Resumen: Se analiza la doctrina jurisprudencial en materia de legítima defensa, y se aplica a un supuesto de homicidio estimando que concurre como eximente incompleta. Se examina la motivación del veredicto del Jurado y sus posturas doctrinales. Complementación por el Magistrado-Presidente. Así "en la sucesiva concatenación de los hechos objeto del veredicto, individualiza las pruebas y cualesquiera otros elementos de convicción cuyo impacto psicológico le persuade o induce a admitir o rehusar la versión histórica de los respectivos acontecimientos". Arrepentimiento espontáneo. Concurre como analógica. "Como circunstancia analógica de confesión la realización de actos de colaboración con los fines de la justicia cuando ya se ha iniciado la investigación de los hechos con el acusado (SSTS. 20.10.97, 30.11.96, 17.9.99 ). En efecto la aplicación de una atenuante por analogía debe inferirse del fundamento de la atenuante que se utilice como referencia para reconocer efectos atenuatorios a aquellos supuestos en los que concurra la misma razón atenuatoria".
Resumen: La credibilidad de la prueba personal sólo puede ser valorada por el órgano jurisdiccional que con percepción inmediata ha presenciado su desarrollo, pues sólo este tribunal ha cumplido con las exigencias del art. 741 de la ley procesal penal. Tanto el cumplimiento de un deber como el ejercicio legitimo de un derecho u oficio no constituye una patente para que bajo su amparo puedan quedar justificados todos los actos que bajo los supuestos del precepto se realicen, sino que, es preciso que los mismos estén dentro de la órbita de su debida expresión, uso y alcance, porque de lo contrario constituyen un abuso capaz y bastante para desvalorar la excusa y para llegar a una definición de responsabilidad. Teniendo en cuenta el carácter facultativo de las circunstancias agravantes del art. 148 y la flexibilidad del marco penal previsto en el art. 147, cuyo mínimo puede ser reducido de una manera muy significativa, las exigencias de tratamiento médico no pueden ser excesivas, pues de lo contrario se produciría una seria desprotección del bien jurídico que tutela este tipo penal. Los criterios en derecho de la circulación, puramente economistas, obtenidos de un cálculo matemático, chocan frontalmente con los daños físicos, psíquicos y materiales originados por una conducta dolosa con la multiplicidad de motivaciones que pueden impulsarla, sin descartar la intencionada y deliberada decisión de causar los mayores sufrimientos posibles.
Resumen: La abstención del magistrado supuestamente contaminado es improcedente. Aunque no consta la notificación de su designación como ponente en el Tribunal enjuiciador, existen una pluralidad de resoluciones debidamente notificadas en las que figuraba explícitamente como tal. El recurrente tuvo ocasión de solicitar la recusación. Insuficiencia de los indicios en los que se basa el pronunciamiento condenatorio por el delito de lesiones. Se aborda el estudio del dolo eventual en el delito de homicidio que abarca ambos tipos de dolo. Aplicación preferente dentro de la jurisprudencia de un concepto normativo de solo eventual, en el que prima el elemento intelectivo sobre el volitivo, aunque ello no excluye totalmente el último, sino que más bien lo posterga. Criterios para la determinación de la existencia del ánimo de matar. Realización de una acción agresiva con conocimiento del peligro concreto que se genera. Exclusión de la legítima defensa por tratarse de una riña mutuamente aceptada. En las pruebas personales, el control del Tribunal se limita a la estructura racional del discurso valorativo efectuado por la Audiencia. La prueba solicitada no era en absluto crucial ni necesaria y hubo otra prueba copiosa. Lo documentos citados carecen de literosuficiencia y el extremo que se pretende acreditar es irrelevante.
Resumen: Las oscuridades denunciadas no constituyen el vicio formal de falta de claridad en la sentencia. La contradicción denunciada se da entera un pasaje de la fundamentación jurídica y la interpretación que de la prueba hace el recurrente, lo que no constituye el vicio denunciado. La contradicción ha de darse en los hechos probados y no entre éstos y la valoración que la parte recurrente hace de un informe pericial. La fundamentación jurídica mediante la que el Tribunal a quo expresa el iter deductivo del fallo se ajusta a las reglas de la lógica y no incurre en arbitrariedad. Se formula la pretensión de infracción de ley por aplicación indebida de norma sustantiva al margen de los hechos probados, por lo que el motivo debe decaer. La secuencia de hechos excluye la posibilidad de apreciar una agresión ilegítima. Los supuestos de riñas tumultuarias entre famillias de contendientes no reúnen los elementos propios de la legítima defensa. En general, la jurisprudencia estima que la eximente de legítima defensa es incompatible con la riña tumultuaria mutuamente aceptada. El Tribunal se ajusta al contenido del informe pericial señalado como acreditativo del error. No hay déficit probatorio: el propio acusado admitió haber participado en la agresión. No se vulnera el principio de proporcionalidad: la Audiencia motiva de forma suficiente la pena fundamentalmente en la especial peligrosidad del instrumento empleado. No procede el concurso de leyes entre el delito de lesiones y el de riña.
