• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO JAVIER BORREGO BORREGO
  • Nº Recurso: 239/2019
  • Fecha: 25/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se reitera el criterio sentado en anteriores pronunciamientos que responden a la cuestión planteada en el recurso consistente en determinar si en los supuestos previstos en el artículo 29 LJCA, transcurridos los plazos previstos en dicho artículo sin obtener respuesta de la Administración y transcurrido el plazo de dos meses previsto en el artículo 46.2 LJCA, puede ser inadmitido por extemporáneo el recurso cuando ha sido interpuesto contra la inactividad de la Administración. Cuestión a la que el TS responde señalando que mientras persista la situación de inactividad administrativa que habilita para el ejercicio del recurso contencioso administrativo por inactividad, al amparo del artículo 29.1 LJCA, con posterioridad al obligado requerimiento previo a la Administración para que atienda al cumplimiento de su obligación, cabe efectuar un nuevo requerimiento contra la misma inactividad, en tanto que no existe precepto legal alguno que lo impide; con el consiguiente reinicio del cómputo de los plazos procesales previstos para el ejercicio de dicho recurso, y habilitando así la posibilidad de interposición de un nuevo recurso contencioso-administrativo contra dicha inactividad. De igual forma, la impugnación jurisdiccional de la inactividad de la Administración, cumplido el requerimiento (que puede reiterarse mientras subsista la inactividad y no tenga respuesta) y el plazo establecido en el art. 29.1, no está sujeta al plazo de caducidad previsto en el art. 46.2 LJCA.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO JAVIER BORREGO BORREGO
  • Nº Recurso: 3144/2019
  • Fecha: 25/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Examina la Sala la responsabilidad patrimonial del Estado legislador consecuencia de la aplicación de una norma con rango de Ley, posteriormente declarada inconstitucional, siendo el tema controvertido la determinación del dies a quo del plazo establecido en el art. 34.1, segundo párrafo, de la Ley 40/2015, que establece que en los casos de responsabilidad patrimonial del Estado Legislador,"[...]serán indemnizables los daños producidos en el plazo de los cinco años anteriores a la fecha de publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley [...]". En el caso examinado, el ICA resolvió que el dies a quo era la fecha del ingreso de las liquidaciones tributarias, mientras que el TSJ estimó que lo era la fecha de su sentencia desestimando el recurso de apelación interpuesto al respecto. Resuelve el Alto Tribunal que: el momento en el que se entiende que se ha producido un daño indemnizable por responsabilidad patrimonial del Estado Legislador, artículos 32.4 y 34.1 Ley 40/2015, es la fecha de la sentencia firme desestimatoria de un recurso, en cualquier instancia, contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado en el recurso la inconstitucionalidad declarada. Además, dicha sentencia debe haberse dictado y notificado dentro del plazo de los cinco años anteriores a la publicación en el BOE de la sentencia del Tribunal Constitucional declarando la inconstitucionalidad de la norma aplicada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: WENCESLAO FRANCISCO OLEA GODOY
  • Nº Recurso: 2245/2019
  • Fecha: 24/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Examina la desestimación de la reclamación de daños y perjuicios efectuada por un particular por la declaración de nulidad del art. 26.2º de la Norma Foral 8/98, de 24 de diciembre, del IRPF, en base al cual se le habían levantado actas de inspección tributaria, nulidad que declaró STS 23-10-14, RC 230/13. Analiza la naturaleza de dicha responsabilidad, razonando que, si bien las normas fiscales forales nunca han tenido la naturaleza de norma con rango de Ley formal, la responsabilidad que resulte de una declaración de inconstitucionalidad de tales normas, tras la entrada en vigor de la L.O. 1/2010, de 19 de febrero, debe someterse al mismo régimen de responsabilidad del Estado Legislador, prevista para normas con rango de ley -con referencia a la STC 118/16, de 23 de junio y a la STC 203/16, de 1 de diciembre (que declaró la inconstitucionalidad del art. 30.2º de la Norma Foral 10/06, mera reproducción del art. 26 que sirvió de base a las liquidaciones aquí cuestionadas)-. En relación con lo suscitado, argumenta que, aun admitiendo que se tratase de una auténtica responsabilidad del Estado Legislador, el plazo anual debiera haberse iniciado con la publicación de la STS que declaró la nulidad del precepto, sin que el recurso de amparo suspendiera el plazo; mas, por las fechas de lo acontecido, era aplicable la responsabilidad de las Administraciones Públicas y no se podía aplicar a los actos firmes la declaración de nulidad del precepto en que se fundaban las liquidaciones.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: WENCESLAO FRANCISCO OLEA GODOY
