El CGPJ refuerza con dos magistrados las secciones penales de la Audiencia de Sevilla

Se atiende así la petición cursada por el presidente de ese órgano judicial ante el inicio del juicio del “caso de los ERE” y la próxima entrada de otras macrocausas. La Comisión Permanente sigue el criterio del presidente de TSJ de Andalucía, que pidió reducir de tres a dos los refuerzos inicialmente previstos tras el reingreso al servicio activo de una magistrada con destino en la Audiencia sevillana

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Comunicación Poder Judicial

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado hoy conceder dos comisiones de servicio con relevación de funciones para reforzar las Secciones Primera, Tercera, Cuarta y Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, todas ellas del orden jurisdiccional penal.

Las comisiones de servicio serán desempeñadas por los magistrados Purificación Hernández Peña, titular del Juzgado de lo Penal número 7 de Sevilla; y Rafael Díaz Roca, titular del Juzgado de lo Penal número 4 de la capital andaluza.

El refuerzo de las secciones penales de la Audiencia sevillana fue solicitado por el presidente de este órgano judicial, Manuel Damián Álvarez García, por la sobrecarga de trabajo que pesa sobre ellas “y la avalancha de causas de especial complejidad y trascendencia pública recibidas y pendientes de llegar”.

El presidente de la Audiencia de Sevilla propuso que los comisionados reforzaran inicialmente la Sección Primera, a la que ha correspondido el enjuiciamiento del procedimiento específico del conocido como “caso de los ERE”, asumiendo las ponencias turnadas a los magistrados que componen el tribunal. Posteriormente, prestarían apoyo a las restantes secciones penales de la Audiencia.

El pasado 12 de septiembre, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, tras examinar las diecinueve solicitudes recibidas para las tres comisiones de servicio que se ofertaron y utilizando como criterio la antigüedad en el escalafón y la cercanía al órgano de destino, acordó proponer al CGPJ el nombramiento, por este orden, de Purificación Hernández, de Rafael Díaz y del titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, Álvaro Martín Gómez.

Un mes después, el 9 de octubre, el presidente del TSJ andaluz, Lorenzo del Río, adoptó un acuerdo por el que solicitó al Consejo reducir la petición de refuerzo de las secciones penales de la Audiencia de Sevilla, “en el sentido de ser solamente dos las comisiones de servicio que se solicitan a tal fin”.

El presidente del Tribunal Superior de Andalucía justificó su acuerdo en el anuncio de reincorporación al servicio activo de la magistrada de la Audiencia de Sevilla Mercedes Fernández Ordóñez tras cesar en el cargo de secretaria general de Justicia de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía. Su reingreso, con destino en el orden jurisdiccional penal, llevaba además aparejada la adscripción al mismo órgano judicial del magistrado que había ocupado su plaza mientras ella permanecía en la situación administrativa de servicios especiales.

El acuerdo de Del Río no fue ratificado por la Sala de Gobierno del TSJ, que en su reunión del pasado 24 de octubre propuso mantener las tres comisiones de servicio inicialmente previstas.

La Comisión Permanente, por cinco votos a tres, ha considerado que con la reincorporación a la Audiencia de una magistrada y la consiguiente adscripción al mismo órgano del que ocupaba su plaza, deben ser dos las comisiones de servicio que se aprueben, nombrando para las mismas a los candidatos propuestos en primer y segundo lugar por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Han votado a favor de esta decisión el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y los vocales Mar Cabrejas, Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda. Los vocales Nuria Díaz, Fernando Grande-Marlaska y Juan Martínez Moya se han pronunciado en contra al considerar que deberían haberse aprobado las tres comisiones de servicio propuestas por la Sala de Gobierno del TSJ andaluz.

La medida de refuerzo, que cuenta con el informe favorable del Servicio de Inspección del CGPJ y la habilitación económica del Ministerio de Justicia, tiene efectos inmediatos y se acuerda inicialmente hasta el próximo 31 de diciembre, aunque la Sala de Gobierno del TSJ de Andalucía ya ha solicitado su prórroga a partir del 1 de enero de 2018.