• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 240/2018
  • Fecha: 11/06/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Las recurrentes reclaman el Incentivo económico por jubilación previsto en el Convenio colectivo general de ámbito estatal para el sector de entidades de seguros, reaseguros y mutuas colaboradoras de la Seguridad Social en el capítulo referido a “Previsión social complementaria”, por estimar que es compatible con el Plan de Pensiones que regulaba el art. 31 del Convenio de su anterior empleadora. Estiman las recurrentes que con la negativa empresarial se está produciendo una indebida compensación y absorción, por tratarse de prestaciones heterogéneas. Ha de estarse a la literalidad de la norma convencional aplicable en tanto que los preceptos son de carácter dispositivo, por lo que las partes tienen la posibilidad de establecer otros sistemas de previsión social que sustituyan o complementen el vigente. A falta de acuerdo habrá de estarse a lo pactado en la norma convencional, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Disposición final primera del Acuerdo de 19/11/2002, que mantiene para el colectivo afectado en tanto no exista un nuevo acuerdo, las medidas de previsión social en materia de jubilación de su normativa de origen. La claridad de la Disposición conduce a la inaplicación al caso de la normativa sectorial, sin que por ello pueda estimarse que nos encontremos ante un supuesto de compensación y/o absorción, pues la propia normativa aplicable resuelve el conflicto de normas a favor del acuerdo de empresa.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 54/2018
  • Fecha: 22/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se discute si el actor tiene derecho a percibir su pensión de jubilación pese a que durante una dilatada etapa prestó servicios, como vendedor de cupones, para la Organización Impulsora de Discapacitados (OID).La Sala IV confirma la estimación de la demanda que declara el derecho del demandante a percibir la prestación contributiva de jubilación interesada, y a percibir una pensión mensual vitalicia equivalente al 100% de una base reguladora de 499,29 euros, y efectos económicos de 18/8/2016; condenando a la mercantil OID como responsable del pago de la referida pensión, todo ello y sin perjuicio del deber de anticipo de la entidad gestora. En el caso se trata de un trabajador que durante largo tiempo ve descontada su cotización de los haberes devengados; empresa que cumple con todas sus obligaciones y cuya infracción surge a posteriori a virtud de una resolución administrativa; acceso a una prestación de Seguridad Social que no precisa inexcusablemente el requisito de encontrarse en alta; ausencia de fraude o mala fe en el solicitante; admisión de las cotizaciones por parte de la TGSS, sin que conste su devolución; ausencia de una demanda ante el Juzgado de lo Social para instar la anulación de los actos declarativos de derechos por parte de las Entidades Gestoras. En esas condiciones, sin perjuicio de la responsabilidad empresarial (traducida en la constitución del capital coste) debe anticiparse la prestación por la Entidad Gestora, tal y como apuntaba sentencia previa.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
  • Nº Recurso: 192/2018
  • Fecha: 22/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala IV estima el recurso y declara que la actora se encuentra en situación de incapacidad permanente en grado de gran invalidez, por ceguera, con derecho a percibir la prestación correspondiente. El demandante presenta deficiencias visuales que implican agudeza visual de 0,05 en ojo derecho y cuenta dedos a un metro en ojo izquierdo. Se declara, según doctrina previa, que dichas deficiencias tienen la consideración de ceguera total o pérdida de visión equiparable que reúne las condiciones para calificarla de gran invalidez puesto que a la actora se le han agravado las dolencias que padecía, al punto de perder agudeza visual que se ha situado muy por debajo del 0,1 en ambos ojos, lo que la sitúa, según señalada jurisprudencia en una situación de ceguera.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES
  • Nº Recurso: 435/2018
