Resumen: Normativa aplicable por razones de vigencia atendiendo a la fecha del préstamo. Abusividad de las cláusulas que, en contratos de préstamo con consumidores, sin negociación y predispuestas, atribuyen indiscriminadamente al consumidor el pago de todos los gastos que genera la operación. Criterio en la jurisprudencia del TJUE para determinar si una cláusula causa en detrimento del consumidor un "desequilibrio importante"?. Carácter unitario del préstamo hipotecario: incluye dos figuras jurídicas, el préstamo (contrato) y la hipoteca (derecho real), pero ambas son inescindibles; el crédito garantizado con hipoteca no es un crédito ordinario y requiere ser tratado jurídicamente de forma distinta. Cláusula de gastos: su introducción -si de no existir la cláusula el consumidor no tuviera que pagar todos los gastos e impuestos de la operación, porque por aplicación del de Derecho español no le correspondería en todo caso su abono- implica un desequilibrio importante entre los derechos y las obligaciones de las partes en el contrato. En el caso, análisis de la atribución de los gastos conforme al Derecho español (gastos notariales y de modificación del préstamo hipotecario, gastos de escritura de cancelación de la hipoteca; obtención de copias, gastos de Registro de la Propiedad, gastos de gestoría). Restablecimiento de la situación de hecho y de derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido la cláusula abusiva.
Resumen: Se analiza la posible abusividad de la cláusula que, en un préstamo hipotecario, establece una comisión de apertura. Tras examinar la normativa sectorial aplicable al caso (nacional y de la Unión Europea) la Sala considera que la comisión de apertura no es ajena al precio del préstamo, por el contrario, el interés remuneratorio y la comisión de apertura constituyen sendas partidas del precio del préstamo, en cuanto que son las principales retribuciones que recibe la entidad financiera por conceder el préstamo al prestatario y no corresponden a actuaciones o servicios eventuales. Tanto el interés remuneratorio como la comisión de apertura deben incluirse en el cálculo de la TAE, que permite al consumidor conocer cuál será el coste efectivo del préstamo. Por esa razón, la Sala concluye que la comisión de apertura no es susceptible de control de contenido, sino exclusivamente de control de transparencia, que considera superado o cumplido. También se pronuncia sobre los efectos de la declaración de nulidad de la cláusula que atribuye al prestatario la totalidad de los gastos e impuestos, ya declarada nula por la sentencia 705/2015, de 23 de diciembre. Sostiene que son pagos que han de hacerse a terceros -no al prestamista- como honorarios por su intervención profesional con relación al préstamo hipotecario y que el pago de esas cantidades debe correr a cargo de la parte a la que correspondiera según la normativa vigente en el momento de la firma del contrato.
Resumen: La sala desestima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que, habiendo declarado la abusividad de la cláusula de atribución de gastos al prestatario, concedió al cliente consumidor, con cargo al banco, el reintegro de la mitad de los aranceles notariales de la escritura de préstamo y constitución de hipoteca; la totalidad de los devengados por la expedición de la primera copia y copia simple de dicho instrumento; todos los derivados de la inscripción de la hipoteca en el Registro de la Propiedad; y la mitad de los honorarios de la gestoría que llevó a cabo la liquidación del impuesto y presentación de la escritura ante el Registro de la Propiedad. La sentencia recurrida no vulnera los arts. 6 y 7 de la Directiva, ya que declara no aplicable la cláusula de gastos, sin perjuicio de que, una vez reestablecida la situación de hecho y de derecho en la que se encontraría el consumidor si no hubiera existido esa cláusula, determine como deben distribuirse esos gastos que se abonan a terceros ajenos a los contratantes, en función de las disposición legales aplicables con carácter supletorio. No se trata de un efecto restitutorio, art. 1303 CC, porque no son abonos hechos por el consumidor al banco que éste deba devolver, sino pagos hechos a terceros. Su fundamento es análogo al cobro de los indebido o al enriquecimiento injusto. En relación al IAJD se aplica la normativa vigente de dicho impuesto, con las aclaraciones realizadas por las SSTS 147/2018 y 148/2018.
