Resumen: Fue el acusado la persona que accedió a la galería que comunica con la cocina de la vivienda de la Sra. Esperanza a través del pasillo comunitario exterior y a través de la rejilla que une la pared con el techo procedió a introducir algún objeto no determinado en llamas.Conclusión a la que llega el Tribunal a través de prueba indiciaria que se explicita, de forma minuciosa, en la sentencia.
Resumen: Condena por delito de abuso sexual cometido sobre víctima menor de trece años con prevalimiento de la condición de pareja de la madre conviviente. Prueba de cargo. Declaración de la víctima como prueba incriminatoria. Continuidad delictiva. Penalidad. Indemnización por daño moral. Constas procesales.
Resumen: Delito contra la seguridad: conducción sin permiso por no haberlo obtenido nunca. Nulidad de la sentencia: no procede porque el acusado fue notificado personalmente; no puede invocar indefensión porque la suspensión fue provocada por su negligencia. No acreditó la imposibilidad de acudir, ni justificante del trabajo ni elemento alguno que demuestre la veracidad de sus afirmaciones. Presunción de inocencia: el documento aportado como duplicado de permiso inglés no tiene valor probatorio, pues se trata de una fotocopia simple, que no acredita por tanto la autenticidad del documento. Existe, pues, prueba de cargo suficiente, obtenida y practicada con todas las garantías para, racionalmente, entender válidamente destruida la presunción de inocencia que amparaba al acusado In dubio pro reo: el citado principio solo se justifica en aquellos casos en los que el Tribunal haya planteado o reconocido la existencia de dudas en la valoración de la prueba sobre los hechos y las haya resuelto en contra del acusado, lo que no ha sucedido en el caso presente. Cuantía de la multa: la cuantía del día multase encuentra debidamente motivada, adecuada y ajustada a las concretas circunstancias concurrentes en los hechos y en su autor.
Resumen: Después de recordarse por la Sala los requisitos establecidos legal y jurisprudencialmente para el dictado de una orden de protección considera que en el presente supuesto el recurso no puede prosperar, ante la ausencia de indicios delictivos, debido a las versiones contradictorias de la denunciante y denunciado, sin que existan elementos objetivos que avalen el relato incriminatorio de la primera y sin que puedan excluirse móviles espurios, considerando que se interpone la denuncia 4 días después de que la denunciante recibiera la demanda de divorcio interpuesta por el investigado en la que solicítala guarda y custodia del hijo menor común, apuntando en todo caso la falta de apreciación de una situación objetiva de riesgo.
Resumen: En cuanto al momento en que deben resolverse las cuestiones previas la Sala considera que en los supuestos en que no resulte imprescindible la práctica de prueba para adoptar una decisión sobre la cuestión planteada, sí cabe que se decida al inicio de la vista oral, dejando en cambio la decisión para sentencia cuando se precise la práctica de prueba para conocer el problema suscitado. En cuanto la prescripción del delito para que pueda acordarse antes de sentencia, ordinariamente por la vía de los artículos de previo pronunciamiento, es necesario que aparezca tan clara que, de modo evidente y sin dejar duda alguna al respecto, pueda afirmarse que, sin necesidad de la celebración del juicio oral, ha transcurrido el plazo designado al efecto por la ley para el delito de que se trate, pero debe ser algo establecido de modo claro y siempre antes del juicio oral y una vez que las partes han definido el objeto de la acusación. En este caso existen dudas respecto a la calificación de los hechos (estafa,apropiación indebida, fraude colectivo), sin que la indicación que contiene al respecto el auto recurrido tenga más valor que el relativo a la decisión del cauce procedimental a seguir,por ello, teniendo en cuenta que la pena agravada puede superar los diez años de prisión, no hay motivo para entender prescritos los delitos presuntamente cometidos, pues como señala el T.S. para la determinación del plazo de prescripción del delito habrá de atenderse a la pena en abstracto.