  • Fecha: 22/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En el marco de una contratación temporal llevada cabo por un Ayuntamiento que se celebra "para la realización de una obra o servicio incluida en la subvención concedida por la Consejería de Empleo de la Comunidad de Madrid, en el Programa de inserción laboral para personas desempleadas de larga duración que hayan agotado las prestaciones por desempleo, orden (10859/2013) 13549/2014, de 31 de julio", contrato financiado con cargo a los fondos recibidos del SPEE, se dirime la cuestión relativa a las retribuciones que debieron abonarse al trabajador demandante, y por ende, el derecho a percibir las diferencias salariales interesadas. El TS recuerda que dicha problemática fue abordada por TS 6-5-19, Rec 608/18 y 445/17, y declara que se debe aplicar el Convenio del Ayuntamiento de Aranjuez, y no las retribuciones fijadas en contrato. No en vano la subvención es sólo una ayuda económica para el mantenimiento de una actividad y el fomento de empleo, pero no puede amparar el incumplimiento de la normativa laboral en materia de retribuciones, sin que exista razón fáctica alguna que permita entender que la relación laboral del demandante con el Ayuntamiento esté fuera del ámbito personal del Convenio Colectivo de la Corporación Local cuando no hay rastro alguno de que exista un Convenio entre ella y el SPEE, sin que como tal se pueda tener la Orden 7210/2013. Se condena al Ayuntamiento a abonar las diferencias salariales.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA
  • Nº Recurso: 4518/2017
  • Fecha: 22/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Reitera su jurisprudencia anterior la sentencia en relación a la forma de determinación del periodo a tomar en cuenta para fijar las ausencias laborales computables requeridas en el despido por causas objetivas por faltas de asistencia al trabajo aun justificadas del art. 52 d) ET. Falla en el sentido de que el dies ad quem para el computo del plazo de 12 meses será la fecha del despido que es la que determina la normativa de aplicación, y cumpliéndose en dicho periodo las ausencias que exige el precepto, procede incoar éste y declarar la procedencia del despido. En el supuesto, en el periodo de 12 meses computados siguiendo la regla anterior, las ausencias alcanzaban el 5% de jornada hábiles, e incluso el 20% en dos meses consecutivos. Sigue argumentando la Sala sobre lo dispuesto en el RD-Ley 4/2020 de 18 de febrero por el que se deroga el art. 52 d) ET, señalando que entró en vigor el 19-02-2020, habiéndose declarado por STC 16-10-2019 la constitucionalidad de dicho precepto por no suponer discriminación por razón de discapacidad en aplicación de jurisprudencia comunitaria, por lo que no acreditándose que las dolencias por las que el trabajador inició los procesos de IT que derivaron en su despido son discapacitantes, casa y anula la sentencia de suplicación para, desestimando la demanda, declarar la procedencia del despido.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN
  • Nº Recurso: 151/2018
  • Fecha: 22/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia no entra a conocer de la cuestión relativa a si lo previsto en materia de jubilación parcial del apartado 2 c) de la DF 12ª Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, es o no aplicable a los trabajadores del Ayuntamiento de Gavá que procedían de determinados organismos autónomos municipales, por no apreciar la existencia de contradicción con la sentencia invocada de contraste, por cuanto en la sentencia de contraste existía un acuerdo colectivo de empresa sobre jubilación parcial comunicado al INSS en el plazo legalmente establecido, y lo que se trataba de determinar era si la no inclusión de 5 concretos trabajadores en la relación nominal de afectados presentada al INSS e incluidos posteriormente alegando un error administrativo, constituía un error subsanable, mientras que en la sentencia recurrida el debate está en si existía o no un plan de jubilación parcial así como una certificación de la empleadora ajustados a las previsiones legales, estando claramente identificados los trabajadores afectados, sin que se alegara que se había producido un error en la no inclusión de alguno de ellos, y sin que se debatiera si el error es o no subsanable.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ
  • Nº Recurso: 2667/2017
  • Fecha: 21/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se planeta si resulta procedente el recurso de suplicación frente a la sentencia de instancia, a pesar de que la cuantía es inferior a los 3000 euros que previene el art. 191.2 g) LRJS, por apreciarse afectación general en la materia que sobre la determinación de la base reguladora de la prestación por desempleo se plantea por el demandante y recurrente. La Sala del TSJ apreció la falta de cuantía para acceder a la suplicación de conformidad con lo previsto en el art. 191.2 g) LRJS y confirmó íntegramente la sentencia de instancia. La sentencia de contraste resulta totalmente inidónea puesto que fue casada y anulada por la Sala Cuarta. Sin embargo el problema jurídico que se ha de resolver se refiere finalmente a la competencia funcional de la Sala del Tribunal Supremo y no se encuentra condicionado por el presupuesto de la contradicción por afectar al orden público procesal. La sentencia recurrida no se ajustó a la doctrina de la sala, lo que no impide que deba aplicarse ahora la nueva orientación de acceso al recurso en estos supuestos de contenido similar, como el presente, en el que la reclamación del actor es semejante, relativa a las diferencias de la base reguladora de la prestación por desempleo contributivo, aplicando el art. 211.1 LGSS, en relación con el cómputo de los 180 días anteriores al hecho causante para el cálculo de dicha base, siendo la diferencia muy inferior a los 3000 euros, pero de evidente interés y afectación general.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
