Resumen: Se suscita la calificación del cese del trabajador al cumplir 65 años, sosteniendo éste que la extinción en aplicación de la Disp. Ad. 4ª Ley 9/2010, de 14 de abril, por la que se regula la prestación de servicios de tránsito aéreo, se establecen las obligaciones de los proveedores civiles de dichos servicios y se fijan determinadas condiciones laborales para los controladores civiles de tránsito aéreo, constituye un despido nulo por discriminación en razón de la edad. Los tribunales han establecido que la igualdad es violada sólo si la desigualdad está desprovista de justificación objetiva y razonable, lo que debe analizarse llevando a cabo un examen de proporcionalidad entre medios y finalidad perseguida. Tal condicionante se da en este caso; la Ley 9/2010, guarda directa relación con las concretas circunstancias en las que desarrollan su trabajo los controladores aéreos y tiene como finalidad evitar consecuencias negativas derivadas de la incidencia sobre el interés general de factores como el alto nivel de estrés, la rotación de turnos y la extrema responsabilidad sobre las operaciones aéreas. No concurre contradicción con la STJUE 13-9-2011 (C- 447/2009), porque en este caso está en juego el examen de la norma legal cuya adecuación a la Directiva 2000/78 no está en entredicho y, por otra parte, se acomoda a lo que la sentencia del Tribunal de la Unión señala en lo que respecta a la seguridad aérea.
Resumen: La cuestión que se plantea en la sentencia anotada consiste en dilucidar si el éxito del recurso de suplicación de uno de los empresarios condenados solidariamente por despido improcedente por el juzgado de lo social, al considerar el TSJ que no era el empleador en la fecha del despido y que no había grupo laboral de empresas, debe aprovechar o no a otra empresa asimismo solidariamente condenada en la instancia y que tampoco era la empleadora en la fecha del despido, pero que no recurrió en suplicación. La Sala de suplicación consideró que no puede absolver a aquellas empresas que no recurrieron la sentencia del juzgado de lo social aunque no fueran los empleadores en el momento de la fecha del despido. Sin embargo tal parecer no es compartido por el TS. Se funda esta decisión en doctrina previa de la Sala Social y de la Civil, conforme a la cual y en aplicación de los arts. 1141 y 1148 del CC, la fuerza expansiva que la solidaridad comporta, determina que la declaración anulatoria de la condena al pago, respecto de uno de los obligados solidarios al pago, afecta, con igual extensión, a los demás que con él fueron solidariamente condenados. En consecuencia, al declararse la inexistencia de grupo laboral de empresas, el éxito del recurso aprovecha al resto de los condenados solidariamente (a salvo de la empresa empleadora del trabajador en la fecha del despido), aunque no hubieran recurrido.
Resumen: Reclamación por diferencias retributivas de un penado. El efecto de cosa juzgada de la sentencia anterior por despido exigía el mantenimiento de los conceptos firmes de jornada completa y salario. Falta de contradicción. La sentencia recurrida se basa en el efecto de cosa juzgada de una sentencia anterior en la que la Entidad recurrente nunca cuestionó por vía de modificación o revisión de los hechos probados la rectificación de tales parámetros, como tampoco lo hizo en el caso origen de estos autos, en los que por la razón de procesal de no haber pedido tal modificación de los hechos probados se asumen la jornada y salario anterior, sin razonar por ello sobre la aplicabilidad o no del salario mínimo interprofesional para fijar el módulo retributivo del art. 15 del RD 782/2001. La sentencia de contraste sí aborda ese problema sobre una reclamación de diferencias salariales en un pleito en el que únicamente se discutía si resultaban aplicables los valores retributivos del Convenio Colectivo, en lugar de los módulos del referido art. 15 del RD 782/2001. En el caso de la sentencia recurrida no existe dato o referencia alguna en que se pueda apoyar el establecimiento o aplicación de los módulos reglamentarios, y en la sentencia de despido se afirmaba que la jornada del trabajador lo había sido a tiempo completo en el economato, como el antecedente lógico al que se refiere el art. 222.4 LEC. El RCUD no podía entrar en tales cuestiones.
