Resumen: El actor presta servicios para el Cabildo de Gran Canaria cuyo Convenio Colectivo prevé un incremento de los salarios conforme al IPC. Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para los años 2002 a 2009 establecieron que las retribuciones del personal al servicio del sector público no podían experimentar un incremento global superior al 2 por 100 con respecto a las del año anterior; para el año 2010 limitó el incremento a un 0,3 por ciento y para los años 2011 a 2015 establecieron que no podían experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre del año anterior. El actor reclama la diferencia salarial correspondiente a las subidas salariales desde 2001 y subsidiariamente de 2001 a 2010. Se cuestiona si la limitación y posterior prohibición de incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público establecida en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para los años 2002 a 2015 impide la aplicación de los incrementos salariales previstos en el Convenio Colectivo del personal del Cabildo de Gran Canaria. Reiterada doctrina jurisprudencial sostiene que los convenios colectivos han de someterse al derecho necesario establecido por la ley, de rango superior en la jerarquía normativa. Las LPGE pueden imponer límites máximos al incremento de las retribuciones del personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas en virtud del principio de primacía de la ley en aquellos extremos que tienen carácter inderogable.
Resumen: UGT interpone demanda de despido colectivo, en la que solicita que se declare la nulidad de los despidos efectuados por la demandada durante el mes de Octubre de 2019 porque las extinciones individuales efectuadas por la empresa superaron los umbrales del art. 51.1 del ET. La Audiencia Nacional desestimó la demanda. La recurrente discute la forma de cálculo de los 90 días, para apreciar la existencia de fraude de ley. En este caso en los 90 días posteriores al despido cuestionado no consta que se haya efectuado ninguna extinción y en los 90 anteriores tampoco. Tampoco se ha alcanzado en ninguno de los centros de trabajo un número de al menos igual a 20 trabajadores a que se refiere el art. 1, ap. 1, pfo. primero,, letra a), inciso II, de la Directiva 98/59. Tampoco puede llegarse a la conclusión de que los despidos formen parte de una estrategia fraudulenta, pues no consta que obedezcan a las mismas causas. No concurren las circunstancias para aplicar la norma antifraude (art. 51.1 último párrafo ET). La sentencia recurrida no infringe los preceptos denunciados, imponiéndose la desestimación del recurso.
Resumen: La cuestión que se suscita en la sentencia de conflicto colectivo comentada es la de determinar si los bomberos forestales que prestan servicios para la Junta de Galicia con carácter indefinido no fijo o temporal tienen derecho a acceder a la segunda actividad al cumplir 60 años de edad en las mismas condiciones que los trabajadores fijos. Y el TS, a la luz de lo establecido en las cláusulas 3ª y 4ª del Acuerdo Marco europeo sobre el trabajo de duración determinada, aplicado por la Directiva 1999/70 del Consejo, de 28 de junio de 1999, en el art. 15.6 del ET y en el convenio y acuerdos de aplicación, confirma el reconocimiento del derecho instado en demanda, relativo al derecho de los trabajadores indefinidos no fijos o temporales a acceder a la segunda actividad. Razona al respecto que debe aplicarse el derecho nacional a la luz de la directiva comunitaria y que el derecho al acceso a la segunda actividad está comprendido en el concepto de condiciones de trabajo recogido en la cláusula 4ª del Acuerdo Marco. Y la denegación de tal derecho a los trabajadores temporales o indefinidos no fijos constituye una desigualdad injustificada, sin que su reconocimiento desnaturalice las relaciones temporales e indefinidas no fijas ni varíe la duración de los contratos.
