• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MIGUEL COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA
  • Nº Recurso: 2976/2018
  • Fecha: 12/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Constitución atribuye al Juez la responsabilidad de acordar la restricción del derecho al secreto de las comunicaciones telefónicas y exige que lo haga a través de una resolución suficientemente fundada. Tanto en el aspecto fáctico, respecto a los indicios de comisión de un delito y de la participación del sospechoso en él, como en relación a su necesidad en el caso. Al tiempo se exige que la restricción sea proporcional al fin perseguido, y que se contraiga a hechos concretos suficientemente identificados. La sospecha acerca de la comisión del delito o de la participación del sospechoso no puede ser considerada un indicio, por más contundente que sea su expresión, ni tampoco, consecuentemente, puede serlo la afirmación de la existencia del delito y de la participación; o de su posibilidad o probabilidad. Por el contrario, lo que se exige son datos o elementos, que, desde una perspectiva objetiva justifiquen la sospecha. Es decir, que para cualquiera sean indicativos de la comisión de un delito. Y ha exigido que se trate de datos objetivos, accesibles por terceros, verificables, seriamente sugestivos de la comisión del delito y de la participación del sospechoso, y que estén al alcance del Juez en el momento previo a su decisión, de modo que éste los conozca y los pueda valorar; y que se expresen de tal forma en su resolución que aquella valoración pueda luego ser controlada, en su racionalidad, por otro Tribunal.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO LLARENA CONDE
  • Nº Recurso: 1807/2018
  • Fecha: 11/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Delito de lesiones, supuesto de contagio de enfermedad de transmisión sexual. Transmisión del VIH en supuestos en los que el infectado conocía la enfermedad de su pareja y aceptó mantener relaciones sexuales en forma que entrañaba un riesgo de contagio. El TS establece doctrina relativa a la diferenciación entre la respuesta penal que debe darse a quien dolosamente coopera con una situación de peligro desarrollada por alguien que termina sufriendo la consecuencia del riesgo (cooperación a la autopuesta en peligro), y el tercero que es responsable de asumir y desarrollar personalmente la situación de peligro cuando ha sido consentida por quien resulta perjudicado (heteropuesta en peligro consentida). En el caso concreto, el TS afirma, de un lado, que de forma excepcional cabe sostener (como se hace en el caso concreto) que las dudas del Tribunal sobre un hecho determinante de la antijuricidad material del comportamiento, pueda plasmarse en un pronunciamiento de no culpabilidad del acusado. Y, de otro, que no cabe acudir al consentimiento de la víctima para excluir la responsabilidad del autor del hecho pues no resulta adecuado por eludir que la plenitud de la adhesión exigiría que se proyectara sobre el resultado lesivo que se enjuicia y, aun en ese caso, que el criterio normativo fijado en el artículo 155 del Código Penal atribuye al consentimiento una minoración de la penalidad que reside en el menor desvalor de la acción, pero en modo alguno una irrelevancia penal.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR
  • Nº Recurso: 2777/2018
  • Fecha: 10/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La posibilidad de conversión de absolutorias en condenatorias, resulta de nuestra doctrina, que declara lo siguiente: Si los hechos probados lo permiten, mediante una subsunción jurídica diferente a la llevada a cabo por la instancia, por el cauce previsto por estricta infracción de ley, por la vía autorizada en el art. 849-1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Tribunal de Casación, partiendo de los hechos probados, realizará la subsunción jurídica que sea correcta, declarando si se ha infringido la ley penal, y en consecuencia, si así fuera, y la sentencia fuere absolutoria, condenando al acusado, sin que nunca pueda producirse una reforma peyorativa. A tal efecto, partirá de los hechos probados, y en lo que concierne a los elementos subjetivos, revisando la inferencia si esta operación puede llevarse a cabo con los hechos que consten en la resultancia fáctica, sin otro análisis probatorio, de manera que no pueda extraerse esa operación de cualquier otro elemento que no conste en el factum o juicio histórico de la sentencia recurrida, y ello para controlar casacionalmente tal método inductivo en orden a conocer la intención del agente. De los hechos probados de la sentencia recurrida, no se traduce la comisión de un delito societario, ni tampoco de otro de estafa procesal. Y no existiendo base en el apartado fáctico de la sentencia recurrida, pues no concurren ninguno de los elementos del tipo, el motivo no puede prosperar.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MIGUEL COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA
  • Nº Recurso: 2891/2018
