Resumen: Contratación bajo condiciones generales y contratación por negociación. Control del carácter abusivo de las cláusulas no negociadas en contratos concertados con consumidores: la prestación válida del consentimiento al contrato predispuesto no es obstáculo, aunque las cláusulas sean claras, comprensibles y transparentes, para que pueda declararse su carácter abusivo cuando causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes. La supresión de las cláusulas abusivas como principio de interés general del Derecho de la Unión Europea. Cláusula predispuesta. El carácter impuesto de una cláusula o condición general prerredactada no desaparece por el hecho de que el empresario formule una pluralidad de ofertas cuando todas están estandarizadas con base en cláusulas predispuestas, sin posibilidad real alguna de negociación por el consumidor medio. La intervención notarial no implica la existencia de negociación individualizada. Carácter de consumidor: es irrelevante que el dinero prestado no se destinara a bienes de primera necesidad. Control de abusividad de las cláusulas que establecen el interés de demora. Interés de demora excesivo. Ponderación con base en la normativa de protección de consumidores y usuarios y jurisprudencia del TJUE. Es abusivo un interés de demora que suponga un incremento de más de dos puntos porcentuales sobre el interés remuneratorio pactado. Supresión de la cláusula. Actuación de oficio del tribunal.
Resumen: La cláusula controvertida es abusiva en su totalidad, en cuanto que, sin negociación alguna, atribuye al prestatario/consumidor el pago de todos los impuestos, cuando la ley considera sujetos pasivos al prestamista o al prestatario en función de los distintos hechos imponibles y declara exentos de tributación determinados actos que, sin embargo, son incluidos en dicha condición general como impuestos a cargo del prestatario. Declarada la nulidad, el tribunal debe fijar los efectos restitutorios inherentes aplicando las normas tributarias y su interpretación jurisprudencial. La normativa sobre ITP establece que la constitución de hipoteca en garantía de un préstamo tributa como un único hecho imponible por el concepto de préstamo y que el sujeto pasivo es el prestatario y así lo ha interpretado la jurisprudencia de la Sala 3ª del TS y del TC. En cuando al IAJD por la documentación del préstamo, el Reglamento regulador del impuesto, en el que la Sala 3ª no ha apreciado ningún defecto de legalidad, considera sujeto pasivo al prestatario. La cuota variable correrá de su cargo y en la cuota fija se distingue la matriz (que aunque correspondería al prestatario, si hay pacto sobre distribución de los gastos notariales y registrales, es razonable distribuir por mitad el pago), y las copias, en las que es sujeto pasivo quien las solicite. Sobre los tributos que gravan la cancelación de la hipoteca, han de tenerse en cuenta las exenciones del art. 45 LITPAJD.
Resumen: Acción colectiva promovida por organización de consumidores. Incongruencia: no concurre en la aplicación del control de transparencia, que no es una novedad introducida en la sentencia, sino exigencia de las peculiaridades que impone el Derecho de la Unión Europea. Cuestión nueva, no se aprecia si deriva del control de oficio del juez nacional sobre el carácter abusivo de las cláusulas, que es imperativo. Reiteración de la doctrina de la Sala sobre el control de incorporación y de transparencia en materia de cláusulas suelo. Intereses de demora, el límite legal impuesto en los préstamos hipotecarios no excluye el control de abusividad ni sirve como derecho supletorio si se declaran abusivos. La nulidad afectará al exceso sobre el interés remuneratorio pactado. Vencimiento anticipado, su validez general no excluye la abusividad atendiendo a las circunstancias del caso. La cláusula analizada no supera los estándares exigibles, pues no modula la gravedad del incumplimiento en función de la duración y cuantía del préstamo y posibilita la resolución del préstamo con el incumplimiento de un solo plazo. Nulidad de las cláusulas que imponen al consumidor todos los costes de la intervención notarial y registral, el pago de tributos en los que es sujeto pasivo el banco, los gastos preprocesales y procesales del banco. Nulidad de las cláusulas que equiparan la aceptación por el cliente de una oferta telefónica a su firma manuscrita. Voto particular.
