• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA
  • Nº Recurso: 2121/2018
  • Fecha: 14/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Quien ha sido penalmente condenado carece de legitimación para reclamar que se declare la responsabilidad civil de un tercero, ni siquiera por vía adhesiva. En materia de responsabilidad civil o cuando se trata de elementos que favorecen al reo puede mantenerse la doctrina tradicional a tenor de la cual las aseveraciones fácticas contenidas en la fundamentación jurídica sirven para integrar el hecho probado. La responsabilidad civil subsidiaria opera también en delitos dolosos. La conducta dolosa de un dependiente, auxiliar, subordinado o representante, genera responsabilidad civil del principal cuando aquélla surge con ocasión del ejercicio de sus funciones en virtud de la culpa in eligendo o in vigilando. Lo que excluye el art. 19 LCS es la responsabilidad del asegurador por el acto dañoso cometido de mala fe por el asegurado; pero eso no significa que no pueda quedar cubierto el comportamiento doloso de las personas por cuyas acciones u omisiones el asegurado deba responder. Cláusulas limitativas de derechos en el ámbito del seguro y cláusulas delimitadoras de la cobertura, unas y otras son oponibles al tercero perjudicado que hace uso de la acción directa del art. 76 LCS. La acción directa es inmune a las excepciones personales que el asegurador puede oponer frente al asegurado, pero sí se pueden oponer las "excepciones impropias", entendiendo por tales "aquellos hechos impeditivos objetivos, que deriven de la ley o de la voluntad de las partes".
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR
  • Nº Recurso: 10471/2019
  • Fecha: 12/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En atención a la finalidad de la norma, orientada a reducir a un límite máximo la extensión de la privación de libertad de una persona por hechos cometidos en un determinado lapso temporal, su razonable interpretación no puede impedir que, tras un primer intento de acumulación (o varios, en su caso), se acuda a otras distintas posibilidades si resultan más favorables para el penado. Lo que se pretende es ajustar la respuesta punitiva en fase penitenciaria a módulos temporales aceptables que impidan el objetivo final de la vocación de reinserción a que, por imperativo constitucional, están llamadas las penas de prisión (art. 25 CE). Las condenas con la suspensión de la ejecución reconocida deben incluirse en la acumulación si ello favoreciere al condenado y se considerarán las menos graves, para el sucesivo cumplimiento, de modo que resultarán extinguidas cuando se alcance el periodo máximo de cumplimiento
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RICARDO CUESTA DEL CASTILLO
  • Nº Recurso: 39/2019
  • Fecha: 11/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El tribunal sentenciador, con observancia de los principios de inmediación, contradicción y publicidad, alcanzó racionalmente su convicción sobre el relato de hechos que declaró probados a través de suficiente prueba de cargo, consistente esencialmente en la declaración del testigo-víctima, que manifestó con rotundidad, verosimilitud y sin separarse de sus declaraciones anteriores, cómo ocurrieron los hechos, versión, además, corroborada por la declaración de multitud de testigos. La ausencia de dudas del tribunal sentenciador hace inaplicable el principio in dubio pro reo. Las denunciadas omisiones en la declaración de hechos probados nada tienen que ver con el deber de motivación, pues aquellas solo alcanzarían relevancia si supusieran alguno de los vicios que permiten abrir alguna de las vías casacionales del art. 851 LECRIM, lo que no es el caso. Tampoco incurre la sentencia recurrida en falta de motivación en cuanto a la individualización de la pena, ya que explicita las razones que llevaron a imponer la pena de 10 meses de prisión. La prueba pericial interesada por el recurrente y reiterada en el juicio oral fue correctamente inadmitida, al no atenerse al orden y exigencias legales para su proposición y práctica: la impugnación pretendida de la pericial de la acusación particular pudo ser rebatida mediante la proposición en tiempo y forma de otra pericial de parte o sometiendo aquella a contradicción en el juicio oral.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 10621/2019
