• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO DE PORRES ORTIZ DE URBINA
  • Nº Recurso: 10783/2019
  • Fecha: 26/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Deben únicamente excluirse de la acumulación: 1°) Los hechos que ya estuviesen sentenciados cuando se inicia el período de acumulación contemplado, es decir, cuando se comete el delito enjuiciado en la sentencia que determina la acumulación. 2°) Los hechos posteriores a la sentencia que determina la acumulación. Ello porque ni unos ni otros podrían haber sido enjuiciados en el mismo proceso. En la fijación del límite máximo de cumplimiento las sentencias cuya acumulación se pretenda deben computarse hechos que pudieran haber sido objeto de enjuiciamiento conjunto en un único proceso. Una vez comprobada la posibilidad de acumulación conforme a este criterio general, habrá de determinarse si el límite máximo de cumplimiento, fijado conforme al artículo 76 del Código Penal, es superior o inferior a la suma aritmética de todas las condenas impuestas, pues solo en este último caso, cuando fuera inferior, procedería la acumulación. La nueva refundición que se opere solo será procedente cuando, en su conjunto, ésta resulte favorable al reo, dado que la condena posterior no puede perjudicar retroactivamente la acumulación ya realizada, una vez que se entra a revisar una acumulación anterior, la revisión no se limita a las penas efectivamente acumuladas, sino a todas las que fueron objeto de examen en el auto, sin perjuicio de que entonces su acumulación se considerara improcedente ya que sí podrían ser acumulables con la nueva sentencia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MIGUEL COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA
  • Nº Recurso: 4018/2018
  • Fecha: 26/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Reincidencia. Antecedentes que podrían haber sido cancelados. Cómputo de los plazos en los casos de suspensión de condena. Cuando la pena se extinga mediante la remisión condicional, el plazo, una vez obtenida la remisión definitiva, se computará retrotrayéndolo al día siguiente a aquel en que hubiere quedado cumplida la pena si no se hubiere disfrutado de este beneficio. Y, en estos casos, se tomará como fecha inicial del cómputo de la duración de la pena el del otorgamiento de la suspensión. Remisión definitiva. El plazo de suspensión se computará desde la fecha de la resolución que la acuerda. Y del artículo 87 se desprende que, transcurrido el plazo sin cometer delito (con las precisiones que se añaden) y cumplidas de forma suficiente las reglas de conducta fijadas, el juez o tribunal acordará la remisión de la pena, sin que en el artículo señalado se exija para ello solicitud alguna por parte del interesado.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SUSANA POLO GARCIA
  • Nº Recurso: 3564/2018
  • Fecha: 26/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El TS recuerda que son frecuentes las ocasiones en que se aprecia en casos de abuso sexual de menores la equiparación entre el abuso de la minoría de edad y la intimidación. En realidad, en los abusos a menores de trece años el empleo de violencia o intimidación suelen ser innecesarios, dada la superioridad manifiesta del mayor de edad que realiza el abuso. Por ello la norma penal establece una presunción iuris et de iure sobre la ausencia de consentimiento de cualquier acción sexual realizada con un menor de trece años, por estimar que la inmadurez psíquica les impide la libertad de decisión necesaria, por lo que estas acciones son constitutivas en cualquier caso de un delito de abuso sexual. La transformación en agresión sexual exige la concurrencia adicional de fuerza o intimidación en sentido propio, pues constituiría una duplicidad punitiva valorar repetidamente la minoría de edad como determinante absoluta de la tipicidad de las acciones sexuales realizadas, y adicionalmente como elemento que califica de violento o intimidativo un comportamiento que en sí mismo no reviste dicha caracterización. La violencia o intimidación empleadas en los delitos de agresión sexual no han de ser de tal grado que presenten caracteres irresistibles, invencibles o de gravedad inusitada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO DE PORRES ORTIZ DE URBINA
  • Nº Recurso: 3167/2018
  • Fecha: 26/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El artículo 89 del Código Penal en la redacción dada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, permitía que las penas privativas de libertad inferiores a seis años fueran sustituidas por la pena de expulsión del territorio nacional, salvo que el juez o tribunal apreciara razones que justificaran su cumplimiento en España. Tras la reforma de la LO 1/2015, el artículo 89.1 CP señala que las penas de prisión de más de un año impuestas a un ciudadano extranjero serán sustituidas por su expulsión del territorio español. No dice nada sobre la posible sustitución por expulsión de penas de prisión no superiores a un año. Armonizando el CP con la normativa administrativa, se concluye que no es posible la sustitución por expulsión del territorio nacional cuando la pena no sea superior a un año. La duda que surge es si la pena de un año que debe ser tomada en consideración es la prevista en abstracto para el delito cometido o la impuesta efectivamente en la sentencia penal. Esta Sala ha resuelto que habrá de tenerse en consideración la pena impuesta en concreto, porque las sanciones en materia de extranjería tienen su justificación en la prevención de una amenaza contra el orden público o la seguridad nacional, por lo que para la imposición de una sanción lo que debe tomarse en consideración es la amenaza específica que suponga la conducta del extranjero.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MIGUEL COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA
  • Nº Recurso: 3264/2018
  • Fecha: 22/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: No es la primera ocasión en la que se plantea ante esta Sala la forma correcta de proceder cuando se enjuician hechos que se integran en un delito continuado y aparecen en otro momento distinto otros hechos que, por sus características y por las fechas de comisión, también podrían haber sido incluidos en aquel delito. Ante la ausencia de regulación legal de este incidente esta Sala ha considerado procedente y acorde al respeto al principio de proporcionalidad de la pena, no superar el máximo de la prevista legalmente para los hechos si se consideran en su totalidad, de forma que al individualizarla en los posteriores procesos se tenga en cuenta la ya impuesta en los enjuiciados con anterioridad. En cuanto a la atenuante de reparación del daño, aunque la propia ley prevé la disminución del daño y, por lo tanto, su reparación parcial, ha de tratarse de una contribución relevante. En relación con la pretensión de la aseguradora de que la franquicia pactada de 15.000 euros debe aplicarse a las reclamaciones, consideradas cada una como un siniestro, esta Sala considera que las acciones son el resultado del desarrollo de un plan único tendente a la apropiación de cantidades entregadas por los clientes de la notaría, para emplearlas en finalidades particulares en lugar de destinarlas a las finalidades comprometidas, de donde resulta la valoración del total de la conducta, el hecho delictivo, como un solo delito, es decir, como una sola causa origen del perjuicio indemnizable.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 3085/2018
  • Fecha: 22/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Conforme a la legislación vigente se está ante delito básico de estafa, por lo que el plazo de prescripción aplicable sería el de 5 años (vigente art. 131.1 párrafo 4° del C. Penal). No se debe obviar que conforme a la legislación aplicable a la fecha de los hechos, se estaría ante una estafa agravada castigada con hasta seis años de prisión, por lo que el plazo de prescripción, con una u otra norma, sería el de 10 años. Además, es de añadir que no es viable acudir a normas intertemporales, es decir, a aquellas que estuvieron vigentes entre aquella en la que se cometieron los hechos y la vigente en el momento concreto del enjuiciamiento. Resulta por tanto evidente que el cómputo a efectos de prescripción se hará con el plazo prescriptivo primero (5 años) y no con el segundo (10 años).En relación a tal cómputo temporal se ha de partir de que las diligencias penales que nos ocupan se incoaron por auto de 3 de agosto de 2009 y que no se le pudo recibir declaración en calidad de investigado al acusado e informarle de sus derechos y del contenido de esta causa hasta el pasado 22 de Septiembre de 2014. Pero no se debe olvidar que en el auto de incoación de las diligencias penales se acordó, como diligencia penal relevante, tomar declaración al querellante, la cual tuvo lugar el 12 de enero de 2010. Todo lo cual pone de relieve que el cómputo de la prescripción se interrumpió con la admisión a trámite de la querella y adopción de diligencias de investigación a practicar.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANA MARIA FERRER GARCIA
  • Nº Recurso: 10669/2019
  • Fecha: 22/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En materia de acumulación de condenas se ha impuesto como norma sustantiva de fondo, que deben excluirse de la acumulación las sentencias relativas a los hechos que ya estuviesen sentenciados cuando se inicia el periodo de acumulación contemplado, esto es, cuando se comete el delito enjuiciado en la sentencia que determina la acumulación; y también las sentencias relativas a hechos posteriores a ella. Una vez observada esa regla de aplicación ineludible, toda la mecánica o la metodología de acumulación debe ir orientada hacia la combinación que más favorezca al reo.De modo que aunque se comience el cálculo por la sentencia más antigua en el tiempo y ello nos lleve a ir formando distintos bloques, esa primera labor debe ser complementada con los ajustes necesarios para ir comprobando si los intercambios de sentencias incluibles en distintos bloques permiten llegar a un resultado punitivo que sea el más favorable para el reo. Operando de esta forma se evitará que el sistema de bloques punitivos acabe siendo un obstáculo formal para que el penado pueda acumular el mayor número de condenas posibles en orden a la reducción de la pena a cumplir. Las condenas con la suspensión de la ejecución reconocida, deben incluirse en la acumulación si ello favoreciere al condenado. No cabe incluir en la acumulación, el periodo de prisión sustituido por expulsión; salvo si la expulsión se frustra y se inicia o continúa a la ejecución de la pena de prisión inicial.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA
  • Nº Recurso: 3105/2018
  • Fecha: 21/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Delito de falsedad. Art. 392 CP. El TS estima el recurso. El TS examina diversas cuestiones de orden procesal. Entre otras, la relativa al eventual grado de vinculación de las acusaciones a los hechos recogidos en el llamado auto de transformación concluye que nos hallamos ante una vinculación débil o atenuada pues es exigible cierta congruencia entre ese auto y los escritos de acusación pero no un mimetismo absoluto, no una vinculación fuerte o rígida que impediría variar ni un ápice lo narrado en el auto de transformación. Su función no consiste en perfilar en sus últimos detalles los hechos, sino dar paso a la fase de enjuiciamiento de un material fáctico que en lo sustancial ha de ser respetado pero que puede ser objeto de matizaciones, modulación o transformaciones siempre que no supongan un cambio esencial del objeto procesal. En relación con el delito de falsedad señala que para colmar el tipo subjetivo del art. 392 CP no es necesario un ánimo defraudatorio. Basta con la voluntad consciente de introducir un documento falsario en el tráfico jurídico, sin que se exija un móvil específico. En relación con el delito de estafa, el TS absuelve a la recurrente al estimar que la sentencia no aporta la base probatoria y fáctica suficiente para estimar acreditado el dolo antecedente. Y el dolo antecedente es requisito sine qua non de los negocios jurídicos criminalizados.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA
  • Nº Recurso: 2838/2018
  • Fecha: 21/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La individualización penológica encierra un ámbito de discrecionalidad que el legislador ha depositado en principio en manos del Tribunal de instancia. En su más nuclear reducto no es fiscalizable en casación. Se pueden revisar las decisiones arbitrarias. También las inmotivadas. O aquellas que no respetan las reglas o los criterios legales. Pero no es factible neutralizar o privar de eficacia las decisiones razonadas y razonables en esta materia del Tribunal de instancia, aunque puedan existir muchas otras igualmente razonables y legales. Desborda las atribuciones de un Tribunal de casación la capacidad de redimensionar la pena para ajustarla a sus propias eventuales estimaciones. Nos entrometeríamos en facultades discrecionales que el legislador deposita en la Audiencia Provincial. Solo podemos verificar si la opción penológica está motivada con arreglo a criterios legales y razonables, y no vulnera las reglas de individualización. En el ámbito último de discrecionalidad inherente a la elección de una pena concreta dentro de la horquilla legal, la decisión corresponde, a la Audiencia. No puede ser usurpada o expropiada por el Tribunal de casación. La traducción económica de una reparación por daños morales es tarea reservada a la discrecionalidad del Tribunal de instancia y, por tanto, inatacable en casación. Se podrán discutir las bases pero no el monto concreto, que no solo no está sujeto a reglas aritméticas; sino que resulta de precisión exacta imposible.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL CALDERON CEREZO
  • Nº Recurso: 46/2019
  • Fecha: 21/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: No resultó afectado el derecho a la tutela judicial efectiva por supuesta falta de motivación de la sentencia, que emplea fundamentación razonable para mostrar la convicción sobre cómo ocurrieron los hechos, subsumirlos en el tipo apreciado e individualizar la pena impuesta. El inamovible relato de hechos probados -conforme al cual, el recurrente suplantó la muestra de orina que entregó como propia para un control sobre consumo de sustancias psicotrópicas- se subsume adecuadamente en el tipo de la deslealtad, al concurrir todos sus elementos: la prueba ordenada reunía la condición de acto de servicio, al haberse acordado en ejecución de las previsiones del Plan Antidroga del Ejército del Aire para controlar la aptitud psicofísica de sus miembros para la prestación del servicio; la conducta mendaz del recurrente fue apta para afectar al servicio, pues, al trasladar al mando información falsa sobre sus posibles consumos de sustancias psicotrópicas, le impidió conocer datos necesarios para adoptar decisiones de su competencia; la actuación se llevó a efecto con dolo directo, presidido por la intención de dar información falsa. Del relato probatorio no se infiere que el recurrente tuviera afectadas sus facultades intelectivas o volitivas por el consumo de cannabis, por lo que no concurre circunstancia modificativa alguna de la responsabilidad, que habría de ser probada como los propios hechos. La documental fue correctamente rechazada en el juicio oral por su falta de utilidad.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.