• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES PALOMO DEL ARCO
  • Nº Recurso: 3046/2018
  • Fecha: 21/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Dos delitos de estafa continuada. En el primero se condena a dos propietarios de "pubs", que dieron expresas indicaciones de que a la víctima, cliente habitual, no le faltase nunca bebida para de este modo disminuir su capacidad de control y con ello efectuar cargos en la cuenta que no se correspondía con las efectivas consumiciones realizadas. En el segundo, se condena a quien prestaba servicios de alterne en esos pub, pero por hacer un uso inconsentido de la tarjeta de crédito (o sólo del pin) de esa misma víctima, para extraer dinero del cajero, abonar importe de billetes de avión o realizar alguna compra. Las normas procesales que regulan la tramitación de un procedimiento, las que regulan las pruebas y su disciplina de garantía, sirven para configurar el derecho al proceso debido y la regularidad en la obtención de la prueba; pero en cuanto normas procesales sólo pueden fundamentar el acceso al recurso de casación, en cuanto su inobservancia haya generado infracción de principio constitucional, cuyo cauce específico, en principio, es el previsto en el art. 852 LECr. La jurisprudencia aprecia análoga significación con la atenuación de confesión del artículo 21.4 CP, en todos aquellos supuestos en los que no concurra el elemento cronológico exigido en la expresa previsión atenuatoria, pero aparezca una actuación colaborativa del investigado que sea reflejo de la asunción de su responsabilidad y que facilite la depuración del reproche.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES PALOMO DEL ARCO
  • Nº Recurso: 3152/2018
  • Fecha: 21/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Salvo supuestos en que se constate irracionalidad o arbitrariedad, el cauce casacional por infracción del derecho a la presunción de inocencia no está destinado a suplantar la valoración del Tribunal sentenciador de las pruebas apreciadas de manera directa, ni realizar un nuevo análisis crítico del conjunto de la prueba practicada para sustituir la valoración del Tribunal sentenciador por la del recurrente o por la de la Sala Segunda, siempre que el Tribunal de Instancia haya dispuesto de prueba de cargo suficiente y válida, y la haya valorado razonablemente. Recuerda que solo en supuestos específicos puede efectuarse en casación la revisión de la cuantía indemnizatoria: 1) cuando se rebase o exceda lo solicitado las acusaciones; 2) cuando se fijen defectuosamente las bases correspondientes; 3) cuando quede patente una evidente discordancia entre las bases y la cantidad señalada como indemnización; 4) cuando se establezcan indemnizaciones que se aparten de modo muy relevante de las señaladas ordinariamente por los Tribunales en supuestos análogos; 5) en supuestos de error notorio, arbitrariedad de la cuantía fijada; 6) en los supuestos de aplicación necesaria del Baremo, cuando se aprecia una defectuosa interpretación del mismo; y 7) en los supuestos dolosos, o imprudentes ajenos a la circulación, en los que el Baremo solo es orientativo, cuando el Tribunal señale expresamente que establece las indemnizaciones conforme al baremo, y sin embargo lo aplique defectuosamente.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA
  • Nº Recurso: 2567/2018
  • Fecha: 21/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En el caso concreto, debe eliminarse la referida agravación ya que el fallecido (quien sería la persona sobre quien se ejerció el abuso de superioridad) ni siquiera fue propiamente la víctima, salvo en relación a los 50.000 euros traspasados en vida. Estamos más bien ante una estafa a los herederos. Por tanto no es correcto fundar la agravante en las condiciones físicas o psíquicas del finado que ni fue quien sufrió el engaño; ni fue el perjudicado directo (fuera de la transferencia efectuada en vida).
