Resumen: Se dice en la alzada que nada se ha alegado ni probado que demuestre error del Juez a quo en su relato de hechos o en la calificación jurídica de los mismos, pues no hay ningún error en que el Juzgador haya dado más credibilidad a las declaraciones de la denunciante y de la testigo que a las inverosímiles manifestaciones del denunciado, que no explican en buena lógica su actitud de salir huyendo ni la razón de continuar corriendo cuando se unió a su persecución una sereno ni la causa de resistirse violentamente al ser interceptado por el encargado del control de accesos del ni el por qué los agentes de policía recuperaron a escasos metros del lugar de la detención la cartera de la víctima. Después de recordar la consolidada doctrina jurisprudencial existente en orden a la imposición de la cuota diaria de la pena de multa la Sala considera que no existe razón alguna para modificar la impuesta pues la fijada se encuentra en wl tramo inferior del recorrido legal posible y no parece que la situación del penado sea la de indigencia pues tiene domicilio conocido y dispones de teléfono móvil.
Resumen: El acusado reconoció percibir una ayuda familiar, con lo que podría haber pagado la pensión alimenticia de su hija además afirmó que pagó con esos ingresos deudas anteriores que no las acredita y además olvidó la preferencia de la pensión alimenticia familiar sobre otras deudas y la documental acredita que es titular de un turismo de alta gama, con ITV y seguro al día, lo que supone capacidad económica suficiente para sus gastos de carburante, aparcamiento, mantenimiento, seguros, ITV y tributos. La pena de multa ha sido impuesta tanto en su extensión como en su cuota en cifras inferiores a las solicitadas por el Ministerio Fiscal y que son casi el mínimo legal, mínimo previsto para situaciones económicas de miseria o indigencia.
Resumen: La sentencia, partiendo de la jurisprudencia del TS que indica que la prueba sobre el reconocimiento del acusado no lo constituye la diligencia practicada en el sumario, sino el testimonio del identificador en el plenario, ante el juzgador de instancia, considera que al haberse ratificado la víctima en el acto del juicio del reconocimiento del acusado efectuado durante la instrucción como el autor del robo sufrido, se introdujo su resultado debidamente en el plenario y sometido a la debida contradicción, con lo que se constituye en prueba de cargo hábil para incriminar al recurrente del referido delito. Se considera que la determinación de la pena impuesta de veinticuatro meses de prisión, en el presente caso, ni carece de motivación ni es errónea, ni carente de proporcionalidad, ya que se está en presencia de un robo con intimidación y uso de instrumento peligroso en grado de tentativa, con la estimación de la atenuante simple de drogadicción, por lo que partiendo de la pena de 3 años 6 meses y 1 día, procede calcular la pena inferior en grado a la prevista para el tipo básico por el grado de ejecución del delito, que alcanza los 21 meses y 1 día de prisión, y en atención a la concurrencia de la atenuante simple de drogadicción, art. 66.1 1ª, procede la imposición en el tramo inferior, por lo que la pena mínima es 21 meses y un día, encontrándose la pena de 24 meses impuesta dentro de ese tramo y debidamente motivada.
Resumen: Condena por delito de abuso sexual cometido sobre menor de dieciséis años. Conducta objetiva consistente en tocamientos inconsentidos en zona genital. Descarta el empleo de fuerza física o violencia encaminada a lograr una relación sexual con penetración vaginal. Valor probatorio de la declaración de la víctima. Penalidad. Libertad vigilada. Daño moral no se indemniza por falta de rogación.
Resumen: Demanda extradicional de Moldavia para la entrega de persona que ostenta su nacionalidad con fines de cumplimiento de pena de prisión por delito de apropiación indebida. El reclamado estuvo presente en el juicio y fue defendido por letrado, que asistió a todas las instancias, recurriendo en su nombre. El segundo protocolo del Convenio Europeo de extradición contempla la cláusula facultativa de no entrega en caso de vulneración del derecho de defensa. Aunque la República de Moldavia no haya firmado dicho protocolo, este instrumento establece la pauta o criterio a seguir en los supuestos de sentencias dictadas en rebeldía y en este caso se respetaron los derechos mínimos de defensa del reclamado al ser defendido en todas las vistas por su abogado y si no estuvo presente en la vista es porque no quiso. Los hechos objeto de la condena son constitutivos de delito según nuestra ley penal. Es doctrina de esta Sala que, salvo supuestos extraordinarios de conflicto con derechos fundamentales, no impide la extradición el que se resida en España o se tenga arraigo familiar.
