El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto juicio oral a 21 investigados en la pieza del caso Gürtel por las presuntas irregularidades en la localidad madrileña de Arganda del Rey y ha impuesto unas fianzas cercanas a los 80 millones de euros para varios de ellos como Francisco Correa, su mano derecha Pablo Crespo o el empresario de la construcción Fernando Martín.

En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 acuerda llevar también a juicio, como responsables civiles subsidiarias, a las mercantiles Special Events SL, Easy Concept, Good & Better, Diseño Asimétrico SL; Servimadrid Integral SL, Teconsa, Constructora Hispánica SA y Martinsa, además de a otras tres personas físicas como partícipes a título lucrativo.

La denominada pieza separada ‘Arganda del Rey’ indaga las actividades desplegadas por los investigados, entre los años 1998 hasta febrero de 2009, dirigidas a enriquecerse de modo ilícito con la manipulación de la contratación pública y con cargo a los fondos de las Entidades Municipales de dicha localidad.

Los hechos serían constitutivos, según la resolución judicial, de los delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas, cohecho pasivo, falsedad en documento mercantil, cohecho activo (todos ellos continuados), contra la hacienda pública, insolvencia punible y malversación de caudales públicos.

“Actividad depredatoria”

De la Mata relata en el auto de apertura de juicio oral, al referirse al delito de fraude contra la administración pública, que los investigados se pusieron de acuerdo para defraudar a las entidades públicas de Arganda del Rey y de forma señalada al propio municipio y la Sociedad de Fomento. Para ello, afirma, intervinieron en la sucesión de actos de planificación y ulterior ejecución de la “actividad depredatoria” que entre todos realizaron. Para ello, continúa, no dudaron en diseñar un complejo plan, cuya implementación vigilaron de forma cuidadosa desde sus distintas posiciones administrativas para conseguir sus fines, alterando el procedimiento de contratación y causando “enormes perjuicios al ente público”.

La resolución del juzgado central señala a la Sala de lo Penal de la Audiencia como el órgano encargado del enjuiciamiento de esta pieza y da un plazo de veinte días a acusados, responsables civiles y partícipes a título lucrativo para que presenten sus escritos de defensa.