El presidente del TSJ, Jesús María Barrientos, y la presidenta del CICAC y decana del ICAB, Mª Eugenia Gay, han firmado hoy la Guía de Buenas Prácticas en la presentación de escritos y actuaciones judiciales.

El propósito que persigue esta Guía de buenas prácticas se dirige a la presentación de escritos por parte de quienes ejercen la abogacía, en los informes orales que realizan ante los tribunales y en las propias resoluciones judiciales por parte de los/as jueces/zas de modo que la actividad judicial resulte más ágil y eficiente en beneficio de todos.

La Guía de Buenas Prácticas recoge orientaciones sobre redacción de escritos, en la búsqueda de un lenguaje conciso, comprensible, asequible para el justiciable. Se incluyen recomendaciones sobre la extensión de documentos de acuerdo a la complejidad de los mismos pero que, por ejemplo en la presentación de una demanda de complejidad media-alta no superen los 30 folios, narrar con claridad hechos, incluir numeración, reducir a lo mínimo imprescindible la citas de jurisprudencia y en el caso de que se incluyan que se haga con la referencia completa. Así mismo, se incluyen recomendaciones para agilizar y optimizar el tiempo en las intervenciones orales.

Tal como recoge el propio documento, “cuanto más claro y conciso sea un escrito procesal más ventajas reportará para todos: para quienes ejercen la abogacía, por cuanto le permitirá centrar la controversia con mayor grado de concreción, desechando aquello que por redundante o por superfluo resultaba innecesario incorporar; para su cliente que verá reflejado su problema con mayor facilidad y, obviamente, para el/la juez/a, quien podrá dedicar todos sus esfuerzos a estudiar lo sustancial del asunto, facilitando de esta manera su ágil enjuiciamiento y resolución. Y lo mismo ocurre con las resoluciones judiciales, debe abandonarse la práctica de copiar largos párrafos de jurisprudencia para profundizar en la motivación del caso concreto”.

Esta Guía de Buenas Prácticas se inspira en una larga referencia gubernativa y procesal, desde el Tribunal Supremo al Tribunal General de la Unión Europea o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Son reglas indicativas u orientativas cuya función es exclusivamente la de convencer a los destinatarios acerca de cuál es la mejor forma de proceder en cada una de las concretas situaciones a las que se hace referencia.

El propósito de los firmantes es que estas reglas indicativas, orientativas, se conviertan en una Guía abierta, que periódicamente pueda ser revisada para ir incluyendo o excluyendo jurisdicciones y cuestiones, conforme la experiencia práctica lo vaya haciendo aconsejable.

Se pretende, asimismo, que pueda incidir especialmente en los casos en los que la litigiosidad se ha masificado, como ocurre en el ámbito de la legislación de consumidores, y facilitar así la respuesta judicial.

Tanto desde el TSJCat como desde CICAC e ICAB se pretende impulsar el uso extensivo de esta Guía teniendo en el horizonte el previsible aumento de asuntos que registrará los juzgados y tribunales como consecuencia de la pandemia generada por la Covid-19.