  • Nº Recurso: 2987/2019
  • Fecha: 24/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se da respuesta a la cuestión de interés casacional fijada en el auto de admisión consistente en "determinar qué incidencia tienen la STC 8/2017, de 19 de enero, así como la STEDH de 16 de febrero de 2016(asuntos acumulados Vlieeland Boddy y Marcelo Lanni C. España), en el régimen jurídico relativo a la aplicación del artículo 294.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y en los presupuestos que deban concurrir para declarar la responsabilidad patrimonial por prisión provisional, en los casos en que haya recaído sentencia absolutoria, teniendo en cuenta además la reciente STC 85/2019, de 19 de junio", manteniendo el criterio establecido en la STS 20-12-19, RC 3847/18, que acogía el señalado en la sentencia 10-10-19, consistente en sostener que, tras la STC 8/17 de 19 de enero, tomando en cuenta la nueva redacción del art. 294.1 LOPJ en la que desaparece la mención 'por inexistencia del hecho imputado o por esta misma causa haya sido dictado auto de sobreseimiento libre', en todos los supuestos de absolución por cualquier causa o de sobreseimiento libre, el perjudicado tiene derecho a la indemnización, ello en un marco de congruencia con la teoría general de la responsabilidad civil y con las advertencias de contenido material y de ámbito temporal contenidas en los dos últimos párrafos de la STC 85/2019, de 19 de junio, así como en las que le han seguido. Procede, a continuación, a fijar el quantum indemnizatorio en el caso examinado.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA ISABEL PERELLO DOMENECH
  • Nº Recurso: 1714/2019
  • Fecha: 23/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Revocación, por falta de emisiones, de licencia de prestación de servicios de comunicación audiovisual radiofónica. Desestimación. El plazo de doce meses previsto en el artículo 30.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual, por razón de su no utilización, comienza a contarse desde el momento que hubiera obligación legal de comenzar las emisiones y esta "obligación legal" surge cuando se cumplen los requisitos contemplados en el artículo 1º del RD. 964/2006, de 1 de septiembre. La valoración de la demora o inactividad por falta de utilización de la licencia habrá de considerarse de forma casuística, a fin de determinar si es imputable al licenciatario en aquello que le incumbe, la presentación del proyecto técnico de las instalaciones o en su caso, a la Administración en la aprobación del proyecto al que alude el mencionado artículo 1º del RD 964/2006, de 1 de septiembre. Y, en el presente caso, el licenciatario no prosiguió los trámites para dar inicio a las emisiones, optando, sin instar ninguna medida cautelar, por instar la modificación de la localización hasta su rechazo firme en vía jurisdiccional, sin realizar ninguna actividad en relación a la licencia, con el resultado de que transcurrieron años de inactividad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA ISABEL PERELLO DOMENECH
  • Nº Recurso: 180/2019
  • Fecha: 23/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recuerda la Sala que en STS de 11 de junio de 2014 se declaró la nulidad del art. 9.1 de la Orden IET/221/2013 en la medida en que no incluía los suplementos territoriales a los que se refería el art. 17.4 LSE -y en el mismo sentido una posterior STS de 22 de septiembre de 2016-. La orden impugnada ejecuta las referidas sentencias en relación con determinadas comunidades autónomas, constituyendo la tercera de las aprobadas por el Ministerio competente. En cuanto al resarcimiento de los costes de refacturación, se estima parcialmente el recurso y se declara el derecho de la demandante a que se le abone el coste de las refacturaciones de los suplementos territoriales que deban hacerse en aplicación de la Orden TEC/271/2019, de 6 de marzo; y para ello la Administración deberá determinar el modo de fijar su importe y la forma de hacer efectivo su abono. En lo relativo al cálculo de intereses, se declara en la STS que las cantidades que definitivamente queden fijadas no deberán verse perjudicadas por el retraso de esta ejecución y deberán incorporar, en la forma que resulte procedente, los intereses legales correspondientes a partir de la notificación del auto de 10 de marzo de 2017 recaído en incidente de ejecución.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO ESPIN TEMPLADO
  • Nº Recurso: 5265/2019
