Resumen: La Sala estima el recurso de casación en un caso en el que la Audiencia había considerado que la cláusula suelo superaba el control de transparencia porque estaba redactada de manera clara y sencilla y era fácilmente comprensible, el notario advirtió de su existencia y e hizo mención a la existencia de la oferta vinculante, por lo que entiende que la entidad prestamista cumplió con las exigencias de la OM de 5 de mayo de 1994. La Sala no comparte dicha valoración jurídica, pues el mero examen del documento público revela que la cláusula de limitación del tipo de interés no está resaltada en modo alguno, sino que, por el contrario, está incluida como una más entre una serie de estipulaciones relativas a los intereses. Tampoco consta que se hubiera proporcionado a los demandantes, con una antelación suficiente a la firma del contrato, la información relativa a la cláusula suelo, de modo que pudieran conocer su existencia y trascendencia y comparar distintas ofertas. La oferta vinculante que el Notario hizo constar que se le aportaba con firmas de ambas partes no fue entregada con antelación a los prestatarios (el propio director de la sucursal que gestionó el préstamo reconoció en el juicio que la firma que aparecía en el documento no correspondía a los prestatarios). La falta de transparencia de la cláusula suelo provoca un desequilibrio sustancial en perjuicio del consumidor incompatible con la buena fe.
Resumen: La Sala estima el recurso de casación en un supuesto en el que Audiencia había considerado que la cláusula suelo superaba el control de transparencia porque, en la escritura, el notario había hecho constar que "se han establecido límites a la variación del tipo de interés" y porque se trata de cláusulas cuya comprensión no exige, según la Audiencia, esfuerzo denodado ni desmesurado La Sala no comparte dicha valoración jurídica, pues el examen de la escritura pública revela que la cláusula suelo no está resaltada en modo alguno, sino que, por el contrario, está incluida como una más entre una serie de estipulaciones relativas a los intereses. Además, la sentencia recurrida no ha dado trascendencia al déficit de información precontractual (no se había proporcionado a los demandantes, con una antelación suficiente a la firma del contrato, la información relativa a la cláusula suelo, de modo que pudieran conocer su existencia y trascendencia y comparar distintas ofertas). Por tanto considera que la cláusula suelo no supera el control de transparencia y que esa falta de transparencia provoca un desequilibrio sustancial en perjuicio del consumidor, incompatible con las exigencias de la buena fe, que le impide hacerse una representación fiel del impacto económico que le supondría obtener el préstamo con cláusula suelo en caso de bajada del índice de referencia y le priva el poder comparar con otras ofertas existentes en el mercado.
Resumen: Préstamo personal concertado con un consumidor. Cláusula de vencimiento anticipado. La jurisprudencia no niega validez a la cláusula de vencimiento anticipado, siempre que esté claramente determinado en el contrato en qué supuestos se podría dar lugar a dicho vencimiento, sin que ello pueda quedar al arbitrio del prestamista. La posible abusividad puede provenir de los términos en que la condición general predispuesta permita el vencimiento anticipado, no de la mera previsión de vencimiento anticipado, que no es, per se, ilícita. Para que una cláusula de vencimiento anticipado no sea abusiva, debe modular la gravedad del incumplimiento en función de la duración y cuantía del préstamo. Se considera abusiva la cláusula de vencimiento anticipado porque permite la resolución por el incumplimiento de un solo plazo, no vinculándose a parámetros cuantitativa o temporalmente graves. Consecuencias de la nulidad de la cláusula: a diferencia de lo que sucede con los préstamos hipotecarios, en los contratos de préstamo personal, la supresión o expulsión de la cláusula de vencimiento anticipado declarada abusiva no compromete la subsistencia del contrato. Como la parte acreedora ha optado por el cumplimiento forzoso del contrato y no por su resolución, deberá condenarse solidariamente a los demandados al pago de las cantidades adeudadas a la fecha de interposición de la demanda.