  • Nº Recurso: 2285/2018
  • Fecha: 19/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se trata de determinar si procede suprimir el incremento del 20% del importe de la pensión de Incapacidad Permanente Total - (R: (IPT) del demandante, al ser perceptor de una pensión de jubilación con cargo a Francia. El actor impugna la resolución del INSS que le suprime el 20% de la pensión de IPT que tenía reconocida, al ser perceptor de una pensión de jubilación que se dice incompatible con aquel porcentaje. La SJS, confirmada por la STSJ, declara el derecho del actor a percibir el referido complemento. La Sala IV desestima el recurso del INSS remitiendo a lo razonado "in extenso" en sus SSTS Pleno 29-6-18 (R. 4102/16) y 9/10/18 (R. 1095/17), que han cambiado el criterio mantenido hasta ahora en la materia; destaca que no existe en nuestra legislación una previsión específica que declare la incompatibilidad entre la percepción de una pensión de jubilación no nacional con el incremento del 20% de la IPT. Y conforme a la doctrina de la STJUE 15-3-2018 (C-431/16, Blanco Marqués), en tanto que se planteaba, como aquí, la cuestión con una pensión de jubilación abonada en Suiza debe concluirse que, no existiendo en nuestra legislación una previsión específica que declare la incompatibilidad entre la percepción de una pensión de jubilación no nacional con el incremento del 20% de la IPT nacional, son pensiones de la misma naturaleza, pero compatibles porque la legislación española carece de norma específica disponiendo lo contrario, condición impuesta por el Reglamento 883/2004
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 1404/2018
  • Fecha: 19/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión que se suscita en la sentencia anotada consiste en determinar si corresponde la declaración de Gran Invalidez a la situación de una trabajadora, agente vendedora de cupón de la ONCE, que con anterioridad a su alta en el Sistema de Seguridad Social presentaba patologías que ya eran merecedoras de su consideración como necesitado de ayuda por parte de otra persona. La Sala de suplicación desestimó la pretensión, e inmodificada la versión judicial de los hechos, el TS no entra en el fondo del asunto al no concurrir la necesaria contradicción. Así, en la sentencia recurrida consta que en el momento previo a su afiliación al Sistema de Seguridad Social, la actora ya padecía una Miopía Magna con severa limitación funcional visual que permitió su acceso a la ONCE, y a partir de ahí la decisión recurrida razona sobre la invidencia congénita de la trabajadora, que no es la única causa tenida en cuenta para calificar su situación como IPA (sino que concurre con artrosis y depresión) y desemboca en la decisión desestimatoria. En la sentencia referencial no consta deficiencia visual previa a la afiliación. A lo anterior se anuda, la dificultad para comparar lesiones desencadenantes de la incapacidad, impide que podamos apreciar la existen.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN
  • Nº Recurso: 3617/2017
  • Fecha: 19/05/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se recurre la sentencia que manteniendo el grado de incapacidad permanente absoluta que le había sido reconocido en vía administrativa, rechaza el reconocimiento de una base reguladora superior a la fijada por la Entidad Gestora. Y ello al entender que no es de aplicación el «Acuerdo sobre regulación de mejoras voluntarias de la Seguridad Social e indemnización por jubilación anticipada del personal de las empresas del grupo Uralita provenientes de fibrocemento», de 19/11/2002, que es la regulación en que la parte actora fundamentaba su pretensión relativa al cálculo de la base reguladora. La Sala IV no entra a conocer del fondo del recurso por falta de contradicción entre las sentencias comparadas y ello porque el debate jurídico gira en torno a cuestiones distintas. En la sentencia de contraste la solución de la discrepancia se encuentra en analizar la actividad a la que se había destinado el trabajador para concretar de este modo el ámbito de aplicación afectado y, en suma, discernir entre dos convenios colectivos distintos. Sin embargo, en la sentencia recurrida lo que se dilucida es si, a raíz del Acuerdo de 19 noviembre 2001 cabe entender que el cálculo de la indicada base reguladora se ha de llevar a cabo por un sistema de cómputo distinto.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.