Resumen: La existencia de signos de defensa dejados por la víctima durante el episodio de la agresión no conduce, siempre y en todo caso, a neutralizar la aplicación de la agravante de alevosía. Se recuerda la compatibilidad del ataque alevoso (art. 139.1.1 CP) y el asesinato hiperagravado que tiene como víctima a personas singularmente vulnerables.El art. 140.1 del CP castiga con la pena de prisión permanente revisable el delito de asesinato cuando «la víctima sea menor de dieciséis años de edad, o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad, o discapacidad física o mental». Las dificultades surgen cuando la menor edad de la víctima ha sido ya determinante para la calificación del ataque como alevoso.La Sala considera que de lo que se trata es de responder a la cuestión de si la muerte alevosa de un menor cuya edad le inhabilita para cualquier defensa -hay menores que sí pueden defenderse-, impide un tratamiento agravado acorde con su mayor antijuridicidad. Y la respuesta que da es negativa. Concluye que la muerte alevosa de un niño siempre será más grave que la muerte alevosa de un mayor de edad que es asesinado mientras duerme o se encuentra bajo los efectos de sustancias que le obnubilan. La condición de la víctima menor de 16 años de edad supone un fundamento jurídico distinto que justifica la decisión del legislador, y que no implica un mecanismo duplicativo (bis in idem) que impida la calificación en el art. 140.1.1º del Código Penal.
Resumen: Delito de lesiones, supuesto de contagio de enfermedad de transmisión sexual. Transmisión del VIH en supuestos en los que el infectado conocía la enfermedad de su pareja y aceptó mantener relaciones sexuales en forma que entrañaba un riesgo de contagio. El TS establece doctrina relativa a la diferenciación entre la respuesta penal que debe darse a quien dolosamente coopera con una situación de peligro desarrollada por alguien que termina sufriendo la consecuencia del riesgo (cooperación a la autopuesta en peligro), y el tercero que es responsable de asumir y desarrollar personalmente la situación de peligro cuando ha sido consentida por quien resulta perjudicado (heteropuesta en peligro consentida). En el caso concreto, el TS afirma, de un lado, que de forma excepcional cabe sostener (como se hace en el caso concreto) que las dudas del Tribunal sobre un hecho determinante de la antijuricidad material del comportamiento, pueda plasmarse en un pronunciamiento de no culpabilidad del acusado. Y, de otro, que no cabe acudir al consentimiento de la víctima para excluir la responsabilidad del autor del hecho pues no resulta adecuado por eludir que la plenitud de la adhesión exigiría que se proyectara sobre el resultado lesivo que se enjuicia y, aun en ese caso, que el criterio normativo fijado en el artículo 155 del Código Penal atribuye al consentimiento una minoración de la penalidad que reside en el menor desvalor de la acción, pero en modo alguno una irrelevancia penal.
Resumen: Contenido de análisis cuando se alega en casación la alegación de vulneración del derecho a la presunción de inocencia, particularmente cuando ha existido una previa resolución del recurso de apelación. Validez de la declaración de la víctima como prueba de cargo bastante bastante. Parámetros jurisprudenciales de valoración de la declaración de la víctima. Persistencia en las declaraciones de la víctima, sin la concurrencia de importantes contradicciones. Corroboración otorgada por el informe pericial de la declaración de la víctima, que se calificó de fiable, y la testifical de las personas del entorno familiar que pusieron de relieve la existencia de episodios violentos previos. La inexistencia de lesiones no supone la minusvaloración de la credibilidad del testimonio. Error en la apreciación de la prueba: requisitos. Ha de basarse en documentos literosuficientes. El consumo de sustancias estupefacientes, aunque sea habitual por sí solo no permite la aplicación de la atenuante. Supuestos en los que una toxicomanía puede producir una anulación total de la responsabilidad criminal. La aplicación de una toxicomanía como eximente competa sólo es posible cuando se haya acreditado que el sujeto padece una anomalía o alteración psíquica. La atenuante de grave adicción es una atenuante funcional. Carácter no documental de los informes periciales. Continuidad delictiva en delitos contra la libertad sexual. Rechazo jurisprudencial en general a su aplicación. Inaplicabilidad al caso.