Resumen: Demanda en la que se insta la nulidad de cláusulas sobre límite en la variación del tipo de interés y de interés de demora insertas en un préstamo hipotecario. La sentencia de primera instancia estimó la demanda, pero la audiencia la revocó y desestimó la demanda; la audiencia basa su razonamiento en que el notario interviniente advirtió a los demandantes de la existencia de límites a la baja del tipo de interés. Recurren en casación los demandantes y la sala estima el recurso. Tras descartar los óbices de admisibilidad planteados por la parte recurrida, la sala aplica su doctrina, en consonancia con la emanada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre el control de transparencia y concluye que en este caso nada se dice sobre la información precontractual, que no consta facilitada por la demandada, siendo la misma necesaria para adquirir el conocimiento preciso sobre la forma de operatividad de la cláusula suelo y su concreto juego contractual en los escenarios posibles, así como la imposibilidad de beneficiarse de las bajadas de tipos de interés. Del mismo modo, declara, también según doctrina reiterada, que la intervención notarial no dispensa del deber precontractual de información al que viene obligada la entidad prestamista. La estimación de la casación comporta la confirmación de la sentencia de primera instancia.
Resumen: La sala estima el recurso de casación y desestima el recurso por infracción procesal frente a una sentencia que, previa declaración de nulidad de la cláusula de gastos en un préstamo hipotecario, había condenado a la entidad prestamista a reintegrar a los prestatarios el pago del impuesto de actos jurídicos documentados. La sala reitera su jurisprudencia, que establece la obligación del prestatario de asumir el pago del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en cuanto sujeto pasivo del mismo según su ley reguladora en la fecha en que se suscribió el préstamo. Esta conclusión ha sido reafirmada por las conclusiones de las sentencias del pleno de la Sala Tercera de este Tribunal Supremo 669/2018, 1670/2018 y 1671/2018, de 27 de noviembre. Añade que en nada afecta a ello que el Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (convalidado por el Congreso de los Diputados el 22 de noviembre siguiente), haya formulado una regulación distinta puesto que dicha norma, conforme a su propia previsión de entrada en vigor, solamente es aplicable a los contratos de préstamo hipotecario celebrados con posterioridad a su vigencia, sin retroactividad alguna.
Resumen: Acción de nulidad de préstamo hipotecario suscrito por una mercantil, siendo fiadores solidarios e hipotecantes su administrador y la esposa de este, quienes formularon demanda de nulidad por condiciones abusivas (cláusulas de vencimiento anticipado y de interés de demora). En apelación se consideró que la demandante no tenía la condición legal de consumidora porque había actuado en su ámbito profesional. Jurisprudencia sobre la condición legal de consumidor y la vinculación funcional. Sobre el problema de la vinculación funcional de la esposa del deudor comerciante, a efectos de ser considerada o no consumidora, existen dos sentencias que, aunque aplican la misma jurisprudencia del TJUE, llegan a soluciones distintas por ser también distintas las circunstancias. En un caso, valorando que la esposa no solo era garante del esposo sino también prestataria, no ajena a las deudas que se refinanciaron con el préstamo, se concluyó que la esposa tenía vinculación funcional con el negocio litigioso y carecía de la condición legal de consumidora. En otro caso, la deuda no se contrajo por el esposo en el ejercicio de su actividad empresarial, sino que la deudora era una sociedad mercantil de la que el esposo era administrador social. En este caso, aunque se asemeja al segundo, no obstante el esposo no es solo administrador sino que tiene una participación significativa en su capital. La demandante es cotitular (con el marido) del 90% del capital, por lo que no es ajena a la actividad.
Resumen: Celebrado contrato de préstamo con garantía hipotecaria, ante el impago de este, el banco presentó una demanda de juicio ordinario contra los fiadores, en la que reclamó las cantidades debidas tras el vencimiento anticipado, por capital, intereses remuneratorios e intereses moratorios. Los demandados se opusieron alegando la existencia de cláusulas abusivas en el contrato. El juzgado dictó sentencia en la que estimó la demanda y negó que los demandados tuvieran la cualidad legal de consumidores. La Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación de los demandados. La sentencia de segunda instancia consideró que la demandada no era consumidora, porque no era ajena al ámbito empresarial del préstamo, en cuanto que era la esposa en régimen de gananciales del socio único de la entidad prestataria. Recurrida en casación se insiste en que la demandada tiene la cualidad de consumidora, puesto que, al margen de ser la esposa del socio único de la entidad prestataria, no había mantenido nunca ninguna actividad relacionada con la sociedad prestataria. y simplemente actuó como fiadora para dotar de más garantías al contrato, por exigencia de la entidad prestamista. El recurso de casación se desestima. Precedentes jurisprudenciales del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ausencia de la condición legal de consumidora: vinculación funcional del deudor; régimen legal de gananciales; inexistencia de ajenidad a la finalidad empresarial del préstamo.
