Resumen: El demandante ha venido prestando servicios para la Universidad con categoría profesional Ayudante, en virtud de diferentes contratos. El demandante obtuvo el título de Doctor el 2 de diciembre de 2011 y el 4 de mayo de 2012 suscribió un contrato laboral docente como Ayudante, a tiempo completo, que fue prorrogado al amparo de los Acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno de la Universidad sin que, a fecha 3 de mayo de 2017, hubiera obtenido de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación la correspondiente acreditación como Profesor Ayudante Doctor. el actor ha impartido las asignaturas con plena autonomía y responsabilidad, efectuando tareas de corrección y revisión de exámenes, firma de actas, y atención de tutorías. Solicita que se declare que la extinción de su contrato de trabajo constituye despido improcedente y, subsidiariamente, que se le reconozca el derecho a la indemnización de 20 días por año de servicios por finalización del contrato. La sentencia de suplicación confirma la improcedencia del despido y considera fraudulento el contrato suscrito en 2012 porque no concurría el requisito subjetivo (doctorandos) ni la función propia de colaboración, en tareas docentes de índole práctica. Entre las sentencias no existe la identidad necesaria para apreciar que sus pronunciamientos son contradictorios.
Resumen: Se interponen dos recursos de casación para la unificación de doctrina: por el trabajador que interesa que se declare cesión ilegal por entender que la empleadora real es el Servicio Andaluz de Salud; y por Ayesa Advanced Technologies SA respecto a la responsabilidad solidaria en el despido del trabajador, y respecto al fraude de ley apreciado. Respecto del recurso del trabajador, entre la sentencia recurrida y la de contraste no concurren las identidades exigidas por el artículo 219 de la LRJS, tal y como pone de relieve la STS de 16 de enero de 2020, recurso 2913/2017, al ser diferentes los datos que concurren en las sentencias enfrentadas y aunque han llegado a resultados distintos no son contradictorias. Respecto de la sentencia de contraste invocada por Ayesa para el primer motivo el elemento que desdibuja el cumplimiento de la exigencia de la igualdad esencial reside en que en la sentencia recurrida se confirma el carácter fraudulento del concierto empresarial; y ese dato no figura en la de contraste. En cuanto a la segunda sentencia de contraste tampoco existe contradicción ya que ambas aplican la misma doctrina de la responsabilidad de las empresas intervinientes en el fraude, si bien la sentencia referencial concede el derecho de opción entre indemnización y readmisión a una tercera empresa que no intervino en el fraude.
Resumen: En la sentencia recurrida se apreció cesión ilegal, y se declaró a la trabajadora personal laboral indefinido de la Consejería de Educación. La prestación de servicios se realiza en el marco de un contrato de servicio de apoyo y asistencia al alumnado con necesidades educativas especiales concertado entre las diversas entidades empleadoras y la Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación. El Ministerio Fiscal considera que deben desestimarse los recursos: El de la Junta de Andalucía por no ser firme la sentencia esgrimida de contraste. El de Celemín Formación, por falta de contradicción entre la sentencia recurrida y la de contraste. Y el de Clece por suscitar una cuestión nueva no examinada en suplicación. La sala acuerda la desestimación de los recursos. de casación para la unificación de doctrina.
Resumen: Consta que el actor venía prestando servicios para el Ayuntamiento demandado en virtud de diversos contratos temporales para obra o servicio determinado, el último de los cuales se extinguió el 3/7/2015. Consta asimismo que el actor presentó el 25/6/2015 reclamación previa frente al Ayuntamiento demandado solicitando el reconocimiento de relación laboral indefinida. La Sala IV confirma la sentencia de instancia que declaró la improcedencia del despido. En el recurso de casación unificador planteado por el trabajador se pretende la declaración de nulidad del despido por resultar vulnerador de la garantía de indemnidad. La sala IV, tras recordar la doctrina relativa a la distribución de la carga de la prueba cuando se alega la vulneración de derechos fundamentales, concluye que, aunque el cese del actor tras la presentación de la reclamación previa frente al Ayuntamiento demandado constituye indicio suficiente de vulneración de la garantía de indemnidad, lo cierto es que la demandada actuó conforme a lo que era previsible, dada la duración pactada en contrato, pues éste contenía una fecha de finalización a la que se atuvo el Ayuntamiento, sin anticipar tal decisión ni variar su conducta habitual. Se desestima el recurso del demandante
Resumen: Se cuestiona la existencia de incongruencia omisiva y la suficiencia de la prueba aportada por la empresa para acreditar la existencia de causas económicas en un despido objetivo. La sentencia recurrida había desestimado el recurso rechazando la incongruencia pero acogiendo en su fundamentación la petición atinente a la antigüedad. En el caso enjuiciado la incongruencia es interna en tanto que en su fundamentación jurídica la Sala a quo admite que el periodo de antigüedad computable a efectos de calcular la indemnización por despido es el postulado por la parte recurrente, pero no lo refleja en el fallo. En cuanto a la exigencia de una prueba determinada para justificar una situación económica negativa (aportación de las declaraciones de IVA) no constituye un requisito imprescindible pero no será un elemento acreditativo excluyente. Sentada aquella habilidad probatoria, la consecuencia no ha de ser la nulidad de lo actuado, pues los elementos obrantes facultan el dictado de una decisión sobre el fondo. El descenso reiterado y notable, la disminución persistente de ingresos, se infiere de la simple lectura y la necesaria comparativa de los trimestres que contempla. Concluye considerando acreditada la causa económica y la procedencia del despido de la trabajadora, no carente de razonabilidad atendidas las circunstancias declaradas y lo prevenido en los arts. 52.c), 53 y 51.1 ET y 122.1 LRJS y la jurisprudencia que los interpreta.
