Cumbre Judicial Iberoamericana

Cumbre Judicial Iberoamericana

La Cumbre Judicial Iberoamericana es una organización que vertebra la cooperación y concertación entre los Poderes Judiciales de 23 países de la comunidad iberoamericana de naciones, aglutinando en un solo foro a las máximas instancias y órganos de gobierno de los sistemas judiciales iberoamericanos. Reúne en su seno a los Presidentes de las Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia y a los máximos responsables de los Consejos de la Judicatura iberoamericanos.

El principal objetivo de la Cumbre Judicial Iberoamericana es la adopción de proyectos y acciones concertadas, desde la convicción de que la existencia de un acervo cultural común constituye un instrumento privilegiado que, sin menoscabo del necesario respeto a la diferencia, contribuye al fortalecimiento del Poder Judicial y, por extensión, del sistema democrático.

En su formato actual, la Cumbre Judicial Iberoamericana es el resultado de la fusión o convergencia, a partir del mes de junio de 2004, de dos estructuras anteriores: la Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia y el Encuentro Iberoamericano de Consejos de la Judicatura.

La Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia fue a su vez el resultado de un proceso que se inició en Madrid en el año 1990, y continuó en sucesivas ediciones durante los años 1993 y 1997 (ambas en Madrid), 1998 y 1999 (ambas en Caracas), 2000 (en Canarias), 2002 (en Cancún) y 2004 (en El Salvador). Por su parte, el Encuentro Iberoamericano de Consejos de la Judicatura celebró en Honduras, en el año 2004, su IV reunión plenaria, después de celebrarse las anteriores en Sucre (1998), Barcelona (2000) y Zacatecas (2002).

La Secretaría Permanente es el órgano técnico de apoyo a los miembros de la Cumbre, se halla en comunicación permanente con ellos, a través los Coordinadores Nacionales. La Secretaría está encargada de trasladar información cumplida acerca de sus actividades; de recabar y recibir, por igual conducto, sus iniciativas y observaciones; de convocar, si fuera preciso, reuniones de Coordinadores o de expertos; y de mantener una estrecha relación con la Secretaría Pro Tempore, que se encarga de gestionar cada edición concreta de la Cumbre Judicial Iberoamericana.

La sede de la Secretaría Permanente se determina por la Asamblea Plenaria, por un período de cuatro años, renovable. En la actualidad la ostenta la Suprema Corte de Justicia de Uruguay. Por primera vez en la historia de la Cumbre, la Secretaría Permanente está representada por una mujer, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la República Oriental del Uruguay, Dra. Elena Martínez Rosso.

Como resultados más relevantes ya alcanzados, todos los cuales pueden consultarse en la página web de la Cumbre pueden citarse:

