Resumen: Para la validez constitucional de la medida de intervención telefónica es necesario que concurran los siguientes elementos: a) resolución judicial, b) suficientemente motivada, c) dictada por Juez competente, d) en el ámbito de un procedimiento jurisdiccional, e) con una finalidad específica que justifique su excepcionalidad, temporalidad y proporcionalidad, y f) judicialmente controlada en su desarrollo y práctica. El delito de falsedad documental no es de propia mano, de manera que se convierte en partícipe de su comisión aquel que se aprovecha de la mendacidad que hubiere ejecutado un tercero, si con ello convierte su acción en beneficiosa para los planes de aquél. La llamada responsabilidad civil ex delicto no es diferente de la responsabilidad civil extracontractual ordinaria de los arts. 1902 y ss. del Código Civil. La titularidad del derecho a la inviolabilidad domiciliaria corresponde a cada uno de los moradores, la posibilidad de autorizar la entrada y registro está conferida a cualquiera de los titulares del domicilio. Consiguientemente, dejando a salvo las situaciones de contraposición de intereses entre el titular del derecho a la intimidad y el titular de la facultad de autorizar, la presencia en la diligencia de otros ocupantes es bastante para garantizar lo que fue objeto de la ocupación (refrendado por fe pública judicial). Nuestro sistema incluye como presupuesto legitimante del registro la presencia litisconsorcial de todos y cada uno de los moradores.
Resumen: La acumulación de condenas. Criterios para la fijación del límite máximo del cumplimiento efectivo de la condena. El artículo 76 del Código Penal y el artículo 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Jurisprudencia de la Sala. El Acuerdo de pleno no jurisdiccional de 27 de junio de 2018. Las condenas con la suspensión de la ejecución reconocida, deben incluirse en la acumulación si ello favoreciere al condenado y se considerarán las menos graves, para el sucesivo cumplimiento, de modo que resultarán extinguidas cuando se alcance el periodo máximo de cumplimiento. No cabe incluir en la acumulación, el periodo de prisión sustituido por la expulsión; salvo si la expulsión se frustra y se inicia o continúa a la ejecución de la pena de prisión inicial, que dará lugar a una nueva liquidación. La pena de multa solo se acumula una vez que ha sido transformada en responsabilidad personal subsidiaria. Ello no obsta a la acumulación condicionada cuando sea evidente el impago de la multa. a pena de localización permanente, como pena privativa de libertad que es, es susceptible de acumulación con cualquier otra pena de esta naturaleza.
Resumen: La existencia de una acumulación anterior no impide otra nueva si media una nueva condena; pero la nueva liquidación no puede resultar perjudicial para el condenado por esta consideración conjunta. Cabe elegir la sentencia inicial, base de la acumulación, también la última, siempre que todo el bloque cumpla el requisito cronológico exigido en la norma; con el límite de no excluir una condena intermedia del bloque que cumpla el requisito cronológico elegido. En este sentido afirma que si tras el dictado de un auto de acumulación, aparecen otras sentencias condenatorias contra la misma persona, lo que permitirá o impedirá la acumulación entre todas las penas contempladas será el cumplimiento de las exigencias legales, tal como han sido interpretadas por la jurisprudencia y expuestas más arriba, pero en ningún modo será óbice a la nueva acumulación la preexistencia de una anterior, también por decisión judicial. Y ello porque, la propia naturaleza de los autos de acumulación dictados al amparo del artículo 76 CP, impone su modificabilidad cuando sobrevienen nuevas condenas susceptibles de acumulación a las ya acumuladas y que una vez que se entra a revisar una acumulación anterior, la revisión no se limita a las penas efectivamente acumuladas, sino a todas.
