Resumen: Estimación del recurso extraordinario por infracción procesal: relevancia constitucional de la incongruencia cuando afecta al principio de contradicción; principio de justicia rogada (es la suma del principio dispositivo y del principio aportación de parte); congruencia; en el caso, incongruencia de la sentencia, ya que, si bien es posible, en contratos entre profesionales, con base en las normas contractuales generales, postular la nulidad de determinadas cláusulas que comportan una regulación contraria a la legítima expectativa que según el contrato suscrito pudo tener el adherente -que es lo que ha declarado la sentencia de segunda instancia-, esta no fue la acción ejercitada en la demanda, en la que se postuló la nulidad de una cláusula por abusiva partiendo de la condición de consumidores de los demandantes y se ejercitó una acción individual de nulidad por falta de transparencia material y subsiguiente abusividad (las menciones que se hicieron en la demanda a la buena fe o al desequilibrio de las prestaciones lo fueron para argumentar la abusividad de la cláusula en un contrato de consumo). Asunción de la instancia, estimación del recurso de apelación y desestimación de la demanda: el contrato de préstamo no podía ser calificado como de consumo, pues, aunque tenía una finalidad mixta, el interés empresarial no era marginal o residual, por lo que no proceden los controles de transparencia y abusividad.
Resumen: Demanda de juicio ordinario en la que se ejercitó una acción de nulidad de determinadas cláusulas predispuestas. La sentencia de primera instancia declaró la nulidad del interés de demora y de determinadas comisiones, desestimó la abusividad de los intereses remuneratorios y no acordó la restitución de cantidades porque no se había probado que se hubiera realizado algún pago. En apelación, el demandante pidió, entre otras cuestiones, que se declarara de oficio la abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado, que no había sido solicitada en la demanda. La Audiencia desestimó el recurso. La Sala desestima el recurso de casación del consumidor. Recuerda y precisa su doctrina y la del TJUE sobre el alcance del control de oficio, que es imperativo y debe llevarse a cabo en cualquier tipo de procedimiento, pero en función de que la validez y eficacia de las cláusulas sea relevante para resolver las pretensiones formuladas por las partes. Esa situación se producirá en aquellos supuestos en los que, para estimar la pretensión del empresario frente al consumidor, hubiera de aplicarse una cláusula que no ha sido impugnada, y también cuando para estimar una pretensión del consumidor sea preciso apreciar el carácter abusivo de una cláusula no denunciada. Sin embargo, en este caso, los demandantes, con asistencia letrada, han decidido impugnar determinadas cláusulas y no otras, y para resolver sobre su pretensión no es necesario valorar si el vencimiento anticipado es o no abusivo.
Resumen: Demanda de nulidad, por abusiva, de la cláusula suelo contenida en la escritura de subrogación en el préstamo hipotecario al promotor y la restitución de las cantidades pagadas en aplicación de esa cláusula. El juzgado estimó la demanda pues consideró que los prestatarios no fueron informados sobre la inclusión de la cláusula suelo y sus consecuencias, en un entorno de bajada de tipos de interés conocido por la entidad bancaria y que la cláusula suponía una posición ventajosa para esta y desventajosa para los prestatarios. La Audiencia Provincial estimó el recurso interpuesto por el banco y apreció que la cláusula es clara y sencilla, el contrato se firmó en un contexto de bajada de tipos y mayor conocimiento de estas cláusulas, y la cláusula se inserta en una escritura de subrogación en el préstamo concedido al promotor, en el que había comenzado a surtir efecto, y en la que resultaron modificadas algunas de las condiciones, como es la del tipo de interés aplicable, por lo que "necesariamente los actores debían conocer las cláusulas que se modificaban, máxime cuando mejoraban notablemente el punto de partida de los prestatarios", uno de los cuales tenía amplia experiencia empresarial. Se desestima el recurso extraordinario por infracción procesal al no apreciar vulneración de los principios de aportación de parte ni de congruencia ni de las reglas de la carga de la prueba ni cosa juzgada. El de casación, tras exponer la doctrina sobre el control de transparencia, se estima.
