Resumen: Demanda de juicio ordinario en la que se ejercitó una acción de nulidad de determinadas cláusulas predispuestas. La sentencia de primera instancia declaró la nulidad del interés de demora y de determinadas comisiones, desestimó la abusividad de los intereses remuneratorios y no acordó la restitución de cantidades porque no se había probado que se hubiera realizado algún pago. En apelación, el demandante pidió, entre otras cuestiones, que se declarara de oficio la abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado, que no había sido solicitada en la demanda. La Audiencia desestimó el recurso. La Sala desestima el recurso de casación del consumidor. Recuerda y precisa su doctrina y la del TJUE sobre el alcance del control de oficio, que es imperativo y debe llevarse a cabo en cualquier tipo de procedimiento, pero en función de que la validez y eficacia de las cláusulas sea relevante para resolver las pretensiones formuladas por las partes. Esa situación se producirá en aquellos supuestos en los que, para estimar la pretensión del empresario frente al consumidor, hubiera de aplicarse una cláusula que no ha sido impugnada, y también cuando para estimar una pretensión del consumidor sea preciso apreciar el carácter abusivo de una cláusula no denunciada. Sin embargo, en este caso, los demandantes, con asistencia letrada, han decidido impugnar determinadas cláusulas y no otras, y para resolver sobre su pretensión no es necesario valorar si el vencimiento anticipado es o no abusivo.
Resumen: Demanda de nulidad, por abusiva, de la cláusula suelo contenida en la escritura de subrogación en el préstamo hipotecario al promotor y la restitución de las cantidades pagadas en aplicación de esa cláusula. El juzgado estimó la demanda pues consideró que los prestatarios no fueron informados sobre la inclusión de la cláusula suelo y sus consecuencias, en un entorno de bajada de tipos de interés conocido por la entidad bancaria y que la cláusula suponía una posición ventajosa para esta y desventajosa para los prestatarios. La Audiencia Provincial estimó el recurso interpuesto por el banco y apreció que la cláusula es clara y sencilla, el contrato se firmó en un contexto de bajada de tipos y mayor conocimiento de estas cláusulas, y la cláusula se inserta en una escritura de subrogación en el préstamo concedido al promotor, en el que había comenzado a surtir efecto, y en la que resultaron modificadas algunas de las condiciones, como es la del tipo de interés aplicable, por lo que "necesariamente los actores debían conocer las cláusulas que se modificaban, máxime cuando mejoraban notablemente el punto de partida de los prestatarios", uno de los cuales tenía amplia experiencia empresarial. Se desestima el recurso extraordinario por infracción procesal al no apreciar vulneración de los principios de aportación de parte ni de congruencia ni de las reglas de la carga de la prueba ni cosa juzgada. El de casación, tras exponer la doctrina sobre el control de transparencia, se estima.
Resumen: Acción de nulidad de una cláusula suelo, estimada en primera instancia y desestimada en apelación, ya que la AP consideró que los prestatarios estaban informados de la existencia y consecuencias de la cláusula suelo, dado que la misma constaba en la ficha de información personalizada (FIPER) que se les entregó con antelación, al igual que una simulación y un cuadro de amortización, en el que ya constaba la aplicación del mínimo del 4%. Transparencia. Información precontractual. Tanto la jurisprudencia comunitaria como la de esta sala han resaltado la importancia que para la transparencia en la contratación con los consumidores tiene la información precontractual que se les facilita, porque es en esa fase cuando se adopta la decisión de contratar. La información precontractual es la que permite realmente comparar ofertas y adoptar la decisión de contratar. La sentencia recurrida parte de este criterio, por cuanto en su argumentación da especial relevancia a que se entregara anticipadamente a los prestatarios la ficha FIPER, que en la oferta vinculante constara el tipo mínimo o suelo, que también se les entregara una simulación y que en el cuadro de amortización se reflejara expresamente la aplicación del suelo. Con tales elementos no cabe considerar que la valoración jurídica que hace la Audiencia Provincial sobre la transparencia de la cláusula sea errónea, infrinja los preceptos que se citan en el recurso, ni desconozca la jurisprudencia
Resumen: La Sala desestima el recurso de infracción procesal, dado que el error que se imputa a la sentencia recurrida no es fáctico, sino, en su caso, jurídico, puesto que la calificación de una persona jurídica como consumidora es una cuestión de apreciación jurídica, por más que deba basarse en datos fácticos. El recurso de casación se estima. Quien contrajo el préstamo fue una sociedad mercantil, en el ámbito de su actividad empresarial que, por tanto, no tiene la condición de consumidora. La Audiencia Provincial parece sugerir que se trató de un contrato con doble finalidad (empresarial y de consumo), pero dicha figura tiene cabida cuando se trata de adherente persona física, y no cuando, como es el caso, se trata de una sociedad mercantil con ánimo de lucro. Por ello, la exclusión de la cualidad de consumidora en la demandante hace improcedente la realización de los controles de transparencia y abusividad pretendidos en la demanda. Como consecuencia de la estimación del recurso de casación y consiguiente asunción de la instancia, conlleva por las mismas razones expuestas, la estimación del recurso de apelación y la desestimación de la demanda, por cuanto no procede realizar un control de transparencia ni de abusividad respecto de una condición general de la contratación inserta en un contrato en que el adherente es empresario.
