• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL GIMENO-BAYON COBOS
  • Nº Recurso: 1724/2009
  • Fecha: 12/07/2012
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Los recursos traen causa del pleito promovido por diversas entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual de los productores de fonogramas y de los artistas, intérpretes o ejecutantes contra quienes habían realizado actos de comunicación pública sin autorización y sin satisfacer la remuneración equitativa. Además de pedir la declaración de la ilicitud, se instó la condena al cese de la conducta ilícita y a indemnizar daños y perjuicios. La sentencia (estimatoria) de primera instancia fue revocada por la de apelación, que la entendió inequitativa, al basarse en parámetros de mera indisponibilidad, concretamente, del aforo, y fijó las bases para la determinación de la cuantía en ejecución de sentencia. Las entidades de gestión recurrieron en casación y por infracción procesal. Pese a que la Ley regula un proceso de elaboración de las tarifas que deben satisfacer los usuarios por la utilización de fonogramas para su comunicación pública e impone su comunicación al Ministerio de Cultura, la norma no equipara la remuneración equitativa a las tarifas unilateralmente fijadas por las entidades de gestión. La equidad de la retribución es uno de los elementos constitutivos de la pretensión, cuya prueba recae en la actora. El deber de congruencia impide rechazar lo pretendido por causas diferentes de las alegadas por la demandada. En este caso, no se combatió la equidad de la retribución sino solo la procedencia de su pago. Estimación y asunción de la instancia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL GIMENO-BAYON COBOS
  • Nº Recurso: 1079/2009
  • Fecha: 10/07/2012
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia recurrida no adolece de falta de motivación. Según la Audiencia, las señas de identidad contenidas en la imagen, por un lado, excluyen una indicación falsa y, por otro, suponen el reconocimiento suficiente de la paternidad de la obra; y niega el daño moral, dadas las circunstancias del caso. La Sala confirma la sentencia recurrida porque esta no desconoce el derecho de reclamación de la paternidad o reconocimiento de la autoría como algo diverso a su proclamación cuando la obra se divulga. Lo que argumenta es que en la forma en la que la obra ha sido divulgada se ofrecen datos suficientes como para entender atribuida la paternidad a su autor y, en consecuencia, tal actuación no vulnera el derecho de paternidad; y que incluso en el supuesto de que se entendiese infringido tal derecho, no se aprecia la existencia de daño moral, en razón de las circunstancias. La existencia o inexistencia de daño es una cuestión de hecho, excluida de la revisión casacional.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL GIMENO-BAYON COBOS
  • Nº Recurso: 1084/2007
  • Fecha: 22/06/2012
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Norma aplicable: principio tempus regit actum. Improcedencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad del artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual: la cuestión de inconstitucionalidad no es un medio de impugnación directa y abstracta de la Ley. Eficacia subjetiva de los acuerdos entre las sociedades de gestión y las asociaciones de interesados. Constitucionalidad de la remuneración por copia privada. Elevado nivel de protección de la propiedad intelectual en las normas de Derecho de la Unión Europea. Cuestiones prejudiciales: no se ha precisado el contenido de la cuestión o cuestiones prejudiciales que se pretende que el Tribunal someta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La primacía de la norma comunitaria sobre la norma nacional. Interpretación uniforme de la norma de Derecho de la Unión que no contenga remisión expresa al Derecho de los Estados miembros. Atribución a los Tribunales nacionales del planteamiento de cuestiones prejudiciales. Improcedencia de cuestiones prejudiciales si se trata de actos claros o aclarados. Informe crítico de la Comisión Nacional de la Competencia sobre los riesgos que conlleva en la práctica el actual modelo legislativo de gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual. Inexistencia de situación monopolística. La exigencia de compensación equitativa en la Directiva. Interpretación del concepto compensación equitativa. Recurso de casación: no puede sustentarse en el error en la valoración de la prueba.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO MARIN CASTAN
  • Nº Recurso: 2037/2008
  • Fecha: 03/04/2012
