Resumen: Delimita en primer lugar la Sala 2ª TS el contenido y alcance del derecho a la prueba, así como los requisitos que exige la viabilidad de una queja en casación relativa a una infracción del mismo y del motivo casacional previsto en el art. 849.2 LECrim. por error en la apreciación de la prueba, afirmando a este respeto que los dictámenes periciales no son documentos, sino pruebas personales documentadas, aspecto este último que adquiere mayor relevancia cuando el dictamen se presta en el juicio oral bajo el principio de inmediación. Asimismo, en sede de imputabilidad, tras afirmar que en los casos en que pueda constatarse una afectación de la capacidad del sujeto debida al consumo de alcohol de menor intensidad, debería aplicarse la atenuante analógica del art. 21.6 CP. A continuación expone el contenido de las circunstancias agravantes de alevosía, atenuante de reparación del daño y confesión de los hechos a las autoridades, tanto en la modalidad de ordinaria como analógica, así como de la eximente y semieximente de trastorno mental transitorio, diferciando entre arrebato y obcecación. Finalmente, en sede de responsabilidad civil, para establecer la cuantía de la indemnización tiene en cuenta el baremo anexo al RDLeg. 8/2004, aun cuando no es de aplicación obligatoria a los delitos dolosos, desprendiéndose del mismo la compatibilidad entre la indemnización acordada al padre y a la hija de la víctima fallecida.
Resumen: Señala la sentencia que el valor del testimonio de referencia es el de prueba complementaria, que refuerza lo acreditado por otros elementos probatorios directos o bien el de prueba «subsidiaria», a considerar solamente cuando es imposible acudir al testigo directo por desconocerse su identidad, haber fallecido o cualquier otra circunstancia análoga que haga imposible su declaración testifical. Apunta que la habitualidad, a la que se refiere el art. 173 del Código Penal se concreta en una situación de dominio provocada por la reiteración de una conducta que estatuye una situación de hecho en la que la violencia es empleada como método de establecimiento de las relaciones familiares. Concluye afirmando que es posible dar valor probatorio al contenido incriminatorio de manifestaciones prestadas fuera del juicio oral siempre que se garantice suficientemente el derecho de defensa del acusado.
Resumen: Doctrina sobre proposición de pruebas en el sumario al inicio del juicio oral. El principio de unidad del ordenamiento jurídico lo posibilita, cuando la petición adicional de prueba esté justificada, no suponga fraude procesal y no constituya obstáculo al principio de contradicción e igualdad entre las partes. Concepto indefensión con relevancia constitucional. Orden de realización de las pruebas. Facultades Presidente Tribunal. Incomunicación testigos. Interpretación art. 704 LECrim. Quebrantamiento forma. Pregunta impertinente. Es preciso valorar la relevancia y causalidad de la pregunta con el sentido del fallo. Intervenciones telefónicas. Doctrina del Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo. Registro trastero. No constituye domicilio al no desarrollarse en el mismo aspecto alguno vida privada y familiar. Incorporación al plenario de los SMS. Incidencia drogadicción. Doctrina de la Sala. Atenuante grave adicción y no eximente incompleta. Motivación resoluciones judiciales. Aspectos que comprende, motivación fáctica, de los medios probatorios, motivación a la subsunción jurídica, y motivación decisional. Prueba del destino tráfico. Inferencia excesivamente abierta. Tipo agravado de venta en establecimiento público. Cantidades que excluyen el autoconsumo. La no ocupación de la droga no implica la imposibilidad de subsumir la conducta del tipo penal artículo 368. Complicidad. Doble dolo. Desistimiento de la tentativa.
Resumen: La Sala declara que se está ante una tentativa de asesinato pues se han utilizado procedimientos que tienden directa y especialmente a asegurar la ejecución sin posibilidad de defensa por el ofendido. Así, el dolo del sujeto activo ha de incluir no sólo la captación de los elementos objetivos, sino también la tendencia al aseguramiento; bien entendido que ello no implica la exigencia de un dolo reduplicado sino que basta el aprovechamiento de los elementos objetivos de que se tiene consciencia. Por otra parte, la alevosía es compatible con la imputabilidad disminuida, porque aquella se vincula especialmente con la ejecución material del hecho, sin que quepa apreciar con prueba directa que el recurrente sufriera una intoxicación aguda por alcohol que le impidiera comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión o que mermara relevantemente esas funciones; por lo que no cabe apreciar la eximente completa o atenuante. Tampoco cabe aprecia la atenuante de reparación del daño, pues, atendidas las características de los sujetos y el objeto del caso, no alcanza la intensidad necesaria para apreciarla.
