Resumen: El TS -en respuesta a la cuestión que presenta interés casacional referida a determinar si, atendidas las circunstancias del caso y la normativa que se predica infringida, resulta ajustada a Derecho la anulación parcial de la disposición de carácter general objeto de litis-, revoca la declaración de nulidad de los arts. 17.1 y 20 en su inciso "o la modificación de los límites de las mismas", pues los mismos se limitan a establecer la competencia del Consejo de Gobierno para la declaración y modificación de las ZEC y ZEPA, de conformidad con el art. 44 Ley 42/2007 (45 tras Ley 33/15), sin contener la regulación del procedimiento. En cambio, confirma la sentencia recurrida en cuanto a la declaración de nulidad de otros preceptos del Decreto (arts. 9.1 y Anexo I, 19 y 22, Disp. Adic. 2ª y apartado 3º del punto 2.6 de las Directrices de Conservación el Plan Director de OTU y Anexo V) en razón a: i) la necesidad del informe de afección en cuanto a especies y hábitats; ii) la fijación de objetivos de conservación no se satisface con las Tablas de inventario a que se refieren los Planes de gestión; y iii) constituye una medida de conservación la exclusión de la transformación mediante urbanización de suelos anteriormente clasificados como urbanizables que resulta incompatible con la declaración del espacio protegido, dejando a salvo el suelo urbano dado su carácter reglado.
Resumen: Atribución a determinados juzgados de medios personales y materiales, así como el conocimiento de los asuntos pendientes en materia relativa a acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias. Desestimación. Las quejas formuladas en relación con el Plan de riesgos laborales carecen de todo fundamento, y gran parte de las mismas no pasan de ser formulas genéricas carentes de toda apoyatura concreta de legalidad. Por otra parte, en ningún del Plan se recoge la exigencia de previo pronunciamiento del Servicio de prevención de riesgos laborales. Sobre el derecho al juez natural predeterminado por la Ley, el mismo no queda afectado, pues se trata de la adscripción a otro órgano judicial de una unidad organizativa y los asuntos a ella correspondientes por razones de una mejor reestructuración de la carga de trabajo en la localidad. La creación de las unidades bis para el reforzamiento de juzgados y su atribución posterior a determinados jugados de nueva creación, en vez de a los matrices iniciales, tiene por su propia naturaleza y finalidad un alcance temporal determinado por la tramitación y finalización de la carga excepcional y transitoria de asuntos relativos a las cláusulas suelo. El acuerdo no atribuye competencias gubenativas. La actora pudo formular alegaciones antes de la adopción del acuerdo.
Resumen: La Sala estima el recurso. En sintonía con precedentes sentencias, se reitera que la Disposición Adicional de la Ley de Expropiación Forzosa en la redacción dada por la Disposición Final Segunda de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, ha de ser interpretada en el sentido de que, sin perjuicio de la devolución del bien ocupado o la fijación de la correspondiente indemnización sustitutoria al amparo del art. 105.2 LJCA, para el reconocimiento del derecho del expropiado a ser indemnizado, en caso de nulidad del expediente expropiatorio, de los daños y perjuicios derivados de la actividad anulada, es preciso que se justifique la realidad del daño efectivo e indemnizable en la forma y condiciones del art. 139 de la Ley 30/92 (arts. 32 y ss Ley 40/2015).
Resumen: Orden ETU/257/2018, de 16 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2018. Desestimación del recurso. La orden impugnada no es una disposición general sino un acto administrativo, por lo que no resultan exigibles los trámites e informes de las disposiciones generales. El sistema implantado por la Ley 18/2014 y aplicado por la Orden impugnada es susceptible de alcanzar los objetivos establecidos por la Directiva 2012/27/UE. Sobre la imposición de la obligación de ahorro energético sólo a parte de los sujetos de los sistemas de gas y electricidad: la opción del legislador se basa en criterios objetivos que no pueden ser tachados de discriminatorios. Si la elección de sujetos obligados es conforme a la Directiva, por lo que no puede prosperar la alegada infracción de los principios de libre competencia y la prohibición de ayudas de Estado, fundada en la infracción del Derecho europeo. La contribución financiera al FNEE de los sujetos obligados no tiene naturaleza tributaria. No se infringe el principio de reserva de ley, pues es una norma de rango legal -la Ley 18/2014- la que define y delimita los elementos configuradores de la obligación de ahorro energético cuestionada. La recurrente no precisa su desacuerdo concreto en relación con ninguno de los datos que fueron tomados en cuenta para calcular el "ajuste 2017", sin que se le haya producido indefensión.
Resumen: La Sala desestima el recurso. Los propios términos en que se plantea el recurso conducen a su desestimación, dado que, como señala el Ayuntamiento recurrido, la recurrente yerra al referirse a la falta de titularidad, por venta, de la finca registral 11.125 como causa que determina la exclusión de su responsabilidad, cuando la obligación de conservación no pesa sobre dicha finca sino sobre la finca registral 11.124 de la que sí es titular. Las razones y apreciaciones expuestas en la sentencia de casación llevan a rechazar las alegaciones de la entidad recurrente y las infracciones que se denuncian de los arts. 1258, 1281, 1282 y 1285 del Código Civil, en cuanto, precisamente, es la interpretación conforme a lo dispuesto en los mismos la que conduce a las conclusiones expresadas por la Sala y que se mantienen en la sentencia de instancia. Y, por lo mismo, no puede compartirse la denuncia de infracción del art. 27 del Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre. Por todo ello, y respondiendo a la cuestión planteada en el auto de admisión de este recurso, ha de entenderse que la recurrente ostentaba la propiedad a los efectos de la obligación de reparar las filtraciones de agua y humedades existentes en la finca objeto del litigio, debidas al transcurso de los años y la falta de cuidados y mantenimiento.