Resumen: Condena por delito de detención ilegal en concurso ideal con un delito de agresión sexual en grado de tentativa y otro delito leve de lesiones. Acusado que retiene en su domicilio a una mujer, contra su voluntad, durante seis horas, en cuyo transcurso intenta mantener con ella relaciones sexuales, y que permite que la mujer abandone el domicilio voluntariamente. Privación de la libertad deambulatoria. Relación de la privación de libertad con la conducta de naturaleza sexual impuesta a la víctima. Subtipo atenuado del delito de detención ilegal por liberación anterior a los tres días. No aprecia agravación por la minoría de edad de la víctima por no poder atribuir al autor conciencia de la minoría de edad de su víctima. Atenuante de dilaciones procesales indebidas por paralización durante un año y seis meses. Penalidad. Cálculo de las penas a imponer en función de una relación medial entre los delitos. Indemnización por daño morales.
Resumen: La acusación particular recurre la absolución del acusado de los delitos de maltrato habitual y amenazas graves, por error en la valoración de la prueba, pero no interesa la nulidad de la sentencia, sino su revocación y la condena del acusado. Este pretensión es inviable, conforme a reiterada jurisprudencia del TEDH y TC, y por imposibilidad legal, tras la reforma de la LECrim., que impide condenar al acusado que resultó absuelto. Por idénticas razones no puede sustituirse la condena por delito de amenazas leves, por dos delitos de amenazas graves, sobre la base de un supuesto error en la valoración de la prueba, que supone la inclusión de datos fácticos en el relato de hechos probados de la sentencia.
Resumen: Confirma la sentencia dictada por Juez Penal en que se tiene por cometido un delito de obstrucción a la justícia por un acusado que dirige a la Letrada de la querellante un mensaje amenazante una vez se entera de su convocatoria a un acto judicial de conciliación previa a la interposición de una querella por calumnias e injurias en su contra. Vinculación fáctica del auto de transformación en Procedimiento Abreviado. Hechos de acusación que desbordan el auto de transformación. En la sentencia recurrida se le absuelve al acusado por un padecimiento psiquiátrico reconocido como eximente completa y se le impone la medida de internamiento en centro adecuado a su enfermedad por tiempo límite de un año. El acto de conciliación judicial previa a la querella por calumnias e injurias es tenido como procedimiento judicial a los fines del delito de obstrucción a la justícia. Naturaleza del delito de obstrucción a la justícia como delito de mera actividad. La obtención del fin buscado realizaría una forma agravada del tipo básico. Mantiene la medida de internamiento en centro adecuado a la enfermedad del acusado a pesar de que el informe pericial forense no contiene indicación expresa sobre su necesidad o conveniència, en la medida en que tampoco se descarta. Se valora a tal fin la gavedad de los hechos y el alto riesgo de su repetición.
Resumen: En los casos en que está en juego el derecho a la libertad sometida al principio de legalidad por imposición de la propia Constitución (art. 25.1), resulta patente que los términos en que el instituto de la prescripción venga regulado, han de ser interpretados con particular rigor en tanto perjudiquen al reo. Por ello la jurisdicción constitucional no puede eludir la declaración de inconstitucionalidad en aquellos casos en los que la interpretación de la norma penal -en el de este proceso, la reguladora del instituto de la prescripción-, aunque no pueda ser tildada de irrazonable o arbitraria, lleve consigo, al exceder de su más directo significado gramatical, una aplicación extensiva o analógica en perjuicio del reo.
Resumen: La pretensión acusadora se formuló interesando la condena por delito continuado de abuso sexual, valiéndose de situación de superioridad, sobre una menor de trece años. Se interesó, al aplicar la normativa entonces vigente, la pena de tres años de prisión, y también prohibición de comunicar con la menor o de aproximarse a ella por tiempo tres años superior a la condena privativa de libertad. La Audiencia Provincial erró al determinar la pena privativa de libertad procedente, por cuanto ésta no puede ser inferior a la mitad superior de la prevista para el subtipo agravado.Partiendo de la premisa de que el acusado ha sido condenado como autor de un delito continuado de abusos sexuales previsto en el art. 181.1, 2 y 4 del C. Penal, en relación con el art. 74.1, con la agravación tipificada en el art. 180.4ª del mismo texto legal, es claro que la horquilla punitiva básica, una vez que se opta por la pena privativa de libertad, está comprendida entre uno y tres años de prisión. Sin embargo, como el delito es continuado ha de imponerse la pena en la cuantía correspondiente a la mitad superior; es decir, entre dos años y un día y tres años de prisión. Y como se le aplica también el subtipo agravado del art. 180.4ª del C. Penal, esa pena ha de imponerse a su vez en la mitad superior, es decir en un marco legal comprendido entre los dos años, seis meses y un día y tres años de prisión, lo que excluye desde luego la cuantía fijada por la Audiencia en dos años de prisión.