Resumen: Se afronta en la resolución la problemática del tratamiento que debe tener la declaración de abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado de un préstamo con garantía hipotecaria en el procedimiento de ejecución de esa garantía real. La Audiencia sostiene que, al margen de como se soluciones la cuestión prejudicial planteada por el TS en su auto de 8/02/2017, al día de hoy no son conciliables las doctrinas del TS y del TJUE, pues así como para el TS la tutela de los consumidores aconseja evitar interpretaciones maximalistas, que bajo una apariencia de máxima protección, tengan como consecuencia paradójica la restricción del acceso al crédito hipotecario, declarada la admisibilidad de las cláusulas de vencimiento anticipado, el mismo principio de equilibrio en las prestaciones revela lo inadecuado de obligar a las entidades prestamistas, ante comportamientos de flagrante morosidad, a acudir en exclusiva a la vía declarativa para obtener la resolución contractual. Mientras que el TJUE defiende que consideró, como se ha transcrito, viable continuar el proceso de ejecución pese a la declaración de abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado, mediante la técnica de la ineficacia parcial, manteniendo la validez de la cláusula que posibilita el vencimiento anticipado y sustituyendo la parte nula por la reglamentación nacional o valorando el incumplimiento. En esa situación debe prevalecer la doctrina del TJUE en tanto no se resuelva la cuestión prejudicial.
Resumen: La cuestión del vencimiento anticipado y su examen de oficio por el juez al que se le somete la petición inicial ha dado lugar a varias posiciones en la jurisprudencia. Las que consideran que el contrato que sirve de base para la citada petición contiene esa condición general y que al establecer el citado vencimiento por el impago de escasas cuotas, supone su nulidad por abusiva y desequilibrada, con la secuencia del archivo del proceso monitorio. Las que calificándola de nula, sin embargo, sí permiten seguir el proceso monitorio por las cuotas exclusivamente vencidas y las que fueran venciendo; no por las vencidas anticipadamente. Y, por fin las que entienden que por el juego de los arts. 812 y 815 LEC, en relación con la especial naturaleza del proceso monitorio, que si hay oposición acabará en un proceso declarativo en el que se puede pedir la resolución contractual, sin necesidad de hacer uso de la condición de vencimiento anticipado, a diferencia de las ejecuciones. Por lo que a pesar de su posible nulidad, no mes óbice para seguir adelante con la petición monitoria inicial. Esta es la tesis que sustenta el Auto que aquí se analiza.
Resumen: Una entidad bancaria promovió un procedimiento monitorio contra el deudor al que se le había otorgado un crédito a amortizar en 84 meses. En el contrato se prevenía que se podría dar por vencido el contrato si incumpliera el pago de los intereses o dejara de satisfacer alguna de las cuotas convenidas en el presente contrato. El Juzgado apreció la abusividad de esa cláusula, la expulsó y otorgó al Banco la opción de seguir por las cuotas venidas. Recurre el banco. La Sala recuerda la naturaleza del procedimiento monitorio como un proceso documental y como medio de tutela rápida de determinados derechos de crédito, cuyo objeto sea una deuda dineraria, líquida, vencida, exigible. La Sala comparte el criterio del Juzgado de que la cláusula es abusiva y que por ello procede su expulsión del contrato. Pero se advierte que esa expulsión no conlleva necesariamente la inadmisión del monitorio, dado que no se puede confundir el mismo con un proceso de ejecución. En el proceso de ejecución existe una subordinación absoluta de la acción ejecutiva al título, de manera que si se expulsa la claúsula de vencimiento anticipado, solo estarán vencidas las cuotas adeudadas. En cambio en el monitorio la expulsión de la cláusula no impide que se puedan apreciar otros elementos, como es la resolución realizada por el acreedor por un impago sucesivo y grave. Pero es necesario que conste el mismo y que se comunique al deudor. Lo que no consta en el caso.