Resumen: En la instancia se estimó la acción de nulidad por abusiva de la cláusula suelo, pero se discutió sobre la procedencia o no de la retroactividad (la sentencia de primera instancia devolvió los intereses y en apelación, por el contrario, se declaró la irretroactividad de la declaración de nulidad y consecuentemente la improcedencia de devolver a los consumidores prestatarios las cantidades cobradas en aplicación de la cláusula suelo), al apreciarse que a la acción de cesación (Sentencia de 9 de mayo de 2013) no se le acumularon pretensiones de condena y concretas reclamaciones de restitución, mientras que en la presente acción individual sí se formulan de esta naturaleza, es por lo que no cabe estimar que en la presente litis tenga fuerza de cosa juzgada aquel pronunciamiento. Limitación de la retroactividad de la declaración de nulidad (ex tunc) por razones de seguridad jurídica. Se fija como doctrina: "Que cuando en aplicación de la doctrina fijada en la sentencia de Pleno de 9 de mayo de 2013, ratificada por la de 16 de julio de 2014, Rc. 1217/2013 y la de 24 de marzo de 2015,Rc. 1765/2013 se declare abusiva y, por ende, nula la denominada cláusula suelo inserta en un contrato de préstamo con tipo de interés variable, procederá la restitución al prestatario de los intereses que hubiese pagado en aplicación de dicha cláusula a partir de la fecha de publicación de la sentencia de 9 de mayo de 2013".
Resumen: La Sala estima el recurso de casación.En primer lugar, aplica la jurisprudencia fijada por la STS núm.241/2013 y califica la denominada cláusula suelo examinada como condición general de la contratación, al reunir los presupuestos que determinan la naturaleza de las condiciones generales de la contratación. En segundo lugar aplica el denominado control de transparencia sobre el marco de la contratación realizada y llega a la conclusión de que el predisponente no ha observado los criterios precisos y comprensibles en orden a que los prestatarios pudieran evaluar,directamente,el alcance jurídico de la cláusula suelo respecto a la modulación de la oferta comercial que se realizaba.También rechaza que el deber de transparencia quedara acreditado en el ámbito de la "transparencia formal o documental" que acompaña a este modo de contratar, particularmente del documento en donde se contempla la llamada oferta vinculante. La Sala no entra a valorar los efectos de la declaración de abusividad sobre el contrato a raíz de la ineficacia de la cláusula declarada abusiva, dado que la parte demandante se aquietó sobre este extremo. La sentencia de la Sala cuenta con un voto particular en el que se considera, que aplicando la doctrina de la Sala sobre el control de transparencia, las cláusulas suelo correspondientes a dos de los contratos de préstamo hipotecario examinados, no debían ser declaradas abusivas, en la medida en que el tipo nominal aplicable, no resultaba extraño o sorpresivo.
Resumen: Normativa aplicable por razones de vigencia atendiendo a la fecha del préstamo. Abusividad de las cláusulas que, en contratos de préstamo con consumidores, sin negociación y predispuestas, atribuyen indiscriminadamente al consumidor el pago de todos los gastos que genera la operación. Criterio en la jurisprudencia del TJUE para determinar si una cláusula causa en detrimento del consumidor un "desequilibrio importante"?. Carácter unitario del préstamo hipotecario: incluye dos figuras jurídicas, el préstamo (contrato) y la hipoteca (derecho real), pero ambas son inescindibles; el crédito garantizado con hipoteca no es un crédito ordinario y requiere ser tratado jurídicamente de forma distinta. Cláusula de gastos: su introducción -si de no existir la cláusula el consumidor no tuviera que pagar todos los gastos e impuestos de la operación, porque por aplicación del de Derecho español no le correspondería en todo caso su abono- implica un desequilibrio importante entre los derechos y las obligaciones de las partes en el contrato. En el caso, análisis de la atribución de los gastos conforme al Derecho español (gastos notariales y de modificación del préstamo hipotecario, gastos de escritura de cancelación de la hipoteca; obtención de copias, gastos de Registro de la Propiedad, gastos de gestoría). Restablecimiento de la situación de hecho y de derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido la cláusula abusiva.
Resumen: Se analiza la posible abusividad de la cláusula que, en un préstamo hipotecario, establece una comisión de apertura. Tras examinar la normativa sectorial aplicable al caso (nacional y de la Unión Europea) la Sala considera que la comisión de apertura no es ajena al precio del préstamo, por el contrario, el interés remuneratorio y la comisión de apertura constituyen sendas partidas del precio del préstamo, en cuanto que son las principales retribuciones que recibe la entidad financiera por conceder el préstamo al prestatario y no corresponden a actuaciones o servicios eventuales. Tanto el interés remuneratorio como la comisión de apertura deben incluirse en el cálculo de la TAE, que permite al consumidor conocer cuál será el coste efectivo del préstamo. Por esa razón, la Sala concluye que la comisión de apertura no es susceptible de control de contenido, sino exclusivamente de control de transparencia, que considera superado o cumplido. También se pronuncia sobre los efectos de la declaración de nulidad de la cláusula que atribuye al prestatario la totalidad de los gastos e impuestos, ya declarada nula por la sentencia 705/2015, de 23 de diciembre. Sostiene que son pagos que han de hacerse a terceros -no al prestamista- como honorarios por su intervención profesional con relación al préstamo hipotecario y que el pago de esas cantidades debe correr a cargo de la parte a la que correspondiera según la normativa vigente en el momento de la firma del contrato.