Resumen: Los atestados policiales y los informes periciales no son, en principio, documentos a los efectos del artículo 849.2 LECrim. La doctrina sobre la embriaguez permite ser encajada en distintas situaciones: a) plena y fortuita que conlleva la eximente completa; b) si es fortuita, pero no plena puede determinar la aplicación de la eximente incompleta si hay afectación profunda las facultades psíquicas, intelectivas o volitivas; c) si no es habitual, ni provocada para delinquir podría supone la aplicación del artículo 21.2 CP; d) la atenuante del art. 21.7 CP se aplicará para los supuestos de embriaguez relevante que provoque una leve afectación. La adicción al juego puede considerarse una dependencia psíquica que, cuando es grave y determinada de modo directo e inmediato la comisión de hechos delictivos funcionalmente dirigidos a la obtención de fondos para satisfacer la compulsión al juego, permite -ordinariamente- la apreciación de una atenuante analógica del art. 21-6 en relación con el 2-12 CP. La primera característica de la confesión es que ha de suponer una colaboración activa y útil para el esclarecimiento de los hechos. No es válido entregarse a las autoridades, pero no confesar ni efectuar declaraciones; y tampoco una colaboración inocua por tratarse de la simple aceptación de unos hechos que van a ser descubiertos inevitablemente. El art. 120.4 CP ha sido interpretado por esta Sala casacional con gran amplitud, al punto de llegar a una cuasi-objetivación
Resumen: La cuestión controvertida se centra en determinar el alcance de la expresión "estuviera privada de libertad", presupuesto de la distinta penalidad. Ha de dilucidarse si la pena ha de fijarse en función de la clase de pena, medida de seguridad o medida cautelar, quebrantada o, por el contrario, la correspondencia ha de realizarse respecto de la situación personal de quien quebranta la pena o medida. Se estaba ejecutando una pena privativa de libertad; el penado había incumplido su obligación, no era mero retraso, de reingresar al establecimiento penitenciario, después de disfrutar un permiso, y se encuentra en una situación fáctica de libertad, aunque jurídicamente está cumpliendo una pena privativa de libertad. La pena privativa de libertad del artículo 468 del Código Penal responde a la gravedad de la conducta, el quebrantamiento de una condena o medida privativa de libertad, por la intensidad y efectividad del contenido de la pena o medida.La expresión "estuviese privado de libertad" se refiere a un concepto normativo del tipo que se rellena con la normativa de cumplimiento que incardina el permiso penitenciario o el régimen de cumplimiento como cumplimiento efectivo de pena y, por lo tanto, su quebrantamiento es el de una condena privativa de libertad.Con la interpretación que se asume se asegura el cumplimiento del principio de proporcionalidad, pues las penas y medidas que incorporan una privación de libertad se corresponden con conductas más graves.
Resumen: Exclusión del efecto agravatorio del artículo 74.1 CP, para impedir que su aplicación conduzca a la doble incriminación de un mismo hecho: subtipo agravado atendiendo al valor de la defraudación, cuando ningún acto individual supera los 50.000 euros.
Resumen: La medida de pase a la situación administrativa de suspensión de funciones como consecuencia de la incoación de la causa penal nada tiene que ver, por su naturaleza y fundamento, ni con la medida cautelar de pase a la situación de suspensión de funciones y cese en el destino que puede adoptarse tras la incoación de un procedimiento disciplinario por falta muy grave ni con el efecto legal o consecuencia accesoria de cese en el destino que viniera ocupando el infractor aparejado a la sanción disciplinaria de suspensión de empleo cuando excede de 6 meses. La primera y el último, no solo tienen naturaleza distinta -pues la primera no tiene carácter sancionador-, sino que responden a fundamentos y tutelan bienes jurídicos distintos, por lo que la adopción sucesiva de una y otra medida no lesiona el principio non bis in ídem. No cabe apreciar en sede casacional la alegada incongruencia omisiva, al no haberse hecho uso en su momento de la facultad que el art. 267.5.º LOPJ confiere para conseguir el complemento de la sentencia recurrida. El pronunciamiento judicial da respuesta fundada y no arbitraria a las pretensiones de la parte, por lo que no incurre en incongruencia ni en falta de motivación. El cese en el destino que ocupaban los recurrentes en el momento de ejecución de la sanción, como consecuencia accesoria aparejada a la misma dada su duración superior a 6 meses, no es contraria a la jurisprudencia de esta sala.