Resumen: En la instancia se estimó la acción de nulidad por abusiva de la cláusula suelo, pero se discutió sobre la procedencia o no de la retroactividad (la sentencia de primera instancia devolvió los intereses y en apelación, por el contrario, se declaró la irretroactividad de la declaración de nulidad y consecuentemente la improcedencia de devolver a los consumidores prestatarios las cantidades cobradas en aplicación de la cláusula suelo), al apreciarse que a la acción de cesación (Sentencia de 9 de mayo de 2013) no se le acumularon pretensiones de condena y concretas reclamaciones de restitución, mientras que en la presente acción individual sí se formulan de esta naturaleza, es por lo que no cabe estimar que en la presente litis tenga fuerza de cosa juzgada aquel pronunciamiento. Limitación de la retroactividad de la declaración de nulidad (ex tunc) por razones de seguridad jurídica. Se fija como doctrina: "Que cuando en aplicación de la doctrina fijada en la sentencia de Pleno de 9 de mayo de 2013, ratificada por la de 16 de julio de 2014, Rc. 1217/2013 y la de 24 de marzo de 2015,Rc. 1765/2013 se declare abusiva y, por ende, nula la denominada cláusula suelo inserta en un contrato de préstamo con tipo de interés variable, procederá la restitución al prestatario de los intereses que hubiese pagado en aplicación de dicha cláusula a partir de la fecha de publicación de la sentencia de 9 de mayo de 2013".
Resumen: La Sala estima el recurso de casación.En primer lugar, aplica la jurisprudencia fijada por la STS núm.241/2013 y califica la denominada cláusula suelo examinada como condición general de la contratación, al reunir los presupuestos que determinan la naturaleza de las condiciones generales de la contratación. En segundo lugar aplica el denominado control de transparencia sobre el marco de la contratación realizada y llega a la conclusión de que el predisponente no ha observado los criterios precisos y comprensibles en orden a que los prestatarios pudieran evaluar,directamente,el alcance jurídico de la cláusula suelo respecto a la modulación de la oferta comercial que se realizaba.También rechaza que el deber de transparencia quedara acreditado en el ámbito de la "transparencia formal o documental" que acompaña a este modo de contratar, particularmente del documento en donde se contempla la llamada oferta vinculante. La Sala no entra a valorar los efectos de la declaración de abusividad sobre el contrato a raíz de la ineficacia de la cláusula declarada abusiva, dado que la parte demandante se aquietó sobre este extremo. La sentencia de la Sala cuenta con un voto particular en el que se considera, que aplicando la doctrina de la Sala sobre el control de transparencia, las cláusulas suelo correspondientes a dos de los contratos de préstamo hipotecario examinados, no debían ser declaradas abusivas, en la medida en que el tipo nominal aplicable, no resultaba extraño o sorpresivo.
Resumen: Principio de no vinculación del consumidor a las cláusulas abusivas en el Derecho Comunitario (disposiciones imperativas con rango de normas de orden público) y en la doctrina jurisprudencial del TJUE. En el caso, declarada la abusividad de la cláusula que atribuye exclusivamente al consumidor el abono de los gastos generados por el préstamo hipotecario y su nulidad procede distribuirse entre las partes el pago de tales gastos según les correspondería conforme a nuestro ordenamiento jurídico. El efecto restitutorio derivado de la declaración nulidad no es reconducible al art. 1303 CC en el caso de la cláusula de gastos, pues no son abonos hechos por el consumidor al banco que éste deba devolver, sino pagos hechos por el consumidor a terceros, por lo que para el restablecimiento de la situación de hecho y de derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula, debe imponerse al banco prestamista el abono al consumidor de las cantidades, o parte de ellas, que le hubieran correspondido pagar de no haber mediado la estipulación abusiva. Situación asimilable a la el enriquecimiento injusto y al pago de lo indebido. Intereses legales desde que el banco se benefició por el pago indebido: aplicación analógica del artículo 1896 CC y no la general de los artículos 1101 y 1108 CC, pues la calificación de la cláusula como abusiva es equiparable a la mala fe del predisponente; situación asimilable a la de enriquecimiento injusto.
Resumen: Demanda frente a una entidad bancaria en la que se solicita la nulidad de la cláusula de limitación del interés variable. La sentencia de instancia partió de que la actora no tiene la condición de consumidora, pese a lo cual sostuvo que el control de incorporación de las condiciones generales se extiende a cualquier cláusula que tenga dicha naturaleza, con independencia de que el adherente sea un consumidor o no. Consideró no acreditado que la prestataria fuera consciente de la operatividad de la cláusula pues no se le ofreció información previa, comprensible y clara sobre el coste comparativo con otras modalidades de préstamo, por lo que estimó la demanda y ordenó la eliminación de la cláusula litigiosa. Recurrida por la entidad prestamista, la Audiencia estimó el recurso al considerar que la información ofrecida fue suficiente, que el control de transparencia solo era aplicable en contratos con consumidores y que la cláusula suelo era clara, teniendo constancia de ella la demandante. Casación: se cuestiona la inaplicación del control de transparencia a la cláusula por tratarse de un profesional, defendiendo la aplicación de los mismos parámetros de la STS 9/5/2013. Decisión: improcedencia del control de transparencia cualificado de las condiciones generales incluidas en contratos con adherentes no consumidores; parámetros para el análisis de la posibilidad de abuso de posición contractual: buena fe, expectativas legítimas del adherente y justo equilibrio de prestaciones.
