• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO LLARENA CONDE
  • Nº Recurso: 1513/2018
  • Fecha: 23/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Cabe un control casacional de la excepción de cosa juzgada, tanto cuando se entienda indebidamente aplicada como artículo de previo pronunciamiento o como cuestión previa, como en aquellos supuestos en los que no se hubiere reconocido su operatividad pese a resultar procedente. Para que opere la cosa juzgada, siempre habrán de tenerse en cuenta cuáles son los elementos identificadores de la misma en el ámbito del proceso penal, y frente a la identidad subjetiva, objetiva y de causa de pedir, exigida en el ámbito civil, se han restringido los requisitos para apreciar la cosa juzgada en el orden penal, bastando los dos primeros, careciendo de significación, al efecto, tanto la calificación jurídica como el título por el que se acusó, cuando la misma se base en unos mismos hechos. La imputación de los mismos hechos a la misma persona debe contemplarse entendiendo los hechos en un sentido no puramente naturalista, sino matizado por la óptica jurídico-penal desde la que los hechos deben ser contemplados. El bien jurídico protegido en el delito de prevaricación administrativa es el correcto ejercicio de la función pública. El delito de prevaricación no se refiere de modo expreso a resoluciones administrativas, sino a resoluciones arbitrarias dictadas en un asunto administrativo. La condición de funcionario público que se exige para poder ser sujeto activo del delito es propia del orden penal y no vicario del derecho administrativo.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JAVIER MARIA CALDERON GONZALEZ
  • Nº Recurso: 2142/2019
  • Fecha: 23/10/2019
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: El Tribunal analiza los requisitos que deben concurrir para poder acordar una medida de alejamiento, centrándose especialmente en la necesidad de prevenir una situación objetiva de riesgo para la víctima, afirmando que en el presente caso la situación objetiva de riesgo no concurre, por cuanto que la orden de protección "está ideada para proteger cuando existe una situación de riesgo objetivo, que lógicamente no puede residenciarse únicamente en la manifestación de temor de la denunciante, ni en la posibilidad meramente teórica de que sufra una agresión o amenaza, sino que debe poder efectuarse un juicio de prognosis positivo de probable reiteración delictiva" y en el caso de autos, con los datos obrantes en la causa, se carece de indicios suficientes para ello.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ARACELI PERDICES LOPEZ
  • Nº Recurso: 1745/2019
  • Fecha: 23/10/2019
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: El Tribunal analiza los requisitos que deben concurrir para poder adoptar una medida de alejamiento o de prohibición de aproximación a la víctima, haciendo especial hincapié en la necesidad de que exista una situación objetiva de riesgo para la víctima. La Sala reitera que de haber sido voluntad del Legislador que se decretase orden de protección en todo procedimiento iniciado por denuncia de uno de esos delitos, habría prescindido de la exigencia de situación objetiva de riesgo, que no significa otra cosa que constatación objetiva de posibilidad de advenimiento de una acción lesiva para la integridad física o psíquica de la víctima.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO DE PORRES ORTIZ DE URBINA
  • Nº Recurso: 10705/2018
  • Fecha: 22/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La doctrina del TS ha adoptado un criterio favorable al reo en la interpretación del requisito de la conexidad de los artículos 988 LECrim y 76 CP, considerando que lo relevante es la "conexidad temporal". De esta manera, los únicos supuestos excluidos de la acumulación son los hechos que ya estuviesen sentenciados cuando se inicia el período de acumulación contemplado. La labor acumulativa se comienza por la sentencia más antigua en el tiempo; pero esto debe ser complementado con los ajustes necesarios para llegar a un resultado punitivo que sea el más favorable al reo, para garantizar que el penado pueda acumular el mayor número de condenas posibles. Las condenas con la suspensión de la ejecución reconocida deben incluirse en la acumulación, si ello favoreciere al condenado y se considerarán las menos graves, para el sucesivo cumplimiento, de modo que resultarán extinguidas cuando se alcance el periodo máximo de cumplimiento.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES MARTINEZ ARRIETA
  • Nº Recurso: 1487/2018
  • Fecha: 17/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se denuncia vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, al no haberse citado y emplazado la entidad aseguradora, para el acto de la vista oral, en su calidad de responsable civil subsidiario. Hubo ciertamente irregularidades en la forma de realizar el emplazamiento de la compañía de seguros, pero hubo una subsanación en tiempo hábil para preparar la defensa. No ha habido, por lo tanto, indefensión. Se invoca el principio acusatorio pero la relación entre la compañía de seguros y el responsable penal es un contrato de seguro, de naturaleza civil y, por eso, el principio que rige su solicitud no es el acusatorio, sino el de rogación. Se alega que el límite contratado en el seguro era de 150.000 euros, y que, por lo tanto, con base en el principio de autonomía de la voluntad, no se puede superar ese límite. La conducta del asegurado, calificado responsable penal, lo es un por un delito continuado de estafa, por lo que la condena se refiere a una pluralidad de actos realizados en aprovechamiento de circunstancias idénticas. Quebrantamiento de forma por falta de claridad y contradicción en los hechos probados: no concurre. No hay contradictio in terminis. Error en la apreciación de la prueba: los documentos designados no evidencian error alguno. Presunción de inocencia: existencia de prueba bastante. Deferir la determinación de la indemnización la fase de ejecución no lesiona ningún derecho. Prinicpio de igualdad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO LLARENA CONDE