Resumen: Se suscita la calificación del cese del trabajador al cumplir 65 años, sosteniendo éste que la extinción en aplicación de la Disp. Ad. 4ª Ley 9/2010, de 14 de abril, por la que se regula la prestación de servicios de tránsito aéreo, se establecen las obligaciones de los proveedores civiles de dichos servicios y se fijan determinadas condiciones laborales para los controladores civiles de tránsito aéreo, constituye un despido nulo por discriminación en razón de la edad. Los tribunales han establecido que la igualdad es violada sólo si la desigualdad está desprovista de justificación objetiva y razonable, lo que debe analizarse llevando a cabo un examen de proporcionalidad entre medios y finalidad perseguida. Tal condicionante se da en este caso; la Ley 9/2010, guarda directa relación con las concretas circunstancias en las que desarrollan su trabajo los controladores aéreos y tiene como finalidad evitar consecuencias negativas derivadas de la incidencia sobre el interés general de factores como el alto nivel de estrés, la rotación de turnos y la extrema responsabilidad sobre las operaciones aéreas. No concurre contradicción con la sentencia invocada para el segundo motivo de recurso, porque en este caso está en juego el examen de la norma legal cuya adecuación a la Directiva 2000/78 no está en entredicho y, por otra parte, se acomoda a lo que la sentencia del Tribunal de la Unión señala en lo que respecta a la seguridad aérea.
Resumen: El Fogasa tiene facultades para anticipar el derecho de opción que corresponde a la empresa, en caso de despido improcedente, cuando la empresa no comparece en el acto de juicio y no es posible la readmisión. Reitera la sentencia lo dispuesto en la STS (Pleno) de 5 de marzo de 2019 (Rec. 620/2018) y otras posteriores, en que se otorgó el derecho de opción al Fogasa cuando concurrieran las siguientes circunstancias. 1) Que la empresa no comparezca en el acto de juicio; 2) Que se trate de empresas incursas en procedimientos concursales, declaradas insolventes o desparecidas, siempre que conste que la empresa ha cerrado sus actividades conforme a lo dispuesto en el art. 23.2 LRJS, siendo difícil o imposible la readmisión; 3), que el titular de la opción fuese el empresario y no el trabajador; y 4) Que el Fogasa haya comparecido en el procedimiento en el momento de efectuar la opción. Añade la Sala que la opción ex art. 110. 1b) LRJS atribuida al trabajador, cabe considerarla preferente respecto de la genérica opción establecida en el art. 110.1 a) LRJS, atribuida al que resultare ser titular directo de la opción.
Resumen: Se resuelve el conflicto negativo de competencia planteado entre el Juzgado de lo Social n.º 2 de Granada y el Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Pontevedra, declarando la competencia del mencionado Juzgado de lo Social. Como regla general, el conocimiento de los conflictos relativos a la extinción de contratos de trabajo corresponde a los órganos del orden social y solo como excepción al juez del concurso, al que, en principio, únicamente corresponde conocer de las extinciones colectivas -o de las impugnaciones individuales que frente a las mismas promuevan los trabajadores afectados-, además de las relativas a contratos de alta dirección. En la actualidad, en el seno del concurso, ni hay ni puede haber extinción colectiva; y lo que, a la postre, se discute en el procedimiento de las demandas interpuestas por el trabajador es si su relación laboral sigue o no vigente y, en éste último caso, si hubo dimisión o despido tácito con las consecuencias que correspondan en cada caso; cuestiones todas ellas que, con claridad, no están incluidas entre las que competen al conocimiento del Juez del Concurso y que, por tanto, corresponden al Juzgado de lo Social.
