En Portada

La nueva sede de lo Contencioso y lo Social de la Audiencia Nacional permitirá ahorrar 1,3 millones de euros al año

Audiencia Nacional — 2011-11-02 00:00:00.0

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, y el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, han visitado hoy la nueva sede de la Audiencia Nacional para las jurisdicciones de lo contencioso-administrativo y social. Junto al presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, han realizado un recorrido por el nuevo edificio, situado en la calle de Goya y que permitirá el ahorro anual de 1,3 millones de euros gracias a la concentración de sedes.

Al acto han asistido también el vocal del CGPJ para la Audiencia Nacional, José Manuel Gómez Benítez, la también vocal Margarita Robles, la subsecretaria del Ministerio de Justicia, Purificación Morandeira, y el secretario de Gobierno de la Audiencia, Luis Martín Contreras.

Diez cuestiones de interés tratadas en el IV Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género

2011-11-18 00:00:00.0

Más de trescientos especialistas participaron en el IV Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, celebrado en el Senado en Madrid durante los días 16 y 17 de noviembre.

El Observatorio es una institución creada en el año 2.002 cuya finalidad principal consiste en abordar el tratamiento de estas violencias desde la Administración de Justicia. Está integrado por el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, la Fiscalía General del Estado, las comunidades autónomas con competencias transferidas en Justicia y el Consejo General de la Abogacía Española.

Además de los representantes de las instituciones judiciales, acudieron al Congreso numerosos jueces y juezas especializados y especializadas en Violencia de Género, fiscales, forenses, psiquiatras, asociaciones de mujeres...

Los especialistas abordaron los retos principales en materia de la Violencia. Entre ellos, el IV Congreso bianual trató estas Diez Cuestiones de Interés:

Tenemos instrumentos legales muy poderosos, que consideran el uso de la violencia contra las mujeres como una violación de derechos constitucionales. Gran parte de sus principios están siendo seguidos ahora por la Unión Europea y esto es un avance logrado por España del que sentimos satisfacción. Tenemos instituciones y experiencia acumulada en el abordaje de la violencia contra la mujer. Estamos en el buen camino.
Siguen funcionando mitos perversos que desvían la atención sobra la causa principal de la violencia, que es la desigualdad, y mantienen los obstáculos y resistencias en el camino hacia la igualdad real. Desmontar estos mitos y presentar los malos tratos como vulneraciones de derechos humanos es prioritario. Mitos como el del alcohol, drogas o trastornos mentales como causa última de la violencia o el mito de las denuncias falsas.
Los Informes de víctimas revelan que ha disminuido la edad de las que sufren estos graves delitos y esto debe hacer reflexionar a la sociedad.
Se hace necesaria una intervención en el aprendizaje de los jóvenes para que no reproduzcan comportamientos machistas. La educación y la cultura es la vacuna contra la violencia.
El Protocolo Médico Forense de Valoración Urgente del Riesgo de Violencia de Genero, es un instrumento de apoyo a jueces, juezas y fiscales de violencia, para que dispongan de más elementos para decidir la medida de protección adecuada para cada mujer y sus hijos.
La gestión del riesgo está íntimamente ligada a la adopción de medidas de protección de la víctima.
Es fundamental compartir a tiempo real toda la información entre los especialistas intervinientes.
Los menores que sufren un entorno de violencia necesitan cuidado, atención y protección especializada. La salvaguarda de sus intereses ha de estar garantizada por todas las instituciones implicadas.
La mayor vulnerabilidad de niñas y mujeres con discapacidad ante los abusos y la violencia exige aunar todos los esfuerzos para que los factores de riesgo específicos sean atendidos de manera especializada, y que se potencien los mecanismos de detección entre los diversos sectores profesionales y sociales que las rodean.
Es una obligación fundamental de los Estados, respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas y en particular de las mujeres.

Acceso a toda la información relativa a IV Congreso en el siguiente enlace:

www.observatoriocontralaviolenciadomesticaydegenero.es

200 Aniversario del Tribunal Supremo: Semana de Puertas Abiertas

2012-03-20 20:11:27.0

El Tribunal Supremo celebró la Semana de Puertas Abiertas, como cada año. En esta edición se conmemoró el 200 Aniversario de su creación, coincidiendo con la proclamación de la Constitución de Cádiz de 1812.

Las jornadas de puertas abiertas tuvieron lugar entre el 11 (miércoles) y el 14 de abril (sábado), en horario de 10 de la mañana a 7 de la tarde, ininterrumpidamente.

Acudieron numerosos ciudadanos particulares, colegios, estudiantes, grupos de amigos, etcétera.

Contacto:

Correo: visitasguiadas.ts@justicia.es

Teléfono: 91 397 00 89

Fax: 91.335.82.91.

Para realizar una visita virtual al Tribunal Supremo pinchar aquí.

Centro de autoridad judicial

La Constitución de Cádiz fue el cimiento del actual Tribunal Supremo. En el informe de la Comisión encargada de la formación de aquel Proyecto Constitucional se razonaba así en el apartado XVL:

"Delegada por la Constitución a los Tribunales, la potestad de aplicar las leyes, es indispensable establecer, para que haya sistema, un centro de autoridad en que vengan a reunirse todas las ramificaciones de la potestad judicial. Por lo mismo, se establece en la Corte un Supremo Tribunal de Justicia, que constituirá este centro común. Sus principales atributos deben ser los de la inspección suprema sobre todos los Jueces y Tribunales encargados de la administración de Justicia".

El artículo 259 de la Constitución de 1812 establecía que “Habrá en la Corte un tribunal, que se llamará Supremo Tribunal de Justicia” y los siguientes artículos 260-261 describían el número de Magistrados que lo conformarían y sus competencias.

La Constitución entró en vigor el 19 de marzo de 1812. Por Decreto del 17 de abril quedó instaurado el Tribunal Supremo, aunque la guerra de la independencia y el asedio de la ciudad de Cádiz impidieron la eficacia de la nueva estructuración constitucional de la justicia.

El Alto Tribunal tiene su sede en uno de los palacios más céntricos de Madrid: el Palacio de las Salesas, como era conocido hasta no hace mucho. Un nombre que hace referencia al uso que se le dio desde su construcción, en 1758, hasta 1870: el Monasterio de la Bienaventurada Virgen María de la Orden de las Monjas de San Francisco de Sales, las monjas “salesas”.

En ese año de 1870, el entonces presidente del Gobierno, Juan Prim i Verdaguer, ordenó su incautación y su conversión en lo que hoy se definiría como la “ciudad de la Justicia de Madrid”, porque en su interior albergó no sólo al Tribunal Supremo sino también a las Audiencias Territoriales, Audiencias Provinciales, Juzgados, Fiscalía Colegio de Abogados y calabozos. Hoy día sólo está ocupado por el Alto Tribunal.

El edificio del Tribunal Supremo ha sido el protagonista de la historia de España durante los 200 últimos años. Entre 1910 y 1914 el Palacio fue compartido con la presidencia del Gobierno, hasta que esta se trasladó al Paseo de la Castellana.

Qué es el Tribunal Supremo

Historia del Tribunal Supremo

Cómo funciona el Tribunal Supremo

Memoria 2010 del Tribunal Supremo

Crónicas de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo

Escuela Judicial: 204 aspirantes a jueces superan la primera fase de las pruebas selectivas

2012-07-13 18:45:46.0

La Comisión de Selección, prevista en el artículo 305 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo para el ingreso en la Escuela Judicial y en el Centro de Estudios Jurídicos, con fecha 13 de julio de 2012.

En este proceso, a Comisión de Selección había convocado 250 plazas de alumnos de la Escuela Judicial. Sin embargo, sólo 204 aspirantes han superado la oposición para acceder a la carrera judicial.

Son 140 mujeres y 64 hombres y formarán la 64 (LXIV) Promoción de la Escuela Judicial. Iniciarán en septiembre su formación inicial. Es una formación compleja, basada en la práctica constante sobre casos reales.

Los alumnos comenzarán esta segunda fase de formación el próximo 12 de septiembre. La formación será en la Escuela Judicial, con sede en Barcelona.

La Escuela Judicial está considerada como un centro de formación jurídica puntero en Europa.

El primer año, las clases se centrarán en el estudio de casos reales a cargo de los profesores de la Escuela y a cargo de ponentes especializados.

El segundo año comenzarán sus prácticas dirigidos por magistrados-tutores.

Qué es la Escuela Judicial

La Escuela Judicial tiene como responsabilidades:

Procesos de selección de Jueces y Magistrados.
Formación inicial de los futuros jueces.
Formación continua de los jueces y magistrados.

La Escuela Judicial está dirigida por la magistrada Roser Bach Fabrego.

Docentes de la Escuela: 23.

Las materias abarcan primera Instancia, Instrucción, Derecho Constitucional y Comunitario, prácticas tuteladas, Derecho orgánico y medicina legal.

Historia de la Escuela Judicial.Este centro de formación lleva ya 15 años con sede en Barcelona y depende del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Organigrama de la Escuela Judicial. La Escuela Judicial cuenta con 24 docentes.

Cómo llegar a la Escuela Judicial.La Escuela Judicial está situada en una montaña al noroeste de Barcelona. En concreto en Vallvidrera, en la Sierra de Collserola y muy cerca del Parque de Atracciones del Tibidabo y la Torre de Comunicaciones de Collserola "Torre Foster".

ENLACE A LA PUBLICACION DEL BOE del viernes 13 de julio de 2012. Número 167.

Acceso al Acuerdo de la Comisión de Selección, fechado el 5 de julio de 2012.

Juramento o promesa de secreto profesional y confidencialidad de la Promoción 64 de la Escuela Judicial

2012-09-26 13:53:39.0

Acceso al vídeo íntegro con la ceremonia de juramento o promesa de la 64ª Promoción de la Escuela Judicial. Barcelona, 25 de septiembre de 2012.

Los 204 jueces y juezas en prácticas de la 64ª Promoción participaron el 25 de septiembre en un solemne acto en el que juraron o prometieron guardar secreto profesional. La ceremonia estuvo presidido por los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Ramón Camp y Félix Azón, ambos miembros de la Comisión de Escuela, así como por Miguel Ángel Gimeno, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Roser Bach, directora de la Escuela Judicial, Gemma Espinosa, directora de Formación Inicial y Marta Fernández, jefa de Estudios de la Escuela.

Miguel Ángel Gimeno, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dio la bienvenida a los jueces y juezas en prácticas. Destacó que los jueces de Cataluña tienen una especial vinculación con los alumnos de la Escuela, que es como un estandarte de la carrera judicial al ser una institución “admirable”, que está reconocida “en todos los ámbitos de la jurisdicción de los países de nuestro contorno”.

Legitimación cada día

Gimeno resaltó que la legitimación de los jueces y juezas se logra cada día en cada acto, cuando ejerzan y hagan manifestación de su independencia, imparcialidad, conocimiento, al tratar a la persona como se merece y amparan sus derechos.

“Sería deseable que todos hiciéramos un esfuerzo de reivindicación de lo que supone nuestra Carrera Judicial”, destacó Gimeno, quien abordó la actitud que debe tener el juez/a, “de reconocimiento de sí mismo” y a los alumnos les indicó que han hecho un esfuerzo, pero que su propia estimación no viene de ese esfuerzo, sino que “vendrá a partir de ahora de un ejercicio correcto de su jurisdicción”, de que aspiran a realizar una buena justicia.

El vocal del CGPJ y miembro de la Comisión de Escuela Félix Azón, reclamó que la carrera judicial fuera “un referente del liderazgo social” en estos momentos de crisis que atraviesa España.

Azón abordó en su discurso la legitimidad de los jueces: la legitimidad de origen, que está en la Constitución de 1978 y en el ordenamiento jurídico, así como la legitimidad de ejercicio, “que es la que sustenta a la carrera judicial ante la sociedad, que hace que las resoluciones sean aceptadas y cumplidas”.

Principales virtudes de un juez

Esta legitimidad de ejercicio hay que ganarla “día a día” por todos y cada uno de los miembros del Poder Judicial. Animó a los jueces en prácticas a profundizar en la legitimación del ejercicio de la jurisdicción para resolver los conflictos de los ciudadanos: formarán parte de un servicio público en el que tienen la garantía de independencia e inamovilidad y donde estarán sólo sometidos al imperio de la ley.

Azón explicó las principales virtudes de un juez: prudencia, imparcialidad, capaz de transmitir de forma diligente y clara sus resoluciones, respetuosos con el ordenamiento jurídico, laboriosos, serenos, valientes para atreverse a resolver los conflictos que le planteen y humildes. “No olvidemos que somos servidores públicos”, sentenció.

Esfuerzo colectivo

En la clausura, Ramón Camp les recordó que al prestar juramento o promesa habían adquirido “uno de los más grandes compromisos que puede hacer un jurista”, que no es otro que el de sumarse “al esfuerzo colectivo de actuación de la ley y de realización del Estado de derecho”.

El juramento o promesa marca el punto de partida de la nueva fase de los jueces en prácticas. “Con él –destacó Camp-, habéis cerrado una etapa de grandes sacrificios y no menos satisfacciones y abrís una nueva fase, que espero os colme de satisfacciones”.

La Ley Orgánica del Poder Judicial establece en su artículo 307 que la Escuela Judicial incluye un periodo de prácticas en diferentes órganos de todas las jurisdicciones. Tanto en el periodo de preparación teórico práctica, como en durante las estancias en juzgados y tribunales, los alumnos de la Escuela Judicial han de manejar expedientes, atestados policiales, y procesos judiciales ya finalizados o todavía en trámite, y tienen acceso a datos de carácter confidencial. De igual forma han de participar en deliberaciones y dirigir, bajo la supervisión de los profesores y de los jueces tutores, actos jurisdiccionales de diversa índole.

Declaración solemne

Los alumnos de la Escuela Judicial están sujetos a las obligaciones de guardar secreto profesional: aun cuando en la condición de jueces en prácticas no ejercen con plenitud la jurisdicción, intervienen en actos y se relacionan con ciudadanos que comparecen ante los tribunales, así como con fiscales, secretarios judiciales, abogados, procuradores y demás profesionales, peritos y funcionarios, por lo que les es exigible que ajusten su comportamiento a la dignidad que comporta la función en la que participan.

Por tales razones, una vez que se ha producido la incorporación efectiva a la Escuela Judicial, y con carácter previo a tomar conocimiento de expedientes judiciales o de participar en actos jurisdiccionales, deben prestar juramento o promesa de guardar el secreto profesional y de comportarse con la dignidad que es exigible a los jueces en prácticas, tal como viene configurada su función en el Reglamento 2/1985, de Escuela Judicial de 7 de junio de 1985, quedando sujetos a las responsabilidades penales, administrativas o civiles que se puedan derivar del incumplimiento de tal obligación. (Ver la declaración solemne).

Siete de cada diez jueces en prácticas no tiene familia relacionada con la Justicia

La 64 Promoción de la Escuela está formada por 204 alumnos. El 68% son mujeres y tienen una edad de 29 años de media. La inmensa mayoría habla un segundo idioma y está acostumbrada a utilizar Internet como usuario, así como bases de datos jurídicas.

Siete de cada diez jueces en prácticas no tiene ningún familiar relacionado con una profesión jurídica. (Ver Datos Estadísticos de la 64ª Promoción, 2012-2014).

En esta Promoción, un total de 38 jueces en prácticas provienen de Andalucía, 31 de Madrid, 23 de la Comunidad Valenciana, 20 de Cataluña, 16 de Castilla y León, 15 de Galicia, 11 de Asturias, 10 de Murcia, otros 10 de Aragón y 9 de Canarias, entre otras autonomías de procedencia.

El 31% aspira a ejercer como juez de Penal, otro 20,34% quiere dedicarse a la jurisdicción Civil, un 13% aspira a desarrollar su carrera como juez en el ámbito de Familia, un 9% en Menores, otro 7,63% en Mujer, un 6,36% en Mercantil y un 3,6% en Social.

Los divorcios crecieron un 2% el año pasado y los procesos de modificación de medidas, un 14%

Comunicación Poder Judicial — 2013-03-22 13:01:40.0

El CGPJ informa

120.000 DIVORCIOS SE TRAMITARON EN 2012 EN LOS JUZGADOS ESPAÑOLES

El incremento de divorcios respecto a 2011 es ligeramente superior a un 2 por ciento.
Aumentan un 14 por ciento los procesos consensuados de modificación de medidas, y un 24 por ciento los no consensuados

En el año 2012 tuvieron entrada en los órganos judiciales españoles un total de 70.571 asuntos de divorcio consensuado, un 2,4% superior al año anterior, y 49.485 de divorcios contenciosos, un 2,5% de incremento sobre el año anterior, según los datos hechos públicos hoy por el Servicio de Estadística Judicial del Consejo General del Poder Judicial. Asimismo se presentaron 4.738 separaciones de mutuo acuerdo y 2.404 separaciones contenciosas. También ingresaron 164 asuntos de nulidad matrimonial.

Dentro de una tendencia decreciente que se observa desde finales de 2005 tanto los divorcios contenciosos como los de mutuo acuerdo han mostrado un ligero repunte en el cuarto trimestre de 2012, con incrementos interanuales del 11,5% para los divorcios consensuados y del 7,1% para los no consensuados. El número de procedimientos de divorcio consensuado iniciados en el cuarto trimestre es el más alto desde el segundo trimestre de 2008.

Para las separaciones, especialmente para las de mutuo acuerdo, también se observa un levísimo repunte en el cuarto trimestre. Las separaciones de mutuo acuerdo han mostrado un incremento interanual en el cuarto trimestre del 7,6%. Ello se ha producido después de bajadas desde el primer trimestre del 2010, con la única excepción del tercero de 2011.

Comparando los datos globales de 2012 con los de 2011 se observa que en Andalucía, Cataluña y Madrid han aumentado las dos formas de divorcio, mientras que han disminuido tanto las separaciones contenciosas como las de mutuo acuerdo. En Canarias y Extremadura han aumentado todas las formas de ruptura matrimonial.

Por primera vez se incluye información sobre las modificaciones de medidas en procesos de separación y divorcio, así como sobre los procedimientos relacionados con la guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales. A efectos terminológicos, se entiende por “modificación de medidas en procesos de separación y divorcio”, el procedimiento que se incoa para solicitar una resolución judicial que modifique las medidas fijadas en sentencia de separación y/o divorcio porque se hayan modificado sustancialmente las circunstancias económicas o personales que existían en el momento en que se acordaron. En el mismo sentido, para el caso de que se trate de unidades familiares en las que no haya existido previo matrimonio, si lo que se pretende es la modificación de medidas adoptadas respecto a hijos sujetos a patria potestad, el procedimiento judicial que se insta es el ahora identificado como “guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales”; en ambos casos, al igual que en el resto de los asuntos relativos al derecho de familia, el procedimiento puede ser de mutuo acuerdo o contencioso.

En 2012 se han iniciado 6.719 procedimientos consensuados de modificación de medidas, un 14,4% más que en 2011. Respecto a procedimientos no consensuados de modificación de medidas se han iniciado 26.435, con un incremento interanual del 24%.

Asimismo, se iniciaron 11.607 procedimientos consensuados de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, un 17,3% más que en 2011, mientras que procedimientos no consensuados se iniciaron 19.885, un 12,2% más que en 2011.

Madrid, 22 de marzo de 2013

Conclusiones Jornadas de Presidentes de Audiencias Provinciales de España

Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha — 2012-10-24 15:38:00.0

Las Jornadas de Presidentes de Audiencias Provinciales de España han concluido hoy en Toledo con la presentación de las Conclusiones de dicho encuentro. Concretamente se han presentado en rueda de prensa las conclusiones relativas al Estatuto de las Presidencias de las Audiencias Provinciales. Propuesta que se ha debatido durante estos días junto con otros asuntos, como la forma de mejorar la Administración de Justicia tendiendo hacia unos estándares de calidad, o propuestas procesales en materias civil y penal en el ámbito de las Audiencias.

Se adjuntan las conclusiones sobre el Estatuto de las Presidencias de las Audiencias Provinciales.

El presidente del TSJM presenta la Memoria 2011: La elevada litigiosidad es el problema

Tribunal Superior de Justicia de Madrid — 2012-07-04 12:28:40.0

Este descenso en la pendencia, cuyo mérito debe adjudicarse al excelente trabajo desarrollado por jueces y magistrados y por el personal adscrito a los órganos judiciales, debe ir acompañado, a su juicio, de medidas que reduzcan la elevadísima litigiosidad que soporta la Comunidad de Madrid, que en 2011 hizo frente a 1.498.228 asuntos nuevos, una cifra sólo superada por Andalucía (1.913.427 asuntos pero con más población y más jueces y magistrados) y por encima de Cataluña (1.403.795, con una población y una plantilla judicial similares).

La cifra de un millón y medio de nuevos asuntos, aunque supone una reducción del 2,59 por ciento respecto a la del ejercicio precedente, sigue siendo alarmante, pese a que a 31 de diciembre de 2011 seguían tramitándose 472.215 procedimientos, un 3,06 por ciento menos que al finalizar 2010. Además, se han resuelto 1.510.392 asuntos, lo que supone un incremento del 0,11 por ciento sobre los que lo fueron en la anualidad precedente.

El presidente del TSJ de Madrid ha subrayado, por tanto, la necesidad de “reflexionar detenidamente sobre la elevada litigiosidad”, cuestión que considera “uno de los grandes problemas que aqueja a la Administración de Justicia en nuestro país en general y en la Comunidad de Madrid, en particular”. En ese sentido, Vieira ha afirmado que la sola creación de nuevos órganos judiciales no soluciona el problema, ya que el aumento de juzgados, “sólo será eficaz si, a la vez, se mejora sustancialmente su gestión”.

Para lograr este deseable objetivo ha apostado decididamente por la modificación de la actual regulación de la asistencia jurídica gratuita, para que no se produzcan, por ejemplo, abusos indebidos en la interposición de recursos, y por el impulso de medidas de resolución extrajudicial de conflictos, como son el arbitraje y la mediación. “En definitiva –ha abundado- hay que poner coto a las pretensiones judiciales carentes de fundamento que pagamos todos los ciudadanos”.

Durante el acto de presentación de la Memoria 2011, el presidente del TSJ de Madrid ha puesto también de manifiesto el trabajo que se viene realizando en colaboración con la Comunidad de Madrid en el ámbito de las competencias de la Comisión Mixta. Fruto de esta estrecha colaboración se ha articulado el plan de choque para la formación de los funcionarios interinos o la constitución de la Junta de Expurgo, entre otros proyectos.

Además, se ha impulsado la generalización de la firma electrónica y la sustitución definitiva de los Sistemas Libra y Minerva por el Sistema de Gestión Procesal propio de la Comunidad de Madrid, en la que ha sido una eficaz apuesta para la normalización y mejora del sistema informático de las sedes judiciales.

Todos los datos referentes a la Memoria 2011 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid pueden consultarse tanto en el Resumen para Medios que acompaña esta información como en la propia Memoria Anual incluida a pie de página en archivo adjunto.

Convocatoria del I Premio Iberoamericano de Igualdad, Cortes de Cádiz

Consejo General del Poder Judicial (España). Comisión de Igualdad — 2011-11-11 00:00:00.0

El Consejo General del Poder Judicial y el Ayuntamiento de Cádiz han creado el “Premio Iberoamericano de Igualdad, Cortes de Cádiz”. El galardón reconocerá públicamente aquellas personas, instituciones y entidades que se hayan distinguido por su labor en la defensa y promoción de la igualdad y que hayan contribuido con su trayectoria a la dignificación del papel de las mujeres.

El premio tiene carácter anual y ha sido creado con motivo de los actos que Cádiz organiza como Capital Iberoamericana de la Cultura 2012 y para conmemorar el Bicentenario de la Constitución de 1812.

Podrán concurrir al “Premio Iberoamericano de Igualdad, Cortes de Cádiz”, aquellos trabajos o iniciativas que aborden temas relacionados con la Igualdad en cualquiera de sus aspectos: investigación, violencia de género, políticas transversales, lenguaje sexista, desarrollo de programas concretos que fomenten la eliminación de barreras por razones de género, etc.

El Premio está dotado de 12.000 euros. Los trabajos podrán presentarse hasta las 12.00 horas del 30 de diciembre de 2011. El fallo del jurado se dará a conocer antes del 19 de marzo de 2012.

Las bases para participar se pueden consultar en http://www.premioscortesdecadiz.es/index-php/igualdad

La Oficina Judicial de Durango, premio a una justicia más transparente

2012-11-26 15:02:17.0

Durango es un partido judicial con 120.000 habitantes. La Oficina Judicial implantada en noviembre de 2011 ha supuesto todo un revulsivo del sistema tradicional de trabajo. La nueva organización ha supuesto un impulso a la labor de coordinación en materia de recursos humanos.

El premio, a una Justicia más transparente, reconoce el esfuerzo desplegado en este partido judicial, así como la labor de apoyo del Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco y del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Acceso al vídeo.

Destino de los 186 nuevos jueces incorporados a la Carrera Judicial

2012-02-22 15:33:09.0

Más de seis de cada diez nuevos jueves (65 por ciento) son mujeres. El perfil del nuevo juez que ha accedido a la Carrera Judicial es de una persona con alrededor de los 30 años que ha empleado para preparar y aprobar la oposición una media de cuatro años y dos meses, lo que supone una reducción de un año frente al curso anterior, que fue de cinco años y tres meses.

La distribución territorial de destinos de la 62 Promoción es la siguiente: Cataluña, donde irán destinados 44 nuevos jueces; Andalucía, con 37; Comunidad Valenciana, con 17; Canarias, con 14; Galicia, con 14; Castilla-La Mancha, con 11; Madrid y País Vasco, con 9 cada una; Murcia, con 8; Extremadura, con 6; Baleares y Castilla y León, con 5 cada una, Aragón, con 3 y Cantabria, con 4.

En el documento adjunto se especifica el nombre y el destino de cada uno de estos 186 nuevos jueces que constituyen la 62 Promoción de la Carrera Judicial.

La número 1 de la Promoción, Patricia Marqués Fernández, desempeñará sus funciones de jueza en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción único de Puebla de Sanabria (Zamora).

Más de un 90 por ciento de los jueces y de las juezas de la promoción tienen conocimientos de Informática, y un 93 por ciento asegura conocer el idioma inglés, mientras que un 26 por ciento dice tener conocimientos del idioma francés. En cuanto a idiomas cooficiales, 23 jueces saben catalán, 18, valenciano, otros 17, gallego, y 1, euskera.

Más de un 82 por ciento no tiene ningún familiar en el ámbito de las profesiones jurídicas.

Sesión plenaria del Consejo General del Poder Judicial

2012-11-15 09:51:22.0

ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN PLENARIA DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012, A LAS 9:30 HORAS.

CAPITULO I

ASUNTOS GENERALES

I-1º.- Aprobación, en su caso, del acta de la sesión plenaria ordinaria del día 24 de octubre del año 2012.

I-2º.- Dación de cuenta del cumplimiento de acuerdos.

I-3º.- Informes de las Comisiones y Vocalías.

I-4º.- Propuesta de la Comisión de Calificación para provisión de una plaza de Magistrado/a de la Sala Tercera delTribunal Supremo correspondiente al turno de especialistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por nombramiento para otro cargo de su titular D. Juan José Gonzalez Rivas.

I-5º.- Propuesta de la Comisión de Calificación para provisión de un puesto de Jefe/a de Sección de Régimen Disciplinario, vacante en los Órganos Técnicos del Consejo General del Poder Judicial.

I-6º.- Propuesta de la Comisión de Calificación para la designación del Excmo. Sr. D. Jesús Gullón Rodríguez, Presidente de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, para el cargo de Vocal del Jurado del Premio “Rafael Martínez Emperador” del Consejo General del Poder Judicial correspondiente a 2012 (vigésimo sexta edición), en sustitución del Vocal anteriormente designado, Excmo. Sr. D. Gonzalo Moliner Tamborero, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.

I-7º.- Propuesta del Presidente del Consejo General del Poder Judicial sobre renovación de las Vocalías Delegadas del Consejo General del Poder Judicial.

I-8º.- Propuesta de la Comisión Permanente (II-1, de 23 de octubre de 2012) para, si procede, aprobar la propuesta de la Comisión Presupuestaria del Consejo General del Poder Judicial, para la concesión de gratificaciones, con cargo al concepto 151 de los Programas 111M y 111O del Presupuesto vigente de este Consejo, por la realización de servicios extraordinarios, al personal de seguridad del Ministerio del Interior que presta sus servicios en este Consejo, por un importe global de CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (118.898,10 €), de los que 102.631,02 son del Programa 111M y 16.267,08 del Programa 111O.