Resumen: La sala desestima un recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que rechazó una pretensión de nulidad de las cláusulas referidas a la subrogación hipotecaria, contenidas tanto en el contrato privado de compraventa, fechado en mayo de 2005, como en la escritura pública de marzo de 2008. El recurso de casación se estructura en dos motivos. El el segundo se desestima por razones formales, al no identificar precepto legal sustantivo infringido y citar una jurisprudencia referida a una cuestión ajena a la debatida. En el motivo primero se denuncia la infracción del art. 89.3 b) TRLGCU, pero como el contrato privado se celebró antes de la entrada en vigor del citado texto refundido, el precepto no pudo resultar infringido al no estar todavía en vigor. Por lo que se refiere a la escritura pública, lo que se pactó, como forma de pago de parte del precio, fue la asunción de la deuda derivada del préstamo hipotecario formalizado por el vendedor subrogándose el comprador en las obligaciones de aquél. Junto con ello se pactó la liberación de la obligación personal de la entidad vendedora derivada del citado préstamo, si bien condicionada a la obtención del previo consentimiento de la entidad acreedora, como prevé el art 118 LH. Se trata de un pacto previsto en la norma que no infringe el precepto denunciado. Por último, los gastos de cancelación de la hipoteca, una vez subrogado el comprador, también le corresponden legalmente al ser el único interesado en la cancelación.
Resumen: Efectos de la declaración de nulidad de una cláusula suelo por falta de transparencia. Se interesa la supresión del límite temporal de los efectos restitutorios derivados de la nulidad de la cláusula suelo. Ausencia de oposición de la entidad bancaria y adecuación a la doctrina jurisprudencial de la Sala Primera posterior a la STJUE de 21 de diciembre de 2016 (caso Gutiérrez Naranjo). Procede, en consecuencia, con estimación del recurso de casación, casar la sentencia recurrida y confirmar la de primera instancia, que declaró la nulidad de dicha cláusula y condenó a la entidad bancaria demandada a devolver las cantidades indebidamente cobradas como consecuencia de su aplicación desde la celebración del contrato de préstamo, más sus intereses legales desde la fecha de cada cobro. Imposición de las costas de apelación y de primera instancia al banco demandado en aplicación de la doctrina jurisprudencial fijada a partir de la sentencia de pleno 419/2017, de 4 de julio (interpretación de las normas sobre imposición de costas conforme al principio general del vencimiento en relación con los principios de no vinculación y efectividad).
Resumen: Demanda de nulidad por abusividad de la cláusula de comisiones por reclamación de posiciones deudoras y de la cláusula de comisiones por descubierto o excedidos y de condena al abono de las cantidades indebidamente cobradas en aplicación de tales cláusulas. En primera instancia se estimó parcialmente la demanda y declaró la nulidad de la cláusula relativa a la comisión por reclamación de posiciones deudoras y condenó a la demandada a la restitución de la cantidad cobrada en en aplicación de tales cláusulas.En el recurso de apelación se confirma, tras valorar la prueba, que no se produjo una duplicidad de devengo y cobro de intereses de demora y de comisión de descubierto por unas mismas cantidades y en unos mismos periodos temporales. Recurrida en casación, la sala tras citar la legislación aplicable en materia de comisiones bancarias y, en particular, de la comisión por descubierto o excedido en cuenta, analiza esta figura como una operación encubierta de crédito, expone su regulación, requisitos y su distinción con los intereses de demora. Concluye que, en el presente caso, no se ha producido la duplicidad proscrita del devengo simultáneo y para unas mismas cantidades de intereses de demora y de comisión por descubierto, que existió el servicio de descubierto, que el devengo de la comisión de descubierto y la causa del contrato existe y es lícita (obtención de crédito en forma de descubierto de cuenta para el deudor y cobro de la comisión para el acreedor).