Resumen: La actora suscribió con la Comunidad de Madrid dos contratos de interinidad para la cobertura de vacante y el último finalizó cuando se adjudicaron los destinos correspondientes al proceso extraordinario de consolidación de empleo. La trabajadora interpone demanda de despido y la controversia radica en dilucidar si la extinción de un contrato de interinidad por vacante debido a la cobertura reglamentaria de la plaza conlleva el derecho a indemnización de 20 días de salario por año trabajado como fue estimado en instancia tras declarar la improcedencia del despido, o si debe desestimarse la demanda como se concluyó en suplicación. La actora recurrió en casación para la unificación de doctrina. La doctrina correcta determina la inexistencia de indemnización porque el art. 49.1 c) ET no ha previsto ningún tipo de indemnización por finalización del contrato temporal de interinidad, a lo que debe añadirse que la doctrina contenida en la STJUE de 14 de diciembre de 1996, (asunto C-596/14) que fue rectificada por las SSTJU de 5 de junio de 2018, Asuntos C-574/16 y C-677/16; y más recientemente por la STJUE de 21 de noviembre de 2018, en respuesta a las cuestiones prejudiciales. En nuestro ordenamiento jurídico, la finalización válida de los contratos temporales conlleva la indemnización que, en cada caso, esté prevista. En el caso de autos el contrato de interinidad se extinguió por la válida causa consistente en la cobertura de la plaza ocupada interinamente por vacante.
Resumen: Se debate en la sentencia anotada, en el marzo de un proceso de despido, la fecha inicial del cómputo de antigüedad en el caso de una trabajadora con sucesivos contratos administrativos a los que sigue un contrato por obra o servicio, cuando se ha producido un lapso de 6 meses y 6 días entre dos periodos de servicios. La sentencia dictada en suplicación descartó la antigüedad correspondiente con el momento inicial de la prestación de servicios. El TS no comparte tal parecer, y tras un recorrido por la doctrina de la Sala IV sobre la unidad esencial del vínculo, concluye afirmando que la STS de 21-7-2017 (R. 2764/15), entre otras, no opta por un método matemático a la hora de apreciar la ruptura del vínculo, ni erige los tres meses como una barrera universal, ni prescinde de la duración global del arco temporal examinado a la hora de ponderar todas las circunstancias. Así las cosas, como es el caso, es posible que un paréntesis de 6 meses y 6 días entre los contratos administrativos y el laboral no rompa necesariamente la unidad esencial del vínculo, si la actividad de la actora siempre ha sido la misma y en las mismas condiciones, lo que implica que todos los contratos se suscribieron en fraude de ley con el fin de impedir que la contratación se convirtiera en indefinida no fija. En consecuencia, la sentencia anotada estima el recurso de la actora, declara la unidad del vínculo y el cómputo de la antigüedad se retrotrae al momento del inicio de la prestación de servicios.
Resumen: La sentencia de la AN estimó la pretensión subsidiaria de la demanda de conflicto colectivo planteada por el sindicato UGT, declarando que el cómputo de la diferencia 8 horas anuales entre la jornada recogida en el calendario y la jornada máxima anual, en supuestos de baja por IT, maternidad o riesgo ha de establecerse en proporción al periodo en que el trabajador permaneció en activo. Recurre en casación la empresa y el sindicato actor. Tras rechaza la sala IV la causa de inadmisibilidad invocada por CGT, se desestima el recurso empresarial por entender que la interpretación de la norma paccionada -arts. 31 y 32 del convenio de la empresa Veralia Spain SA- debe realizarse teniendo en cuenta la interpretación previa del art. 32 citado realizada por la comisión mixta del convenio en acta de 20/11/2008, en relación al personal de nueva incorporación durante el año; situación que es posible equiparar a la de los trabajadores en situación de baja por IT, maternidad o riesgo. En el acta mencionada se aplica el criterio de proporcionalidad; criterio que es extensible al supuesto enjuiciado, como correctamente decide la sentencia impugnada. Se desestima también el recurso del sindicato actor, en el que se insiste en la pretensión principal relativa a la consideración de los periodos de inactividad por IT, maternidad y riesgo como tiempo de trabajo efectivo, pues la misma no tiene apoyo en decisión alguna de la comisión mixta.
Resumen: Es objeto de este recurso determinar si el contrato de interinidad por vacante debe ser considerado válido o si la relación laboral entre las partes debe ser considerada indefinida no fija, por haber superado el plazo de tres años, con arreglo al artículo 70.1 EBEP. La sentencia de suplicación declaró que la relación laboral tenía el carácter de indefinida no fija al haber trascurrido en exceso el plazo de 3 años previsto en el artículo 70 EBEP. La trabajadora fue contratada por la Junta de Andalucía el 17 de septiembre de 2007 mediante contrato de interinidad por vacante, y planteó demanda reclamando el reconocimiento de la condición de indefinida no fija desde dicha fecha, por haber transcurrido 3 años en interinidad sin que se cubriera la vacante, con arreglo al art. 70.1 EBEP. La doctrina de la Sala ( STS –pleno- de 24 de abril de 2019, Rcud. 1001/2017) considera que el plazo de tres años del art. 70 del EBEP no puede entenderse en general como una garantía inamovible; que su superación se refiere a la ejecución de la oferta de empleo público y que son las circunstancias específicas de cada supuesto las que han de llevar a una concreta conclusión, siempre sobre las bases y parámetros que presiden la contratación temporal. La aplicación de la anterior doctrina obliga a estimar el recurso porque no se aprecia irregularidad alguna en el proceder de la administración recurrente.
