Resumen: la cuestión en la que se entiende que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es la siguiente: si un funcionario docente interino que ha sido cesado el 30 de junio y readmitido al inicio del curso escolar tiene derecho a percibir retribuciones por este periodo cuando (i) ni existe norma, pacto o acuerdo que así lo reconozca, y (ii) ha aceptado el cese por no haberlo recurrido en tiempo y forma.
Resumen: Se admite a trámite el recurso de casación preparado contra sentencia que confirmó la aprobación de la lista definitiva de personas admitidas y excluidas en el proceso selectivo para el ingreso y acceso en los cuerpos de educación para adquisición de nuevas especialidades por el personal funcionario. Tiene interés casacional determinar: 1º Si el título de Técnico Superior en Dirección de Cocina, creado por Real Decreto 687/2010, de 20 de mayo, habilita directamente para concurrir a las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional (especialidad cocina y repostería). 2º O si debe ser excluido porque, en su disposición adicional tercera 1 y 2 le reconoce equivalencia respecto de los títulos de Técnico Especialista en Hostelería, Rama Hostelería y Turismo y Técnico Superior en Restauración, pero a efectos profesionales y académicos, títulos éstos expresamente habilitados a efectos docentes en la disposición adicional Única del Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, aprobado por Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero. 3º Si las previsiones de la disposición adicional Quinta del Real Decreto 687/2010 es aplicable al título de Técnico Superior en Dirección de Cocina, creado por Real Decreto 687/2010, o se refiere a los títulos Técnico Superior o de Técnico
Resumen: Se admite a trámite el recurso. La cuestión en la que se entiende que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es determinar si los puntos asignados a cada apartado de los Principios y Orientaciones para la Aplicación de los Criterios de Evaluación (POACE), establecidos para el acceso a los Cuerpos de catedráticos, deben aplicarse de forma genérica a los cuatro criterios de evaluación o si deben referirse a cada uno de los subapartados de cada criterio y según POACE, motivándose la puntuación que merece cada apartado y subapartado.
Resumen: Contratos públicos. Pago de intereses de demora por retraso en el abono de certificaciones de obra. Efectos de la liquidación del contrato sin reserva alguna por el contratista respecto del cobro de aquellos intereses. Precedentes estimatorios de la Sala.
Resumen: la cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar lo siguiente: si, a falta de regulación expresa respecto de los funcionarios locales, a los efectos del reconocimiento de la compatibilidad conforme al artículo 16.3 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre de incompatibilidades, les son aplicables por analogía las previsiones de la disposición adicional quinta del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad o de la disposición adicional décima de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública de Canarias , sobre adecuación retributiva para la autorización de compatibilidad para actividad privada al personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias o si, por el contrario, es necesario que el régimen de compatibilidad esté regulado por la administración competente.
Resumen: Se estima el recurso y se declara la extemporaneidad del recurso contencioso administrativo interpuesto el 23 de noviembre de 2012 contra el acuerdo de declaración de innecesariedad de reparcelación de la Comisión Gestora del Ayuntamiento de Marbella de fecha 25 de abril de 2007, confirmando en consecuencia la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 3 de Marbella, determinado para ello si era válido emplear el sistema publicación, sustitutivo de la notificación, previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 y actual artículo 45 de la Ley 39/2015 en los casos en los que se esté ante una declaración de innecesariedad de reparcelación de varios polígonos de actuación. El Ayuntamiento sostuvo que por medio de publicación y depósito en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en un periódico de gran difusión en la provincia, cumplió lo dispuesto en el art. 59.6 Ley 30/92, haciendo constar que durante los plazos determinados en dicha publicación, "no constando registrada, durante dichos plazos, la presentación de alegación alguna en los términos que exige el artículo 59.6 en relación con el artículo 60 de la ley 30/92", que es lo que Sala viene a ratificar, pues en un acuerdo declarando la innecesariedad de reparcelación es válido y conforme a derecho aplicar el sistema de publicación, sustitutivo de la notificación individual, previsto en los artículos 59.4 Ley 30/1992 y 45 hoy Ley 39/2015.