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA
  • Nº Recurso: 10611/2019
  • Fecha: 21/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Deben excluirse de la acumulación: 1°) Los hechos ya sentenciados cuando se inicia el período de acumulación contemplado, es decir, cuando se comete el delito enjuiciado en la sentencia que determina la acumulación. 2°) Los hechos posteriores a la sentencia que determina la acumulación. Ello porque ni unos ni otros podrían haber sido enjuiciados en el mismo proceso. Las dos premisas enunciadas constituyen el anverso y el reverso de una misma regla. En la fijación del límite máximo de cumplimiento, en efecto, deben computarse en exclusiva hechos que pudieran haber sido objeto de enjuiciamiento conjunto en un único proceso. Esto será así cuando las condenas se refieren a hechos que no estuvieren sentenciados al tiempo de cometer otros cuya acumulación se pretende. Solo son susceptibles de acumulación las condenas referidas a aquellos hechos, próximos o lejanos en el tiempo, que no se encuentren separados por una sentencia. La sentencia levanta un muro infranqueable: hechos futuros son de imposible acumulación a los ya enjuiciados. Los Acuerdos no jurisdiccionales de 3-2-2016 y 27-6-2018 han aclarado que, descartada una acumulación por no ser favorable, nada impide reutilizar las sentencias para intentar nuevas acumulaciones con las sentencias restantes; así como que es necesario barajar todas las combinaciones posibles, pudiendo elegirse la sentencia inicial, base de la acumulación, así como la última. La redundición sólo procede cuando resulte favorable al reo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANA MARIA FERRER GARCIA
  • Nº Recurso: 3018/2018
  • Fecha: 20/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La facultad del Tribunal, valorando razonada y razonablemente la pertinencia de las pruebas en el momento de la proposición y su necesidad en el momento de la práctica, a los efectos de evitar diligencias inútiles así como indebidas dilaciones, no vulnera el derecho constitucional a la prueba, sin perjuicio de la posibilidad de revisar en casación la razonabilidad de la decisión del Tribunal, en orden a evitar cualquier supuesto que pudiere generar efectiva indefensión a la parte proponente de la prueba. A los efectos de esta revisión es determinante que la parte recurrente argumente de modo convincente, que la resolución final del proceso a quo podría haberle sido favorable en caso de haberse aceptado y practicado las pruebas objeto de controversia. El prevalimiento típico exige una relación de superioridad del sujeto activo con respecto al pasivo que debe ser aprovechada por el primero para la realización del acto atentatorio a la libertad sexual. En tanto que el primero puede ser constatado de forma objetiva, el segundo, el aprovechamiento de la situación, ha de ser inferido de forma racional por el órgano jurisdiccional y debe expresarlo en la sentencia. La atenuante de confesión supone un reconocimiento de la vigencia de la norma y un aquietamiento a las previsiones de penalidad previstas en el ordenamiento para su conducta. Además del elemento cronológico, se exige de ella que sea sustancialmente veraz, aunque no una coincidencia total con el hecho probado.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANA MARIA FERRER GARCIA
  • Nº Recurso: 447/2019
  • Fecha: 20/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: A propósito de las impugnaciones casacionales contra sentencias dictadas por la Audiencia Provincial resolviendo apelaciones, se trata de una modalidad del recurso que enlaza más con el artículo 9.3 de la Constitución (seguridad jurídica) que con el artículo 24.1 (tutela judicial efectiva), orientado a enmendar o refrendar la corrección de la subsunción jurídica, con el horizonte de homogeneizar la interpretación de la ley penal, buscando la generalización. La acción típica del delito previsto en el artículo 337.4 es maltratar cruelmente. El maltrato no solo comprende los ataques violentos, sino todos los comportamientos que, por acción u omisión, sean susceptibles de dañar la salud del animal. No requiere el tipo la habitualidad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SUSANA POLO GARCIA
  • Nº Recurso: 2878/2018
  • Fecha: 20/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El concepto de "vulnerabilidad" equivale a la facilidad con que alguien puede ser atacado y lesionado, por ausencia de recursos y medios para decidir libremente y oponerse, supone una manifiesta imposibilidad de hacer frente al agresor. El conocimiento y aprovechamiento consciente por el acusado de la situación de inferioridad de la víctima que conocía que era el marido de P., que era como una hermana para su madre -lo que a su vez provocó que no le contara a ninguna de las dos lo ocurrido-, el hecho de que se encontraban invitada en la casa del acusado pasando las vacaciones de semana santa, y que ello influyó en que la menor fuera a la terraza del edifico con él, fuera de la observación y cuidado de sus padres, lo que no hubiera hecho con otra personas, sin olvidar la importante diferencia de edad entre ambos, todo ello son circunstancias que configuran una situación de superioridad apreciada en la sentencia.La Sala entiende que procede apreciar la atenuante de dilaciones indebidas como cualificada, ahora bien con "degradación simple" que implica la bajada en un grado, pues así se determina expresamente por el Tribunal, sin que exista razonamiento alguno en la sentencia del que se pueda desprender que la voluntad del Tribunal es la rebaja de la pena en dos grados.La pena impuesta de dos años de prisión, tal y como indica el recurrente y el Ministerio Fiscal, se encuentra por debajo del mínimo previsto legalmente.La individualización penológica es revisable en casación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANA MARIA FERRER GARCIA
