• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANA MARIA FERRER GARCIA
  • Nº Recurso: 3941/2018
  • Fecha: 29/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Alcance de la legitimación en casación del responsable civil subsidiario: la doctrina del Tribunal Supremo no ha sido siempre lineal. Ha oscilado entre una postura muy restrictiva, según la cual el responsable civil subsidiario tiene delimitada su actuación dentro del proceso penal al área puramente indemnizatoria, que se agota en la impugnación de los daños y perjuicios. Otra postura apunta a una ampliación, para evitar la indefensión, a todos los extremos que afecten a la consideración antijurídica del hecho fuente de su responsabilidad. En todo caso, se le niega para las cuestiones de hecho. En el caso, el recurrente plantea cuestiones que exceden de su ámbito de legitimación. En los hechos probados, se pone de manifiesto la connivencia en la estrategia de defraudación del recurrente en su calidad de empleado de la entidad condenada. La responsabilidad civil subsidiaria se vertebra en dos notas: una relación de dependencia entre el autor del delito y el principal y que el autor actúe extralimitándose dentro de sus funciones. La determinación de la responsabilidad civil subsidiaria no está influenciada por el derecho a la presunción de inocencia. Requisitos de la vía del error en la apreciación de la prueba. La conformidad en sentencia es un punto de partida inmodificable para la responsabilidad civil. El responsable civil subsidiario sólo puede impugnar las circunstancias que determinan el alcance de su responsabilidad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANA MARIA FERRER GARCIA
  • Nº Recurso: 3438/2018
  • Fecha: 29/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Considerada la prescripción institución fundada en razones de orden público, interés general o de política criminal que se reconducen al principio de necesidad de la pena, su apreciación queda condicionada a la concurrencia de los presupuestos objetivos sobre los que se asienta, inactividad procesal y transcurso del tiempo legalmente fijado, al margen de cualquier referencia a la conducta procesal del titular de la acción penal. Que la prescripción es un instituto con una marcada vertiente material, que impone, entre otros efectos, una obligada interpretación pro reo, no admite discusión en la actual jurisprudencia. Y precisamente ese principio veta interpretaciones extensivas de la norma que operen en su contra. El legislador solo ha reconocido virtualidad para interrumpir el plazo de prescripción al proceso penal encaminado a depurar las responsabilidades derivadas del delito, y no a otro. Por más que, como ocurre en relación a las cuestiones prejudiciales sustentadas con apoyo en el artículo 4 LECRIM, de carácter excepcional en función de la extensión de competencia que proclama el artículo precedente, aquel penda de los resuelto en un procedimiento seguido ante otra jurisdicción. Una pendencia que, desde la óptica del proceso penal y los principios que lo inspiran, habría de ser interpretada como inactividad a efectos de prescripción.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANA MARIA FERRER GARCIA
  • Nº Recurso: 3888/2018
  • Fecha: 28/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Homicidio intentado, diferencia con lesiones. No hay desistimiento voluntario. Se alcanzó un grado de ejecución que, de no mediar asistencia médica urgente, hubiera determinado la muerte, y no hubo un acto positivo para tratar de enervar el riesgo creado. Cuestiones planteadas ex novo en la casación. Atenuante de confesión. No concurre: el acusado omitió un dato sustancial, el empleo de un arma en la agresión, uno de los factores que apuntalan la calificación de los hechos como delito de homicidio intentado y no lesiones. Reparación del daño. No incluye la fianza personal, suma destinada a garantizar la disponibilidad y presencia del acusado en el proceso, de manera que quien la constituyó la pierde si una vez requerido, no presenta al afianzado que hubiere eludido el llamamiento judicial sin alegar justa causa que se lo hubiera impedido. Función aseguradora que perdura incluso hasta después de sentencia, si esta resulta condenatoria, y hasta el momento en que el acusado, ya penado, se presente para el cumplimiento de la pena. En definitiva, no es una suma de la que al comienzo de la vista el penado pudiera disponer. Por lo que ninguna virtualidad cabe otorgar a las manifestaciones del letrado ofreciendo el importe de la fianza personal para reparar el daño, más allá que la de un mero ofrecimiento, de otro lado incierto, que queda fuera del ámbito de aplicación de la atenuante del 21. 5 CP. Rebaja penológica de la tentativa.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES MARTINEZ ARRIETA
  • Nº Recurso: 3259/2018
