Resumen: La Sala estima parcialmente el recurso de casación. Aplica su reciente jurisprudencia y la del TJUE, relativa a los efectos de la abusividad de la cláusula que fija el interés de demora de un contrato de préstamo, que tiene como consecuencia su supresión, sin que el juez pueda aplicar la norma supletoria del Derecho nacional, y sin que pueda integrarse el contrato, pues no se trata de una cláusula necesaria para la subsistencia del contrato en beneficio del consumidor. Lo que procede anular y suprimir completamente, privándola de su carácter vinculante, es esa cláusula abusiva, esto es, la indemnización desproporcionada por el retraso en el pago de las cuotas del préstamo (el recargo sobre el tipo del interés remuneratorio), pero no el interés remuneratorio, que sigue cumpliendo la función de retribuir la disposición del dinero por parte del prestatario hasta su devolución. Carece de lógica que el interés remuneratorio deje de devengarse cuando, transcurrido un cierto periodo de tiempo durante el que el prestatario se encuentra en mora, el prestamista haya hecho uso de la facultad de vencimiento anticipado, porque el ejercicio de esta facultad no afecta a la función que tiene el interés remuneratorio de retribuir la prestación del prestamista, de modo que, anulada la cláusula abusiva, el interés remuneratorio continúa devengándose respecto del capital pendiente de devolución.
Resumen: La Sala estima el recurso de casación. Considera que la Audiencia no ha aplicado correctamente la doctrina jurisprudencial del retraso desleal en el ejercicio de la acción para reclamar cantidades indebidamente cobradas por un banco en la ejecución de un contrato de leasing. El hecho de que el actor apurara el plazo de prescripción no es un acto de inequívoca significación que por sí solo pudiera generar la confianza fundada de que el derecho no iba a ser actuado. El hecho de que el Servicio de Reclamaciones del Banco de España sugiriera al actor que acudiera a los tribunales solo pondría de relieve la desatención de que fue objeto la reclamación que dirigió a la entidad, lo que dio lugar a una resolución que concluyó que la misma no había actuado conforme a las buenas prácticas bancarias. El hecho de que el actor dirigiera una reclamación extrajudicial a la entidad solo sería jurídicamente relevante para valorar, si hubiera sido preciso, la interrupción de la prescripción. Al estimar el recurso de casación y asumir la instancia, procede a la integración del contrato y estima la demanda, pues considera lógica la explicación del actor acerca de cómo el parámetro de revisión que propone mantiene la misma proporción entre el tipo de interés existente en el momento del contrato y los aplicables en la fecha de la revisión, mientras que el demandado, por el contrario, no ha explicado convincentemente por qué debe aceptarse la aplicación del referencial que aplicó unilateralmente.
Resumen: Demanda en la que se pidió la nulidad de la cláusula del interés moratorio (fijado en un 25%) de un préstamo hipotecario y el reintegro de las cantidades que se hubieran cobrado en virtud de esa cláusula. La Audiencia confirmó la sentencia de primera instancia, que desestimaba la pretensión siguiendo un criterio temporal. Recurrida en casación, la Sala estima el recurso al considerar aplicable en atención a la fecha en que se celebró el contrato el art. 10 Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, debiendo este interpretarse a la luz del contenido de la Directiva 93/13/CEE. Aplicada la citada normativa al caso concreto concluye que no hay justo equilibrio entre las prestaciones, en concreto en lo que se refiere al recargo por mora, dado que se perjudica de manera desproporcionada al consumidor aplicando un recargo que supera en más del doble al interés remuneratorio por lo que declara abusiva la cláusula en cuestión.