Resumen: La STJUE que resuelve la cuestión prejudicial comunitaria planteada considera que los artículos 7 y 20 de la directiva 2012/27/UE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que establece como modo principal de ejecución de las obligaciones de eficiencia energética un sistema de contribución anual a un Fondo Nacional de Eficiencia Energética, siempre que se garantice la obtención de los ahorros de energía del art 7 y que se cumplan los requisitos del art 7.10 y 11. El sistema implantado por la orden no puede ser considerado incompatible con la Directiva, ya que la previsión de un objetivo real de ahorro, permiten considerar que, desde una perspectiva global y a priori, el sistema es idóneo para cumplir con el objetivo de ahorro energético. En este sentido, el informe del IDAE ofrece información de la que permite entender que la gestión del fondo y la ejecución de las líneas de actuación son susceptibles de cumplir con los requisitos. De otro lado, la orden no es una disposición general. La Orden incorpora en el anexo II las ventas de 2016 que han servido para obtener la correspondiente cuota (contiene una explicación metodológica). Tampoco se vulnera el ppio de seguridad jurídica. Es cierto que la implantación se hizo con cierta premura, motivada por la obligación de transponer la directiva, pero los obligados conocían el fondo y las aportaciones. No se vulnera el ppio de retroactividad por el cálculo basado en ventas de años anteriores.
Resumen: La sentencia impugnada declara la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo por haberse interpuesto extemporáneamente. Razona la sentencia impugnada que, al tratarse de un litigio entre administraciones públicas, no cabe tener en cuenta, a efectos del cómputo del plazo, la fecha en que se interpuso el recurso de reposición. El art. 44 LJCA que regula los presupuestos preprocesales exigidos en los litigios entre Administraciones Públicas, debe limitarse a aquellos casos en que, en razón de la naturaleza de la relación jurídica establecida entre dos Administraciones Públicas y del Derecho que resulte aplicable, ambas actúan en ejercicio de prerrogativas o potestades inherentes a su consideración de poder público, pues sólo en estos casos adquiere significado la finalidad perseguida de establecer un mecanismo alternativo al recurso administrativo que posibilite el entendimiento o la concertación, que evite que la controversia interadministrativa se dirima ante la jurisdicción. Cuando en el procedimiento de concesión de la subvención (art 22 LGS) las entidades públicas y los privados participen en condiciones de igualdad sin ostentar la Adm beneficiaria ninguna prerrogativa de poder público no cabe aplicar el art 44 LJCA. Teniendo en cuenta el RD 1112/2007 que regula este tipo de subvenciones, la naturaleza es pública y bilateral (art 13 RD). Sin embargo, se interpuso reposición conforme al pie de recurso, por lo que la tutela judicial efectiva impide la inadmisión.
Resumen: Devolución de ingresos indebidos consecuencia de la rectificación de los datos catastrales mediante procedimiento de subsanación de discrepancias -artículo 18 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario- (TRLCI), que se deniega dada la explícita mención en él de que las subsanaciones de las características de la finca que determinan su valor catastral sólo tienen efectos hacia el futuro. En cuanto a las liquidaciones, sólo pueden tener como base un catastro acorde con la realidad y, si es corregido, no pueden basarse en una determinación conscientemente errónea del propio valor que ha sido subsanado por la propia Administración. En otras palabras, el valor catastral, como concepto jurídico y económico revelador de la capacidad económica gravada, sólo es válido cuando se ajusta a las características físicas, económicas y jurídicas del inmueble, esto es, a la realidad. Vulneración del principio de igualdad en la aplicación de la ley cuando una finca de iguales características a la gravada, por tener correctamente determinado el valor catastral, es objeto de una tributación más benigna, pues tal diferencia de trato carece por completo de justificación.
Resumen: Impuesto sobre Bienes Inmuebles e Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.- Determinar si procede devolver el importe de liquidaciones firmes y consentidas, como consecuencia de una resolución del Catastro Inmobiliario dictada en el seno de un procedimiento de subsanación de discrepancias y que no consta impugnada, dándole efectos retroactivos, cuando en la citada resolución y en la normativa que regula dicho procedimiento se le confiere exclusivamente efectos a futuro. Es improcedente la aplicación de valores ya incorrectos y obsoletos a impuestos cuya base imponible se funda en un valor económico acorde con la realidad, lo que determina que el valor ya formalmente desacreditado y reconocido como erróneo por la Administración no pueda servir como base imponible de los impuestos en debate.
Resumen: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Impugnación de la liquidación. Informe favorable a la admisión del recurso, del juzgado de instancia. ¿Con ocasión de la impugnación de liquidaciones del IBI y para obtener su anulación, el sujeto pasivo puede discutir la valoración catastral cuando no lo hizo (o dejó que quedara firme) cuando le fue notificado individualmente el valor catastral del bien inmueble sujeto a tributación por dicho impuesto? ¿La anulación de un acuerdo de asignación de valores catastrales individualizados por falta de constancia, defectos o cualquier otro vicio del estudio de mercado del expediente de aprobación de la Ponencia de Valores, efectuada por un Tribunal respecto a otro propietario, resulta extensible al resto de sujetos pasivos del municipio en cuestión, en impugnación de las liquidaciones del IBl, aunque no hubieran recurrido la Ponencia de Valores o su correspondiente de asignación de valores catastrales individualizados? ¿Qué efectos tienen sobre el asunto la sentencia de la Audiencia Nacional que declaró ajustada a derecho la ponencia de valores del Ayuntamiento del Campello, al estimar que existía el Estudio de Mercado, y que estaba motivado; y, contradictoriamente, por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (que respecto a la misma ponencia de valores -en la impugnación de la asignación de valores catastrales individuales- declaró lo contrario?