  • Nº Recurso: 2896/2018
  • Fecha: 20/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas aparece expresamente reconocido en el artículo 24.2 CE. Si bien no es identificable con un derecho al cumplimiento de los plazos establecidos en las leyes procesales, impone a los órganos jurisdiccionales la obligación de resolver y ejecutar lo resuelto en un tiempo razonable. En función de las alegaciones de quien lo invoca puede ser preciso comprobar si ha existido un retraso en la tramitación de la causa, que no aparezca suficientemente justificado, bien por su complejidad o por otras razones. Que ese retraso sea imputable al órgano jurisdiccional y que no haya sido provocado por la actuación del propio acusado. Cualquier ponderación debe efectuarse a partir de tres parámetros: la complejidad de la causa, el comportamiento del interesado y la actuación de las autoridades competentes.Esta Sala ha admitido excepcionalmente la concurrencia de la atenuante por demoras en la sustanciación del recurso. Se ha apreciado con base en una paralización de 18 meses desde que se anunció el recurso hasta que se produjo el emplazamiento. Es decir, una paralización menor que la producida en el caso que ahora nos ocupa. Más de dos años de tardanza en dar curso al escrito que anunció el recurso desborda los contornos del retraso que puede entenderse justificado en eventuales deficiencias estructurales de la Administración de Justicia, y goza de significación por si solo para sustentar la atenuación que se reclama.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES MARTINEZ ARRIETA
  • Nº Recurso: 3238/2018
  • Fecha: 20/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Abuso de superioridad y abuso de confianza son circunstancias diferentes y no intercambiables. Y el art. 183 4.d) contempla el abuso de superioridad; no el de confianza. Se concluye en la resolución que la confianza con la familia, y especialmente con la madre, no proporcionaba al procesado una autoridad singular reforzada, más allá de la que puede corresponder a cualquier adulto frente a un menor. El prevalimiento de una situación de superioridad exige algo añadido a la pura diferencia de edad; y es, por otra parte, algo distinto de la relación de confianza.La relación de superioridad ha de basarse en circunstancias reales (autoridad del padrastro, o del maestro o profesor...) y no imaginarias o ficticias. Esta debe ser preexistente y real, no una ficción o un engaño o añagaza urdida por el autor. En último término, ese ardid que movió a la menor a someterse al acusado, no es más que otra manifestación de su inmadurez, de la diferencia de edad que ya contempla el art. 183 CP y que no añade nada distinto: que el adulto engañe a la menor, manipulándola, es una muestra de la diferencia de madurez ya contemplada por el tipo penal. Voto particular: afirma que del relato fáctico resulta que, con independencia de la edad, que ya haría de aplicación el tipo penal de los abusos sexuales, concurre una situación de superioridad, la derivada de la consideración de jefe espiritual del núcleo familiar integrado por la madre y la hija, de la que se aprovecha para las relaciones sexuales
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANA MARIA FERRER GARCIA
  • Nº Recurso: 2625/2018
  • Fecha: 20/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: No toda modificación de conclusiones es admisible. El objeto del proceso, delimitado por el hecho punible y la persona o personas a quienes formalmente se les atribuye, ha de permanecer invariable.No cabe una alteración subjetiva que aboque a la introducción de nuevos responsables penales o civiles, ni tampoco una mutación de identidad sustancial del hecho. La modificación de conclusiones no puede en principio variar el objeto procesal sustituyendo unos hechos por otros distintos desde el punto de vista naturalístico, es decir, hecho entendido como suceso o acontecimiento; pero sí aquellos elementos factuales no sustanciales o su valoración jurídica. Cualquiera que fuera el motivo, la acusación pública no solicitó ni provisional ni definitivamente indemnización a cargo de la recurrente. La responsabilidad civil da respuesta a una acción distinta de la penal, aunque acumulada al proceso por razones de utilidad y economía procesal, con la finalidad de satisfacer los legítimos derechos (civiles) de las víctimas. Sin embargo, las acciones civiles no pierden su naturaleza propia por el hecho de ejercitarse ante otra jurisdicción, lo que implica que en su regulación el derecho civil resarcitorio de la infracción penal cometida desplace al derecho penal. Ello da entrada a al principio de rogación previsto en el artículo 216 de la LEC,que rige en relación al ejercicio de acciones civiles. De tal manera no cabe un pronunciamiento que exceda de las peticiones formuladas por las partes.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.