La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado un auto que requiere de nuevo a Fertiberia S.A. para que con carácter inmediato y en el plazo máximo de un mes deposite definitivamente aval o seguro de caución por importe de 65,9 millones de euros hasta que la empresa ejecute los trabajos de regeneración ambiental de las balsas de fosfoyesos de Huelva, tal y como el tribunal resolvió en sentencia de 2007 y auto de ejecución de 2015. La Sala considera urgente garantizar la ejecución de la obra, ante la previsible venta de la sociedad a un Fondo de Jersey.

Además, en su auto, la Sala advierte que si no se presenta el aval en el plazo de un mes, se procederá a imponer al presidente ejecutivo y consejero delegado de esta sociedad, Javier Goñi del Cacho, multa de 1.500 euros reiteradas cada 20 días, hasta la completa ejecución de lo fijado por el tribunal.

En 2007, la Audiencia Nacional confirmó la caducidad de la concesión administrativa a Fertiberia de ocupación de una parcela situada en la margen derecha del río Tinto, junto a la ciudad de Huelva. Entre otros argumentos, la Sala consideró que se habían superado los espesores máximos de yeso depositados y se había utilizado una de las balsas de decantación como vertedero de residuos sólidos urbanos de la ciudad de Huelva. El tribunal daba la razón a WWF- Adena que había instado la caducidad de la concesión.

Ocho años después, en julio de 2015 y en el marco del procedimiento de ejecución de la sentencia, la Audiencia acordó fijar en 65.9 millones de euros la garantía exigida a Fertiberia para garantizar el proyecto de regeneración ambiental de clausura de las balsas de fosfoyesos.

Ahora, en su resolución, la Audiencia explica que nos encontramos en un incidente de ejecución que se ha dilatado extraordinariamente en el tiempo y que hasta el momento no se ha conseguido la constitución de la garantía, a pesar de las reiteras solicitudes efectuadas tanto por esta Sala como por el Ministerio de Medio Ambiente.

Transcurridos casi cinco años desde la fijación del aval, Fertiberia había pretendido sustituirlo por una garantía hipotecaria sobre tres fincas registrales de la sociedad. La Sala lo rechaza porque considera que no ha probado de modo suficiente y fehaciente su imposibilidad de constituir el aval o seguro de caución.

Urge la ejecución ante la posible venta de Fertiberia a un fondo de Jersey

En su auto, los jueces incluyen un informe pericial de PriceWaterhouseCooper sobre la situación financiera de Fertiberia entre 2016 y 2019 que pone en evidencia, según el tribunal, que la empresa sí ha tenido acceso a financiación, por lo que “Fertiberia podría y debería haber constituido la garantía por importe de 65,9 millones de euros”.

La Sala también descarta el argumento de Fertiberia de que de no aceptarse la garantía hipotecaria conllevaría a la declaración de concurso de acreedores. “Tal afirmación se compadece mal con el dato obrante en el informe del Ministerio en el sentido que consta la voluntad de vender la empresa al Fondo Tritón, puesto que, si hubiera voluntad de continuar con su objeto social, dicha transacción no se produciría”, subrayan los jueces.

En este sentido, el tribunal entiende esta intención de vender la empresa a un grupo inversor con sede en Jersey (paraíso fiscal) “convierte en urgente que se garantice la ejecución de la obra por dicha entidad, pues existe el riesgo de que Fertiberia no ejecute la obra, sin que ni siquiera se tenga garantías de que vaya a ser posible ejecutarla a su costa”.

En previsión de un nuevo incumplimiento por parte de Fertiberia, la Sala advierte de que aplicará el artículo 112 de la LJCA y que sancionará con 1.500 euros de multa cada 20 días (la mayor sanción que prevé la Ley ante un incumplimiento de un fallo judicial) al Presidente ejecutivo y consejero delegado, Javier Goñi del Cacho.