I-9º.- Propuesta de la Comisión Permanente (II-4, de 30 de octubre de 2012) para, si procede, aprobar la suscripción de un Convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y la Asociación Gemme España, con la finalidad de colaborar en el impulso y desarrollo de la mediación en España

El presente Convenio será firmado, en representación del Consejo General del Poder Judicial, por el Sr. Presidente, o, en su caso, por la persona en quien expresamente delegue.

Asimismo, interesar la designación de los representantes del Consejo que participarán en la Comisión de Seguimiento del Convenio, prevista en la cláusula quinta del mismo.

I-10º.- Ratificación del acuerdo de la Comisión Permanente (II-18, de 30 de octubre de 2012), adoptado por razones de urgencia y en funciones de Pleno, al amparo de lo establecido en el artículo 57 del Reglamento 1/1986, de 22 de abril, de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, por el que se dispuso aprobar el Convenio de Colaboración entre la Generalitat Valenciana, el Consejo General del Poder Judicial, el Ayuntamiento de Valencia y los Colegios Oficiales de Abogados, Psicólogos, Diplomados en Trabajo Social y Educadores Sociales de Valencia, para la continuidad y desarrollo del Punto de Encuentro Familiar de Valencia.

El presente Convenio será firmado, en representación del Consejo General del Poder Judicial, por el Sr. Presidente, o, en su caso, por la persona en quien expresamente delegue.

Asimismo, interesar la designación del representante del Consejo que participará en la Comisión de Seguimiento del Convenio, prevista en la cláusula decimosexta del mismo.

I-11º.- Propuesta de la Comisión Disciplinaria para imponer a Dª. A. D. C., por su actuación como Jueza de Paz de Chimeneas (Granada), una sanción de un mes de suspensión de funciones por la comisión de una falta muy grave del artículo 417.14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales.

I-12º.- Propuesta de la Comisión de Estudios e Informes para, si procede, aprobar el Informe sobre el Régimen Jurídico aplicable a la interpretación y traducción de idiomas extranjeros en el proceso penal.

I-13º.- Propuesta de la Comisión de Estudios e Informes para, si procede, interesar del Ministerio de Justicia el otorgamiento de un plazo extraordinario de prórroga de treinta días, para la emisión del preceptivo informe al Anteproyecto de Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

I-14º.- Propuesta de la Comisión Presupuestaria para, si procede, convalidar el gasto por importe de ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (11.877,18-€), IVA incluido, correspondiente al suministro de dos equipos de electrónica de red (LAN) “CATALYS 3K-X 350W” con números de serie LIT154009SB y LIT154009UM, realizados por UNITRONICS COMUNICACIONES S.A., con cargo al concepto presupuestario 08.01.111M.620 del presupuesto de gastos del Consejo para 2012.

I-15º.- Propuesta de la Comisión Presupuestaria para, si procede, convalidar el gasto por importe de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS (1.495,23 €), IVA incluido, correspondiente a los servicios de traducción e interpretación necesarios al Consejo, prestados por la empresa SEPROTEC TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN S.L. durante el periodo comprendido entre el 2 de abril y el 30 de mayo de 2012, ambos inclusive, con cargo al presupuesto de gastos del Consejo para 2012, y con la siguiente distribución por aplicaciones presupuestarias:

Aplicaciones	2012
08.01.111M.227.06 Madrid	1.054,68 euros
08.01.111O.227.06 Barcelona	440,55 euros
TOTAL	1.495,23 euros

I-16º.- Propuesta de la Comisión de Modernización e Informática para, si procede aprobar el informe a la propuesta de resolución de la Directora de la Oficina Judicial y Fiscal del Departamento de Justicia y Administración Publica del Gobierno Vasco por la que se distribuye la jornada de trabajo y se fijan los horarios a través del calendario laboral para el año 2012 del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia radicado en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

I-17º.- Propuesta de la Comisión de Modernización e Informática para, si procede, aprobar el informe a la propuesta de Resolución por la cual se aprueba el calendario laboral del personal al servicio de la Administración de Justicia en Cataluña.

I-18º.- Propuesta de la Comisión de Modernización e Informática para, si procede, aprobar el informe al borrador de Resolución de la Dirección General de Administración de Justicia del Departamento de Presidencia y Justicia del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el calendario laboral para el año 2012 del personal funcionario de Administración de Justicia en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón.

I-19º.- Propuesta de la Comisión de Modernización e Informática para, si procede, aprobar el informe al proyecto de Resolución de la Dirección General de Justicia e Interior del Gobierno de Navarra, por la que se aprueba el calendario laboral y las vacaciones del año 2012 para el personal al servicio de la Administración de Justicia de Navarra.

I-20º.- Propuesta de la Comisión de Modernización e Informática para, si procede, aprobar el informe a la propuesta de Decreto del Gobierno Vasco de modificación de las Relaciones de Puestos de Trabajo de Getxo, Irún y Bergara.

I-21º.- Propuesta de la Comisión de Modernización e Informática para, si procede, aprobar el informe solicitado por el Gobierno Vasco de modificación de la Orden de 16 de septiembre de 2010 de la Consejera de Justicia y Administración Pública, sobre selección, propuesta y nombramiento del personal funcionario interino para cubrir puestos de trabajo de los Cuerpos de Médicos Forenses, Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial.

I-22º.- Propuesta de la Comisión de Escuela Judicial para, si procede, aprobar la propuesta definitiva de concesión y denegación de las ayudas para actividades de formación realizadas por miembros de la Carrera Judicial durante el año 2012, que se recoge en el Anexo III y IV de la presente propuesta.

I-23º.- Propuesta de D. Fernando de Rosa Torner, como Presidente de la Comisión Ejecutiva del Aula Iberoamericana para, si procede, aprobar la firma del Convenio de colaboración para 2012 con el Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, con las modificaciones que constan en el documento que se acompaña como anexo número 3, en el sentido de incluir entre los firmantes del convenio la Entidad Municipal Cádiz 2012 S.A.

I-24º.- Propuesta del Presidente de la Comisión Delegada para la Inspección Judicial para, si procede, sacar a concurso público una plaza de Inspector/a Delegad@, entre Magistrad@s, con experiencia en los juzgados de lo Penal y de Violencia sobre la Mujer, valorándose el conocimiento de idiomas y de lenguas autonómicas, así como de informática, para cubrir la vacante del Inspector Delegado D. Máximo Pozas Martín que causará baja en el Servicio de Inspección, por cumplimiento de los 10 años de servicio en el CGPJ.

I-25º.- Propuesta del Secretario General para decidir sobre la prórroga por un año, con efectos del día 4 de enero de 2013, del nombramiento de Dª. SILVIA ABELLA MAESO, para continuar prestando sus servicios en el mismo puesto de trabajo que actualmente ocupa, de conformidad con lo establecido en el artículo 146.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, manteniendo la situación de servicios especiales que ya tiene declarada.

I-26º.- Propuesta del Secretario General para decidir sobre la prórroga por un año, con efectos del día 4 de enero de 2013, del nombramiento de Dª. MARÍA ISABEL RODRIGUEZ ZULAICA, para continuar prestando sus servicios en el mismo puesto de trabajo que actualmente ocupa, de conformidad con lo establecido en el artículo 146.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, manteniendo la situación de servicios especiales que ya tiene declarada.

I-27º.- Propuesta del Secretario General para decidir sobre la prórroga por un año, con efectos del día 4 de enero de 2013, del nombramiento de Dª. MARÍA JOSÉ ORTÍZ RODRÍGUEZ, para continuar prestando sus servicios en el mismo puesto de trabajo que actualmente ocupa, de conformidad con lo establecido en el artículo 146.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, manteniendo la situación de servicios especiales que ya tiene declarada.

I-28º.- Propuesta del Secretario General para decidir sobre la prórroga por un año, con efectos del día 4 de enero de 2013, del nombramiento de D. GUSTAVO JAVIER LORCA PUERTA, para continuar prestando sus servicios en el mismo puesto de trabajo que actualmente ocupa, de conformidad con lo establecido en el artículo 146.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, manteniendo la situación de servicios especiales que ya tiene declarada.

I-29º.- Propuesta del Secretario General para decidir sobre la prórroga por un año, con efectos del día 4 de enero de 2013, del nombramiento de Dª. MARÍA DEL MAR GIMÉNEZ LÓPEZ, para continuar prestando sus servicios en el mismo puesto de trabajo que actualmente ocupa, de conformidad con lo establecido en el artículo 146.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, manteniendo la situación de servicios especiales que ya tiene declarada.

I-30º.- Propuesta del Secretario General para decidir sobre la prórroga por un año, con efectos del día 4 de enero de 2013, del nombramiento de Dª. SUSANA GARCÍA SANTA CECILIA, para continuar prestando sus servicios en el mismo puesto de trabajo que actualmente ocupa, de conformidad con lo establecido en el artículo 146.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, manteniendo la situación de servicios especiales que ya tiene declarada.

I-31º.- Propuesta del Secretario General para decidir sobre la prórroga por un año, con efectos del día 4 de enero de 2013, del nombramiento de Dª. MARÍA LOURDES DEL ROSAL ALONSO, para continuar prestando sus servicios en el mismo puesto de trabajo que actualmente ocupa, de conformidad con lo establecido en el artículo 146.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, manteniendo la situación de servicios especiales que ya tiene declarada.

I-32º.- Propuesta del Secretario General para decidir sobre la prórroga por un año, con efectos del día 4 de enero de 2013, del nombramiento de Dª ANA MARÍA CARRASCOSA MIGUEL, para continuar prestando sus servicios en el mismo puesto de trabajo que actualmente ocupa, de conformidad con lo establecido en el artículo 146.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, manteniendo la situación de servicios especiales que ya tiene declarada.

I-33º.- Propuesta del Secretario General para decidir sobre la prórroga por un año, con efectos del día 8 de enero de 2013, del nombramiento de D. JUAN CARLOS GARCÉS PÉREZ, para continuar prestando sus servicios como Jefe de Sección de Informática Judicial, de conformidad con lo establecido en el artículo 146.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, manteniendo la situación de servicios especiales que ya tiene declarada.

I-34º.- Propuesta del Secretario General para decidir sobre la prórroga por un año, con efectos del día 25 de enero de 2013, del nombramiento de Dª. MARÍA DE LOS ÁNGELES VELASCO GARCÍA, para continuar prestando sus servicios en el mismo puesto de trabajo que actualmente ocupa, de conformidad con lo establecido en el artículo 146.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, manteniendo la situación de servicios especiales que ya tiene declarada.

Relación de aspirantes que han superado el primer ejercicio de oposición a Jueces y Fiscales

2013-04-29 15:56:38.0

La Comisión de Selección prevista en el artículo 305 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial aprobó el 29 de abril la relación de los aspirantes que superaron el primer ejercicio de las oposiciones a Jueces y Fiscales y que había sido elevada por el Tribunal calificador.

El proceso selectivo ha sido convocado para la provisión de plazas de 35 alumnos de la Escuela Judicial y 15 alumnos del Centro de Estudios Jurídicos.

El Tribunal calificador fijó en 74 puntos sobre 100 la nota de corte del test celebrado el pasado domingo, 21 de abril, en el Tribunal Supremo.

El número de aspirantes que ha superado el primer ejercicio ascendió a un total de 265 personas, que se examinaran junto con las 163 personas dispensadas de dicho test.

El segundo ejercicio será realizado por dos tribunales calificadores y está convocado a partir del 13 de mayo a las 16:15h.

ACCESO al acuerdo del 29 de abril de la Comisión de Selección prevista en el artículo 305 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,, donde consta la relación de personas que han pasado el primer corte, los miembros de los tribunales calificadores que examinarán a los aspirantes en el segundo ejercicio y la distribución por tribunales.

Las denuncias por violencia de género crecieron un 3,4% en el tercer trimestre de 2012

2013-01-08 15:23:10.0

El Observatorio informa

En el tercer trimestre de 2012 se interpusieron 33.814 denuncias de violencia de género. Implica una media de 367 diarias.

Las denuncias crecieron un 3,4% respecto del anterior trimestre. Las renuncias al proceso cayeron un 1,3%.

Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer instruyeron 27.972 delitos de lesiones. Además, registraron 2.583 faltas de las que el 43% fueron vejaciones injustas.

Los Juzgados y Tribunales dictaron 11.013 sentencias. Más de seis de cada diez fueron condenatorias.

En España se interpusieron 33.814 denuncias por violencia de género en el tercer trimestre de 2012, lo que supone una media de más de 367 denuncias diarias, según la estadística difundida hoy por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, con sede en el Consejo General del Poder Judicial.

El número de denuncias registradas implican un aumento del 3,4% respecto de las denuncias presentadas en el anterior trimestre. A su vez, las renuncias de las víctimas a continuar con el proceso se redujeron un 1,3% al alcanzar los 4.155 casos.

El estudio está basado en los datos obtenidos de los 106 Juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer (JVM) existentes en nuestro país así como en los 355 juzgados con competencias compartidas.

El 73% de las denuncias fueron presentadas por la propia víctima (24.666 casos), frente al 11,7% derivado de parte de lesiones (3.961) y el 12,39% como resultado de la intervención policial directa (4.190). Sólo en el 1,28% de los casos los familiares presentaron denuncia (434). Las denuncias interpuestas por los servicios asistenciales suponen el 1,66% del total (563 casos).

En casi seis de cada diez casos la relación de pareja se mantenía en el momento de interponerse la denuncia (55,5%), mientras que en los otros cuatro casos la relación afectiva se había extinguido (45,5%). Esta tendencia se mantiene estable respecto a trimestres anteriores.

En el tercer trimestre de 2012 se registraron 4.155 renuncias a la continuación del proceso en fase de instrucción, frente a las 4.288 producidas en el trimestre anterior. Esto implica una disminución del 1,3%. La relación entre renuncias y denuncias cae, por lo tanto, a 12,29 renuncias por cada 100 denuncias respecto del anterior trimestre, cuando se registraron 13 renuncias por cada 100 denuncias.

El 36% de las mujeres que denunciaron eran extranjeras, por lo que persiste la sobrerrepresentación de este colectivo en este tipo de violencias ya que suponen el 24% de la población femenina en España. También es elevado este porcentaje en el caso de las renuncias al proceso (el 40% de las renuncias fueron realizadas por mujeres extranjeras).

Delitos y faltas instruidas

Casi ocho de cada diez delitos instruidos en España fueron por lesiones. En total se produjeron 27.972 casos de lesiones, lo que supone el 78,4% de los delitos instruidos en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, que son los órganos judiciales que instruyen estas violencias.

El detalle de los delitos de lesiones fue el siguiente: se instruyeron 22.903 agresiones que no precisaron de tratamiento médico y que están penados en el artículo 153 del Código Penal (64,2% del total de delitos); otros 4.135 casos fueron por maltrato habitual previsto en el artículo 173 del Código Penal (11,6% del total), y, por último, se instruyeron 934 delitos de lesiones que requirieron la intervención médica o quirúrgica y que están penados entre 2 y 5 años de cárcel (2,6% del total de delitos).

El segundo tipo de violencias más instruido fueron los delitos contra la libertad, como las coacciones y las amenazas (3.031 casos, 8,5% del total de delitos). En tercer lugar se sitúan los quebrantamientos de medidas y penas –prohibición de aproximarse a la víctima-, que supusieron el 4,8% de los delitos instruidos (1.687 casos). Por segundo trimestre consecutivo se detecta un descenso importante del número de quebrantamientos, ya que en el primer trimestre alcanzaron el 6,2% del total de delitos instruidos entonces (3.621 asuntos).

Por otro lado, se denunciaron 2.583 faltas. De ellas, 1.119 fueron por vejaciones injustas, lo que supone el 43% del total de faltas instruidas en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, y otros 1.116 casos fueron por injurias (43% del total).

Medidas cautelares

En el tercer trimestre de 2012 se solicitaron 9.031 órdenes de protección en los Juzgados de Violencia contra la Mujer, de las que fueron adoptadas 5.616 solicitudes, lo que supone el 62% de los casos. Se mantiene así la tendencia respecto a trimestres anteriores.

Además, en este periodo se adoptaron un total de 17.582 medidas penales derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares de seguridad y protección.

Al mismo tiempo, se dictaron 4.386 medidas civiles cautelares mientras se resolvía el proceso penal, por lo que persiste la baja proporción de medidas cautelares civiles respecto de las penales. La mayoría de estas medidas se referían a la prestación de alimentos (25%), atribución de vivienda (20%), suspensión de la guarda y custodia de los hijos (7%); suspensión del régimen de visitas (3,4%) y un 0,1% de casos de suspensión de la patria potestad mientras se tramita el proceso.

Sentencias

Los juzgados y tribunales dictaron 11.013 sentencias en el tercer trimestre de 2012. Más de seis de cada diez sentencias fueron condenatorias (62,2% y 6.852 sentencias). Casi cuatro de cada diez fueron absolutorias (37,78% y 4.161 sentencias en total). Se aprecia un ligero aumento de las condenas respecto a los trimestres anteriores, que alcanzaron el 61% en el segundo trimestre y el 57,76% en el primero.

Juzgados de Violencia sobre la Mujer

Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer dictaron un total de 4.689 sentencias, de las que el 79% fueron condenatorias.

El número total de asuntos penales ingresados en estos Juzgados ascendió a 45.928 casos en el tercer trimestre de 2012. Estos juzgados celebraron un total de 2.017 juicios de faltas, de los que el 52% fueron juicios rápidos.

Juzgados de lo Penal

A su vez, los Juzgados de lo Penal, que enjuician los delitos castigados con penas de hasta cinco años de cárcel, dictaron un total de 6.2381 sentencias con un 49,45% de sentencias condenatorias.

Los Juzgados de lo Penal ingresaron 6.914 casos. De ellos, más de la mitad se resolvieron por medio del juicio rápido (3.902 casos).

Audiencias Provinciales

Las Audiencia Provinciales, encargadas de enjuiciar los delitos que suponen penas privativas de libertad superior a cinco años, dictaron un total de 43 sentencias. De ellas, el 81,4% fueron sentencias condenatorias (35 sentencias) y el 18,6% absolutorias (8 sentencias).

Valoración de Inmaculada Montalbán, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Inmaculada Montalbán, califica como positivo el que el número de denuncias registradas haya aumentado en un 3,4% respecto del trimestre anterior y que, al mismo tiempo, haya disminuido en un 1,3% las renuncias de las víctimas a continuar con el proceso.

Montalbán alerta de la necesidad de intervenir ante los primeros síntomas de la violencia de género para frenar este fenómeno delictivo. A este respecto, destaca que, como se observa del informe estadístico, casi la mitad de los juicios de faltas celebrados en España fueron por vejaciones injustas. En su opinión, “las vejaciones injustas suelen ser el primer eslabón de la cadena de la violencia contra la mujer”. Frases tales como ‘cállate, tú no sabes nada’; ‘no vales para nada’ o ‘me haces la cena o no te doy dinero...’ son las primeras armas para denigrar a la mujer”.

A juicio de Montalbán, España es un país pionero en la lucha contra la violencia de género y estas cifras demuestran que las políticas en la lucha contra esta lacra adoptadas en la pasada década van por el buen camino. En la misma línea, Montalbán reitera la necesidad de mantener los recursos sociales existentes para ayudar a las víctimas y a sus hijos/as a salir de la violencia, a pesar del contexto de crisis económica como el actual.

Madrid, 8 de enero de 2013

NOTA ACLARATORIA:

El número total de denuncias interpuestas no coincide necesariamente con el número de mujeres que denuncian, toda vez que una misma mujer puede haber denunciado varias veces distintos hechos en el mismo trimestre y con independencia de que los procesos se puedan acumular posteriormente.

Esta nota de prensa se acompaña de los datos estadísticos del primer trimestre de 2012, disponibles además en la página del Observatorio en: http://www.observatoriocontralaviolenciadomesticaydegenero.es

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género es una institución creada en el año 2.002, cuya finalidad principal consiste en abordar el tratamiento de estas violencias desde la Administración de Justicia. Está integrado por el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Fiscalía General del Estado, las comunidades autónomas con competencias transferidas en Justicia y el Consejo General de la Abogacía Española.

Jornadas de Presidentes de Audiencias Provinciales de España

2012-10-22 18:03:12.0

Los 50 Presidentes de las Audiencias Provinciales se reúnen en Toledo en unas jornadas organizadas por el Consejo General del Poder Judicial y por la Audiencia Provincial de Toledo.

Durante el encuentro, se abordan entre otros asuntos la propuesta del Estatuto de las Presidencias de las Audiencias Provinciales, la forma de mejorar la Administración de Justicia tendiendo hacia unos estándares de calidad, o propuestas procesales en materias civil y penal en el ámbito de las Audiencias.

Las jornadas fueron inauguradas el 22 de octubre por el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner Tamborero. Estuvieron presentes el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco Rodríguez, el presidente de la Audiencia Provincial de Toledo, Manuel Gutiérrez Sánchez- Caro, el vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa Torner, la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, y vocales del CGPJ, entre otras autoridades judiciales.

También asistieron la presidenta de Castilla- La Mancha, María Dolores Cospedal y el presidente de las Cortes regionales, Vicente Tirado.

Propuesta de candidatos a presidir la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional

2012-02-15 18:06:14.0

La Comisión de Calificacióndel Consejo General del Poder Judicial ha entrevistado el 15 de febrero a todos los candidatos que, con demostrado mérito y capacidad, se han presentado asumir diversas responsabilidades en el ámbito de la Administración de Justicia.

Tras las entrevistas, la Comisión ha aprobado por unanimidad unas ternas para cada una de esas responsabilidades. Estas propuestas se elevan al Pleno del órgano colegiado para adoptar la selección definitiva, como así dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Magistrados candidatos para la Sala Segunda del Tribunal Supremo: María Luisa Corcoy Bidasolo, Antonio del Moral García y Gonzalo Quintero Olivares.
Magistrados candidatos para presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional: Javier Gómez Bermúdez, Fernando Grande-Marlaska Gómez y María Teresa Palacios Criado.
Magistrados candidatos a presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón: Javier Albar García, Juan Carlos Zapata Híjar y María Isabel Zarzuela Ballester.

Se adjunta nota de prensa.

Datos sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales en el tercer trimestre de 2012

2012-12-27 10:15:07.0

En el tercer trimestre de 2012 se presentaron en los juzgado de lo mercantil un total de 2.306 concursos, un 26,7% más que en el mismo trimestre de 2011, según el informe Datos sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales en el tercer trimestre del 2012.

El número de concursos declarados ha sido de 1.393, 213 se declararon concluidos por el art. 176 bis 4 LC, 303 alcanzaron la fase de convenio y 1.062 la fase de liquidación. Cataluña (507), la Comunidad de Madrid (343) y la Comunidad Valenciana (323) lideran el ranking de concursos presentados, seguidas por Andalucía (272) y País Vasco (140).

El número de demandas por despido ha alcanzado las 38.384, segundo valor más alto de la historia tras los 38.510 del primer trimestre de 2009, mostrando un incremento interanual del 34%. En Madrid, Cataluña y Andalucía se han superado las 6.000.

Las reclamaciones de cantidad (30.949) son inferiores en un 4,4% a las del tercer trimestre de 2011.

Los procedimientos monitorios presentados, 139.047, son un 39,4% más que los presentados en el tercer trimestre de 2011. Se ha roto la tendencia decreciente iniciada en el tercer trimestre de 2010, desde el cual todas las evoluciones interanuales han sido negativas.

El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en el trimestre, 19.324, un 30% superior al mismo trimestre de 2011.

En el informe se incluyen, asimismo, los lanzamientos acordados en los juzgados de primera instancia de toda España que ascendieron a 19.314 en el tercer trimestre de 2011.

A los efectos del estudio histórico, el informe incluye la evolución de los lanzamientos tramitados en los servicios comunes, una oficina judicial común a varios órganos judiciales que no está presente en toda España.

Las disoluciones matrimoniales han mostrado evoluciones interanuales decreciente. Sólo los divorcios no consensuados, 9.567 han representado un incremento del 0,8% respecto al tercer trimestre de 2012. Los divorcios consensuados, 13.777, se han reducido en un 3,1%; las separaciones consensuadas, 887, en un 13,1%; y las separaciones no consensuadas, 437, en un 4,2%.

Acceso al informe sobre el impacto de la crisis en los órganos judiciales en el tercer trimestre de 2011 elaborado por el Servicio de Estadística del CGPJ, así como las disoluciones matrimoniales registrada en ese mismo periodo.

El CGPJ manifiesta la necesidad de convocar oposiciones al menos con las plazas que resulten desiertas en la actual convocatoria

2012-04-19 16:58:51.0

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha analizado el impacto de la actual situación económica en la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la carrera judicial.

El CGPJ considera que una Administración de Justicia ágil, profesional y bien formada es un elemento esencial para una pronta y justa salida a la crisis económica.

La consecución de esa Justicia ágil y eficaz se verá favorecida por la convocatoria de oposiciones que permita la incorporación de nuevos profesionales a la carrera judicial y cuyo trabajo y esfuerzo alientan la seguridad jurídica y la inversión económica.

Aun en la difícil situación económica en que nos encontramos y precisamente por ello, dentro de la más estricta responsabilidad y solidaridad con los poderes públicos y con la sociedad española, el Consejo quiere ofrecer toda su colaboración para remover los obstáculos que pudieran existir.

Por ello, en el marco de las disponibilidades presupuestarias, estima necesario señalar que actualmente se están desarrollando los exámenes de la convocatoria realizada en 2011 y en los que previsiblemente pudieran quedar vacantes un número indeterminado de plazas, cuya necesidad ha sido declarada por la Comisión de Selección compuesta por el Ministerio de Justicia, el propio consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, y en relación a las cuales ya existe la imprescindible disponibilidad presupuestaria.

Por todas estas razones, el Pleno acuerda poner de manifiesto al Gobierno de la Nación la necesidad de proceder al menos a la convocatoria de tantas plazas como resulten no cubiertas en la convocatoria en curso, encomendado a la Comisión de Selección la realización de las gestiones necesarias a tal efecto.

V Jornadas sobre Jurisdicción Militar

2011-12-01 00:00:00.0

Un total de 150 miembros del Cuerpo Jurídico Militar participaron en las V Jornadas sobre Jurisdicción Militar organizadas por la Sala 5ª del Tribunal Supremo. La inauguración corrió a cargo del subsecretario de Defensa y presidió la clausura el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.

Las jornadas se celebraron entre el 22 y el 24 de noviembre en la sede del Consejo General del Poder Judicial y contó con la colaboración del servicio de Formación Continua del Consejo.

La primera ponencia la expuso el presidente de la Sala, Ángel Calderón Cerezo, sobre la jurisprudencia penal de la Sala de lo Militar recaída durante el bienio 2009-2011. También se trató de las relaciones entre el Código Penal Militar y el Código Penal Común, tras la reciente reforma de este último llevada a cabo por la Ley Orgánica 5/2010.

Se presentaron a esta ponencia las siguientes comunicaciones que, al igual que aquélla, fueron objeto de debate:

El enjuiciamiento de la responsabilidad civil y contable en Delitos contra la Administración Militar. Compatibilidad de actuaciones y abstención del Tribunal penal.
El recurso de casación y los cambios calificatorios en el proceso penal militar.
El artículo 7 bis del Código Penal Militar. Los problemas derivados de su aplicación tras cuatro años de vigencia. Imperiosa necesidad de una reforma legislativa.
La aplicación de la nueva atenuante de dilaciones indebidas en el Código Penal Militar.
Tras el 23-F, la seguridad no operativa en Unidades y su responsabilidad: normativa y jurisprudencia sobre centinela, policía militar, agente de la autoridad y vigilante.

La segunda ponencia corrió a cargo de Javier Juliani Hernán, magistrado de la Sala de lo Militar del Supremo. Su intervención versó sobre la jurisprudencia Contencioso-Disciplinaria recaída entre los años 2009 y 2011. La exposición se refirió a la libertad de expresión de los militares; la infracción disciplinaria por consumo habitual de drogas; la resolución del compromiso con las Fuerzas Armadas (FAS) como consecuencia de la comisión de falta disciplinaria extraordinaria; la recusación de autoridad disciplinaria y de vocales no togados de los Tribunales militares y de la caducidad de los procedimientos disciplinarios.

