Resumen: Condena por delito de abuso sexual cometido sobre víctima menor de trece años con prevalimiento de la condición de pareja de la madre conviviente. Prueba de cargo. Declaración de la víctima como prueba incriminatoria. Continuidad delictiva. Penalidad. Indemnización por daño moral. Constas procesales.
Resumen: Después de recordarse por la Sala los requisitos establecidos legal y jurisprudencialmente para el dictado de una orden de protección considera que en el presente supuesto el recurso no puede prosperar, ante la ausencia de indicios delictivos, debido a las versiones contradictorias de la denunciante y denunciado, sin que existan elementos objetivos que avalen el relato incriminatorio de la primera y sin que puedan excluirse móviles espurios, considerando que se interpone la denuncia 4 días después de que la denunciante recibiera la demanda de divorcio interpuesta por el investigado en la que solicítala guarda y custodia del hijo menor común, apuntando en todo caso la falta de apreciación de una situación objetiva de riesgo.
Resumen: El Ministerio Fiscal recurre la sentencia por cuanto al efectuar el cálculo dosimétrico de las penas, se incurre por la Juzgadora de instancia en un error aritmético, habida cuenta que la pena del delito contra la Hacienda Pública lo es de 1 a 4 años y la mitad superior sería de 2 años, 6 meses y 1 día a 4 años. La defensa del acusado, por su lado, asevera que carecía de responsabilidad en la trama defraudatoria, desplazando su responsabilidad al despacho de abogados encargado de la asesoría. La Sala desestima el recurso del acusado señalando que no estamos ante un caso de error invencible en el conocimiento de la norma, sino ante le inteligencia que busca anular las dificultades que el desconocimiento de esta suponía para lograr el objetivo de burlarla. Y en esa búsqueda no se acude a una delegación en el asesor. Se busca la colaboración que participe en el objetivo respecto del cual ninguna duda se tiene sobre su ilicitud, sino solamente sobre el procedimiento de consecución. Sin duda más rentable para el acusado que el mecanismo que la Hacienda, por más que con carácter voluntario, pone a disposición del contribuyente ignorante acudir a los servicios de ayuda. Cuando el acusado acude al despacho profesional no es para que este le informe sobre cual sea su obligación tributaria y cómo darle adecuado cumplimiento, sino para que le indiquen cómo lograr eludirlo, pues solamente desde este designio se comprenden los actos materialmente ejecutados, lo que evidencia dolo directo.
Resumen: Constituye una norma de experiencia que en los delitos de trata de seres humanos la presión sobre los testigos-víctima sometidos a la trata y explotación, es muy intensa, por lo que el recurso a la prueba preconstituida debe ser habitual ante la probable incidencia de su desaparición, huida al extranjero e incomparecencia al juicio oral, motivada ordinariamente por el temor a las eventuales consecuencias de una declaración contra sus victimarios. Dentro de la categoría general de testigos protegidos pueden distinguirse dos subcategorías en orden al nivel de protección: los testigos anónimos, de los que ni siquiera se dan a conocer a las partes sus datos personales; y los testigos ocultos, que sí son identificados personalmente con nombres y apellidos, pero que deponen en el plenario con distintos grados de opacidad a la visión o control de las partes procesales. Es la imposibilidad de contradicción y el total anonimato de los testigos de cargo lo que el TEDH considera contrario a las exigencias derivadas del art. 6 del Convenio; por el contrario, en aquellos casos en que el testimonio no pueda calificarse de anónimo sino, en todo caso, de "oculto" (aquel que se presta sin ser visto por el acusado), pero, en los que la posibilidad de contradicción y el conocimiento de la identidad de los testigos -tanto para la defensa como para el Juez o Tribunal llamado a decidir sobre la culpabilidad o inocencia del acusado- resulten respetados, ha de entenderse cumplido el citado art. 6.
Resumen: Condena por delito de abuso sexual cometido sobre menor de dieciséis años. Irrelevancia del consentimiento prestado por el menor para mantener la relación con el acusado. Conocimiento respecto de la edad de la víctima por parte del acusado. Prueba del error sobre un elemento del tipo que corresponde hacerla a quien lo invoca. Virtualidad probatoria de la declaración de la acusada y de la víctima menor de dieciséis años. Continuidad delictiva. Penalidad. Indemnización por daño moral.
