Los Juzgados de Móstoles aprueban un Protocolo para luchar de modo integral contra los abusos a menores

En el Protocolo han colaborado miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Servicios Sociales, Servicios Educativos y Servicios Sanitarios, el Instituto Madrileño de la Familia y el Menor, el Centro Especializado de Intervención en Abuso Sexual Infantil y la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual

Autor
Comunicación Poder Judicial

Los juzgados de Móstoles han aprobado un Protocolo de Actuación en Abusos Sexuales y Otros Malos Tratos a la Infancia que tiene como objetivo renovar los criterios de actuación y mejorar la coordinación de los profesionales educativos, sanitarios, sociales, policiales y judiciales en esta zona de la Comunidad de Madrid para combatir el drama que supone las agresiones a los menores de edad.

En líneas generales, el Protocolo de Actuación en Abusos Sexuales y Otros Malos Tratos a la Infancia, coordinado por la jueza-decana de Móstoles, Susana González de la Varga, en colaboración con el psicólogo forense y el médico forense del partido judicial,  mejora los procedimientos de detección, notificación, evaluación, intervención, tratamiento y seguimiento en casos de agresión y crea procedimientos y espacios de coordinación de la red de instituciones y profesionales que trabajan en el partido judicial, ya que los malos tratos a la infancia, y, específicamente el abuso sexual, es un problema social complejo que requiere la intervención multiprofesional desde todas las instituciones implicadas.

Por lo tanto, en el Protocolo han colaborado miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Servicios Sociales, Servicios Educativos y Servicios Sanitarios, el Instituto Madrileño de la Familia y el Menor, el Centro Especializado de Intervención en Abuso Sexual Infantil y la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual, un extenso grupo de profesionales con décadas de experiencia en el interés superior de preservar la infancia.

El Protocolo ahora aprobado pauta la actuación de todos los profesionales que intervienen en los casos de abusos desde el principio al final del proceso, establece  cuáles son las competencias y funciones de cada especialista, cuál es el modo conveniente de llevar a cabo los traslados de los menores, cómo evaluar el tipo y la gravedad de la agresión para establecer el nivel de riesgo y facilita los contactos para una intervención rápida en caso de urgencia, entre muchos otros aspectos.

El nuevo Protocolo ahora puesto en marcha puede también utilizarse con las personas adultas incapacitadas judicialmente o con víctimas adultas especialmente vulnerables por su trastorno mental crónico.