Régimen disciplinario

La tercera ponencia fue expuesta por Fernando Pignatelli Meca, también magistrado de la Sala de lo Militar del Supremo. Se ocupó de los problemas puntuales de aplicación del Régimen Disciplinario de las FAS con especial referencia a la debida motivación de las decisiones sancionadoras y, de nuevo, sobre la resolución del compromiso temporal con las FAS.

En esta ponencia se presentaron comunicaciones referidas a:

La resolución del compromiso: sanción o consecuencia administrativa.
Incidencia de la Ley de la Carrera Militar en el régimen sancionador castrense: consecuencias de personal.

La cuarta ponencia, sobre el previsible nuevo régimen Disciplinario de los miembros de las FAS, la desarrolló el Asesor Jurídico General de la Defensa, General Consejero Togado José Luis Poyato Ariza, sobre la base del Proyecto de Ley publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (Congreso de lo Diputados) Núm. 129-1 de fecha 10 de junio de 2011, hoy caducado.

Se presentaron comunicaciones centradas en:

Las Faltas leves.
Las Reglas de Enfrentamiento en el nuevo régimen Disciplinario de las FAS.

De la quinta ponencia fue responsable Francisco Menchén Herreros, magistrado de la Sala, que trató sobre la problemática puntual de aplicación del régimen Disciplinario en el ámbito de la guardia Civil, tras cuatro años de vigencia de la LO 12/2007.

Derechos y deberes

La sexta ponencia, a cargo del magistrado de la Sala José Luis Calvo Cabello, estuvo dedicada a la exposición de aspectos concretos de la LO 9/2011, de 27 de julio, sobre derechos y deberes de los miembros de las FAS.

Contó con una comunicación bajo el título:

Apuntes de Derecho Comparado Continental en torno al ejercicio de derechos fundamentales por los militares.

Medio centenar de magistrados de Asturias, Cantabria y Castilla y León participan en Salamanca en las ‘Jornadas de Derecho Orgánico’

2012-06-08 16:09:22.0

Medio centenar de jueces y magistrados destinados en Asturias, Cantabria y Castilla y León han participado durante tres días en Salamanca en las ‘Jornadas de Derecho Orgánico Judicial’.

Organizadas por los tres Tribunales Superiores de Justicia con motivo del encuentro interterritorial de Formación que tiene lugar cada año en una de las tres comunidades, forman parte del programa anual de formación del Consejo General del Poder Judicial.

En esta ocasión, los asistentes no han debatido sobre Derecho material, sino que lo han hecho sobre diferentes aspectos relacionados con su profesión. El nuevo reglamento de la carrera judicial ha sido objeto de distintas ponencias, que han analizado aspectos tales como la conciliación de la vida personal y laboral del juez, o el régimen de licencias y permisos.

En el encuentro han estado presentes los vocales del Consejo General del Poder Judicial Gema Gallego y Miguel Collado, así como la vocal Almudena Lastra, que inauguró el encuentro con una intervención sobre la ‘Doctrina de la Comisión Permanente del CGPJ a la luz del nuevo reglamento de carrera judicial’.

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, César Tolosa, intervino en las jornadas para hablar de la nueva regulación del recurso de amparo de los jueces ante el CGPJ. También dedicó parte de su tiempo al proyectado nuevo reglamento de quejas.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, dedicó unas palabras a ‘La coordinación en la actividad gubernativa’, mientras que la magistrada del TSJ de Cataluña y expresidenta de este órgano participó en las Jornadas para ofrecer una serie de ideas para la modernización del órgano de gobierno de los jueces.

ASOCIACIONISMO
Una mesa redonda sobre asociacionismo judicial reunió a magistrados representantes de las cuatro asociaciones judiciales españolas. Participaron en ella Jaime Anta, titular del Juzgado de Primera Instancia nº2 de Santander y representante de Francisco de Vitoria; Jesús Chamorro, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Asturias, de la Asociación Profesional de la Magistratura; José Ramón González Clavijo, presidente de la Audiencia Provincial de Salamanca, de la asociación Jueces para la Democracia; y José Antonio Vega Bravo, magistrado de la misma Audiencia Provincial, del Foro Judicial Independiente.

Cerraron el encuentro dos intervenciones sobre conciliación y permisos. Juan Martínez Moya, presidente del TSJ de Murcia, participó con una ponencia titulada ‘El impacto de la Ley de Igualdad en el derecho judicial; conciliación de la vida laboral y familiar’.

Por su parte, Ignacio Vidau Argüelles, presidente del TSJ de Asturias, dedicó su intervención a las ‘Licencias y permisos en el nuevo Reglamento 2/2011, de la carrera judicial’.

La Permanente del CGPJ apoya al Tribunal del 'caso Marta'

Comunicación Poder Judicial — 2012-01-16 11:59:36.0

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en reunión extraordinaria bajo la presidencia de Carlos Dívar y con la asistencia los vocales Manuel Almenar, Antonio Dorado, Almudena Lastra y Margarita Robles, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Expresar su apoyo a la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla -Tribunal del caso Marta del Castillo-, cuya reciente sentencia ha sido dictada en pleno ejercicio de la independencia, imparcialidad y neutralidad que caracterizan la labor jurisdiccional, principios que son pilares en un Estado de Derecho.

La discrepancia y la crítica forman parte esencial de una sociedad democrática, pero éstas no pueden servir de cobertura para valoraciones peyorativas y comentarios que atentan contra la honorabilidad del Tribunal y de la Justicia española y que suponen una extralimitación del derecho a la crítica de las resoluciones judiciales.

Contra esta sentencia cabe recurso a una instancia superior. El Consejo recuerda que el ejercicio democrático de la crítica implica el respeto a las resoluciones judiciales y a los procedimientos.

Madrid, 16 de enero de 2012

La Comisión Permanente del CGPJ admite a trámite la solicitud de amparo del Juez de Nules

2012-07-03 18:56:36.0

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión ordinaria del 2 de julio de 2012, ha adoptado el siguiente acuerdo:

"Vista la solicitud deducida por D. Jacobo Pin Godos, titular del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Número Uno de los de Nules (Castellón), del amparo previsto en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ante el contenido de los pronunciamientos de la Audiencia Provincial de Castellón en relación con las Diligencias Previas/Procedimiento Abreviado 99/2011, la Comisión Permanente, de conformidad con lo previsto en los artículos 321 y concordantes del Reglamento 2/2011, de 28 de abril, de la Carrera Judicial, acuerda admitir a trámite dicha solicitud, a fin de verificar, con carácter previo a cualquier otra decisión, el estado de firmeza de las resoluciones en que se fundamenta la petición deducida, lo que deberá efectuarse mediante solicitud de la oportuna certificación a la Secretaría de la mencionada Audiencia".

Dicho acuerdo se adopta sin entrar a valorar en ningún caso la actividad jurisdiccional.

Madrid, 3 de julio de 2012.

El CGPJ suspende su asistencia a la Cumbre Judicial Iberoamericana de Buenos Aires

2012-04-19 15:30:42.0

Acceso al vídeo relacionado

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en ejercicio de sus funciones como órgano constitucional de gobierno del poder judicial, manifiesta que las recientes decisiones adoptadas por el Gobierno de la nación argentina “crean un contexto que hace imposible la participación con normalidad de la delegación española en la sesión plenaria de la XVI Cumbre Judicial Iberoamericana y demás actos conexos que va a celebrarse en la ciudad de Buenos Aires durante la próxima semana”.

En una nota de prensa difundida hoy, el CGPJ lamenta “profundamente habernos visto abocados a tomar esta decisión, y ratificamos nuestra voluntad de continuar trabajando plenamente en el marco de la Cumbre Judicial Iberoamericana para el fortalecimiento e independencia de los poderes judiciales de la comunidad iberoamericana de naciones”.

Se adjunta la nota de prensa del CGPJ difundida hoy.

Qué es la Cumbre Judicial Iberoamericana

La Cumbre Judicial Iberoamericana consiste en una organización que vertebra la cooperación y concertación entre los responsables de los Poderes Judiciales de los veintitrés países de la comunidad iberoamericana, incluyendo a Andorra, Portugal y España.

Abarca, por lo tanto, a más de 600 millones de habitantes y a 37 instituciones. El Consejo General del Poder Judicial ocupa la Secretaría Permanente.

Los objetivos de la Cumbre Judicial Iberoamericana son: estrechar las relaciones internacionales entre los poderes judiciales; fortalecer la seguridad jurídica; unificación de sistemas judiciales; colaboración en red entre Jueces y Magistrados y, por último, la modernización de las administraciones de justicia iberoamericanas.

La Cumbre Judicial Iberoamericana se convoca aproximadamente cada dos años: en este año se celebra la XVI Edición entre los días 25 a 27 de abril.

Al mismo tiempo, también se celebra la IV Feria de Justicia y Tecnología donde se presentan los proyectos y avances tecnológicos en el ámbito de la administración de Justicia.

El Plan de Igualdad de la Carrera Judicial promueve el acceso de las juezas a los puestos de responsabilidad de la Administración de Justicia

2013-02-14 17:15:36.0

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó, en su sesión del 14 de febrero, el Plan de Igualdad de la Carrera Judicial. Dicho plan diseña las líneas estratégicas para alcanzar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres que ejercen como jueces y juezas en España en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Las mujeres representan prácticamente la mitad de los miembros de la Carrera Judicial, en concreto el 50,23%. Sin embargo, pocas de ellas alcanzan los puestos de máxima responsabilidad en la Administración de Justicia. Así, el 11,3% de los magistrados del Tribunal Supremo son mujeres. A su vez, sólo hay una presidenta de Tribunal Superior de Justicia, la de la Comunidad Valenciana, cuya presencia representa el 5,8% del total de presidencias de TSJ. Mientras, las mujeres suponen el 20,4% de las presidencias de las Audiencias Provinciales.

El Plan de Igualdad buscar remover los obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier tipo de discriminación en el acceso al empleo público y el desarrollo de la carrera profesional, al tiempo que establece estrategias para superar estas trabas.

El Plan de Igualdad define once ejes estratégicos de actuación del CGPJ en materia de Igualdad:

Acceso a la Carrera Judicial
Promoción profesional de la Carrera Judicial
Formación Profesional y sensibilización
Conciliación
Seguridad y Salud en el Trabajo
Lenguaje no sexista
Retribuciones
Actuación inspectora
Relaciones internacionales
Nuevas tecnologías
Información y Participación

ACCESO al Plan de Igualdad aprobado por el pleno del CGPJ en su sesión del 14 de febrero.

Nombrados dos nuevos magistrados del Supremo y los presidentes de las Audiencias de Cuenca y Lleida

Comunicación Poder Judicial — 2011-12-16 00:00:00.0

NOMBRADOS DOS NUEVOS MAGISTRADOS PARA LA SALA PRIMERA DEL TRIBUNAL SUPREMO

El Consejo General del Poder Judicial, en su sesión plenaria de hoy, ha nombrado dos nuevos Magistrados para la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo.

Para cubrir la vacante producida por fallecimiento de Vicente Montes, el Pleno del CGPJ ha nombrado a Francisco Javier Orduña Moreno, quien ha obtenido 15 votos. Para cubrir la vacante producida por jubilación de Xavier O’Callaghan, el Consejo ha nombrado al magistrado Ignacio Sancho Gargallo, quien ha obtenido 14 votos.

El Pleno, por otra parte, ha nombrado Presidente de la Audiencia Provincial de Cuenca al magistrado José Eduardo Martínez Mediavilla, quien ha obtenido 11 votos. En el cargo de Presidente de la Audiencia Provincial de Lleida ha sido reelegido el magistrado Francisco Segura Sancho, quien ha obtenido 18 votos.

El Pleno del CGPJ ha nombrado al magistrado Manuel López Agulló como Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede de Málaga) y al magistrado Emilio Molins García-Atance como nuevo Magistrado de la sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

Finalmente, y tras producirse las cuatro votaciones previstas reglamentariamente, no ha sido posible efectuar el nombramiento de Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo, al no obtener ningún candidato el mínimo de trece votos exigidos legalmente. La propuesta de nombramiento ha sido devuelta a la Comisión de Calificación.

El Consejo de Europa y la Fundación Ana Bella, premios del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género en la edición 2012

2012-10-17 13:03:54.0

El Observatorio informa

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género ha concedido el VIII Premio del Observatorio a la labor más destacada en la erradicación de la violencia doméstica y de género al Consejo de Europa y a la Fundación Ana Bella. Coincide con el X Aniversario de este Observatorio.

La entrega del VIII Premio se celebrará el próximo día 23 de octubre, a las 19 horas, en el Salón de Actos del Consejo General del Poder Judicial. Los galardones serán recogidos por el Secretario General del Consejo de Europa, Thorbjorn Jagland, y por ANA BELLA ESTÉVEZ.

La ceremonia estará presidida por Gonzalo Moliner, presidente del Consejo General del Poder Judicial, con la asistencia de Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia; Juan Manuel Moreno Bonilla, Secretario de Estado de Igualdad; Eduardo Torres-Dulce, Fiscal General del Estado; Guillermo Martínez Suárez, Consejero de Presidencia del Principado de Asturias; Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía, e Inmaculada Montalbán, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

Las instituciones que componen el Observatorio, en su sesión del 2 de julio, acordaron conceder el VIII Premio del Observatorio por los siguientes motivos:

CONSEJO DE EUROPA

Por haber conseguido el Primer Convenio vinculante sobre la prevención y lucha frente a la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. El conocido como Convenio de Estambul (nº 210), de 11 de mayo de 2011, ha sido ya firmado por 23 países miembros del Consejo.
Por trabajar para el establecimiento de legally binding standards for all forms of violencenormas jurídicamente vinculantes contra todas las formas de violencia sobre las mujeres y violencia doméstica.against women and domestic violence.
Por reconocer que la realización de la igualdad entre mujeres y hombres es un elemento clave en la prevención de la violencia contra la mujer.
Por reconocer que este tipo de violencia es de carácter estructural, ya que supone un mecanismo social por el que se mantiene a las mujeres en una posición de subordinación respecto al hombre, abarca la violencia doméstica y de género y recoge los matrimonios forzados, el acoso en todas sus manifestaciones, la violencia sexual, la mutilación genital femenina, el aborto forzado y la esterilización obligada, los crímenes de honor y obliga a los Estados a introducir normas que sancionen todos estos hechos y reparen a las víctimas.
La Convención recoge y reconoce instrumentos y herramientas que en España se está implementando. Esto supone una inspiración y estímulo para muchos países y una esperanza de una Europa comprometida contra la violencia de género.

“The new Gender Equality Commission is expected to play a key role in supporting the Council of Europe to assess the needs and identify ways to remove the obstacles to implementation of its standards in the field of gender equality.Por todos estos motivos, consideramos que el Consejo de Europa y su Comisión de Igualdad juegan un papel clave en la eliminación de los obstáculos para la aplicación de las normas en el ámbito de la igualdad de género y en la erradicación de la violencia de género”.

FUNDACIÓN ANA BELLA

Ana Bella Estévez escapó de su casa con sus 4 hijos/as tras sufrir maltratos físicos y psicológicos durante 11 años. Esedía decidió tomar el control de su vida. Recibió ayuda en una casa de acogida y sintió el poderoso sentimiento de haber sobrevivido a la violencia de género. Su experiencia le ha servido para empoderarse: ha creado una fundación que lleva su nombre y trabaja para que su testimonio sirva a otras mujeres.

"La primera mujer que acogimos se quedó en mi casa. Ahora Leticia ayuda a otras mujeres que a veces se alojan en su casa y a la vez estas mujeres ayudan a otras y ese es el milagro de la Fundación Ana Bella, mujeres que hemos superado la violencia ayudamos a otras mujeres a empezar una vida positiva. La Fundación Ana Bella es una amiga para aquellas mujeres que carecen de red social de apoyo debido a la exclusión y al maltrato. "

Ana Bella ha querido cambiar la imagen pública de las mujeres maltratadas, de víctimas a supervivientes, poniendo en valor todas las capacidades y habilidades de estas mujeres para resistir a la violencia y a la vez ser capaces de amar, perdonar, sobreponerse, empujar al cambio, empoderarse y construir una nueva sociedad más igualitaria, libre de violencia contra las mujeres.

La Fundación es, por tanto, una organización sin ánimo de lucro formada por mujeres que han superado la violencia de género en positivo y que pretende VISIBILIZAR y prestar apoyo integral de forma eficaz a mujeres en riesgo de exclusión: víctimas de violencia de género, inmigrantes y madres en situación de pobreza.

Respecto al trabajo realizado por Ana Bella, hay que destacar algunos datos tan importantes como el que en el último año, la Fundación ha ayudado a más de 1.200 mujeres y que un 1% de ellas se involucra activamente en la red de apoyo generando un efecto multiplicador, alcanzando así a casi 5.000 mujeres anualmente en todo el mundo.

“Por su valentía, por su compromiso con el resto de mujeres, por su capacidad para tejer redes que coadyuven a una sociedad más igualitaria y por su total entrega a la lucha contra la violencia de género el Observatorio considera que es digna merecedora del Premio 2012”.

Madrid, 17 de octubre de 2012

Instrumentos prácticos para una mejora del Servicio Público de la Justicia: Mediación, argumentación jurídica y lenguaje jurídico

2012-03-16 15:27:22.0

Un total de 40 jueces y magistrados participarán en Madrid en un curso de Formación Continua sobre "Instrumentos prácticos de ayuda a la jurisdicción para una mejora del Servicio Público de la Justicia: Mediación; argumentación jurídica, lenguaje jurídico, ética y deontología profesional". El curso se desarrolla entre el 20 y el 23 de marzo.

La optimización de recursos constituye la piedra angular en la sostenibilidad del sistema, en especial en estos tiempos de crisis económica. La Administración de Justicia, como tercer poder del Estado, no puede resultar ajena a este hecho incuestionable y ha de gestionar su modelo judicial incorporando los mecanismos externos, que de forma racional y eficiente contribuyan a la mejora del servicio público, sin merma del derecho constitucional a una tutela judicial efectiva.

El Servicio de Formación Continua impulsa el curso con estos objetivos. Sin duda, las soluciones extrajudiciales del conflicto, la adaptación del lenguaje jurídico a la realidad contemporánea, la leal intervención en el proceso de los diversos operadores jurídicos y la adecuada gestión de los tiempos procesales, contribuirán a una justicia más real, más eficaz, y en fin, más satisfactoria, acorde con el mandato constitucional.

Se adjunta el programa del curso.

Juzgados que ofrecen Mediación

La Mediación es un cauce complementario de solución de conflictos mediante el cual un ‘tercero’ neutral e imparcial, ayuda a dos o más personas a comprender el origen de sus diferencias, a conocer las causas y consecuencias de lo ocurrido, a confrontar sus visiones y a encontrar soluciones para resolver aquéllas.

La página web del Poder Judicial contiene una sección dedicada a la Mediación. Allí se localizan los juzgados que ofrecen Mediación Civil, Penal, Social y Familiar.

También se ofrece el contacto con los servicios de mediación existentes, así como los servicios, publicaciones, normativas y jurisprudencia.

Ruiz-Gallardón devuelve el 'Gran Collar de la Justicia' al Tribunal Supremo, tras 73 años de custodia por el Ejecutivo

Comunicación Poder Judicial — 2012-01-30 14:36:33.0

El ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, ha devuelto el Gran Collar de la Justicia al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, después de 73 años “de custodia” por parte del Ministerio.

El acto se celebró el día 30, en la sede del Alto Tribunal, en presencia de la Sala de Gobierno del Supremo.

El Gran Collar de la Justicia es el distintivo del presidente del Supremo y fue fabricado en 1844 por orden de la Reina Isabel II como prueba del respeto que le merecía la magistratura española.

La monarca estableció que se hiciera un gran collar de oro esmaltado con los emblemas de la Monarquía y los atributos de la Justicia, del cual debía pender la medalla que usa la Magistratura y que dicha insignia fuese desde entonces el distintivo del presidente del Tribunal Supremo al vestir la toga en los actos solmenes y oficiales.

El primer presidente del Alto Tribunal español en portar el Gran Collar de la Justicia fue Nicolás María Garbelly, en la apertura de tribunales de 1845.

Durante la guerra civil, el Gran Collar siguió al Tribunal Supremo de la República a las sedes provisionales de Valencia y Barcelona, hasta el final de la contienda. Desde 1939 permanecía en manos del Ministerio de Justicia. La Dirección General de Registros, dependiente de la cartera de Justicia, fue la responsable desde entonces de custodiar el Collar y guardarlo en su caja fuerte.

Desde hace 73 años, en septiembre de cada año, el Gran Collar de la Justicia ha sido trasladado al Tribunal Supremo –su casa natural- para que la persona que presidiera el solemne acto de apertura de tribunales lo utilizara. Después de cada acto, el Gran Collar era devuelto al Ministerio.

Lo que debía ser una excepción se convirtió en una costumbre que ha durado 73 años. Con la instauración de la democracia, la nueva Constitución estableció que la Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey. Con ese objeto, el pintor Ricardo Macarrón realizó un lienzo del Rey Don Juan Carlos en el que aparece togado llevando El Gran Collar de la Justicia, de la misma guisa que, desde 1982, preside el acto de apertura de tribunales.

El cuadro de Macarrón se encuentra en la actualidad en el despacho oficial del presidente del Supremo, conocido como La Rotonda. Precisamente en dicho despacho ha tenido lugar el acto de devolución del Gran Collar.

Hacía tiempo que el Alto Tribunal estaba haciendo gestiones ante el Ministerio de Justicia para que el Gran Collar de la Justicia fuera devuelto al Tribunal Supremo y, más concretamente, a la máxima autoridad de la Justicia española.

El gesto del ministro de Justicia, devolviendo el Gran Collar, entraña un gran acto simbólico ya que en este año se celebra el 200 Aniversario de la creación del Tribunal Supremo.

Curso sobre cláusulas abusivas y protección de consumidores

2013-02-05 10:27:41.0

El Servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial ha organizado, entre el 4 y el 6 de febrero, un curso dirigido a 40 Jueces y Magistrados de la jurisdicción Civil y que está destinado al estudio de las cláusulas abusivas y la protección de los consumidores.

El curso, que se celebra en el centro de formación de Madrid, tiene una especial referencia a los contratos suscritos en el ámbito financiero y bancario y que han sido firmados con los consumidores.

La directora del curso es Raquel Alastruey, magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia número 52 de Barcelona. El objetivo del curso es ofrecer instrumentos, metodologías y conocimientos que permitan una mayor protección del consumidor ante los conflictos que plantean los contratos que cada día suscriben los ciudadanos, con una especial referencia a la contratación bancaria.

Conferencia desde la Escuela Judicial: 'El Juez en el siglo XXI', por Gonzalo Moliner

2013-01-29 20:22:53.0

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Emisión en diferido de la conferencia

El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, pronunció el pasado 30 de enero una conferencia a los jueces en prácticas de la Escuela Judicial.

La conferencia se tituló "El Juez en el siglo XXI" y fue impartida en el salón de actos de la Escuela Judicial, situada en Barcelona. Asistieron, además, los vocales del CGPJ responsables del centro educativo.

Firmado el V Plan de actualización del Tribunal Supremo, con 1,5 millones de euros de presupuesto

2013-02-18 17:44:49.0

El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner Tamborero, y el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, suscribieron el 18 de febrero el Acuerdo entre el Ministerio de Justicia y dicho Tribunal para la puesta en marcha del V Plan de Actualización del Tribunal Supremo, previsto para el primer semestre del presente año.

Este acuerdo, que comenzó en 2006, parte del reconocimiento del Tribunal Supremo como cúspide de todos los órganos jurisdiccionales y tiene como objetivo proveer a las Salas del Tribunal Supremo y a su Gabinete Técnico de los medios necesarios para reducir los tiempos de resolución de las causas y disminuir el número de asuntos pendientes del Alto Tribunal.

El V plan de actualización del Tribunal Supremo cuenta con un presupuesto de 1,5 millones de euros, y supondrá el refuerzo de las distintas Salas del Alto Tribunal con 12 magistrados y 34 letrados.

Más de 300 juristas se reunirán en España en el I Congreso Bienal de Seguridad Jurídica y Democracia en Iberoamérica

2013-05-22 21:03:01.0

Más de 300 juristas de España e Iberoamérica se reunirán en Girona, entre el 3 y el 5 de junio de 2013, en el I Congreso Bienal de Seguridad Jurídica y Democracia en Iberoamérica.

El príncipe de Asturias y el ministro de Justicia participarán en la inauguración del Congreso, junto con el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo.

Está prevista la asistencia del secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, así como de Didier Opertti Bandan, ex presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Luiz Inácio Lula da Silva, ex presidente de Brasil, y José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente de España.

Entre las autoridades jurídicas participantes se encuentran Juan Antonio Xiol, presidente de la Sala I del Tribunal Supremo; César Eugenio San Martín, ex presidente de la Corte Suprema de Perú, y Roberto Monteiro, fiscal general de la República de Brasil.

El objetivo del Congreso será iniciar los trabajos de los juristas de toda Iberoamérica para definir y sistematizar en el futuro los indicadores con los cuales se pueda medir el grado de protección de la seguridad jurídica de las naciones.

El vocal del CGPJ Carles Cruz define la seguridad jurídica como “la garantía dada por el Estado al individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados o, si esto llegara a producirse, le serán asegurados por la sociedad”.

Así, explica, la seguridad jurídica está basada en la previsibilidad del ordenamiento jurídico; la garantía de que los cambios legales se produzca de acuerdo al sistema de normas imperantes del país, y la existencia de un poder judicial independiente encargado de interpretar el ordenamiento jurídico de forma motivada.

El director de la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona, Jordi Ferrer, destaca que el Congreso nace “con el objetivo de convertirse en el primer punto de encuentro global y permanente de todos los juristas iberoamericanos”

Los trabajos de este Congreso son preparatorios de la XVII Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana que se celebrará en abril de 2014 en Santiago de Chile bajo el título “Una Justicia de futuro".

Enlace al vídeo de la presentación del Congreso.

Enlace a la página web del I Congreso Bienal de Seguridad Jurídica y Democracia en Iberoamérica.

La cumbre judicial hispano-lusa reclama reformas: una justicia eficiente y un marco de seguridad jurídica son activos que favorecen la reactivación económica

2012-10-09 17:04:25.0

DECLARACIÓN CONJUNTA DEL CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA DE PORTUGAL Y CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DEL REINO DE ESPAÑA

El Conselho Superior da Magistratura de Portugal y el Consejo General del Poder Judicial del Reino de España, tras el VII Encuentro transfronterizo celebrado en Salamanca los días 8 y 9 de octubre de 2012, desean expresar su satisfacción por la realización de ésta y otras reuniones precedentes celebradas entre ambas Instituciones y por sus respectivos magistrados y jueces, que reafirman las cordiales relaciones existentes entre las magistraturas y los poderes judiciales de ambos países ibéricos y ponen de manifiesto la utilidad de los intercambios y puesta en común de problemas y desafíos que también son comunes.

Como fruto del Encuentro ambos Consejos aprueban la siguiente declaración:

1. En este intercambio se ha puesto de manifiesto que ambos países enfrentamos una crisis que no es solo financiera y que también afecta en mayor o menor medida a los demás países europeos, crisis que no podemos considerar transitoria, sino que marca un nuevo escenario económico, en el que una justicia eficiente y un marco de seguridad jurídica se revelan como un activo de primer orden para la reactivación económica.

2. Este nuevo escenario ha hecho si cabe más evidente la necesidad de acometer reformas en la organización y modo de actuar de la justicia, reformas que afectan entre otros aspectos al mapa judicial, a la estructura interna de los órganos judiciales, tecnificación de su funcionamiento, simplificación de los procesos o introducción de medios alternativos de resolución de conflictos.

3. El CSM portugués y el CGPJ español comparten su doble condición de miembros de la Red Europea de Consejos de Justicia y de la Cumbre Judicial Iberoamericana y han podido comprobar que las reformas judiciales y la planificación de la actividad de la justicia forman parte también de las agendas de ambos organismos en cuanto se trata de problemas comunes a los países que los integran.