Resumen: Respecto de la complicidad en sentido estricto la Sala II, ante casos de auxilio mínimo en los actos relativos al tráfico de drogas, que se vienen incluyendo en la gráfica expresión de "favorecimiento del favorecedor", viene optando por permitirla, cuando se trata de supuestos de colaboración de poca relevancia, como ocurre, por ejemplo, en caso de tenencia de la droga que se guarda para otro de modo ocasional y de duración instantánea o casi instantánea, o en el hecho de simplemente indicar el lugar donde se vende la droga, o en el solo acompañamiento a ese lugar. La participación del recurrente consistió en colaborar en la preparación de las lanchas y en convencer a G., para que apareciese como arrendatario de la nave. No se ha concretado en qué consistió su aportación a la preparación. Todo ello permite considerar que su colaboración no superó la escasa relevancia o el segundo orden que caracteriza a la complicidad en estos casos.La conducta de los recurrentes no dio lugar solamente al acuerdo, sino que el barco que pensaban utilizar llegó a estar totalmente preparado para hacerse a la mar. La actividad de los recurrentes superó los actos preparatorios para integrarse en el delito intentado. No puede darse por probado que tuvieran como finalidad la comisión de otros futuros delitos, y no se aprecia una estructura consistente, que permita afirmar que el reparto de tareas supera las exigencias de la codelincuencia, de forma que pueda apreciarse una organización criminal.
Resumen: El principio "in dubio pro reo", presuponiendo la previa existencia de la presunción de inocencia, se desenvuelve en el campo de la estricta valoración de las pruebas, es decir de la apreciación de la eficacia demostrativa por el Tribunal de instancia a quien compete su valoración la conciencia para formar su convicción sobre la verdad de los hechos. El principio "in dubio pro reo", se diferencia de la presunción de inocencia en que se dirige al Juzgador como norma de interpretación para establecer que en aquellos casos en los que a pesar de haberse realizado una actividad probatoria normal, tales pruebas dejasen duda en el ánimo del Juzgador, se incline a favor de la tesis que beneficie al acusado. La atipicidad del consumo compartido es aplicable cuando concurren cuatro circunstancias:que se trate de consumidores habituales o adictos que se agrupan para consumir la sustancia; el consumo de la misma debe llevarse a cabo "en lugar cerrado"; deberá circunscribirse el acto a un grupo reducido de adictos o drogodependientes y ser éstos identificables y determinados; no se incluyen en estos supuestos las cantidades que rebasen la droga necesaria para el consumo inmediato. La drogadicción es una atenuante funcional, es decir aplicable solo cuando el acusado ha actuado "a causa" de su grave adicción, condicionado o acuciado por ella para obtener la sustancia que necesita imperativamente.
Resumen: Los atestados policiales y los informes periciales no son, en principio, documentos a los efectos del artículo 849.2 LECrim. La doctrina sobre la embriaguez permite ser encajada en distintas situaciones: a) plena y fortuita que conlleva la eximente completa; b) si es fortuita, pero no plena puede determinar la aplicación de la eximente incompleta si hay afectación profunda las facultades psíquicas, intelectivas o volitivas; c) si no es habitual, ni provocada para delinquir podría supone la aplicación del artículo 21.2 CP; d) la atenuante del art. 21.7 CP se aplicará para los supuestos de embriaguez relevante que provoque una leve afectación. La adicción al juego puede considerarse una dependencia psíquica que, cuando es grave y determinada de modo directo e inmediato la comisión de hechos delictivos funcionalmente dirigidos a la obtención de fondos para satisfacer la compulsión al juego, permite -ordinariamente- la apreciación de una atenuante analógica del art. 21-6 en relación con el 2-12 CP. La primera característica de la confesión es que ha de suponer una colaboración activa y útil para el esclarecimiento de los hechos. No es válido entregarse a las autoridades, pero no confesar ni efectuar declaraciones; y tampoco una colaboración inocua por tratarse de la simple aceptación de unos hechos que van a ser descubiertos inevitablemente. El art. 120.4 CP ha sido interpretado por esta Sala casacional con gran amplitud, al punto de llegar a una cuasi-objetivación
Resumen: El internamiento privativo de libertad al exento de responsabilidad conforme al artículo 20.1 CP es una decisión exclusivamente judicial atendiendo a una doble finalidad: la protección de la sociedad y la protección del propio afectado. La privación de libertad por trastorno psíquico se configura como una restricción legítima al derecho a la libertad, siempre que: a) se probara de forma convincente la enajenación mental; b) que ésta revista un carácter que legitime el internamiento; c) que tal perturbación persista. Al examinar el requisito de la necesidad de la prueba denegada, para que pueda prosperar un motivo por denegación de prueba hay que valorar no sólo su pertinencia sino también y singularmente su necesidad; más aún, su indispensabilidad en el sentido de eventual potencialidad para alterar el fallo. La pena que figura como límite de la medida de seguridad que cabe imponer en caso de exención de responsabilidad criminal es la que tenga la duración que correspondería de haber sido declarado responsable el autor.
