Resumen: Contrato de préstamo hipotecario con consumidores. Nulidad de la cláusula que atribuye todos los gastos a los prestatarios por abusiva, ya que si no existiera la cláusula controvertida, el consumidor no tendría que pagar todos los gastos e impuestos de la operación. La introducción de dicha estipulación implica un desequilibrio importante entre los derechos y las obligaciones de las partes en el contrato. La apreciación del carácter abusivo de dicha cláusula conlleva su inaplicación y debe tener como consecuencia el restablecimiento de la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula. La jurisprudencia de esta sala ha distinguido entre aquellos gastos cuyo pago, conforme a las disposiciones de Derecho nacional aplicables en defecto de tal cláusula, correspondía al consumidor y aquellos cuyo pago correspondía al banco, doctrina cuya corrección ha resultado plenamente confirmada por el TJUE al resolver la cuestión prejudicial que le fue planteada sobre esta materia. Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados: la declaración de nulidad de la cláusula no puede conllevar la atribución de este gasto al banco prestamista, pues el principal sujeto pasivo obligado al pago de este tributo era el prestatario. Gastos notariales: deben repartirse por mitad. Gastos registrales: la obligación de satisfacer estos gastos corresponde al banco prestamista.
Resumen: Cláusula suelo. Control de transparencia. No solo es necesario que las cláusulas estén redactadas de forma clara y comprensible, sino también que el adherente pueda tener un conocimiento real de las mismas, de forma que un consumidor informado pueda prever, sobre la base de criterios precisos y comprensibles, la carga jurídica y económica del contrato. Este control de transparencia tiene por objeto que el adherente pueda conocer con sencillez tanto la carga económica que realmente le supone el contrato celebrado, lo que excluye que pueda agravarse la carga económica que el contrato supone para el consumidor mediante la inclusión de una condición general que supere los requisitos de incorporación, pero cuya trascendencia jurídica o económica pasó inadvertida al consumidor porque se le dio un inapropiado tratamiento secundario y no se facilitó al consumidor la información clara y adecuada sobre las consecuencias jurídicas y económicas de dicha cláusula. En cuanto a la suficiencia de la escritura pública, no basta con la simple claridad gramatical, que solo permite pasar el control de incorporación. En el presente caso no consta la existencia de una información previa al acto de otorgamiento de la escritura con antelación suficiente de modo que el consumidor pudieran conocer su existencia y trascendencia y comparar distintas ofertas. Se estima el recurso de casación contra la sentencia que había denegado la nulidad de la cláusula suelo.
Resumen: Demanda de nulidad radical por abusivas de las comisiones por descubierto o excedido (liquidación del contrato) y de las comisiones por reclamación de descubierto o posiciones deudoras vencidas (gastos de reclamación de saldo deudor). La sentencia de primera instancia desestimó la demanda y la de segunda instancia la confirmó. Recurre en casación la parte demandante y se desestima el recurso. La demandante no tiene la condición de consumidora, por lo que no le es de aplicación la normativa comunitaria y nacional de protección de los consumidores y usuarios. En el caso enjuiciado, no se ha producido una duplicidad del devengo simultáneo y para unas mismas cantidades de intereses de demora y de comisión por descubierto; igualmente resulta de la prueba practicada que el descubierto tácito ha sido real y efectivamente prestado durante un amplio periodo de tiempo; por tanto, el servicio se produjo y hubo reciprocidad entre la prestación de los servicios citados y la comisión devengada y cargada; además, dicha comisión se fijó en el contrato en atención al importe de los descubiertos, con el resultado de cantidades fluctuantes en función de dichos excedidos durante los sucesivos periodos de liquidación. Estamos en presencia de un contrato oneroso con causa existente y lícita.
