Resumen: Los efectos de la sentencia del TS de 9 de mayo de 2013 que estima la acción colectiva de nulidad de la cláusula suelo se extienden, subjetivamente, a las cláusulas utilizadas por las entidades que fueron demandadas en aquel procedimiento, y objetivamente, a las "cláusulas idénticas a las declaradas nulas", cuando no se hallen completadas por otras que eliminen los aspectos declarados abusivos, sin embargo, la consideración efectuada por la entidad demandada de que el contrato de préstamo suscrito con la parte actora se hallaba afectaba por la nulidad entonces declarada y por ello renunciara a su aplicación, no priva de contenido a la pretensión ejercitada por dicha parte, en particular en lo relativo al pronunciamiento sobre costas. La sala aplica la sentencia de 9 de mayo de 2013 que explica detenidamente. El caso entiende que se trata de un contrato, que contiene cláusulas no negociadas individualmente, que son abusivas, en particular las que se declaran a cargo del consumidor determinados gastos y tributos, el interés moratorio del 18%, y la cláusula de vencimiento anticipado. En cuanto a los efectos de la declaración de las nulidad de las cláusulas que considera abusivas entiende que han de se inaplicada y no amortiguadas por el juzgador. El hecho de que no se haya otorgado efectos retroactivos a la declaración de nulidad de la cláusula suelo no implica una estimación tan sólo parcial de la demanda a los efectos de las costas. Desestimación sustancial de la apelación.
Resumen: La sala estima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que había declarado la validez de una cláusula suelo. Considera que su inclusión no superó el control de transparencia. Alcance del control de transparencia: la lectura de la escritura pública y en su caso, el contraste de las condiciones financieras de la oferta vinculante con la del respectivo préstamo hipotecario, no suplen por sí solos la omisión de la información preconctractual. Aunque el tiempo de la firma de la escritura de compraventa cuyo pago es objeto de financiación, la consumidora pudiera ser consciente, merced a como se redactó la cláusula, de que el interés variable estaba afectado por una cláusula suelo, no tenía margen de maniobra para buscar otro tipo de financiación, con la misma o con otra entidad, sin frustrar la compra concertada para ese día. Es por ello que la información precontractual cumple una función tan relevante. Bastaba que se acreditara que la información contenida en la cláusula le había sido comunicada y explicada a la prestataria con un mínimo tiempo de antelación al otorgamiento de la escritura, para que hubiera decidido optar por esa concreta financiación con conocimiento del efecto que sobre el precio del préstamo podía operar la limitación del interés variable por debajo. En el supuesto litigioso no consta que hubiera existido esa información precontractual, que es algo más que poner a disposición de los prestatarios el borrador de la escritura de préstamo.
Resumen: La sala estima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que había declarado la validez de una cláusula suelo. Se cumple el control de incorporación. Alcance del control de transparencia: al tiempo de firmar el contrato, el notario se cercioró de que en ese momento se informaba a la consumidora de la existencia de un límite por debajo a la variabilidad del interés, tal y como además aparece en el anexo I del contrato. De este modo, se cumplen las exigencias de trasparencia en el momento de la celebración del contrato, pues, de una parte, la cláusula aparece en un papel aparte, en el que en una sola página se contienen todas las condiciones financieras más relevantes que inciden en el contenido esencial del contrato de préstamo, de forma esquemática y clara; y de otra, el notario deja constancia que advirtió a la prestataria de la existencia del límite inferior al interés variable. Sin embargo, se constata una ausencia de información pre-contractual, muy relevante en este tipo de contratos en que la escritura de préstamo hipotecario se otorga por el prestatario al mismo tiempo en que firma la escritura de compra del inmueble, cuyo pago es objeto de financiación. De forma que, aunque en ese momento la consumidora pudiera ser consciente, merced a cómo se redactó la cláusula de que el interés variable estaba afectado por una cláusula suelo, no tenía margen de maniobra para negociar otro préstamo con otra entidad sin frustrar la compraventa concertada para ese dí
Resumen: Contrato de compraventa de vivienda. Cláusulas abusivas en contratos no negociados concertados con consumidores. Control de abusividad de la cláusula penal que permite al vendedor retener todo o parte del precio pagado por el consumidor en caso de resolución de la compraventa por incumplimiento del comprador. Criterios para determinar el carácter abusivo de una cláusula. Se consideran abusivas las cláusulas que permiten al predisponente retener las cantidades abonadas por el consumidor para el caso de que quiera desistir de un contrato ya celebrado, que son las arras penitenciales en el contrato de compraventa ya celebrado, y también las entregadas a cuenta de un contrato que no se ha celebrado aún, que es lo que suele conocerse como pactos de reserva o "señal" en garantía de precontratos o acuerdos preparatorios. Son abusivas las estipulaciones que prevén la posibilidad de que el empresario se quede con las cantidades abonadas en concepto de prestaciones aún no efectuadas cuando le sea imputable el incumplimiento resolutorio del contrato. La carga de la prueba del carácter proporcionado de la indemnización fijada en la cláusula penal corresponde al predisponente. Es preciso comparar la cantidad que resulta de la aplicación de la cláusula penal con el valor de los daños y perjuicios efectivamente causados al predisponente. Improcedencia de moderación de la cláusula penal cuando se produce el incumplimiento previsto para la aplicación de la pena convencional. Voto particular.