4. Reafirmamos que por encima de la necesaria búsqueda de una mayor eficacia, la justicia ha de cumplir su función esencial de constituir la firme garantía de los derechos de los ciudadanos y que ha de trabajar para que sea así percibida por éstos, como requisito indispensable del Estado de Derecho. Por ello cualquier reforma ha de preservar y reafirmar los derechos fundamentales de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva.

5. En el ámbito relativo a la sustracción de menores, las partes han expuesto los problemas relativos a la restitución de los menores sustraídos, pasando revista a los instrumentos aplicables, deteniéndose de forma especial en los supuestos de denegación de la restitución por parte del país al que se haya desplazado el menor, haciendo votos por realizar una aplicación de aquellos que tenga por norte la defensa de los intereses de los menores, así como el reforzamiento de los instrumentos de comunicación directa entre jueces.

6. En el encuentro se analizó la dificultad que en ocasiones presenta la diferente normativa de los Estados de emisión y de ejecución en la utilización del Convenio 30, de 1959, del Consejo de Europa y el Convenio de asistencia judicial penal entre Estados miembros de la Unión Europea, en especial cuando resulta necesaria la utilización de medidas coercitivas personales y/o reales, dificultad que no está plenamente solventada por los instrumentos recientes de reconocimiento mutuo. En este sentido, la aprobación y posterior transposición de la orden europea de investigación permitiría superar muchas de estas dificultades.

7. Deseamos expresar y hacer constar nuestro agradecimiento a las instituciones salmantinas, en particular al Ilmo. Sr. Presidente de la Audiencia Provincial de Salamanca, por su eficaz apoyo para la realización del encuentro, y al Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, ciudad cuya historia comparten ambos pueblos, por su hospitalidad y cálido recibimiento.

Finalmente, conscientes de que las privilegiadas relaciones personales entre sus miembros, y la estrecha cooperación entre sus respectivas Instituciones, redundarán en beneficio de una mayor colaboración futura reafirman su voluntad de continuar realizando estos encuentros periódicos que consideran particularmente fructíferos.

Aprobado el estudio provisional sobre la medición de la carga de trabajo en Juzgados y Tribunales

2012-10-11 15:26:56.0

El CGPJ informa

APROBADO EL ESTUDIO PROVISIONAL SOBRE LA MEDICIÓN DE LA CARGA DE TRABAJO DE JUZGADOS Y TRIBUNALES

El Consejo General del Poder Judicial, en su sesión plenaria de hoy, ha aprobado con 19 votos a favor el Estudio provisional sobre la medición de la carga de trabajo de juzgados y tribunales.

Con este estudio se da inicio a la determinación de la carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales, que el art. 110.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su letra r) encomienda a este Consejo

Los datos que se contienen en este estudio se dirigen a establecer, como resultado final, la carga de entrada deseable de los diferentes tipos de órganos. Es, pues, una propuesta con la que en modo alguno se trata de establecer cifras de rendimiento de jueces y magistrados, ni determinación de objetivos a la que se refiere el art. 8.1 de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, los cuales quedaron anulados a todos los efectos en virtud de las sentencias dictadas en este sentido por la Sala 3ª del Tribunal Supremo.

Tras la aprobación de este estudio provisional, se inicia ahora el proceso para recoger las aportaciones y sugerencias tanto de los órganos de gobierno del poder judicial como de las asociaciones de jueces y magistrados.

Igualmente se tendrá en cuenta la aplicación experimental sobre la realidad así como el cumplimiento de las normas de homogeneización del registro, las reformas procesales y la repercusión que pueda tener la implantación de servicios comunes o el despliegue de la nueva oficina judicial sobre unos datos de cargas que, por su propia naturaleza, han de considerarse dinámicos y permanentemente adaptables a nuevas realidades.

Contra este Acuerdo han votado en contra los vocales Antonio Dorado y José Manuel Gómez Benítez, quienes han anunciado la formulación de un voto particular.

Por otra parte, ocho vocales han formulado voto particular concurrente, por entender que el estudio provisional aprobado debería de trasladarse, para audiencia, al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas, dado que la carga de trabajo que se evalúa no es sólo la del juez, sino que afecta igualmente a los secretarios judiciales y al resto del personal de la Administración de Justicia.

Madrid, 11 de octubre de 2012.

Manual de Buenas Prácticas Procesales en los registros de Murcia

2012-04-13 13:04:08.0

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS PROCESALES EN REGISTROS DE LA PROPIEDAD, MERCANTILES Y DE BIENES MUEBLES

La obra, que nace de un Protocolo de Colaboración del Tribunal Superior de Justicia de Murcia con el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles en esta comunidad autónoma, es una guía práctica con la que se pretende mejorar el actual régimen de comunicación entre Oficinas Judiciales y Registros, que surge del trabajo de un grupo de investigación formado por registradores, secretarios judiciales y un magistrado.

Los destinatarios, principalmente secretarios judiciales y registradores de la propiedad y mercantiles, y el resto de operadores jurídicos, encontraran en este documento un ensayo del modo normalizado en la ejecución de determinados actos de comunicación de actuaciones procesales en las que intervienen el órgano judicial con ocasión del libramiento del mandamiento de anotación de embargo, de la anotación preventiva, prórroga y cancelación, de la certificación de cargas y decretos de adjudicación, de las anotaciones preventivas de demanda y de algunos procedimientos de jurisdicción voluntaria como los expedientes de dominio y liberación de gravámenes.

El objetivo último de esta guía es desarrollar prácticas procesales que refuercen la seguridad jurídica y optimicen las vías de comunicación jurídica con los distintos operadores legales con los que se relacionan las Oficinas Judiciales.

Siguiendo las líneas marcadas en el proyecto que se anexó al Protocolo, las Conclusiones alcanzadas se centran en las siguientes materias:

Estado situación actual y experiencias tecnológicas de otras Comunidades Autónomas. Apartado donde después de analizar las distintas soluciones informáticas aplicables a las comunicaciones mixtas, el grupo de trabajo apuesta por el sistema Lexnet como régimen securizado de comunicación bidireccional de los Registros con las Oficinas Judiciales, tanto en la realización de actos de comunicación (remisión de todo tipo de mandamientos) como en el intercambio de documentación cuando ello fuera necesario.
Mandamientos de anotación de embargo al Registro de la Propiedad en la jurisdicción civil. Capítulo donde se abordan la distinta tipología de comunicaciones libradas a los Registros de la Propiedad:
Certificación de Cargas y Decretos de adjudicación.
Anotación preventiva de la demanda.
Los expedientes de dominio y el expediente de liberación de cargas y gravámenes.

Se completan los trabajos con unos Anexos que incluyen formularios normalizados y consensuados tanto de resolución procesal como de mandamientos y comunicación desde la Oficinas Judiciales a los Registros de la Propiedad: mandamiento de embargo, decretos de adjudicación y decreto de cancelación.

El Príncipe de Asturias preside en Barcelona la entrega de despachos a la LXIII promoción de la Carrera Judicial

2013-04-03 16:57:38.0

EL PRÍNCIPE DE ASTURIAS PRESIDE EN BARCELONA LA ENTREGA DE DESPACHOS A 145 MUJERES Y 86 HOMBRES, INTEGRANTES DE LA 63 PROMOCIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL.

El promedio de edad se sitúa en torno a los 30 años.
Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Galicia y Cataluña son las Comunidades que más jueces aportan por lugar de nacimiento.
53 nuevos jueces irán destinados a Cataluña y 41, a Andalucía.

231 nuevos jueces y nuevas juezas conforman la 63 Promoción de la Carrera Judicial, que ha recibido sus despachos hoy en Barcelona, sede de la Escuela Judicial, en el transcurso de un acto presidido por Su Alteza Real el Príncipe de Asturias, con la presencia del Presidente y Vocales del CGPJ, del Presidente del Tribunal Constitucional, de miembros de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, del Fiscal General del Estado, del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y de Presidentes de los restantes Tribunales Superiores de Justicia, y de numerosas autoridades políticas encabezadas por el Presidente de la Generalitat de Catalunya, D. Artur Mas, y la Vicepresidenta del Gobierno, Dª. Soraya Sáez de Santamaría.

La 63 Promoción de la carrera judicial está integrada por 145 mujeres y 86 hombres, con lo que se consolida la mayoritaria proporción de mujeres, cifrándose en este año en torno al 63 por ciento.

Andalucía es la Comunidad Autónoma que, por lugar de nacimiento, aporta un número mayor de jueces, 46 en concreto, seguida de Madrid, con 43, la Comunidad Valenciana y Castilla y León, con 24 cada una, Galicia, con 17 y Cataluña, con 15.

Cerca de un 90 por ciento de los nuevos jueces y de las nuevas juezas asegura conocer el idioma inglés, mientras que un 26 por ciento dice tener conocimientos del idioma francés. En cuanto a idiomas cooficiales, 24 jueces manifiestan tener conocimientos de valenciano, otros 22 de catalán, 19 de gallego, y 9 de euskera.

Más de un 76 por ciento no tiene ningún familiar en el ámbito de las profesiones jurídicas.

La número 1 de la Promoción, Paloma Martín Mesa, desempeñará sus funciones de jueza en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Úbeda (Jaén).

La distribución territorial de destinos de la Promoción es la siguiente:

Cataluña, donde irán destinados 53 nuevos jueces; Andalucía, con 41; Canarias, con 20; Comunidad Valenciana, con 17; Madrid, con 16; Galicia, con 15; Castilla-La Mancha y Murcia, con 14; Castilla y León, con 11; Baleares, con 9; País Vasco, con 7; Aragón, con 4; Asturias, con 3; Cantabria, Extremadura y La Rioja, con 2; y Navarra, con 1.

4 de abril de 2013.

Acceso al discurso pronunciado por el Príncipe de Asturias durante la entrega de despachos a la LXIII Promoción de la Carrera Judicial.

Se adjunta el discurso pronunciado durante la ceremonia por Gonzalo Moliner, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, y por Roser Bach, directora de la Escuela Judicial.

Otros enlaces relacionados:

Orden de 26 de marzo de 2013, por la que se destina a los Jueces nombrados por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial. Publicada en el Boletín Oficial del Estado del 1 de marzo de 2013.

Lista de destinos, por orden alfabético y por Tribunales Superiores de Justicia.

Curso de magistrados de la Sala Tercera del Supremo con presidentes de Salas de lo Contencioso-Administrativo

2012-05-18 14:31:30.0

El área de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial ha organizado un encuentro entre magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo con presidentes y presidentas de Sala de lo Contencioso-administrativo, tanto de los Tribunales Superiores de Justicia como de la Audiencia Nacional.

El propósito de esta actividad responde a la necesidad y conveniencia de abordar las relaciones del Alto Tribunal con el resto de los órganos judiciales de la órbita contencioso administrativa, con la finalidad de profundizar en la jurisprudencia emanada de la Sala Tercera, explicando e ilustrando sobre el sentido, alcance y demás datos relevantes de la misma a los/as magistrados/as asistentes, con la idea de conformar un espacio común de estudio, análisis y debate.

Por otro lado se abordaría la cuestión de la expansión de dicha jurisdicción en el conocimiento de asuntos y ámbitos de novedosa factura, del nuevo organigrama –organización de la jurisdicción, del análisis de la Comisión de Expertos sobre los denominados Tribunales de Instancia y de la oportunidad de la resolución a través de un órgano colegiado de recursos contencioso administrativos de interés general o que afectan a una pluralidad de sujetos.

El curso, que se celebra entre el 21 y el 23 de mayo, será inaugurado por José Manuel Sieira Míguez, presidente de la Sala Tercera del Supremo y director del encuentro. La dirección técnica del curso corre a cargo de Frieda San José Arango, Letrada del Servicio de Formación Continua.

Entre los asuntos a analizar se encuentran la implantación del expediente electrónico en la Audiencia Nacional; los problemas más relevantes de naturaleza organizativa en el ámbito de esta jurisdicción; los mecanismos de agilización de los procesos; la mediación; género en el ámbito contencioso-administrativo y el acoso desde la perspectiva de esta jurisdicción.

Se adjunta el programa.

Jurisprudencia de la Sala Tercera

La página del Tribunal Supremo, alojada en Poder Judicial, tiene un capítulo dedicado a la jurisprudencia del Alto Tribunal. Acceso a la Crónica de la Jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, año judicial 2010-2011.

Reunión de magistrados de la Sala Cuarta del Supremo con presidentes de Salas de lo Social

2012-05-16 17:58:22.0

Como todos los años, los magistrados de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo se reúnen en un encuentro junto a los presidentes de Salas de esta jurisdicción, tanto de la Audiencia Nacional como de los Tribunales Superiores de Justicia.

La finalidad primordial de esta actividad responde a la idea de comunicar y explicar por quienes integran la Sala Cuarta del Alto Tribunal a los/as Presidentes/as de órganos colegiados el sentido, dinámica argumentativa y demás avatares relevantes de la jurisprudencia aquilatada por dicha Sala, poniendo un especial acento en aquella jurisprudencia calificable como de novedosa factura.

El encuentro se celebrará entre los días 21 y 23 de mayo, bajo la dirección del magistrado Gonzalo Moliner Tamborero, presidente de la sala de lo Social del Tribunal Supremo, y la dirección técnica de Carlos Uribe, responsable del Servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial.

La inauguración correrá a cargo de Félix Azón Vilas, vocal del CGPJ y de Lorenzo del Río, presidente del TSJ de Andalucía, Ceuta y Melilla. Asistirá también el presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, Manuel Estrella.

Entre los ponentes figuran catedráticos de Derecho Laboral, magistrados y fiscales de Sala de lo Social del Supremo.

Se adjunta el programa.

Crónica de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo

En la página web del Poder Judicial existe un área dedicada a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, con unas crónicas de cada año judicial que reúnen los avances en jurisprudencia y doctrina. Acceso a la Crónica de la Jurisprudencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, año 2010-2011.

Informe al Proyecto de Real Decreto sobre obtención de órganos humanos destinados al transplante

2012-07-25 17:53:55.0

El Informe fue remitido al Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por su Comisión de Estudios e Informes. Fue aprobado en la sesión plenaria del órgano constitucional celebrada el 25 de julio de 2012.

Pero en la medida en que la Directiva está influida y ha tomado como referente el “Modelo español de donación y trasplante”, gran parte de los principios, fundamentos, componentes y soluciones del sistema organizativo estaban ya presentes en la legislación española hasta ahora vigente.

No obstante, el Real Decreto ahora remitido por el Gobierno incluye algunos elementos novedosos que recogen la experiencia acumulada en la aplicación, gestión y coordinación de los trasplantes y los últimos avances técnicos y médicos en la materia.

En su informe, el Consejo pone el foco en el artículo 8.4 del real Decreto, que dispone que para la obtención de órganos de donante vivo “el interesado deberá otorgar por escrito su consentimiento expreso ante el encargado de la Oficina del Registro Civil de la localidad de que se trate”. Esta previsión parece estar de acuerdo con la modificación introducida en el régimen jurídico del Registro Civil por la Ley 20/2011, de 21 de julio, que releva a los jueces del control sobre el Registro Civil.

El Consejo recomienda reflexionar sobre si la desjudicialización del Registro Civil debe necesariamente conllevar que la libertad de prestación del consentimiento por el donante vivo, y el conocimiento por el mismo de la trascendencia de su decisión, quede apartada de la garantía que otorga la intervención de un juez, aunque ya no sea éste el titular del Registro Civil.

El informe también examina la previsión del artículo 9.5 del Real Decreto, según el cual la obtención de órganos de donante fallecido, habiendo muerte accidental o mediando una investigación judicial, exigirá contar con la autorización del juez que corresponda, y la autoridad judicial, previo informe del médico forense, “deberá concederla siempre que no obstaculice el resultado de la instrucción de las diligencias penales”.

El informe constata que, merced a esta salvedad final, la previsión no afectaría al ejercicio de la potestad jurisdiccional (juzgar y hacer ejecutar lo juzgado), pues precisamente se introduce esa cautela para asegurar que la extracción no será incompatible con la investigación judicial en curso.

Una Justicia al alcance de todos

2011-12-17 00:00:00.0

Escolares del Colegio Atalaya 'celebran' juicio en laAudiencia Provincial de Santander

El conjunto de iniciativas desplegadas desde hace seis años por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria bajo el paraguas de la transparencia ha sido merecedor del Premio a la Calidad de la Justicia 2011 en su modalidad de una Justicia más Transparente.

La experiencia acumulada en el programa Educando en Justicia o los pasos dados en los últimos tres años en su página web de la actividad judicial en Cantabria, animaron al Tribunal Superior de Justicia a continuar innovando en su empeño de presentarse ante los ciudadanos como una administración cercana y accesible. Así, ha promovido cursos para escolares sobre el ciberacoso o la violencia de género y en el último año ha desarrollado su presencia en Facebook y Twitter.

Educando en Justicia: más de 5.000 jóvenes formados

¿Cómo funciona la Justicia por dentro? ¿Quiénes participan en la actividad de impartir Justicia? ¿Qué papel juega la Justicia en el escenario democrático? Éstas son algunas de las preguntas a las que el programa Educando en Justicia trata de dar respuesta desde su puesta en marcha en Cantabria en el curso 2005-2006.

Dirigido a estudiantes de ESO, Bachillerato y Formación Profesional, es decir, a alumnos entre 12 y 18 años, tiene como objetivos educar en valores y acercar la Justicia a los más jóvenes. En el programa, los jueces y magistrados del territorio han tenido un papel muy activo.

Con los años, esta actividad ha ido creciendo y modulando su formato, hasta convertirse en un proyecto ampliamente demandado por los centros educativos de Cantabria.

Más de 5.000 jóvenes de centros públicos y concertados de distintos municipios de la Comunidad Autónoma han tenido la oportunidad de entrar en contacto con nuestra Justicia a lo largo de los siete cursos que lleva funcionando Educando en Justicia en Cantabria.

Los centros educativos muestran en Cantabria un creciente interés hacia la Justicia y los asuntos que en ella se abordan. Como consecuencia de esta demanda, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha programado para este curso diversas jornadas informativas sobre Prevención del Ciberacoso y sobre Violencia de Género, que se ofrecen a los centros escolares como un complemento al programa Educando en Justicia.

Una Justicia en mano de todos

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria viene apostando por el uso de las herramientas de comunicación más innovadoras para afianzar sus lazos con la ciudadanía. Bastan sólo unos datos para respaldar esta apuesta.

Un reciente informe del Ministerio de Industria (del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones, ONTSI, de diciembre de 2011) recoge datos contundentes sobre la utilización que los ciudadanos hacen de las telecomunicaciones.

Se calcula que hay 940 millones de usuarios de redes sociales en todo el planeta. Así, Facebook, cuenta con más de 500 millones de miembros; si fuera un país, sería el cuarto más poblado del mundo. Y cada minuto se suben a YouTube 35 horas de grabación.

Cerca de 15 millones de españoles están registrados en Facebook y el 80 por ciento de las empresas de nuestro país tiene presencia en esta red social. Por su parte, la aplicación de micromensajes Twitter es cada vez más creciente en España y es la tercera más usada a nivel mundial. Además, son cada vez más quienes se apuntan al uso de teléfonos inteligentes o smartphone.

Estos datos justifican que una institución con vocación de servicio público como el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria cumpla ahora un año de presencia en las redes sociales Facebook y Twitter. Estos servicios ponen al alcance de la mano la información de interés que se produce en los Juzgados y Tribunales de Cantabria.

Convocatorias de actos, notas de prensa, señalamientos de juicios, resoluciones judiciales relevantes, acuerdos de Sala de Gobierno y Junta de Jueces, publicaciones en el Boletín Oficial del Estado o cualquier otra información relevante de carácter judicial se pueden encontrar en la página que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria tiene en Facebook y en el usuario @TSJCantabria de Twitter.

Tres años con página web

Además, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria mantiene abierto desde hace ya más de tres años un espacio propio en Internet dentro del portal del Poder JudicialEs. La página web del TSJ de Cantabria recoge información variada sobre la actividad judicial en la Comunidad Autónoma. Incluye las resoluciones que dicta el Juzgado de lo Mercantil en los procesos mercantiles, revelándose como una herramienta sumamente eficaz para procuradores, abogados, acreedores y público en general.

Estas iniciativas son las que han hecho merecedor a este órgano judicial del Premio la Calidad de la Justicia 2011, en su modalidad de experiencia para lograr una Justicia más transparente.

Un estudio de la reforma laboral y su contexto económico recibe el Premio Rafael Martínez Emperador

2013-01-21 19:00:00.0

El Premio Rafael Martínez Emperador, el más importante galardón que se concede en España a los trabajos de investigación jurídica inéditos, recayó en su edición 2012 en el estudio “La globalización económica como antecedente y la crisis económica como contexto de la reforma laboral 2010/2012”.

La investigación premiada es obra de Jaime Cabeza Pereiro, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Vigo, y de José Fernando Lousada Arochena, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

La XXVI Edición del Premio había sido convocada bajo el tema"Derecho del Trabajo y Crisis económica" por el Consejo General del Poder Judicial.

El estudio premiado es el más completo y exhaustivo de los nueve presentados. Con sentido crítico y analítico, aborda desde todos los ángulos las últimas reformas laborales adoptadas en España, así como sus dinámicas legales y jurisprudenciales.

En sus 520 páginas, Cabeza y Lousada exponen la flexibilidad del mercado de trabajo; el fracaso de la Europa de los ciudadanos frente a la Europa de los mercaderes y la gran recesión internacional surgida en Estados Unidos en 2007, para pasar a analizar las reformas del mercado de trabajo entre los años 2010 y 2012.

Ambos juristas abordan el impacto de la reforma de la negociación colectiva de 2012, aportan datos y análisis sobre la reforma de la Seguridad social 2011 para ahondar después en la reforma del proceso laboral (Ley 36/2011).

El jurado se reunió el 18 de diciembre pasado bajo la presidencia de Gonzalo Moliner, presidente del Consejo General del Poder Judicial. Los demás componentes del jurado fueron los vocales del Consejo Gabriela Bravo y Félix Azón; el magistrado del Tribunal Supremo Jesús Gullón; el fiscal de Sala del Tribunal Supremo José Manuel Casallo; la catedrática María Emilia Casas y el secretario general del CGPJ, Celso Rodríguez Padrón.

Convocado por el Consejo General del Poder Judicial, el Premio (antiguo Premio Poder Judicial) rinde homenaje a la personalidad jurídica e intelectual de Rafael Martínez Emperador, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo asesinado por la banda terrorista ETA en 1997.

Acceso al acuerdo del Jurado, por el que se hace público el fallo del Premio Rafael Martínez Emperador, en su edición 2012.

Acceso a las bases de la convocatoria

Los ganadores del concurso '¿Qué es la Justicia para ti?' conocen las entrañas de la Audiencia Nacional

Audiencia Nacional; Ministerio de Justicia (España) — 2011-07-06 00:00:00.0

El magistrado Santiago Pedraz ha recibido esta mañana en la Audiencia Nacional a los ganadores del concurso '¿Qué es la justicia para ti?', convocado por el Ministerio de Justicia a través de su página en la red social www.tuenti.com/justoXti. Carlos Román y Omar Muñiz, estudiantes de Derecho de la Universidad de Sevilla y Valladolid, respectivamente, han realizado una visita guiada por las instalaciones de uno de los órganos judiciales más importantes de nuestro país.

Ver más en:

http://www.mjusticia.gob.es

Premios del Foro Justicia y Discapacidad 2012

2012-02-07 11:30:30.0

El órgano rector del Foro Justicia y Discapacidad ha acordado otorgar los Premios del Foro, en su edición 2012, a las siguientes personas y organismos:

- Premio a la trayectoria personal: María Luisa Ruiz-Jarabo.

- Premio a la actuación empresarial: Asociación para la Atención de las personas con discapacidad (ATAM).

- Premio a una institución: Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados.

- Premio a un medio de comunicación social: Agencia Europa Press Social.

La entrega de premios se celebrará el próximo día 17 de mayo en la sede del Consejo General del Poder Judicial bajo la presidencia de Carlos Dívar, presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo.

Premio a la trayectoria personal: María Luisa Ruiz- Jarabo

La premiada, tetrapléjica desde 1997 a causa de un accidente de esquí, es una persona que, desde el anonimato, ha sabido capitalizar su discapacidad para mejorar la vida de los demás.

María Luisa Ruiz-Jarabo ha sido impulsora de la “Fundación Investigación en Regeneración del Sistema Nervioso”, dedicada a aunar los esfuerzos de todos los colectivos de lesionados medulares como ella para impulsar la investigación de esta enfermedad.

Además, es presidenta de Solcom, asociación creada en 2010 para la defensa jurídica de personas que son discriminadas por su diversidad funcional (discapacidad) o que sufren la vulneración de derechos reconocidos en la legislación.

Desde hace más de diez años, esta empresaria dedica su mes de vacaciones como voluntaria en Camboya.

Premio a la actuación empresarial: ATAM

La Asociación del Grupo Telefónica para la Atención de las personas con discapacidad (ATAM) fue fundada hace 39 años como proyecto solidario compartido entre Telefónica y sus empleados, para responder de forma global a las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias.

Esta asociación cuenta con 57.000 socios, entre empleados, ex empleados y jubilados de la compañía. Más de 13.000 personas se benefician de los servicios y programas de la Asociación.

ATAM se configura como un sistema de protección social, complementario a los sistemas públicos.

Premio a una institución: Comisión de la Discapacidad del Congreso de los Diputados

En mayo de 2004 quedó constituida en el Congreso de los Diputados la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad. Ante esta comisión han comparecido representantes gubernamentales con competencias en materia de discapacidad, el movimiento asociativo y otras entidades que trabajan en este ámbito.

La comisión ha supuesto un salto cualitativo al incluir a la discapacidad en la agenda parlamentaria de una forma normalizada. Supone una vía de participación en la vida pública de las personas con discapacidad, puesto que en ella se debaten e impulsan numerosas leyes que permiten mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad reforzando sus derechos.

Esta comisión está presidida actualmente por la diputada Lourdes Méndez Monasterio, tiene como vicepresidentas a Amparo Ferrando Sendra y María del Puerto Gallego Arriola y cuenta entre sus miembros al experto Francisco Vañó Ferrer. La comisión cuenta en esta legislatura con un total con 23 representantes del PP, 13 del PSOE, dos de CiU, dos de IU, uno del PNV, otro de UPyD y dos más del Grupo Mixto

Premio a un medio de comunicación social: Europa Press Social

La Web 'EPSocial' (www.europapress.es/epsocial) inició su andadura en marzo de 2007 con el lema “EPSocial, el diario social digital de Europa Press”.

Este medio de comunicación aporta transparencia y difusión mediática del llamado Tercer Sector. EpSocial da cobertura a la información relacionada con los asuntos sociales en relación a la Política Social, Responsabilidad Social Corporativa, ONG, Fundaciones y Obra Social.

En materia de discapacidad ha difundido las principales reformas en este ámbito, como es la aprobación del Proyecto de Ley de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad o a las actuaciones que llevan a cabo las empresas para integrar a este colectivo.

La web EPSocial tiene una media de 95.000 usuarios únicos mensuales y está compuesta por una plantilla de 12 personas.

Madrid, 7 de febrero de 2012

El Foro Justicia y Discapacidad nació el 1 de diciembre de 2003 con la finalidad de coordinar instituciones jurídicas del Estado para lograr una protección efectiva de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad y favorecer el acceso de este colectivo a la justicia en condiciones de igualdad, así como garantizar su protección jurídica.

El Foro está integrado por el CGPJ, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Fiscalía General del Estado, el Consejo General de la Abogacía Española, el, Consejo General de Procuradores de España, Consejo General del Notariado (Fundación Aequitas), el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Fundación ONCE, el Colegio de Registradores de la Propiedad Mercantil, el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales y diversos expertos.

Declaración institucional de la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial

2012-02-09 20:56:53.0

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO Y DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

La Presidencía del Tribunal Supremo y del CGPJ, ante las reacciones producidas tras la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, notificada hoy, y desde su más absoluto respeto al derecho a la crítica de las resoluciones judiciales, quiere manifestar:

1.- La Sala Segunda del Tribunal Supremo, en el legítimo ejercicio de sus competencias y con absoluta independencia e imparcialidad, ha dictado por unanimidad esta resolución que pone fin a un proceso judicial trasparente y lleno de garantías, como viene haciendo en todos los asuntos de que conoce.