Resumen: Cláusula suelo en prestamos hipotecarios, constituyendo el objeto de litigio los tres primeros, suscritos para financiar actividades empresariales (no el último, en la que los prestatarios sí intervinieron como consumidores para financiar la compra de una vivienda). Interpuesta demanda interesando la nulidad de las cláusulas y la restitución de las cantidades cobradas por su aplicación, la sentencia de primera instancia estimó la demanda al considerar que las cláusulas no superaban el control de incorporación, y la Audiencia confirmó el fallo entendiendo que sí superaban el control de incorporación, pero que hubo un abuso de la posición contractual del prestamista, que frustró la legítima expectativa de los prestatarios al contratar un interés variable. Congruencia y principio de justicia rogada en apelación. Ámbito de conocimiento del tribunal de apelación: lo que se postuló en la demanda fue la nulidad de las cláusulas por abusivas, partiendo de la condición de consumidores de los demandantes (que no tenían). No se postuló la nulidad basada en abuso de posición dominante contractual, infracción de la buena fe o en preceptos del CC relativos al justo equilibrio de las prestaciones. La Audiencia apreció indebidamente una causa de nulidad no invocada. Era posible pedir la nulidad por la causa que finalimente apreció la Audiencia, pero debería haberse solicitado así. La sentencia recurrida alteró la causa de pedir. Nueva sentencia asumiendo la instancia
Resumen: En la demanda inicial del procedimiento se ejercitó en exclusiva una acción individual de nulidad de una cláusula contractual por falta de transparencia y consiguiente abusividad, sobre la base de que la prestataria (una sociedad limitada) era consumidora, y con cita expresa del art. 82.1 TRLGDCU, que se refiere, precisa y expresamente, a la abusividad de una cláusula contractual. No se postuló una nulidad basada en un supuesto abuso de posición dominante contractual, ni en la infracción de la buena fe o en preceptos del CC relativos al justo equilibrio de las prestaciones; que constituye el fundamento de la sentencia ahora recurrida por el que se desestimó el recurso de apelación. Por ello, la sentencia recurrida altera la causa de pedir y, como consecuencia de ello, resulta incongruente e infringe el art. 218.1 LEC. Por tanto, estima el recurso de infracción procesal, anula la sentencia recurrida y dicta nueva sentencia, para resolver el recurso de apelación, teniendo también en cuenta lo que se hubiere alegado como fundamento del recurso de casación. Al asumir la instancia, la Sala considera que en esta fase procesal no puede ser discutido ya que la demandante carecía de la cualidad legal de consumidora, porque dicho pronunciamiento ha quedado firme. De donde resulta la improcedencia de los controles de transparencia y abusividad.Y por ello, se estima el recurso de apelación formulado por la entidad demandada, que lleva a desestimar la demanda.
Resumen: Demanda en la que se solicitaba la nulidad de una cláusula suelo inserta en un préstamo hipotecario con el que se financiaba una actividad empresarial. La sentencia de primera instancia estimó en parte la demanda al entender que la cláusula no superaba el control de incorporación, declaró su nulidad y ordenó la devolución de las cantidades indebidamente cobradas desde el 9/5/2013. La sentencia de apelación desestimó el recurso del banco, consideró que la cláusula sí superaba el control de incorporación, pero hubo un abuso de la posición contractual del prestamista, que frustró la legítima expectativa del prestatario al contratar un interés variable. Recurre en extraordinario por infracción procesal y en casación el banco y la sala estima el primero de los recursos. Declara la sala que en la demanda inicial se ejercitó en exclusiva una acción individual de nulidad de una cláusula contractual por falta de transparencia y consiguiente abusividad, sobre la base de que el prestatario era consumidor, pero no se postuló una nulidad basada en un supuesto abuso de posición dominante contractual, ni en la infracción de la buena fe o en preceptos del Código Civil relativos al justo equilibrio de las prestaciones. De este modo, la sentencia recurrida altera la causa de pedir y, como consecuencia de ello, resulta incongruente. Al asumir la instancia la sala, declara que debe estimarse la apelación de la demandada pues se supera el control de incorporación. Desestima la demanda.