  • Fecha: 22/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurso de casación contra sentencia que declara firme, por extemporáneo, el recurso interpuesto contra resolución que declara la pérdida del derecho al cobro de la ayuda concedida mediante Convenio Específico de Colaboración. Estimación. En el ámbito del régimen jurídico subvencional, el artículo 44 LJCA resulta plenamente aplicable en aquellos supuestos en que la relación jurídica establecida entre la Administración Pública otorgante de la subvención y la Administración Pública beneficiaria de la misma, ambas Administraciones Públicas actúan en calidad de Administración Pública, como acontece cuando el conjunto de obligaciones contraídas para la ejecución de la actividad subvencionada, y, específicamente, la acción de reintegro deriva de un Convenio de Colaboración firmado entre Administraciones Públicas, siendo improcedente, en estos casos, la interposición de recursos administrativos, en la medida que sólo cabe la formalización del requerimiento; y no resulta aplicable cuando una de las Administraciones asume en la relación jurídico-administrativa entablada entre la Administración otorgante de la subvención y la Administración beneficiaria, una posición semejante o asimilable a la de un particular. En el presente caso, si bien era procedente el requerimiento previo, sin embargo la Administración recurrente interpuso recurso de reposición siguiendo la ilustración contenida al pie de la resolución recurrida.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL FERNANDEZ VALVERDE
  • Nº Recurso: 2020/2019
  • Fecha: 22/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se estima el recurso de casación acudiendo para ello a la doctrina ya fijada anteriormente por la Sala (550/2020, de 25 de mayo) sobre la cuestión suscitada, en donde ya se dijo que el momento determinante para la aplicación en el tiempo de la Disposición Adicional LEF introducida por la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, que entró en vigor el 1 de enero de 2013, en el caso analizado, es la sentencia que declara la nulidad de la expropiación y reconoce la imposibilidad de restitución del bien expropiado, aunque la declaración de la necesidad de la ocupación se haya producido antes de su entrada en vigor. Esto es, la indemnización que nos ocupa no forma parte del procedimiento o expediente expropiatorio -de ahí la improcedencia de traer a colación la Disposición Transitoria de la LEF-, sino que es una consecuencia de su declaración de nulidad y tras ella, de la imposibilidad de restituir el bien expropiado. El derecho a la indemnización nace cuando se declara la nulidad de la expropiación y se aprecia la imposibilidad de restituir el bien expropiado. La Sala ratifica dicha doctrina sobre la que no incide la circunstancia de que con anterioridad a tal decisión jurisdiccional se hubiera llevado a cabo la ocupación de la finca expropiada o la iniciación del expediente expropiatorio.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: OCTAVIO JUAN HERRERO PINA
  • Nº Recurso: 3598/2019
  • Fecha: 22/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala estima el recurso y desestima el recurso contencioso-administrativo. Dando respuesta a la cuestión planteada en el auto de admisión, ha de entenderse que la anulación por el Tribunal Constitucional, en su sentencia 30/11, de 16 de marzo, al declarar inconstitucional el artículo 51 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por LO 2/07, de 19 de marzo, no afecta al ejercicio de competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de aguas sobre las cuencas hidrográficas intracomunitarias de Andalucía, dado el tenor del artículo 50 del citado Estatuto y lo expresado por la sentencia del Tribunal Constitucional. No pueden prosperar las alegaciones de la parte recurrida, que en cuanto se refieren a la concurrencia de los supuestos de admisibilidad del recurso ha de estarse a lo resuelto en el auto de admisión y en cuanto cuestionan la competencia de la Administración autonómica resultan desvirtuadas por lo expuesto en los anteriores fundamentos, teniendo en cuenta que el órgano de la Administración autonómica que adopta la resolución, lo hace en el ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE DIAZ DELGADO
  • Nº Recurso: 298/2018
  • Fecha: 22/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 97 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio , por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación con los apartados 1.a) y 2.c) y g) del artículo 227 y la disposición adicional 11ª, todos ellos de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, frente a los actos administrativos de valoración de bienes adoptados en el procedimiento de apremio cabe contra los mismos recurso de reposición o reclamación económico-administrativa, sea porque tales valoraciones no son meros actos de trámite sino que declaran una obligación o un deber, o sea porque deciden -directa o indirectamente- sobre el fondo del asunto.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.