2.- Son, por tanto, de todo punto inaceptables los ataques tanto personales como institucionales que cuestionan de manera frívola y carente de fundamento la actuación del Tribunal Supremo, deslegitimando la institución y desacreditando a sus componentes, a los que se atribuye otras intenciones más allá de la recta e imparcial aplicación de la ley, lo que constituye un grave atentado al Estado de derecho.

3.- Conviene resaltar finalmente la función primordial que un Poder Judicial independiente desempeña en el Estado democrático y de derecho para salvaguardar los derechos y libertades de los ciudadanos y para asegurar que la aplicación de la ley sea igual para todos.

Madrid, 9 de febrero de 2012.

Informe sobre víctimas mortales de la violencia de género y de la violencia doméstica en el ámbito de la pareja o ex pareja en 2011

2012-06-27 18:00:37.0

El Observatorio informa

INFORME SOBRE VÍCTIMAS MORTALES DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA O EX PAREJA EN 2011

Un total de 62 mujeres fallecieron a manos de sus parejas o ex parejas en 2011. Dos hijos fallecieron junto a sus madres.

Siete hombres murieron por violencia doméstica, cinco a manos de una mujer y dos a manos de otro hombre.

72,5% de las mujeres muertas mantenían el vínculo afectivo con su agresor y un 74% de las fallecidas no había denunciado.
Más de siete de cada diez mujeres muertas por violencia de género en 2011 no habían denunciado previamente malos tratos

El número de mujeres muertas por sus parejas o ex parejas masculinas a lo largo de 2011 ascendió a 62, según consta en el Informe sobre víctimas mortales de la violencia de género y de la violencia doméstica en el ámbito de la pareja o ex pareja en 2011 elaborado por la sección del Consejo General del Poder Judicial perteneciente al Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

En porcentaje, el total de mujeres muertas a manos de su pareja o ex pareja supone un descenso de del 15% respecto al año en que murieron violentamente 73 mujeres.

La edad media de las víctimas de femicidio ha descendido de los 44 años en 2009 a los 42 años. La gran mayoría, el 72%, fue asaltada en el domicilio como en años anteriores.

El 65% de las víctimas de femicidio eran españolas y el 35% extranjeras. Este último porcentaje refleja una especial sobrerrepresentación de las mujeres extranjeras si se tiene en cuenta que suponían el año pasado cerca del 12% del total de la población femenina en España.

El Informe incluye un análisis específico de los procedimientos judiciales tramitados con anterioridad a la muerte de las víctimas y que son remitidos por los jueces/zas a instancia del Observatorio. El estudio permite conocer las actitudes previas de las mujeres y sus presuntos agresores, así como el comportamiento de su entorno familiar y social, de las instituciones y de los colectivos profesionales implicados. El estudio refleja cómo la violencia económica es un factor más de presión al que se ve sometida la víctima.

Del estudio se extrae la tendencia de que las mujeres que denuncian lo hacen por hechos de aparente menor gravedad -como insultos, desprecios o humillaciones- y deja patente que aún es necesaria una mayor implicación del entorno familiar y social y de los poderes públicos, sobre todo en los aspectos preventivos, pues la respuesta judicial se produce cuando el delito ya se ha cometido.

De las 16 mujeres que habían presentado denuncia en algún momento, el 25% renunció a continuar el procedimiento, en el pasado año fue un 36% de las denunciantes.

De ellas, 7 tenían vigentes medidas de protección en el momento de su muerte. (Durante 2011, los juzgados de Violencia sobre la Mujer y Juzgados de Instrucción ordenaron 28.149 órdenes de protección ).

En un 16% de los casos, el agresor se suicidó tras matar a su víctima -frente al 18% registrado en 2109-; otro 11% intentó suicidarse (frente a un 16% del año anterior) y un 15% se entregó a la policía (frente a un 12% de 2010). En el 55%de los casos el agresor fue detenido poco después (frente a un 46% del año 2010) y un 3% huyó (frente a un 8%).

2 hijos murieron simultáneamente cuando el presunto agresor atacó a la mujer. Uno de 22 año y otro de 16. Además una mujer muerta estaba embarazada por lo que se cometió, además, un presunto delito de aborto.

Violencia Doméstica: Siete hombres muertos

El Informe también recoge datos sobre la instrucción judicial relativos a las muertes por violencia doméstica.

El número de hombres que perdieron la vida presuntamente a manos de sus parejas o ex parejas ascendió a siete en 2011 al igual que en 2010. De ellos, cinco murieron a manos de una mujer y dos a manos de otro hombre.

La edad media de los hombres muertos es de 44 años (frente a 42 años en 2010). Cinco mantenían la convivencia y dos habían finalizado la relación. Sólo en un caso se produjo denuncia previa, por parte de la mujer.

Todos los hombres muertos eran españoles (a diferencia del pasado año en que de los 7 muertos había 3 extranjeros).

Se adjunta el Informe

Madrid, 25 de mayo de 2011

Nota.- El informe estará igualmente disponible en la página web www.observatoriocontralaviolenciadomesticaydegenero.es

Carlos Dívar comparte con el Pleno del CGPJ que la situación es "insostenible" y anunciará la próxima semana "una postura rotunda y contudente"

2012-06-16 15:07:24.0

Acceso al vídeo relacionado

ACUERDO DEL PLENO EXTRAORDINARIO, CELEBRADO EL 16 DE JUNIO DE 2012

(Adoptado por unanimidad)

Tras el debate producido y conforme al sentido mayoritario de las opiniones que en él se han exteriorizado, de pérdida de confianza, el Presidente ha manifestado:

“Participo del criterio de todos los que han hablado y comparto que la situación es insostenible. Está bastante claro lo que quiero decir, y la próxima semana anunciaré una postura rotunda y contundente”.

A la vista de esta manifestación, se acuerda trasladar al Pleno ya convocado para el próximo día 21, los dos puntos que estaban en el orden del día de hoy.

Hay un voto particular concurrente de los Vocales D. Félix V. Azón Vilas, Dña. Inmaculada Montalbán Huertas, Dña. Margarita Robles Fernández, D. Carles Cruz Moratones, y Dña. Margarita Uría Etxebarría, quienes consideran que se debería haber materializado la dimisión del Presidente en el día de hoy por las razones contenidas en la propuesta que formaba parte como punto Num. Uno, del Orden del Día.

Madrid, 16 de junio de 2012

Análisis de las 43 sentencias de homicidio o asesinato dictadas en 2010 en violencia de género y violencia doméstica

Comunicación Poder Judicial — 2012-09-20 13:56:03.0

El Observatorio informa

ANÁLISIS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS POR LOS TRIBUNALES DEL JURADO Y POR LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES EN EL AÑO 2010, RELATIVAS A HOMICIDIOS Y/O ASESINATOS CONSUMADOS ENTRE LOS MIEMBROS DE LA PAREJA O EX PAREJA.

En 2010 se dictaron 43 sentencias de homicidio o asesinato. Del total, 39 fueron cometidos por varones y cuatro por mujeres; todas ellas habían sido agredidas previamente por su pareja o ex pareja.
Sólo en el 4% de los casos se apreció los atenuantes de consumo de bebidas alcohólicas o drogas.

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Inmaculada Montalbán, ha informado hoy al Pleno del Consejo General del Poder Judicial de las principales conclusiones del VI Estudio sobre las sentencias dictadas en España durante el año 2010 relativas a los homicidios y asesinatos consumados en el ámbito de violencia de género y la violencia doméstica.

El estudio aborda las 43 sentencias dictadas en 2010 por las Audiencias Provinciales (11 sentencias) y el Tribunal del Jurado (32 sentencias). El análisis ha sido realizado por el Grupo de Expertos/as en violencia doméstica y de género del CGPJ, compuesto por las magistradas y magistrados Joaquín Bayo Delgado, Cristina Cueto Moreno, Esther Erice Martínez, José María Gómez Villora, Vicente Magro Servet, María Tardón Olmos y Pilar Llop Cuenca. El análisis forense ha sido realizado por el especialista Miguel Lorente Acosta.

De las 43 resoluciones estudiadas, 40 sentencias fueron condenatorias (25 por asesinato y 15 por homicidio) y tres fueron absolutorias. En porcentajes, el 93% de las sentencias fueron condenatorias.

Un total de 39 sentencias se referían a juicios por violencia de género; es decir, el agresor era un varón que dio muerte violenta a su pareja o ex pareja mujer. Las otras cuatro sentencias restantes juzgaron casos de violencia doméstica, donde la mujer fue autora del crimen en todos ellos. En estas cuatro sentencias analizadas se constató que la autora del asesinato u homicidio había sido agredida previamente en algún momento por parte de la víctima varón.

En 42 sentencias se reflejó la nacionalidad del autor/a. De ellas, en 27 sentencias los acusados eran españoles/as y 15 son extranjeros/as. A su vez, la nacionalidad de las víctimas consta en 38 sentencias, de las que 27 eran españolas, 11 eran extranjeras.

La mayoría de las víctimas tenía entre 46 y 65 años (32% de los casos), seguidas de las que tenían entre 18 y 30 años de edad al fallecer (29%), las de 31 a 45 años (21%) y, por último, las víctimas con más de 66 años (18%).

En las sentencias por asesinato, se impuso la pena privativa de libertad con una media de 18 años de prisión (23 sentencias condenatorias), mientras que en los casos de homicidio la media fue de 12 años (15 sentencias condenatorias).

Escasa incidencia del consumo de alcohol y drogas

El 74% de las sentencias fueron dictadas por Tribunales del Jurado y el 26% por las Audiencias Provinciales.

Del análisis, se extrae que se apreciaron seis tipos de circunstancias modificativas que atenúan la responsabilidad: confesión (12 sentencias); actuar a causa de adicción al alcohol o drogas(2 sentencias) y, por último, arrebato, legítima defensa incompleta, alteración psíquica, mental o consumo de alcohol o drogas (5 sentencias).

Las eximentes incompletas apreciadas fueron el alcoholismo (una sentencia), drogas tóxicas (una sentencia) y la legítima defensa (en una sentencia de violencia doméstica). Sólo en un caso se apreció eximente completa por alteración psíquica que dio lugar a una sentencia absolutoria y al internamiento del acusado en un centro psiquiátrico

Se confirma así la escasa incidencia del consumo de alcohol y drogas en la comisión de estos crímenes: únicamente en un 12% de las sentencias estudiadas concurrió alguna de las circunstancias vinculadas con la adicción al alcohol, drogas o alteraciones psíquicas. En el 88% no se produjo ninguna de estas circunstancias.

Respecto a las circunstancias agravantes, destaca que en el 77% de los casos (33 sentencias) concurrió la agravante de parentesco, seguidas del abuso de superioridad, lugar y tiempo, con un 7% (3 sentencias).

La relación se mantenía en la mayoría de los casos

La relación se mantenía en el momento de los hechos (con o sin convivencia), en un total de 31 de las 43 sentencias dictadas en 2010.

Es de resaltar que en 11 sentencias se confirma que la víctima había anunciado expresamente su intención de separarse poco antes de su muerte, lo que indica que la advertencia de la ruptura constituye un factor de riesgo. Además, en 11 de las 43 sentencias consta la existencia de denuncias previas en algún momento de la relación.

En el 77% de los casos (33 sentencias), la víctima mortal tenía hijos o hijas. Y en cinco casos de violencia de género (12%) los hijos o hijas estaban presentes en el momento del crimen. En 4 sentencias hubo testigos directos diferentes de los hijos/as.

En total, las sentencias acordaron indemnizaciones a favor de 66 hijos de víctimas.

El escenario más común de la agresión mortal fue el domicilio, con siete de cada diez casos (30 sentencias). Esto indica nuevamente que son delitos que se comenten en la intimidad, buscando especiales circunstancias que faciliten la comisión y la indefensión de la víctima.

Respecto a la conducta del autor tras la comisión del crimen, en 15 sentencias (35%) se recoge la entrega voluntaria del autor; en 14 sentencias (33%) se refleja la negación de los hechos; en otras 5 sentencias (12%) se produjo la huida; en 3 sentencias (7%), hubo intento de suicidio y en una sentencia (2%) el autor permaneció en el lugar del crimen.

Análisis médico-forense

El estudio se completa con el análisis médico-forense de las 39 sentencias dictadas en violencia de género.

El arma blanca es el instrumento más utilizado (44%), con una media de 17,3 cuchilladas. Es de destacar que el uso de arma blanca ha disminuido en relación a otros años, mientras aumentan los crímenes con traumatismos directos (28%). En tercer lugar figuran los estrangulamientos a mano y a lazo (13%) y, por último, el arma de fuego (3%).

Tanto el uso de arma blanca como el estrangulamiento y los traumatismos reflejan que las conductas homicidas aparecen cargadas de ira y violencia, ya que exigen una proximidad y un contacto estrecho y mantenido con la víctima.

En cuanto a las horas en que se producen los homicidios/asesinatos de violencia de género, la mayoría de los crímenes se concentran por la tarde, entre las 15.00 y las 20.00 horas.

Respecto a las “motivaciones de los autores”, se pueden extraer las siguientes conclusiones de las sentencias de violencia de género analizadas:

En 14 sentencias constan malos tratos físicos o psíquicos previos.
En 11 sentencias la mujer víctima anuncia su intención de separarse.
En cinco sentencias está probada la existencia discusión previa o relaciones enfrentadas entre ambos.
En una sentencia el agresor atenta contra la propiedad de la víctima.
En las cinco sentencias restantes las motivaciones no se reflejan.

Nota:La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Inmaculada Montalbán, atenderá esta tarde a los medios que requieran declaraciones o una información más ampliada. Teléfono: 91 7006236 (Gloria Ferratges).

Se adjunta el informe, que está disponible enla página web del Observatorio: www.observatoriocontralaviolenciadomesticaydegenero.es

Madrid, 20 septiembre de 2012

El número de denuncias por violencia de género bajó un 4% en 2012

Comunicación Poder Judicial — 2013-04-03 15:24:48.0

Datos estadísticos judiciales del año 2012: El número de denuncias por violencia de género bajó un 4% respecto al año anterior hasta quedar en 128.543 casos

Las denuncias de violencia de género registradas en los juzgados y tribunales de España alcanzaron en el año 2012 un total de 128.543 denuncias, lo que supone un descenso del 4% respecto al año 2011 cuando se alcanzaron 134.002 casos. Estas cifras implican 5.459 denuncias menos que el año anterior.

En 2012 se registraron una media de 352 denuncias diarias, según la estadística difundida hoy por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género con sede en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que indica que se interpusieron 15 denuncias diarias menos.

El estudio está basado en los datos obtenidos de los 106 Juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer (JVM) existentes en toda España, así como en los 355 juzgados con competencias compartidas.

El 72,06% de las denuncias fueron presentadas por las propias víctimas, frente al 13,51% derivado de la intervención directa de la Policía y el 11,47% de partes de lesiones. Sólo en el 1,26% de los casos los familiares presentaron denuncia, mientras que las denuncias presentadas por el resultado de la intervención de los servicios asistenciales fueron del 1,70%. Esta proporción se mantiene respecto al año 2011.

El año pasado se produjeron 15.592 renuncias a la continuación del proceso en fase de instrucción, lo que supone un 12,13% en relación con el número de denuncias presentadas. Esta cifra implica un ligero incremento de un 0,9 % respecto al año 2011.

Medidas cautelares

En casi seis de cada diez casos (55%) la relación de pareja se mantenía en el momento de solicitar las órdenes de protección, mientras que en los otros cuatro casos (45%) la relación afectiva se había extinguido. Esta tendencia también se mantiene estable respecto a 2011.

En los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se solicitaron 34.556 órdenes de protección durante el año 2012, lo que supone un descenso del 3,51% respecto al año anterior. Se estimaron un 61% de las órdenes de protección solicitadas (21.245 órdenes de protección).

Derivadas de las órdenes de protección y medidas cautelares, el año pasado se adoptaron 66.706 medidas penales. Entre dichas medidas penales destacan la orden de alejamiento (acordada en el 81,2 % de los casos), la prohibición de comunicación (adoptada en el 81%) y la prohibición de volver al lugar (15,2%). Esta tendencia es similar a la de 2011.

Al mismo tiempo se dictaron 16.174 medidas civiles cautelares mientras se resolvía el proceso penal. Se mantiene la baja proporción de medidas cautelares civiles respecto de las penales. De éstas, un 24,2% acordaron la prestación de alimentos y un 20% se pronunciaron sobre la atribución de vivienda.

En el año 2012 se acordaron 2.556 medidas civiles cautelares de protección al menor adoptadas mientras se resolvía el proceso penal, lo que supone el 11,5% del total. Entre ellas se encuentran la suspensión del régimen de visitas: (710 casos, 3,1%); la suspensión de la patria potestad (79 y un 0,4% del total); la suspensión de la guardia y custodia (1.576 casos y un 7,1%) y las medidas de protección del menor para evitar un peligro o un perjuicio (191 medidas, 0,9%).

50.743 sentencias penales

En todos los órganos competentes en el ámbito de la violencia de género (Juzgados de Violencia sobre la Mujer, Juzgados de lo Penal y Audiencias Provinciales) se dictaron 50.743 sentencias penales en España. De ellas, aproximadamente el 60% fueron condenatorias (30.284) y el 40% absolutorias (20.459), por lo que se mantiene la tendencia en respecto al año anterior.

En 2012 se tramitaron a través de juicios rápidos un total de 54.958 denuncias por delito, lo que supone el 30,36% del total de denuncias, manteniéndose también la tendencia del año anterior. Los juicios rápidos, introducidos en 2003 para dar una pronta respuesta a las víctimas, abordan los delitos flagrantes y los de sencilla instrucción que conllevan pena privativa de libertad inferior a 5 años.

Respecto a las faltas, los juzgados celebraron un total de 9.513 juicios de faltas, de los que el 86% (9.620 casos) fueron por vejaciones injustas o injurias, y se celebraron 4.212 juicios rápidos de faltas (el 44% del total de juicios de faltas).

El desglose por tipo de juzgado o tribunal es el siguiente:

Juzgados de Violencia sobre la Mujer

Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer dictaron en 2012 un total de 18.936 sentencias penales, de las que casi el 75% resultaron condenatorias y el 25% absolutorias.

El perfil de los delitos instruidos a través de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer permanece prácticamente estable. El más instruido es el delito de lesiones del art. 153 del Código Penal -agresiones que no precisaron de tratamiento médico-, con 85.706 casos (62% del total). El segundo tipo es el de maltrato habitual, con 15.710 denuncias (11,5%) y que está previsto en el artículo 173 del Código Penal. El tercer tipo de violencias fueron los delitos contra la libertad, como las coacciones o amenazas, con 12.112 denuncias (8,9%). El cuarto son las lesiones graves con 4.425 casos (3,2%) que requieren la intervención médica o quirúrgica y que están penados entre 2 y 5 años de cárcel en el artículo 148 y siguientes del Código Penal.

Estos juzgados tramitan además demandas civiles –mayoritariamente de separación y divorcio- presentadas por las mujeres víctimas de malos tratos. Estas demandas representan un 16% de las denuncias presentadas. En el ámbito civil, ingresaron un total de 20.473 asuntos, cifra que supone un ligero aumento de un 4,3% respecto a 2011, en que se registraron un total de 19.575 demandas civiles.

Juzgados de lo Penal

Los Juzgados de lo Penal, que enjuician los delitos penados hasta con cinco años de cárcel, dictaron 31.485 sentencias sobre violencia de género. En el 50,5% fueron sentencias condenatorias (15.889) y el 49,5% resultaron absolutorias (15.596). Se mantiene, de este modo, la misma tendencia que el año precedente.

Audiencias Provinciales

En las Audiencias Provinciales, cuyas secciones especializadas en Violencia sobre la Mujer enjuician los delitos más graves -con pena privativa de libertad superior a cinco años-, se dictaron 322 sentencias. De ellas, el 77% fueron condenatorias (248 sentencias) y el 23% absolutoria (74 sentencias). Se mantiene, igualmente, la tendencia del pasado año.

Valoración de Inmaculada Montalbán, presidenta del Observatorio contra la Violencia Domestica y de Género:

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Inmaculada Montalbán, ha destacado en rueda de prensa que en el año 2012 se ha registrado un descenso de las denuncias del 4,1%.

Si se compara el año 2012 con el año 2008, cuando comenzó la crisis económica, la disminución de denuncias se sitúa en el 9,6%. La media anual de descenso en este periodo ha sido de 2,4%.

Para Inmaculada Montalbán, esta disminución puede ser debida al impacto de la crisis económica tanto en la víctima como en su familia y en la propia sociedad, impacto que no favorece el que las mujeres salgan del círculo de la violencia.

Montalbán ha resaltado el esfuerzo social e institucional realizado en los últimos años en la lucha contra la violencia de género y ha expresado su confianza en que los recortes económicos no afecten a la lucha contra este tipo de delincuencia, al tiempo que ha reclamado mantener “todos los recursos necesarios e imprescindibles para asistir de manera integral y recuperar a las víctimas”.

Para la presidenta del Observatorio, si bien en el siglo XX dichos recursos han estado enfocados en la protección de la mujer, en este nuevo siglo, los esfuerzos de la sociedad y de sus instituciones tienen que centrarse en la mujer y en sus hijos. “Los menores son utilizados como instrumentos para causar daños a las madres, fenómeno que lleva a pensar que este tipo de violencia machista tiene una especial intencionalidad”.

Madrid, a 3 de abril de 2013

Esta nota de prensa se acompaña de los datos estadísticos del año 2012, disponibles además en la página del Observatorio en: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia_domestica_y_de_genero/Actividad_del_Observatorio/Datos_estadisticos

Fallado el Premio Calidad de la Justicia 2012

2012-07-26 18:38:38.0

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha otorgado el Premio “Calidad Justicia 2012”, en sus tres diferentes modalidades a una “Justicia más eficaz”, a una “Justicia más transparente” y a una “Justicia más accesible” al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Badajoz, a la Dirección General de Modernización de la Generalitat de Cataluña, a la Oficina Judicial de Durango, al Consejo de Procuradores de España, al Registro Civil de Guadalajara y al Ministerio de Justicia.

A la edición de este año se han presentado un total de 18 candidaturas. El premio “Calidad de la Justicia” fue instituido por el CGPJ como reconocimiento a las iniciativas más sobresalientes de mejora de la calidad del servicio público implementadas por órganos judiciales y otros organismos de la Administración de Justicia.

Los galardonados específicos en las tres modalidades del premio -Justicia más eficaz, Justicia más transparente y Justicia más accesible-, y las razones que han establecido su distinción son los siguientes:

1. -Experiencia para conseguir una Justicia más eficaz:

-Órganos Judiciales: Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 1 de Badajoz. Por el conjunto de acciones puestas por este Juzgado para conseguir poner a los ciudadanos en el centro de la decisión, posibilitando que tengan la mayor participación posible en la misma.

- Administración: Dirección General de Modernización de la Geeneralitat de Cataluña: Con especial mención a la participación del Juzgado de Primera Instancia nº 37 de Barcelona en la puesta en marcha de este proyecto. Se premia el desarrollo del sistema informático para la gestión procesal E-JUSTICIA.CAT, que conlleva un cambio en el conjunto de funcionalidades, procesos y módulos que cubren el circuito de tramitación de los asuntos, desde la presentación en el órgano judicial hasta su archivo.

2. -Experiencia para conseguir una Justicia más transparente:

- Órganos Judiciales: Oficina Judicial de Durango, Vizcaya: Se quiere reconocer la labor de despliegue de la nueva oficina judicial en el País Vasco.

- Administración: Consejo General de Procuradores e España: Colaboración de los procuradores en la modernización de la Administración de Justicia. Se premia todos los trabajos que están acometiendo en varios proyectos telemáticos, haciendo hincapié en la seguridad, confidencialidad e integridad de todas las comunicaciones.

3. -Experiencia para conseguir una Justicia más accesible:

- Órganos Judiciales: Registro Civil de Guadalajara por su participación y puesta en funcionamiento del nuevo sistema de modernización diseñado por el Ministerio de Justicia. Este registro es la actualidad una oficina ágil, eficaz, de calidad y accesible al ciudadano.

- Administración: Ministerio de Justicia por dos proyectos de proyección internacional: La Apostilla Electrónica y y el intercambio de datos penales entre países miembros de la UE (European Criminal Records Information System-ECRIS) e integración registro central de penados-ECRIS.

La Apostilla Electrónica pretende simplificar y agilizar el tráfico jurídico internacional de documentos emitidos en un Estado firmante del Convenio de La Haya de 1961 sobre la Eliminación del Requisito de la Legalización de Documentos Públicos Extranjeros.

Por su parte, el intercambio de datos penales entre países miembros de la UE (European Criminal Records Information System-ECRIS) proporciona a jueces y fiscales fácil acceso a la información completa sobre antecedentes penales de cualquier ciudadano de la Unión Europea.

El jurado de esta edición ha estado compuesto por Fernando de Rosa, vicepresidente del CGPJ y los vocales Antonio Dorado y Carles Cruz, así como por Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores de España, y Victoria Ortega, secretaria general del Consejo General de la Abogacía Española.

La entrega de premios se realizará en Madrid el próximo mes de noviembre, en el salón de actos del Consejo General del Poder Judicial, en una ceremonia que será presidida por Gonzalo Moliner, presidente del Consejo y del Tribunal Supremo.

Breve historia de las Jornadas del Bidasoa

2013-04-16 09:29:38.0

Las hoy llamadas Jornadas del Bidasoa // Journées de la Bidassoa nacen como consecuencia de una necesidad. En espacios regionales próximos, en los que las fronteras entre Estados nacionales entorpecían la realidad social de relaciones de toda índole entre personas y empresas radicadas en ambos lados de la línea divisoria, jueces ejercientes en territorios limítrofes concibieron una línea de colaboración entre jurisdicciones, como forma de mejorar las relaciones entre los tribunales y agilizar el funcionamiento de las respectivas administraciones de justicia.

Fue así como, en mayo de 1990, los magistrados Joaquín Giménez, entonces presidente de la Audiencia Provincial de San Sebastián, y Michel Couaillier, presidente del Tribunal de Grande Instance de Bayona, organizaron las (primeras) jornadas de esta denominación, que vinieron a institucionalizar las reuniones informales sostenidas por jueces españoles y franceses.

El éxito de estas Jornadas propició la celebración de las segundas, que tuvieron lugar en Donostia-San Sebastián a comienzo de 1992, y que contaron ya con colaboraciones institucionales, como la del Gobierno Vasco y del Consejo General del Poder Judicial.

A partir de ese momento, el marco geográfico crece. A instancia de las autoridades judiciales francesas se incorporan los tribunales que comprenden el territorio de la Cour d’appel de Pau, y por parte española los de los Tribunales Superiores de Justicia de Aragón y Navarra, en las terceras Jornadas de Pau, en junio de 1993.

La ciudad de Zaragoza acogió las cuartas Jornadas, en septiembre de 1994. A ellas se incorporaron abogados y otros juristas, y paralelamente a su celebración tuvo lugar la Asamblea constituyente de la Federación de Colegios de Abogados Pirenaicos (2 de junio de 1994).

Las siguientes Jornadas han tenido lugar en: Biarritz (quintas, junio de 1998); Pamplona-Iruña (sextas, octubre de 2000); Agen (séptimas, octubre de 2002); Bilbao (octavas, noviembre de 2004); Bordeaux (novenas, diciembre de 2006); Logroño (décimas, noviembre de 2008); Toulouse (undécimas, octubre de 2011), hasta llegar a las duodécimas Jornadas de Bidasoa, que tendrán lugar en Zaragoza, sede del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, los días 18 y 19 de abril de 2012.

Es de significar que en las Jornadas de Bilbao se documentó la configuración definitiva de estas Jornadas, que desde entonces abarcan los territorios de los Tribunales Superiores de Justicia de Aragón, La Rioja, País Vasco y Navarra, y de las Cours d’appel de Agen, Bordeaux, Pau y Toulouse. También, que dada la configuración institucional de la magistratura francesa, en la que magistrados y fiscales forman parte de una sola carrera, pudiendo desempeñar funciones en parquet –fiscales- y en siége –jueces y magistrados-, la organización de estas jornadas se lleva a cabo, desde el inicio, conjuntamente por y para fiscales y miembros de la carrera judicial de los dos países.