  • Fecha: 08/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: No puede existir infracción del acusatorio si la acusación lleva a cabo el anuncio al inicio del juicio la agravación del art. 22.4 CP, lo que descarta cualquier idea de acusación sorpresiva de la que hubiera sido la Defensa desconocedora o de la que no hubiera podido defenderse. Conoció desde un primer momento que se estaba acusando de esa agravante y pudo llevar a cabo lo procedente a sabiendas de que era objeto de la acusación. En todo caso, la agravante se interesaba en las conclusiones por lo que no quiebra el principio acusatorio, y respecto del derecho de defensa, se formuló antes del inicio del juicio oral y de la prueba y no produce ningún tipo de indefensión, ya que no se explica en qué medida ésta se le causó. Cuando no hubiera sido procedente es si se hubiera dictado condena sin recoger en el relato de hechos probados la mención fáctica de la agravante. Ahí es donde hubiera sido inviable, pero no tal cual como ha ocurrido en el presente caso. La acusación incluye en el debate la agravante de género con una redacción acorde con su posibilidad de introducción en el relato fáctico si así surgiera de la prueba, y es lo que ocurre en este caso. Se lleva a cabo una situación de subyugación del sujeto activo sobre el pasivo, pero sin concretarse de forma exclusiva el ámbito de aplicación de la agravante sólo a las relaciones de pareja o ex pareja, sino en cualquier ataque a la mujer con efectos de dominación, por el hecho de ser mujer.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MANUEL MARCHENA GOMEZ
  • Nº Recurso: 10461/2019
  • Fecha: 05/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La existencia de signos de defensa dejados por la víctima durante el episodio de la agresión no conduce, siempre y en todo caso, a neutralizar la aplicación de la agravante de alevosía. Se recuerda la compatibilidad del ataque alevoso (art. 139.1.1 CP) y el asesinato hiperagravado que tiene como víctima a personas singularmente vulnerables.El art. 140.1 del CP castiga con la pena de prisión permanente revisable el delito de asesinato cuando «la víctima sea menor de dieciséis años de edad, o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad, o discapacidad física o mental». Las dificultades surgen cuando la menor edad de la víctima ha sido ya determinante para la calificación del ataque como alevoso.La Sala considera que de lo que se trata es de responder a la cuestión de si la muerte alevosa de un menor cuya edad le inhabilita para cualquier defensa -hay menores que sí pueden defenderse-, impide un tratamiento agravado acorde con su mayor antijuridicidad. Y la respuesta que da es negativa. Concluye que la muerte alevosa de un niño siempre será más grave que la muerte alevosa de un mayor de edad que es asesinado mientras duerme o se encuentra bajo los efectos de sustancias que le obnubilan. La condición de la víctima menor de 16 años de edad supone un fundamento jurídico distinto que justifica la decisión del legislador, y que no implica un mecanismo duplicativo (bis in idem) que impida la calificación en el art. 140.1.1º del Código Penal.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR
  • Nº Recurso: 10548/2019
  • Fecha: 05/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Delito de abuso sexual, con penetración, a menor de dieciséis años (art. 183.3 C.P.) Delito de prostitución y corrupción de menores (art. 188.1 C.P.). Delito de quebrantamiento de medida cautelar. Recurso de casación por vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Ámbito de control, a través del recurso de casación, de la actividad probatoria desplegada en la instancia. El control de la estructura racional del juicio de autoría. La validez de la declaración de la víctima como prueba de contenido incriminatorio. La prueba indiciaria. La responsabilidad civil ex delicto. La determinación del importe de la indemnización. El daño moral indemnizable.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES PALOMO DEL ARCO
  • Nº Recurso: 1158/2018
  • Fecha: 29/04/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Delitos contra la hacienda pública, falsedad documental y contable, delito blanqueo y tráfico de influencias. El TS desestima en lo principal los recursos interpuestos y examina los diferentes tipos delictivos señalados. En concreto, en relación con el delito de tráfico de influencias afirma que existe prueba suficiente para tener por acreditada de modo inequívoco, la comisión de un delito continuado de tráfico de influencias; donde las comisiones a cambio de obra pública adjudicada, se pactaban con el tesorero de un partido político, quien se comprometía a obtener el resultado de la adjudicación por el importe pactado a través de las diversas administraciones que ese partido gobernaba, incidiendo (prevaliéndose) de su posición en el partido, ya sobre responsables políticos (autoridades) ya sobre concretos funcionarios. Resultados que efectivamente se conseguían y que servían a su vez de sustento confirmatorio al dar contenido al concierto del ejercicio siguiente, como documentalmente obra.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANA MARIA FERRER GARCIA