Resumen: Consumidores. Acción de cesación. Legitimación extraordinaria en la LCGC: es preciso que la asociación que defiende intereses colectivos, cuando es de ámbito supraautonómico, esté inscrita en el Registro Estatal de Asociaciones. La pérdida sobrevenida de las condiciones legales precisas para litigar, como consecuencia de una sanción, afecta al principio pro actione y debe ser objeto de una interpretación restrictiva. Condiciones Generales Abusivas. Claúsula suelo en los préstamos hipotecarios. La prestación del consentimiento a una cláusula predispuesta debe calificarse como impuesta por el empresario cuando el consumidor no puede influir en su supresión o en su contenido, de tal forma que o se adhiere y consiente contratar con dicha cláusula o debe renunciar a contrata.Las cláusulas suelo forman parte inescindible del precio que debe pagar el prestatario, definiendo el objeto principal del contrato y por tanto tienen carácter esencial. Falta de información y desequilibrio importante en los derechos y obligaciones derivados del contrato. Creación de la apariencia de que el suelo tiene como contraprestación inescindible la fijación de un techo. No se supera el control de transparencia, parámetro abstracto de validez de la cláusula predipuesta situada fuera del ámbito del "error vicio" del CC. La nulidad de las cláusulas suelo no comporta la nulidad de los contratos ni afectará a las situaciones definitivamente decididas por resoluciones judiciales con fuerza de cosa juzgada.
Resumen: La sala desestima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que, habiendo declarado la abusividad de la cláusula de atribución de gastos al prestatario, concedió al cliente consumidor, con cargo al banco, el reintegro de la mitad de los aranceles notariales de la escritura de préstamo y constitución de hipoteca; la totalidad de los devengados por la expedición de la primera copia y copia simple de dicho instrumento; todos los derivados de la inscripción de la hipoteca en el Registro de la Propiedad; y la mitad de los honorarios de la gestoría que llevó a cabo la liquidación del impuesto y presentación de la escritura ante el Registro de la Propiedad. La sentencia recurrida no vulnera los arts. 6 y 7 de la Directiva, ya que declara no aplicable la cláusula de gastos, sin perjuicio de que, una vez reestablecida la situación de hecho y de derecho en la que se encontraría el consumidor si no hubiera existido esa cláusula, determine como deben distribuirse esos gastos que se abonan a terceros ajenos a los contratantes, en función de las disposición legales aplicables con carácter supletorio. No se trata de un efecto restitutorio, art. 1303 CC, porque no son abonos hechos por el consumidor al banco que éste deba devolver, sino pagos hechos a terceros. Su fundamento es análogo al cobro de los indebido o al enriquecimiento injusto. En relación al IAJD se aplica la normativa vigente de dicho impuesto, con las aclaraciones realizadas por las SSTS 147/2018 y 148/2018.
Resumen: Consumidores y usuarios. Nulidad, por tener el carácter de cláusula abusiva, de la condición general de la contratación contenida en contrato de préstamo a interés variable con garantía hipotecaria suscrito. Cláusula suelo. Recurso de casación. El carácter de condiciones generales de la contratación de las cláusulas de los préstamos hipotecarios concertados con consumidores. Requisitos. La existencia de una regulación sectorial de la contratación bancaria no excluye el carácter de condiciones generales de la contratación de las cláusulas que integran los contratos bancarios celebrados con consumidores. Las cláusulas sobre los elementos esenciales del contrato no pierden por ello su carácter de condiciones generales de la contratación ni quedan excluidas de la normativa sobre cláusulas abusivas. El control de abusividad de la cláusula suelo. La cláusula suelo es abusiva por falta de transparencia. Las consecuencias de la declaración de nulidad por abusividad. Recurso extraordinario por infracción procesal. Inexistencia de infracción de la prohibición de "mutatio libelli". Para que las cláusulas de los contratos celebrados con consumidores puedan ser anuladas por abusivas es requisito imprescindible que constituyan condiciones generales de la contratación, esto es, cláusulas contractuales predispuestas, impuestas en tanto que no negociadas, y destinadas a una pluralidad de contratos. Motivación de la sentencia. Valoración de la prueba. La carga de la prueba. Voto particular.