Resumen: No ha lugar al recurso de casación interpuesto por la Comunidad Autónoma contra sentencia que, en grado de apelación, confirmó la anulación del cese de la demandante en la instancia en el puesto de trabajo denominado Jefa de Servicio de Industria y Energía, por falta de motivación de la resolución de cese de la funcionaria, que accedió al referido puesto de trabajo de libre designación a ocupar por funcionario. La cuestión de interés casacional ya ha sido resuelta por la Sala, y llevada al caso, la sentencia recurrida ha aplicado correctamente la doctrina jurisprudencial de esta Sala, y fundamenta su decisión en la vulneración del deber de motivación, con indefensión para actora, puesto que el deber de motivación no se agota exclusivamente en lo previsto en la competencia del órgano para adoptar el cese, sino que dicha motivación, debe alcanzar a expresar la razón de por qué las razones de oportunidad, basadas en la confianza e idoneidad apreciada para el puesto y que llevaron a su elección, ya no concurren, o si concurren, qué otra circunstancia objetiva determina la pertinencia del cese. Así, dado que las aducidas en este caso por el órgano que acordó el cese son discordantes con la realidad, como ha apreciado la sentencia recurrida, se constata la absoluta falta de motivación de la decisión recurrida.
Resumen: No ha lugar a sendos recursos de casación interpuestos contra sentencia que anuló parte del Decreto por el que se regulan los usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales en la Administración de la Generalitat Valenciana. El reconocimiento de que la competencia para la regulación de la cooficialidad de la lengua propia corresponde a la Comunidad Autónoma no supone, en modo alguno una atribución de competencias específicas que autorice a alterar el marco que deriva de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía. La regulación del procedimiento administrativo común, en particular de la lengua en el caso de documentos elaborados en una lengua cooficial en el ámbito de una Comunidad Autónoma, que hayan de surtir efectos fuera del ámbito territorial de la misma, está atribuida de forma exclusiva al Estado. Esta es la regla única y suficiente respecto al régimen general de traducción al castellano de los documentos, expedientes, partes de los mismos o resoluciones, redactados en una lengua cooficial de una Comunidad autónoma, cuando hayan de surtir efectos fuera del ámbito territorial de dicha Comunidad, por lo que es nula la Orden impugnada en tanto dispone que no será necesaria su traducción al castellano en el caso que la lengua cooficial en que estén elaborados los documentos sea también la lengua cooficial en la Comunidad en que hayan de surtir efectos.
Resumen: Se admite a trámite el recurso. La cuestión en la que se entiende que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es determinar si los puntos asignados a cada apartado de los Principios y Orientaciones para la Aplicación de los Criterios de Evaluación (POACE), establecidos para el acceso a los Cuerpos de catedráticos, deben aplicarse de forma genérica a los cuatro criterios de evaluación o si deben referirse a cada uno de los subapartados de cada criterio y según POACE, motivándose la puntuación que merece cada apartado y subapartado.
Resumen: Subvenciones. Resolución firme de otorgamiento condicionada a la justificación de determinadas condiciones. Naturaleza procedimental de la petición de pago. El acto del beneficiario de una subvención otorgada por acto firme de la Administración por el que justifica el cumplimiento de la actividad a que se obligó con el otorgamiento de la subvención y reclama el pago de la cantidad pendiente, constituye una obligación por su parte que no inicia un procedimiento administrativo autónomo sujeto a un plazo máximo de resolución cuya desatención de lugar al silencio administrativo. La Administración viene obligada al abono de la subvención concedida o de la cantidad parcial pendiente, una vez verificada a satisfacción la justificación presentada, comprobación para la que dispone del plazo fijado en las bases reguladoras de la subvención, sin que pueda resultar de aplicación, para esta limitada actuación de comprobación de la justificación, el plazo de prescripción de la acción de reintegro o de declaración de la pérdida del derecho a la subvención legalmente previsto. Desatendida la petición de pago, nos encontraríamos ante un supuesto de inactividad administrativa.
Resumen: Se admite a trámite el recurso de casación preparado contra sentencia que confirmó la denegación de la acreditación de la recurrente para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad. Las cuestiones en las que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consisten en determinar: La naturaleza jurídica y, en su caso, carácter vinculante de los Principios y Orientaciones para la Aplicación de los Criterios de Evaluación (POACE), establecidos para el acceso a los Cuerpos Docentes Universitarios; si los puntos asignados a cada apartado del baremo deben aplicarse de forma genérica a los cuatro criterios de evaluación o si deben referirse a cada uno de los subapartados de cada criterio y según POACE, motivándose la puntuación que merece cada apartado y subapartado.
