Resumen: El Pleno de la Sala 1ª se pronuncia sobre la validez de un documento que contiene una reducción de la cláusula suelo con la contrapartida de renuncia al ejercicio de acciones por el consumidor, teniendo en cuenta la STJUE de 9/7/2020. Deniega la suspensión del recurso hasta que se pronuncie de nuevo el TJUE sobre otras cuestiones prejudiciales pendientes. Una cláusula potencialmente nula puede ser modificada, pero si ha sido predispuesta por el banco debe cumplir los requisitos de transparencia. La reducción del ?suelo? cumple dichos requisitos: la prestataria conocía la cláusula suelo, su potencial nulidad por falta de transparencia y la incidencia que había tenido, por la puesta a disposición de la evolución del índice, que además es objeto de publicación oficial, y por la repercusión en las cuotas anteriores. La cláusula de renuncia de acciones, si se hubiera limitado a las acciones relativas a la cláusula suelo, podría ser tenida en consideración para analizar si la información suministrada era suficiente para comprender las consecuencias jurídicas de la renuncia. Pero, en la medida en que abarca cuestiones ajenas a la controversia que subyace al pretendido acuerdo transaccional, no puede reconocerse su validez. Se estima en parte el recurso de casación, se declara la validez de la estipulación que modifica la cláusula suelo originaria (solo será válida la cláusula suelo rebajada, no la original) y se confirma la nulidad de la renuncia genérica de acciones.
Resumen: Demanda de nulidad de cláusula suelo incluida en escritura de modificación de préstamo hipotecario fundamentada en su carácter abusivo, en que no fue negociada individualmente y no se informó a las partes de su trascendencia económica. En primera instancia se estimó la demanda al entender que la cláusula suelo contenida en la escritura de modificación no superaba el control de transparencia y que la renuncia de acciones expresada en el documento privado de novación no impedía el ejercicio de acciones ante la imposibilidad de convalidar la cláusula suelo nula mediante su sustitución por otra que sea más favorable al consumidor. Recurrida en apelación, la Audiencia desestima el recurso. Interpuesto recurso de casación, la Sala lo estima en parte. Aprecia la validez de la estipulación del contrato privado que modifica y rebaja la originaria cláusula suelo al cumplir con las exigencias de transparencia conforme a la STJUE de 9/07/20 y la nulidad de la cláusula de renuncia de acciones, ya que no cumple con las exigencias de transparencia, representadas porque el consumidor dispusiera de la información pertinente para comprender las consecuencias jurídicas que se derivaban para él de tal cláusula. En este caso se advierte que la renuncia de acciones va más allá de la controversia suscitada en torno a la cláusula suelo, abarcando cuestiones ajenas a la controversia que subyace al pretendido acuerdo transaccional, por lo que no puede reconocerse su validez.
Resumen: Condiciones generales de la contratación. Cláusula que atribuye todos los gastos al prestatario hipotecante: la apreciación de su carácter abusivo conlleva su inaplicación, si bien, en cuanto a sus efectos, dado que los gastos deberán ser abonados a terceros ajenos a los contratantes, la determinación de cómo deben distribuirse tales gastos debe hacerse, no en función de la cláusula anulada, sino de las disposiciones legales aplicables supletoriamente. Criterio ratificado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea: el hecho de que deba entenderse que una cláusula contractual declarada abusiva nunca ha existido justifica la aplicación de las disposiciones de Derecho nacional que puedan regular el reparto de los gastos de constitución y cancelación de hipoteca en defecto de acuerdo entre las partes. Reiteración de la doctrina jurisprudencial sobre atribución de los gastos de notaría e Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Gastos de gestoría: superación de un precedente jurisprudencial para aplicar un criterio más ajustado a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; ante la falta de una norma nacional aplicable en defecto de pacto que impusiera al prestatario el pago de la totalidad o de una parte de esos gastos de gestoría, no cabe negar al consumidor la devolución de las cantidades abonadas en virtud de la cláusula que se ha declarado abusiva.