Resumen: Conflicto negativo de competencia planteado entre el Juzgado de lo Social n.º 2 de Granada y el Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Pontevedra. El auto que acordó la extinción colectiva no incluyó al trabajador aquí demandante, por lo que, respecto del mismo, aquel auto no puede tener efectos de cosa juzgada. En la actualidad, en el seno del concurso, ni hay ni puede haber extinción colectiva; y lo que, a la postre, se discute en el procedimiento de las demandas interpuestas por el trabajador es si su relación laboral sigue o no vigente y, en éste último caso, si hubo dimisión o despido tácito con las consecuencias que correspondan en cada caso; cuestiones todas ellas que, con claridad, no están incluidas entre las que competen al conocimiento del Juez del Concurso y que, por tanto, corresponden al Juzgado de lo Social. Como consecuencia de lo expuesto, tal como informa el Ministerio Fiscal, debe resolverse el conflicto negativo de competencia afirmando la competencia de la jurisdicción social; y, por tanto, del Juzgado de lo Social n.º 2 de Granada.
Resumen: Reiterando jurisprudencia anterior, la sentencia revoca la de suplicación que consideró que era despido improcedente la terminación del contrato de interinidad por vacante, tras la conclusión de los procesos selectivos y la adjudicación de la plaza a una trabajadora que después de suscribir el contrato indefinido pasa a situación de excedencia. Considera la Sala que al haberse producido la cobertura reglamentaria de la plaza el contrato de interinidad está válidamente extinguido, produciéndose la extinción con la cobertura real de la vacante y no con el acto formal de posesión del titular adjudicatario de la vacante. Añade la Sala que puesto que la plaza ocupada por la persona contratada en interinidad fue adjudicada a otra persona, cumpliendo con los procesos selectivos previstos en la norma convencional, no existe despido sino válida terminación del contrato, sin que el hecho de que la plaza quede de nuevo vacante por pasar el titular que la ha ganado a la situación de excedencia, suponga despido
Resumen: Conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado de lo Social núm. 2 de Móstoles y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 28 de Madrid. Se discute sobre el orden jurisdiccional competente para conocer sobre una pretensión que está directamente relacionada con el proceso de selección de personal al servicio del sector público. Con arreglo a la doctrina de los actos separables, tradicionalmente se ha diferenciado entre las reclamaciones surgidas al hilo del proceso de selección (competencia del orden contencioso) y las cuestiones derivadas de la dinámica del contrato de trabajo celebrado (competencia del orden social). Al amparo de la normativa anterior a la LRJS podía pensarse en cierta discordancia doctrinal entre la Sala Cuarta del Tribunal Supremo y la Sala o la Tercera. Sin embargo, tras la entrada en vigor de la LRJS debiera desaparecer cualquier discordancia porque sus claros mandatos, en concordancia con los de la LRJCA, abocan a que los litigios como el presente deban ventilarse ante los Juzgados y Tribunales del Orden Social.
Resumen: Con carácter general, una demanda de rescisión de contrato formulada después de la declaración concursal, quedará suspendida y a resultas de lo que decida el Juez del Concurso respecto de las medidas colectivas que se hayan solicitado en su seno. No obstante, este caso es una excepción. La interrelación entre la extinción por voluntad del trabajador basada en el apartado 1.b) del art. 50 ET y el denominado "despido tácito" singular o plural por falta de ocupación efectiva -fundado, por lo general, en las mismas causas derivadas de la situación económica del empleador- ha permitido una asimilación de estas últimas acciones con aquellas a los efectos de ser consideradas como extinciones de carácter colectivo desde que se acuerda la iniciación del procedimiento previsto en el art. 64 LC. Ahora bien, la atribución de la competencia al juez del concurso tiene unas características específicas: los procesos individuales seguidos frente a la concursada relativos a las acciones individuales interpuestas al amparo del art. 50 ET, motivadas por la situación económica o de insolvencia del concursada y posteriores a la solicitud del concurso pendiente de resolución firme, se suspenderán.