Resumen: El Ministerio Fiscal recurre la sentencia por cuanto al efectuar el cálculo dosimétrico de las penas, se incurre por la Juzgadora de instancia en un error aritmético, habida cuenta que la pena del delito contra la Hacienda Pública lo es de 1 a 4 años y la mitad superior sería de 2 años, 6 meses y 1 día a 4 años. La defensa del acusado, por su lado, asevera que carecía de responsabilidad en la trama defraudatoria, desplazando su responsabilidad al despacho de abogados encargado de la asesoría. La Sala desestima el recurso del acusado señalando que no estamos ante un caso de error invencible en el conocimiento de la norma, sino ante le inteligencia que busca anular las dificultades que el desconocimiento de esta suponía para lograr el objetivo de burlarla. Y en esa búsqueda no se acude a una delegación en el asesor. Se busca la colaboración que participe en el objetivo respecto del cual ninguna duda se tiene sobre su ilicitud, sino solamente sobre el procedimiento de consecución. Sin duda más rentable para el acusado que el mecanismo que la Hacienda, por más que con carácter voluntario, pone a disposición del contribuyente ignorante acudir a los servicios de ayuda. Cuando el acusado acude al despacho profesional no es para que este le informe sobre cual sea su obligación tributaria y cómo darle adecuado cumplimiento, sino para que le indiquen cómo lograr eludirlo, pues solamente desde este designio se comprenden los actos materialmente ejecutados, lo que evidencia dolo directo.
Resumen: Constituye una norma de experiencia que en los delitos de trata de seres humanos la presión sobre los testigos-víctima sometidos a la trata y explotación, es muy intensa, por lo que el recurso a la prueba preconstituida debe ser habitual ante la probable incidencia de su desaparición, huida al extranjero e incomparecencia al juicio oral, motivada ordinariamente por el temor a las eventuales consecuencias de una declaración contra sus victimarios. Dentro de la categoría general de testigos protegidos pueden distinguirse dos subcategorías en orden al nivel de protección: los testigos anónimos, de los que ni siquiera se dan a conocer a las partes sus datos personales; y los testigos ocultos, que sí son identificados personalmente con nombres y apellidos, pero que deponen en el plenario con distintos grados de opacidad a la visión o control de las partes procesales. Es la imposibilidad de contradicción y el total anonimato de los testigos de cargo lo que el TEDH considera contrario a las exigencias derivadas del art. 6 del Convenio; por el contrario, en aquellos casos en que el testimonio no pueda calificarse de anónimo sino, en todo caso, de "oculto" (aquel que se presta sin ser visto por el acusado), pero, en los que la posibilidad de contradicción y el conocimiento de la identidad de los testigos -tanto para la defensa como para el Juez o Tribunal llamado a decidir sobre la culpabilidad o inocencia del acusado- resulten respetados, ha de entenderse cumplido el citado art. 6.
Resumen: Condena por delito de abuso sexual cometido sobre menor de dieciséis años. Irrelevancia del consentimiento prestado por el menor para mantener la relación con el acusado. Conocimiento respecto de la edad de la víctima por parte del acusado. Prueba del error sobre un elemento del tipo que corresponde hacerla a quien lo invoca. Virtualidad probatoria de la declaración de la acusada y de la víctima menor de dieciséis años. Continuidad delictiva. Penalidad. Indemnización por daño moral.
Resumen: Confirma la condena impuesta por Juez de Instrucción por delito leve de amenazas. Amenazas grabadas en soporte acompañado con la denuncia inicial. Valoración de las pruebas. La convicción del Juez de instancia se alcanza a partir de las declaracions de la denunciante reforzadas por la grabación de las palabras amenazantes. La defensa recurrente invoca indefensión por no haber escuchado la grabación hasta un momento posterior a la sentencia de condena. La Audiencia rechaza la alegación porque la grabación se hallaba incorporada a la causa desde su inicio, y por tanto a disposición de la defensa del denunciado, y obraba transcrita parcialmente en los autos, de forma que pudo acceder a su contenido en tiempo que le permitio defenderse en juicio de sus contenidos. Pena de multa y su cuantificacion económica. Mantiene una cuota de 8 euros como adecuada a la situación económica del denunciado. Daño moral reclamado pero no incluido como condena de pago al no constar prueba bastante que permita relacionar de forma segura el daño moral reclamado con el hecho sometido a juicio.
Resumen: Las medidas adoptadas bajo el paraguas de la orden de protección a las víctimas de violencia de género exigen la convocatoria urgente de una comparecencia para oír a las partes. No así las medidas urgentes de protección que se adopten como primeras diligencias en un procedimiento penal. En ambos casos es necesaria la existencia de indicios fundados de delito contra la vida, integridad física o moral; y la acreditación de una situación objetiva de riesgo. La Sala aprecia en el caso indicios de varios episodios de violencia física y psíquica, resultantes de la denuncia y declaración de la víctima, que en este primer estadio de la investigación, justifican la adopción de medidas de protección, estimando por ello el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que las deniega.