• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL SARAZA JIMENA
  • Nº Recurso: 3442/2016
  • Fecha: 04/06/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala desestima el recurso por infracción procesal por plantear cuestiones sustantivas propias del recurso de casación. La valoración de la prueba que puede impugnarse en este recurso (art. 469.1.4º) es la actividad valorativa del resultado de un determinado medio probatorio, pero no la valoración jurídica de los hechos que resultan probados (como la suficiencia de la información facilitada por el banco), que es una cuestión sustantiva y no procesal. Para que haya arbitrariedad en la valoración de la prueba, la decisión debe ser una simple expresión de la voluntad, sin fundamento en razón material o formal alguna. También desestima el recurso de casación. El préstamo multidivisa no es instrumento financiero al que le sea aplicable la normativa MiFID. Los recurrentes-demandantes en la primera instancia vieron desestimada la acción de nulidad por error vicio, sin que recurrieran dicho pronunciamiento, y al no haberlo hecho, no pueden ahora cuestionarlo en el recurso de casación. Si el demandante ve estimada una pretensión subsidiaria, la desestimación de la principal le supone un gravamen que le legitima para recurrir la sentencia y, si no lo hace, el pronunciamiento consentido no puede luego cuestionarse en casación. En todo caso, el error no puede dar lugar a la nulidad parcial. Es esencial identificar la norma jurídica infringida al exponer el motivo de casación; el incumplimiento de esta exigencia es causa de inadmisión que se convierte en causa de desestimación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CELSA PICO LORENZO
  • Nº Recurso: 224/2016
  • Fecha: 03/06/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En el proceso de instancia se estimó en parte el recurso c-a interpuesto por una sociedad mercantil que reclamó una determinada cantidad en concepto de revisión de precios e intereses de demora. La sentencia de instancia recuerda que las certificaciones de obra constituyen pagos a cuenta supeditados a la liquidación final de la obra, como reiteradamente ha declarado la jurisprudencia; y condena a la Administración al pago de una cantidad en concepto de revisión de precios así como sus intereses de demora teniendo en cuenta el tipo pactado en el contrato, el cual se firmó en 2009 y contenía una cláusula especifica relativa al interés de demora pactado y aceptado por las partes. El TS desestima el recurso de casación interpuesto por la misma sociedad mercantil, concluyendo que desde la Ley 11/2013, de medidas de apoyo al emprendedor (que después de recogió en la Ley 17/2014), no cabe un pacto de intereses distinto al fijado legalmente, por lo que los pactos que no responden a lo estatuido en la norma legal se reputan abusivos, pero tal redactado no se proyecta con efectos retroactivos. Con anterioridad a la entrada en vigor de dicha modificación legal no se colige que la Administración no pudiera pactar un interés distinto en el contrato al que se aquietó la parte, por lo que se confirma la sentencia dictada por la Sala territorial de Galicia. La sentencia cuenta con un voto particular.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CELSA PICO LORENZO
  • Nº Recurso: 834/2017
  • Fecha: 03/06/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se confirma en casación una sentencia del TSJ de Galicia. Sostiene el TS que desde la entrada en vigor de la reforma operada por la Ley 17/2014 respecto de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, el artículo 7 debe entenderse en el sentido que el inciso primero no es aplicable a las Administraciones públicas, ya que prevalece lo estatuido en el inciso segundo en virtud de su engarce con el artículo 9, modificado por la disposición final sexta de la Ley 17/2014. Con anterioridad a la entrada en vigor de la mencionada modificación no se colige del conjunto de normas mencionadas que la Administración no pudiera pactar un interés distinto en el contrato al que se aquietó la parte. Para declarar la nulidad de la cláusula pactada debe acreditarse que es abusiva. Y no basta con alegar en sede casacional el bajo tipo de interés actual, no en 2009, de las operaciones del Banco Central Europeo a que se refiere el pliego del contrato firmado en 2009. Lo expuesto comporta, a juicio del TS, el mantenimiento de la sentencia dictada por la Sala de La Coruña en cuanto a la aplicación en el caso de autos del art. 7.1 de la Ley 3/2004, referente a la libertad de pactos.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO JAVIER ARROYO FIESTAS
  • Nº Recurso: 180/2017
