El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha remitido hoy al presidente del Senado francés, Gérard Larcher, una carta en respuesta a la declaración suscrita por 41 miembros de esa cámara en relación con la causa especial 20907/2017 que se sigue en el Tribunal Supremo por delitos de rebelión, sedición y otros. 

En el escrito, Lesmes señala que la afirmación de que determinados representantes políticos de la Generalitat de Cataluña están sufriendo prisión por razón de las opiniones vertidas en el ejercicio del mandato conferido por los electores “es manifiestamente contraria a la verdad y resulta de todo punto inadmisible al señalar la existencia en España, y más concretamente en el Tribunal Supremo, de una situación de represión de representantes políticos por razón de sus opiniones”. 

“Conviene recordar a este respecto que en España existen partidos políticos abiertamente independentistas que  vienen concurriendo en los distintos procesos electorales desde hace más de cuarenta años con absoluta libertad y normalidad, sin que jamás se haya abierto un proceso penal contra sus dirigentes, militantes o votantes por razón de sus ideas u opiniones políticas, cuya legitimidad está amparada por la propia Constitución Española”, añade. 

El presidente del Poder Judicial recuerda que el alto tribunal únicamente enjuicia “actuaciones atribuidas a los acusados y realizadas en el ejercicio de sus responsabilidades públicas, actos que pudieran ser constitutivos de delito, sin que en ningún caso se estén juzgando sus ideas u opiniones”; afirma que le resulta “especialmente doloroso” tener que recordar a miembros de una institución como el Senado francés que en España “se respetan escrupulosamente los postulados del Estado de Derecho” y asegura que la declaración ha generado “profundo malestar” en el Tribunal Supremo, al constituir “una descalificación de nuestra actuación como jueces y de la propia democracia española en su conjunto, basándose esa descalificación en unos hechos que no se corresponden con la realidad y que son producto de la propaganda y de la desinformación interesada”. 

El texto íntegro de la carta es el siguiente: 

“Estimado Sr. Presidente del Senado de la República Francesa: 

He tenido conocimiento por los medios de comunicación de mi país de la existencia de una declaración suscrita el pasado día 24 de marzo por 41 senadores integrantes de la cámara que V.E. preside, denominada “Pour le respect des libertés et des droits fondamentaux en Catalogne”, en la que entre otras manifestaciones, se afirma que determinados representantes políticos de la Generalitat de Cataluña están sufriendo prisión por razón de las opiniones vertidas en el ejercicio del mandato que les ha sido confiado por sus electores, siendo juzgados por este motivo en el Tribunal Supremo del Reino de España, Tribunal que tengo el honor de presidir. 

Esta afirmación, que sirve de fundamento al manifiesto suscrito por los senadores, es manifiestamente contraria a la verdad y resulta de todo punto inadmisible al señalar la existencia en España, y más concretamente en el Tribunal Supremo, de una situación de represión de representantes políticos por razón de sus opiniones políticas. 

El Tribunal Supremo, en cumplimiento de su obligación de garante de la legalidad y del Estado de Derecho en nuestro país, está celebrando en estos momentos un proceso en el que únicamente se enjuician determinadas actuaciones atribuidas a los acusados y realizadas en el ejercicio de sus responsabilidades públicas, actos que pudieran ser constitutivos de delito, sin que en ningún caso se estén juzgando sus ideas u opiniones. Conviene recordar a este respecto que en España existen partidos políticos abiertamente independentistas que  vienen concurriendo en los distintos procesos electorales desde hace más de cuarenta años con absoluta libertad y normalidad, sin que jamás se haya abierto un proceso penal contra sus dirigentes, militantes o votantes por razón de sus ideas u opiniones políticas, cuya legitimidad está amparada por la propia Constitución Española. 

Precisamente por ello, como representante del Poder Judicial de España me resulta especialmente doloroso tener que recordar a personas integrantes de la Institución que usted preside que en nuestro país, miembro de pleno derecho de la Unión Europea desde hace más de treinta años, se respetan escrupulosamente los postulados del Estado de Derecho, muy especialmente en lo que se refiere a los derechos fundamentales y libertades públicas y a la independencia del Poder Judicial. 

En las últimas décadas Francia y España han avanzado juntas en la construcción europea, tanto en el ámbito judicial como en otros muchos, con sustento en la existencia de valores compartidos, en la confianza mutua entre sus Instituciones, así como por el mantenimiento de especiales relaciones de afecto, cercanía y colaboración a todos los niveles. 

Por esta razón la declaración suscrita por los 41 senadores ha generado profundo malestar en el Tribunal que presido, la más alta instancia judicial de España, al constituir una descalificación de nuestra actuación como jueces y de la propia democracia española en su conjunto, basándose esa descalificación en unos hechos que no se corresponden con la realidad y que son producto de la propaganda y de la desinformación interesada. 

Me consta, Sr. Presidente, que, según se ha afirmado posteriormente, la declaración de los 41 senadores lo ha sido a título individual. Y también me consta que ayer mismo, día 26 de marzo, V.E. ha hecho público un comunicado manifestando su plena confianza y apoyo a las autoridades españolas, gesto que le agradecemos profundamente, dada la relevancia de la Institución que preside. 

No obstante lo anterior, he estimado procedente dirigirme a V.E. trasladándole estas consideraciones, para su conocimiento y a los efectos que considere pertinentes. 

Agradeciendo la atención que estoy convencido que le prestará a este asunto, le hago llegar el testimonio de mi más alta consideración, así como un respetuoso saludo”.