Fruto de toda esta evolución, el apelativo “Bidasoa” no es ya la expresión de un accidente geográfico -río que separa territorios y que ha dividido a los pueblos- sino que constituye un nomen iuris, claramente identificable para todos los juristas que hemos participado en las Jornadas designadas con tal apelación. Responde, al inicio, a la ubicación geográfica de los territorios sitos a las orillas de dicho río, pero parte también desde el principio de una idea conformadora, la de romper la ignorancia recíproca entre juristas españoles y franceses que actúan la justicia en las regiones fronterizas, a fin de propiciar en conocimiento de las instituciones jurídicas y de los procedimientos judiciales de unos y otros y de fomentar la colaboración mutua en los ámbitos en que se desarrolla su actividad profesional.

Las Jornadas del Bidasoa se han convertido en las reuniones transfronterizas estrictamente judiciales de mayor antigüedad en Europa.

Fernando Zubiri de Salinas, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón

Enlaces relacionados:

Programa de las XII Jornadas del Bidasoa/ Journées de la Bidassoa. Zaragoza, 18 y 19 de abril.

Dos proyectos del Ministerio de Justicia logran el premio a una justicia más transparente

2012-11-27 15:45:06.0

El Ministerio de Justicia ha logrado dos premios a la Calidad de la Justicia en la modalidad de las iniciativas encaminadas a lograr una justicia más transparente. Ambos son dos proyectos de proyección internacional:

La Apostilla Electrónica y el intercambio de datos penales entre países miembros de la UE (European Criminal Records Information System-ECRIS) e integración registro central de penados-ECRIS.

El intercambio de datos penales entre países miembros de la UE (European Criminal Records Information System-ECRIS) proporciona a jueces y fiscales fácil acceso a la información completa sobre antecedentes penales de cualquier ciudadano de la Unión Europea.

La entrega de los premios Calidad de la Justicia tendrá lugar el 28 de noviembre, a las 19.30 horas, en la sede central Consejo General del Poder Judicial, calle Marqués de la Ensenada, 8.

La ceremonia estará presidida por Gonzalo Moliner, presidente del Consejo y del Tribunal Supremo.

Informes del CGPJ a los dos anteproyectos que incorporarán a la legislación española el reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales en la UE y el intercambio de antecedentes penales

2013-04-17 16:34:21.0

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó, en su sesión del 11 de abril, dos informes sobre dos anteproyectos de ley que buscan la trasposición a la legislación española de diversas normativas europeas en materia penal.

Ya están disponibles en la sección de Informes del Consejo ambos documentos íntegros.

Adicionalmente, en esta noticia se ofrece un enlace a los informes y un breve resumen de cada uno de ellos.

INFORME AL ANTEPROYECTO DE LEY SOBRE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES Y CONSIDERACIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES PENALES EN LA UNIÓN EUROPEA

El objetivo del Anteproyecto es incorporar a la legislación española las decisiones marco 2008/675/JAI, de 24 de julio de 2008, relativa a la consideración de las resoluciones condenatorias entre los Estados miembros de la Unión Europea con motivo de un nuevo proceso penal,vencida el 15 de agosto de 2010, y la decisión marco 2009/315/JAU, de 26 de febrero de 2009, relativa a la organización y al contenido del intercambio de información de los registros de antecedentes penales entre Estados miembros, vencida el 26 de marzo de 2012.

El objetivo de ambas decisiones marco es reconocer a las condenas pronunciadas por un Estado miembro el mismo valor y asignarle los mismos efectos que una condena nacional anterior, ya se trate de la fase previa al proceso penal, del propio proceso penal o de la fase de ejecución de la condena.

Entiende el Pleno del CGPJ que la transposición de esta normativa europea exige la reforma del Código Penal, y así lo reconoce la Exposición de Motivos del anteproyecto informado, reforma que sin embargo no ha sido remitida al Consejo, pese a que el texto informado pretende modificar el concepto de reiteración delictiva, que identifica de manera indebida con el concepto de reincidencia. En todo caso, este aspecto exige su regulación por ley orgánica al afectar directamente a los presupuestos legitimadores de la privación de libertad provisional así como a la determinación de la pena y a las condiciones del cumplimiento de penas privativas de libertad.

Por otra parte, el anteproyecto informado debería precisar que las resoluciones judiciales condenatorias dictadas por otros Estados miembros que pueden ser objeto de anotación en el Registro Central de Penados y que pueden ser tomadas en cuenta por los órganos penales españoles deben ser exclusivamente las resoluciones definitivas y firmes dictadas por un órgano jurisdiccional penal. Hay que recordar que en algunos Estados de la UE tienen la consideración de resolución penal las dictadas por órganos administrativos siempre que su decisión sea susceptible de ser revisada por un órgano jurisdiccional penal, resolución que no debería acceder al Registro español de penados.

El anteproyecto prevé la inscripción de las resoluciones penales dictadas por otros Estados miembros si en condenado es nacional español o no siéndolo, es residente o haya sido residente en España y haya sido condenado aquí; supuestos que resultan adecuados. Pero, además, cuando ni siendo español ni residente o ex residente concurran “circunstancias excepcionales” que no describe, lo que merece un total rechazo.

En cuanto a la posibilidad de utilizar datos de carácter personal comunicados al Registro central de Penados por otro Estado miembro con fines distintos por los que fueron solicitados, por razones de orden público y seguridad nacional, estima el Consejo que solo podrá tener lugar cuando exista una amenaza grave e inminente, debiendo notificarse esta utilización de los datos de carácter personal a la Agencia de Protección de datos, lo que no contempla el anteproyecto.

En último término, el Consejo recomienda la revisión de la redacción y terminología del anteproyecto, que resulta en ocasiones incorrecta e inconcreta y poco acorde al lenguaje utilizado en el Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Criminal y Ley Orgánica del Poder Judicial.

INFORME AL ANTEPROYECTO DE RECONOCIMIENTO MUTUO DE RESOLUCIONES JUDICIALES PENALES EN LA UNIÓN EUROPEA Y AL ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA COMPLEMENTARIA DE LA ANTERIOR, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO DEL PODER JUDICIAL

El Anteproyecto de Ley informado pretende ser un instrumento codificador único de todas las normas europeas aprobadas hasta hoy en materia de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales penales, salvo las relativas a los antecedentes penales y consideración de las sentencias condenatorias penales.

La codificación en un solo instrumento de todas las normas europeas aprobadas hasta hoy en materia de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales penales en el ámbito de la UE merece una valoración positiva, pues sin duda facilitará su conocimiento para todos los operadores jurídicos que las apliquen. Pero señalada la bondad del propósito de hacer un solo código en esta materia, su materialización no resulta satisfactoria. Amén de numerosas matizaciones de carácter técnico, los principales reparos del Consejo al articulado examinado son:

En primer lugar, resulta cuestionable la idoneidad de la ley ordinaria, siendo necesaria la Ley orgánica, al menos en algunos aspectos y para determinadas órdenes europeas, como por ejemplo, la de libertad vigilada
El Anteproyecto crea y regula lo que llama órdenes europeas de reconocimiento mutuo, como el instrumento que permite el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales. De manera que hay que diferenciar tres disposiciones distintas: la primera, que es la resolución penal dictada por la autoridad competente del estado de emisión, en su procedimiento interno, que va a ser objeto de transmisión para su reconocimiento por otro estado miembro. La segunda, la orden europea, que es una resolución, distinta a la anterior, por la que se acuerda la transmisión de ésta última a otros estados miembros para su ejecución. La tercera, el certificado obligatorio en el que se documenta la orden europea, que es igual para todos los Estados miembros. Sin embargo, a lo largo del texto se pone de manifiesto las confusión, en unas ocasiones, entre la resolución judicial previa con la orden europea y en otras, entre ésta y el certificado.
En tercer lugar, es inexacto el título mismo del Anteproyecto ley, que habla del “reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en el Unión Europea”, pues son objeto de reconocimiento mutuo en materia penal otras resoluciones que no son dictadas por un órgano judicial, como por ejemplo, en nuestro país los decretos del Fiscal en las órdenes europeas de aseguramiento preventivo y de prueba
El Anteproyecto pretende adecuar en el artículo 10 la lista de las categorías delictivas excluidas del requisito de doble tipicidad a delitos concretos y tipificados en el CP, con bastante poca fortuna, por lo que se propone la revisión de ese artículo.
Por lo que se refiere a las causas de denegación del reconocimiento, el Anteproyecto olvida regular la prescripción del delito, que como tal está prevista en las decisiones marco reguladoras de la orden europea de detención y entrega, de libertad provisional y de protección.

Orden del día del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de abril

2012-04-18 18:44:38.0

ORDEN DEL DIA DE LA REUNION PLENARIA DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DEL DÍA 19 DE ABRIL DEL AÑO 2012, A LAS 9 HORAS.

CAPITULO I

ASUNTOS GENERALES

I-1º.- Aprobación, en su caso, del acta de la sesión plenaria ordinaria del día 22 de marzo del año 2012.

I-2º.- Dación de cuenta del cumplimiento de acuerdos.

I-3º.- Informes de las Comisiones y Vocalías.

I-4º.- Propuesta de la Comisión Permanente (II-2, de 21 de marzo de 2012) para, si procede:

1.- Aprobar el Convenio en materia de formación entre el Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno de Canarias para el año 2012.

2.- Aprobar el gasto de DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS EUROS (19.600 €) con cargo al programa 111.O de “Selección y Formación de Jueces y Magistrados” del presupuesto de este Consejo del ejercicio 2012, delegando en el Secretario General la adopción de medidas que, para la mejor ejecución de las actividades programadas, impliquen redistribución interna de las cantidades expresadas en esta propuesta y de los expedientes de gasto a que éste dé lugar, siempre que no supere el importe total de lo presupuestado.

3.- Delegar en la Comisión de Escuela Judicial la resolución de las incidencias que en el desarrollo de este Convenio puedan surgir.

4.- Delegar la firma del Convenio en las Vocales Delegadas para el territorio de Canarias, Dña. Inmaculada Montalbán Huertas y Dña. Concepción Espejel Jorquera.

5.- Designar a las Vocales Delegadas del Territorio de Canarias, un Vocal de la Comisión de Escuela Judicial y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias como representantes del Consejo para formar parte de la Comisión de Seguimiento establecida en la cláusula Séptima del mencionado Convenio.

I-5º.- Propuesta de la Comisión Permanente (II-3, de 27 de marzo de 2012) para, si procede, aprobar el Convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la Universidad Pontificia de Salamanca para la realización de prácticas en Juzgados y Tribunales.

Delegar la firma del Convenio en el Vocal D. Miguel Julián Collado Nuño.

Designar al representante del Consejo General del Poder Judicial que formará parte de la Comisión de Seguimiento que el citado Convenio establece en su cláusula Novena.

I-6º.- Propuesta de la Comisión Permanente (II-4, de 27 de marzo de 2012) para, si procede, aprobar el Convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y el Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña para utilizar determinados espacios de la Ciudad de la Justicia de Barcelona y Hospitalet de Llobregat para destinarlos a actividades formativas de la Escuela.

Delegar la firma del mismo en el caso de que no vaya a ser firmado por el Sr. Presidente del Consejo General del Poder Judicial.

Designar a los dos miembros que, en representación del Consejo General del Poder Judicial, formarán parte de la Comisión de Seguimiento que el citado Convenio establece en su cláusula Novena.

I-7º.- Propuesta de la Comisión Permanente (II-9, de 27 de marzo de 2012) para, si procede, aprobar el Convenio de Colaboración Tecnológica entre el Consejo General del Poder Judicial y la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Delegar la firma del mismo en el caso de que no vaya a ser firmado por el Sr. Presidente del Consejo General del Poder Judicial.

Designar a los dos miembros que en representación del Consejo General del Poder Judicial, formarán parte de la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento que el citado Convenio establece en su cláusula Quinta.

I-8º.- Propuesta de la Comisión Permanente (II-10, de 27 de marzo de 2012) para, si procede, aprobar el Convenio de Colaboración Tecnológica entre el Consejo General del Poder Judicial y la Comunidad Autónoma de Canarias.

Delegar la firma del mismo en el caso de que no vaya a ser firmado por el Sr. Presidente del Consejo General del Poder Judicial.

Designar a dos miembros que, en representación del Consejo General del Poder Judicial, formarán parte de la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento, que el citado Convenio establece en su cláusula Quinta.

I-9º.- Propuesta de la Comisión Permanente (II-11, de 27 de marzo de 2012) para, si procede, aprobar el Convenio de Colaboración Tecnológica entre el Consejo General del Poder Judicial y la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Delegar la firma del mismo en el caso de que no vaya a ser firmado por el Sr. Presidente del Consejo General del Poder Judicial.

Designar a los dos miembros que, en representación del Consejo General del Poder Judicial, formarán parte de la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento, que el citado Convenio establece en su cláusula Quinta.

I-10º.- Propuesta de la Comisión Permanente (II-17, de 27 de marzo de 2012) para que el Pleno adopte la resolución que proceda, en relación con la propuesta de la Comisión de Escuela Judicial sobre participación de 25 miembros de la Carrera Judicial en el VIII Congreso Tributario, cuya realización está prevista para los días 23 a 25 de mayo próximos en la ciudad de Valencia, en colaboración con la Asociación Española de Asesores Fiscales.

I-11º.- Ratificación del acuerdo de la Comisión Permanente (II-2, de 3 de abril de 2012), adoptado por razones de urgencia y en funciones de Pleno, al amparo de lo establecido en el artículo 57 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, por el que se dispuso:

1.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y la Administración de la Comunidad de Castilla y León en materia de formación continua de Jueces y Magistrados para el año 2012.

2.- Aprobar la delegación de la firma del citado Convenio en los/as Sres/as. Dª. Almudena Lastra de Inés y D. Miguel Collado Nuño, Vocales Delegados Territoriales de Castilla y León.

Interesar la designación de los tres representantes que han de formar parte de la Comisión de Seguimiento del Convenio según establece su cláusula novena (uno de los Vocales Delegados del Territorio, uno de los Vocales de Escuela Judicial del Consejo y el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León).

3.- Aprobar un gasto de VEINTICINCO MIL EUROS (25.000 €) con cargo al programa 111.0 de “Selección y Formación de Jueces y Magistrados” del presupuesto del Consejo para el ejercicio 2012, para la ejecución de las actividades de formación descentralizadas previstas en el Convenio de Colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y la Administración de la Comunidad de Castilla y León en materia de formación continua de Jueces y Magistrados para el año 2012. El referido gasto ha sido fiscalizado de conformidad por la Intervención del mismo Consejo.

I-12º.- Propuesta de la Comisión Permanente (II-13, de 3 de abril de 2012) para, si procede:

1.- Aprobar el Convenio en materia de formación continuada de miembros de la Carrera Judicial entre el Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2012.

2.- Aprobar el gasto de TRES MIL QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (3.518,85 €) con cargo al programa 111.O de “Selección y Formación de Jueces y Magistrados” del presupuesto de este Consejo del ejercicio 2012, delegando en el Secretario General la adopción de medidas que, para la mejor ejecución de las actividades programadas, impliquen redistribución interna de las cantidades expresadas en esta propuesta y de los expedientes de gasto a que éste dé lugar, siempre que no supere el importe total de lo presupuestado. El citado gasto ha sido fiscalizado de conformidad por la Intervención del Consejo.

3.- Delegar en la Comisión de Escuela Judicial la resolución de las incidencias que en el desarrollo de este Convenio puedan surgir.

4.- Delegar la firma del Convenio en los Vocales Delegados del Territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja, D. Félix V. Azón Vilas y D. Antonio Monserrat Quintana.

5.- Designar a los dos Vocales que, en representación del Consejo, formarán parte de la Comisión Mixta de Seguimiento, según se establece en la cláusula Séptima del citado Convenio

I-13º.- Ratificación del acuerdo de la Comisión Permanente (III-4, de 3 abril de 2012), adoptado por razones de urgencia y en funciones de Pleno, al amparo de lo establecido en el artículo 57 del Reglamento 1/1986, de 22 de abril, de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, por el que se desestimó la solicitud de suspensión instada en el recurso de alzada núm. 64/12, interpuesto por un magistrado, contra Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de fecha 7 de febrero de 2012 (B.O.E. de 10 de febrero de 2012), por el que se le declara en situación de excedencia voluntaria por asuntos propios por razón de haber sido nombrado Subdelegado del Gobierno en León.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de la misma, sin perjuicio de cualquier otro que pueda estimarse procedente.

I-14º.- Ratificación del acuerdo de la Comisión Permanente (I-1, de 9 de abril de 2012), adoptado por razones de urgencia y en funciones de Pleno, al amparo de lo establecido en el artículo 57 del Reglamento 1/1986, de 22 de abril, de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, por el que se dispuso aceptar la renuncia al cargo de Letrado de este Consejo General del Poder Judicial del Magistrado D. JORGE CARRERA DOMENECH, con efectos de 10 de abril de 2012.

I-15º.- Ratificación del acuerdo de la Comisión Permanente (II-2, de 9 de abril de 2012), adoptado por razones de urgencia y en funciones de Pleno, al amparo de lo establecido en el artículo 57 del Reglamento 1/1986, de 22 de abril, de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, por el que se dispuso:

1.- Abonar una asistencia por importe de 125,00 euros en cada una de las sesiones de tarde de los días 11 y 13 de abril, para el personal que tome parte en las pruebas objetivas de los procesos selectivos para el reconocimiento de la condición de Magistrado/a especialista en los órdenes civil y penal, convocadas por Acuerdo de 30 de junio de 2011, reconociendo la misma cuantía con el incremento previsto en el artículo 4.2 del Reglamento 1/2008, para la sesión que tendrá lugar el sábado 14 de abril.

2.- Nombrar a D. F. A. C. y a D. L. M. D. E., junto con:

• El día 11 por la tarde (prueba de civil): Dª. E. C. M., Dª. M. R. R. y D. J. L. T. (funcionarios de la Sección de Selección de Escuela Judicial), D. J. P. P. S. y D. J. L. P. L. (personal de Informática); así como las colaboradores habituales del Tribunal, nombradas por el turno aprobado por Acuerdo de 1 de abril de 2011 de la Comisión Permanente, Dª. M. E. L.-R. T. y Dª. S. L. P.

• El día 13 por la tarde y el día 14 por la mañana (pruebas de penal), los citados en el párrafo anterior, salvo las colaboradoras habituales, que en este caso son Dª. M. C. L. B. y Dª. A. I. M. P.

Todos ellos como personal colaborador para atención de las tareas auxiliares de desarrollo de las pruebas de especialización en materia civil y penal a celebrar los días once a catorce de abril de acuerdo con las previsiones de la propuesta de la Sección de Selección de la Escuela Judicial.

I-16º.- Propuesta de la Comisión Presupuestaria para, si procede, aprobar, en virtud de lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, la siguiente Generación de Crédito cuya competencia corresponde al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, según lo dispuesto en el artículo 62.1.b) de la Ley 47/2003 General Presupuestaria:

Generación de Crédito, por importe de 1.133.968,82 euros, en la aplicación presupuestaria que a continuación se detalla, de los vigentes Presupuestos Generales del Estado, de acuerdo con el ingreso efectuado por el Consejo General del Poder Judicial en el Tesoro Público en fecha 23 de marzo de 2012, en concepto de venta de copias de sentencias en soporte informático y papel, por ser dicha aplicación presupuestaria la que atiende gastos de la misma naturaleza que los que se originaron para prestar los citados servicios a las empresas editoriales que solicitan copia de las sentencias y demás resoluciones judiciales.

APLICACIÓN IMPORTE

0801.111P.227.06 1.133.968,82 euros.

I-17º.- Propuesta de la Comisión Presupuestaria para, si procede, aprobar, en virtud de lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, la siguiente Generación de Crédito cuya competencia corresponde al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas según lo dispuesto en el artículo 62.1.b) de la Ley 47/2003 General Presupuestaria:

Generación de Crédito, por importe de 35.816,00 euros, en el concepto presupuestario 08.01.111P.240 de los vigentes Presupuestos Generales del Estado, en virtud del ingreso efectuado por el Consejo General del Poder Judicial en el Tesoro Público en fecha 23 de marzo de 2012, en concepto de venta de libros y publicaciones del CENDOJ, por ser dicho concepto presupuestario el que atiende gastos de la misma naturaleza que los que se originaron para editar las publicaciones que se ponen a la venta.

I-18º.- Propuesta de la Comisión de Modernización e Informática para, si procede, aprobar el informe al Proyecto de Orden por al que se determina el calendario laboral para el año 2012 en el ámbito de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

I-19º.- Propuesta de la Comisión de Modernización e Informática para, si procede, aprobar el informe a la propuesta de calendario laboral para el personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid para el año 2012.

I-20º.- Propuesta de la Comisión de Modernización e Informática para, si procede, aprobar el informe al Proyecto de Orden sobre los horarios y calendario laboral de las oficinas de la Administración de Justicia en Galicia para 2012.

I-21º.- Propuesta de resolución que formula el Vocal D. Ramón Camp i Batalla, Ponente, para, si procede, declarar la jubilación anticipada de Magistrado el día 1 de junio de 2012, fecha de jubilación solicitada, quedando demorada la eficacia de la misma hasta ese momento, ya que convergen en su solicitud, en su persona y en su situación administrativa todos los elementos, condiciones y requisitos establecidos en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, como en el Reglamento 2/2011, de 28 de abril, de la Carrera Judicial y en la normativa reguladora de Clases Pasivas del Estado y en sus disposiciones de desarrollo plasmadas en la Resolución de 29 de diciembre de 1995, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública que modifica los procedimientos de jubilación. Es decir: “sesenta o sesenta y cinco años de edad, prestación de servicios efectivos al Estado durante 30 años, solicitud del interesado/a de iniciar el procedimiento con seis o tres meses de antelación y señalamiento de la fecha de jubilación.

Notifíquese la presente resolución al Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, al Ilmo. Sr. Secretario de la Sala de Gobierno, a la Mutualidad General Judicial, a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, a la Habilitación de Órganos Centrales del Ministerio de Justicia y al interesado, haciéndole saber que contra la misma cabe recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación, en legal forma, ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

I-22º.- Propuesta del Secretario General para, si procede:

Disponer la ejecución de la Sentencia de 8 de febrero de 2012, dictada en el Recurso contencioso-administrativo 445/2010, seguido ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, y a tal efecto:

PRIMERO.- Acusar recibo a la indicada Sala, de la Sentencia de 8 de febrero de 2012, dictada en el Recurso contencioso-administrativo 445/2010, Sección Séptima, que resuelve el recurso interpuesto por la Asociación Foro Judicial Independiente contra el acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 26 de octubre de 2009, por el que se aprobaron los listados de cumplimiento de objetivos de los miembros de la Carrera Judicial correspondientes a los dos semestres de 2008, y unir el testimonio de la indicada resolución al expedientes para constancia.

SEGUNDO.- Tener por anulado el referido acuerdo, así como el del Pleno de fecha 28 de octubre de 2010 (correspondiente al Recurso de Alzada 283/09), dando traslado al Ministerio de Justicia de la presente resolución a los efectos oportunos.

I-23º.- Propuesta del Secretario General para, si procede:

Autorizar el gasto correspondiente a la prórroga, para el periodo comprendido entre el 16 de mayo de 2012 y el 15 de mayo de 2013, y al modificado -por reducción del importe- del contrato suscrito con SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE FREMAP, S.L.U. para la realización de reconocimientos médicos periódicos a los miembros de la Carrera Judicial en activo, por un importe máximo de DOSCIENTOS MIL EUROS (200.000,00), que se imputará a la aplicación 08.111.M.227.06 del presupuesto del Consejo para el ejercicio 2012, y al precio unitario por reconocimiento vigente de CUARENTA Y SIETE EUROS (47,00), que deberá actualizarse aplicando al mismo el 85% de la tasa de variación interanual del índice de precios al consumo correspondiente al mes anterior al del inicio de la prórroga.

I-24º.- Propuesta del Secretario General para, si procede:

1. Admitir a trámite el escrito de reclamación de Responsabilidad Administrativa Patrimonial presentado por Don J. M. B. S., dirigido contra el Consejo General del Poder Judicial por los supuestos daños y perjuicios alegados, que deberá tramitarse con arreglo a las disposiciones que en esta materia se contienen en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.

2. Designar instructor al Secretario General, quien tramitará el procedimiento con el auxilio del Servicio de Estudios e Informes de este Consejo.

3. Acordar que el dictamen al que se refiere el artículo 12.1 del Real Decreto 429/1993 sea emitido por el Servicio de Estudios e Informes del Gabinete Técnico del Consejo General del Poder Judicial.

4. De conformidad con el artículo 42.4,2º de la Ley 30/92, poner en conocimiento del solicitante que el plazo máximo para la resolución y notificación del presente procedimiento es de seis meses desde que se inició el procedimiento (o el plazo que resulte de añadirles un período extraordinario de prueba de conformidad con el artículo 9 del Reglamento) y que si transcurre dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular (artículo 13.3 del Real Decreto 429/93)

I-25º.- Propuesta de los Vocales Dña. Inmaculada Montalbán Huertas, D. Fernando de Rosa Torner, D. Félix V. Azón Vilas, D. Miguel Julián Collado Nuño, Margarita Robles Fernández, D. Carles Cruz Moratones, D. Manuel Almenar Belenguer, D. Antonio Monserrat Quintana, y D. Antonio Dorado Picón de renovación por período de un año del Letrado D. FRANCISCO JAVIER SENAC ASANZA, con efectos del día 23 de mayo de 2012.

I-26º.- Propuesta del Secretario General para decidir sobre la prórroga, por un año, con efectos del día 2 de julio de 2012, del nombramiento de DOÑA SILVIA ARMERO VILLALBA, para continuar prestando sus servicios en el mismo puesto de trabajo que actualmente ocupa, de conformidad con lo establecido en el artículo 146.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, manteniendo la situación de servicios especiales que ya tiene declarada.

I-27º.- Propuesta del Secretario General para decidir sobre la prórroga por un año, con efectos del día 30 de junio de 2012, del nombramiento de D. JORGE OBACH MARTÍNEZ, para continuar prestando sus servicios en el mismo puesto de trabajo que actualmente ocupa, de conformidad con lo establecido en el artículo 146.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, manteniendo la situación de servicios especiales que ya tiene declarada.

I-28º.- Propuesta del Secretario General para decidir sobre la prórroga por un año, con efectos del día 30 de junio de 2012, del nombramiento de DOÑA ROSA MARÍA FREIRE PÉREZ, para continuar prestando sus servicios en el mismo puesto de trabajo que actualmente ocupa, de conformidad con lo establecido en el artículo 146.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, manteniendo la situación de servicios especiales que ya tiene declarada.

I-29º.- Propuesta del Secretario General para decidir sobre la prórroga por un año, con efectos del día 30 de junio de 2012, del nombramiento de DOÑA MARÍA GEMA ESPINOSA CONDE, para continuar prestando sus servicios en el mismo puesto de trabajo que actualmente ocupa, de conformidad con lo establecido en el artículo 146.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, manteniendo la situación de servicios especiales que ya tiene declarada.

I-30º.- Propuesta del Secretario General para decidir sobre la prórroga por un año, con efectos del día 30 de junio de 2012, del nombramiento de DON RAMÓN CASAS VALLÉS, para continuar prestando sus servicios en el mismo puesto de trabajo que actualmente ocupa, de conformidad con lo establecido en el artículo 146.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, manteniendo la situación de servicios especiales que ya tiene declarada.

I-31º.- Propuesta del Secretario General para decidir sobre la prórroga por un año, con efectos del día 14 de junio de 2012, del nombramiento de DOÑA MARÍA JESÚS VILLA SÁNCHEZ, para continuar prestando sus servicios en el mismo puesto de trabajo que actualmente ocupa, de conformidad con lo establecido en el artículo 146.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, manteniendo la situación de servicios especiales que ya tiene declarada.

I-32º.- Propuesta del Secretario General para decidir sobre la prórroga por un año, con efectos del día 6 de junio de 2012, del nombramiento de DOÑA CARMEN CALVO VELASCO, para continuar prestando sus servicios en el mismo puesto de trabajo que actualmente ocupa, de conformidad con lo establecido en el artículo 146.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, manteniendo la situación de servicios especiales que ya tiene declarada.

I-33º.- Propuesta de la Comisión de Estudios e Informes para interesar del Ministerio de Justicia el otorgamiento de un plazo extraordinario de prórroga por periodo de treinta días, para la emisión del preceptivo informe al Anteproyecto de Ley por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

I-34º.- Propuesta de la Comisión de Estudios e Informes para la aprobación, si procede, del informe al Proyecto de modificación del Real Decreto 1398/1995, de 4 de agosto, por el que se regula el sorteo para la formación de listas de candidatos a jurado.

