Resumen: Demanda en la que una asociación de consumidores ejercita una acción colectiva de cesación en la que solicita que se declare contraria a derecho una comisión por reclamación de posiciones deudoras. La sentencia de primera instancia estimó la demanda y fue confirmada en apelación. Recurre en casación y en extraordinario por infracción procesal la entidad bancaria y la sala estima parcialmente el segundo de los recursos. En primer lugar, declara que la asociación de consumidores está legitimada activamente en el presente pleito pues la acción colectiva no se ejercita para la protección de intereses difusos, sino que pretende la defensa de consumidores perfectamente identificados, por esta razón, no se exige el requisito de la representatividad previsto en el art. 11 LEC. En segundo lugar, considera que la Audiencia no resolvió una de las pretensiones del recurso (la relativa a que la comisión tenía el carácter de cláusula penal preliquidadada); por ello, estima en este punto el recurso extraordinario por infracción procesal y resuelve en casación sobre esta pretensión. La casación se desestima, pues la sala considera que la comisión no reúne los requisitos exigidos por la normativa bancaria puesto que vendría, sin más, a sumar a los intereses de demora otra cantidad a modo de sanción por el mismo concepto (ya que la cláusula permite su reiteración, se plantea como reclamación automática y no precisa las gestiones a realizar para el cobro). Se confirma la abusividad.
Resumen: La no vinculación del consumidor por las cláusulas abusivas y subsistencia del resto de las obligaciones derivadas del contrato si este puede subsistir sin las cláusulas abusivas en la Directiva comunitaria 93/13 (norma equivalente a las disposiciones nacionales con rango de orden público; obligación de los Estados miembros de velar para que existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en contratos con consumidores; manifestación positiva del principio de efectividad). Carácter abusivo de la cláusula que atribuye indiscriminadamente al consumidor los gastos de la operación. Efectos: conlleva la expulsión de la cláusula del contrato, si bien sus efectos, y dado que los gastos deberán ser abonados a terceros ajenos a los contratantes (funcionarios públicos sujetos a arancel, gestores, etc.) deben determinarse, no en función de la cláusula anulada, sino de las disposiciones legales aplicables supletoriamente (cada uno de los gastos discutidos debe ser afrontado por la parte contratante a la que corresponda según el ordenamiento jurídico). El efecto restitutorio no es directamente aplicable ya que no son abonos hechos por el consumidor al banco que este deba devolver, sino pagos hechos por el consumidor a terceros, si bien el banco debe devolver al consumidor las cantidades que hubiera correspondido abonar a dicho banco de no haber mediado la estipulación abusiva. Normativa sobre protección de consumidores aplicable por razones de vigencia.
Resumen: La sala estima un recurso de casación frente a una sentencia que declaró la validez de una cláusula suelo predispuesta por superar los controles de incorporación y transparencia. La sala reitera su jurisprudencia sobre el control de incorporación que en el caso se cumple, al resultar clara, concreta, sencilla y comprensible directamente en atención al producto que se comercializa. Sin embargo, no se cumplen las exigencias del control de transparencia. Tras recordar la relevancia que tiene en este control la información precontractual sobre la existencia de la cláusula y sus consecuencias y la insuficiencia, por sí sola, de la lectura notarial de la escritura y el contraste de la oferta vinculante con las condiciones financieras del préstamo, concluye que en el caso no se superó el control de transparencia. La oferta vinculante que contiene la reseña de las condiciones financieras, en lo que respecta a la existencia de la cláusula suelo no es tan clara para entender cumplida la exigencia de información objeto del control de transparencia, ya que no permite concluir por sí sola que el consumidor hubiera sido informado, con la antelación suficiente, de la existencia de un suelo (del 3,55%), que impedía que el interés pudiera bajar más. Por otro lado, la mención posterior del notario, en el momento de la firma de la escritura de préstamo, ligada a la adquisición del inmueble cuya compra se financiaba, resultaba insuficiente ante la ausencia de información previa.