Resumen: Demanda de nulidad de las cláusulas insertas en un contrato de préstamo hipotecario, en concreto, de aquella que atribuía todos los gastos al prestatario, interesando su devolución y la de vencimiento anticipado, por ser abusivas. En primera instancia, además de declarar la nulidad parcial de la cláusula sobre vencimiento anticipado, en lo que ahora interesa, se declaró la nulidad de la cláusula que atribuía los gastos a los prestatarios, en concreto los gastos notariales, el impuesto de actos jurídicos documentados (en adelante, IAJD), los de gestoría y tasación y condenó al banco a pagar a los demandantes la mitad de los gastos por ellos realizados (gastos notariales y registrales, el IAJD y los gastos de gestoría). Recurrida en apelación por el banco e impugnada por los demandantes, la Audiencia desestima el recurso y estima la impugnación de los demandantes, en el sentido de condenar a la restitución del pago de los aranceles del RP y del IAJD. El banco recurre en casación y la sala estima parcialmente el recurso en lo referente al pronunciamiento sobre la imputación de los gastos tributarios, que deja sin efecto al reiterar la jurisprudencia sobre la imputación de los gastos tributarios contenida en SSTS 46/2019, 47/2019, 48/2019 y 49/2019 de 23 de enero. Desestima el motivo referido a los gastos del RP ya que conforme a la jurisprudencia contenida en STS 48/2019 de 23 de enero corresponde al banco prestamista su pago, siendo procedente su devolución a los prestatarios.
Resumen: Demanda contra la entidad prestamista en solicitud de nulidad de diversas cláusulas del contrato de préstamo hipotecario, nulidad del procedimiento de ejecución hipotecaria y la condena a la devolución de unos gastos indebidamente cobrados a los prestatarios. En primera instancia se estimó en parte la demanda, declaró la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado y condenó al banco a devolver a los demandantes los gastos, rechazando la pretensión de nulidad del proceso de ejecución hipotecaria. Recurrida en apelación por el banco e impugnada por la demandante, la Audiencia desestimó la impugnación y estimó en parte el recurso dejando sin efecto la condena a la devolución de los gastos al no haber quedado acreditado su pago. Interpuesto recurso de casación por el demandante, la Sala lo desestima al considerar improcedente plantear la nulidad de un procedimiento de ejecución por la existencia de cláusulas abusivas en el título ejecutivo cuando en el mencionado proceso de ejecución hipotecaria hubo reiteradas posibilidades de plantear oposición por esa misma causa. También rechaza el motivo sobre la condena de los gastos de la ejecución hipotecaria porque altera la base fáctica ya que la sentencia recurrida no considera probado que los demandantes hayan pagado las cantidades que se reclaman y dicha conclusión probatoria no puede ser revisada en casación.
Resumen: Atribución a determinados juzgados para que de manera exclusiva y no excluyente conozcan de la materia relativa a las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física. Desestimación. No estamos ante una norma de carácter reglamentario. La decisión se encuentra debidamente motivada y ampliamente documentada. No es exigible el informe del Ministerio Fiscal. Sólo es precisa la conformidad del Ministerio de Justicia. La alegación de falta de proporcionalidad es una opinión subjetiva carente de soporte fáctico. La no publicación de los anexos I y II ello carece de transcendencia real. La entrada en vigor de la medida y su duración están perfectamente justificadas. Que el acto impugnado pueda ser tachado de inconveniente o incluso de ineficaz no supone, por sí solo, que vulnere el principio de seguridad jurídica. Las medidas efectivamente adoptadas en cuanto a medios personales y materiales son ajenas al Acuerdo. No se vulneran los principios de igualdad ni jerarquía normativa, y tampoco el derecho a juez natural predeterminado por la ley. La norma no prevé la audiencia en sentido estricto ni la facultad de decisión de los titulares de los órganos judiciales. No ser revisa o establece una nueva planta judicial. El art. 98 de la LOPJ no exige lo que la parte echa en falta en materia de prevención de riesgos laborales para la adopción de los acuerdos impugnados. No existe trato discriminatorio.
Resumen: Demanda en la que se instaba la nulidad de la cláusula de imputación de gastos contenida en una escritura de préstamo hipotecario. La sentencia de primera instancia estimó la demanda, anuló la cláusula y ordenó la devolución por el prestamista de las cantidades indebidamente abonadas. La audiencia confirmó la sentencia de primera instancia. Recurre en casación el banco demandado y la sala estima su recurso. La sala reitera su doctrina según la cual, una vez declarada nula y dejada sin efecto por abusiva la cláusula que atribuía todos los gastos al prestatario consumidor, el tribunal debe entrar a analizar a quién, con arreglo a las reglas legales y reglamentarias, corresponde satisfacer cada uno de los gastos cuestionados; en este caso, el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados y los gastos notariales. Así, declara que a estimación del recurso de casación supone modificar la sentencia de apelación, en el sentido de dejar sin efecto la condena al banco a pagar a los prestatarios el gasto del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados; y, respecto de los gastos notariales, como se refieren al otorgamiento de la escritura de préstamo hipotecario, se fija la condena al banco al pago de la mitad, pues fue otorgada en interés de ambas partes.
