Las ejecuciones hipotecarias iniciadas entre el 1 de julio y el 30 de septiembre pasados en los órganos judiciales de la Comunidad de Madrid fueron 1.477, un 11,6% menos que en el mismo periodo del año anterior, lo que supone la cifra más baja de este tipo de procedimientos –que se tramitan en los Juzgados de Primera Instancia para exigir el pago de las deudas garantizadas por un crédito hipotecario- de los últimos tres trimestres.

Según recoge el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales”, que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha hecho público hoy, la tendencia descendente que se experimenta en el número de ejecuciones de carácter hipotecario sitúa a estos expedientes en un nivel similar al de 2008.

Por Autonomías, Madrid es la cuarta comunidad, con la práctica del 10% del total nacional. Casi una de cada cuatro ejecuciones hipotecarias -3.478, el 23,6 %- se iniciaron en Andalucía. Le siguieron Cataluña, con 2.760 (el 18,7 %) y la Comunidad Valenciana, con 2.399 (el 16,3 %).

Los lanzamientos practicados bajan un 16,8%

La línea descendente se refleja también en el número de lanzamientos practicados en el tercer trimestre del año. Se registraron 1.291, un 16,8 % menos que en el mismo periodo de 2014. Este notable descenso se refleja también si lo comparamos con el primer trimestre de este mismo año en el que se practicaron 2.253 lanzamientos.

La gran mayoría, un total de 985 de los lanzamientos practicados se derivó de procedimientos regulados en la Ley de Arrendamientos Urbanos (principalmente, impagos de alquiler); 265 de ejecuciones hipotecarias y el resto (41) obedeció a otras causas. Los lanzamientos derivados de los procedimientos regulados en la LAU aumentaron un 2,3% (muy cerca del porcentaje estatal que registró un incremento del 2,8%), mientras que los que tienen su origen en ejecuciones hipotecarias disminuyeron un 40,7%, un dato muy lejano de la media nacional, que detuvo su descenso en el 2,2%.

En el resto de los territorios, el 22 % de los lanzamientos practicados -2.895- se produjo en Cataluña; el 16,4 % en Andalucía, con 2.157; y el 16,1 % en la Comunidad Valenciana, con otros 2.117.

Atendiendo al origen de los lanzamientos, Cataluña ocupa el primer lugar en cuanto a los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, con el 26,4 % del total; seguida por Madrid (14 %) y Andalucía (12,6 %). Por lo que se refiere a los que son consecuencia de ejecuciones hipotecarias, el 21,6 % se produjo en la Comunidad Valenciana, el 20,8 % en Cataluña y el 16,8 % en Andalucía.

Descienden los lanzamientos solicitados y con cumplimiento positivo

El informe incluye también el número de lanzamientos cuya práctica fue solicitada por los Juzgados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el tercer trimestre de 2015 fue de 1.786, un 3,6% más que en el mismo periodo del año anterior. De ellos, 1.040 terminaron con cumplimiento positivo, un 1,9% menos que en el mismo trimestre de 2014. Esta cifra contrasta con la media nacional que registró un descenso de cumplimientos positivos de un 8,9%.

Los concursos presentados bajan un 46,8%

El número de concursos presentados entre el 1 de julio y el 30 de septiembre pasados presenta un significativo descenso ya que se registraron 200, un 46,8 % menos que en el mismo periodo de 2014.

Respecto al total de las Comunidades, los 268 concursos presentados en Cataluña representan el 18,5 %. Le siguen la Comunidad Valenciana, con 232 (16 %) y Andalucía, con 226 (15,6 %). Los 200 de Madrid suponen el 13,8% del total.

También ha disminuido, un 38,1%, el número de concursos declarados. En el tercer trimestre de 2015 se declararon un total de 112 concursos, a los que se añaden los 28 declarados y concluidos al amparo del artículo 176 bis 4 de la Ley Concursal, que prevé la conclusión por insuficiencia de masa en el mismo auto de declaración del concurso. 

Además, durante el tercer trimestre de 2015 llegaron a la fase de convenio un total de 12 concursos, mientras que iniciaron la fase de liquidación 95. Ambas cifras también confirman una relevante tendencia descendente con respecto de trimestres anteriores.

El número de expedientes del artículo 64 de la Ley Concursal, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (EREs) continúa también decreciendo. Se han presentado 19 expedientes, un 45,7% menos que en el mismo trimestre de 2014.

Madrid, a la cabeza de las demandas por despido

El número de demandas por despido presentadas en el tercer trimestre de 2015 han sido 4.964; lo que representa un 9,8 % menos que las registradas en el tercer trimestre de 2014, muy cerca de la media nacional: un 9,5%.

Madrid sigue siendo la Comunidad Autónoma donde se han presentado más demandas de este tipo: 4.964, lo que supone un 19,9 % del total nacional. Le siguen Cataluña, con 4.234 (17 %); y Andalucía, con 4.189 (16,8 %).

Además, los Juzgados de lo Social registraron en el tercer trimestre del año 4.931 reclamaciones de cantidad, lo que supone una disminución del 1,0% respecto al mismo periodo de 2014. Las 4.931 reclamaciones de cantidad suponen el 19 % del total nacional. Madrid es el territorio donde más demandas de este tipo se presentaron, por delante de Andalucía, con el 16,1 %; y Cataluña, con el 13,4%.

Importante incremento de los procedimientos monitorios

Los 27.582 procedimientos monitorios presentados en el tercer trimestre del año en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción suponen un importante incremento, del 20,2 %, respecto a los registrados en el mismo periodo de 2014.

Este tipo de procedimiento sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de Comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

Por territorios, el 19,9 % de los procedimientos monitorios se registró en Andalucía, seguida de Madrid, con el 17,4 %; la Comunidad Valenciana, con el 13,6 %; y Cataluña, con el 9,2 %.