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Derechos del autor de una página web, por copia autorizada de "google" en su motor de búsquedas. El demandante pidió la cesación de utilización de dicho motor por no haber autorizado la incorporación de una página electrónica. Adecuación del funcionamiento del conocido buscador "Google" a nuestro sistema de propiedad intelectual. La Sala se plantea si la actual regulación que no dispensa expresamente de autorización previa a las actividades del buscador está prohibiendo también esas actividades. Interpretando el art. 31.1 y 40 bis de la LPI con el 5.1 de la Directiva 2001/29/CE, parecería que es exigible la autorización. Pero según el segundo precepto, disposición común, debe interpretarse en el sentido de que no cabe el ejercicio abusivo del derecho, contra la buena fe y en perjuicio de terceros. Esto supone la obligación de que el órgano judicial analice la concreta pretensión del autor demandante para comprobar si en verdad la reproducción puede causar algún perjuicio a sus intereses "legítimos". En el presente caso, aun cuando los límites al derecho de autor deban interpretarse restrictivamente, ninguno de los dos artículos en cuestión de la LPI es excluyente de la doctrina del ius usus inocui.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO SALAS CARCELLER
  • Nº Recurso: 356/2009
  • Fecha: 15/03/2012
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Contrato para la realización de la serie de televisión. Solicitud de nulidad del contrato por existencia de intimidación. Recurso de casación. Cita como infringidos preceptos de carácter heterogéneo. No se justifica, en modo alguno, que la entidad demandada hubiere ejercido sobre la actora coacción o fuerza moral alguna, valiéndose de un acto injusto, para conseguir la aceptación de la actora, en contra de sus deseos, de los términos en que finalmente quedó concretado el contenido obligacional del contrato litigioso. No cabe confundir la intimidación causante de nulidad con el planteamiento legítimo de una de las partes en el contrato en el sentido de no suscribirlo si no es con determinadas condiciones que le salvaguarden frente a posibles eventualidades, no imputables a dicha parte, que pudieran frustrar su finalidad. El hecho de que la demandante suscribiera dicho contrato con una cláusula que podía perjudicarle, lo que venía determinado por su propia actuación al haber iniciado ya la producción de los capítulos, no puede significar la nulidad del contrato en virtud de una intimidación. Recurso extraordinario por infracción procesal, mezcla indebida de preceptos heterogéneos a fin de concluir la disconformidad con la valoración probatoria efectuada por la sentencia recurrida. Planteamiento de cuestión nueva.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala Especial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ
  • Nº Recurso: 5/2011
  • Fecha: 08/03/2012
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La vía que establecen los artículos 292 y 293 de la Ley Orgánica del Poder Judicial no es un nuevo cauce para examinar críticamente las conclusiones de una resolución judicial firme de la que se discrepa, sino que es únicamente un medio para hacer posible la reparación de un daño que ha sido provocado por una decisión judicial que de forma manifiesta e incuestionable ha incurrido en un enjuiciamiento equivocado. De ahí que la doctrina de esta Sala 61 y de otras Salas del Tribunal Supremo exija que el error sea «palmario, patente, manifiesto, indudable» (Sentencia de 16 mayo 1989 de la Sala Segunda) y tan inequívoco que no pueda hacerse cuestión de su existencia, no pudiendo utilizarse este procedimiento para combatir «interpretaciones que quien pretende su declaración estima subjetivamente incorrectas». En esta misma línea doctrinal, la Sentencia de 16 junio 1988 de la Sala Primera puntualiza que no es el desacierto lo que trata de corregir la declaración de error judicial, sino la desatención a un dato incuestionable. Por su parte la Sala 61 afirma que para apreciar el error ha de existir lo que la jurisprudencia llama «desajuste objetivo», es decir, "un desequilibrio patente o indudable con la realidad fáctica o con la normativa legal a través de unos hechos radicalmente distintos de aquellos que están situados sobre las bases de que se partió para obtenerlos o para aplicar un precepto legal inequívocamente inadecuado o interpretado de forma absolutamente inidónea.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL
  • Nº Recurso: 481/2009
  • Fecha: 07/03/2012
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Competencia desleal. Competencia en la venta de aparatos y equipos destinados a la impresión, sin cumplir la obligación de pago del canon compensatorio por copia privada a la que estaba vinculada como distribuidora de determinados aparatos y equipos, adquiridos fuera de España, por ser idóneos para la reproducción de las obras. Existencia de transacción por el que se acuerda que los mencionados aparatos estan sujetos a compensación legal. La transacción tiene por objeto una relación o situación jurídica material discutida, que al dotar de otro contenido a la relación jurídica litigiosa, los transigentes quedan obligados a ejecutar las prestaciones en que se concretaron las recíprocas concesiones por ellos convenidas. La interpretación de los contratos admite un limitado control en casación y es competencia de los Tribunales de instancia, no de la Sala de casación, salvo que se haya producido la infracción normativa que habilita su control. No resulta invocable la doctrina de los actos propios para desvirtuar los efectos vinculantes del contrato. Actos contrarios a la competencia. Alteración de la par condictio cret¡ditorum. La valoración de la prueba puede ser revisada cuando no supere el nivel de racionalidad preciso. La motivación consiste en la exteriorización del "iter" decisorio o conjunto de consideraciones racionales que justifican el fallo, tanto en cuanto a la formación del supuesto fáctico a enjuiciar, como en cuanto a la interpretación y aplicación de la norma.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO MARIN CASTAN
  • Nº Recurso: 1717/2008
  • Fecha: 06/03/2012
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Incumplimiento contrato de exclusiva para la comercialización de "packs turísticos" que incluían entradas para partidos de fútbol en el estadio del FC Barcelona. La contratante beneficiaria de la exclusiva demandó al club pidiendo una indemnización por incumplimiento. En ambas instancias se rechazó la pretensión, y por eso recurre la parte demandante formulando recurso extraordinario por infracción procesal y de casación. Congruencia, notoria imprecisión en la cita de normas infringidas, por mezclar las propias de la incongruencia con las de la carga probatoria, las relativas a sentencias con reserva de liquidación y condenas de futuro, las específicas sobre procesos promovidos por asociaciones de consumidores y las atinentes a la cosa juzgada. Además, las sentencias desestimatorias no pueden ser incongruentes, ya que resuelven todas las cuestiones litigiosas, además de que no hay incongruencia en el hecho de que el tribunal valore la prueba pericial para calcular los daños y perjuicios sufridos por la demandante. Interpretación contractual, planteamiento nuevamente confuso, pues no se acierta a saber si la recurrente pretende una interpretación literal o espiritualista, además de responder la que se defiende como acertada únicamente a la voluntad o interés de la propia parte, sin que quepa revisar la realizada por no aparecer como ilógica ni arbitraria ni ilegal. Supuesto de la cuestión. Marginación de los hechos probados.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ENRIQUE LECUMBERRI MARTI
  • Nº Recurso: 5757/2010
  • Fecha: 31/01/2012
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Decreto Foral 89/2008 de 11 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 6/2008 de 25 de Marzo de Financiación del Libro de Texto para la Enseñanza Básica. Desestimación. El primer motivo, porque la parte recurrente pretende que se proceda al análisis de normativa autonómica en cuanto a la adecuación del Decreto Foral 89/2008 a las previsiones de la Ley 6/2008, análisis excluido en sede casacional. Y el segundo motivo, porque el hecho de que se produzca una repetición del uso de los libros por distintos alumnos, no desnaturaliza la figura del préstamo ni, en consecuencia, impide la aplicación de lo previsto en el art. 37 del Real Decreto Legislativo 1/1996.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JESUS EUGENIO CORBAL FERNANDEZ
  • Nº Recurso: 460/2008
  • Fecha: 16/01/2012
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Sentencias con reserva de liquidación. Se puede discutir si es preferible remitir la cuestión a un proceso anterior, o excepcionalmente permitir la posibilidad operativa del incidente de ejecución, pero no es aceptable el mero rechazo de la indemnización por falta de instrumento procesal idóneo para la cuantificación. Dificultad de optar por un criterio unitario sin contemplar las circunstancias singulares de cada caso. La Audiencia señala las pautas para el cálculo de la indemnización, siendo necesario un nuevo informe pericial. Cuando la ley no establece las pautas para cuantificar el daño, el Tribunal no está sujeto a las que señalen las partes, y puede tomar en cuenta todas las que se acomoden a la justa determinación del mismo, en relación con el caso y la naturaleza de las cosas, sin que puedan considerarse sorpresivas dado que forman parte del raciocinio humano. Distinto es cuando la parte interesada por pasividad, desidia o negligencia, no hace ningún esfuerzo para fijar las bases y la cuantía, pero ello no ocurre en el caso en el que simplemente el Tribunal estima más adecuado y justo para el resarcimiento un criterio valorativo diferente. Por tanto, no existe incongruencia, ni alteración de la "causa petendi". Tampoco falta de motivación, ni vulneración de reglas sobre valoración y carga de la prueba. Responsabilidad fundada en la titularidad y explotación de las páginas Webs en que se cometieron las infracciones de los derechos de propiedad intelectual.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.