Resumen: Recurso de casación. Allanamiento. Nulidad de tres cláusulas predispuestas en un contrato de préstamo hipotecario. La sentencia de apelación declaró la nulidad de la cláusula quinta del contrato, atinente a los gastos a cargo del prestatario, y condenó a la entidad bancaria demandada a reintegrar a la actora lo abonado por ésta por razón del Impuesto sobre actos Jurídicos Documentados que gravó la constitución de la hipoteca. La entidad bancaria demandada interpuso recurso de casación y el demandante-recurrido se allanó a dicho recurso. La posibilidad del allanamiento se extiende también al recurso de casación. La consecuencia será la estimación del recurso de casación y, al asumir la instancia, la estimación parcial del recurso de apelación y, por ende, la estimación, también parcial, de la demanda. Y todo ello, a los efectos restitutorios aquí planteados, sin entrar en otro tipo de consideraciones que, a causa del allanamiento al recurso, no es preciso tratar. Se deja sin efecto la condena de la sentencia recurrida a la entidad demandada en orden a reintegrar a la actora el importe abonado por ésta en concepto del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados.
Resumen: Cláusulas abusivas. Control de incorporación: para que puedan considerarse incorporadas al contrato, las condiciones generales han de ser claras, concretas, sencillas y comprensibles directamente en atención al producto que se comercializa. En el caso, la cláusula supera el control de incorporación (está redactada en términos comprensibles, aparece en la oferta vinculante de forma sencilla y directa y se expresa en términos que resulta sencilla su lectura y comprensión, toda la información financiera se ofrece en una sola hoja, aislada, en la que de un golpe de vista puede reconocerse la información más importante sobre las condiciones financieras del préstamo hipotecaria, entre la que se encuentra la cláusula suelo). Reiteración de la doctrina jurisprudencial sobre el control de transparencia: cabe el control de abusividad de una cláusula relativa al precio y a la contraprestación si no es transparente; tiene por objeto que el adherente pueda conocer con sencillez la "carga económica" (onerosidad) que realmente supone para él el contrato y la "carga jurídica" (posición jurídica); importancia para el consumidor de disponer, antes de la celebración del contrato, de la suficiente información; valoración de la intervención del notario. En el caso, la inclusión de la cláusula suelo en la escritura de préstamo y la oferta vinculante no basta para entender cumplidas las exigencias de que el consumidor sea informado sobre la incidencia de esa cláusula en la economía del contrato.
Resumen: La Sala estima el recurso de casación contra la sentencia que había denegado la nulidad de la cláusula suelo. Reitera su jurisprudencia sobre la materia objeto del recurso. Considera que no solo es necesario que las cláusulas estén redactadas de forma clara y comprensible, sino también que el adherente pueda tener un conocimiento real de las mismas, de forma que un consumidor informado pueda prever, sobre la base de criterios precisos y comprensibles, la carga jurídica y económica del contrato. Este control de transparencia tiene por objeto que el adherente pueda conocer con sencillez tanto la carga económica que realmente le supone el contrato celebrado, lo que excluye que pueda agravarse la carga económica que el contrato supone para el consumidor mediante la inclusión de una condición general que supere los requisitos de incorporación, pero cuya trascendencia jurídica o económica pasó inadvertida al consumidor porque se le dio un inapropiado tratamiento secundario y no se facilitó al consumidor la información clara y adecuada sobre las consecuencias jurídicas y económicas de dicha cláusula. En cuanto a la suficiencia de la escritura pública, no basta con la simple claridad gramatical, que solo permite pasar el control de incorporación. En el presente caso no consta la existencia de una información previa al acto de otorgamiento de la escritura con antelación suficiente de modo que el consumidor pudieran conocer su existencia y trascendencia y comparar distintas ofertas.
