La Audiencia Nacional ha accedido a la extradición del militar Adrián V.F., miembro de la Guardia Presidencial de Hugo Chávez, a Venezuela, país que le reclama por delitos de legitimación (blanqueo) de capitales, asociación para delinquir y enriquecimiento ilícito en relación con el incremento “desproporcionado” de sus patrimonio al haber desarrollado actividades ilícitas durante su trabajo en la Administración, lo que permitió adquirir bienes en territorio nacional y en el exterior, constituyendo empresas en Panamá y en Estados Unidos.

En un auto, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal desestima los argumentos en contra de la extradición esgrimidos por Adrián V.F., esposo de Claudia P.D.G., exsecretaria ejecutiva del Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN), cuya extradición fue autorizada igualmente por la Sección Tercera.

La resolución recoge que los delitos por los que se reclama a Adrián V.F. y que serían constitutivos en España de malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales, por lo que se cumple el requisito de doble incriminación.

Respecto a la alegación de que en los hechos relatados en la demanda extradicional no es posible apreciar los delitos que le atribuyen las autoridades venezolanas, añadiendo que no son delictivos pues se le atribuye un enriquecimiento injustificado, conducta que en nuestro país no es constitutiva de delito, la Sala señala que el reclamado, desde el año 2005 hasta 2008, prestó servicio en la Dirección General de Contrainteligencia Militar. A partir de ese año pasó a la Guardia de Honor Presidencial hasta febrero de 2012, cargos que utilizó, de acuerdo con la demanda extradicional, “para la obtención de beneficios económicos particulares, incrementando su capital de manera desproporcionada a sus ingresos ordinarios, el cual le permitió adquirir bienes muebles e inmuebles en territorio nacional, así como en el exterior, constituyendo empresas en la república de Panamá y en los Estados Unidos, con dinero obtenido de las presuntas actividades ilícitas durante su desempeño en la Administración pública Nacional”.

Para los magistrados en ese relato de hechos es posible apreciar indicios racionales de la comisión de hechos que en España podrían ser constitutivos de delito, aunque el enriquecimiento ilícito no sea uno de ellos. “Pero en cambio -aclaran- utilizar un cargo público para la obtención de un beneficio económico que no sea el correspondiente a la retribución fijada para dicho cargo sí que es constitutivo de delito, bien sea en la modalidad de malversación de caudales público o de cohecho o de ambos”. Como también lo es, añaden, constituir sociedades en países extranjeros para transferir fondos obtenidos mediante el ejercicio espurio del cargo público, una conducta que puede integrar el delito de blanqueo.

En relación con la alegación de Adrián V.F. sobre la vulneración de derechos humanos en Venezuela y la persecución que sufren los opositores del actual Gobierno, así como todos los miembros de la anterior Administración “por el simple hecho de no alinearse con el nuevo Gobierno”, la Audiencia Nacional afirma que “la persecución política en la que se cometen las violaciones de derechos humanos está orientada hacia los opositores al régimen, no a los miembros de la Administración en tiempos del presidente Hugo Chávez por el mero hecho de haber formado parte de la misma; porque el actual gobierno venezolano es continuista con la administración de Chávez, el propio presidente Maduro fue vicepresidente del Gobierno de Chávez”.

Recuerda la Sala que el reclamado ocupó cargos relevantes en tiempos de Hugo Chávez, por lo que entiende que no ha sufrido personalmente ninguna clase de persecución política, ni tampoco se presume que pueda sufrirla por el hecho de haber formado parte de la Dirección General de Contrainteligencia y de la Guardia de Honor Presidencial con el presidente Chávez y “menos aun cuando tampoco se le conocen, ni relata, hechos o situaciones que puedan identificarle como opositor al régimen actual. Por el contrario todo indica que el sr Adrián V.F. abandonó Venezuela por motivos económicos y no por motivos políticos”, apunta el auto.