Resumen: Admisión. La cuestión en la que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si la extinción de las autorizaciones de residencia de familiares de ciudadanos de la Unión Europea por desaparición de las condiciones que justificaron su concesión ha de ser decretada inicialmente por los Jefes de las Oficinas de Extranjeros o por los Delegados o Subdelegados del Gobierno.
Resumen: Estimado incidente de nulidad de actuaciones y Admisión del Recurso de casación. La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar cómo debe operar el principio de vinculación a las hojas de aprecio en relación con la indemnización de la facultad de participar en actuaciones de nueva urbanización. Examinadas las actuaciones del recurso de casación 8145/18, se constata que, ante un escrito de preparación de recurso de casación similar al obrante en el presente recurso y referido a una cuestión de sustancial identidad, se dictó auto de admisión a trámite el 4 de marzo de 2019 del recurso de casación 7023/18, por lo que, a instancia de la recurrente, se declara la nulidad de la providencia de 3 de julio 2019 y la admisión a trámite del recurso de casación n° 8145/2018, preparado por la recurrente contra la sentencia nº 4110/18, de 15 de octubre- de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de conformidad con el artículo 240.2 en relación con el artículo 238.3 de la LOPJ.
Resumen: Se anula una sentencia del TSJ de Andalucía en relación con la inactividad de la administración autonómica en el procedimiento y pago de liquidación de una concesión de ayuda de subvenciones para la ejecución de las acciones en materia de formación profesional para el empleo. Declara el TS, por remisión a la STS de 23.1.2018, que la Administración demandada venía obligada a la ejecución del acto firme de concesión de la subvención, una vez acreditado el cumplimiento de la condición a que estaba subordinado el derecho ya declarado en la resolución de concesión. Finalmente, con remisión a los fundamentos de la STS de 6.3.2018, entiende que el acto del beneficiario de una subvención otorgada por acto firme de la Administración por el que se justifica el cumplimiento de la actividad a que se obligó con el otorgamiento de la subvención, constituye una actuación a la que aquel viene obligado, que no inicia un procedimiento administrativo sujeto a un plazo máximo de resolución. La Administración viene obligada al abono de la subvención concedida o la cantidad parcial pendiente, una vez verificada la completitud de la justificación presentada.
Resumen: Se desestima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia desestimatoria del recurso formulado por las mercantiles contra la resolución desestimatoria de la solicitud que compelía a la Administración valenciana al inmediato cumplimiento del acuerdo -31-10-08- relativo a la contratación de la totalidad de las plazas en centros concertados en régimen de accesibilidad de las actoras y al reconocimiento expreso de la absoluta preferencia de estos centros para la cobertura de tales plazas. Rechaza seis submotivos formulados ex art. 88.1.c) LJCA, donde se denunciaba: incongruencia extra petita, infracción de los arts. 33 y 65.2 LJCA, reformatio in peius, erronea valoración de la prueba, falta de motivación e insuficiente motivación de la sentencia. También rechaza doce submotivos formulados ex art. 88.1.d) LJCA, razonando, en esencia, la improcedencia de la integración de hechos pretendida, pues además de que el art. 88.3 no es un cauce de impugnación diferenciado, lo que pretenden las recurrentes es cambiar la valoración conjunta efectuada por una interpretación de parte de determinados documentos; y, respecto de las infracciones del TRLCAP y del CC denunciadas, que el acuerdo de 31-10-08 fue correctamente interpretado, sin existir incumplimiento alguno de pacto alguno, sino un Protocolo de colaboración, condicionado a la existencia de disponibilidad presupuestaria y de la tramitación del oportuno procedimiento, sin que nunca existiera un derecho al 100 % de las plazas.
Resumen: Responsables solidarios. Determinación del alcance de las facultades impugnatorias de los declarados responsables en relación con las liquidaciones tributarias o las sanciones impuestas al deudor principal. El artículo 174.5 de la Ley General Tributaria debe interpretarse en el sentido de que permite al responsable impugnar las liquidaciones y sanciones relativas al obligado principal de manera plena, incluso si esos acuerdos (referidos al deudor principal) han adquirido firmeza. Esas extensas potestades impugnatorias no quedan limitadas, exceptuadas o reducidas por el hecho de que el responsable declarado fuera administrador de la sociedad deudora principal. La interpretación incorrecta efectuada por la Sala de instancia de aquel precepto no determina el acogimiento de la casación si la sentencia ha analizado, en cuanto al fondo, las liquidaciones y la sanción derivada y ha declarado su conformidad a derecho a tenor de una valoración de la prueba no combatida en casación. Remisión a la doctrina de la Sala, contenida en la sentencia de 13 de marzo de 2018, dictada en el recurso de casación núm. 53/2017.
