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Organización Judicial

Información general

La organización de la Justicia en España toma como punto de partida la Constitución y se ajusta a los principios básicos democráticos que definen el Estado de Derecho. Es una organización que engloba todas las materias y abarca a todos los ciudadanos y a todos los lugares del territorio nacional.

La Constitución Española y la Ley Orgánica del Poder Judicial afirman con rotundidad que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial.

Jueces y magistrados independientes, inamovibles y con sujeción única a la Ley, que son los encargados en exclusiva de ejercer jurisdicción, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado.

Atendiendo a las materias objeto de controversia judicial, se pueden establecer cuatro órdenes jurisdiccionales genéricos:

  • civil
  • penal
  • contencioso-administrativo
  • social

En el Tribunal Supremo existe una Sala de lo Militar, encargada específicamente de esta materia, que la integra de manera exclusiva en la jurisdicción ordinaria, precisamente en la cúspide del Poder Judicial.

La organización judicial queda completada según lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que atribuye el ejercicio de la potestad jurisdiccional a los siguientes órganos judiciales:

Órganos unipersonales:

  • Juzgados de Paz
  • Juzgados de Primera Instancia, de Instrucción, de Primera Instancia e Instrucción, de lo Mercantil, de Violencia sobre la Mujer, de lo Penal, de lo Contencioso-administrativo, de lo Social, de Menores y de Vigilancia Penitenciaria.

Órganos colegiados:

  • Audiencias Provinciales
  • Tribunales Superiores de Justicia
  • Audiencia Nacional
  • Tribunal Supremo

Los órganos unipersonales –excepción hecha de los juzgados de paz,  residenciados en los municipios- se establecen en las cabeceras de los partidos judiciales, mientras que los órganos colegiados lo hacen en las provincias, en las Comunidades Autónomas y, finalmente, a nivel nacional en el caso del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional.

La organización judicial española, partiendo del derecho al juez natural predeterminado por la ley, se estructura así de manera territorial siguiendo el propio diseño vertebrador del Estado de las autonomías.

 

 

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