Resumen: La sala estima el recurso de casación frente a una sentencia que había acogido una pretensión de abusividad, al considerar que la prestataria tenía la condición legal de consumidora ya que, como su actividad profesional era la de traductora, la obtención de un préstamo para financiar el montaje de una taberna no le hace perder este carácter y no consta que hubiera obtenido las licencias administrativas para ejercer en el ámbito de la hostelería ni que estuviera dada de alta en la licencia fiscal. A la fecha del préstamo estaba vigente el art. 1 de la Ley 26/84, pero la jurisprudencia comunitaria ya aplicaba el criterio de la actividad profesional y no el del destino final, por lo que dicho precepto debe ser interpretado conforme a dicha jurisprudencia, en aplicación del principio de primacía del Derecho de la Unión. El concepto de consumidor debe interpretarse en relación con la posición de esta persona en un contrato determinado y con la naturaleza y la finalidad de éste, y no con la situación subjetiva de dicha persona. En el caso litigioso, el préstamo no se solicitó para satisfacer necesidades de consumo privado, sino para el ejercicio de una actividad profesional, aunque fuera para el futuro. La profesión preferente como traductora no impide una actividad profesional simultánea como es la explotación de un bar. La cualidad de comerciante no deriva de la obtención de determinadas licencias administrativas. Se desestima la demanda.
Resumen: La sentencia estima el recurso de casación interpuesto por dos clientes de una entidad bancaria contra la sentencia de apelación en la que se limitaban temporalmente los efectos de la declaración de nulidad de las "cláusulas suelo", insertas en el préstamo hipotecario concertado por las partes intervinientes. La sentencia de la sala reitera la doctrina contenida en la sentencia del Pleno 123/2017, de 24 de febrero, en la que modificó su propia jurisprudencia, en concordancia con la sentencia del TJUE de 21 de diciembre de 2016. La sentencia del TJUE declaró que la limitación en el tiempo de los efectos jurídicos derivados de la nulidad de las cláusulas suelo se oponía a la Directiva 93/13, pues equivalía a privar a todo consumidor que hubiese celebrado un préstamo hipotecario que contuviera una cláusula suelo antes de del 9 de mayo de 2013, del derecho a obtener la restitución íntegra de las cantidades abonadas indebidamente antes de la citada fecha. Como consecuencia de esta sentencia, la Sala modificó su propia doctrina en el sentido de declarar la retroactividad absoluta de los efectos derivados de la declaración de nulidad de una cláusula suelo, doctrina que se confirma y reitera en la presente sentencia. Además, se rechaza la pretensión de la recurrida de limitar los efectos hasta el momento de novación del contrato, al ser una cuestión nueva, no planteada ni en la demanda ni en el recurso de apelación
Resumen: La Sala desestima el recurso de casación. Aplica reiterada doctrina sobre el aval a primer requerimiento, como contrato autónomo de garantía en la que el garante asume una obligación abstracta e independiente de pagar la obligación del sujeto garantizado, desde el momento en que sea requerido por el acreedor y sin oponer excepciones de ningún tipo, ni siquiera la nulidad de la obligación garantizada. A diferencia de la fianza ordinaria no se requiere el incumplimiento de la obligación principal, ya que la garantía es efectiva a simple requerimiento. Los términos de este tipo de aval son de capital importancia, dada su autonomía, por lo que la interpretación conforme al art. 1281.1 CC se revela casi como imprescindible. En este caso caso, los avales no se limitan a establecer la exigibilidad abstracta y autónoma propia de un aval a primer requerimiento, sino que "causalizan" la garantía, al vincularla expresamente a un contrato, que se incorpora mediante copia a los avales. Es una garantía accesoria a un contrato principal, que se asemeja más a una fianza ordinaria que a un aval a primer requerimiento. Fueron los propios términos de los avales los que excluyeron la independencia de la relación fideiusoria respecto de la relación contractual garantizada. Por ello, la interpretación que hace la Audiencia sobre la efectividad de los avales, en relación con las previsiones contractuales subyacentes, son acordes con su tenor literal y no infringen el art. 1281 CC
Resumen: La sala estima el recurso de casación interpuesto por la prestataria frente a una sentencia que había desestimado la nulidad de una cláusula suelo, considerándola transparente. La sentencia de primera instancia había estimado la demanda de nulidad aunque limitó temporalmente los efectos restitutorios de esta declaración a las cantidades devengadas desde el 9 de mayo de 2013. Esta sentencia solo fue recurrida en apelación por el banco; el demandante pidió su confirmación y se conformó con la limitación de los efectos restitutorios. El banco se ha allanado a los recursos interpuestos de contrario, aclarando que iba a proceder a devolver todas las cantidades cobradas en exceso con sus intereses (sin la limitación que resultaría del pronunciamiento consentido de la sentencia de primera instancia). El allanamiento determina la estimación del recurso de casación porque este acto tiene relevancia en casación. No obstante, no se imponen las costas de las instancias porque, al aquietarse el demandante, tanto en su oposición a la apelación como en su recurso ante el TS, a la limitación de los efectos restitutorios acordados por la sentencia de primera instancia, ha sido el allanamiento del banco y su intención de devolver todas las cantidades indebidamente cobradas lo que ha permitido salvar las serias dudas de derecho derivadas de la actuación procesal del demandante a efectos de congruencia.
