El juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, ha remitido a la Audiencia Provincial para su enjuiciamiento la pieza separada abierta por los préstamos participativos concedidos por la sociedad pública de capital riesgo a la empresa Electronics Devices Manufacturer S.A. (EDM), empresa con domicilio social en Mancha Real (Jaén) y cuyo objeto social es la fabricación y ensamblaje de productos y equipos electrónicos.

Mediante una providencia fechada el día 19 de marzo, el magistrado acuerda remitir a la Audiencia Provincial de Sevilla la pieza por las ayudas a EDM, por las que están acusados el expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo y otras cuatro personas, en concreto un exconsejero de esta sociedad pública y tres representantes de EDM.

En este sentido, se trata de la novena pieza separada del caso que el juez de Instrucción número 16 de Sevilla remite a la Audiencia Provincial para su enjuiciamiento.

De este modo, el magistrado ya ha elevado a la Audiencia para la celebración del correspondiente juicio las piezas separadas por las ayudas a Fumapa, Juana Martín, Lolita Canalla, Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA), Own Spa, Operador Aéreo Andalus, Servivation y Aceitunas Tatis.

Una vez en la Audiencia, esta pieza separada será repartida entre las secciones penales en virtud del turno específico de reparto establecido para las causas de especial complejidad, que son aquellas que superan los 3.000 folios -sin contar los anexos documentales- o que tienen ocho o más intervinientes personados, sin incluir a la Fiscalía.

En un auto dictado el 7 de enero, y tras la presentación de los escritos de acusación por parte de la Fiscalía Anticorrupción y la representación procesal del PP-A, el magistrado abrió juicio oral contra los cinco investigados por un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos.

El Ministerio Público, en su escrito de acusación, pide para el expresidente y el exconsejero de Invercaria 6 años de cárcel y 15 años de inhabilitación absoluta por el presunto delito de malversación y otros 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación.

Asimismo, reclama para los tres representantes de la empresa EDM 2 años y 6 meses de prisión y 5 años de inhabilitación absoluta por el delito de malversación y 6 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación. Además, la Fiscalía solicita que los cinco acusados indemnicen conjunta y solidariamente a Inverseed SCR en la cantidad de 1.368.954,98 euros.