Declaración institucional de la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial
El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo expresa su respeto al derecho a la crítica, pero manifiesta que la Sala Segunda ha dictado por unanimidad una sentencia que pone fin a un proceso judicial transparente y lleno de garantías. Carlos Dívar considera inaceptables los ataques personales e institucionales que cuestionan de manera frívola y carente de fundamento la actuación del Alto Tribunal, lo que constituye un grave atentado al Estado de derecho. La declaración institucional se produce tras la promulgación de la sentencia del caso 'Peláez, Crespo y Correa vs. Garzón', de 9 de febrero.
- Fecha de actualización
- domingo, 12 de febrero de 2012
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO Y DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
La Presidencía del Tribunal Supremo y del CGPJ, ante las reacciones producidas tras la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, notificada hoy, y desde su más absoluto respeto al derecho a la crítica de las resoluciones judiciales, quiere manifestar:
1.- La Sala Segunda del Tribunal Supremo, en el legítimo ejercicio de sus competencias y con absoluta independencia e imparcialidad, ha dictado por unanimidad esta resolución que pone fin a un proceso judicial trasparente y lleno de garantías, como viene haciendo en todos los asuntos de que conoce.
2.- Son, por tanto, de todo punto inaceptables los ataques tanto personales como institucionales que cuestionan de manera frívola y carente de fundamento la actuación del Tribunal Supremo, deslegitimando la institución y desacreditando a sus componentes, a los que se atribuye otras intenciones más allá de la recta e imparcial aplicación de la ley, lo que constituye un grave atentado al Estado de derecho.
3.- Conviene resaltar finalmente la función primordial que un Poder Judicial independiente desempeña en el Estado democrático y de derecho para salvaguardar los derechos y libertades de los ciudadanos y para asegurar que la aplicación de la ley sea igual para todos.
Madrid, 9 de febrero de 2012.