Resumen: La Sala comienza por rechazar que, existiendo una resolución fundada en derecho, se pueda alegar vulneración del derecho fundamental a la tutela efectiva. Sea aquélla favorable, o no, a las pretensiones formuladas por las partes, o que la resolución se cumpla. Y, en segundo lugar, señala que la parte recurrente ha obviado cualquier referencia a la naturaleza del contrato litigioso, un contrato de crédito no revolving. Se trata de un crédito al consumo por importe de 1500 euros, sin previsión de reconstituir el crédito consumido. Y añade, que el erróneo presupuesto de COFIDIS al considerar que estamos ante un crédito revolvente, determina la desestimación de este motivo, máxime cuando para la fecha(agosto 2016) y el tipo de contrato (crédito al consumo de 1 a 5 años), el Banco de España publicita un tipo medio del 8,45%, notablemente inferior al contractual que era del 22,12%. Desestima el recurso.
Resumen: Han sido las propias partes contratantes del préstamo participativo quienes decidieron configurar la posición que habría de ostentar la parte prestamista ante una situación de concurso de la prestataria, asumiendo que en tal caso la clasificación del crédito de la primera correspondiente a la restitución del capital y de los intereses quedaría postergado, como crédito subordinado, a la posición que contemplaba en aquel momento el art. 92-2º L.C. Y esta subordinación crediticia, voluntariamente asumida en ejercicio de la autonomía de la voluntad de los contratantes, no queda desvirtuada en modo alguno por el hecho de que el préstamo se encuentre ya vencido al momento actual. Por el contrario, la llegada del vencimiento tan solo significa que a partir de ese momento el crédito estará vencido y será exigible en las cantidades adeudadas por capital e intereses impagados y por tanto, si concurre con otros créditos de naturaleza concursal, quedará sujeto al pacto de subordinación que relega su cobro en los términos arriba expuestos.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que estimó la demanda presentada para solicitar la nulidad del contrato de tarjeta de crédito "revolving" por usura y la restitución de todo lo pagado por el prestatario que exceda del principal percibido. La prestamista interpuso recurso de apelación para reiterar su alegación de prescripción de la acción de restitución. El tribunal de apelación estimó en parte el recurso, revocó la sentencia recurrida únicamente para reducir la cantidad a restituir a las cantidades que excedieran del capital prestado correspondientes a los últimos 5 años y 58 días desde la reclamación extrajudicial. Expone el tribunal los criterios jurisprudenciales referidos a la prescripción de la acción de restitución derivada de la declaración de usura, que aplica el plazo de prescripción de las acciones personales: 5 años más el periodo de suspensión establecido legalmente por la declaración de estado de alarma, resultando afectados por la prescripción los interes usurarios generados con anterioridad a dicho plazo, tomando como referencia la reclamación judicial o extrajudicial (la de fecha más antigua de ellas).
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que estimó la demanda presentada y declaró la nulidad de la cláusula de comisión de apertura y de la cláusula de imputación de gastos al prestatario. El recurso de apelación tiene por objeto únicamente la declaración de nulidad de la primera de las cláusulas indicadas. El tribunal de apelación desestimó el recurso y confirmó la sentencia recurrida. Expone el tribunal los criterios que ha establecido en relación con la abusividad de dicha cláusula y que se fundan en la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Afirma el tribunal que, ante la falta de acreditación de que la cláusula que establece una comisión de subrogación en este caso corresponda a un servicio o gasto concreto del Banco, sin justificación alguna, considera que la cláusula es abusiva.
Resumen: Tras desestimar la existencia de un interés remuneratorio usurario, y acogiendo el recurso en este punto ya que diferencia porcentual entre la TAE pactada, 11,46% mientras que el fijado como medio por el Banco de España para el año 2017 era del 7,89%, la Sala aborda la transparencia de la cláusula que recoge ese interés. Señala que cabe el control de abusividad de una cláusula relativa al precio y a la contraprestación si no es transparente; control de transparencia que como parámetro abstracto de validez de la cláusula predispuesta, que el Tribunal de Justicia ha hecho una interpretación extensiva del control de transparencia, que sobrepasa el mero control formal de comprensibilidad gramatical, para exigir que el predisponente informe debidamente al consumidor de la carga económica y jurídica que asume, y que el control de transparencia es un tipo de control reforzado frente al de incorporación. Cita la STS de 16 de noviembre del 2020 y considera que, de acuerdo con el contrato, el actor tuvo pleno conocimiento de la cláusula de interés remuneratorio, de su transcendencia, de la carga económica que le suponía la aceptación del contrato. Conociendo no solo el capital prestado y el importe total de los intereses remuneratorios y de las comisiones sino de la cuota concreta que debía de pagar y los plazos de pago.
Resumen: El Juzgado inadmite a trámite una solicitud de juicio monitorio cuyo contenido era la reclamación de un crédito cedido por la acreedora que había contratado inicialmente. La Sala invoca el artículo 1535 CC. Añade que la recurrente señala que la cesión del crédito no se ha producido dentro del presente procedimiento judicial, pero no cuestiona la insuficiencia de la prueba de que debería acreditar la relación entre el contrato de préstamo y el crédito ahora reclamado, ya que no coincidía el número del préstamo con el número expresado en el certificado notarial, ni las cuantías. Así las cosas, concluye que no hay prueba suficiente de esa relación. Desestima el recurso.
Resumen: El allanamiento de la parte recurrida/demandada también tiene efectos en casación y debe dar lugar a la estimación de la demanda, en aplicación del principio dispositivo que rige en el proceso civil ( art. 21 LEC). El art. 21.1 LEC establece que "cuando el demandado se allane a todas las pretensiones del actor, el tribunal dictará sentencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado por éste". Conforme a reiterada jurisprudencia, el allanamiento es una manifestación de conformidad con la petición contenida en la demanda, hecha por el demandado al contestar a ella, o en otro momento procesal, y constitutivo de un medio de extinción del proceso a virtud del reconocimiento y conformidad del demandado, que puede comprender todas las materias de carácter privado que sean objeto de pretensión por las partes y que sean disponibles por ellas, porque no es lícito, dentro del orden jurídico, oponerse a que los interesados hagan de lo suyo lo que a bien tengan. En el caso, el allanamiento se refiere a materias de carácter privado, comprendidas en el objeto del proceso, disponibles por las partes y no se aprecia fraude de ley ni renuncia contra el interés general o perjuicio de tercero. Se estima el recurso de casación y al asumir la instancia, se desestima el recurso de apelación formulado por el banco demandado y se confirma la sentencia de primera instancia.
Resumen: El Juzgado de Primera Instancia declara la nulidad por abusividad de las cláusulas de comisión por descubierto y comisión de gestión de reclamación de posiciones deudoras en un contrato de cuenta corriente. La Audiencia estima el recurso de apelación y revoca la declaración de nulidad de la cláusula de comisión por descubierto. La jurisprudencia del Tribunal Supremo reconoce la comisión por descubierto como una contraprestación válida por la concesión de una facilidad crediticia, siempre que cumpla ciertos requisitos: límite máximo de la tasa anual equivalente, no acumulación con comisión de apertura y no aplicación múltiple en un mismo período de liquidación. Además, no debe existir duplicidad en la aplicación simultánea de intereses moratorios y comisión por descubierto sobre las mismas cantidades y períodos, para evitar un doble gravamen. En el caso, no concurre dicha duplicidad, ni se ha presentado el historial completo de movimientos de la cuenta ni las condiciones generales del contrato que pudieran evidenciar la coexistencia abusiva de ambas cláusulas.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia que estimó la demanda presentada para solicitar la nulidad de la cláusula de intereses y del sistema de amortización revolving del contrato de tarjeta de crédito por falta de transparencia y abusividad. Por la entidad demandada se interpuso recurso de apelación por errónea valoración de la prueba y por entender que las cláusulas superan el doble control de transparencia. El tribunal de apelación desestimó el recurso de apelación y confirmó la sentencia recurrida: las estipulaciones sobre intereses y sistema revolving no están destacadas ni explicadas adecuadamente, carecen de información clara sobre el coste real, el anatocismo y la capitalización de intereses, lo que impide al consumidor conocer el precio real y los riesgos del contrato, y por ello no superan el control de transparencia establecido por la jurisprudencia (del TJUE y del Tribunal Supremo). La falta de información genera un grave desequilibrio y puede inducir a un consumidor a un compromiso oneroso sin conocimiento real, configurando una cláusula abusiva y nula. Respecto a la prescripción de la acción restitutoria, se aplica la doctrina comunitaria y nacional que establece que el plazo comienza a contar desde la firmeza de la sentencia que declara la nulidad, salvo prueba de conocimiento previo por el consumidor (en este caso no se acredita tal conocimiento previo, por lo que la acción no está prescrita).
Resumen: El recurso se basa en la discrepancia con la aplicación de las estadísticas del Banco de España oponiendo la supuesta existencia de un precio de mercado y un estudio realizado por una empresa especializada. que lleva a la recurrente, Wizink Bank, a considerar que la TAE del 26,82%, habitual en sus contratos, no puede considerarse notablemente superior al interés normal del dinero y, consiguientemente, usuraria. La Sala recurre la STS de 28 de febrero del 2023 y a las que ésta cita, y, específicamente, sobre el informe de la empresa Compass, señala que debe descartarse, pues en dicho informe se contiene un estudio genérico, pero no se analiza el concreto contrato objeto de estos autos que, por lo tanto, no despeja cualquier posible duda sobre el importe exacto del diferencial que debería aplicarse en el supuesto aquí analizado. Aplicando la citada doctrina jurisprudencial, y atendiendo a los datos oficiales del TEDR aplicado en el mercado, recopilados por el Banco de España y publicados en sus estadísticas, e incrementados en 20-30 centésimas, el TEDR medio aplicado en este tipo de contratos durante el año 2018, la TAE pactada resulta usuraria y el contrato nulo. A continuación, aborda la cuestión de las costas procesales. Pesa considerar un hecho notorio las discrepancias entre las Audiencias, cita la STS 149/2020, como anterior a la demanda, y aplica la regla del vencimiento.