Resumen: Demanda contra entidad financiera solicitando la nulidad de la cláusula de limitación a la variabilidad del tipo de interés remuneratorio pactado incluida en contrato de préstamo hipotecario y la devolución de las cantidades cobradas por su aplicación. La sentencia de primera instancia consideró que la cláusula era abusiva, por lo que declaró su nulidad y ordenó la restitución de las cantidades cobradas como consecuencia de su aplicación. El recurso de apelación interpuesto por la entidad prestamista fue estimado por la Audiencia Provincial, que consideró que el prestatario había tenido oportunidad de conocer el alcance y sentido de la cláusula, que en su demanda no había solicitado la realización del control de transparencia y que no había abusividad, porque no existía desequilibrio en las prestaciones y, como consecuencia, desestimó la demanda. La demandante interpone recurso extraordinario por infracción procesal por exceso de pronunciamiento, incongruencia de la sentencia y vulneración de las normas que regulan la prueba de interrogatorio de parte que se desestiman por la sala. También desestima el recurso de casación, centrado en la denuncia de que no se realizó correctamente el control de transparencia de la cláusula suelo, al confirmar que la información ofrecida por el prestamista a los prestatarios superó el control de transparencia ya que fue suficiente la información precontractual de la que dispuso. También se desestima el motivo referido a la condena en costas.
Resumen: Demanda de nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado contenida en el contrato de préstamo con garantía hipotecaria suscrito entre las partes y del procedimiento de ejecución hipotecaria. En primera instancia se estimó la demanda y declaró la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado y del procedimiento de ejecución hipotecaria seguido. Asimismo declaró el derecho de la demandante a recuperar la propiedad y posesión del inmueble hipotecado y adjudicado a la ejecutante. Recurrida en apelación por el banco, fue revocada en parte por la Audiencia Provincial, en el sentido de dejar sin efecto la declaración de nulidad del procedimiento de ejecución hipotecaria. La demandante interpone recurso de casación referido a las consecuencias de la declaración de nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado respecto del proceso de ejecución hipotecaria que se siguió contra la vivienda hipotecada.La sala analiza el ejercicio de la facultad legal de vencimiento anticipado por el banco y concluye que la sentencia recurrida ponderó la gravedad del incumplimiento del deudor en relación con las demás circunstancias concurrentes y llegó a la conclusión de que el ejercicio por el prestamista de la facultad de vencimiento anticipado fue correcto, así como que la nulidad de la cláusula no vedaba el acceso al procedimiento de ejecución hipotecaria, cuando se hizo, no por la previsión contractual anulada, sino en uso de una facultad legalmente prevista. Por tanto, desestimó el recurso
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesta contra la dictada en primera instancia, que estimó en parte la acción ejercitada para pedir la nulidad de condiciones generales abusivas del contrato de préstamo. El tribunal de apelación desestimó el recurso de apelación y confirmó la sentencia recurrida: A) Sobre la improcedencia de la acción y prescripción de la acción para solicitar la restitución de cantidades: la cancelación del préstamo no priva de legitimación al prestatario para solicitar la nulidad de condiciones generales y la restitución de cantidades, sin que tampoco quepa prescripción. B) Nulidad de la cláusula de repercusión al prestatario de los gastos de formalización e inscripción es abusiva la que repercute de manera indiscriminada y sin restricción. C) Comienzo del devengo de intereses: desde el momento en que se pagaron los gastos cuya restitución se solicita.
Resumen: La sala desestima los recursos interpuestos frente a una sentencia que había declarado la abusividad de la cláusula de duración y de penalización por desistimiento unilateral, insertas en un contrato de mantenimiento de ascensores y, por esta razón, había desestimado la demanda de condena dineraria. Recurso por infracción procesal. Se cumple el presupuesto de la motivación porque los razonamientos del auto de complemento, que integra la sentencia respecto de la cual se dicta, justificaron, pese al sentido desestimatorio de la parte dispositiva, el rechazo de las facturas que también se reclamaban por los trabajos de mantenimiento del ascensor. Los recursos extraordinarios, de casación y por infracción procesal, presentan unos requisitos de precisión en la identificación de la infracción denunciada en cada motivo que no se cumplen cuando, como ocurre en el caso, se recurre a una argumentación por acarreo, en la que se mezclan cuestiones procesales y sustantivas Falta de efecto útil del recurso de casación. Aunque se considerara abusiva la cláusula de duración de tres años del contrato de mantenimiento, la sentencia no podría ser revocada porque no se ha formulado una impugnación respecto de la consideración como abusiva de la cláusula que, para el caso de desistimiento unilateral, fijó la indemnización en el 100% del precio correspondiente al periodo pendiente de transcurrir cuando se produjera el desistimiento, que la Audiencia Provincial consideró abusiva.