Resumen: Función pública. Cese de personal interino estatutario -15 años de antigüedad- en el puesto de Técnico Especialista de Laboratorio al carecer, desde el inicio de su prestación, de titulación habilitante. Posibilidad de cese directo o necesaria revisión de oficio. La Sala concluye la innecesariedad de acudir a un proceso de revisión de oficio, desestima el recurso y confirma la sentencia de instancia que validó el cese, estimando que la ausencia de titulación no constituye causa de nulidad radical -sino de anulabilidad- y por ende no procede la revisión de oficio, rigurosamente vinculada a tal circunstancia. Se ponderan los singulares bienes protegidos por las profesiones sanitarias y la necesidad de que su desempeño se realice por personal de formación acreditada. En esencia, comprobada la falta de un requisito esencial del acto -titulación-, carente de alcance anulatorio, se declara su ineficacia visto que el acto-condicion -nombramiento- no ha llegado a constituirse. Voto particular discrepante: La carencia de titulación es causa de nulidad según las sentencias de que trae causa la casación y según la norma, al constituirse como requisito esencial del nombramiento según la propia sentencia reconoce. No procede la recalificación del vicio como de anulabilidad. Los 15 años en ejercicio del puesto podrían constituir igualmente un obstáculo para revisar el acto. Apertura indebida de un nuevo cauce anulatorio para la Administración respecto de actos favorables, sin garantías.
Resumen: Estima el motivo casacional dirigido contra el pronunciamiento de la sentencia recurrida que no procedió a la anulación del acuerdo de resolución por desistimiento del Contrato de Asistencia Técnica para la Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución, Dirección de las Obras y Coordinación de Seguridad y Salud, de las obras de reparación de estructura y reforma integral del edificio sede de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, anulándolo. No comparte el Alto Tribunal que concurrieran las causas aducidas para la resolución por desistimiento acordada [intereses económicos públicos dignos de protección y hallazgo de restos arqueológicos singulares durante la ejecución del contrato de obra]desde la perspectiva de una interpretación restrictiva de las causas de desistimiento unilateral del contrato, pues la potestad de resolver el contrato por el solo juego de la voluntad de la Administración exige la concurrencia de razones de interés público, que deben además expresarse en el expediente, y que la Sala no aprecia que concurran en este caso. Dicha estimación, y la consiguiente del recurso contencioso administrativo, no posibilita, sin embargo, la estimación completa de la pretensión articulada en relación con el contrato de asistencia técnica y, más en concreto, en relación con la fase de dirección facultativa de la obra de referencia, ya concluida, sino, en aplicación del art. 215.1 y 3 del TRLCAP, a reconocer una ampliación de las indemnizaciones reconocidas.
Resumen: La Sala desestima el recurso. No es aplicable el instituto de la caducidad, regulado en el artículo 44.2 Ley 30/1992, (hoy 25.1.b Ley 39/2015), a los proyectos de reparcelación. Un proyecto de reparcelación no es un ejercicio de "potestad administrativa en general de intervención susceptible de producir efectos desfavorables o de gravamen", por la propia naturaleza de la reparcelación. Y no se ha acreditado por la Asociación recurrente, en la concreta reparcelación objeto de este recurso, que la misma haya producido "efectos desfavorables o de gravamen", al tener que abonar una cantidad de dinero sus asociados. Pues esos importes (cargas), son los correspondientes a los beneficios derivados de la mejora individual y comunitaria de la zona reparcelada, conforme a un reparto del coste total, que no se ha contradicho su proporcionalidad.
Resumen: Se estima el recurso y se declara la extemporaneidad del recurso contencioso administrativo interpuesto el 23 de noviembre de 2012 contra el acuerdo de declaración de innecesariedad de reparcelación de la Comisión Gestora del Ayuntamiento de Marbella de fecha 25 de abril de 2007, confirmando en consecuencia la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 3 de Marbella, determinado para ello si era válido emplear el sistema publicación, sustitutivo de la notificación, previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 y actual artículo 45 de la Ley 39/2015 en los casos en los que se esté ante una declaración de innecesariedad de reparcelación de varios polígonos de actuación. El Ayuntamiento sostuvo que por medio de publicación y depósito en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en un periódico de gran difusión en la provincia, cumplió lo dispuesto en el art. 59.6 Ley 30/92, haciendo constar que durante los plazos determinados en dicha publicación, "no constando registrada, durante dichos plazos, la presentación de alegación alguna en los términos que exige el artículo 59.6 en relación con el artículo 60 de la ley 30/92", que es lo que Sala viene a ratificar, pues en un acuerdo declarando la innecesariedad de reparcelación es válido y conforme a derecho aplicar el sistema de publicación, sustitutivo de la notificación individual, previsto en los artículos 59.4 Ley 30/1992 y 45 hoy Ley 39/2015.
Resumen: La sociedad recurrente entiende que la Administración autonómica ya había declarado el cumplimiento de la finalidad de la subvención mediante sendas certificaciones y que no cabía efectuar un segundo control mediante el expediente de reintegro sin proceder a la revisión de oficio. La solución a la controversia requiere aclarar la naturaleza de ese primer control efectuado por la Administración, pues de ello depende que las certificaciones que se emitieron implicasen o no una decisión firme. La Secretaria emitió tres certificados, pero no implicaron un control propiamente tal, sino que son más bien formularios estandardizados para librar los fondos necesarios, que se expiden contra acreditación de gastos atribuidos a la subvención. Dichas justificaciones no supusieron un control pleno de la subvención, pese a la fórmula ritual con que se inician los formularios. En consecuencia, ni era preciso una revisión de oficio de lo certificado en tales formularios ni puede oponerse objeción alguna a la realización de un expediente de reintegro al detectar la Administración subvencionante que no se había justificado la totalidad de los fondos librados o de que determinados gastos pudieran no estar debidamente acreditados o incluir actuaciones no comprendidas en la actividad subvencionada.