Resumen: Demanda de nulidad de las cláusulas de determinación del interés variable, intereses remuneratorios, comisiones, intereses de demora, sobre vencimiento anticipado, imputación de pagos y compensación. En primera instancia se desestimó íntegramente la demanda. Recurrida en apelación por el demandante, no se impugnó la desestimación de la pretensión de nulidad de la cláusula suelo. La Audiencia aprecia el carácter abusivo solo de las cláusulas sobre comisión por reclamación de posiciones deudoras vencidas y la de vencimiento anticipado. Se recurre en casación insistiendo en la nulidad de la cláusula de los intereses remuneratorios. No se aprecia la falta de transparencia de la cláusula, sin que el mero hecho de que se trate de una cláusula larga determine por sí su falta de transparencia, si esta extensión, además de venir justificada por la necesidad de aportar una información completa, no sólo no complica su comprensión sino que por su claridad asegura que el consumidor pueda entender mejor sus consecuencias jurídicas y económicas.Y, en segundo lugar, si se hubiera llegado a apreciar la falta de transparencia de alguna información contenida en la cláusula, para juzgar sobre su carácter abusivo debería constatarse en qué medida, conforme a la jurisprudencia expuesta, su inclusión contraria las exigencias de la buena fe y qué desequilibrio importante de derechos y obligaciones entre las partes habría producido, en perjuicio del consumidor. Lo que tampoco concurre en este caso.
Resumen: Demanda en la que se pretendía la nulidad de una cláusula suelo inserta en un préstamo hipotecario con restitución de las cantidades indebidamente cobradas. La sentencia de primera instancia estimó íntegramente la demanda pero, recurrida en apelación, la AP la revocó al considerar que la cláusula superaba el control de transparencia. Recurren en casación los clientes demandantes y el banco demandado manifiesta su allanamiento al recurso. A la vista de esta manifestación y de acuerdo con la doctrina de la sala, según la cual, el control de transparencia no puede limitarse a un control de comprensibilidad material sino que debe analizar si el contratante tuvo un conocimiento real de la importancia económica y jurídica de la cláusula, se estima la casación, lo que comporta la confirmación de la sentencia de primera instancia, que declaró la nulidad de dicha cláusula y condenó a la entidad demandada a devolver las cantidades indebidamente cobradas como consecuencia de su aplicación desde la celebración del contrato de préstamo, más sus intereses legales desde la fecha del emplazamiento, dado que este pronunciamiento no fue apelado. Se imponen las costas de la apelación a la entidad demandada, pues su recurso debió ser desestimado y se mantiene la condena en costas de la primera instancia, en cuanto que la estimación de la demanda fue total.
Resumen: La sala estima el recurso de casación y conena a la entidad bancaria a restituir a los demandantes la totalidad de las cantidades que cobró por aplicación de la cláusula suelo declarada nula. En el recurso se pidió la devolución íntegra, pese a que los recurrentes no habían recurrido en apelación la sentencia dictada en primera instancia que, habiéndose dictado antes de la STJUE de 21 de diciembre de 2016, limitó esta restitución a la cantidades percibidas a partir del 9 de mayo de 2013. La sentencia de apelación, dictada con posterioridad a esta sentencia, declaró que no podía aplicar la doctrina establecida por el TJUE y, en consecuencia, que no podía acordar la restitución de todas las cantidades indebidamente cobradas por la entidad predisponente, porque si lo hacía infringiría los principios dispositivo y de justicia rogada, ya que los prestatarios no recurrieron ni impugnaron la sentencia de primera instancia. En la deliberación del recuso de casación, la sala acordó dar audiencia a las partes sobre la procedencia de plantear una cuestión prejudicial para determinar en qué medida son compatibles los principios del art. 6 y 7 de la Directiva 93/13 con los principios procesales de congruencia, justicia rogada y de prohibición de la reformatio in peius. En este trámite el banco se ha allanado al recurso, lo que ha impedido el planteamiento de la cuestión y la estimación de la casación. El impedimento de l formulación de la cuestión perturba la función del TS.
