Resumen: No consta en el factum que la lesión a uno de los sujetos pasivos de la agresión requiriera objetivamente para su sanidad de tratamiento médico o quirúrgico, ni que, en cualquier caso, éste se hubiera practicado tras la primera asistencia facultativa, por lo que en este aspecto se estima el motivo. A la luz del relato histórico de la sentencia resulta incuestionable que en el enfrentamiento inicial entre el acusado y Miguel el primero fue el detonante. Es de subrayar que en principio se trataba de un enfrentamiento con acometimiento recíproco a manos limpias, hasta el momento en el que se produce un cambio profundo en esa situación al usar el acusado una navaja de doble filo con unos 12 centímetros de longitud, con el que agredió a su contendiente, que resultó con las heridas y secuelas estéticas que se citan en el factum. Es verdad que, siempre a tenor del factum, en ese momento intervino un primo de Miguel , y, de seguido, la tía de ambos que se enfrentaron al acusado. Pero esta nueva situación, y el acometimiento de los nuevos protagonistas no puede ser calificado de agresión ilegítima, sino de bien justificado al estar siendo atacado Miguel con un arma letal y con grave y manifiesto peligro para su vida e integridad física, y, por lo mismo, tampoco concurre el requisito de falta de provocación suficiente por parte del agresor. También debe excluirse la semieximente respecto del tercero apuñalado cuando intenta mediar y separar a los contendientes.
Resumen: Los acusados se agredieron empleando uno de ellos una navaja. El Juzgado de lo Penal condenó al primero como autor de un delito de lesiones con instrumento peligroso y al otro como autor de un delito básico de lesiones. Apelan ambos la sentencia, desestimando la AP sus recursos. Alegado por ambos condenados que se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia y la valoración errónea de la prueba practicada, se descarta ya que, aunque negado por los dos haber agredido al contrario, otra cosa resulta de las pruebas practicadas, constitutivas de un material probatorio suficiente para destruir las respectivas presunciones de inocencia. Por ello, carece de fundamento invocar el principio de carácter procesal "in dubio pro reo". En cuanto al agresor con arma blanca se estima que la lesión que sufrió en el pulpejo de un dedo no consta que se debiera a la agresión que padeció, siendo compatible con un autocorte cuando apuñalaba a su contrincante. Se rechaza la alegación subsidiaria de las eximentes de legítima defensa, al tratarse una riña mutuamente aceptada, y de intoxicación casi plena por embriaguez y consumo de drogas al no probarse una afectación de la imputabilidad.
Resumen: El Juzgado de lo Penal condenó a los apelantes como autores de sendos delitos de lesiones leves con ocasión de agredirse entre ellos. La AP desestima sus recursos. No se aprecia error en la valoración de la prueba, siendo razonable la conclusión del jugador, ante las versiones mantenidas por cada contrincante, de que se agredieron recíprocamente. Tal situación de riña significa un escenario de pelea recíprocamente consentida en la que los contendientes se sitúan al margen de la protección penal al ser actores provocadores cada uno de ellos del enfrentamiento, y sin agresión ilegítima no cabe apelar a la legítima defensa, ni siquiera en su modalidad semiplena.
Resumen: Existencia de una incongruencia interna de la sentencia al afirmarse en la fundamentación jurídica hechos que no se declaran probados, que, sin embargo, carece de otra transcendencia. La vía del error de hecho se sustenta en un documento que acredita un error patente. No tienen la consideración de documento las declaraciones de testigos y perjudicados, por su componente personal y depender de la percepción directa e inmediata del Tribunal de instancia. Alcance de la alegación de vulneración del derecho a la presunción de inocencia: en el caso, solamente se plantea respecto de la apreciación de las bases fácticas de las atenuantes que se alegan. En principio, la presunción de inocencia no alcanza a las circunstancias atenuantes ni eximentes, cuya prueba no corresponde a la acusación. Las circunstancias fácticas, en especial posteriores a los hechos, no se ajustan a la de quien padece una alteración profunda de sus facultades. Distinta incidencia en la imputabilidad de la ingesta de alcohol o de grave dependencia al consumo de alcohol. En el supuesto, se estima la concurrencia de la atenuante, por el acreditado consumo de alcohol. Requisitos de la legítima defensa: no procede, porque cuando el acusado llega a la habitación, la agresión contra su madre había ya terminado. Fundamento de la atenuante de arrebato u obcecación. Se estima: consta que el acusado obra ante el intento de la víctima de abusar sexualmente de su madre. Confesión: su admisión de los hechos no aportó nada.