Resumen: Reintegro parcial de subvención. Admisión a trámite del recurso de casación. La cuestión que presenta interés casacional objetivo consiste en determinar si, en un procedimiento administrativo de reintegro de subvenciones, transcurrido el plazo máximo para resolver el mismo previsto en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, la Administración está obligada a dictar una resolución expresa que declare la caducidad del mismo, de manera que la omisión de la misma impide la válida iniciación de un nuevo procedimiento de reintegro, no obstante no haber transcurrido el plazo de prescripción para exigir el reintegro, o bien tal omisión debe ser considerada una irregularidad no invalidante.
Resumen: Interés casacional objetivo a fin de precisar la jurisprudencia existente. Antecedentes: ATS de 4 de octubre de 2019 (RCA 2911/2019). Las cuestiones planteadas en el recurso, que presentan interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia, consisten en:(i) Precisar y completar la jurisprudencia de la Sala Tercera sobre la posibilidad de que una norma autonómica pueda introducir limitaciones y/o restricciones para la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor, una vez vigente la Ley 9/2013, de 4 de julio, pero con anterioridad al desarrollo reglamentario del artículo 48 LOTT por el Real Decreto 1057/2015, de 21 de noviembre. (ii) Determinar, en particular, si la Comunidad Autónoma de Baleares, en el marco de las competencias que tiene atribuidas, puede acometer dicha regulación con anclaje directo en la Ley 9/2013, de 4 de julio, sin esperar al desarrollo reglamentario llevado a cabo por el Real Decreto 1057/2015, de 21 de noviembre; y a tal efecto determinar si la Disposición adicional tercera de la Orden FOM/36/2008 y la Disposición adicional octava LOTT son títulos habilitantes suficientes para ello. Se trata de aclarar si las Comunidades Autónomas pueden acometer directamente el desarrollo reglamentario al que alude el artículo 48 LOTT tras su reforma por la Ley 9/2013, estableciendo las restricciones que consideren oportunas en el marco de LOTT y de la LGUM; o si, por el contrario, era necesario el previo desarrollo reglamentario estatal.
Resumen: Solicitudes de devolución de cantidades ingresadas en concepto de Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT), formalizadas al amparo del artículo 66.3 LIIEE, por el envío de vehículos fuera del territorio de aplicación del impuesto. ¿El reconocimiento de la devolución solicitada exige que estén a nombre del revendedor los certificados de baja de los vehículos emitidos por la Dirección General de Tráfico? Extemporaneidad de reclamaciones económico-administrativas. Eventual incumplimiento en las notificaciones de las liquidaciones tributarias provisionales de lo dispuesto en el artículo 58.2 LRJPAC, en cuanto a la indicación de si eran o no firmes en vía administrativa, y aplicabilidad del artículo 58.3 LRJPAC, pese a que el pie de recursos informaba correctamente de los procedentes para agotar la vía administrativa. El artículo 66.3 LIIEE, cuando señala que "[e]l envío con carácter definitivo fuera del territorio de aplicación del impuesto del medio de transporte se acreditará mediante la certificación de la baja en el registro correspondiente expedida por el órgano competente en materia de matriculación", no está exigiendo que la solicitud de baja de los vehículos se lleve a efecto por el empresario dedicado a la reventa que solicita la devolución de la cuota del IEDMT, pudiendo dicho empresario demostrar la propiedad de los vehículos en el momento de la solicitud de su baja por cualquiera de los medios admitidos en Derecho.
Resumen: Antecedentes: AATS de 20 de septiembre de 2019 y de 11 de octubre de 2019. RRCA 3872/2019 y 3450/2019. La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es precisar la doctrina a fin de determinar si el artículo 44 LJCA resulta aplicable a los litigios entre Administraciones Públicas cuando una de ellas es beneficiaria de una subvención otorgada por otra Administración. En esta línea, se pone de manifiesto en el auto de admisión que según la jurisprudencia dictada el requerimiento previo del artículo 44 LJCA procede solamente en aquellos litigios entre Administraciones cuando éstas ejercen potestades de derecho público; sin embargo, considera aconsejable un nuevo pronunciamiento a fin de determinar si el citado artículo 44 LJCA resulta aplicable a los litigios entre Administraciones Públicas cuando una de ellas es beneficiaria de una subvención otorgada por otra Administración. Esto es, se trata de precisar si en estos casos la Administración beneficiaria actúa como Administración Pública ejerciendo potestades administrativas o facultades de imperium, o bien actúa como un particular.
Resumen: Cancelación de la inscripción en el registro de régimen retributivo específico en estado de explotación de la unidad retributiva. Admisión a trámite del recurso de casación. La cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en interpretar la Disposición Adicional segunda del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, a fin de determinar el cómputo de la fecha de inicio para la contabilización de la vida útil regulatoria de aquellas instalaciones en las que el acta de puesta en marcha e inicio del devengo del régimen primado no coinciden en el tiempo.