Resumen: Recurso de casación formulado contra una sentencia dictada en apelación por una Audiencia Provincial. Acuerdo del Pleno del Tribunal Supremo de 9 de junio de 2016: interpretación del interés casacional. Habitualidad en el delito de maltrato del artículo 173 del Código Penal. Se alega inconcreción de la habitualidad y vulneración del principio acusatorio por coincidencia entre los escritos de la acusación particular y del Ministerio Fiscal. El motivo no respeta la declaración de hechos probados, donde se refiere un sometimiento continuo a la víctima a insultos, agresiones, etc. La vulneración del principio acusatorio no entra dentro de la vías de impugnación contempladas en la Ley. Derecho a la corrección: interpretación de su alcance en el ámbito penal. Los comportamientos violentos que ocasionen lesiones -entendidas en el sentido jurídico-penal como aquellas que requieren una primera asistencia facultativa y que constituyan delito- no pueden encontrar amparo en el derecho de corrección. No se exige la convivencia en el delito de maltrato habitual a un menor. Indefinición de la víctima del artículo 173.2º del Código Penal. En el caso objeto de enjuiciamiento, se aprecia una cierta situación convivencial. Se trataba de una separación de hecho sin medidas provisionales. Suficiente motivación de la pena. Imposición obligatoria de la pena de prohibición de comunicación y acercamiento en los delitos de maltrato del artículo 153 del Código Penal.
Resumen: El delito por el que el recurrente fue condenado -conducción sin permiso (art. 383 CP)- no lleva consigo como pena específica o principal la inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión, por lo que habrá que entender que la pena de tres años de inhabilitación especial para el ejercicio de la actividad profesional de taxista tiene la consideración de pena accesoria (art. 56.3 CP) y, por lo tanto, de aplicación lo preceptuado en el nº 6 del art. 33 CP ("las penas accesorias tendrán la duración que respectivamente tenga la pena principal, excepto lo que dispongan otros preceptos de este Código", redacción dada por el art. único apartado 2 de la LO 15/2003, de 28-11-2003). Consecuentemente al no ser de aplicación la excepción prevista en el precepto, la inhabilitación deberá tener la misma duración que la pena principal impuesta. En las penas inferiores a diez años, dice el art. 56, los jueces o tribunales impondrán, atendiendo a la gravedad del delito, como penas accesorias alguna de las que a continuación enumera, lo que supone que el tribunal tiene la obligación ("impondrán") de imponer alguna o algunas de ellas, aunque se le reconozca la posibilidad de elegir entre las que se menciona, lo que deberá hacer atendiendo a la gravedad del delito. De otro lado, en relación con la imposición de una o varias penas accesorias, la cuestión carece de trascendencia desde la reforma operada por la LO 15/03, que establece la posibilidad de imponer varias.
Resumen: Delito continuado de estafa. Artículos 248.1 y 250.1.5 CP. El recurso de casación por vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Ámbito del control casacional de las eventuales vulneraciones del derecho a la presunción de inocencia. La valoración de la actividad probatoria desarrollada en la instancia. La valoración de las declaraciones sumariales y su introducción en el Plenario. Las declaraciones de coimputados: la credibilidad de su testimonio. La valoración de la declaración inculpatoria del coimputado. La figura del Whistleblowing: el denominado "informante" y la admisibilidad de las denuncias internas en el ámbito empresarial. El delito de estafa: elementos del delito. El engaño bastante. Idoneidad del engaño. El deber de autotutela o autoprotección de la parte perjudicada en el delito de estafa: jurisprudencia de la Sala. La continuidad delictiva. La cuantía defraudada como fundamento de la agravación prevista en el artículo 250.1.5 CP. Las circunstancias atenuantes de confesión y reparación del daño. El recurso de casación por infracción de Ley (art. 849.2 LECrim.) por error en la valoración de la prueba: ámbito y requisitos de admisibilidad. El recurso de casación por quebrantamiento de forma. por denegación de diligencia de prueba. El deber de motivación de las resoluciones judiciales. El juez predeterminado por la Ley y las reglas de atribución de competencia. Responsabilidad civil derivada del delito (art. 116 CP.). Complicidad.