  • Fecha: 27/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Obra con dolo quien, conociendo que genera un peligro concreto jurídicamente desaprobado, no obstante, actúa y continúa realizando la conducta que somete a la víctima a riesgos que el agente no tiene la seguridad de poder controlar y aunque no persiga directamente la causación del resultado, del que no obstante ha de comprender que hay un elevado índice de probabilidad de que se produzca. El conocimiento del peligro propio de una acción que supera el límite de riesgo permitido es suficiente para acreditar el carácter doloso del comportamiento, al permitir admitir el dolo cuando el autor somete a la víctima a situaciones peligrosas que no tiene seguridad de controlar, aunque no persigue el resultado típico.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SUSANA POLO GARCIA
  • Nº Recurso: 3074/2018
  • Fecha: 26/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se estima el recurso y se absuelve del delito de falsedad documental. Se aplica la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas muy cualificada. Precisa la sentencia que la actuación de la acusación particular no fue inútil o superflua, ya que como el propio Tribunal reconoce su actuación fue loable a lo largo de todo el proceso, y como la recurrente apunta, la condena ha llegado amparada en gran medida por esta labor, puesto que las periciales que han servido para cuantificar el daño o incluso para identificar la falsedad documental que ha sido objeto de condena. No cabe excluir las costas de la acusación particular. La excusa absolutoria prevista en el artículo 268 del Código Penal y el art. 103 LECrim.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR
  • Nº Recurso: 3241/2018
  • Fecha: 26/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Venta por el acusado de dos cuadros de gran valor artístico que se le habían depositado, sin conocimiento ni permiso del propietario. Error en la apreciación de la prueba. Es cuestión esencial para la determinación de la concurrencia de la agravación el valor de lo defraudado, que, en el presente caso, sólo se cuantifica en la operación de venta a terceros y no cuando se constituye el depósito. En el caso, la Audiencia opera con tres parámetros: el valor de venta de los cuadros, el valor de reventa y la tasación. Criterios jurisprudenciales para determinar el valor de la defraudación. No necesaria coincidencia entre los conceptos de perjuicio y de valor de lo defraudado, aunque en alguna sentencia se hayan considerado como el anverso y reverso de la misma moneda. El valor de las cosas no radica en su coste inicial, sino en la cantidad que se puede obtener en determinado momento. En el delito de estafa el valor de la defraudación es aquello de lo que se ha dispuesto en virtud del engaño y el perjuicio son las consecuencias económicas de todo orden. Es erróneo el criterio de la Audiencia que confunde ambos conceptos. El valor de los cuadros es el valor de tasación pericial. Credibilidad profesional. Apreciación restrictiva. Toda apropiación indebida supone un abuso de confianza. Inhabilitación especial: procedencia. Intereses moratorios: en materia civil rige el principio dispositivo. Siempre que sea posible procede la restitución de la cosa. No procede: adquirente de buena fe.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MIGUEL COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA
  • Nº Recurso: 3726/2018
  • Fecha: 26/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El recurrente, mediante precio, acordó con dos mujeres, que trabajaban en un club, trasladarse a su domicilio con la finalidad de llevar a cabo prácticas sexuales. Una vez allí, y sin su conocimiento ni consentimiento, les suministró, dentro de una bebida que él preparó, anfetaminas y cocaína, cuyo consumo les causó lesiones. En cuanto al derecho al Juez ordinario, y la competencia territorial, la defensa del recurrente no cuestionó la competencia del Juzgado de instrucción, o la de la Sección de la Audiencia Provincial que enjuició los hechos, en los momentos procesales oportunos. Las diligencias de investigación acordadas antes del transcurso de los plazos legales serán válidas, aunque su recepción tenga lugar con posterioridad a la expiración de los mismos. El hecho de suministrar la droga a las mujeres vino precedido de su posesión con finalidad de proporcionarla a terceros. La tenencia en esas condiciones supone ya el riesgo para la salud pública que se trata de evitar mediante la pena correspondiente a este tipo delictivo. Para la consumación habría bastado la tenencia con ofrecimiento a las mujeres, aunque éste fuera rechazado. Se aplica el subtipo atenuado, pues aunque no se ha podido determinar la cantidad exacta de droga que el recurrente tenía en su poder, de los hechos resulta que no podía ser muy alta, dadas las circunstancias concurrentes. Es cierto que la utilización de la misma merece un especial reproche, pero éste queda comprendido en el delito de lesiones.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MIGUEL COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA
  • Nº Recurso: 4051/2018
  • Fecha: 26/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La imparcialidad constituye el núcleo de la función de juzgar, pues sin ella no puede existir el "proceso debido" o "juicio justo. Este derecho presenta las características propias de un derecho de configuración legal en cuanto al modo y momento de su ejercicio. No cabe apreciar la lesión de este derecho si el recurrente tuvo ocasión de plantear tempestivamente la recusación y no lo hizo. Esta garantía de imparcialidad se concibe en favor de las partes procesales, pero también, y sobre todo, en interés público, por lo que han de tomarse en cuenta todos aquellos supuestos en que concurra una "sospecha razonable de parcialidad". El Tribunal nacional no puede concluir que el acusado sea culpable simplemente porque ha escogido guardar silencio. Solo en los casos en que la prueba existente en contra del acusado le coloque en una situación en la que le sea exigible una explicación, su omisión puede, como razonamiento de sentido común, permitir sacar en conclusión la inferencia de que no ha habido explicación y de que el acusado es culpable. La prueba ha de ser pertinente, esto es, relacionada con el objeto del juicio y con las cuestiones sometidas a debate en el mismo; ha de ser relevante, de forma que tenga potencialidad para modificar de alguna forma importante el sentido del fallo, a cuyo efecto el Tribunal puede tener en cuenta el resto de las pruebas de que dispone; ha de ser necesaria, es decir, que tenga utilidad para los intereses de defensa y ha de ser posible.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MIGUEL COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA
  • Nº Recurso: 3918/2018
  • Fecha: 26/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Cuando el vehículo es utilizado como instrumento para causar con dolo directo las lesiones que sufrieron los peatones atropellados; se excluye la responsabilidad civil de la entidad aseguradora con arreglo al acuerdo de esta Sala de 24 de abril de 2007 relativo a la cobertura del seguro obligatorio de responsabilidad civil. Ahora bien, en el caso que ahora se enjuicia los riesgos generados por el vehículo se hallaban también cubiertos con una póliza de seguro voluntario. La aseguradora alega que las cláusulas generales de la póliza de seguro voluntario excluyen de la cobertura aquellos supuestos en que se utilice un vehículo a motor como instrumento de la comisión de delitos dolosos contra las personas y los bienes. Tal cláusula general es cierta. Sin embargo, a ello debe replicarse que la jurisprudencia viene estableciendo un distinto régimen de responsabilidad con motivo de la circulación de vehículos de motor cuando se opera con el seguro obligatorio y el voluntario.Con respecto a este se considera que no puede oponerse frente a las víctimas la "exceptio doli" , a tenor de lo que se dispone en el art. 76 de la Ley de Contrato de Seguro. Tratándose de riesgos cubiertos por seguro voluntario frente a terceros perjudicados, la Sala II tiene establecido que ni se excluye la responsabilidad por actos dolosos del asegurado, dentro de los límites de cobertura pactados, ni el asegurador puede hacer uso de las excepciones que le corresponderían.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO DE PORRES ORTIZ DE URBINA
  • Nº Recurso: 10668/2019
  • Fecha: 26/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurso contra el auto de acumulación de penas. El Ministerio Fiscal apoya uno de los motivos. Se alega, en primer motivo, la falta de incorporación de los testimonios de las ejecutorias pendientes. Su ausencia no determina automáticamente la nulidad del procedimiento, si se puede llevar a cabo la acumulación con los datos del certificado de antecedentes penales. Se alega, en segundo lugar, carencia de una defensa eficaz al no habérsele dado traslado a su defensor el escrito inicial. Derecho de defensa en la legislación procesal. No se agota en las actuaciones previas a la sentencia judicial o a la resolución judicial, sino que se extiende a recursos e incluso a los trámites de ejecución. Se precisa la intervención letrada en el trámite de audiencia para que se haga un correcto ejercicio del derecho de defensa. En el caso, el recurrente presentó escrito firmado por su letrado defensor y la ausencia de traslado a su defensa antes de la resolución del expediente de acumulación no entraña indefensión. No se acuerda la nulidad por ese motivo, pero sí por la incompetencia del Juzgado para resolver sobre el expediente, por existir cuatro sentencias posteriores a la dictada por el Juzgado que dicta el auto. En consecuencia, se declara la nulidad del auto y se acuerda su devolución para que se proceda con arreglo a Derecho.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.