Resumen: Retroactividad de los efectos jurídicos derivados de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo y devolución de todas las cantidades indebidamente cobradas como consecuencia de su aplicación, (aplicación por el Tribunal Supremo, Sala Primera, de un criterio acorde con lo declarado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea). Allanamiento del banco al recurso de casación con consignación de las cantidades debidas y solicitando la no imposición de costas de las instancias ni del recurso de casación. El allanamiento también tiene relevancia en casación. Estimación del recurso de casación, estimación del recurso de apelación y estimación de la demanda. Costas: no procede imponer a ninguna de las partes las costas del recurso de casación al haber sido estimado, ni las de la segunda instancia dado que el recurso de apelación de la demandante tenía que haber sido estimado en su totalidad; condena del banco demandado al pago de las costas de primera instancia, en aplicación de la doctrina jurisprudencial fijada a partir de la sentencia de pleno 419/2017, de 4 de julio (fijación de doctrina sobre costas en casos de estimación del recurso de casación en procesos sobre nulidad de cláusula suelo; alegación de serias dudas de derecho; principio general del vencimiento en relación con los principios de no vinculación y efectividad).
Resumen: El control de transparencia de la cláusula suelo: la claridad y comprensibilidad de la redacción de la cláusula permiten superar el control de incorporación, pero para superar el control de comprensibilidad real es necesario que se haya dado al consumidor información precontractual adecuada sobre la existencia de la cláusula y su incidencia en el precio, a fin de que el consumidor tenga plena consciencia, sin necesidad de un análisis exhaustivo del contrato, de que no está contratando un préstamo a interés variable, sino un préstamo en el que la variación a la baja del interés resulta limitada por la existencia de un suelo. La importancia de la información precontractual para la transparencia en la contratación con consumidores en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La información precontractual sobre la cláusula (su existencia y su incidencia el tratamiento principal que merece) permite comparar ofertas y adoptar conscientemente la decisión de contratar. En el caso, la cláusula no supera el control de transparencia: no se dio al consumidor, con antelación suficiente a la firma del contrato, la información relativa a la cláusula suelo; el documento que se le entregó antes de la firma da una importancia secundaria a esta cuestión; se incluye entre una multitud de datos y sin resaltar, es una mención que puede pasar inadvertida. La intervención notarial no basta por si sola para la superación del control de transparencia.
Resumen: Demanda en la que una persona física instaba la nulidad de una cláusula suelo inserta en un préstamo hipotecario, que se obtuvo para la financiación de la adquisición de un inmueble destinado a taller mecánico. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda y, la AP la revocó y estimó, por tanto, dicha demanda; en síntesis, entendió que no había quedado claro que el demandante no actuara como consumidor y que, en todo caso, se trataría de un pequeño comerciante. Recurre en extraordinario por infracción procesal y en casación el banco demandado y la sala estima el segundo de los recursos. Respecto del recurso extraordinario por infracción procesal, se desestima al entender que el error que imputa la recurrente a la sentencia recurrida no es fáctico, sino jurídico, pues está referido a la calificación de una persona como consumidora. Sin embargo, se estima la casación ya que, de lo actuado, se desprende inequívocamente que el demandante obtuvo el préstamo para su ámbito empresarial, siendo irrelevante que la empresa fuera pequeña o que la ejercitara a título personal y no bajo un amparo societario; por esta circunstancia, se aplica la reiterada y uniforme doctrina de la sala que impide la realización de los controles de transparencia y abusividad pretendidos en la demanda. La estimación de la casación comporta la confirmación de la sentencia de primera instancia, desestimatoria de la demanda.
Resumen: Recurso de casación admisible: se cita la norma sustantiva que se considera infringida y se plantea una cuestión de valoración jurídica. Doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo el control de transparencia de las condiciones generales de los contratos concertados con consumidores: no solo es necesario que las cláusulas estén redactadas de forma clara y comprensible, sino también que el adherente pueda conocer con sencillez la carga jurídica y económica que realmente le supone el contrato. La falta de transparencia de una cláusula no implica necesariamente que sea abusiva, salvo en el caso de las cláusulas suelo (hay desequilibrio en perjuicio del consumidor, incompatible con la buena fe, ya que no puede tener una representación fiel del impacto económico del contrato y se le priva de la posibilidad de comparar correctamente entre las diferentes ofertas existentes en el mercado). Control de incorporación y control de transparencia. Plus de información exigible a las condiciones generales relativas a elementos esenciales del contrato. No basta la claridad gramatical. En el caso: la sentencia recurrida no se ajusta a la doctrina jurisprudencial al entender que el mero control de incorporación es suficiente para pasar el control de transparencia; no consta que hubiera información previa; nulidad de la cláusula y devolución de las cantidades indebidamente cobradas por su aplicación. Imposición de costas (doctrina fijada en la STS núm. 419/2017).