Resumen: La sentencia estima el recurso de casación interpuesto por los clientes de una entidad bancaria contra la sentencia de apelación en la que se limitaban temporalmente los efectos de la declaración de nulidad de la "cláusula suelo", inserta en el préstamo hipotecario concertado por los intervinientes. La sentencia de la sala reitera la doctrina contenida en la sentencia del Pleno 123/2017, de 24 de febrero, en la que modificó su propia jurisprudencia, en concordancia con la sentencia del TJUE de 21 de diciembre de 2016. La sentencia del TJUE declaró que la limitación en el tiempo de los efectos jurídicos derivados de la nulidad de las cláusulas suelo se oponía a la Directiva 93/13, pues equivalía a privar a todo consumidor que hubiese celebrado un préstamo hipotecario que contuviera una cláusula suelo antes de del 9 de mayo de 2013, del derecho a obtener la restitución íntegra de las cantidades abonadas indebidamente antes de la citada fecha. Como consecuencia de esta sentencia, la Sala modificó su propia doctrina en el sentido de declarar la retroactividad absoluta de los efectos derivados de la declaración de nulidad de una cláusula suelo, doctrina que se confirma y reitera en la presente sentencia, en la que, además, se da el caso de que la entidad demandada se allanó a las pretensiones de la recurrente.
Resumen: La Sala estima el recurso de casación. Considera que la sentencia recurrida se aparta de la jurisprudencia sobre el deber de transparencia, pues no consta que en ningún momento de las fases contractuales que llevaron a la conclusión de la escritura de novación modificativa, en la que fue introducida la cláusula suelo, la entidad bancaria realizara ese plus de información y tratamiento principal de la cláusula suelo que permitiera a los clientes adoptar su decisión con pleno conocimiento de la carga económica y jurídica que comportaba. Para el control de transparencia no es relevante el hecho de que el interés variable pactado haya estado por encima del interés mínimo establecido durante un tiempo en la vida del contrato. El control de transparencia se proyecta sobre el cumplimiento de los especiales deberes de información y comprensibilidad material que incumben al predisponente en la formación y perfección del contrato. De modo que el mero hecho de que la cláusula suelo no haya sido objeto de aplicación durante un periodo de tiempo no la convierte, sin más, en transparente. El control de transparencia no puede ser reconducido al mero control de incorporación de la cláusula predispuesta. La intervención del notario, en sí misma considerada, no es suficiente para superar este control de transparencia ante la ausencia de una información precontractual. Por ello, declara la nulidad de la cláusula suelo.
Resumen: La Sala estima parcialmente el recurso de casación. Aplica la jurisprudencia relativa a la declaración y efectos de la abusividad de los intereses de demora cuando existe desproporción con el interés remuneratorio. En virtud de dicha doctrina, la abusividad genera la desaparición de la cláusula controvertida, sin posibilidad de integrarla, con los correspondientes efectos retroactivos. En el caso enjuiciado (interés de demora del 25%) se ha provocado un notorio desequilibrio no justificado por el loable deseo de incentivar el cumplimiento, dada la insoportable carga económica que producía. Finalmente la Sala considera que, en cualquier caso, esta declaración de abusividad no impide que se siga devengando el interés remuneratorio pactado hasta el completo pago del préstamo. Se estima parcialmente el recurso de casación, en el sentido de declarar que la declaración de abusividad no impide que se siga devengando el interés remuneratorio.
Resumen: Los prestatarios instaron la nulidad de la cláusula multidivisa de un préstamo hipotecario por su carácter abusivo o, por dolo omisivo y error invalidante, y subsidiariamente, la nulidad de todo el contrato. La demanda fue desestimada en ambas instancias. Defectuosa formulación del recurso por infracción procesal, determinante de su desestimación, por mezclar cuestiones de naturaleza distinta, y por plantear cuestiones sustantivas. El préstamo hipotecario en divisas no es un instrumento financiero regulado por la LMV, por lo que no se vulneran sus normas que imponen los deberes de información respecto de los productos y servicios de inversión. Cosa distinta es que el incumplimiento de los deberes de información exigibles a las entidades bancarias sea relevante para realizar el control de transparencia, por ser un producto complejo. Importancia de la información precontractual. Doctrina del TJUE sobre cómo se concretan esas obligaciones de información en el caso de préstamos en divisas. Los riesgos de este tipo de préstamo hipotecario exceden a los propios de los préstamos hipotecarios a interés variable solicitados en euros (afectan al importe en euros del capital pendiente de amortización). En atención a ello, y a que no se informó sobre la naturaleza del «riesgo de cambio» o las consecuencias de la fluctuación de la divisa, la información fue claramente insuficiente y la formación y experiencia de los prestatarios no permitía que conocieran, por sí solos, los riesgos.