Resumen: La sala de instancia dispuso de prueba de cargo lícitamente obtenida, regularmente practicada y referida a todos los elementos del delito, de la que cabe inferir razonablemente los hechos y la participación que en ellos tuvo el recurrente. La revaloración de la prueba en casación es inviable cuando el tribunal de instancia la ponderó de manera lógica y racional, sin perjuicio de que, además, la valoración de la testifical depende de la inmediación. No concurren la falta de congruencia y motivación denunciados, ya que la sentencia recurrida contiene las razones y elementos de juicio que permiten conocer los criterios jurídicos de la decisión adoptada. La baja por enfermedad no suspende la relación jurídica que vincula al militar con las FF.AA. ni le dispensa del cumplimiento de los deberes de disponibilidad, localización y sometimiento al control de sus superiores. El tipo solo exige el dolo genérico o neutro. Los presupuestos determinantes de la circunstancia eximente -completa o incompleta- de trastorno mental transitorio han de resultar tan probados como el mismo hecho típico. Para que pueda prosperar el alegato de error de prohibición -sea invencible o vencible-, quien lo invoca debe probarlo. Además, su eventual estimación depende de las personales circunstancias y nivel de formación de quien dice haberlo sufrido, para así poder valorar su capacidad de comprensión de las consecuencias antijurídicas de su actuación.
Resumen: Delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud. Artículos 368 y 369.1.5º del Código Penal. La apertura judicial de paquete postal. Análisis del artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Procedimiento para la detección y apertura del paquete. Ámbito de actuación de las autoridades administrativas y aduaneras. Jurisprudencia de la Sala II y delimitación de la noción constitucional de correspondencia. El artículo 18.3 de la Constitución. El contenido del derecho a la intimidad personal protegida en el artículo 18.1 de la Constitución. La cadena de custodia. Alcance del valor probatorio de las declaraciones prestadas por el detenido sin asistencia Letrada. El valor de las manifestaciones espontáneas de un detenido ante los funcionarios policiales. El recurso de casación por vulneración del derecho a la presunción de inocencia. El valor de las declaraciones sumariales: el artículo 730 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La valorabilidad de las declaraciones sumariales pese al silencio del acusado en el juicio oral. La circunstancia atenuante de dilaciones indebidas: análisis del artículo 21.6 del Código Penal. El grado de ejecución del delito. La posibilidad de concurrencia de las formas imperfectas de ejecución en el delito de tráfico de drogas.
Resumen: El Tribunal Supremo resuelve que es correcta la decisión del Tribunal de instancia, ratificada por el de apelación, cuando se incluyen, los dos mensajes enviados por el acusado a la víctima, en un solo delito continuado de amenazas graves condicionales. Pero existe un error en la determinación de la pena, pues no pudiendo afirmarse como probado que el recurrente hubiera conseguido el propósito perseguido con la amenaza condicional, la pena imponible se encuentra comprendida entre seis meses y tres años de prisión, concretada en su mitad superior al haberse realizado mediante teléfono. Y nuevamente en la mitad superior al tratarse de un delito continuado. En consecuencia, la pena imponible se encontraría comprendida entre dos años, cuatro meses y quince días y tres años de prisión. Concurriendo dos agravantes, la pena debe imponerse, además, en la mitad superior. Es cierto que conforme al artículo 74 podría superarse la pena de tres años hasta cuatro años y seis meses, pero ni en la sentencia de instancia ni en la impugnada se hace mención alguna a esa posibilidad, por lo que no puede ser aplicada ahora. Se analiza la existencia de dolo de matar y la concurrencia del elemento de la alevosía como circunstancia agravante del homicidio. Se confirma la compatibilidad de la agravante de género y la de parentesco sin que ello vulnere el principio "non bis in idem".