• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
  • Nº Recurso: 261/2013
  • Fecha: 16/04/2014
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Ante el despido colectivo realizado por el Consorcio de las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico del Aljarafe de Sevilla, la Sala IV declara la nulidad de la decisión extintiva por apreciar fraude de ley al pretender disolver el Consorcio previa extinción de las relaciones laborales y evitar la subrogación de trabajadores en el SAE. Argumenta, reiterando jurisprudencia sobre cuándo y cómo apreciar fraude de ley, que éste se aprecia teniendo en cuenta que: 1) La Ley dispone la integración en el SAE del personal laboral de los consorcios. 2) Los consorcios podían disolverse por exclusiva voluntad de los entes locales integrantes sin coste alguno para ellos al preverse legalmente la integración del personal en el SAE; 3) Se adopta una decisión de disolver todos los consorcios por la Presidencia del mismo, su Consejo Rector y el Delegado Provincial de empleo, otorgando la Junta de Andalucía una subvención excepcional para atender en su integridad al pago de las indemnizaciones.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAMON TRILLO TORRES
  • Nº Recurso: 5043/2009
  • Fecha: 14/06/2012
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: No hay razón para variar esta doctrina en el supuesto de la apertura de un expediente de fraude: su viabilidad depende de una previa actuación administrativa de comprobación que induzca al órgano de gestión a apreciar la posibilidad de que concurra el tipo descrito en el art. 24 de LGT de 1963, momento en que para alcanzar las consecuencias fiscales que en el mismo se autorizan, impone la Ley la garantía complementaria del expediente especial que, no obstante, no deja de ser una derivación del ordinario y en torno a los mismos hechos y en este sentido perfectamente integrable en el procedimiento general de comprobación e investigación y por esto afectado por los actos de interrupción de la prescripción que concurran en el mismo, todo lo cual determina que debamos estimar el motivo. En consecuencia de cuanto se ha expuesto, procede estimar el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado, casar la sentencia, en cuanto aprecia la prescripción y, de conformidad con lo previsto en el art. 95.2.d) de la Ley Jurisdiccional, dictar sentencia sustitutoria en contemplación de las alegaciones aducidas en la instancia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAMON TRILLO TORRES
  • Nº Recurso: 6219/2009
  • Fecha: 14/06/2012
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Aún cuando el procedimiento tributario se haya iniciado mediante una autoliquidación en el supuesto de que la misma, como consecuencia de la actividad inspectora, haya dado lugar a una liquidación practicada por la Administración, ahí termina el recorrido de las consecuencias en cuanto a la mora del sujeto pasivo del tributo, de modo que si esta liquidación administrativa es a su vez anulada en la vía económico-administrativa o jurisdiccional ya no será posible imputar el retraso consecuente en el pago de la deuda tributaria al contribuyente sorprendido por la ilegalidad cometida por la propia Administración, doctrina que produce el efecto de fijar como día final del cómputo de los intereses de demora el de la fecha en la que el Inspector Jefe dictó la liquidación definitiva después anulada por el TEAR de Cataluña, esto es el 15/02/1996. Los intereses suspensivos exigidos en este caso lo fueron como consecuencia del tiempo que permaneció suspendida la deuda tributaria a raíz tanto de una reclamación económico-administrativa (interpuesta el 8/03/2000) como de la sustanciación de un recurso de alzada (presentado el 29/03/ 2004) deducido por el contribuyente. Ello supone, la expresión de la aplicación de la norma vigente al supuesto que nos ocupa, sin que quepa hablar de discriminación al resultar la nueva normativa mas beneficiosa para aquellos que se someten a su imperio, y teniendo en cuenta el artículo 9 de la Constitución, sobre irretroactividad de las normas.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO FERNANDEZ
  • Nº Recurso: 142/2013
  • Fecha: 17/02/2014
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Resuelve esta sentencia la controversia que merece el despido colectivo de todos los trabajadores del Consorcio de la Unidad Territorial de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico de Sierra Morena [UTEDLT] -Agentes Locales y Director-. Se discute por la parte sindical cuestiones atinentes a la adecuación del periodo de consultas entre otras falta de negociación real, inexistencia de medidas sociales de acompañamiento, defectuosa interlocución, y a la existencia de una causa económica real. No obstante, la Sala no tiene que entrar en ellas porque aprecia fraude de ley en la actuación del Consorcio que debe analizarse con prioridad, toda vez que el art. 8 de la Ley 1/2011, de reordenación del sector público de Andalucía prevé que el Servicio Andaluz de Empleo quedará subrogado en todas las relaciones del personal de los Consorcios UTEDLT de Andalucía desde la fecha en que se acuerde su disolución o extinción también las normas de desarrollo, con mención expresa al art. 44 ET y la legalidad de la normativa reglamentaria de esta ley ha recibido respaldo el TS. Previsión legal que obligaba al SAE a subrogarse en el personal ahora despedido, lo que se ha pretendido evitar mediante el despido de los trabajadores previo a la disolución del Consorcio que es la condición legal para la subrogación, apreciando fraude de ley y desviación de poder.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ
  • Nº Recurso: 2407/2008
  • Fecha: 04/05/2010
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: RCUD. Inadmisión. Jubilación anticipada. Coeficiente reductor aplicable. Trabajador de Telefónica que cesó voluntariamente en esa Cía. Y que pocos meses antes de la solicitud de pensión, suscribió un contrato temporal con otra empresa. Se declara la existencia de fraude de ley en esta segunda contratación. La Sala acuerda la inadmisión por falta de idoneidad de la sentencia invocada para el primer motivo al haber sido anulada en casación, además de la falta de contenido casacional, sin que, respecto de ese primer motivo, se haya designado una nueva resolución referencial, pese a que la Sala le concedió al recurrente un plazo extraordinario para hacerlo. Se acuerda la inadmisión por falta la contradicción exigida en el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Labora con respecto a la sentencia validamente invocada de contraste en los escritos de preparación e interposición para el segundo motivo inicialmente planteado (la que señala no es válida porque el plazo estaba referido a la sentencia de contradicción del primer motivo y la designación para el segundo entraña fraude procesal) Reitera doctrina en los fundamental.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 217/2014
  • Fecha: 24/03/2015
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sentencia del pleno de la Sala IV comentada recae en proceso de impugnación de despido colectivo instado por los representantes de los trabajadores frente al ente público Radiotelevisión de la región de Murcia. La sentencia de instancia desestimó la pretensión. Varias son las cuestiones resueltas por la Sala de casación. En primer lugar, se rechaza la denuncia de incongruencia infrapetita de la sentencia impugnada. También se desestima la pretensión de modificación del relato fáctico. En cuanto a la denuncia de infracción de normas sustantivas, se rechaza la solicitud de declaración de nulidad del despido colectivo, fundada en la transgresión de los principios de igualdad y de prioridad de permanencia del personal fijo en la Administración. En el primer caso, por haberse fijado suficientemente por la demandada los criterios de selección de trabajadores y en el segundo, por no ser aplicable el citado principio a un ente público. A continuación, se aprecian defectos en la aportación de documentación por el ente demandado. Sin embargo, tales defectos conducirán a calificar el despido como no ajustado a derecho, pero no nulo. Como también entiende la Sala que debe declararse injustificada la medida por infracción del art. 51 del ET, al haberse intentado -mediante un proceso de fusión de entes- provocar la situación económica negativa. En definitiva, no se acredita la concurrencia de causa económica justificativa del despido. Voto particular.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JESUS SOUTO PRIETO
  • Nº Recurso: 148/2013
  • Fecha: 14/02/2014
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Despido colectivo. El sindicato UGT-Andalucía interpone demanda de despido colectivo contra la Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, El Consorcio de Unidades Territoriales de Empleo y otros entes administrativos, solicitando que se declaren nulos o improcedentes dichos despidos. Los Consorcios Territoriales de Empleo son entidades de derecho público creadas para fomentar la creación de empleo y se financian por subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo. El Presidente del Consorcio promovió ERE que afectaba a toda la plantilla. El TSJ declaró que la extinción fue ajustada a derecho. La recurrente alega varias cuestiones en el RC, pero el TS entra a conocer en primer lugar sobre el fraude de ley. El TS, reiterando doctrina, señala que el despido colectivo es nulo porque la normativa aplicable obligaba al SAE a subrogar a todo el personal de los Consorcios desde que se acuerde su liquidación, pero la Junta de Andalucía no acuerda la disolución de los Consorcios, lo cual no suponía coste alguno porque los trabajadores sería subrogados inmediatamente por el SAE, sino que se acuerda un despido colectivo con abono de indemnizaciones y sin subrogación de los trabajadores. Por tanto existe un claro fraude de ley y procede declarar la nulidad de los despidos.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAMON TRILLO TORRES
  • Nº Recurso: 6386/2009
  • Fecha: 14/06/2012
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El hecho de que no quepa retrotraer las actuaciones cuando la liquidación adolece de un defecto sustantivo, debiendo limitarse el pronunciamiento económico-administrativo a anularla o, a declarar su nulidad, si se encuentra aquejado de alguno de los vicios que la determinan, no trae de suyo que le esté vedado a la Administración aprobar otra liquidación, ganando "firmeza" las autoliquidaciones del sujeto pasivo, que devienen ya irrevisables. Como en cualquier otro sector del derecho administrativo, ante tal tesitura, la Administración puede dictar, sin tramitar otra vez el procedimiento y sin completar la instrucción pertinente, un nuevo acto ajustado a derecho mientras su potestad no haya prescrito. Esto es, una vez anulada una liquidación tributaria en la vía económico-administrativa por razones de fondo, le cabe a la Administración liquidar de nuevo o abrir un expediente de fraude: si no ha decaído su derecho por el transcurso del tiempo. Por otro lado, declara el TS que tanto en los casos en que se presente escrito de alegaciones al acta como en aquellos otros en los que el obligado tributario no las formule en el término que se le concede, se detiene el plazo de paralización de las actuaciones inspectoras a los efectos de computar los seis meses de inactividad administrativa, como que el procedimiento de declaración de fraude de Ley no estaba sujeto al plazo de caducidad de tres meses.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOAQUIN HUELIN MARTINEZ DE VELASCO
  • Nº Recurso: 2945/2013
  • Fecha: 26/01/2015
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se desestima el presente recurso de casación porque: a) El acuerdo de ampliación de las actuaciones inspectoras se adoptó una vez finalizado el plazo inicial de 12 meses. Por eso, la ampliación decretada resultó inoperante. b) Dado que durante los 365 días en que las actuaciones estuvieron paralizadas por petición de informes a las autoridades fiscales portuguesas y luxemburguesas se practicaron hasta 8 diligencias, no cabe hablar de interrupción justificada, por lo que la Sala de instancia para nada contradice la normativa aplicable. c) El fraude de ley estuvo presente en la decisión de la Administración, por lo que nada impedía a la Sala de instancia concluir que, para practicar las liquidaciones impugnadas, la Inspección debió seguir el procedimiento específico previsto, obteniendo de su omisión las consecuencias pertinentes. d) La Sala de instancia no incurrió en infracción alguna al anular la liquidación del grupo consolidado de 2004 por no haberse seguido el procedimiento de fraude de ley, en la medida en que consideró que las operaciones realizadas burlaban una ley imperativa acogiéndose a una norma de cobertura. e) En cuanto al no seguimiento de un procedimiento para declarar el fraude de ley, la Administración recurrente se limita a reproducir los razonamientos de la contestación a la demanda, razón que justifica su inadmisión por carencia manifiesta de fundamento.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL SARAZA JIMENA
  • Nº Recurso: 2108/2010
  • Fecha: 24/04/2013
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Nulidad por simulación de transmisión patrimonial para evitar la traba de bienes en una ejecución tributaria. Recurso extraordinario por infracción procesal:la congruencia no ampara la pureza y precisión de las consideraciones doctrinales, sino que la sentencia resuelva las pretensiones ejercitadas sin apartarse de las fundamentaciones fácticas y jurídicas esgrimidas de un modo que cause indefensión a las partes. Fraude de acreedores. Diferencias entre la nulidad por simulación absoluta cuya causa simulandi es el fraude de acreedores, la nulidad por causa ilícita consistente en el fraude de acreedores y la rescisión por fraude de acreedores. La simulación absoluta da lugar a un negocio meramente aparente y sin causa, y la causa ilícita presupone un negocio no aparente pero con una causa teñida de ilicitud. No se acepta que si concurre una actuación en fraude de acreedores sólo pueda ejercitarse la acción rescisoria cabiendo la nulidad. La doctrina de los actos propios no es aplicable en aquellos casos donde una misma persona formula argumentaciones diferentes, incluso contradictorias en pleitos distintos. Legitimación para ejercitar la acción de nulidad por simulación: se reconoce a los terceros no solamente cuando son titulares de un derecho justificado, sino cuando concurre en ellos un mero interés legítimo. La determinación de la concurrencia de simulación en un determinado negocio jurídico es una cuestión de hecho, cuya prueba corresponde apreciar a la Sala de instancia.