Resumen: Obligaciones subordinadas de la antigua Caja España canjeadas por el FROB por bonos contingente y necesariamente convertibles en acciones de Banco Ceiss, con posterior oferta de canje por bonos de Unicaja ("NeCoCos" y "PeCoCos") que incluía una cláusula de renuncia en documento notarial. Se trata de una renuncia a las acciones ya nacidas, no de una renuncia previa de derechos o acciones prohibida por la ley, pero ello no impide el control de abusividad. Al no tratarse de una condición general referida a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución y servicios proporcionados como contrapartida, de las previstas en el art. 4.2 de la Directiva 93/13, en la interpretación estricta que ha hecho el TJUE, puede realizarse ese control de abusividad. La cláusula de renuncia de acciones es abusiva porque, habida cuenta las circunstancias concurrentes, provoca un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones de las partes, en contra de las exigencias de la buena. Los inversionistas no tenían otra alternativa razonable para no perder toda su inversión que aceptar la oferta de canje realizada, pese a que suponía una nueva pérdida patrimonial y se condicionaba a la renuncia al ejercicio de acciones. Fue una imposición de la renuncia a solicitar tutela judicial efectiva en una situación límite de la que el cliente no es responsable. Se estima la casación y se devuelven las actuaciones a la Audiencia para dictado de nueva sentencia.
Resumen: Recurso extraordinario por infracción procesal: recurso admisible (el artículo 319.3 LEC no es una norma reguladora de la sentencia pero se cita relacion con el artículo 217 LEC, que sí lo es); el artículo 319.3 LEC no es una norma sobre carga de la prueba, sino una facultad de interpretación flexible para los tribunales que les permite llegar a una convicción por el conjunto de la prueba sin verse sujetos a la relativa prevalencia probatoria que se da a la documental pública (su fundamento está en la naturaleza clandestina de la usura, difícil de detectar, por lo que sujetar al juzgador a la interpretación taxativa general de los documentos notariales supondría dificultar o impedir la exacta averiguación de los elementos de la usura); en el caso, inexistencia de vulneración; imposibilidad de revisar en este recurso la valoración conjunta. Recurso de casación admisible: interés casacional. Intereses usurarios: distinta naturaleza de los intereses remuneratorios y de los moratorios que justifica que, como regla general, a estos últimos no se les aplique la Ley de Usura; posibilidad de considerar, en algún caso, los intereses moratorios como usurarios, no aisladamente considerados, sino en el conjunto de circunstancias concurrentes; en el caso, no se ha probado haber percibido menos cantidad de la consignada en la escritura. Abusividad del interés moratorio: actividad empresarial y no de consumo; hipotecante que participa de la actividad empresarial (vínculo funcional).
Resumen: La Sala estima parcialmente el recurso de casación. Desestima su primer motivo, en el que se plantea que se decida sobre la validez de la cláusula sobre intereses moratorios, al no haberlo hecho la sentencia recurrida: la entidad bancaria parte recurrente venía obligada a impugnar el pronunciamiento de primera instancia que declaró la nulidad de la cláusula litigiosa si quería que fuese objeto del recurso de apelación. Al no hacerlo consintió su firmeza, por lo que la decisión del tribunal de apelación es ajustada a derecho. Los otros motivos se estiman, con aplicación de la jurisprudencia de la Ssala y del TJUE sobre las consecuencias de la abusividad del interés de demora, que es un recargo por retraso sobre el interés remuneratorio. Esa consecuencia es su supresión, sin que el juez pueda aplicar la norma supletoria del Derecho nacional, y sin que pueda integrarse el contrato, pues no se trata de una cláusula necesaria para la subsistencia del mismo en beneficio del consumidor. Por tanto, lo que procede es anular y suprimir completamente es la indemnización desproporcionada por el retraso en el pago de las cuotas del préstamo (el recargo sobre el tipo del interés remuneratorio), pero no el interés remuneratorio, que sigue cumpliendo la función de retribuir la disposición del dinero por parte del prestatario hasta su devolución. No es lógico que este interés deje de devengarse por el vencimiento anticipado del préstamo.