Resumen: La Sala estima el recurso de casación interpuesto por la prestataria, que tiene la condición de consumidora. No solo es necesario que las cláusulas estén redactadas de forma clara y comprensible, sino también que el adherente pueda tener un conocimiento real de las mismas, de forma que un consumidor informado pueda prever, sobre la base de criterios precisos y comprensibles, la carga jurídica y económica del contrato. El control de transparencia tiene por objeto que el adherente pueda conocer con sencillez tanto la carga económica que realmente le supone el contrato celebrado como la carga jurídica del mismo, es decir, la definición clara de su posición jurídica tanto en los elementos típicos que configuran el contrato celebrado, como en la asignación de los riesgos. En cuanto a la suficiencia de la escritura pública, no basta con la simple claridad gramatical. El examen del documento público revela que la cláusula de limitación del tipo de interés no está resaltada en modo alguno, sino que está incluida como una más entre una serie de estipulaciones relativas a los intereses. Pero, sobre todo, no consta la existencia de una información previa, cuando la información precontractual es la que permite realmente comparar ofertas y adoptar la decisión de contratar. La falta de transparencia de la cláusula suelo determina su carácter abusivo, al privar al consumidor de la posibilidad de comparar entre las diferentes ofertas existentes en el mercado.
Resumen: Recurso de casación admisible: se identifica la infracción denunciada, se justifica el interés casacional y se respetan suficientemente las exigencias de la técnica casacional y la base fáctica del proceso. Efectos de la nulidad, por abusiva, de cláusula de gastos del préstamo hipotecario. En apelación se estimó en parte la demanda y se consideró que, una vez anulada la cláusula del contrato impugnada, los gastos derivados del préstamo hipotecario debían ser distribuidos conforme a las previsiones del ordenamiento jurídico, con el resultado de que la mitad de los aranceles notariales y de gestoría debían ser de cargo del prestatario, mientras que el banco debía asumir la totalidad de los gastos registrales y tributos. La nulidad por abusiva de la cláusula que atribuye todos los gastos al prestatario conlleva su inaplicación. Pero dado que los gastos han de abonarse a terceros, es preciso determinar la forma de distribución de tales gastos según las disposiciones legales vigentes. El impuesto de actos jurídicos documentados en los préstamos hipotecarios debe asumirlo el principal sujeto pasivo obligado al pago de este tributo que es el prestatario.
Resumen: La Sala desestima el recurso de casación interpuesto por los demandantes-prestatarios por incurrir en causa de inadmisión, ya que carece de encabezamiento y no se identifica cuál es la norma jurídica que se denuncia infringida. Se estima el recurso de casación interpuesto por la entidad bancaria y se reitera la jurisprudencia sobre las consecuencias de la nulidad de la cláusula que atribuye todos los gastos a los prestatarios, así como la jurisprudencia sobre a quién corresponde satisfacer los gastos notariales y registrales y el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados a falta de acuerdo entre las partes. En consecuencia, se deja sin efecto la condena al banco a pagar a los prestamistas el gasto del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, pues el principal sujeto pasivo obligado al pago de este tributo era el prestatario; se mantiene la condena al banco a reintegrar a los prestatarios los gastos registrales, dado que la obligación de satisfacer estos gastos correspondía al banco prestamista; y respecto de los notariales, como se refieren al otorgamiento de la escritura de préstamo hipotecario, se mantiene la condena al banco al pago de la mitad, pues fue otorgada en interés de ambas partes.
Resumen: La sala estima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que rechazó la nulidad de una cláusula suelo al considerar que no se podía exigir a la entidad bancaria que informara sobre las características del préstamo hipotecario, porque se trataba de una subrogación en un préstamo previamente concedido a los vendedores, y porque en la escritura se incluyó una cláusula en la que los compradores declararon conocer y aceptar el contenido del préstamo inicial. La sala considera aplicable su doctrina sobre el control de transparencia de las cláusulas suelo en los casos de subrogación del comprador en un préstamos al promotor al caso litigioso, en el que el vendedor no se dedicaba a la actividad inmobiliaria. Aunque para este caso no son aplicables las normas que garantizan el deber de información en la subrogación de préstamos al promotor, sí son aplicables las normas sobre transparencia. En los casos en que la compraventa con subrogación se hace con intervención del banco, a los efectos de consentir la sustitución de un deudor (vendedor) por otro (comprador), liberando de responsabilidad a aquél, y en su caso novando alguna/s de las condición/es del préstamo, no hay razones para eximir al prestamista del deber de proporcionar a quien, en virtud de dicha subrogación, va a quedar vinculado con él en una relación jurídica relevante y de larga duración, toda la información pertinente a fin de que conozca la carga jurídica y económica que el contrato va a suponerle.