Resumen: Suscitándose en el recurso la cuestión que presenta interés casacional referida a determinar: i) si la cuantía del recurso a afectos de interponer recurso de apelación no se modifica a lo largo del proceso según el reconocimiento y éxito de las pretensiones ejercitadas en el mismo; y ii) si la eventual modificación de la cuantía afecta por igual a las partes en el proceso, con independencia de su posición procesal, para no hacer de peor condición a unas respecto de otras, el TS parte de la reiterada jurisprudencia sobre determinación de la cuantía en relación con el anterior recurso de casación, reglas aplicables al recurso de apelación, considerando que el principio de las normas procesales de la perpetuatio jurisdictione en relación con la cuantía, quiebra cuando se trata de la exigencia de la cuantía a los efectos de ulteriores recursos --no solo apelación-- que procedan contra la sentencia que ponga fin al proceso contencioso. La conclusión es que, a los efectos del recurso de apelación, cuando la pretensión inicial hubiera sido estimada en parte en la sentencia de instancia, la cuantía a los efectos del umbral exigido para poder interponer recurso de apelación debe referirse a la cuantía de la pretensión con la reducción que comporte la estimación parcial; y ello tanto para la parte recurrente como recurrida; sin perjuicio de que en un mismo proceso el recurso pueda pueda ser admitido para la parte en quien no concurra la limitación de la pretensión.
Resumen: Se examina la cuestión que presenta interés casacional objetivo consistente en determinar si el RD 1492/11, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Valoraciones de la Ley de Suelo (RVLS), en sus arts. 12 y 13, en relación con la DA 7ª del TRLS 2/2008, establece con carácter imperativo y sin alternativa posible la aplicación del factor r2 cuando se trate de explotaciones agropecuarias. Se recuerda que el RVLS no desarrolló el párrafo 2º de la DA7ª que, a su vez, venía a completar el artículo 23 TRLS 2008, por lo que la norma reglamentaria no tenía potestad para hacer esa alteración del régimen establecido legalmente, existiendo un exceso reglamentario que determina que, tanto el párrafo 12.1º.b) del Reglamento como su Anexo, comportan una clara contradicción con lo dispuesto en la citada DA 7ª, que implica un vicio de nulidad de pleno derecho (art. 47.2. Ley 39/2015), por lo que procede declarar que el mencionado precepto, en lo que se refiere a la aplicación del denominado "coeficiente corrector... r2...[para] cuando en el suelo rural se desarrollen actividades agropecuarias o forestales ", así como el Anexo I a que se remite, son nulos de pleno derecho, por vulneración de los establecido en la DA 7ª TRLS de 2015 ( también del TRLS de 2008). Pronunciamiento compatible con la STS (Pleno) 15 de julio de 2013 -recurso de 312/2012- que desestimó el recurso directo contra el art. 21 del RVLS.
Resumen: Admite el recurso de casación interpuesto contra la sentencia que desestimó el recurso formulado contra la Orden por la que se aprobó parcialmente el POM de Caldas de Reis (pues, aún faltando el previo informe sobre el impacto de género, no lo consideró preceptivo y en aplicación del art. 65 LJCA). La sección de admisión considera que el escrito de preparación cumple los requisitos formales del art. 89.2 LJCA, habiéndose realizado el esfuerzo imprescindible para justificar la concurrencia de los supuestos de interés casacional invocados del art. 88.2 b), c) y g), concurriendo este último supuesto. La cuestión que presenta un interés casacional para la formación de jurisprudencia consiste en determinar: 1) Si habiéndose alegado en el escrito de demanda la ausencia del trámite formal de la incorporación al Plan del informe de impacto de género, es admisible incorporar en el trámite de conclusiones la relación y concreción de los aspectos que sustentan la pretensión de nulidad de un plan urbanístico, por infracción de dicha perspectiva de género en sus concretas determinaciones, o, si, tal concreción supone incorporar cuestiones nuevas no admisibles en dicho trámite y en tal caso, 2) Si un Plan General de Ordenación se ajusta al principio de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, cuando aún sin ser preceptivo el informe de impacto de género, no prevé en sus determinaciones regulación acerca de las cuestiones alegadas por la parte recurrente en el trámite de conclusiones.
Resumen: Se admite a trámite el recurso de casación presentado precisando que la cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si, a falta de previsión urbanística específica sobre la ubicación de la actividad de tanatorio (sin crematorio), se trata o no de una actividad compatible con el uso residencial a efectos de emplazamiento. Y ello por la concurrencia del supuesto previsto en el artículo 88.2.a) LJCA, lo cual lleva a considerar que el recurso presenta interés casacional objetivo. Se identifica como norma jurídica que, en principio, será objeto de interpretación, sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, el artículo 46 del Decreto 2263/1974, de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria.