Resumen: Se discute a cuál de los contratantes corresponde el pago de los gastos de notaría y gestoría en un préstamo hipotecario una vez declarada la nulidad de la cláusula que impone todos los gastos al prestatario. La sala concluye que ambos gastos corresponden por mitad a prestamista y prestatario. No se imponen costas al banco porque el recurso se interpuso antes del cambio de doctrina mantenida por la sala sobre la cuestión.
Resumen: Indiscutida en la apelación la nulidad de la cláusula que impone indiscriminadamente todos los gastos del otorgamiento del préstamo al prestatario, el objeto del recurso es solo a quien corresponde el pago de los gastos de Notaría, Registro, gestoría y tasación y actos jurídicos documentados. La sala entiende que corresponden por mitad a ambas partes los de notaría y gestoría, y que los de registro y tasación corresponden al prestatario. En cuanto al impuesto de actos jurídicos documentados, la sala aplica la doctrina jurisprudencial que los imputaba al prestatario como sujeto pasivo del mismo, sin aplicar el RDLey que los impone al banco por no se aplicación dadas las fechas del contrato. La aplicación de tales criterios supone la estimación en parte de la demanda, con reducción de la cantidad reclamada en ella por el prestatario. En cuanto a las costas, la sala se niega a aplicar la doctrina de la estimación sustancial porque la suma a cuya devolución se condena al banco no alcanza siquiera la mitad de la cantidad inicialmente reclamada.
Resumen: Reclama el prestatario la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado incluido en un préstamo hipotecario, la sala recoge la doctrina jurisprudencial sobre la cuestión y concluye que la cláusula examinada es nula porque no contempla el número de impagos necesarios para declarar el vencimiento, o si es necesario otro incumplimiento complementario, por lo que deja la resolución del contrato a plena discrecionalidad de la entidad demandada, lo que resulta contrario al principio de proporcionalidad, ya que rompe la debida reciprocidad y entraña un desequilibrio contrario a la buena fe, en perjuicio en este caso de la actora, que se encuentra en una clara situación de inferioridad. Además, la sala entiende que se trata de una condición general de contratación, pues no ha sido acreditada que haya sido individualmente negociada, y no supera el control de transparencia. La supresión de la cláusula sobre vencimiento anticipado por considerarla abusiva solo conlleva que no pueda el banco resolver el contrato unilateralmente caso de impago de cualquier cuota, y no puede ser sustituida por la regla contenida en el art. 693 LEC. Finalmente la sala entra a conocer de la impugnación de la cuantía fijada como determinada en su momento procesal, y concluye que debe ser tenida como indeterminada.
Resumen: La cláusula sobre vencimiento anticipado incluida en el contrato de préstamo analizado debe declararse abusiva, conforme a la doctrina del TJUE y del TS mencionadas, el impago de varias mensualidades por parte del prestatario no exime al juez de examinar el contenido de la cláusula sobre el vencimiento anticipado y de deducir las consecuencias oportunas. Habrá que analizar si en la cláusula se han tenido en cuenta la gravedad del incumplimiento, el número de cuotas impagadas que se exigen, u otros incumplimientos accesorios a la obligación principal.En el caso la cláusula no contempla el número de impagos necesarios para declarar el vencimiento, o si es necesario otro incumplimiento complementario, no guarda el debido equilibrio entre las obligaciones de una y otra parte. Por otra parte, no ha sido acreditado que la cláusula haya sido objeto de negociación individual, por lo que ha de ser sometida al examen de transparencia, que en este caso no supera, pues aún cuando cumple con el control de incorporación, no fue negociada de forma individual, vulnerando lo establecido en el art. 82 LGDCU y la jurisprudencia que lo desarrolla. Además, produce un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes en perjuicio del consumidor. La declaración de nulidad impide tenerla en consideración, sin que pueda ser sustituida por una nueva redacción.
Resumen: Reclama el prestatario la nulidad de la cláusula suelo sobre la que había alcanzado un acuerdo con el banco. La sala señala que tal pacto tiene naturaleza transaccional, pero que tal naturaleza no excluye su revisión a la luz de la normativa protectora de los consumidores. Así es preciso determinar si el pacto ha sido o no objeto de negociación individual, o si ha sido predispuesto por el banco, para si este último es el caso, aplicar la doctrina del control de transparencia. La sala concluye que en el caso no ha sido acreditada negociación individual, y que tampoco ha sido acreditado que se facilitara al cliente la debida información sobre las consecuencias económicas y jurídicas de la transacción pactada, por lo que se da lugar a la pretensión de nulidad deducida en la demanda. Excluye la sala que pueda ser apreciado abuso de derecho en el actor, o que se halle sujeto por la doctrina de los actos propios que le impidiera el ejercicio de la acción de nulidad. La sala accede a fijar la cuantía litigiosa como indeterminada, estimando impugnación dirigida contra la decisión de la primera instancia de fijar una determinada.
Resumen: Declarada la nulidad de las cláusulas suelo, interés de demora y comisión por reclamación de posiciones deudoras incluidas en el contrato de préstamo, Caja Rural de Asturias alega en su recurso que las cláusulas cumplen con el requisito de transparencia exigido por el TS. La Sala responde que este requisito puede resumirse en la necesidad de facilitar al contratante consumidor la información suficiente para que tenga conocimiento adecuado no ya de la existencia de la cláusula, sino de su trascendencia en la economía del contrato, no habiendo acreditado el banco este hecho. Sobre la condena a recalcular el cuadro de amortización, deberá realizarse desde la firma del contrato. Respecto de la cláusula por comisiones deudoras, procede recordar que las comisiones y gastos repercutidos debían responder a servicios efectivamente prestados. No puede entenderse realizado un servicio específico solo por la simple remisión de una comunicación escrita generada automáticamente, sin que pueda ser objeto de retribución separada. Por último, respecto del interés de demora, Caja Rural opone que deben tenerse en cuenta todas las circunstancias concurrentes. Conforme a la jurisprudencia del TS deben declararse abusivas las cláusulas sobre interés de demora previstas en préstamos con garantía hipotecaria cuando tales intereses superen en dos puntos el interés remuneratorio correspondiente. En relación a los efectos, la cláusula debe ser suprimida del préstamo, aplicando el interés remuneratorio.