Resumen: El informe pericial y el visionado de la diligencia ya practicada en la instrucción no auguran razonablemente un impacto emocional con secuelas de especial intensidad en el menor cuya edad rebasa ya la infancia y alcanza la pubertad, al haberse prescindido de la posibilidad de formular preguntas al menor que alejen dudas sobre la dinámica de la agresión que padeció, se impide llevar cabo adecuadamente la calificación jurídica desde la perspectiva penal por indeterminación del presupuesto de hecho de la misma, la deficiencia no es remediable acudiendo a los otros medios de prueba practicados. Tal trascendencia ocurre solamente sobre la imputación del intento de homicidio del menor. La reposición del procedimiento al momento de la práctica de la prueba, no debe seguirse ante el Tribunal del Jurado, ya que su competencia venía determinada por conexión. Al escindirse el conocimiento de los dos objetos del hasta ahora único procedimiento, y alcanzando firmeza el pronunciamiento relativo al asesinato consumado, deberá seguirse conforme al juicio ordinario. Para que exista alevosía, no es imprescindible que de antemano el agente busque y encuentre el modo más idóneo de ejecución, sino que es suficiente que se aproveche en cualquier momento y de forma consciente de la situación de indefensión de la víctima. No existirá una auténtica agresión ilegítima cuando la agresión ya haya finalizado. No es posible admitir la misma en una riña mutuamente aceptada y consentida.
Resumen: La credibilidad de la prueba personal sólo puede ser valorada por el órgano jurisdiccional que con percepción inmediata ha presenciado su desarrollo, pues sólo este tribunal ha cumplido con las exigencias del art. 741 de la ley procesal penal. Tanto el cumplimiento de un deber como el ejercicio legitimo de un derecho u oficio no constituye una patente para que bajo su amparo puedan quedar justificados todos los actos que bajo los supuestos del precepto se realicen, sino que, es preciso que los mismos estén dentro de la órbita de su debida expresión, uso y alcance, porque de lo contrario constituyen un abuso capaz y bastante para desvalorar la excusa y para llegar a una definición de responsabilidad. Teniendo en cuenta el carácter facultativo de las circunstancias agravantes del art. 148 y la flexibilidad del marco penal previsto en el art. 147, cuyo mínimo puede ser reducido de una manera muy significativa, las exigencias de tratamiento médico no pueden ser excesivas, pues de lo contrario se produciría una seria desprotección del bien jurídico que tutela este tipo penal. Los criterios en derecho de la circulación, puramente economistas, obtenidos de un cálculo matemático, chocan frontalmente con los daños físicos, psíquicos y materiales originados por una conducta dolosa con la multiplicidad de motivaciones que pueden impulsarla, sin descartar la intencionada y deliberada decisión de causar los mayores sufrimientos posibles.
Resumen: Presunción de inocencia. En el recurso de casación no se practica prueba. Juicio sobre la prueba: suficiencia; motivación y razonabilidad. Dominio funcional del hecho: son coautores los que realizan una parte necesaria en la ejecución del plan global, aunque cada una de sus contribuciones no sean típicas. Inalterabilidad de los hechos probados; legítima defensa, estado de necesidad, miedo insuperable. Delito de tenencia ilícita de armas; tenencia compartida. No cabe confundir el régimen jurídico de la atenuación de responsabilidad con el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.