Resumen: La Sala desestima el recurso de casación. Adapta la jurisprudencia de la propia Sala sobre la retroactividad de la nulidad de las cláusulas suelo a la STJUE de 21 de diciembre de 2016, que consideró que la limitación en el tiempo de los efectos jurídicos derivados de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo, que el Tribunal Supremo acordó en la sentencia de 9 de mayo de 2013, se opone al art. 6.1 de la Directiva 93/13/CEE y equivale a privar con carácter general, a todo consumidor que haya celebrado antes de aquella fecha un contrato de préstamo hipotecario que contenga una cláusula de ese tipo, del derecho a obtener la restitución íntegra de las cantidades que haya abonado indebidamente a la entidad bancaria en virtud de la cláusula suelo durante el período anterior al 9 de mayo de 2013. Se confirma en este punto la sentencia impugnada, que había acordado la devolución de todas las cantidades abonadas en aplicación de la cláusula anulada. Se rechaza la cosa juzgada alegada por BBVA con fundamento en la STS de 9 de mayo de 2013 por varias razones: por la jurisprudencia de la propia Sala Primera, del TC y del TJUE, pues en este caso se trata de una acción individual y no colectiva; porque la cláusula enjuiciada era diferente de las examinadas por la STS de 9 de mayo de 2013; y finalmente, porque la entidad de crédito predisponente no fue la recurrente (BBVA) sino la por entonces Caixa d'Estalvis Comarcal de Manllleu, luego integrada en BBVA.
Resumen: La cláusula controvertida es abusiva en su totalidad, en cuanto que, sin negociación alguna, atribuye al prestatario/consumidor el pago de todos los impuestos, cuando la ley considera sujetos pasivos al prestamista o al prestatario en función de los distintos hechos imponibles y declara exentos de tributación determinados actos que, sin embargo, son incluidos en dicha condición general como impuestos a cargo del prestatario. Declarada la nulidad, el tribunal debe fijar los efectos restitutorios inherentes aplicando las normas tributarias, interpretadas por la jurisprudencia contencioso-administrativa. La normativa sobre ITP establece que la constitución de hipoteca en garantía de un préstamo tributa como un único hecho imponible por el concepto de préstamo y que el sujeto pasivo es el prestatario y así lo ha interpretado la jurisprudencia de la Sala 3ª del TS y del TC. En cuando al IAJD por la documentación del préstamo, el Reglamento regulador del impuesto, en el que la Sala 3ª no ha apreciado ningún defecto de legalidad, considera sujeto pasivo al prestatario. La cuota variable correrá de su cargo y en la cuota fija se distingue la matriz (que aunque correspondería al prestatario, si hay pacto sobre distribución de los gastos notariales y registrales, es razonable distribuir por mitad el pago), y las copias, en las que es sujeto pasivo quien las solicite. Sobre los tributos que gravan la cancelación de la hipoteca, han de tenerse en cuenta las exenciones del art. 45 LITPAJD
Resumen: Declaración de abusividad de cláusulas bancarias. La extensión de la garantía hipotecaria a las costas que puedan derivarse de la eventual ejecución no es una cláusula abusiva, sino que garantiza el cobro de la deuda íntegra al Banco ejecutante, normalmente beneficiado de la condena en costas. El pacto que considera suficiente la certificación de deuda de la entidad financiera para el inicio de la ejecución no es abusiva, puesto que permite a la entidad presentar demanda ejecutiva, sin perjuicio de la prueba en contrario que pueda aportar el ejecutado. La cláusula que permite compensar la deuda con el saldo de otras cuentas del ejecutado, aún en cotitularidad con terceros, no es abusiva, sino acorde con la autonomía de la voluntad. Claúsula no abusiva: incidencias entre establecimiento de venta y titular de la tarjeta no competen al banco. Cláusula abusiva: no puede exonerarse el banco de toda disposición de dinero efectuada por el uso fraudulento de una tarjeta antes de la comunicación del titular ni tampoco puede exonerarse de todo uso fraudulento del PIN de la tarjeta. No es abusivo el pacto de vencimiento anticipado por impago de una cuota, pero sí por incumplimiento de cualquier otra obligación. No es abusivo pactar el consentimiento del banco para arrendar el bien hipotecado como vivienda habitual. Libertad de enajenación del bien hipotecado, sin intervención del Banco. La cesión del crédito debe ser comunicada al deudor hipotecario.