Resumen: Recurso de casación admisible: concurre el interés casacional pues la sentencia recurrida, al fijar los efectos de la nulidad de la cláusula suelo, siguió una doctrina jurisprudencial después superada a consecuencia de un pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), y la parte recurrente ha justificado debidamente la necesidad de que el tribunal de casación reitere una vez más el cambio jurisprudencial operado a raíz de la sentencia del TJUE; además, se cita la norma infringida, se respeta la base fáctica de la sentencia recurrida y se suscita una cuestión jurídica debidamente identificada; la condena en costas no se suscita como motivo de casacón, sino como consecuencia de la eventual estimación del recurso. Estimación del recurso de casación: anulación del pronunciamiento de la sentencia recurrida sobre los efectos restitutorios de la nulidad de la cláusula suelo para, en su lugar, confirmar la sentencia de primera instancia (devolución de las cantidades indebidamente cobradas como consecuencia de la aplicación de la cláusula suelo declarada nula, más sus intereses legales desde el emplazamiento), incluido su pronunciamiento sobre la fecha de devengo de intereses por no haber sido recurrido en apelación por el consumidor demandante. Imposición de las costas de ambas instancias al banco demandado por aplicación del principio general del vencimiento en relación con los principios de no vinculación y de efectividad en materia de consumidores.
Resumen: La sala desestima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que, habiendo declarado la abusividad de la cláusula de atribución de gastos al prestatario, concedió al cliente consumidor, con cargo al banco, el reintegro de la mitad de los aranceles notariales de la escritura de préstamo y constitución de hipoteca; la totalidad de los devengados por la expedición de la primera copia y copia simple de dicho instrumento; todos los derivados de la inscripción de la hipoteca en el Registro de la Propiedad; y la mitad de los honorarios de la gestoría que llevó a cabo la liquidación del impuesto y presentación de la escritura ante el Registro de la Propiedad. La sentencia recurrida no vulnera los arts. 6 y 7 de la Directiva, ya que declara no aplicable la cláusula de gastos, sin perjuicio de que, una vez reestablecida la situación de hecho y de derecho en la que se encontraría el consumidor si no hubiera existido esa cláusula, determine como deben distribuirse esos gastos que se abonan a terceros ajenos a los contratantes, en función de las disposición legales aplicables con carácter supletorio. No se trata de un efecto restitutorio, art. 1303 CC, porque no son abonos hechos por el consumidor al banco que éste deba devolver, sino pagos hechos a terceros. Su fundamento es análogo al cobro de los indebido o al enriquecimiento injusto. En relación al IAJD se aplica la normativa vigente de dicho impuesto, con las aclaraciones realizadas por las SSTS 147/2018 y 148/2018.
Resumen: Se analiza la posible abusividad de la cláusula que, en un préstamo hipotecario, establece una comisión de apertura. Tras examinar la normativa sectorial aplicable al caso (nacional y de la Unión Europea) la Sala considera que la comisión de apertura no es ajena al precio del préstamo, por el contrario, el interés remuneratorio y la comisión de apertura constituyen sendas partidas del precio del préstamo, en cuanto que son las principales retribuciones que recibe la entidad financiera por conceder el préstamo al prestatario y no corresponden a actuaciones o servicios eventuales. Tanto el interés remuneratorio como la comisión de apertura deben incluirse en el cálculo de la TAE, que permite al consumidor conocer cuál será el coste efectivo del préstamo. Por esa razón, la Sala concluye que la comisión de apertura no es susceptible de control de contenido, sino exclusivamente de control de transparencia, que considera superado o cumplido. También se pronuncia sobre los efectos de la declaración de nulidad de la cláusula que atribuye al prestatario la totalidad de los gastos e impuestos, ya declarada nula por la sentencia 705/2015, de 23 de diciembre. Sostiene que son pagos que han de hacerse a terceros -no al prestamista- como honorarios por su intervención profesional con relación al préstamo hipotecario y que el pago de esas cantidades debe correr a cargo de la parte a la que correspondiera según la normativa vigente en el momento de la firma del contrato.