El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha propuesto la convocatoria de una reunión extraordinaria de la comisión mixta con la Conselleria de Justicia para la elaboración de un protocolo de actuación frente a eventuales ataques informáticos para minimizar su incidencia en el funcionamiento de los órganos judiciales.

Así lo acordó ayer la Sala de Gobierno del Alto Tribunal Valenciano, en el transcurso de una reunión celebrada ayer en la que se analizaron las disfunciones registradas en los juzgados de la Comunidad desde el pasado 15 de mayo como consecuencia de las medidas de seguridad (paradas informáticas) adoptadas por los técnicos de la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Administración Autonómica.

La Sala ha expresado su “gran preocupación” por la situación generada en los órganos judiciales en general y, especialmente, en los juzgados en funciones de guardia, algunos de los cuales tuvieron que posponer la celebración de juicios rápidos o prorrogar detenciones ante la imposibilidad de acceder al Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia (siraj) y al Registro Central de Penados y Rebeldes, aplicaciones informáticas del Ministerio de Justicia en las que se anotan medidas cautelares, sentencias y órdenes de protección de maltratadas y en las que se consultan los antecedentes penales.

El TSJCV considera necesario aprobar un protocolo de actuación, para lo cual propone una convocatoria extraordinaria de la comisión mixta, con la participación de magistrados, jueces, letrados de la Administración de Justicia y representantes de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas de la Generalitat Valenciana.

La Sala de Gobierno del TSJCV, en su reunión de ayer, ha manifestado su agradecimiento a los técnicos de la DGTic por el “intenso trabajo” realizado para el restablecimiento del servicio, así como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los jueces decanos, letrados de la Administración de Justicia y a los funcionarios por su colaboración en la minimización de efectos y normalización del servicio.