurrente fue la de un simple auxiliar eficaz para el éxito de la empresa criminal. Su aportación al hecho no fue ni esencial ni decisiva, por lo que pudo ser fácilmente reemplazable. Su colaboración fue mínima, esporádica y escasa, propia de un cómplice. La actuación concreta consistió en conducir el vehículo que trasladó a los compañeros al lugar donde se perpetraron los robos, armados con objetos peligrosos y portando unos pasamontañas para ocultar sus rostros. Pero una vez que dejó a sus compañeros en el lugar se marchó de allí. Ni se quedó realizando labores de vigilancia, ni permaneció en el lugar para facilitar la huida de sus compañeros después de perpetrar los hechos.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.