La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy el diseño y la estructura del Plan de formación extraordinario incluido en el plan de choque para la reactivación tras el estado de alarma declarado como consecuencia de la pandemia de coronavirus, cuyas actividades se desarrollarán de forma telemática hasta el próximo 31 de diciembre.

El objetivo del Plan extraordinario es proporcionar a los miembros de la Carrera Judicial instrumentos formativos en las principales materias surgidas tras el levantamiento del estado de alarma y de la situación de pandemia, mejorar la eficacia y calidad de la respuesta judicial y ayudar a la unificación de criterios jurídicos ante los nuevos procedimientos que puedan plantearse y permitir que se continúe con el plan de formación a distancia.

En su elaboración han intervenido el Servicio de Formación Continua del CGPJ, que realizó una detección previa de las nuevas necesidades formativas que estaba generando la situación de pandemia; el Grupo de expertos integrado por los presidentes de Sala del Tribunal Supremo y los/las magistrados/as designados por estos, que concretó las materias, desarrolló los contenidos y propuso las metodologías; la Comisión Pedagógica y las asociaciones judiciales, que han remitido sus propuestas.

Finalmente, los vocales del CGPJ encargados de la formación evaluaron todo el material y dieron forma al proyecto de Plan extraordinario aprobado hoy por la Comisión Permanente.

Temática diversa, metodología práctica

La temática de la programación aprobada es diversa y abarca tanto las materias sobre las que se ha aprobado una nueva regulación como aquellas que el estado de alarma y la alerta sanitaria han hecho más frecuentes en la práctica diaria de Juzgados y Tribunales, así como los problemas jurídicos que se han ido planteando en la sociedad a raíz de la pandemia. La programación, además, está abierta a la detección de otras necesidades que puedan surgir por nuevas situaciones que se produzcan o por la aprobación y publicación de nueva legislación.

A título de ejemplo, las actividades programadas tratan, entre otras cuestiones, las novedades legislativas introducidas en materia de suspensión de los desahucios en trámite, prórroga de los contratos y moratorias en el pago de la renta; los criterios para afrontar la previsible litigiosidad que generarán los efectos y la gestión de la pandemia por los servicios sanitarios, médicos y asistenciales o la que se derivará de los efectos económicos y personales de la crisis sanitaria sobre las medidas paternofiliales; las diferencias entre las infracciones administrativas y los delitos relacionados con el principio de autoridad durante el estado de alarma; la violencia de género durante la vigencia de las medidas de confinamiento; la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas; la flexibilización de los sistemas de organización y del tiempo de trabajo; los ERTE por causas relacionadas con el COVID-19; o la alteración de las condiciones de trabajo tras la pandemia.

La metodología es fundamentalmente práctica, para facilitar interacción entre los participantes a través de foros de debate y del trabajo en grupo; y se ha priorizado la designación de magistrados/as del Tribunal Supremo como directores o coordinadores de las actividades, dados los objetivos que pretenden alcanzarse con el Plan y la alta cualificación profesional, tanto académica como jurisdiccional, que se busca.

Suspensión de las actividades presenciales del Plan Estatal

La Comisión Permanente ha acordado también hoy suspender todas las actividades de carácter presencial programadas desde los próximos 1 de septiembre a 31 de diciembre dentro del Plan Estatal 2020 del Servicio de Formación Continua, sustituyéndolas por las previstas en el Plan extraordinario, sin perjuicio de que las primeras puedan ser recuperadas y realizadas más adelante.

La decisión se ha tomado después de valorar la evolución de la crisis sanitaria y la posibilidad de rebrotes en todo el territorio nacional, con las consiguientes dificultadas para el traslado y alojamiento de los miembros de la Carrera Judicial, y especialmente por la situación actual de los órganos judiciales, con una elevada carga de trabajo y señalamientos.