Resumen: Homicidio (absolución). La devolución del acta al Jurado no se planteó en el momento de la emisión o lectura del veredicto absolutorio por el portavoz del Jurado que se aquietó con el mismo. Inexistencia de indefensión. Inexistencia de contradicción de los hechos probados. El hecho nuevo alternativo fue aprobado y votado por mayoría. El relato fáctico apreciado por el Jurado es coherente con el objeto del veredicto fijado en su momento sin protesta alguna, sin que exista un lapso temporal, sino una ordenación en la sentencia de los hechos determinados probados por el Jurado efectuada por la Magistrada-Presidente. Error de prohibición directo: el agente cree obrar lícitamente al recaer sobre la norma prohibitiba; el error de prohibición indirecto incide sobre una causa de justificación como la legitima defensa. En ambos casos la consecuencia es la exclusión de la responsabilidad criminal si es invencible o una disminución en uno o dos grados de la pena si es vencible. El error ha de ser probado. Existencia de legítima defensa putativa y de miedo insuperable al concurrir todos y cada uno de sus requisitos.
Resumen: Homicidio, legítima defensa putativa por error invencible. Recurso de apelación contra sentencias del tribunal del Jurado se basa en motivos tasados, sin posiblidad de que el Tribunal que conoce de la apelación realice otra valoración de la efectuada por el Jurado, el cual declaró probado que "el acusado efectuó el disparo por la creencia errónea de que estaba sufriendo una agresión que iba a poner en peligro su vida". Presunción de inocencia desvirtuada, prueba de cargo. Indemnización, el baremo de los accidentes de circulación es orientativo para fijar las idemnizaciones, reducción de estas en función de la conducta que la víctima tuvo en la producción del resultado. Indemnización correcta. El jurado declaró que el error era invencible, y este sobre un hecho constitutivo de la infracción penal, es causa de exclusión de la responsabilidad criminal.El baremo para la indemnización de los accidentes de circulación se puede aplicar con caracter orientativo para indemnizar cualquier daño de otra procedencia. El jurado consideró que la conducta de la víctima fue muy importante en la producción del resultado. Moderación inemnización. Caso fortuito y legítima defensa completa son incompatibles con los hechos probados. La eximente de cumplimento de deber carece de sustento en los hechos declarados probados.Tampoco se aprecia la eximente de miedo insuperable. El acusado era policia en segunda actividad, en uso de la pistola reglamentaria. El Estado responsable civil subsidiario.
Resumen: Las oscuridades denunciadas no constituyen el vicio formal de falta de claridad en la sentencia. La contradicción denunciada se da entera un pasaje de la fundamentación jurídica y la interpretación que de la prueba hace el recurrente, lo que no constituye el vicio denunciado. La contradicción ha de darse en los hechos probados y no entre éstos y la valoración que la parte recurrente hace de un informe pericial. La fundamentación jurídica mediante la que el Tribunal a quo expresa el iter deductivo del fallo se ajusta a las reglas de la lógica y no incurre en arbitrariedad. Se formula la pretensión de infracción de ley por aplicación indebida de norma sustantiva al margen de los hechos probados, por lo que el motivo debe decaer. La secuencia de hechos excluye la posibilidad de apreciar una agresión ilegítima. Los supuestos de riñas tumultuarias entre famillias de contendientes no reúnen los elementos propios de la legítima defensa. En general, la jurisprudencia estima que la eximente de legítima defensa es incompatible con la riña tumultuaria mutuamente aceptada. El Tribunal se ajusta al contenido del informe pericial señalado como acreditativo del error. No hay déficit probatorio: el propio acusado admitió haber participado en la agresión. No se vulnera el principio de proporcionalidad: la Audiencia motiva de forma suficiente la pena fundamentalmente en la especial peligrosidad del instrumento empleado. No procede el concurso de leyes entre el delito de lesiones y el de riña.