I-35º.- Propuesta de la Comisión de Estudios e Informes para la aprobación, si procede, del informe al Proyecto de Decreto por el que se crea la Junta de Expurgo de documentos judiciales del Principado de Asturias.

I-36º.- Propuesta de los Vocales Delegados para las Relaciones con las Asociaciones Judiciales para la aprobación, si procede, de la convocatoria que debe regir la concesión de subvenciones a las Asociaciones Profesionales Judiciales, de conformidad con lo exigido en el artículo 23 y concordantes, de la Ley 38/2003 y del Reglamento 1/2011 de Asociaciones Judiciales Profesionales (aprobado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial por acuerdo de 28 de febrero de 2011, BOE de 18 de marzo de 2011).

I-37º.- Propuesta de la Comisión de Calificación para provisión del puesto de Jefe/a de Sección, vacante en el Servicio de Relaciones Internacionales como consecuencia del nombramiento para otro cargo de D. Jorge Carrera Domenech.

I-38º.- Propuesta del Vocal D. Miguel Julián Collado Nuño de aprobación del documento Un compromiso con la nación. La Justicia al servicio de España.

I-39º.- Propuesta de los Vocales D. Manuel Almenar Belenguer, Dña. Margarita Robles Fernández, Dña. Inmaculada Montalbán Huertas y Dña. Gabriela Bravo Sanestanislao, en relación con el Proyecto de Bases para una nueva demarcación judicial.

I-40º.- Propuesta del Vocal D. Félix V. Azón Vilas, para dirigirse a la Comisión de Selección prevista en el artículo 305 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a fin de que se convoquen pruebas selectivas para ingreso en la Carrera Judicial.

Ruegos y preguntas.

Curso virtual: normas internacionales de trabajo para jueces latinoamericanos

2012-04-30 20:20:50.0

Acceso al vídeo relacionado

Las Escuelas Judiciales de Costa Rica, España y Venezuela han organizado el primer curso virtual sobre normas internacionales de trabajo destinado a jueces latinoamericanos.

Este curso tiene su origen en la reunión sobre Capacitación Judicial convocada con motivo de la I Ronda de Talleres preparatorios de la Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada este año en Buenos Aires.

En dicha reunión se decidió encargar a las representaciones de Costa Rica, España y Venezuela la organización de este curso sobre Normas Internacionales de Trabajo.

La representación española, para cumplir dicho encargo, se ha reunido en varias ocasiones con representantes de la Organización Internacional del Trabajo, que ha cooperado en la realización del curso.

El curso sirve además de prueba para testar la capacidad de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales (RIAEJ) al objeto de desarrollar cursos del alto nivel para jueces y fortalecer la estructura, capacidad y visibilidad de la propia red.

El objetivo es que participen ponentes y alumnos de ambos Continentes, así como de instituciones supranacionales.

Otro de los objetivos es iniciar una experiencia en el ámbito de la jurisdicción de Trabajo y Seguridad Social, en la medida en que las normas de la OIT son fundamentales para el bienestar de los ciudadanos de todos los países y una herramienta indispensable para los Jueces laborales en el ejercicio de su jurisdicción.

El inicio del curso se elaboró durante la Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada entre los días 25 a 27 de abril.

El curso finaliza el 24 de junio y consta de diversos módulos.

Se adjunta el programa y el curriculum vitae de los ponentes.

El CGPJ aboga por destipificar ciertas faltas penales y apoya una cultura de resolución de conflictos basada en la mediación, conciliación y arbitraje

2012-06-28 19:58:44.0

Según el citado informe, los niveles de litigiosidad son especialmente acusados en la jurisdicción penal, casi el 71 por ciento del total de los asuntos ingresados en el año 2010 en todas las jurisdicciones. “Los Juzgados de Instrucción conocen del enjuiciamiento de la mayoría de las faltas” –dice el informe-, “3.448.548 asuntos de los 6.639.356 ingresados en el orden penal en 2010”.

El CGPJ propone, como primera medida, ampliar las capacidades y competencias de los Jueces de Paz para que puedan juzgar estas faltas que actualmente resuelven los jueces de instrucción. Y plantea, como segunda medida, la posibilidad de configurar en un futuro un nuevo cuerpo judicial diferente al de los jueces y magistrados de carrera, pero especializados en este campo, los llamados “Jueces de Justicia Básica”.

De esta forma, dice el informe, se “contribuiría a aligerar la carga de trabajo actualmente soportada por los Jueces de carrera, derivando un gran número de litigios con escaso alcance económico y poca complejidad jurídica hacia ese segundo circuito de órganos judiciales”.

El CGPJ, por otra parte, apoya decididamente fomentar y redoblar los esfuerzos por implantar en España una cultura de resolución de conflictos fundada sobre tres pilares básicos: la mediación, el arbitraje y la conciliación.

Aunque el CGPJ aconseja no configurar la mediación como un requisito obligatorio, impuesto por la ley para emprender una acción judicial, sí considera que es un medio alternativo idóneo de solución de conflictos. “Especialmente aconsejable en contextos en que las partes, pese a la controversia surgida entre ellas, están llamadas a seguir manteniendo relaciones personales o comerciales en el futuro”, dice el informe. Un recurso, el de la mediación, que “debe ser fomentado desde las instancias públicas, creando condiciones legislativas adecuadas”.

Sobre el arbitraje, el CGPJ reconoce que su papel como factor reductor de la litigiosidad es relativo desde un punto de vista cuantitativo, aunque su efecto “también debe medirse en el plano cualitativo, al descargar a los Juzgados y Tribunales del conocimiento de esta clase de asuntos de larga y difícil solución”. El Consejo, sin embargo, señala que el arbitraje se encuentra insuficientemente desarrollado en los campos de lo laboral y de contencioso-administrativo; en consumo el arbitraje no redunda –o sólo escasamente- “en una auténtica evitación de la litigiosidad”.

En materia de conciliación, aunque el Consejo reconoce el fracaso de la comparecencia previa en el procedimiento de menor cuantía (artículos 691 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil), sigue apostando por ello. “La experiencia de otros países demuestra igualmente que es muy importante que en materia de conciliación se asegure la presencia del juez en el primer momento”, explica el informe.

En referencia concreta a la litigiosidad civil y mercantil, el CGPJ aconseja “implantar la conciliación obligatoria, previa a la interposición del litigio propiamente dicho”. Y añade: “El juez debería convocar a las partes al acto de conciliación, con obligatoria presencia de las partes y de su representación y defensa letradas, así como del propio juez”.

En este caso la parte demandada puede hacer a la contraparte una oferta de transacción, antes del juicio, incluyendo las costas causadas hasta ese momento. Si la otra parte lo rechaza y el fallo, finalmente, no le es más favorable que la oferta que el demandado le hizo, pese a ganar el pleito deberá abonar las costas causadas con posterioridad al momento de formulación de la oferta de transacción.

Sobre las costas, el informe manifiesta que pueden cumplir un papel reductor de la litigiosidad, como se reconoce en el actual Anteproyecto de Ley presentado por el Gobierno, sobre el que el Consejo ya hizo su valoración, pero va más allá: “están cumpliendo una importante función disuasoria hacia la utilización poco rigurosa de la Administración de Justicia”.

Madrid, 28 de junio de 2012

Desde la Escuela: Conferencia sobre la reforma del delito fiscal, por Cándido Conde-Pumpido

2013-05-13 19:03:36.0

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Vídeo con la grabación íntegra de la conferencia

La Escuela Judicial emitió en directo el 14 de mayo, a las 13 horas, una conferencia del magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo Cándido Conde-Pumpido sobre "La reciente reforma del delito Fiscal".

El ponente utilizó en su exposición una serie de diapositivas que se adjuntan en esta noticia.

Discurso del presidente del Tribunal Supremo con motivo de la Apertura del Año Judicial 2011

Consejo General del Poder Judicial — 2011-09-15 00:00:00.0

Acceso al discurso de Carlos Dívar pronunciado con motivo de la Apertura de Tribunales, ceremonia en la que se presenta a la sociedad la Memoria anual sobre el estado, funcionamiento y actividades de nuestros órganos judiciales y del Ministerio Fiscal.

Aprobado el Protocolo de Actuación judicial en casos de grandes catástrofes

2011-11-30 00:00:00.0

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado el Protocolo de Actuación judicial para supuestos de grandes catástrofes. El Protocolo fija unas directrices para facilitar la toma de decisiones por los órganos judiciales y gubernativos competentes, sin interferir en la independencia judicial, y respeta los límites que derivan de lo dispuesto en el artículo 12.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El Protocolo es un instrumento destinado a responder a las necesidades derivadas de una situación de emergencia en tiempo de paz. Se entiende por catástrofe cualquier acontecimiento que provoque daños personales y materiales, cuyo número, características y circunstancias superen la posibilidad de una respuesta local normalizada.

El órgano judicial llamado legalmente a intervenir desde el primer momento es el Juzgado de Guardia. El Protocolo establece las actuaciones de los recursos humanos y materiales para la coordinación de las distintas instancias judiciales y las medidas necesarias de apoyo y refuerzo a la autoridad judicial, así como la coordinación con las restantes autoridades llamadas a intervenir.

El Protocolo sirve de guía para dar respuesta al conjunto de actividades que deban desarrollarse por los órganos judiciales para hacer frente de manera eficaz y coordinada a las consecuencias derivadas de una situación de catástrofe.

Son hechos que exigen la intervención judicial a fin de depurar la naturaleza del suceso catastrófico y las eventuales responsabilidades que pudieran existir. La actuación de los órganos judiciales está dirigida a decisiones relativas a la identificación y levantamiento de cadáveres, inspección ocultar, investigación de las características de los hechos, así como de dirección y coordinación de las unidades y servicios dependientes.

En su elaboración se ha tomado especialmente en consideración la Guía orientativa de actuación integral para supuestos de grandes catástrofes elaborada por la Escuela Judicial, que fue remitida en 2007 a las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia para su difusión entre los Juzgados de Instrucción.

Asimismo, se ha tenido en cuenta la labor eficaz desarrollada por el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia con ocasión del terremoto acaecido en la ciudad de Lorca en mayo de 2011.

El examen del conjunto de actuaciones desarrolladas durante el terremoto de Lorca constituye un instrumento de gran utilidad para constatar los distintos aspectos prácticos a los que ha tenido que enfrentarse la actuación judicial, además de ser revelador de la reconocida labor desarrollada en aquellas circunstancias por la organización judicial. El celo profesional con el que se actuó permitió suplir las carencias de un marco planificador de referencia, que es el que ahora se pretende suministrar.

Se adjunta el Protocolo de Actuación judicial para supuestos de grandes catástrofes aprobado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en su sesión del pasado 23 de noviembre.

El CGPJ presentó en el SIMO su apuesta por la modernización judicial

2012-09-28 13:52:36.0

Este año, por primera vez, el SIMO contó con un espacio específico para la "Tecnología para la justicia", donde se mostraron todos los avances y realidades tecnológicas en materia de modernización judicial implementados por los distintos operadores jurídicos,como son el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y las once comunidades autónomas con competencias en la materia.

Entre las realidades presentadas por el CGPJ se encontraba el "Punto Neutro Judicial", un nodo de comunicaciones de alta tecnología que conecta a los órganos judiciales con las bases de datos de las instituciones y registros, así como con entidades financieras. El Punto Neutro Judicial registra más de 18 millones de consultas anuales, realizadas por los juzgados y Tribunales de España.

En el SIMO también se mostró el importante papel que juega el Centro de Documentación Judicial (Cendoj), que se encarga del tratamiento de todas las sentencias dictadas en España. El buscador de jurisprudencia, de acceso público, contiene actualmente más de 15 millones de sentencias.

Como aseguró el vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, “las tecnologías en el Poder Judicial están absolutamente al día”. De Rosa, concluyó que “el Punto Neutro Judicial, como el CENDOJ acreditan que “la justicia de España quiere ser puntera y quiere estar a la vanguardia de la modernización de toda la Administración”.

El vocal del CGPJ, Carles Cruz, señaló que son tres las ventajas que tiene para la ciudadanía la modernización de la Justicia:” la reducción de tiempos”, “el ahorro de costes” ahorra costes” y “la satisfacción del usuario”. “El propio funcionario que utiliza las tecnología y que comprueba que en 20 segundos tiene una comprobación de averiguación de domicilio que de otra forma tarda un mes en recibir la respuesta de los distintos organismos, sin duda aumenta el confort en el que uno presta servicios en la administración de Justicia”, puntualizó Cruz.

El director del Centro de Documentación Judicial del Consejo, Iñaki Vicuña, presentó en esta feria la última gran novedad. Un buscador de jurisprudencia para smart phones y tables que en las próximas semanas estará a disposición del público. Con esta aplicación, “cualquier ciudadano puede consultar la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias Provinciales, Audiencia Nacional desde cualquier sitio y con unas prestaciones acordes con los días que estamos viviendo”, destacó.

La feria SIMO Network fue inaugurada el martes, 25 de septiembre, por el ministro de justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Tras la inauguración , tuvo lugar el acto de apertura de la Feria SIMO Network, que estuvo presidida por el ministro de Justicia, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, así como por el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce.

El CGPJ y el Colegio de Abogados de Madrid colaborarán en el fomento de la mediación intrajudicial

Comunicación Poder Judicial — 2013-02-13 18:38:39.0

Los vocales del Consejo General del Poder Judicial, Margarita Uría y Antonio Dorado, y la decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert, han suscrito esta tarde un convenio de colaboración en materia de implantación de la mediación intrajudicial en los juzgados de la ciudad de Madrid.

Según recoge el convenio suscrito, durante el próximo año se desarrollarán los siguientes proyectos de mediación:

Creación de un Servicio de Mediación Intrajudicial en asuntos civiles que se tramiten en los juzgados de primera instancia de la capital madrileña.
Creación de un Servicio de Mediación Intrajudicial en procedimientos de faltas tramitados en los juzgados de instrucción asimismo de Madrid capital.

Tanto el CGPJ como el Colegio de Abogados de Madrid subrayan que la mediación es un proceso de resolución de conflictos, absolutamente confidencial, que permite que las partes implicadas puedan comunicarse entre sí y llegar, en su caso, a acuerdos mutuamente consentidos. El mediador actúa como facilitador del proceso y vela por su legítimo funcionamiento, creando un espacio de diálogo en el que prevalece la equidad comunicativa, la seguridad, la libertad y la igualdad.

En esta línea, recuerda el CGPJ que el Plan de Modernización de la Justicia incluye una referencia específica a la mediación civil y penal como instrumento eficaz y ágil en la resolución de conflictos.

Madrid, 13 de febrero de 2013.

Quince años de la Escuela Judicial en Barcelona

2012-08-10 12:11:37.0

La Revista del Poder Judicial número 93 publica un reportaje especial sobre la Escuela Judicial, cuando se cumplen 15 años de su estancia en Barcelona.

La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial entregó la competencia de la formación de jueces al Consejo General del Poder Judicial en 1994. En mayo de 1996, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, y el entonces presidente del Consejo, Javier Delgado Barrio, pusieron la primera piedra de la Escuela Judicial en Barcelona en lo que hasta entonces había sido un Centro de Menores.

La rehabilitación fue financiada en su totalidad por la Generalitat de Cataluña. El 18 de febrero de 1997 fue inaugurada y ocho días más tarde inició su andadura con la 48 promoción de alumnos de futuros jueces.

Desde entonces, 2.568 jueces han sido formados en sus aulas. La mitad de la carrera judicial. Conforman 16 promociones. Seis de cada diez de los alumnos han sido mujeres (64 por ciento). La edad promedio es de 29 años y tardó 4,4 años en sacar la oposición. La mayoría procede de Andalucía, Madrid, Valencia, Castilla y León, Cataluña y Galicia. Casi ocho de cada diez formados proceden de familias que nada tienen que ver con la Justicia (76 por ciento).

LA ESCUELA JUDICIAL: QUINCE AÑOS DE FUNCIONAMIENTO

Acceso al vídeo QUINCE AÑOS FORMANDO JUECES

III Ronda de talleres de la Cumbre Judicial Iberoamericana

2011-11-15 00:00:00.0

La ciudad de Cádiz, cuna del constitucionalismo español, que se encuentra en puertas de conmemorar el bicentenario de la proclamación de la Constitución de 1812, acoge del 14 al 16 de noviembre la III Ronda de talleres preparatorios de la decimosexta Cumbre Judicial Iberoamericana. La Cumbre se desarrollará en abril del próximo año en la capital de Argentina, Buenos Aires.

En el acto oficial de inauguración de este encuentro iberoamericano, el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, anfitrión del evento, señaló que el Poder Judicial “es uno de los pilares fundamentales sobre el que se sustenta el ideal común iberoamericano”. El presidente del Supremo proclamó al final de su intervención que es "la hora de la Justicia iberoamericana”.

En Cádiz se dan cita representantes de 23 poderes judiciales de Iberoamérica, de ambos lados del Atlántico, que en estos días van a trabajar distribuidos en diversos talleres preparatorios de lo que serán los grandes proyectos a debatir y concluir en la Cumbre Judicial Iberoamericana de Argentina.

Los representantes judiciales iberoamericanos apuestan por mejorar la calidad de la Justicia, desde la constancia de la necesidad de compartir experiencias y proyectos y desde la reafirmación de su vocación de servicio público.

Los talleres abordan la modernización de la formación judicial, la puesta en marcha una Plataforma de servicios de atención a la víctima del delito, la implantación de las nuevas tecnologías, además de aumentar la confianza pública en la Justicia y potenciar al máximo la transparencia institucional.

El CGPJ y el Ministerio del Interior firman dos convenios para extender a toda España dos servicios que mejoran la eficacia judicial

2012-06-19 14:25:35.0

El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, y el secretario de Estado para la Seguridad, Ignacio Ulloa, firmaron el 19 de junio dos convenios para extender a todo el territorio español dos servicios que mejoran la eficacia judicial: la Oficina de Presentaciones y Comparecencias Apud Acta y el Servicio de Gestión de ruedas de reconocimiento.

Ambos Convenios de colaboración están encaminados a mejorar la calidad del servicio público, ya que introducen una mayor coordinación de las actuaciones entre los Órganos Judiciales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Los dos protocolos se implementarán escalonadamente en las principales capitales y, posteriormente, en toda España.

La Oficina de Presentaciones obtiene el máximo rendimiento de las bases de datos policiales y judiciales.Los imputados con medidas cautelares de presentación periódica (apud acta) en los tribunales son derivados a una oficina única para el efectivo control de su identidad y de las reclamaciones judiciales vigentes. Ello se materializa sumando a los datos judiciales aquellos de los que dispone la policía.

La utilización de información de ambas instituciones permite realizar en un solo acto, en una única ubicación, controles sobre actuaciones judiciales (averiguaciones de domicilio, detenciones y personaciones, o ingresos en prisión) y sobre medidas policiales (prohibiciones de salida o de entrada al país, o controles específicos).

Las Oficinas de Presentaciones posibilitarán el conocimiento inmediato de la reiteración de infracciones penales leves (faltas) y contribuirán así a una más eficaz persecución de la multirreincidencia.

Voluntarios en ruedas de reconocimiento

El Servicio de Gestión de ruedas de reconocimiento consiste en que los condenados a trabajos en beneficio de la comunidad pueden participar, voluntariamente, como figurantes en las ruedas de reconocimiento como trabajo que se computa como un día de condena.

Las ruedas de reconocimiento del imputado es una de las diligencias más utilizadas en la instrucción penal y está recogida expresamente en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el artículo 369. Enocasiones, esta diligencia tiene que ser suspendida por las dificultades en localizar figurantes de similares características con el sujeto a identificar.

Los dos convenios firmados suponen una apuesta por la modernización de los servicios de la Justicia y por la colaboración entre instituciones para optimizar recursos y multiplicar la eficacia, prácticamente a coste cero.

Al acto de la firma de ambos convenios asistieron, entre otros: el vocal del CGPJ, Manuel Almenar; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Pilar de la Oliva; la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León; el Jefe Superior de Policía, Antonio Moreno; la presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia, Carmen Llombart; la fiscal jefe de Valencia, Teresa Gisbert; el comisario Alfredo Garrido; o el decano de los jueces de Valencia, Pedro Viguer.

Valencia, pionera

El Servicio de Gestión de ruedas de reconocimiento comenzó de forma pionera en Valencia, el pasado 12 de diciembre de 2011.

Los jueces de Instrucción, de Vigilancia Penitenciaria y los servicios de Instituciones Penitenciarias arbitraron conjuntamente la posibilidad de que, de manera voluntaria, quienes hayan sido condenados a trabajos en beneficio de la comunidad pudieran computar días participando en ruedas de reconocimiento.

La experiencia en Valencia se ha organizado de manera que cada mañana acuden a uno de los servicios del decanato alrededor de 50 condenados a trabajos en beneficio de la comunidad. Según las peticiones de celebración de ruedas de reconocimiento que hayan cursado los juzgados y las características físicas del imputado o procesado en libertad, se eligen figurantes entre esos condenados a trabajos en beneficio de la comunidad que voluntariamente colaboran con la Justicia.

Las facilidades para la práctica de esta diligencia, han hecho que las ruedas de reconocimiento que afectan a imputados en libertad hayan extendido notablemente su celebración: 168 peticiones, con un calendario que ya se extiende hasta la segunda quincena de julio.

Este sistema ha sido implantado hasta ahora en los juzgados de Valencia y sirve, además, a los partidos judiciales del área metropolitana.

La Oficina de Presentaciones, premio Calidad de la Justicia

La primera Oficina de Presentaciones se puso en marcha por iniciativa del decanato en el Juzgado de Guardia de Valencia el 17 de febrero de 2011. La iniciativa contó con el respaldo del CGPJ y de la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, y a la colaboración de la Jefatura Superior de Policía de Valencia.

Desde que se puso en marcha, en la oficina del Juzgado de Guardia de Valencia se han realizado 42.735 presentaciones (26.749 en 2001 y 15.986 en 2012, hasta el pasado 17 de junio). Esas presentaciones se han traducido en 720 regularizaciones de requerimientos judiciales y 8.542 de medidas policiales. Es decir, un total de 9.262 actuaciones.

La Oficina de Presentaciones, que recibió el premio Calidad de la Justicia del CGPJ en su última edición, supone: racionalizar las presentaciones periódicas en los juzgados; optimizar la operatividad de las unidades de Policía Judicial adscritas a los edificios judiciales; compartir las bases de datos informáticas de la Policía; identificar adecuadamente a quienes acuden a las presentaciones; detectar reclamaciones judiciales que un imputado tiene por juzgados distintos al que ha impuesto la medida de presentación periódica; permite informar al inculpado de diligencias que esté realizando cualquier juzgado; y consignar en cada comparecencia los cambios de domicilio, evitando posteriores localizaciones o búsquedas infructuosas.

Moliner hace un llamamiento a los partidos políticos para alcanzar el consenso en defensa del interés general para las reformas de la Justicia

2012-09-18 15:20:10.0

Solemne apertura del Año Judicial 2012-2013. El Rey don Juan Carlos presidió el 18 de septiembre la solemne apertura del Año Judicial 2012-2013, en un acto celebrado en el Tribunal Supremo y al que acudieron las principales autoridades judiciales de España.

Por primera vez participaron en la ceremonia Alberto Ruiz-Gallardón como ministro de Justicia, Eduardo Torres-Dulce como Fiscal General del Estado y Gonzalo Moliner como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). A la apertura de tribunales asistieron vocales del CGPJ, presidentes de las salas del Tribunal Supremo, magistrados del Alto Tribunal, presidente de la Audiencia Nacional, presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y presidentes de Audiencias Provinciales, entre otras personas.

Previamente, Gonzalo Moliner había entregado al Rey don Juan Carlos la Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los Juzgados y Tribunales en el año 2011. Dicha Memoria será elevada a las Cortes Generales en próximos días.

En su discurso, el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Gonzalo Moliner, apeló a los partidos políticos para alcanzar el consenso en un asunto de interés general como son las reformas anunciadas sobre la Justicia.

Moliner aludió a los momentos de austeridad que atraviesa España y que alcanza “por partida doble” a los integrantes del poder judicial, ya que al “aumento generalizado de su trabajo” se une la reducción de sus retribuciones.

Al mismo tiempo, Moliner envió un mensaje de aliento a los jueces y magistrados, “que en su inmensa mayoría ejercen su labor diaria con esfuerzo, honradez y cumpliendo sus deberes respecto a los ciudadanos a los que sirven”.

Gonzalo Moliner destacó que la independencia judicial no solo aparece proclamada en la Constitución, sino que el CGPJ debe actuar como su garante, «eliminando cualquier sospecha de intervención externa cualquiera sea el origen de la misma».

El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, fue el primero en tomar la palabra durante la ceremonia. Como es tradicional, expuso la actividad de la Fiscalía en el año judicial que se cerraba.

En la Memoria, se recoge que sólo en materia penal el año 2011 se acercó a los seis millones de causas penales (en concreto, 5.290.617), lo que supone un aumento del 1,33 por ciento respecto el año anterior.

Eduardo Torres-Dulce presentó como conductas más activamente corrosivas de los fundamentos de la convivencia al terrorismo y a la corrupción, frente a las que el ministerio público dedica “sus mejores energías”. Torres-Dulce anunció "tolerancia cero" con la corrupción política y económica y también con ETA "y sus pupilos".

Acceso a los discursos íntegros del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Gonzalo Moliner, así como del Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce.

Acceso a la MEMORIA 2011 sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los Juzgados y Tribunales.

Sebastián Sastre Papiol, nuevo magistrado del Tribunal Supremo por el turno de juristas de reconocida competencia

2012-11-30 13:47:09.0

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su sesión ordinaria del 29 de noviembre, acordó por mayoría de 13 votos el nombramiento del abogado Sebastián Sastre Papiol como nuevo Magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

Sastre Papiol accede al cargo de Magistrado por la vacante producida dentro del turno de abogados y juristas de reconocida competencia, tras nombramiento de Encarnación Roca Trías como Magistrada del Tribunal Constitucional.

El presidente de CGPJ, Gonzalo Moliner, dio cuenta al Pleno de un escrito recibido del presidente del Consejo General de la Abogacía española, Carlos Carnicer. En el escrito, se exponen determinadas posiciones relativas a la recientemente aprobada Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

El Pleno acordó expresar que el Consejo General del Poder Judicial ya ejerció respecto del anteproyecto de esta ley la función que, como órgano constitucional, le atribuye la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, y emitió el preceptivo informe, en el que fijó su posición. El Pleno se remitió íntegramente a dicho informe, que es público y se encuentra disponible en el portal web del Consejo.

El CGPJ mostró en dicho informe su preocupación por la extensión subjetiva de la obligación de pago de tasas, la inclusión de determinados procedimientos o la cuantía de alguna de las tasas.

El Pleno acordó, además, ejercer sus funciones de gobierno llevando a cabo a través de sus servicios de estadística, planificación y análisis de la actividad judicial e inspección, un seguimiento del impacto de la citada ley en la actividad de los órganos judiciales para determinar en qué medida incide en cada tipo de procedimiento, y poder así analizar los efectos en su implantación.

Los concursos aumentaron en 2012 un 28 por ciento

Comunicación Poder Judicial — 2013-03-22 11:16:39.0

El CGPJ informa

Concursos

A lo largo del año 2012 se presentaron en los juzgados de lo mercantil de toda España un total de 10.290 concursos, lo que significa un 28,2% de aumento en relación con los concursos presentados en 2011, según los datos recopilados por el Servicio de Estadística Judicial del Consejo General del Poder Judicial.

El 20,8% de los concursos se presentaron en Cataluña, a la que siguieron la Comunitat Valenciana con el 14,7%, la Comunidad de Madrid, con el 13,8% y Andalucía con el 13,4%.

Se declararon un total de 7.541 concursos, a los que hay que añadir los 752 que se declararon y concluyeron al amparo del Art. 176 bis 4 de la Ley concursal. Durante el año llegaron a la fase de convenio un total de 1.690, mientras que iniciaron la liquidación 5.530.

Hay que señalar que se presentaron 1.809 expedientes del artículo 64 de la Ley concursal (EREs).