  • Nº Recurso: 10553/2019
  • Fecha: 14/04/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El acusado acopió material que él mismo elaboró, grabando los encuentros sexuales que mantuvo con la menor (reiterados contactos sexuales con penetración). Los archivos integran material pornográfico para cuya confección involucró a una joven de 14 años. Los vídeos almacenados en su ordenador evidencian que las grabaciones fueron algo más que una mera práctica erótica o técnica de estimulación, abocada a ser destruida. El acusado los grabó con finalidad de permanencia y fueron confeccionados y conservados en condiciones de poder ser reproducidos. La tipicidad fluye con naturalidad. Daño moral. Los daños morales no dependen, a diferencia de los materiales, de una determinación objetiva. La jurisprudencia ha mantenido que no tienen que concretarse con alteraciones patológicas o psicológicas sufridas por las víctimas, sino que pueden surgir de la mera significación espiritual que tiene el delito para ella y de la necesidad de integrarlo en su experiencia vital. Cuando no haya alteraciones objetivamente perceptibles, no requiere más parámetros para la evaluación de su alcance que la gravedad de la acción que lesionó a la persona perjudicada, la importancia del bien jurídico protegido y las singulares circunstancias de la víctima. Solo puede ser objeto de control casacional cuando sea manifiestamente arbitrario y objetivamente desproporcionado.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SUSANA POLO GARCIA
  • Nº Recurso: 3576/2018
  • Fecha: 06/04/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La incongruencia omisiva es atendible en aquellos casos en que el tribunal no se pronuncie sobre el contenido de la pretensión, silenciando aspectos esenciales para la adecuada calificación de los hechos, sin perjuicio de la posibilidad de una desestimación implícita respecto de aquellas cuestiones que no han sido acogidas por el órgano decisorio. El control casacional en relación a la presunción de inocencia se concreta en verificar si la motivación fáctica alcanza el estándar exigible y si, por ello, la decisión alcanzada por el tribunal sentenciador es, en si misma considerada, lógica, coherente y razonable, de acuerdo con las máximas de experiencia, reglas de la lógica y principios científicos. El motivo esgrimido al amparo del artículo 849.2 LECrim exige: 1) que se funde en verdadera prueba documental; 2) que evidencia error de algún dato o elemento fáctico o material; 3) que tal dato no se encuentre en contradicción con otros elementos de prueba; 4) que el dato contradictorio así acreditado sea importante para alterar el fallo. En la medida en que se aleje del mínimo legal se hará más patente la necesidad de explicar fundadamente la razón de la pena que se impone, motivación que en su corrección es controlable en casación por la vía de la corriente infracción de ley. En la coautoría existe una corresponsabilidad de los copartícipes respecto al resultado que finalmente se produzca en la ejecución del delito.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO LLARENA CONDE
  • Nº Recurso: 10126/2019
  • Fecha: 31/03/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La predeterminación del fallo, como vicio de procedimiento, queda limitada a aquellos supuestos en los que la significación jurídica se incorpora a la descripción histórica, de modo que cierre a las partes procesales el debate propio del juicio de subsunción legal. Las grabaciones telefónicas tienen la consideración de prueba documental (documento fonográfico) por lo que pueden incorporarse al proceso como prueba documental de maneras distintas. Es admisible que se dé por reproducida, siempre que dicha prueba se haya conformado con las demás garantías y se haya podido someter a contradicción sin merma del derecho de defensa. La jurisprudencia de la Sala niega legitimación a las partes para invocar derechos fundamentales ajenos. Se han considerado determinantes de una responsabilidad como autor las aportaciones necesarias para el transporte de la droga. La jurisprudencia descarta la instrumentalización de la aclaración para alterar los fundamentos jurídicos o el sentido del fallo, si bien ha aceptado como una posibilidad de corrección, por razones de economía procesal, la pena impuesta de manera manifiestamente equivocada a tenor de la fundamentación jurídica ofrecida en la sentencia, siempre que no descanse en nuevas interpretaciones valorativas. El consumo de sustancias estupefacientes, aunque sea habitual, no permite por sí solo la aplicación de una atenuación.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.