Resumen: Por el Juzgado de primera instancia se dicta auto estimando la oposición a una ejecución hipotecaria, se declara la nulidad entre otras de la cláusula de vencimiento anticipado, que tiene como efecto o bien el sobreseimiento y archivo de la ejecución o que se siga la ejecución exclusivamente por las cuotas vencidas y no pagadas. Recurrido dicho auto por la entidad financiera prestamista, se desestima su recurso y se imponen las costas, porque ya desde autos de 2015 y 2017, el Tribunal de apelación estableció que una cláusula que permite acudir al vencimiento por cualesquiera impagos de algunas de las cuotas de capital o interés, como la de los presentes autos, es per se abusiva, examinada en abstracto y ello da lugar a la nulidad y sobreseimiento de la ejecución, con independencia de que al estipularse no hubiese norma legal específica que la prohibiera, como consecuencia de la aplicación de la Directiva 93/13 interpretada en el sentido expuesto por el TJUE y el consiguiente respeto al principio de efectividad del derecho comunitario, que deben tutelar los órganos judiciales de cada Estado miembro, porque la recurrente haciendo uso de la cláusula declarada abusiva, reclama la totalidad del préstamo en un juicio con eficacia ejecutiva, sea o no ejecución hipotecaria , en vez de limitarse a la reclamación de las cuotas impagadas sin hacer referencia alguna -ni motivar-, en su demanda al incumplimiento esencial que ahora invoca; tesis ratificada por el TJUE en S. 26-03-2019.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que estimó la demanda presentada para solicitar la declaración de nulidad de la cláusula suelo del contrato de préstamo, por abusividad. El tribunal de apelación desestimó el recurso de apelación y confirmó la sentencia recurrida: A) La cancelación del préstamo no priva de acción al prestatario afectado por la aplicación de cláusula abusiva. B) La prestamista no informó ni actuó con la debida transparencia: la cláusula no supera el control material de transparencia. C) La cláusula suelo es una condición general del contrato: la prueba de la negociación incumbe a la prestamista (que no la acredita). D) Información previa: ni la oferta vinculante ni la advertencia notarial suplen, por sí solos, sin protocolo o actuación específica al respecto, el cumplimiento del deber de transparencia.
Resumen: Por el Juzgado de primera instancia se declara nula la cláusula de vencimiento anticipado y por consecuencia se sobresee la ejecución hipotecaria. Por la entidad financiera se recurre dicha resolución, considerando que, a pesar de la nulidad de la cláusula, considera viable la continuación de la ejecución hipotecaria por un incumplimiento reiterado y grave por el prestatario consumidor, acomodándose la declaración de vencimiento al art. 693 de la LEC (después de la Ley 19/15) y la Jurisprudencia del TS; recurso que es desestimado por el Tribunal confirmando el auto recurrido, porque Los Jueces y Tribunales aplicarán el Derecho de la Unión Europea de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y en la sentencia de 26 de marzo de 2019 de dicho Tribunal, se establece que una cláusula de vencimiento anticipado no puede conservarse parcialmente, mediante la supresión de los elementos que la hacen abusiva, cuando modifica la esencia de la propia cláusula y que sólo en el caso de que el préstamo no pudiera subsistir en perjuicio del consumidor si desaparece dicha cláusula, dando lugar a la nulidad del contrato en su conjunto, es cuando podría el Juez nacional poner remedio a la nulidad de la cláusula abusiva; por tanto siendo claramente abusiva dicha cláusula y no dándose los supuestos para ser integrada, procede confirmar el auto recurrido sin imposición de costas, dada las dudas jurídicas que planteaba la cuestión.
Resumen: La sentencia de instancia declara la nulidad de la cláusula de gastos y condena a la entidad demandada al pago de 758,02 euros en concepto de la mitad de los gastos registrales, notariales y de gestión abonados por la prestataria, con sus intereses legales; desestimando la reclamación del impuesto de actos jurídicos documentados. La jurisprudencia creada por el Tribunal Supremo viene a decir que, en contratos de préstamo con consumidores, sin negociación y de manera predispuesta, se atribuyen los gastos al consumidor, produciendo un desequilibrio importante entre los derechos y las obligaciones de las partes, por lo que tales cláusulas son nulas. Decretada la nulidad de la cláusula debe actuarse como si tal cláusula nunca hubiera existido, y el pago de los gastos discutidos deberá ser afrontada por la parte a la que corresponde. En lo que respecta a gastos de notaria, la obligación de pago corresponde a quien tenga interés en la operación. Sin embargo, la inscripción del Registro de la Propiedad corresponde al banco, por inscribirse a su favor. En cuanto a los gastos de gestoría, en la práctica, se trata de una serie de gestiones derivadas de la formalización del préstamo hipotecario, la llevanza al notario de la documentación, su presentación en el registro, agencia tributaria. Estas gestiones podrían hacerse por el banco o por el cliente. En realidad, benefician a ambas partes, por lo que corresponde su abono por mitad. El Impuesto de AJD se abonará por el prestatario.