Resumen: 1.- Acción que se ejercita: nulidad de cláusulas abusivas de contrato de préstamo. 2.- Sentencia dictada en primera instancia: declara abusivas la cláusula de intereses de demora, la de vencimiento anticipado, la de comisiones y la de cesión de crédito. 3.- Recurso de apelación interpuesto por el prestamista: impugna únicamente el pronunciamiento que declara la nulidad de la cláusula relativa al vencimiento anticipado del préstamo. 3.- Decisión del tribunal de apelación: estima el recurso de apelación y revoca únicamente el pronunciamiento de nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado por efecto de cosa juzgada de la resolución dictada en proceso de ejecución hipotecaria; el demandante se opuso, en su día, a la ejecución hipotecaria, alegando la abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado, que fue no fue acogida por estimar acreditado que el impago de ocho cuotas revelaba voluntad inequívoca de incumplir el contrato. En la sentencia se invoca la jurisprudencia sobre el efecto de cosa juzgada de los pronunciamientos adoptados en el proceso de ejecución sobre cláusulas abusivas, por lo que rechaza la posibilidad de volver a resolver al respecto en el proceso declarativo.
Resumen: El Juzgado de primera instancia suspende una ejecución hipotecaria como consecuencia del planteamiento por el T.S. de una cuestión prejudicial. La Audiencia provincial confirma la suspensión basándose en que, en un principio el T.S. estableció que el Juez nacional puede sustituir una cláusula abusiva por una disposición supletoria de Derecho nacional, siempre que permita restablecer un equilibrio real entre los derechos y las obligaciones entre el profesional y el consumidor, posibilidad que quedaba limitada a los supuestos en que la declaración de buscavida obligue al juez a anular el contrato en su totalidad, quedando expuesto el consumidor de ese modo a consecuencias de tal índole que representan para éste una penalización; como es el caso de la declaración como abusiva de las cláusulas de vencimiento anticipado en caso de impago de una cuota o cualesquier impago, que hace en la practica imposible la ejecución hipotecaria y conduce al sobreseimiento de la misma, determinando que perdería los beneficios establecidos en la ejecución hipotecaria el consumidor, teniendo que someterse a un procedimiento mas gravoso, el declarativo ordinario. Pero al cuestionarse el T.S. si realmente esa interpretación se ajusta al Derecho de la Unión y Directiva 13/93 CEE del Consejo de 5/4/1993, después de sentencias del TJUE como la de 26/1/2017, y planteándose tanto el Juzgado de primera instancia como la audiencia las mismas dudas, es razonable la suspensión.
Resumen: Cláusula de limitación a la variabilidad del tipo de interés. Demanda interesando su nulidad con restitución de cantidades, estimada en primera instancia, por falta de transparencia, pero desestimada en apelación por tratarse de un caso de subrogación del comprador en el préstamo previamente concedido a la vendedora, por lo que aquel estuvo o pudo estar informado de su existencia. El hecho de que el préstamo hipotecario no sea concedido directamente al consumidor, sino que este se subrogue en un préstamo previamente concedido al promotor que le vende la vivienda, no exime a la entidad bancaria de la obligación de suministrar al consumidor información que le permita adoptar su decisión de contratar con pleno conocimiento de la carga económica y jurídica que le supondrá subrogarse como prestatario en el préstamo hipotecario, sin necesidad de realizar un análisis minucioso y pormenorizado del contrato. La AP convirtió el deber de información precontractual del banco en un deber del adherente de procurarse esa información, en contra de la doctrina de esta sala y del TJUE. Este ha reconocido la condición de consumidor de persona física que sucedía a persona jurídica en un contrato bancario (novación subjetiva). Se reitera la doctrina sobre la importancia del control de transparencia en este tipo de cláusulas incorporadas a contratos con consumidores. Además, en caso de cláusulas suelo, la falta de transparencia conlleva abusividad por desequilibrio en perjuicio del consumidor.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que estimó la demanda presentada para solicitar la nulidad de cláusulas abusivas de contrato de préstamo de financiación a comprador de bienes muebles. El tribunal de apelación desestimó el recurso de apelación y confirmó la sentencia recurrida: A) Vencimiento anticipado: la cláusula que permite al financiador dar por vencido anticipadamente el préstamo de financiación a la compra del bien mueble a plazos, cuando dejan de pagarse al menos dos de ellos, no puede ser considerada como cláusula abusiva en tanto que es la simple transcripción del régimen legal que regula dicho contrato. B) Intereses remuneratorios: la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible; cabe, pues, únicamente control de transparencia, pero no de contenido. C) Interés usurario: no concurre en el caso, porque el pactado se sitúa en torno al promedio de los boletines estadísticos del Banco de España. D) Intereses de demora: es nulo, por desequilibrio injustificado en perjuicio del consumidor, pero la estimación de la demanda se considera sustancial a efectos de costas.