Resumen: La Sala estima parcialmente el recurso de casación. Desestima su primer motivo, en el que se plantea que se decida sobre la validez de la cláusula sobre intereses moratorios, al no haberlo hecho la sentencia recurrida: la entidad bancaria parte recurrente venía obligada a impugnar el pronunciamiento de primera instancia que declaró la nulidad de la cláusula litigiosa si quería que fuese objeto del recurso de apelación. Al no hacerlo consintió su firmeza, por lo que la decisión del tribunal de apelación es ajustada a derecho. Los otros motivos se estiman, con aplicación de la jurisprudencia de la Ssala y del TJUE sobre las consecuencias de la abusividad del interés de demora, que es un recargo por retraso sobre el interés remuneratorio. Esa consecuencia es su supresión, sin que el juez pueda aplicar la norma supletoria del Derecho nacional, y sin que pueda integrarse el contrato, pues no se trata de una cláusula necesaria para la subsistencia del mismo en beneficio del consumidor. Por tanto, lo que procede es anular y suprimir completamente es la indemnización desproporcionada por el retraso en el pago de las cuotas del préstamo (el recargo sobre el tipo del interés remuneratorio), pero no el interés remuneratorio, que sigue cumpliendo la función de retribuir la disposición del dinero por parte del prestatario hasta su devolución. No es lógico que este interés deje de devengarse por el vencimiento anticipado del préstamo.
Resumen: Analiza la sala la pretensión deducida por los fiadores solidarios de un préstamo hipotecario con pacto de exclusión de los beneficios de división, orden y excusión. La sala razona sobre las condiciones abusivas y sobre la fianza solidaria, y concluye que la pérdida de los indicados beneficios no constituyen una condición predispuesta que pueda considerarse abusiva, sino la consecuencia de ser solidaria la fianza. Ello ni implica que no puedan ser nulas las concretas cláusulas que sí fueron predispuestas por el prestamista. Y considera nulas por abusivas las cláusulas: la que establece que los fiadores quedan obligados a las modificaciones de las condiciones del préstamo que se formaliza en este instrumento, que puedan convenir en el futuro al acreedor y al deudor principales, siempre y cuando no supongan variación de la cuantía del préstamo y del tipo de interés; la que releva al acreedor de toda obligación de notificarle la falta de pago del deudor; que establece la resolución del préstamo, por el fallecimiento o declaración de suspensión de pagos o quiebra de cualquiera de los fiadores; de la resolución por incurrir el prestatario en causa de concurso; la de vencimiento anticipado por el impago de una sola cuota o de un recibo de contribución o impuesto, en caso de incendio o expropiación forzosa, o por concertar el arriendo de la finca.