Resumen: La sala desestima un recurso de casación frente a una sentencia que declaró la validez de una cláusula de vencimiento anticipado en un contrato que, pese a denominarse de apertura de crédito, fue calificado como un contrato de préstamo. En el recurso de casación se argumentó que el contrato era de apertura de crédito, por lo que ni podía hablarse de cuotas mensuales de amortización, ni darse por vencido cuando está en su periodo de vigencia temporal y no se ha superado el límite de crédito. La sala reitera su jurisprudencia sobre ambas figuras. Mediante la apertura de crédito, una entidad de crédito se obliga a poner a disposición de un cliente un determinado capital por un cierto plazo, en forma de límite máximo y con cargo al cual se obliga a entregar las cantidades que el cliente solicite, de acuerdo con los términos pactados, mediante el pago de una comisión de apertura y al tipo de interés pactado sobre las cantidades efectivamente dispuestas. Por tanto, lo más característico de este contrato es que no se entrega de una sola vez una cantidad de dinero, sino que únicamente se facilita su disponibilidad conforme el cliente vaya necesitando. Irrelevancia del nomen iuris. En el caso litigioso, lo determinante es que la cantidad que constituía su objeto fue dispuesta de una sola vez, en el momento de la firma de la escritura, y los clientes fueron devolviéndola mediante cuotas periódicas de igual importe. Se confirma la calificación jurídica realizada por la sentencia.
Resumen: Se estima la demanda y se declara la nulidad de las siguientes cláusulas: 1) Suelo, condenando a restituir las cantidades cobradas de más en aplicación de tal cláusula, a determinar en ejecución de sentencia según los cálculos que señala. 2) Gastos, condenando al reintegro del importe que se fija por gastos notariales, registrales y de gestión. 3) Intereses moratorios, debiendo restituir las cantidades cobradas. 4) Afianzamiento del contrato. 5) Imposición de la cesión de crédito sin notificación al prestatario. Se acuerda la subsistencia del resto del contenido del contrato y se imponen las costas a la demandada. Se recoge la evolución experimentada por el concepto de consumidor, reseñando legislación y jurisprudencia sobre tal cuestión. Aprecia la Sala esa condición en la parte actora. Entra a conocer del fondo del asunto, y examina las cláusulas contractuales cuya nulidad se insta. Concluye que la cláusula suelo no supera el control de transparencia, al no constar que se diera información clara y precisa sobre su aplicación y desarrollo. Respecto a los gastos, aplica la jurisprudencia sobre su imputación, y destaca que debe ser expulsada del contrato, al no distribuir de forma equitativa tales gastos, ignorar quién es el obligado legal y no valorar quién es el beneficiado. Son nulos los intereses moratorios, por aumenta 8 puntos el interés ordinario. Respecto del afianzamiento, aprecia desequilibrio. La comisión no responde al coste particular de alguna actuación concreta.
Resumen: Doctrina jurisprudencial relativa al carácter abusivo de las cláusulas sobre atribución de gastos notariales y registrales al prestatario consumidor: la atribución indiscriminada al prestatario no tiene amparo normativo; es abusiva la cláusula que imponga al consumidor el pago de tributos en los que el sujeto pasivo es el empresario; en el caso, cláusula amplia e indeterminada que atribuye con carácter genérico al consumidor los tributos que gravan la operación (si la cláusula no fuera tan omnicomprensiva, sino que mencionara los concretos tributos repercutidos al prestatario, podría enjuiciarse desde el punto de vista de la transparencia en relación con la información ofrecida al consumidor). Doctrina jurisprudencial sobre el carácter abusivo de la cláusula de vencimiento anticipado: criterios de análisis y efectos; la cláusula que no modula la gravedad del incumplimiento según la duración y cuantía del préstamo y sin posibilidad real de que el consumidor evite su aplicación con una conducta diligente de reparación, son abusivas; la supresión de la cláusula implicaría la nulidad del contrato, si bien, para evitar las consecuencias perjudiciales para el consumidor, los tribunales -siempre que se cumplan las condiciones mínimas del art. 693.2 LEC- deberán valorar, en el caso concreto, si el ejercicio de la facultad de vencimiento anticipado está justificado. En el caso, cláusula abusiva, sin perjuicio de que el banco inste el vencimiento anticipado con fundamento en la Ley.