Resumen: En el supuesto que examina la sentencia anotada, las trabajadoras están vinculadas con la Junta de Andalucía mediante contratos de interinidad por vacante, desde los años 2007, 2011 y 2012. En la demanda rectora de las actuaciones reclaman el reconocimiento de la condición de trabajadoras indefinidas no fija de la Administración autonómica. La sentencia de suplicación estimó el recurso formulado por las actoras y, con revocación de la sentencia de instancia, estimó la pretensión actora. La cuestión debatida en casación unificadora consiste en determinar si resulta de aplicación el plazo de tres años establecido en el art. 70 EBEP, lo que conduciría a calificar la relación de indefinida no fija. El TS, con reiteración del criterio sentado en anteriores sentencias, estima el recurso de la Junta de Andalucía, al entender que el plazo del invocado art. 70 EBEP no opera de modo automático y, dado que no concurren elementos bastantes para apreciar que discurrió un plazo inusualmente largo, no cabía afirmar por tal causa el carácter indefinido de la relación. A lo que suma que existen razones presupuestarias, derivadas de la grave crisis económica, que justifican la prohibición de nuevas contrataciones en el sector público.
Resumen: La cuestión suscitada en la sentencia anotada se centra en determinar si, en ejecución de sentencia que declaró el despido improcedente, tras haber optado la empresa por la indemnización, se puede descontar la indemnización que el trabajador percibió por extinción del contrato temporal que fue objeto del procedo. La empresa aduce la procedencia de tal descuento por primera vez en fase de ejecución de sentencia. Y el TS en sintonía con el fallo combatido declara que no procede descontar dicha cantidad. Razona al respecto que existe una sentencia firme que no se puede dejar sin efecto por el mecanismo de formular oposición a la ejecución alegando lo que debió esgrimirse con anterioridad a la constitución del título ejecutivo, es decir, el pago de una cantidad en concepto de indemnización por extinción del contrato temporal, que entiende ha de descontarse del importe de la indemnización fijado en sentencia. La sentencia cuenta con Voto Particular.
Resumen: La recurrente ha venido prestando servicios para una universidad estando dada de alta en el RETA y no constando que llevara otra actividad como autónoma. La trabajadora interpuso reclamación previa solicitando el reconocimiento del carácter indefinido y se le comunicó que su contrato de servicios con la universidad finalizaba. Entre la presentación de la reclamación previa y la extinción de su último contrato transcurrió poco más de mes y medio y la trabajadora tuvo éxito en su primera demanda, y en la segunda los dos órganos judiciales partieron de la naturaleza laboral de la relación de la trabajadora (indefinida no fija), estando la diferencia entre la sentencia de instancia y la ahora recurrida en casación para la unificación de doctrina en que, así como la primera calificó el despido de nulo, la sentencia recurrida lo calificó de improcedente. No resulta posible aceptar que la decisión de la universidad no vulneró su garantía de indemnidad porque cuando se dictó la sentencia recurrida, la misma sala había establecido que se trataba de una relación laboral indefinida no fija, lo que operaba como cosa juzgada en sentido positivo. Lo que lleva a entender que se ha vulnerado la garantía de indemnidad de la recurrente. Procede devolver las actuaciones a la Sala del TSJ a fin de aquella Sala dicte nueva sentencia partiendo de la nulidad del despido, resolviendo las demás cuestiones y en particular la de la indemnización
Resumen: La sentencia del TSJ de Madrid estima la demanda formulada por actora y declara la nulidad del despido. La actora prestaba servicios para la empresa desde 2011 con categoría de oficial 1º administrativo y funciones de gerente de proyectos. Fue dada de baja por incapacidad temporal el 2-06-2014 con diagnóstico de fiebre y otros trastornos fisiológicos de origen desconocido, hasta el 20-11-2015, en que se le dio el alta médica. Los días 24 y 25-11-2015 no acudió al trabajo por razones de salud. Tomó vacaciones del 27-11 al 14-12-2015. El 15-12-2015 fue despedida mediante carta que contenía unos hechos que nunca se probaron y ni siquiera se intentó su prueba. El 26-02-2016 se le reconoció una discapacidad del 48% con efectos de 10-06-2015. Se cuestiona en casación unificadora la calificación como nulo o improcedente del despido. Se trata de decidir si el despido ha sido discriminatorio o no. Se aporta como sentencia de contraste la STC 26-05-2008 (R. 3912/2005). La Sala IV, a pesar de aplicar criterios de flexibilidad en la apreciación de la concurrencia de contradicción al tratarse de una sentencia del TC entiende que no se dan las circunstancias suficientes para que pueda entenderse cumplido el requisito de la contradicción, en la medida que, en las sentencias comparadas, concurren varios elementos, como el reconocimiento de la incapacidad o la existencia de causa en el despido, que impiden la contradicción, lo que conlleva la desestimación del recurso.
Resumen: Se plantea en el recurso de casación unificadora cuál debe ser el convenio aplicable a un trabajador contratado por el Ayuntamiento demandado al amparo de programas subvencionados por el servicio público de empleo de Castilla y León. La sentencia de suplicación recurrida considera aplicable el convenio del Ayuntamiento, al no excluir éste de su ámbito funcional y personal al personal con contrato vinculado a subvención. Recurre el Ayuntamiento en casación unificadora, pero la sala IV aprecia la falta de contradicción entre las sentencias comparadas, pues son dispares las previsiones contenidas en los convenios de los respectivos Ayuntamientos demandados respecto a su ámbito de aplicación. Así, en el caso de contraste, al contrario de lo que sucede en el de autos, se excluye expresamente del ámbito de aplicación del convenio al personal contratado en virtud de acuerdos con el Inem u otros organismos.