Resumen: Control de transparencia en contratos de consumidores. Cláusulas suelo en los contratos de préstamo hipotecario. No solo es necesario que las cláusulas estén redactadas de forma clara y comprensible, sino también que el adherente pueda tener un conocimiento real de las mismas, de forma que un consumidor informado pueda prever, sobre la base de criterios precisos y comprensibles, la carga jurídica y económica del contrato. El control de transparencia tiene por objeto que el adherente pueda conocer con sencillez tanto la carga económica que realmente le supone el contrato celebrado como la carga jurídica del mismo, es decir, la definición clara de su posición jurídica tanto en los elementos típicos que configuran el contrato celebrado, como en la asignación de los riesgos. En cuanto a la suficiencia de la escritura pública no basta con la simple claridad gramatical. El examen del documento público revela que la cláusula de limitación del tipo de interés no está resaltada en modo alguno, sino que está incluida como una más entre una serie de estipulaciones relativas a los intereses. Pero, sobre todo, no consta la existencia de una información previa cuando la información precontractual es la que permite realmente comparar ofertas y adoptar la decisión de contratar. La falta de transparencia de la clausula suelo determina el carácter abusivo de la cláusula al privar al consumidor de la posibilidad de comparar entre las diferentes ofertas existentes en el mercado.
Resumen: La Sala estima el recurso de casación en un caso en el que la Audiencia había considerado que la cláusula suelo superaba el control de transparencia porque estaba redactada de manera clara y sencilla y era fácilmente comprensible, el notario advirtió de su existencia y e hizo mención a la existencia de la oferta vinculante, por lo que entiende que la entidad prestamista cumplió con las exigencias de la OM de 5 de mayo de 1994. La Sala no comparte dicha valoración jurídica, pues el mero examen del documento público revela que la cláusula de limitación del tipo de interés no está resaltada en modo alguno, sino que, por el contrario, está incluida como una más entre una serie de estipulaciones relativas a los intereses. Tampoco consta que se hubiera proporcionado a los demandantes, con una antelación suficiente a la firma del contrato, la información relativa a la cláusula suelo, de modo que pudieran conocer su existencia y trascendencia y comparar distintas ofertas. La oferta vinculante que el Notario hizo constar que se le aportaba con firmas de ambas partes no fue entregada con antelación a los prestatarios (el propio director de la sucursal que gestionó el préstamo reconoció en el juicio que la firma que aparecía en el documento no correspondía a los prestatarios). La falta de transparencia de la cláusula suelo provoca un desequilibrio sustancial en perjuicio del consumidor incompatible con la buena fe.
Resumen: La Sala estima el recurso de casación en un supuesto en el que Audiencia había considerado que la cláusula suelo superaba el control de transparencia porque, en la escritura, el notario había hecho constar que "se han establecido límites a la variación del tipo de interés" y porque se trata de cláusulas cuya comprensión no exige, según la Audiencia, esfuerzo denodado ni desmesurado La Sala no comparte dicha valoración jurídica, pues el examen de la escritura pública revela que la cláusula suelo no está resaltada en modo alguno, sino que, por el contrario, está incluida como una más entre una serie de estipulaciones relativas a los intereses. Además, la sentencia recurrida no ha dado trascendencia al déficit de información precontractual (no se había proporcionado a los demandantes, con una antelación suficiente a la firma del contrato, la información relativa a la cláusula suelo, de modo que pudieran conocer su existencia y trascendencia y comparar distintas ofertas). Por tanto considera que la cláusula suelo no supera el control de transparencia y que esa falta de transparencia provoca un desequilibrio sustancial en perjuicio del consumidor, incompatible con las exigencias de la buena fe, que le impide hacerse una representación fiel del impacto económico que le supondría obtener el préstamo con cláusula suelo en caso de bajada del índice de referencia y le priva el poder comparar con otras ofertas existentes en el mercado.