Resumen: Préstamo hipotecario. Carácter usurario de un préstamo en atención al interés de demora. Para que el préstamo pueda ser considerado usurario es necesario que, además de ser notablemente superior al normal del dinero, el interés estipulado sea manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso. Como regla general, no cabe aplicar la Ley de Usura a los intereses moratorios, cuya naturaleza sancionatoria es diferente de la propia del interés remuneratorio. En algunos casos se han reputado usurarios los intereses moratorios, pero no aisladamente considerados, sino como un dato más entre un conjunto de circunstancias que conducen a calificar de usurario el contrato de préstamo en sí: la simulación de la cantidad entregada, el plazo de devolución del préstamo, el anticipo del pago de los intereses remuneratorios, el tipo de tales intereses remuneratorios, etc. En este caso, se trata de un préstamo entre particulares respecto del cual el tribunal de apelación rechazó los datos básicos de la supuesta usura (que el prestatario hubiera dejado de recibir parte del principal y que hubiera contratado el préstamo por la situación de angustia económica que padecía), circunstancias que no se discuten en casación. Descartado que el interés remuneratorio (10%) sea usurario, el dato del interés moratorio (30%), en sí mismo y aisladamente considerado, no es suficiente para declarar la nulidad de la totalidad del préstamo como usurario.
Resumen: La sala estima el recurso de casación interpuesto por el prestatario contra la sentencia de segunda instancia que desestimó su demanda por considerar que la cláusula suelo era transparente. Considera que, allanada la parte recurrida al recurso de casación, procede estimarlo en cuanto a su petición de nulidad de la cláusula suelo, por tener este acto procesal relevancia en casación. Se confirma la sentencia de primera instancia también en cuanto a los efectos restitutorios de la nulidad (que aunque no habían sido expresamente pedidos en la demanda, se habían concedido en la sentencia de primera instancia) pues, aunque nada se pidió formalmente al respecto en el escrito de interposición del recurso de casación, el recurrente no solo se conformó con dichos efectos restitutorios, desistiendo así implícitamente de reservar la cuestión para un pleito posterior, sino que incluso pidió explícitamente su confirmación al oponerse al recurso de apelación de la entidad demandada. A esto se une que dichos efectos restitutorios se corresponden con la doctrina de la STJUE de 21 de diciembre de 2016 y con la jurisprudencia de la sala posterior a la misma a partir de la sentencia de pleno 123/2017, de 24 de febrero, que en materia de nulidad de cláusulas abusivas deben ser aplicadas sin necesidad de diferir la cuestión a un litigio posterior. Imposición de las costas de las instancias a la entidad demandada conforme al criterio de la sala, (sentencia de pleno 419/2017 de 4 de junio).
Resumen: La Sala estima parcialmente el recurso de casación. Aplica la jurisprudencia relativa a la declaración y efectos de la abusividad de los intereses de demora cuando existe desproporción con el interés remuneratorio. En virtud de dicha doctrina, la abusividad genera la desaparición de la cláusula controvertida, sin posibilidad de integrarla, con los correspondientes efectos retroactivos. En el caso enjuiciado (interés de demora del 25%) se ha provocado un notorio desequilibrio no justificado por el loable deseo de incentivar el cumplimiento, dada la insoportable carga económica que producía. Finalmente la Sala considera que, en cualquier caso, esta declaración de abusividad no impide que se siga devengando el interés remuneratorio pactado hasta el completo pago del préstamo. Se estima parcialmente el recurso de casación, en el sentido de declarar que la declaración de abusividad no impide que se siga devengando el interés remuneratorio.