Resumen: La sentencia trae causa de un juicio ordinario en el que se pretendió la declaración de nulidad de varias cláusulas insertas en un préstamo hipotecario por ser abusivas, con la peculiaridad de que el préstamo ya se había resuelto y se habían ejecutado los bienes que servían de garantía al mismo. La sentencia de apelación apreció la excepción de cosa juzgada al entender que los prestatarios pudieron oponer la existencia de cláusulas abusivas en el proceso de ejecución, ya que cuando se inició este proceso (año 2009) ya existía jurisprudencia del TJUE que permitía la apreciación de oficio de la abusividad de determinadas cláusulas insertas en contratos con consumidores. La sala estima el recurso extraordinario por infracción procesal y declara que no existe cosa juzgada pues, en el momento de despacharse la ejecución, no existía en la LEC un cauce procesal que permitiera la oposición basada en la abusividad de determinadas cláusulas; además, en ese momento, no era inconcuso en la jurisprudencia del TJUE que el juez pudiera apreciar de oficio la concurrencia de cláusulas abusivas, pues la propia jurisprudencia comunitaria ha fijado la sentencia del "caso Pannon" de junio de 2009 como aquella en la que se atribuye claramente al juez nacional la obligación de examinar de oficio estas cuestiones, cuando tenga elementos para ello. La consecuencia de la estimación es la confirmación de la sentencia de primera instancia, estimatoria parcial de la demanda
Resumen: Se establece que el pacto habido en el préstamo hipotecario referido a la aplicación en el interés retributivo del índice IRPH, es válido y no es cláusula abusiva, no siendo posible su control de abusividad al referirse al precio del contrato ni puede ser objeto de control de transparencia al responder a una disposición administrativa, estando regulado y ser un tipo legal. El pacto del vencimiento anticipado de la deuda, por el cual el banco puede hacer uso de esa facultad ante el incumplimiento por el prestatario de alguno de los plazos, es una cláusula abusiva al no vincularse a criterios cuantitativos ni cualitativamente graves. El pacto de comisión de apertura es una cláusula abusiva al no acreditar el Banco demandado que corresponda a un servicio efectivamente prestado o los gastos realizados para la concesión del préstamo, circunstancias que debe acreditar la entidad bancaria y que no encaja con estipular un porcentaje del capital del préstamo. La recepción de la solicitud del préstamo, el estudio de la solvencia y la formulación de la oferta vinculante, son actividades internas de la entidad bancaria que en sí mismas no proporcionan servicio al cliente, sino al banco de cara a la realización de un contrato propio de su actividad empresarial. La fianza no puede constituir una cláusula abusiva por ser un contrato. Es válido el pacto de renuncia a la comunicación al prestatario de la cesión del crédito por la entidad bancaria.
Resumen: La sentencia analizada resuelve demanda presentada para pedir la nulidad de cláusulas del contrato de préstamo por abusividad. 1.- La sentencia rechaza la prescripción de la acción: la declaración de nulidad de la cláusula es imprescriptible y la de restitución de efectos prescribe por el transcurso de cinco años desde la declaración judicial de nulidad. 2.- En relación con la abusividad: a) en relación con el vencimiento anticipado e intereses de demora aplica la Jurisprudencia que considera nula la cláusula de vencimiento anticipado por el impago de una sola cuota o de parte de ella, y que considera nula la cláusula de intereses de demora que exceda en dos puntos del interés remuneratorio; y b) en relación con las cláusulas de repercusión de gastos considera abusiva la repercusión de gastos de notario y Registro, y la repercusión del pago de tributos considera que los específicamente relativos al impuesto de transmisiones y actos documentados deben ser de cuenta del prestatario que es el sujeto pasivo del impuesto.
Resumen: Se reclama en la demanda la nulidad de las cláusulas que ponen a cargo del prestatario los gastos que ocasiona la operación, así como la de vencimiento anticipado por impago de cuotas, la sala señala que la demandada se ha allanado a tales pretensiones, a excepción de los gastos de notaría, registro y gestoría, y se le tuvo por tal en la instancia en relación a tales pretensiones, por lo que omite toda decisión acerca de las mismas. En cuanto a los gastos notariales y de registro, la sala estima que es la prestamista quien debe asumirlos, pues es quien se beneficia de la forma pública del contrato y de su constancia registral. En relación a los gastos de gestoría entiende que su pago corresponde por mitad a ambos contratantes con independencia de quien eligió la gestoría que habrá de intervenir. Como consecuencia de la nulidad de las indicadas cláusulas, se condena al banco a devolver las que ha pagado en exceso el prestatario, sumas que devengarán el interés legal desde la fecha de su abono por el mismo. Por último, y en cuanto a las costas de primera instancia, la sala entiende que procede condenar a ellas al banco, pues la estimación de la demanda es sustancial. No se hace imposición en cambio de las de segunda instancia por haber sido estimado en parte el recurso interpuesto por el Banco.