Resumen: Requisitos de la eximente de miedo insuperable. Eliminación de la óptica excesivamente objetivista del Código anterior. Se impone una concepción más objetivista, partiendo de la situación psicológica personal e intransferible de cada sujeto. Debe tener cierta intensidad y tratarse de un mal efectivo, real y acreditado. Su ponderación exige analizar si el sujeto podría haber adoptado otra conducta distinta de la que llevó a cabo ante la presión del miedo. Si el miedo es insuperable se aplica la eximente, y si existen elementos objetivos que permiten establecer la posibilidad de un comportamiento distinto, se apreciará una eximente incompleta. Se aprecia, en el caso, la posibilidad de la acusada de acudir a otras alternativas. La legítima defensa es una causa de justificación fundada en la autoprotección, a cuyo carácter objetivo no le obsta la existencia del ánimus defendendi. Se deben diferenciar entre la falta necesidad de la defensa y la falta de proporcionalidad en los medios empleados para impedir o reparar la lesión. La primera conduce al exceso extensivo o impropio en que la respuesta se anticipa por no existir un ataque o se prorroga indebidamente y la segunda a un exceso intensivo o propio. La necesidad de la defensa exige una agresión previa y persistente y la necesidad del medio empleado, la proporcionalidad, esto es que la respuesta, conjurando el peligro, se mantenga dentro de los límites imprescindibles para rechazar la previa agresión.
Resumen: La sentencia en primer lugar señala que la vía de la infracción de Ley del art. 849.1 de la L.E.Crim. exige el respeto total a los hechos probados. En el motivo por error de hecho en la apreciación de la prueba la sentencia determina que las declaraciones de los testigos carecen del carácter de documento a efectos del recurso de casación. Con exposición de la jurisprudencia al respecto se rechaza la concurrencia de la eximente completa de legítima defensa por no existir agresión ilegítima. Igualmente se rechaza la eximente incompleta por cuanto que no existe agresión ilegítima y por tanto no existe necesidad de defensa. En la imposición de la pena señala la sentencia que la de instancia no ha motivado suficientemente la concrección de la pena que se realiza para el homicidio en grado de tentativa, no obstante la gravedad de los hechos, la forma en la que se ejecutaron y el resto de los datos que figuran en la narración justifican la imposición de la pena en el límite máximo de la mitad inferior.
Resumen: Existencia de una incongruencia interna de la sentencia al afirmarse en la fundamentación jurídica hechos que no se declaran probados, que, sin embargo, carece de otra transcendencia. La vía del error de hecho se sustenta en un documento que acredita un error patente. No tienen la consideración de documento las declaraciones de testigos y perjudicados, por su componente personal y depender de la percepción directa e inmediata del Tribunal de instancia. Alcance de la alegación de vulneración del derecho a la presunción de inocencia: en el caso, solamente se plantea respecto de la apreciación de las bases fácticas de las atenuantes que se alegan. En principio, la presunción de inocencia no alcanza a las circunstancias atenuantes ni eximentes, cuya prueba no corresponde a la acusación. Las circunstancias fácticas, en especial posteriores a los hechos, no se ajustan a la de quien padece una alteración profunda de sus facultades. Distinta incidencia en la imputabilidad de la ingesta de alcohol o de grave dependencia al consumo de alcohol. En el supuesto, se estima la concurrencia de la atenuante, por el acreditado consumo de alcohol. Requisitos de la legítima defensa: no procede, porque cuando el acusado llega a la habitación, la agresión contra su madre había ya terminado. Fundamento de la atenuante de arrebato u obcecación. Se estima: consta que el acusado obra ante el intento de la víctima de abusar sexualmente de su madre. Confesión: su admisión de los hechos no aportó nada.
Resumen: Se discutió la aplicación de la eximente de legítima defensa, lo cual se descarta porque si es evidente que no nos hallamos ante ningún ataque imprevisible ni se trata de una reacción proporcionada, sino que después de hallarse estos separados, la recurrente le golpea en la cabeza con el tacón de su zapato, causándole una herida inciso-contusa cuando ya no era imprescindible ni racional el uso de la violencia.
Resumen: El Juzgado de lo Penal condenó a los apelantes como autores de sendos delitos de lesiones leves con ocasión de agredirse entre ellos. La AP desestima sus recursos. No se aprecia error en la valoración de la prueba, siendo razonable la conclusión del jugador, ante las versiones mantenidas por cada contrincante, de que se agredieron recíprocamente. Tal situación de riña significa un escenario de pelea recíprocamente consentida en la que los contendientes se sitúan al margen de la protección penal al ser actores provocadores cada uno de ellos del enfrentamiento, y sin agresión ilegítima no cabe apelar a la legítima defensa, ni siquiera en su modalidad semiplena.
Resumen: Los acusados se agredieron empleando uno de ellos una navaja. El Juzgado de lo Penal condenó al primero como autor de un delito de lesiones con instrumento peligroso y al otro como autor de un delito básico de lesiones. Apelan ambos la sentencia, desestimando la AP sus recursos. Alegado por ambos condenados que se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia y la valoración errónea de la prueba practicada, se descarta ya que, aunque negado por los dos haber agredido al contrario, otra cosa resulta de las pruebas practicadas, constitutivas de un material probatorio suficiente para destruir las respectivas presunciones de inocencia. Por ello, carece de fundamento invocar el principio de carácter procesal "in dubio pro reo". En cuanto al agresor con arma blanca se estima que la lesión que sufrió en el pulpejo de un dedo no consta que se debiera a la agresión que padeció, siendo compatible con un autocorte cuando apuñalaba a su contrincante. Se rechaza la alegación subsidiaria de las eximentes de legítima defensa, al tratarse una riña mutuamente aceptada, y de intoxicación casi plena por embriaguez y consumo de drogas al no probarse una afectación de la imputabilidad.