El Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia concluye la fase de investigación de un supuesto fraude de 9.947.163,76 euros a la Hacienda Pública en la liquidación del IVA y del Impuesto de Sociedades entre los años 2004 y 2006 del Grupo Inversor Hispanía (GIH) S.A. y Baltirén S.L.

El auto, que declara terminada la instrucción, ordena la continuación de la fase preparatoria, previa a la eventual apertura del juicio oral, contra 18 personas por presuntos delitos de defraudación tributaria, delitos contables y delito continuado de falsedad. Según la resolución, todos ellos habrían actuado bien como autores directos, bien como cómplices o cooperadores necesarios.

Igualmente, el magistrado titular ordena la continuación del procedimiento penal contra 18 empresas como posibles responsables civiles subsidiarias.

La causa es el resultado de la acumulación de dos denuncias. La primera se centra en el Grupo Invensor Hispania, siendo el administrador el investigado T.C.A. Según la resolución que cierra la investigación, éste se habría concertado con otras personas y sociedades para defraudar a la Hacienda Pública por dos vías: básicamente, a saber, simular trabajos en terrenos de su propiedad y falsas intermediaciones en la venta de fincas. En los que, terceros emitirían facturas con cargo al grupo, con todos los requisitos formales -explica el auto- para generar gastos empresariales y reducir la base imponible del Impuesto de Sociedades, a la vez que aparentaban conceptos de IVA soportado para deducirse en períodos siguientes o minorar las cuotas a ingresar. La resolución cifra en un total de 9.012.782 euros la cantidad que se habría podido defraudar.

Y la segunda investigación, que inicialmente correspondió a un juzgado de Madrid y posteriormente fue acumulada a esta causa, hace referencia a Baltirén S.L. y, según la resolución, el fraude podría alcanzar los 934.381,49 euros.

El magistrado titular, sobresee la causa respecto a una de las inicialmente investigadas y declara prescrita la responsabilidad penal respecto a otros dos. Un último investigado, falleció durante la instrucción de la causa.

Con esta resolución se da traslado de las diligencias a las acusaciones para que en el plazo de 20 días soliciten la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación, o el sobreseimiento de la causa.

La resolución no es firme, contra ella cabe recurso de reforma y apelación.