Resumen: Desestima el recurso, confirma la condena del menor en un supuesto de violencia habitual en el ámbito familiar y rechaza apreciar una situación de trastorno de conducta basándose, exclusivamente, en el informe del equipo técnico. La sentencia razona que para apreciar una circunstancia modificativa de la responsabilidad que incide sobre la capacidad de culpabilidad del menor imputado (inimputabilidad) es preciso un dictamen pericial psiquiátrico o psiocológico del que pueda extarerse que las facultades del sujeto se encontraban alteradas en el momento de la comisión del delito
Resumen: Desestima el recurso, confirma la condena del menor en un supuesto de violencia habitual en el ámbito familiar y rechaza apreciar una situación de trastorno de conducta basándose, exclusivamente, en el informe del equipo técnico. La sentencia razona que para apreciar una circunstancia modificativa de la responsabilidad que concierne a la capacidad de culpabilidad del menor (inimputabilidad) resulta imprescindible un dictamen pericial psiquiátrico o psicológico, del que pueda extraerse que las facultades del sujeto se encontraban alteradas en el momento de la comisión del delito.
Resumen: Los hechos declarados probados no dejan lugar a dudas sobre dos afirmaciones que nos colocan de forma necesaria en el delito de detención ilegal: I) Existió una detención de otra persona a la que se privó de libertad. II) La víctima era una recién nacida. Por lo tanto, la aplicación de lo dispuesto en los artículos 163.1 y 165 del Código Penal es indeclinable dado que existe una privación de libertad de deambulación y tal privación tiene como víctima a una menor de edad. El ámbito de lo discutible en el plano de la significación jurídico penal del hecho cometido por Dña. Ruth es la determinación de si concurre la modalidad atenuada descrita en el artículo 163.2 del mismo texto legal. La acusada comprendía la ilicitud de lo que hacía, pero, no obstante esa compresión, el vacío existencial que tenía por una hija que sentía perdida alimentado, sin duda, por una enfermedad mental que precisaba unas pautas farmacológicas que no seguía y que se indicaban para evitar episodios maníacos, neutralizar crisis de ansiedad y reducir las opciones de ataques equilépticos, limitó de forma relevante su capacidad para dirigir su voluntad en términos respetuosos con la prohibición de privar de libertad a un bebé que tenía otros padres. Por lo tanto, entendemos que concurre la atenuante prevista en el artículo 21.1º del Código Penal.
Resumen: La sentencia declara la responsabilidad de la acusada que, en un doble fondo de su equipaje, transportaba algo más de cuatro kilogramos de cocaína. La sentencia establece que presentaba un trastorno mixto de la personalidad asociado al consumo de drogas. La Sala entiende que en tales condiciones, aun siendo consciente de que realiza una actividad ilícita, la acusada tiene limitada su capacidad para controlar sus impulsos y aprecia una circunstancia atenuante, aplicando la eximente incompleta de alteración psíquica.
Resumen: La sentencia, que declara la responsabilidad de la acusada por un delito contra la salud pública, recurre a la teoría del asentimiento o de la ignorancia deliberada para apreciar la existencia de dolo eventual. En cuanto a la imputabilidad, la defensa alega que a la acusada se le ha diagnosticado un trastorno bipolar. Respecto de la relevancia de esta patología en orden a atenuar su responsabilidad, la Sala recuerda la doctrina del TS que atiende a la fase de la enfermedad en que se haya cometido el delito. En el caso examinado, la Sala considera que no se ha acreditado suficientemente la existencia misma de la enfermedad ni, por tanto, la fase en que se encontraría la acusada en el momento de la comisión del hecho delictivo ni, consiguientemente, la influencia que ha podido tener en su conducta. A causa de ello, se rechaza que se pueda atribuir consecuencia alguna a esa supuesta enfermedad en orden a la modificación de la responsabilidad de la acusada.
Resumen: Tras declarar la responsabilidad de la acusada por un delito contra la salud pública (ofreció en venta pastillas de MDMA a unos policías), la Sala atenúa su responsabilidad, teniendo en cuenta la existencia de un trastorno de la personalidad asociado al consumo de alcohol y estupefacientes, en el que se había iniciado a los once años. La Sala, además, subraya que la acusada, de tan sólo veintiún años de edad, al tiempo de los hechos, se encuentra en una situación de desarraigo familiar e indigencia. Todo ello, le lleva a considerar que al cometer el delito se encontraba en una situación de anormalidad motivacional que, según se establece en la sentencia, se explica por una alteración en la percepción del ilícito y un comportamiento influido por una compulsiva adicción a las drogas, así como la necesidad de manenerse en el consumo abusivo de estupefacientes. Por contra, se rechaza la concurrencia de otras atenuantes, como el estado de necesidad o la existencia de dilaciones indebidas, que también habían sido invocadas.