  • Fecha: 04/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Quedó acreditado que Fórum ofrecía al público la venta de sellos asegurando que se encargaría de la venta de los mismos en el mercado a un precio superior y que, de no encontrar comprador, la misma Fórum los adquiriría. Aseguraba una rentabilidad durante ese plazo superior a la que ofrecían las entidades bancarias. Los clientes ignoraban que el dinero que entregaban a la sociedad se destinaba, entre otros fines, a pagar a los clientes que deseaban recuperar su inversión o a quienes percibían el interés asegurado, llegando a desviarlo hacia el patrimonio personal de los acusados. Ignoraban que Fórum no tenía otras fuentes de ingresos y que estaba en situación de insolvencia. Se analiza la intervención en operaciones para ocultar el origen del dinero que los autores de la estafa desviaban a su favor. Las cuentas anuales estaban falseadas pues no reflejaban que el activo no podía hacer frente a las deudas. Se analizan en la sentencia los concursos entre los diferentes delitos, la vulneración del bis in ídem, las diversas formas de autoría y participación en el delito de blanqueo de capitales, la responsabilidad del auditor de cuentas, la aplicabilidad del art. 14 del Código Penal, la justicia Universal y el delito de blanqueo, la responsabilidad civil y el decomiso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
  • Municipio: Bilbao
  • Ponente: NEKANE BOLADO ZARRAGA
  • Nº Recurso: 22/2020
  • Fecha: 04/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Principio acusatorio y derecho de defensa: el derecho de defensa exige el conocimiento previo de la acusación. Han de proscribirse imputaciones sorpresivas en los momentos finales del procedimiento, que impidan o dificulten la utilización de los adecuados medios -de prueba y alegaciones- para una eficaz defensa. La modificación de conclusiones no puede en principio variar el objeto procesal sustituyendo unos hechos por otros distintos desde el punto de vista naturalístico; pero sí puede variar su valoración jurídica. En el caso, no puede sostenerse la existencia de una acusación sorpresiva para la defensa en relación al delito de estafa del art. 248 y 250. 5° y 6°CP, al respetar los límites fácticos que sobre los hechos y participación en ellos del acusado fueron configurados durante la instrucción y sobre los que versó la totalidad de la prueba en el juicio oral. Presunción de inocencia: hay una actividad probatoria de cargo con arreglo a las previsiones constitucionales y legales, y, consecuentemente, válida, cuyo contenido incriminatorio, racionalmente valorado de acuerdo con las reglas de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicos, resulta suficiente para desvirtuar aquella presunción inicial. Estafa: fue el engaño el que provocó el error en la denunciante quien pensó en la seriedad de la propuesta que le efectuaba el acusado para optimizar sus ahorros, desconociendo que desde el inicio sabía que no podrían materializarse. dilaciones indebidas.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MIGUEL COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA
  • Nº Recurso: 2519/2018
  • Fecha: 04/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito continuado de estafa. Recurso de casación por infracción de Ley, al amparo del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El delito de estafa: elementos del delito. El engaño bastante. Doctrina jurisprudencial sobre el subtipo agravado previsto en el artículo 250.1.6 del Código Penal (LO 5/2010). El recurso de casación por infracción de Ley, al amparo del artículo 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por error en la valoración de la prueba: requisitos de prosperabilidad. El concepto de documento a efectos casacionales. El recurso de casación por quebrantamiento de forma, por falta de claridad en los hechos declarados probados y predeterminación del fallo (art. 851.1 LECrim.). Autoría y participación. Coautoría.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
  • Municipio: Zaragoza
  • Ponente: FERNANDO ZUBIRI DE SALINAS
  • Nº Recurso: 8/2020
  • Fecha: 04/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El condenado como autor de un delito contra la salud pública del art. 368.2 CP, se alza en apelación interesando su absolución, al no aparecer probado el elemento subjetivo tendencial del destino a tráfico de las sustancias intervenidas, por no haberse acreditado que el speed estuviese dedicado a su distribución, sino a su propio consumo. El TSJ estima el recurso y revoca la sentencia. En supuestos de tenencia de drogas por parte de consumidores para llegar a un pronunciamiento condenatorio es necesario que quede acreditado, por medio de indicios varios que conduzcan inequívocamente a un resultado probatorio, que la persona acusada era poseedora de la sustancia tóxica con la finalidad de transmitirla a terceros, y de este modo favorecer o facilitar su consumo, lo que constituiría la acción tipificada en el art. 368 del CP. La sentencia condenatoria se funda en la cantidad de droga intervenida, su reparto en dos envoltorios, y en dos datos corroboradores: el hecho de introducirse el acusado precipitadamente en el bar ante la presencia policial y tirar al suelo el envoltorio de mayor cantidad. La Sala estima que la ausencia de circunstancias concurrentes para valorar el destino al tráfico de la droga ocupada, no permite corroborar que el único dato cierto de la cantidad de droga intervenida, como excesiva para el autoconsumo (en escasa medida), sea indicio suficiente para enervar la presunción de inocencia al no ser inequívoco, sino susceptible de variada interpretación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA
  • Nº Recurso: 2573/2018
  • Fecha: 04/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En casación ese eventual error solo es controlable cuando se basa en prueba documental en sentido estricto (que no pruebas personales documentadas) que entre en abierta contradicción con una afirmación o silencio de la Sala de instancia de forma patente por demostrar indubitadamente el documento lo contrario de lo declarado, siempre que el punto que se pretende variar del hecho probado no esté avalado por otros elementos de prueba que hayan podido ser tomados en consideración por el Tribunal para apartarse del tenor del documento.Se entretiene el argumentario en valorar pruebas personales con claro apartamiento del diseño legal de este motivo.Ha habido en este supuesto premiosidad y lentitud en la tramitación. Se ha apreciado la atenuante, con el carácter de muy cualificada, en supuestos de paralizaciones de notable consideración, por espacio de varios años. Así, en casos de transcurso de 5 años y medio en sede de la Audiencia, o por la paralización indebida por tiempo de 4 años, en esas mismas condiciones. Los retrasos padecidos por la causa hasta la sentencia no son suficientes para la cualificación de la atenuante.Es demasiado tiempo para una causa de investigación no especialmente compleja, pero no puede hablarse de dilaciones especialmente desmesuradas, sino tan solo extraordinarias.Y, además, no se produjo en ningún momento queja o protesta o petición encaminada a la agilización, sino más bien un silencio que hace pensar en una eventual complacencia con esa premiosidad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
  • Municipio: Zaragoza
  • Ponente: JAVIER SEOANE PRADO
  • Nº Recurso: 9/2020
  • Fecha: 03/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se pretende por la acusación particular la condena de los acusados absueltos del delito de falsedad documental, y se aprecie la figura agravada del delito de apropiación indebida, en atención a la cuantía. Se aduce falta de motivación y error en la apreciación de la prueba. El TSJ desestima el recurso. Las exigencias de motivación, son diferentes si se trata de una sentencia condenatoria o de una absolutoria, pues en las condenatorias es necesario enervar la presunción de inocencia que favorece al inculpado. Por el contrario, en las absolutorias la motivación se satisface en cuanto se expresa una duda sobre los hechos de la acusación, porque la consecuencia de esa duda es la no enervación de la presunción de inocencia. En lo referente a los demás motivos de impugnación, los recursos están llamados a su desestimación, pues no atienden a la nueva regulación de la apelación penal instaurada en la LECrim por la Ley 41/2015, que modificó el art. 792 LECrim para adaptar su texto a las exigencias derivadas de una constancia doctrina jurisprudencial del TC y del TEDH, conforme a la que los tribunales de apelación no pueden, por razón de una nueva valoración de la prueba, agravar la condena impuesta en primera instancia ni condenar a lo que en ella fueron absueltos, pues la consecuencia de la estimación del motivo es la anulación de la sentencia apelada y la devolución de los autos al órgano que la dictó, lo que ha de ser necesariamente objeto de petición por parte del recurrente.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Valladolid
  • Ponente: MARIA TERESA GONZALEZ CUARTERO
  • Nº Recurso: 140/2020
  • Fecha: 03/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se dice en la alzada que la sentencia se integra por el relato fáctico y la fundamentación, jurídica, y, en la fundamentación, se motiva que, el denunciante, ha relacionado los objetos que la acusada se llevó, valorándose pericialmente, y aportado fotografía de los daños, que, obviamente, son dolosos. La práctica de la prueba fue determinante y no cabe entender que se haya basado todo en la declaración del perjudicado, únicamente, porque se ha practicado documental y pericial suficiente. En cuanto a la cuota de la multa, como se dice a quo, en los juicios por delito leve no se practica instrucción, por tanto, no se efectúa investigación de patrimonio. El hecho de que, en el momento del Juicio estuviese en centro penitenciario no implica que deba imponérsele la multa de 2 €, máxime cuando, en este momento, disfruta de prestación por desempleo y no se ha acreditado en modo alguno ni las cuantiosas multas pendiente ni otras circunstancias.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.