Resumen: Admisión a trámite del recurso de casación. La cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en interpretar el artículo 62.4 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, en relación con el artículo 49.2 del mismo, a fin de determinar si puede imputarse al consumidor el coste del cambio de contador del gas en caso de que sea necesario sustituirlo por haber sido manipulado.
Resumen: La cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar la incidencia de la supresión de las ayudas acordada por la Disposición adicional segunda de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, a efectos de la determinación del "dies a quo" para el cómputo del plazo de la prescripción de la Administración del Estado para reclamar la devolución de las cantidades no justificadas y transferidas a la Comunidad Autónoma en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2009-2012 y anteriores. Se pone de manifiesto en el auto que esta decisión de admisión se aparta de lo acordado en la providencia de 10 de enero de 2019 que inadmitió a trámite el recurso de casación n.º 6874/2018, interpuesto por el Letrado de la Ciudad de Ceuta contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de la misma Sección Octava, de 8 de junio de 2018, por la que se desestimaba el recurso contencioso-administrativo n.º 270/2017, que cita la sentencia de la Audiencia Nacional ahora recurrida. Y ello atendida una reconsideración del alcance de la prescripción y la fijación del dies a quo y el planteamiento de las partes en aquel y en este recurso. Así consideramos suficientemente justificado el interés casacional objetivo en los términos que recogemos en el presente auto.
Resumen: Para el examen de la cuestión casacional suscitada la Sala debe tomar en consideración el presupuesto que determina la aplicación del artículo 57.2º de la Ley Orgánica de Extranjería, conforme al cual, procederá la expulsión cuando el extranjero "haya sido condenado, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados". Es decir, la expulsión requiere una condena por delito que tenga asignada la referida pena. Ahora bien, cuando la condena haya sido impuesta por un Tribunal y conforme a la normativa criminal de otro país, se impone la condición de que la conducta dolosa castigada --no el delito en sentido formal-- sea constitutiva en España de un delito que nuestras leyes penales castiguen con pena superior a un año. Siendo esa equiparación de conductas el presupuesto de la orden de expulsión; que es lo que se acuerda en la resolución administrativa, es necesario dejar constancia de todo ese proceso de equivalencia entre conductas castigadas y tipos penales de nuestro Derecho. Y, para el caso de que no se haya dejado constancia, se producirá indefensión al interesado por no haber podido efectuar alegaciones y aportar, en su caso, las pruebas pertinentes, en defensa de su derecho. Y sin que pueda hacerse una mayor concreción en cuanto a la cuestión casacional en los términos generales en que se suscita.
Resumen: Admisión. Sanción por realizar emisiones radioeléctricas no autorizadas. Interpretación del artículo 40.4 Ley 7/2010 en relación con el artículo 62 de la Ley 9/2014. La cuestión que presenta interés casacional objetivo consiste en determinar si, para la emisión del servicio público de comunicación audiovisual por ondas hertzianas terrestres de una Comunidad o Ciudad Autónoma en otra limítrofe y con afinidades lingüísticas y culturales, resulta suficiente con la suscripción del convenio y la reciprocidad a los que se refiere el artículo 40.4 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual o si es necesario también el otorgamiento del título habilitante que para el uso del dominio público radioeléctrico establece el artículo 62 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.
Resumen: La Sala admite el recurso. Precisar que la cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en interpretar el artículo 35.5 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, y lo que deba entenderse por "infraestructura de red" y, en concreto, si la instalación de una antena en un edificio puede o no considerarse una "infraestructura" a efectos del citado artículo. Identificar como norma jurídica que, en principio, será objeto de interpretación, sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, el artículo 35.5 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.
Resumen: La cuestión que se considera reviste interés casacional objeto consiste en determinar si el procedimiento de autorización para la modificación del pliego de condiciones de una Denominación de Origen Protegida (DOP) sólo puede ser instado por el Consejo Regulador de la misma o, por el contrario, puede ser solicitado por cualquier productor (por sí o asociado) y, de admitirse esta segunda posibilidad, si cabe instar la modificación del pliego de condiciones para efectuar una nueva delimitación de la zona geográfica que conduzca a su reducción y/o limitación o, por el contrario, solo cabe solicitar alteraciones de la zona geográfica para su ampliación. Siendo las normas a interpretar a tal efecto, en principio, los artículos 95 y 105 del Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios.
Resumen: Teniendo presente la naturaleza de los planes de urbanismo como disposiciones de carácter general, y que, además, es objeto de los presentes recursos de casación un pronunciamiento anulatorio del PGOU de Chiclana de la Frontera, la cuestión planteada que se aprecia tiene interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar: i) si resulta posible limitar judicialmente los efectos de la declaración de nulidad de un Plan por defectos formales y, en su caso, si resulta posible en tales supuestos una aprobación parcial; y ii) si la evaluación ambiental estratégica es previa a la redacción del contenido del plan o puede realizarse en cualquier momento de su tramitación, teniendo en cuenta su naturaleza instrumental.
Resumen: La sección de Admisión considera que el escrito de preparación cumple con las exigencias del artículo 89.2 LJCA, habiéndose justificando suficientemente y con singular referencia al caso la concurrencia del supuesto previsto en el artículo 88.3.a), por lo que considera que el recurso presenta interés casacional objetivo y la conveniencia de un pronunciamiento de esta Sala del Tribunal Supremo para la formación de jurisprudencia. Precisa que la cuestión que tiene interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si la operación por la que se produce la correspondiente minuta, se encuentra incluida dentro de las inscripciones vinculadas estrictamente a las operaciones de saneamiento y reestructuración de entidades financieras efectuadas al amparo de Ley 8/2012 o, en su caso, a operaciones de carácter ordinario, concretando cuál resultaría ser el régimen arancelario aplicable en uno y otro caso. Siendo la DA 2ª de la Ley 8/2012, de 30 de octubre y el artículo 611 del Reglamento Hipotecario, las normas que, en principio, serán objeto de interpretación, ello sin perjuicio de que la Sala de enjuiciamiento pueda extenderse a otras, si así lo exigiese el debate procesal finalmente trabado (art. 90.4 LJCA). Sobre cuestión análoga se ha pronunciado recientemente esta Sala, entre otras, en SSTS de 13 de mayo (recurso 1237/18), 14 de mayo de 2020 (recursos 8079/18 y 2297/19) y 25 de mayo de 2020 (recurso 2400/18), declarando haber lugar al recurso.
Resumen: La cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar sí el requisito de carecer de antecedentes penales en España, durante los últimos cinco años, que establece el artículo 38.1.b) del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, para acceder a la prórroga de la autorización de estancia por estudios de los extranjeros en España, puede ser causa bastante para su denegación o exige en todo caso una valoración de las circunstancias particulares del solicitante. Por ello, el ATS identifica como normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación, sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, los artículos 38.1.b) y 40.1 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Considera que concurren las circunstancias de interés casacional de los arts. 88.2.c) y 3.a) LJCA invocados en el recurso.
Resumen: La cuestión que reviste interés casacional consiste en determinar si, conforme la interpretación dada por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de octubre de 2020 -asunto C-568/19- a la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, la expulsión del territorio español es la sanción preferente a imponer a los extranjeros que hayan incurrido en la conductas tipificadas como graves en el art. 53.1.a) Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero o si, por el contrario, la sanción principal para dichas conductas es la multa, siempre que no concurran circunstancias agravantes añadidas a su situación irregular.
