Resumen: Recurso de casación admisible: se cita la norma sustantiva que se considera infringida y se plantea una cuestión de valoración jurídica. Doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo el control de transparencia de las condiciones generales de los contratos concertados con consumidores: no solo es necesario que las cláusulas estén redactadas de forma clara y comprensible, sino también que el adherente pueda conocer con sencillez la carga jurídica y económica que realmente le supone el contrato. La falta de transparencia de una cláusula no implica necesariamente que sea abusiva, salvo en el caso de las cláusulas suelo (hay desequilibrio en perjuicio del consumidor, incompatible con la buena fe, ya que no puede tener una representación fiel del impacto económico del contrato y se le priva de la posibilidad de comparar correctamente entre las diferentes ofertas existentes en el mercado). Control de incorporación y control de transparencia. Plus de información exigible a las condiciones generales relativas a elementos esenciales del contrato. No basta la claridad gramatical. En el caso: la sentencia recurrida no se ajusta a la doctrina jurisprudencial al entender que el mero control de incorporación es suficiente para pasar el control de transparencia; no consta que hubiera información previa; nulidad de la cláusula y devolución de las cantidades indebidamente cobradas por su aplicación. Imposición de costas (doctrina fijada en la STS núm. 419/2017).
Resumen: La Audiencia estudia la situación que se produce cuando se insta una ejecución hipotecaria amparada en la cláusula de vencimiento anticipado; condición general de contratación que se considera abusiva en contratos con consumidores por su desproporción cuando procede dicho vencimiento total por el impago de una cuota o parte mínima de la deuda. En tales supuestos, recuerda la Audiencia, dicha declaración de nulidad procede incluso de oficio. Ahora bien, anulada la condición general, si sin ella no pudiere continuar la vida del contrato por ser consustancial a él, y si esto ocasionara al consumidor un perjuicio grave o consecuencias especialmente perjudiciales, como la devolución de todo el saldo vivo del préstamo o la pérdida de ventajas legalmente previstas para la ejecución hipotecaria, resulta admisible que dicha cláusula abusiva se sustituya por una disposición legal de derecho nacional y que , según la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo, pudiera ser el art 24 de la ley de contratos de créditos inmobiliarios. Lo que en este caso conduce al archivo de la ejecución, al haberse dado por vencido el préstamo antes de la entrada en vigor de la ley 1/2013.
Resumen: La Sala estima la casación contra sentencia de TSJ que anuló una sanción impuesta en materia de protección de consumidores y usuarios, al entender que la calificación de una cláusula de un contrato como abusiva pertenecía a la jurisdicción civil y no a la Administración. La Sala, aplicando la doctrina sentada en una previa sentencia dictada en un recurso de casación en interés de ley, reitera que la Administración puede sancionar la utilización de cláusulas abusivas en los contratos con consumidores y usuarios en aplicación de los tipos infractores previstos en el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, en relación con los artículos 82 y 85 a 90, sin necesidad de previa declaración judicial del orden civil, pues cuando la sentencia impugnada remite, para la fijación del carácter abusivo de las cláusulas, a una previa declaración de la jurisdicción civil, se está bloqueando la aplicación del catálogo de infracciones que describe el Texto Refundido Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. No obstante, como al apreciar la prejudicialidad civil, la sentencia de instancia no examinó las cuestiones relativas a la legalidad de la sanción impuesta, la Sala estima la casación y ordena retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior a dictar sentencia.
Resumen: La sentencia de apelación confirma la de instancia que estima la demanda y declara nula la cláusula "suelo" incluida en la escritura de préstamo objeto de litis así como el acuerdo privado de novación-suscrito entre las partes. Argumenta el hecho de que préstamo hipotecario no sea concedido directamente al consumidor, sino que este se subrogue en un préstamo previamente concedido al promotor que le vende la vivienda, no exime a la entidad bancaria de la obligación de suministrar al consumidor información que le permita adoptar su decisión de contratar con pleno conocimiento de la carga económica y jurídica que le supondrá subrogarse como prestatario en el préstamo hipotecario. Las cláusulas suelo deben superar el control de inclusión en el contrato (cómo se incorporan al contrato y si son claras) y además el control de transparencia cuando están incorporadas a contratos con consumidores. Este control no se cumple puesto que el recurrente se limita a argumentar que no tenía deber de informar al demandante y que tal deber de información incumbía a la promotora vendedora y no habiendo renunciado el prestatario a las acciones que pudieran corresponderle cuando se firmó el acuerdo de revisión de condiciones financieras, se comprende que el recurso no puede prosperar.
Resumen: La Audiencia se encuentra frente a una demanda de ejecución hipotecaria con intereses de demora abusivos, que así se decretan. Pero, sobre todo, con una cláusula de vencimiento anticipado cuya nulidad no parece discutible (vencimiento por impago de una cuota). Sin embargo, lo que se plantea es la aplicación a esa situación de la novedosa sentencia del TS de Pleno, 463/2019. En este caso, el préstamo se dio por vencido dentro de la primera mitad de vida del préstamo, pero sólo habían vencido 10 cuotas. Además, la prestamista había remitido un burofax dando solamente 48 horas al consumidor para el pago. Aplica la citada sentencia que interpreta a la luz de la Directiva 2014/17/UE del Parlamento y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito con consumidores para bienes inmuebles de uso residencial. La cual anima a los Estados a ofrecer a los prestatarios una opción razonable para saldar sus deudas. Por lo que en este caso, no se cumplen las pautas que da la citada STS. Ni respecto a las cuotas mínimas impagadas en la primera mitad de vida del préstamo, ni al mes que concede la ley de contratos de créditos inmobiliarios para que el prestatario pague. Por eso, archiva el procedimiento.
