• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: WENCESLAO FRANCISCO OLEA GODOY
  • Nº Recurso: 50/2022
  • Fecha: 07/02/2024
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO JOSE NAVARRO SANCHIS
  • Nº Recurso: 3803/2023
  • Fecha: 07/02/2024
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: La cuestión con interés casacional objetivo es la relativa a los requisitos para la comparabilidad entre fondos OICVM (organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios) o UCITS según sus siglas en inglés (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) establecidos en la Unión Europea y autorizados con un marco legal armonizado, que pueden ser comercializados en cualquier país de la Unión Europea y los Organismos de Inversión Colectiva (OIC) de Andorra regulados por el Texto Refundido de la Ley 10/2008, de 12 de junio, de la regulación de los organismos de inversión colectiva de derecho andorrano (en adelante Ley 10/2008).Plantea cuestiones similares a los recs. 3795/2023 3800/2023, 3801/2023 y otros.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO JOSE NAVARRO SANCHIS
  • Nº Recurso: 3795/2023
  • Fecha: 07/02/2024
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo consiste en: 1) Precisar qué parámetros deben tenerse en consideración a efectos del análisis de comparabilidad entre OICVM no armonizados no residentes y las IIC residentes en España. 2) Aclarar a quién corresponde la carga de la prueba de que se cumplen los requisitos de comparabilidad, y, en particular, si la autoridad administrativa española, cuando dude motivadamente del satisfactorio grado de acreditación, debe utilizar activamente las facultades de obtención de información de que disponga en virtud del CDI o instrumento convencional análogo suscrito con el país de origen o residencia del fondo no residente. 3) Dilucidar si el análisis de la suficiencia de los mecanismos existentes para obtener información sobre los fondos de inversión residentes en Andorra debe buscar la identidad con los que España tiene con otros Estados miembros de la Unión Europea o la mera equiparación y la efectividad de los mismos para el fin pretendido, decidiendo, en consecuencia, si la cláusula para el intercambio de información en materia fiscal, prevista en el artículo 5 del Acuerdo entre el Reino de España y el Principado de Andorra, podía ser suficiente.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Coruña (A)
  • Ponente: MARIA DEL CARMEN NUÑEZ FIAÑO
  • Nº Recurso: 15238/2023
  • Fecha: 07/02/2024
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La regularización practicada en ambos ejercicios por la Administración tributaria actuante consistió en rechazar las cantidades consignadas por el contribuyente en sus autoliquidaciones en concepto de deducción por adquisición de vivienda, concretamente por considerar que la vivienda litigiosa no era habitual y que no se justificaba la relación del préstamo obtenido por el contribuyente con la construcción de esa vivienda. Sobre ese mismo contribuyente y caso, pero referido a otros ejecicios, ya había recaído sentencia, cuya doctrina se traslada ahora, aunque el testimonio de la hermana y de la tía del contribuyente en que esa primera sentencia se basó no se llegaron a repetir. Así las cosas, la sentencia señala, primero, que la vinculación del préstamo y la adquisición de la vivienda litigiosa resultaba de la prueba practicada en las actuaciones, y del testimonio del arquitecto encargado de la elaboración del proyecto básico y de ejecución para su construcción, que realmente consistió en la instalación de una casa prefabricada de madera en un terreno propiedad del contribuyente. Y en cuanto al carácter de la vivienda litigiosa como vivienda habitual, convencen a la sentencia los testigos que a pesar de ser dos familiares, hermana y tía del contribuyente, se considera que esa cercanía era precisamente la que les ha permitido conocer datos de importancia como que el contribuyente vivía solo y comía en casa de su madre, lo que explicaba el bajo consumo de luz y agua
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Ciudad Real
  • Ponente: JESUS DE PAZ MARTIN
  • Nº Recurso: 21/2022
  • Fecha: 06/02/2024