  • Fecha: 28/05/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala estima parcialmente el recurso de casación contra la sentencia que había desestimado la pretensión de abusividad de la cláusula de gastos por considerar que había sido objeto de negociación individual. Aplica la jurisprudencia fijada en la sentencia del Pleno 47/2019, de 23 de enero, y declara que la cláusula impugnada es claramente abusiva en cuanto desproporcionada en sus efectos y no negociada, al atribuir al prestatario todos los gastos derivados de la operación de ampliación del préstamo. En el derecho español, no corresponde al prestatario en todo caso el abono de la totalidad de tales gastos y tributos, por lo que la introducción de dicha estipulación implica un desequilibrio importante entre los derechos y las obligaciones de las partes en el contrato, que determina su abusividad. En consecuencia, casa la sentencia recurrida en el sentido de condenar al banco demandado al pago de los gastos de Registro de la Propiedad, así como al pago de la mitad de los gastos notariales. No procede condenar al banco al pago del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, máxime al no constar copia solicitada por el mismo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS REQUERO IBAÑEZ
  • Nº Recurso: 2470/2017
  • Fecha: 23/05/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala estima la casación contra sentencia de TSJ que anuló la resolución de la Administración autonómica que impuso una sanción de multa a una entidad bancaria por la comisión de una infracción en materia de defensa de los consumidores y usuarios consistente en la introducción de cláusulas abusivas en los contratos, al considerar que resultaba precisa una previa declaración en tal sentido de la jurisdicción civil. La Sala estima el recurso reiterando su jurisprudencia consistente en que la Administración puede sancionar la utilización de cláusulas abusivas en los contratos con consumidores y usuarios en aplicación de los tipos infractores previstos en Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGCU)y otras leyes complementarias sin necesidad de previa declaración judicial del orden civil. No obstante, matiza lo afirmación contenida en dichos precedentes de que la Administración carece de acción para acudir a la jurisdicción civil para postular la nulidad de una cláusula, al considerar que la legitimación de las Administraciones para accionar frente a las conductas contrarias a lo que dispone la LGCU se deriva de lo dispuesto en sus artículos 53 y 54. Por ello estima el recurso de casación, anula la sentencia recurrida y devuelve las actuaciones a la Sala de instancia al momento anterior a la sentencia para que resuelvan las cuestiones de fondo relativas a la comisión de la infracción.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO JESUS FONSECA HERRERO RAIMUNDO
  • Nº Recurso: 1135/2017
  • Fecha: 21/05/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala estima la casación contra sentencia de TSJ que confirmó en apelación la de de un Juzgado que anuló las resoluciones que sancionaron a una entidad bancaria como autora de infracciones en materia de consumo y por considerar abusivas determinadas cláusulas contractuales al considerar dicho Juzgado que la sanción administrativa no procedía hasta que no existiese un previo pronunciamiento de la jurisdicción civil sobre el carácter abusivo de las cláusulas. La Sala trae a colación la doctrina legal fijada en sentencia anterior, en la que se concluyó que cabe sancionar la utilización de cláusulas abusivas en los contratos con consumidores y usuarios sin necesidad de previa declaración del orden civil, y por ello estima la casación y anula la sentencia del Juzgado que resolvió de forma diferente a dicha doctrina legal. En lo que se refiere a la resolución de las cuestiones planteadas en la instancia, la Sala estima parcialmente el recurso y confirma la sanción relativa a los intereses de demora aplicados al considerarlos abusivos, si bien anula la relativa a la cláusula de vencimiento anticipado por impago de la prima de seguro o de los tributos y demás gastos a que quedaba afectada la hipoteca, así como por imposibilidad de inscripción registral ya que, al momento de inicio del expediente sancionador, la recurrente acreditó que había ajustado su actividad como prestamista a la sentencia de la Sala de lo Civil del TS que en 2009, que la había declarado abusiva.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO MARIN CASTAN
  • Nº Recurso: 3899/2016
  • Fecha: 17/05/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala estima el recurso de casación. Allanada la parte recurrida al recurso de casación y correspondiéndose su motivo único con la doctrina de la STJUE de 21 de diciembre de 2016 (caso Gutiérrez Naranjo) y con la jurisprudencia de esta sala posterior a la misma a partir de la sentencia de pleno 123/2017, de 24 de febrero, procede estimar el recurso por tener también el allanamiento relevancia en casación. En consecuencia, se casa la sentencia recurrida en su pronunciamiento sobre los efectos restitutorios de la nulidad de la cláusula suelo para, en su lugar, con estimación del recurso de apelación de la demandante, condenar a la entidad bancaria demandada a devolverle la totalidad de las cantidades indebidamente cobradas en virtud de dicha cláusula suelo desde la celebración del contrato de préstamo más sus intereses legales desde la fecha de cada cobro. Respecto a las costas conforme al art. 398.2 LEC, no procede imponer a ninguna de las partes las costas del recurso de casación, dado que ha sido estimado, ni las de la segunda instancia, dado que el recurso de apelación de la parte demandante tenía que haber sido estimado. En cuanto a las costas de la primera instancia, en aplicación de la doctrina jurisprudencial fijada a partir de la sentencia de pleno 419/2017, de 4 de julio, procede su imposición a la entidad demandada conforme al artículo 394.1 LEC y dado que la demanda se estima íntegramente.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO BAENA RUIZ