  • La aprobación del Estatuto del Juez Iberoamericano, que aspira a ser el paradigma o referente que identifique los valores, principios, instituciones, procesos y recursos mínimos necesarios para garantizar que la función jurisdiccional se desarrolle en forma independiente, defina el papel del juez en el contexto de una sociedad democrática y estimule los esfuerzos que en ese sentido desarrollan los Poderes Judiciales de la región.
  • La aprobación de la Carta de Derechos del Usuario de la Justicia, con vocación de enumeración exhaustiva de todos los derechos que asisten a todas aquellas personas que requieran el servicio de administración de justicia en el ámbito iberoamericano.
  • La constitución y mantenimiento del Aula Iberoamericana. Programa de capacitación, dirigido a jueces y magistrados iberoamericanos, con el que mediante un sistema de becas concedidas por el Consejo General del Poder Judicial del Reino de España, se persiguen, entre otros, los siguientes objetivos:
    • Puesta a disposición de la comunidad jurídica iberoamericana de la experiencia en materia de formación judicial.
    • Aproximación de los vínculos existentes entre las Cortes y Tribunales Supremos y Consejos de la Judicatura de los países iberoamericanos.
    • Consolidación de un marco de encuentro entre jueces y magistrados españoles e iberoamericanos de alto nivel académico que constituya una referencia en los distintos ámbitos relacionados con el ejercicio de la función jurisdiccional.
    • Implementación de una comunidad judicial iberoamericana que facilite el intercambio de experiencias, información y proyectos de investigación.
  • La creación de la Red Iberoamericana de Información y Documentación Judicial (IberIUS). Concebida como una comunidad de cooperación, concertación y apoyo recíproco entre los Centros y Unidades de Información y Documentación Judicial de los países iberoamericanos. Su propósito es contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho de los países que la componen, poniendo a disposición de los integrantes de sus respectivas judicaturas la información y documentación judicial relevante que les permitan mejorar la calidad de sus decisiones, y haciendo accesible al público en general la información necesaria para conocer los sistemas de justicia y los medios para ejercer los derechos que les asisten. Todo ello por medio de la interconexión, consulta, difusión, intercambio y otros servicios de información y documentación judicial de los sistemas judiciales de los países iberoamericanos.
  • La creación de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales (RIAEJ). La Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales se crea por acuerdo del II Encuentro Iberoamericano de Consejos de la Judicatura, celebrado en Barcelona en el mes de marzo de 2001, y por acuerdo de la VI Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, celebrado en Canarias en el mes de mayo de 2001. La RIAEJ se constituye desde su inicio como una comunidad de enlace para la cooperación, concertación y apoyo recíproco entre las Escuelas Judiciales y centros públicos de capacitación judicial de Iberoamérica, que contribuye al intercambio de información sobre programas, metodologías y sistemas de capacitación judicial, facilita la coordinación de actividades que interesan a sus miembros y planifica actividades conjuntas de capacitación. Todo ello apoyado en una estructura organizativa flexible, respetuosa de la autonomía de cada uno de sus miembros, que aprovecha la tecnología disponible para facilitar el cumplimiento de sus objetivos.
  • La puesta en funcionamiento de una Red Iberoamericana de Asistencia Judicial (IberRED), concebida como un instrumento facilitador de la asistencia judicial internacional y paso fundamental en la conformación de un Espacio Judicial Iberoamericano entendido, como ?escenario específico donde la actividad de cooperación judicial sea objeto de mecanismos reforzados, dinámicas e instrumentos de simplificación y agilización que, sin menoscabo del ámbito de competencia de los Poderes Legislativos y Ejecutivos de los Estados representados, permitan una actividad de ese tipo adecuada y conforme a las exigencias.
  • La aprobación del Código Iberoamericano de Ética Judicial, que define los deberes jurídicos que contribuyen a definir la excelencia judicial, apelando al compromiso íntimo del Juez con la excelencia y con el rechazo de la mediocridad, y concebido como instrumento esclarecedor de las conductas éticas judiciales y pauta de calidad ética al servicio de la justicia.
  • La aprobación de las Cien Reglas de Brasilia para el acceso a la Justicia de personas en condición de vulnerabilidad. Contienen, por un lado, unos principios de actuación o ideas básicas que deben inspirar la materia, aportando elementos de reflexión sobre los problemas de acceso a la justicia de los sectores más desfavorecidos de la población; y, por otro lado, establecen una serie recomendaciones que pueden ser de utilidad en la actuación de los responsables de las políticas públicas judiciales y de los servidores y operadores del sistema judicial.
  • La aprobación de la Carta Iberoamericana de Derechos de las Víctimas, que pretende desarrollar las Cien Reglas de Brasilia para el acceso a la Justicia, en materia de víctimas en general y de delitos en particular.
  • La constitución de la Red Iberoamericana de Gestión e Investigación para la calidad en la Justicia (RIGICA-Justicia), con el objetivo de garantizar y mejorar los servicios que presta la administración de Justicia en los estados miembros mediante la promulgación de normas de calidad, intercambios de experiencias, investigación, publicación y difusión de estudios, para la promoción, definición y ejecución de políticas públicas de gestión de calidad en los Poderes Judiciales.