Resumen: Comprador que demanda la nulidad de los contratos de promesa y compra y de un préstamo hipotecario, así como indemnización de daños y perjuicios, todo ello, porque las naves adquiridas eran inútiles para su destino (falta de suministro eléctrico, por ausencia de estaciones transformadoras) y la tasadora del banco no hizo referencia a ello. La demanda se dirigió contra banco, tasadora y vendedora. La demanda fue estimada en ambas instancias y declaró la nulidad porque el comprador-consumidor (notario) no tenía por qué conocer lo que faltaba, y porque la tasación no fue adecuada. Incumplimiento de sus obligaciones por parte de la sociedad de tasación al no percatarse ni indicar la inexistencia de suministro eléctrico definitivo, por ausencia de las estaciones transformadoras, máxime cuando su necesidad constaba en el proyecto básico y constituía un condicionante de la licencia de obra. Influencia de la deficiente tasación en el contrato de compraventa: cuando se otorgó la escritura de compraventa en unidad de acto con la de préstamo hipotecario, la parte compradora confiaba en el cumplimiento de las obligaciones por parte de la vendedora, lo cual se acreditó como incierto. La profesión de notario del demandante no conlleva la inexcusabilidad del error. Influencia de la tasación en la pretendida nulidad del contrato de préstamo hipotecario. De las consecuencias de dicho error no puede desligarse el banco demandado. Indemnización de daños y perjuicios.
Resumen: La sala estima el recurso de casación frente a una sentencia que declaró la nulidad de una cláusula suelo de un préstamo hipotecario concertado para adquirir una licencia de taxi. La resolución argumentó que, pese a no ser consumidores los prestatarios, la cláusula no superaba el control de inclusión al aparecer enmascarada entre un conjunto de cláusulas diversas y presentarse como una más del contrato, con el mismo tipo de letra que el resto y con la misma estructura en su redacción, por lo que pasaba desapercibida. La sala reitera su doctrina. La LCGC se refiere a la incorporación de las condiciones generales en dos preceptos: en el art. 5, para establecer los requisitos de incorporación y en el art. 7, para establecer cuándo no quedan incorporadas al contrato. En la práctica, se aplica primero el filtro negativo (art 7), y si se supera es necesario pasar una segunda criba, ahora positiva (art 5.5 y 7). El primer filtro consiste en acreditar que el adherente tuvo ocasión real de conocer las condiciones generales al tiempo de la celebración, independientemente de que las conociera y entendiera. El segundo hace referencia a la comprensibilidad gramatical y semántica. La sencillez y claridad exigibles dependen del tipo y complejidad del contrato (la redacción no debe añadir complicación innecesaria a la propia complejidad de la relación contractual). La sentencia recurrida hace realmente no un control de incorporación, sino un control de transparencia material improcedente.
Resumen: Demanda de nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado contenida en el contrato de préstamo con garantía hipotecaria suscrito entre las partes y del procedimiento de ejecución hipotecaria. En primera instancia se estimó la demanda y declaró la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado y del procedimiento de ejecución hipotecaria seguido. Asimismo declaró el derecho de la demandante a recuperar la propiedad y posesión del inmueble hipotecado y adjudicado a la ejecutante. Recurrida en apelación por el banco, fue revocada en parte por la Audiencia Provincial, en el sentido de dejar sin efecto la declaración de nulidad del procedimiento de ejecución hipotecaria. La demandante interpone recurso de casación referido a las consecuencias de la declaración de nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado respecto del proceso de ejecución hipotecaria que se siguió contra la vivienda hipotecada.La sala analiza el ejercicio de la facultad legal de vencimiento anticipado por el banco y concluye que la sentencia recurrida ponderó la gravedad del incumplimiento del deudor en relación con las demás circunstancias concurrentes y llegó a la conclusión de que el ejercicio por el prestamista de la facultad de vencimiento anticipado fue correcto, así como que la nulidad de la cláusula no vedaba el acceso al procedimiento de ejecución hipotecaria, cuando se hizo, no por la previsión contractual anulada, sino en uso de una facultad legalmente prevista. Por tanto, desestimó el recurso