  • Nº Recurso: 3658/2015
  • Fecha: 24/04/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala estima parcialmente el recurso de casación. Aplica su reciente jurisprudencia y la del TJUE, relativa a los efectos de la abusividad de la cláusula que fija el interés de demora de un contrato de préstamo, que tiene como consecuencia su supresión, sin que el juez pueda aplicar la norma supletoria del Derecho nacional, y sin que pueda integrarse el contrato, pues no se trata de una cláusula necesaria para la subsistencia del contrato en beneficio del consumidor. Lo que procede anular y suprimir completamente, privándola de su carácter vinculante, es esa cláusula abusiva, esto es, la indemnización desproporcionada por el retraso en el pago de las cuotas del préstamo (el recargo sobre el tipo del interés remuneratorio), pero no el interés remuneratorio, que sigue cumpliendo la función de retribuir la disposición del dinero por parte del prestatario hasta su devolución. Carece de lógica que el interés remuneratorio deje de devengarse cuando, transcurrido un cierto periodo de tiempo durante el que el prestatario se encuentra en mora, el prestamista haya hecho uso de la facultad de vencimiento anticipado, porque el ejercicio de esta facultad no afecta a la función que tiene el interés remuneratorio de retribuir la prestación del prestamista, de modo que, anulada la cláusula abusiva, el interés remuneratorio continúa devengándose respecto del capital pendiente de devolución.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO JAVIER ARROYO FIESTAS
  • Nº Recurso: 1811/2015
  • Fecha: 17/04/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda en la que se pidió la nulidad de la cláusula del interés moratorio (fijado en un 25%) de un préstamo hipotecario y el reintegro de las cantidades que se hubieran cobrado en virtud de esa cláusula. La Audiencia confirmó la sentencia de primera instancia, que desestimaba la pretensión siguiendo un criterio temporal. Recurrida en casación, la Sala estima el recurso al considerar aplicable en atención a la fecha en que se celebró el contrato el art. 10 Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, debiendo este interpretarse a la luz del contenido de la Directiva 93/13/CEE. Aplicada la citada normativa al caso concreto concluye que no hay justo equilibrio entre las prestaciones, en concreto en lo que se refiere al recargo por mora, dado que se perjudica de manera desproporcionada al consumidor aplicando un recargo que supera en más del doble al interés remuneratorio por lo que declara abusiva la cláusula en cuestión.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PEDRO JOSE VELA TORRES
  • Nº Recurso: 3649/2016
  • Fecha: 11/04/2019
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sala estima el recurso de casación frente a una sentencia que había acogido una pretensión de abusividad, al considerar que la prestataria tenía la condición legal de consumidora ya que, como su actividad profesional era la de traductora, la obtención de un préstamo para financiar el montaje de una taberna no le hace perder este carácter y no consta que hubiera obtenido las licencias administrativas para ejercer en el ámbito de la hostelería ni que estuviera dada de alta en la licencia fiscal. A la fecha del préstamo estaba vigente el art. 1 de la Ley 26/84, pero la jurisprudencia comunitaria ya aplicaba el criterio de la actividad profesional y no el del destino final, por lo que dicho precepto debe ser interpretado conforme a dicha jurisprudencia, en aplicación del principio de primacía del Derecho de la Unión. El concepto de consumidor debe interpretarse en relación con la posición de esta persona en un contrato determinado y con la naturaleza y la finalidad de éste, y no con la situación subjetiva de dicha persona. En el caso litigioso, el préstamo no se solicitó para satisfacer necesidades de consumo privado, sino para el ejercicio de una actividad profesional, aunque fuera para el futuro. La profesión preferente como traductora no impide una actividad profesional simultánea como es la explotación de un bar. La cualidad de comerciante no deriva de la obtención de determinadas licencias administrativas. Se desestima la demanda.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.