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La demanda tenía por objeto la reclamación de los daños y perjuicios, patrimoniales y morales, derivados del cumplimiento defectuoso de la prestación de servicios profesionales de las demandadas, a las que se había encomendado la elaboración y presentación de las declaraciones fiscales de la demandante, por causa de cuyo incumplimiento la Agencia Tributaria llevó a cabo una inspección, con nuevas y más gravosas liquidaciones de impuestos y con sanciones, que la actora ha debido afrontar mediante préstamos con interés. La Audiencia confirma el criterio del juzgado en lo que se refiere a la legitimación pasiva, que corresponde a la entidad que presta los servicios y percibe por ellos la retribución pactada, no a la concreta persona física encargada de la cuenta de la actora. La obligación del profesional es siempre de medios o actividades conforme a la "lex artis" y no de resultado, sin que quepa la inversión de la carga de la prueba, y en este caso solo una parte de los daños a que se refiere la demanda pueden ser imputados a la negligencia de la entidad demandada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARLOS LESMES SERRANO
  • Nº Recurso: 381/2021
  • Fecha: 06/02/2024
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARLOS LESMES SERRANO
  • Nº Recurso: 62/2022
  • Fecha: 06/02/2024
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARLOS LESMES SERRANO
  • Nº Recurso: 70/2022
  • Fecha: 06/02/2024
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Santa Cruz de Tenerife
  • Ponente: EDUARDO JESUS RAMOS REAL
  • Nº Recurso: 167/2023
  • Fecha: 06/02/2024
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El Tribunal Superior de Justicia estima los dos motivos de impugnación que plantea el demandante y declara nulo el despido objetivo por ineptitud sobrevenida que el Juzgado había declarado improcedente. Al tratar del primer motivo de impugnación, la Sala cita diversa jurisprudencia sobre esta causa de despido y en cuanto al caso, considera que el trabajador, tras un muy largo proceso de incapacidad temporal y prórroga, fue dado de alta por el Instituto Nacional de la Seguridad Social al entender que podía desarrollar su actividad laboral y el Servicio de Prevención de Riesgos lo volvió a examinar, considerando que era apto con limitaciones para cumplir con sus funciones de operario de almacén, con revisión en tres meses, estando limitado para lo que era la carga manual de pesos superiores a los ocho kilogramos y la bipedestación prolongada, lo que la Sala entiende que revela aptitud para realizar aquellas tareas, ya que lo que debió hacer la empresa es adaptar el puesto de trabajo del demandante y no despedirle. Siendo que ello llevaría a la calificación de despido improcedente, la Sala lo declara nulo al estimar el segundo motivo de impugnación, haciendo ver que ese amplio y previo proceso de incapacidad temporal es una situación de enfermedad de larga duración, equiparable con una situación de discapacidad, considerando que esa falta de adaptación del puesto de trabajo supuso un acto contrario a la proscripción por tal condición personal.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Coruña (A)
  • Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO MEJUTO
  • Nº Recurso: 7310/2022
  • Fecha: 06/02/2024
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El trabajador vio estimada parcialmente su demanda de horas extraordinarias y recurre solicitando la estimación total. La Sala considera inviable el recurso pues no consta una distribución en los hechos declarados probados de los distintos tiempos realmente realizados por el actor, sino que se hacen elucubraciones sin más base fáctica que una indebida remisión a un informe de la ITSS en el que en 100 folios se recogen datos relativos a su pretensión, pero sin una clasificación que a él correspondía; otro, la falta de prueba de su pretensión (vía artículo 217 LEC y motivo fundamental de la desestimación); y, finalmente, la ausencia total de una explicación de las eventuales operaciones realizadas por el recurrente. en materia de transporte . Además en supuestos idénticos al presente, de trabajador que tiene como actividad la de conductor, distingue entre trabajo efectivo y tiempo de presencia o disponibilidad; afirmándose la dificultad de valorar la tarea ocupacional efectiva, sujeta a interrupciones, que impide reconocer automáticamente como hora extraordinaria el exceso de jornada realizado. Recuerdan también las especialidades en la práctica y valoración de la prueba de tacógrafos.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.