Resumen: Respecto del interés ordinario nos encontramos que afecta a un elemento esencial del contrato como es el precio, por lo que la mayoría de la doctrina niega que estas cláusulas puedan ser consideradas como condiciones generales de la contratación, puesto que al versar sobre los principales elementos del contrato, el consentimiento del adherente ha sido pleno, la naturaleza y características del objeto y el precio son justamente la razón del contrato para el adherente, por lo que las cláusulas en que se contienen serán predispuestas pero no impuestas, postura asumida por el Tribunal Supremo. El interés remuneratorio es el precio que satisface el prestatario al prestamista por la concesión del préstamo. Por tanto, las cláusulas que se refieren al modo de determinación del interés remuneratorio afectan al precio del contrato. El TJUE ha considerado en un caso similar que no existe desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, no se trata de un problema de transparencia de la cláusula en cuestión, no se trata de que la entidad no informara suficientemente de la incidencia de la cláusula en las obligaciones que generaba el contrato. En las cláusulas que afectan al objeto principal del contrato no es posible realizar un análisis de la incidencia económica de la cláusula, el desequilibrio se vincula a la necesidad de determina en qué circunstancias se causa un desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes pese a las exigencias de la buena fe.
Resumen: Se ejercita acción de nulidad sobre la cláusula de gastos incluida en el préstamo con garantía hipotecaria pactado por las partes, reclamando los gastos abonados consecuencia de la misma. La sentencia de instancia estima la demanda sustancialmente declarando la nulidad de la cláusula y condenando a la devolución de parte de los gastos. En la apelación recuerda la Sala que la falta de información adecuada sobre la inclusión de la cláusula puede ser motivo de nulidad, no basta con afirmar la suficiencia de la información dada a los clientes sin precisar en qué consistió la información facilitada. A las condiciones generales que versan sobre elementos esenciales del contrato se les exige un plus de información que permita al consumidor adoptar su decisión de contratar con pleno conocimiento de la carga económica y jurídica que le supondrá concretar el contrato sin necesidad de realizar un análisis minucioso y pormenorizado. Respecto del gasto de tasación reclamado, considera que el prestatario pudo elegir al tasador, no fue impuesto por el banco, por lo que puede repercutirlo al prestamista. El impuesto de Actos Jurídicos Documentados se abonará por el prestatario siguiendo la reciente doctrina del Tribunal Supremo. En cuanto a los gastos preprocesales o procesales derivados del incumplimiento de la parte prestataria de su obligación de pago, los derechos de procurador y honorarios de abogado, advierte que tienen su regulación legal, la imposición al prestatario infringe la Ley.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia que desestimó la demanda presentada para pedir la nulidad del proceso de ejecución seguido contra los demandantes. El tribunal de apelación estimó el recurso de apelación, revocó la sentencia dictada y declaró la nulidad del proceso de ejecución: A) En relación con la falta de legitimación activa de la prestamista para instar el proceso de ejecución: el tribunal rechaza tal falta de legitimación; analiza la situación jurídica derivada de la titulización y mantiene que la cesión a fondos de titulización no comporta pérdida de la legitimación por la prestamista. B) En relación con el efecto de cosa juzgada: la rechaza porque, cuando se despachó la ejecución, los ejecutados no tenían la oportunidad procesal de oponer la abusividad de las cláusulas contractuales. C) En cuanto a la abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado: el tribunal de apelación califica como abusiva la cláusula de vencimiento anticipado contenida en el contrato de préstamo y, como consecuencia, resulta improcedente el despacho de ejecución y todo el proceso de ejecución al que dio lugar.