  • Nº Recurso: 693/2017
  • Fecha: 16/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Las cuestiones relativas a la interpretación de las normas sobre atribución de competencias a los órganos jurisdiccionales son, en principio, cuestiones de legalidad ordinaria. Ajenas, por tanto, al derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, salvo que esa interpretación suponga una manipulación manifiestamente arbitraria de las reglas legales sobre atribución de competencias. Aun cuando corresponde a la parte acusadora la prueba de la legitimidad de los medios de prueba con los que pretenda avalarse una pretensión de condena, la ley no ampara el silencio estratégico del acusado; de suerte que, como aquí ha acontecido, si en la instancia no se promueve el debate sobre la legalidad de una determinada prueba, esa impugnación no podrá hacerse valer en ulteriores instancias. El delito contra la salud pública es de tracto sucesivo o integrante de conceptos globales. Integran una única actuación delictiva todos los comportamientos favorecedores del tráfico de drogas, hasta el momento en que se produce una intervención policial o judicial orientada a ponerle término. El delito contra la salud pública es de consumación anticipada. No existe consumación si no hay posesión inmediata o mediata de la droga. Es apreciable el delito imposible si la participación sobreviene con posterioridad a la intervención policial de la sustancia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA
  • Nº Recurso: 10217/2019
  • Fecha: 16/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Acumulación de condenas. Interpretación del requisito de la conexidad temporal de los artículos 988 y 76 del Código Penal. Fijación del límite máximo de cumplimiento. El Pleno no jurisdiccional de 27 de junio de 2018: "en la conciliación de la interpretación favorable del artículo 76.2 con el artículo 76.1 del Código Penal, cabe elegir la sentencia inicial, base de la acumulación, también la última, siempre que todo el bloque cumpla el requisito cronológico exigido; pero no es dable excluir una condena intermedia del bloque que cumpla el requisito cronológico elegido".
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO DE PORRES ORTIZ DE URBINA
  • Nº Recurso: 1511/2018
  • Fecha: 16/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia precisa que cabe recurso de casación contra un auto que deniega una demanda de tercería porque ese pronunciamiento es una extensión del fallo de la sentencia. En relación con la cuestión de fondo planteada se aplica la doctrina de que la propiedad del bien mediante contrato de compraventa requiere "traditio".
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 10205/2019
  • Fecha: 14/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En la "intimidación", vis compulsiva o vis psíquica, se compele a ceder a los lascivos propósitos del agente mediante la coacción psicológica ejercida sobre la víctima, y que suponga el anuncio de un mal inminente y grave, personal y posible, racional y fundado. El delito de agresión sexual requiere violencia (o intimidación), pero en modo alguno que se ocasionen lesiones. En la doctrina jurisprudencial la relevancia de los trastornos de la personalidad en la imputabilidad no responde a una regla general. No cabe hablar de exención completa, pues no anulan el conocimiento ni la voluntad. Debe concurrir el requisito cronológico, consistente en que la confesión no tendrá que haberse hecho antes de conocer el confesante que el procedimiento se dirigía contra él, habiéndose entendido que la iniciación de diligencias policiales ya integra procedimiento judicial, a los efectos de la atenuante. La prueba pericial, como destaca la doctrina, es una prueba de apreciación discrecional o libre y no legal o tasada, por lo que, desde el punto de vista normativo, la ley precisa que el Tribunal valorará los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MANUEL MARCHENA GOMEZ
  • Nº Recurso: 20907/2017
  • Fecha: 14/10/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Sobre el alegado contexto de vulneración de derechos fundamentales producto de la sobreprotección de la unidad territorial de España: La protección de la integridad territorial es común en las constituciones europeas. Ninguna Constitución europea avala el derecho a decidir. La activación de un verdadero proceso constituyente -en eso consistió la aprobación de las leyes fundacionales y del referéndum- al margen del cuadro jurídico previsto para la reforma constitucional, tiene un incuestionable alcance penal que, en función del medio ejecutivo empleado para su efectividad, deberá ser calificado como delito de rebelión o sedición. El alzamiento tendencialmente dirigido a la comisión del delito de rebelión exige como presupuesto que éste sea público y violento. La violencia ha de ser instrumental, preordenada a los fines del delito, y también funcional, pues es violencia para lograr la secesión, no violencia para crear un clima en que se haga más viable una ulterior negociación. Más allá de la mera actuación en grupo, la sedición exige como medio comisivo el alzamiento tumultuario y tiene la finalidad de derogar de hecho la efectividad de leyes o el cumplimiento de órdenes o resoluciones de funcionarios en el ejercicio legítimo de sus funciones. La malversación reprueba la conducta del funcionario público encargado del patrimonio público que, quebrantando los vínculos de fidelidad y lealtad que le corresponden por el ejercicio de su función, causa un perjuicio al patrimonio.

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