Resumen: Estudia la Audiencia las consecuencias de la declaración de nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado en la fase inicial de un procedimiento monitorio. Recuerda la necesidad del examen, incluso de oficio, de la posible abusividad de aquéllas, cuando el receptor de la petición monitoria sea un consumidor. Asimismo recuerda la imposibilidad de moderar una cláusula nula por abusiva. Lo que, sin embargo, no implica necesariamente la inadmisión de la solicitud inicial del proceso monitorio; sino la extracción de consecuencias de un pacto que carece de esa cláusula. Lo que conduce a admitir la petición inicial solo y exclusivamente respecto de las cantidades efectivamente impagadas. No respecto de las que hubieran vencido anticipadamente como consecuencia de una condición general que se ha declarado nula.
Resumen: La sentencia de apelación estima en parte el recurso y declara abusiva las cláusulas de vencimiento anticipado en los contratos de préstamo objeto de litis. Argumenta; la facultad de vencimiento anticipado se viene a reconocer con base a cualquier incumplimiento, tenga o no la consideración de grave en atención a la cuantía y duración del préstamo, lo que resulta manifiestamente desproporcionado y en consecuencia, abusivo; la consecuencia de la declaración de nulidad es tenerla por no puesta y sin posibilidad de integración por lo que la reclamación en base a las citadas cláusulas de los dos préstamos ha de desestimarse; la jurisprudencia relativa a la cláusula de vencimiento anticipado no es aplicable al presente supuesto de tarjeta de crédito de duración indefinida y en la que se faculta al banco para reclamar el total del importe ya dispuesto pendiente en el caso de falta de pago, del mismo modo que se prevé la terminación del contrato en cualquier momento tanto por el banco como por el titular principal exigiendo tan solo una comunicación por escrito con un mes de antelación lo que resulta equilibrado, dado que no cabe continuar facultando un crédito a quien no cumple con su obligación de devolver lo ya dispuesto.
Resumen: La sentencia de apelación confirma la de instancia que declara la nulidad por abusiva de la cláusula que esta establece una comisión por gestión de reclamación de posiciones deudoras inserta en el contrato de cuenta suscrita por las partes sin imposición de las costas a ninguna de las partes. Argumenta; se parte de un contrato de cuenta de crédito que contiene una cláusula donde se establece una comisión por posiciones deudoras; no consta acreditado que tal comisión se haya aplicado a lo largo de la relación contractual. Estamos ante un manifiesto episodio de lo que hemos venido en llamar uso instrumental de la pretensión; no se interpone la demanda para solucionar un conflicto. Se presentó con el único y exclusivo fin de generar un crédito, las costas procesales; estamos ante un claro uso abusivo y torticero del proceso, de ahí que entren en juego las figuras del abuso del derecho y fraude ley de los artículos 6.3, 6.4 y 7.2 del Código Civil
Resumen: Recuerda la Audiencia la necesidad de audiencia y contradicción en la fase inicial del proceso monitorio respecto a la posible nulidad de condiciones generales de contratación cuando se trate de contratos entre profesional y consumidor. Exigencia que emana de la doctrina del TJUE. Deber del tribunal de un examen ad limine litis de esa posible abusividad, a fin de proteger la posición del consumidor, ya que los requisitos para ejercer el derecho a formular oposición a dicho requerimiento no permiten garantizar el respeto de los derechos del consumidor derivados de la citada Directiva...". Se refería el Tribunal al riesgo no desdeñable de que los consumidores afectados no formularan la oposición requerida, ya sea debido al plazo particularmente breve previsto para ello, ya sea porque los costes que implica la acción judicial en relación con la cuantía de la deuda litigiosa pudieran disuadirlos de defenderse, ya sea porque ignoran sus derechos o no perciben la amplitud de los mismos, o ya sea debido, por último, al contenido limitado de la petición de juicio monitorio presentada por los profesionales y, por ende, al carácter incompleto de la información de que disponen.
Resumen: Aborda la sentencia con amplitud la discutida cuestión de si la acción de reclamación de los concretos gastos pagados como consecuencia de una condición general de contratación que ha sido declarada nula puede o no declararse prescrita. Distingue entre los supuestos de nulidad radical y los de anulabilidad y parte del principio de seguridad jurídica, según el cual la regla general ha de ser la prescriptibilidad de las acciones. A cuyo fin pone diversos ejemplos de la legislación civil y mercantil. Se apoya en la doctrina civilista clásica, según la cual hay que distinguir entre la acción de nulidad de la condición general y la acción de remoción de los efectos de dicha nulidad. La primera, en puridad no precisaría de una declaración judicial; sí la segunda. En cuanto al día inicial del cómputo, rechaza que sea el de la STS de Pleno que declaró la nulidad de dicha cláusula (23-12-2015), ni la fecha de la declaración de nulidad de la cláusula. Entiende que ha de ser la del pago de dichos gastos.