Resumen: Delito de lesiones. Artículo 150 del Código Penal. Recurso de casación por vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Ámbito del control casacional de la valoración probatoria. El recurso de casación por error en la valoración de la prueba, al amparo del artículo 849.2 LECrim: requisitos de prosperabilidad. El concepto de documento a efectos casacionales. El concepto de deformidad. La incongruencia omisiva. El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. La aplicación de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas. Autoría y participación: la coautoría. La comunicabilidad de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminales entre partícipes y cómplices. El principio non bis in ídem.
Resumen: Es consustancial al recurso de casación, dada su naturaleza de recurso devolutivo, que el mismo se circunscriba al examen de los errores legales que pudo cometer el Tribunal de instancia -en el presente caso, el órgano ad quem llamado a resolver la apelación- al enjuiciar los temas que las partes le plantearon, sin que quepa ex novo y per saltum formular alegaciones relativas a la aplicación o interpretación de preceptos sustantivos no invocados, es decir, sobre cuestiones jurídicas no formalmente planteadas ni debatidas por las partes. El control casacional de la alegación de la vulneración de la presunción de inocencia se orienta a verificar la validez y suficiencia de la prueba y la racionalidad en su valoración, sin que suponga una nueva oportunidad para proceder de nuevo a la valoración del material probatorio, de manera que no es posible que el Tribunal de casación, que no ha presenciado las pruebas personales practicadas en el plenario, sustituya la realizada por el Tribunal de instancia ante el cual se practicaron. El mero dato de la residencia del testigo en el extranjero no justifica la aplicación del art. 730 de la LECr, exigiéndose por el Tribunal Supremo el previo fracaso de su citación intentada o de su declaración en el país de residencia.
Resumen: El Tribunal considera que concurren todos los requisitos exigidos por el art. 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acordar la medida de alejamiento: existen indicios de la comisión de un delito de lesiones en el ámbito familiar y otro de abuso sexual y una situación objetiva de peligro para la víctima. La resolución impugnada ha realizado una adecuada ponderación de la finalidad última buscada por esa orden de protección -la seguridad física y/o psíquica y la libertad de la persona perjudicada- y la necesaria limitación de los derechos reconocidos al Investigado, para la concesión de esa misma orden de protección. El Tribunal también considera que no cabe la interposición de recurso alguno contra las medidas cautelares civiles adoptadas al amparo de lo dispuesto en el art. 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Resumen: Absuelve de la acusación de agresión sexual con penetración, del delito de detención ilegal y también del delito de maltrato habitual. Valoración probatoria. Declaración de la víctima que no le resulta convincente al tribunal por falta de persistencia en el relato ofrecido desde la ocurrencia de los hechos hasta el momento mismo del juicio. Condena por delito leve de lesiones. Agravante de parentesco y de motivaciones de género. No se aprecian ninguna de estas agravantes. La conducta no obedece a comportamientos de dominación sobre la mujer. Indemnización por perjuicios y daño moral. Costas procesales impuestas en proporción a la suerte seguida por las propuestas acusatorias.
Resumen: Dispone condena para el responsable -vicepresidente y consejero delegado- de una empresa minera que explota una mina a cielo abierto sin someterse a una evaluación ambiental, sin estudio de impacto ambiental, y sin licencia ambiental ni urbanística, provocando un impacto negativo y severo en los ecosistemas del área ocupada por la mina. Cosa jugada material. Se invoca la excepción de cosa jugada a partir de una sentencia absolutoria recaída para los dos acusados por hechos y acusación que no presenta identidad con los que ahora se ventilan. Prescripción del delito. No se aprecia. Delito permanente e inicio del computo del plazo de prescripción desde que cesa la actividad. Tipo básico del delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, en la forma agravada procedente de la clandestinidad de la actividad. No aprecia las formas agravadas de desobediencia de las órdenes de la autoridad administrativa ni tampoco por generar un riego grave para el medio ambiente. Delito contra la ordenación del territorio por edificación ilegal en suelo no urbanizable. Absuelve al no poder afirmar que se trate de edificación no autorizable. Absuelve por delito de prevaricación urbanística atribuido al alcalde del municipio en que se desarrolló la actividad minera por haber adoptado un acuerdo que las acusaciones pretenden como de reconocimiento de licencia por silencio administrativo y por permitir la actividad pudiendo impedirla. Dilaciones indebidas. Responsabilidad civil. Restauración