Resumen: Se cuestiona si debe reconocerse a las demandantes la condición de trabajadoras indefinidas no fijas del organismo público demandado, en aplicación de lo dispuesto en el art. 70 EBEP, una vez que ha transcurrido el plazo de tres años sin haberse activado el procedimiento para la cobertura de las plazas que vienen ocupando en interinidad por vacante, con las consecuencias legales inherentes a esa declaración una vez extinguida la relación laboral. Interponen demanda de despido en la que interesan que se califique la relación como indefinida no fija, y con base en esa calificación solicitan como pretensión principal la declaración de nulidad o improcedencia del despido, y subsidiariamente, el reconocimiento del derecho a percibir una indemnización de 20 días de salario por año de servicio. La sentencia de suplicación declaró el carácter indefinido no fijo de la relación laboral y condenó a la empleadora al pago de una indemnización de 20 días por año de servicio. La sala cuarta, reitera que el plazo del art. 70 EBEP no puede entenderse como una garantía inamovible viniendo referido a la ejecución de la oferta de empleo, sin que del mismo se derive cuál deba ser el alcance de su superación en relación con la naturaleza del contrato. Se niega que el mero transcurso de tiempo superior a tres años convierta en indefinida no fija la relación de forma automática. Estima el recurso de la Junta de Andalucía, y confirmar la sentencia del Juzgado que desestimó la demanda.
Resumen: En el supuesto que examina la sentencia anotada, la trabajadora está vinculada con la Junta de Andalucía mediante contrato de interinidad por vacante, desde el año 2005. En la demanda rectora de las actuaciones reclama el reconocimiento de la condición de trabajadora indefinida no fija de la Administración. La sentencia de suplicación estimó el recurso formulado por la actora y, con revocación de la sentencia de instancia, estimó la pretensión actora. La cuestión debatida en casación unificadora consiste en determinar si resulta de aplicación el plazo de tres años establecido en el art. 70 EBEP, lo que conduciría a calificar la relación de indefinida no fija. El TS, con reiteración del criterio sentado en anteriores sentencias, estima el recurso de la Junta de Andalucía, al entender que el plazo del invocado art. 70 EBEP no opera de modo automático y, dado que no concurren elementos bastantes para apreciar que discurrió un plazo inusualmente largo, no cabía afirmar por tal causa el carácter indefinido de la relación. A lo que suma que existen razones presupuestarias, derivadas de la grave crisis económica, que justifican la prohibición de nuevas contrataciones en el sector público.
Resumen: En el supuesto que examina la sentencia anotada, el trabajador está vinculado con la Junta de Andalucía mediante contrato de interinidad por vacante, desde el año 2007. En la demanda rectora de las actuaciones reclama el reconocimiento de la condición de trabajador indefinido no fijo de la Administración. La sentencia de suplicación estimó el recurso formulado por el actor y, con revocación de la sentencia de instancia, estimó la pretensión actora. La cuestión debatida en casación unificadora consiste en determinar si resulta de aplicación el plazo de tres años establecido en el art. 70 EBEP, lo que conduciría a calificar la relación de indefinida no fija. El TS, con reiteración del criterio sentado en anteriores sentencias, estima el recurso de la Junta de Andalucía, al entender que el plazo del invocado art. 70 EBEP no opera de modo automático y, dado que no concurren elementos bastantes para apreciar que discurrió un plazo inusualmente largo, no cabía afirmar por tal causa el carácter indefinido de la relación. A lo que suma que existen razones presupuestarias, derivadas de la grave crisis económica, que justifican la prohibición de nuevas contrataciones en el sector público.
