La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha estimado el recurso contencioso-administrativo de la sociedad Autopistas del Atlántico Concesionaria Española, S.A.U. (AUDASA) contra el Real Decreto 803/2017, de 28 de julio, por el que se modifica el Convenio entre la Administración General del Estado, la Xunta de Galicia y AUDASA, aprobado por Real Decreto 633/2006, de 19 de mayo, y declara el derecho de la sociedad concesionaria a que se le indemnicen los perjuicios causados por la implantación del sistema de retribución del Real Decreto de 2017.

La Sala señala que dichos perjuicios se concretan en la diferencia entre lo que hubiera percibido AUDASA con arreglo al sistema de retribución fijado por el Real Decreto de 2006 y lo que le ha sido satisfecho con arreglo al Real Decreto de 2017. Asimismo, deberán serle abonados los intereses que legalmente correspondan desde que se devengó el derecho al cobro conforme al Real Decreto 633/2006 y hasta que se produzca su efectivo pago.

La sentencia condena a la Administración General del Estado a que abone a la concesionaria la indemnización e intereses resultantes, sin perjuicio del derecho que pueda asistirle frente a la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia como consecuencia de los efectos que puedan derivarse de los compromisos acordados en el año 2006.