Al disponerse de datos completos desde el estallido de la crisis económica (aunque sus efectos se dejaron ya notar en el tercer trimestre de 2007) se puede tener una visión más completa, para lo cual se han comparado los concursos presentados en los años 2003 a 2007 con los presentados en 2008 a 2012. El incremento del segundo quinquenio respecto al primero fue del 429,5%, lo que se traduce en incrementos medios anuales del 85,9%

Procedimientos monitorios

En estos mismos juzgados se presentaron 700.208 procedimientos monitorios, con un incremento respecto a 2011 del 2,4%. Hay que señalar que el incremento se debe al último semestre de 2012, en el que el aumento de monitorios ha sido importante. El primer semestre, como los trimestres anteriores hasta el segundo de 2010, mantenía una continua disminución interanual.

En la valoración global de la crisis, los monitorios ingresados han aumentado un 131,2% en el periodo 2008 a 2012 respecto al 2003 a 2007 (incrementos medios anuales del 26,2%).

Ejecuciones hipotecarias

En 2012 se iniciaron en los órganos judiciales españoles 91.622 ejecuciones hipotecarias, un 17,7% más que en 2011, según los datos del Servicio de Estadística Judicial del Consejo General del Poder Judicial hechos públicos hoy. Según estos datos, el 20,3% de la ejecuciones hipotecarias lo fueron en Cataluña, a la que siguieron Andalucía con el 19,6%, la Comunitat Valenciana, con el 17,6% y Madrid con el 10,1%.

El número de las ejecuciones hipotecarias que estaban en trámite en los juzgados españoles al final de 2012 es de 198.116. De ellas, el 21% corresponden a Andalucía, a la que siguen Cataluña, 20,7%, Comunitat Valenciana, 15,9% y Madrid, 10,8%.

La comparativa entre los cinco años de la crisis (2008-2012) y los cinco anteriores (2003-2007) arroja un incremento de la ejecuciones hipotecarias iniciadas de un 368,7%, lo que supone un aumento medio anual de un 73,7%. Para las ejecuciones resueltas el incremento fue del 199,5%, con media anual del 39,9%. Y para las que quedaron en tramite al final del periodo el incremento en los cinco años fue del 482,9%, un 96,6% anual.

Lanzamientos

Respecto a los lanzamientos las estadísticas del CGPJ proporcionan dos parámetros de datos. Debe recordarse que los lanzamientos pueden afectar a muy distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas, y que el que se soliciten a un servicio común no significa que este lo haya podido ejecutar.

En primer lugar, el número de los lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, de los que se dispone de una serie desde 2008, con el matiz de que no en todos los partidos judiciales hay ese tipo de servicios comunes, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no los valores absolutos reales.

Con estas matizaciones, se observa que el número de lanzamientos solicitados fue de 70.257, un 13,1% más que en 2011. De estos, terminaron con cumplimento positivo 46.408, un 13,9% más que en 2011.

Los lanzamientos realizados por los servicios comunes (con cumplimiento positivo) ascendieron a 46.408 durante todo el año 2012, lo que supone un incremento del 13,9% respecto al año 2011.

Para el año 2012 se dispone de un segundo dato complementario. El número de lanzamientos solicitados en los juzgados de primera instancia y de primera instancia e instrucción que fue de 101.034.

Despidos

En los juzgados de lo social se han presentado 147.404 demandas por despido, un 25,3% más que en 2011. De ellas el 17,3% se han dado en Cataluña, un 16,8% en Andalucía, el 16,3% en Madrid y el 11,5% en la Comunitat Valenciana.

El incremento en el periodo 2008 a 2012 respecto al quinquenio anterior fue del 87,5%, siendo el medio anual del 17,5%.

Reclamaciones de cantidad

En estos mismos juzgados se presentaron 146.647 reclamaciones de cantidad y, como ocurre desde 2009, representando una disminución respecto al año anterior, en este caso del 4,9%.

El incremento en el periodo 2008 a 2012 respecto al quinquenio anterior fue del 48,3%, siendo el medio anual del 9,5%.

Definiciones y conceptos:

Concursos:

Comprende aquellos procedimientos que, declarados y tramitados en los Juzgados de lo Mercantil, procede su apertura para cualquier deudor, sea persona natural o jurídica, que no pueda cumplir regularmente sus obligaciones exigibles. Se incluyen tanto los concursos ordinarios, como los abreviados, así como los voluntarios y necesarios. Las entidades que integran la organización territorial del Estado, los organismos públicos y demás entes de derecho público no pueden ser declaradas en concurso.

Despidos:

Demandas registradas en los Juzgados de lo Social donde se incluye, asimismo, la extinción por causas objetivas y la impugnación de modificación de condiciones de trabajo o traslados individuales.

Reclamaciones de cantidad:

Demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los Juzgados de lo Social donde se incluye, igualmente, responsabilidad civil por incumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad Social, recargo por omisión de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, tercerías en ejecución de sentencias y sanciones disciplinarias.

Ejecuciones hipotecarias:

Se computan aquellos procedimientos que, tramitados en los Juzgados de Primera Instancia, permiten exigir el pago de las deudas garantizadas por prenda o hipoteca al acreedor con escritura de hipoteca a su favor, debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad.

Monitorios:

Procedimientos especiales previstos para reclamar deudas dinerarias liquidas, determinadas, vencidas y exigibles, cuando dichas deudas consten en algún tipo de documento. Son competentes los Juzgados de Primera Instancia del domicilio o lugar de residencia del deudor. Se incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de Comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

Lanzamientos:

Se contabiliza un lanzamiento por cada bien inmueble cuyo lanzamiento o entrega posesoria se acuerde, con independencia de los señalamientos que genere y del tipo de proceso en el que se acuerde o la fase en que éste se encuentre, siempre que implique un cambio en la posesión de un inmueble, y sin tener en cuenta si se trata de una finca rústica o urbana ni si es o no una vivienda. A efectos estadísticos, se incluirán en este apartado tanto los lanzamientos que se acuerden en fase de ejecución como las entregas de posesión, o las resoluciones que supongan la entrega mediata por entrega voluntaria del bien sea ésta a la parte directamente o en el órgano judicial.

Lanzamientos con cumplimiento positivo:

Aquellos lanzamientos en los que el servicio común ha podido practicar el lanzamiento acordado por el juzgado.

Madrid, 22 de marzo de 2013.

Jornadas de Puertas Abiertas del Tribunal Supremo: del 24 al 27 de abril

2013-04-18 14:39:22.0

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS EN EL TRIBUNAL SUPREMO

Entre los días 24 y 27 abril de 2013, el Tribunal Supremo abrirá sus puertas a la ciudadanía. Durante estos días y bajo el lema “La justicia a tu servicio”, el Alto Tribunal pretende dar respuesta al gran interés de la sociedad por conocer qué es y cómo funciona la Justicia.

El objetivo principal de esta iniciativa es acercar la Justicia a la ciudadanía y hacerles sentir que es el pueblo de quien surge la justicia y, por eso, como ciudadanos ellos pueden participar activamente en ella como jurados populares, testigos, peritos… Porque así lo reconoce el artículo 117.1 de la Constitución española.

Se quiere hacer hincapié también en el papel decisivo que cumplen los jueces en la sociedad como garantes de nuestros derechos. Los jueces posibilitan que las reglas básicas de un estado democrático funcionen, porque administran justicia para todos con imparcialidad, transparencia e independencia.

La Apertura oficial –el miércoles, 24, a las 10 de la mañana- correrá a cargo del Presidente del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner. Él recibirá personalmente a los primeros visitantes.

Todos aquellos interesados pueden solicitar cita previa en los teléfonos 91 397 11 58 //91 397 00 89 y en la dirección visitasguiadas.ts@justicia.es (solo para grupos). El resto de los ciudadanos podrán visitar igualmente el edificio del Tribunal Supremo sin tener que reservar, acercándose la entrada de la calle Marqués de la Ensenada, 1.

El horario de apertura al público para las visitas al Tribunal Supremo será de 10:00 horas a 19:00 horas, ininterrumpidamente.

Dirección:

Calle Marqués de la Ensenada, 1. Madrid

Cómo llegar:

Metro: Colón y Alonso Martínez.

Cercanías Renfe. Recoletos.

Autobús: 1, 2, 3, 5,7, 9, 14, 15, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 37, 40, 45, 51, 52, 53, 74, 146, 149, 150, 152 y 202

Los futuros jueces de la 63 Promoción de la Escuela Judicial emprenden sus prácticas en juzgados, dirigidos por magistrados-tutores

2012-08-03 13:29:12.0

Son 231 hombres y mujeres, con una media edad de 30 años. Todos ellos forman la 63ª Promoción de Jueces en prácticas, una de las más nutridas de los últimos años. La última promoción que ha echado a andar en la Escuela Judicial, dependiente del Consejo General del Poder Judicial.

Estos futuros jueces aprobaron la oposición en la primavera de 2011 y han pasado un año dedicados a su formación teórica-práctica, con el estudio constante de casos y bajo la enseñanza de los docentes de la Escuela Judicial y de los expertos invitados.

La Escuela Judicial es un centro educativo altamente especializado, situado en las montañas de Barcelona, y que depende del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Una vez superada la fase de los estudios prácticos, los futuros jueces han dedicado los meses de junio y julio a estancias en los Juzgados de Familia y en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, entre otras actividades complementarias.

En septiembre, la 63ª promoción de futuros jueces retoma su formación práctica en los juzgados dirigidos por magistrados-tutores y bajo supervisión de la Escuela Judicial.

Esta fase de prácticas tuteladas está presidida por un sistema de evaluación constante, por el cual se efectúan reuniones y entrevistas de los jueces en prácticas y de los jueces tutores con los profesores de la Escuela Judicial. Así lo establece el Protocolo de Prácticas Tuteladas.

El curso finaliza el 15 de marzo de 2013 y, después, los nuevos jueces tomarán posesión de su destino en un acto solemne que se celebrará en Barcelona.

Del 19 de marzo al 20 de abril de 2013 se desarrollarán estancias especiales si el destino del juez es un órgano especializado.

Los futuros jueces adquirieron los conocimientos teóricos en la preparación de las pruebas de acceso, que acreditaron con su superación. Estos conocimientos se han ampliado con la formación teórico-práctica recibida durante el primer año de formación inicial presencial. Ahora, se completan en el segundo periodo de Escuela Judicial con las prácticas jurisdiccionales tuteladas.

OBJETIVOS DE LAS PRÁCTICAS TUTELADAS:

“Adquirir las habilidades profesionales necesarias para el ejercicio de la función judicial mediante la realización de tareas tuteladas como Jueces en prácticas”. A tal fin:

Ejercen “funciones de auxilio y colaboración” con el Juez titular.

Redactan borradores o proyectos de resolución que el Juez puede, discrecionalmente, asumir con las modificaciones que estime pertinentes.

Dirigen verbalmente, en presencia del Juez titular y bajo su directo control y responsabilidad, los actos procesales que éste considere necesarios, siempre y cuando no exista objeción alguna por las partes que intervengan en el pleito o causa.

Acceso al PROTOCOLO DE PRÁCTICAS TUTELADAS de la 63ª Promoción de la Escuela Judicial.

Convocado el ‘Premio Rafael Martínez Emperador’

Comunicación Poder Judicial — 2013-03-15 18:04:26.0

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial acordó el pasado 7 de marzo la convocatoria del “Premio Rafael Martínez Emperador”, antes denominado Poder Judicial, cuyo plazo de remisión de candidaturas finaliza el 31 de octubre de 2013.

En esta edición, el Premio se convoca para reconocer los trabajos considerados de mayor mérito que versen sobre el siguiente tema: «Los órganos de gobierno del Poder Judicial. Relaciones de colaboración y coordinación».

El prestigioso premio está dotado de 18.000 euros.

El jurado estará compuesto de dos vocales del CGPJ, un magistrado del Tribunal Supremo, un fiscal de Sala del Alto Tribunal, un catedrático de Universidad y el secretario general del Consejo, con voz y voto.

La decisión del jurado se hará pública antes del 31 de diciembre de 2013.

Acceso a las bases de la convocatoria, publicadas en el Boletín Oficial del Estado del 15 de marzo de 2013.

Curso sobre instrumentos prácticos de ayuda a la jurisdicción para una mejora del Servicio Público

2012-04-24 11:30:28.0

Acceso al vídeo relacionado

Alrededor de 30 jueces, magistrados y secretarios judiciales del orden social participarán entre el 7 y el 9 de mayo en unas Jornadas de Formación Continua sobre “Instrumentos prácticos de ayuda a la jurisdicción para una mejora del Servicio Público de la Justicia: Mediación; argumentación jurídica y lenguaje jurídicos; ética y deontología profesional”.

La burocratización de la administración de justicia ha considerado tradicionalmente la utilización de medios alternativos de resolución de los conflictos como un sistema residual. Poco a poco y con la cada vez mayor coordinación de las estructurales jurisdiccionales, el Estado Moderno ha comenzado a rescatar este tipo de herramientas y procedimientos.

La jurisdicción Social tiene un ámbito de resolución allí donde los conflictos están más necesitados de agilidad procesal, inmediación y simplificación de trámites. Por ello, debe adecuarse, quizás incluso en mayor medida que otras jurisdicciones, a las exigencias de una sociedad tecnificada, que permita una mejor gestión del tiempo de trabajo suprimiendo estructuras arcaicas, pero también a las posibilidades que ofrecen los medios alternativos de resolución de conflictos, entre los cuales, la mediación es un instrumento que ha servido tanto en países del Common Law, como en sociedades locales en las que el consenso está más próximo a los ciudadanos que la imposición de las decisiones judiciales.

La globalización jurídica ha impulsado esas necesidades de simplificación y exige, además, el establecimiento de pautas de actuación unívocas que hagan más comprensibles y racionales las decisiones judiciales.

Y en esa tarea se pretende realizar una reflexión entre todos los participantes, con la ayuda de expertos, que permitan llegar a conclusiones que puedan tener cierta proyección en el futuro.

Las jornadas se celebrarán en Madrid, entre los días 7 y 9 de mayo.

Entre los expertos asistentes figura la vocal del CGPJ Margarita Uría, magistrados del Supremo y de Tribunales Superiores de Justicia, así como el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce.

Se adjunta el programa del curso.

La página web del Poder Judicial contiene una sección dedicada a la Mediación. Allí se localizan los juzgados que ofrecen Mediación Civil, Penal, Social y Familiar. También se ofrece el contacto con los servicios de mediación existentes, así como los servicios, publicaciones, normativas y jurisprudencia.

Valoración de la Ley de Medidas de Agilización Procesal

Comunicación Poder Judicial — 2011-09-22 00:00:00.0

El CGPJ informa

El Consejo General del Poder Judicial quiere destacar la aprobación definitiva hoy por el Parlamento del proyecto de Ley sobre Medidas de Agilización Procesal, de la nueva Ley Concursal y de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, porque, en su conjunto, constituyen un importante paso adelante en el proceso de modernización de la administración de Justicia española.

Para la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, “las reformas aprobadas, que contaron con el apoyo e impulso del órgano de gobierno del Poder Judicial, permitirán a juzgados y tribunales mejorar el servicio público que prestan a los ciudadanos”.

El CGPJ ya indicó en su preceptivo Informe que la Ley de Medidas de Agilización de la Justicia facilitará que los procesos abiertos en las jurisdicciones de lo Civil y lo Contencioso-Administrativo sean más ágiles y más rápidos, con el correspondiente ahorro de costes para las arcas públicas y sin que, en ningún caso, se mermen las garantías procesales de los usuarios de la Justicia.

Asimismo se destacaba en el citado Informe que la simplificación del sistema de recursos entre las distintas instancias judiciales no sólo reducirá el tiempo medio de espera hasta obtener una resolución firme en un proceso, sino que permitirá al Tribunal Supremo cumplir su labor específica de unificar doctrina para asegurar la igualdad de todos los ciudadanos ante la aplicación de la ley.

La nueva Ley Concursal, por su parte, ha de servir para favorecer los acuerdos previos que faciliten la viabilidad de las empresas en crisis, porque pretende conciliar la satisfacción de los acreedores con la recuperación de la solvencia empresarial, ofreciendo salidas al deudor al margen del proceso concursal y permitiendo descongestionar los juzgados de lo Mercantil.

Por último, la nueva Ley Reguladora de la Jurisdicción Social implanta una nueva Ley Procesal Laboral que pone fin a la actual dispersión legislativa. Además, atribuye a este orden jurisdiccional materias que, en la actualidad, están atribuidas al orden Contencioso-Administrativo y, en menor medida, al orden Civil, al objeto de acabar con el actual “peregrinaje de jurisdicciones” en la resolución de litigios sobre materias conexas.

La Portavoz del CGPJ manifiesta en este punto que “el Consejo ha venido reclamando que el proceso reformador de la Justicia no puede concluir aquí, sino que debe de extenderse lo más pronto posible al ámbito de la Jurisdicción penal, que congrega en torno al 75 por ciento del trabajo que pesa sobre los tribunales españoles”.

Por todo ello, Gabriela Bravo recuerda que “el Consejo viene reclamando un Pacto de Estado entre las fuerzas políticas que permita llevar a todos los órdenes jurisdiccionales el proceso de modernización de la Justicia española”.

22 de septiembre de 2011

Conclusiones de la Jornada sobre las repercusiones de la doctrina del TJUE en materia de cláusulas abusivas en ejecuciones hipotecarias

2013-05-08 22:22:00.0

Mas de 20 magistrados de órganos judiciales de todos los Tribunales Superiores de Justicia y los miembros de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo se reunieron el 8 de mayo en un curso organizado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para debatir. sobre las repercusiones de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de cláusulas abusivas en los procedimientos de ejecución hipotecaria con especial referencia al régimen transitorio.

Los magistrados de Mercantil, Primera Instancia, secciones especializadas de Audiencias Provinciales y los miembros de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo analizaron la doctrina del TJUE en esta materia, que es de obligado cumplimiento para todos los países miembros.

El curso fue inaugurado y clausurado por el vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, y acudieron todos los miembros de la Sala de lo Civil del Supremo y su presidente, Juan Antonio Xiol.

Al termino, se elaboraron las siguientes conclusiones:

JORNADA SOBRE LAS REPERCUSIONES DE LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA EN MATERIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA. ESPECIAL REFERENCIA AL RÉGIMEN TRANSITORIO

CONCLUSIONES DEL ENCUENTRO

Hoy se ha celebrado en el Servicio de Formación Continua una jornada para analizar las repercusiones de la doctrina del TJUE en materia de cláusulas abusivas en los procedimientos de ejecución hipotecaria, dirigida por el Presidente de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, D. Juan Antonio Xiol, y moderada por los Vocales del CGPJ D.Manuel Almenar y D. Ramón Camp.

A lo largo de la jornada, a la que han asistido todos los magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo y magistrados de Juzgados y Audiencias Provinciales de toda España, así como letrados del Servicio de Inspección y de la Escuela Judicial y letrados del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo que han apoyado su desarrollo, se ha estudiado con detenimiento el estado de la cuestión a raíz de las últimas sentencias del TJUE, los criterios para valorar el carácter abusivo de una cláusula contractual, las consecuencias de la declaración de una cláusula como abusiva y las facultades del juez para actuar de oficio en materia de cláusulas abusivas.

Las intervenciones de los ponentes y de los asistentes han permitido profundizar en la problemática planteada y sentar una serie de reflexiones que tienen carácter meramente orientativo, sin afectar en modo alguno a la independencia de cada juez o magistrado en el ejercicio de la función jurisdiccional, pero que hacen públicas con la finalidad de contribuir a la formación de criterios jurídicos sobre la materia tratada.

Los asistentes quieren resaltar el trabajo que están llevando a cabo los jueces de primera instancia que, interiorizando la dimensión ética de la función judicial, están llenando lagunas y dando respuesta con arreglo a los principios y valores constitucionales a los problemas que afectan de manera relevante a la sociedad en estos momentos.

Conclusiones:

1.- Es necesario adaptar la legislación española, especialmente la de carácter procesal, al derecho europeo y a la doctrina sentada por el TJUE, para garantizar al consumidor una protección más eficaz, en los términos exigidos por la Directiva 13/93/CEE, de 5 de abril, y normativa que la desarrolla.

2.- La reforma legislativa en curso da respuesta a algunas de las cuestiones que suscita la doctrina del TJUE, lo que no exime a los jueces del deber de completar las lagunas que pudieran existir aplicando los principios generales del ordenamiento jurídico europeo y nacional.

3.- El Juez debe actuar de oficio en protección del consumidor, utilizando todos los instrumentos previstos en nuestras leyes para conseguir una solución acorde al derecho europeo y a la interpretación que del mismo hace el TJUE.

4.- Aunque el problema de las cláusulas abusivas trasciende a todo el ordenamiento, las reflexiones o propuestas analizadas se refieren al ámbito de ejecuciones hipotecarias en contratos entre profesionales y consumidores.

5.- De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo las cláusulas abusivas nulas no vinculan a ningún efecto. El juez no puede integrar o moderar dichas cláusulas, que deben ser tenidas por no puestas.

6.- Para apreciar el carácter abusivo de una cláusula contractual se atenderá, además de a la naturaleza de los bienes o servicios objeto de contrato y a las circunstancias que concurren en el momento de su celebración, a las demás cláusulas del contrato y a los parámetros contenidos en las normas de derecho interno en relación con situaciones similares a la que se plantea. En particular, se atenderá a los parámetros recogidos en la proposición de ley sometida hoy a la aprobación del Senado.

7.- Con relación a los criterios que deben tenerse en cuenta para apreciar el carácter abusivo de determinadas cláusulas:

- En cuanto a las cláusulas de fijación de intereses moratorios, habrá que valorar los distintos tipos de interés referenciados en la normativa interna, y en particular, al que se contempla en el nuevo artículo 114 LH.

- En cuanto a las cláusulas de vencimiento anticipado, el posible carácter abusivo de la cláusula en abstracto no generará por sí la nulidad de dicha cláusula sino que deberá valorarse según las circunstancias del caso. En concreto, aunque se prevea el vencimiento anticipado por un único incumplimiento, si la reclamación se interpone cuando se haya producido el incumplimiento en los términos previstos en el artículo 693 LEC según el texto de la proposición de ley, no se apreciará el carácter abusivo de la cláusula.

-En cuanto a las cláusulas de intereses remuneratorios, con carácter general se considera que dichos intereses forman parte del precio, de forma que las cláusulas no pueden declararse abusivas, debiendo limitarse el examen judicial al control de transparencia.

8.- Por lo que se refiere a los efectos de la declaración de nulidad:

-En el caso de las cláusulas de intereses de demora, la nulidad comportará la expulsión de la cláusula y se considera que el principal devengará los intereses legalmente previstos, existiendo a estos efectos dos posiciones mayoritarias: la que defiende la aplicación del Código Civil (intereses del artículo 1108 CC) o la que sostiene la aplicación de la Ley Hipotecaria (interés del nuevo artículo 114 LH).

-En el caso de la cláusula de vencimiento anticipado, la declaración de nulidad determinará la aplicación de la doctrina jurisprudencial en materia de resolución contractual (artículos 1124 y 1129 CC), sin que proceda despachar ejecución.

9.- El deber de los tribunales españoles consistente en el control de oficio de las cláusulas abusivas incluidas en contratos con consumidores, tiene especial relevancia en el proceso de ejecución y en el juicio monitorio. Por exigencia de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea hay que acomodar los trámites procesales al efectivo control por parte del juez de los derechos del consumidor.

10.- En el procedimiento de ejecución el control de oficio debe, de entrada, ejercitarse en la fase de admisión de la demanda, siguiendo la pauta contenida en la proyectada reforma del artículo 552 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El juez, si advierte que el título ejecutivo contiene alguna cláusula abusiva, deberá ponerlo en conocimiento de las partes y darles una audiencia de cinco días para que formulen las alegaciones que estimen oportunas, sin necesidad de abrir ningún incidente.

El juez, si aprecia el carácter abusivo de alguna de las cláusulas, determinará las consecuencias de ello y declarará, bien la denegación de la ejecución bien el despacho de la misma sin aplicación de aquellas cláusulas que estime abusivas.

Frente al auto despachando ejecución sin aplicar la cláusula abusiva cabrá recurso de apelación, respecto de la denegación parcial del despacho de ejecución.

Lo anterior es un criterio orientativo que debe aplicarse hasta la entrada en vigor de la Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social, que prevé expresamente este control al tiempo de despachar la ejecución.

Respecto de todos los procedimientos en trámite en los que ya se ha despachado ejecución, se recomienda, incluso con anterioridad a la entrada en vigor de la futura reforma legal, y si se advierte que existe una posible cláusula abusiva, conceder la posibilidad de que el deudor haga valer en la fase de oposición la existencia de esta cláusula. De haber precluido el plazo para ello, se habilitará un plazo de un mes para formular oposición con ese fin.

Transcurrido el plazo sin que el deudor se haya opuesto, el juez podrá apreciar de oficio el carácter abusivo de la cláusula, oyendo al ejecutante si no se hubiera manifestado al respecto.

11.- En el proceso monitorio, sin perjuicio de las competencias del Secretario Judicial, corresponde al juez el examen del carácter abusivo de una cláusula incluida en el documento que sustente la reclamación del crédito. Este examen se realizará en la fase de admisión de la solicitud. Si el juez considera que la cláusula puede ser abusiva lo pondrá en conocimiento del solicitante, especificando la cláusula afectada y le concederá un plazo de cinco días para formular alegaciones. Si como consecuencia de la apreciación de la cláusula abusiva procediera la reclamación por una cantidad inferior a la inicial, se procederá conforme establece el artículo 815.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Convenio para el estudio de los procesos de incapacidad

2011-11-18 00:00:00.0

Firma del Convenio para el estudio de los procesos de incapacidad.

De izqda. a dcha., Ramón Camp (vocal del CGPJ), Mercè Boada (directora médica de la Fundació ACE), Jaume Padrós (vicepresidente del Colegio de Médicos de Barcelona), Jerónimo Sancho Rieger (presidente de la Sociedad Española de Neurología), Sílvia Ventura (magistrada del Juzgado de Capacidad número 40 de Barcelona), Eugenio Rojas (Jefe de Dependencia y Centros Sociosanitarios de la Obra Social de CatalunyaCaixa), Lluís Tárraga Mestre (director General de Fundació ACE) y Jordi Matias-Guiu Guia (vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología).

El Consejo General del Poder Judicial ha firmado un convenio para colaborar en la puesta en marcha de un Observatorio sobre procesos de incapacidad destinado al análisis de las sentencias y del diagnóstico de los enfermos con discapacidad cognitiva junto a la Fundación Sen, la Fundación ACE. Institut Català de Neurociències Aplicades, el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona y la Obra Social de Catalunya Caixa.

El Convenio ha sido firmado por el vocal Ramón Camp i Batalla, en representación del CGPJ, así como por Jerónimo Sancho Rieger, presidente de la Fundación Sen; Llúis Tárraga i Mestre, director general de la Fundación ACE. Institut Català de Neurociéncies Aplicades y Marta Lacambra Puig, directora de la Obra Social de Cataluny Caixa.

El objeto es la elaboración de un proyecto de campo sobre el proceso de incapacitación, centrado en conocer el grado de satisfacción y los beneficios obtenidos con las sentencias, que sirva para dar a conocer a las autoridades los puntos fuertes y débiles de los actuales procesos de incapacitación y de la documentación especializada aportadas en las causas judiciales que sirven de fundamento a las sentencias que se dictan, en la línea que se propone en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas que sufren Discapacidad.

Los trabajos se centrarán en tres ámbitos: el estudio para avanzar en la determinación de los informes y elementos que se entregan en los juzgados para poder declarar la incapacidad con un conocimiento facultativo más ajustado; los protocolos a seguir por los especialistas médicos con el fin de mejorar el procedimiento judicial, y el diagnóstico con las posibles modificaciones legislativas a abordar, si fueran necesarias.

El protocolo se firma por dos años, y durante este tiempo se elaborará un proyecto de campo para el análisis de sentencias extraídas de diversos juzgados especializados en incapacidades.

En 2010 se plantearon cerca de 24.000 procesos de incapacitación, de los cuales solo se desestimaron 170. En la mayor parte recayó una sentencia de incapacitación total.

Los procesos clínicos que desembocan en una incapacitación son muchos y muy diversos. De forma mayoritaria afecta a las personas mayores, donde se incluyen aquellas enfermedades neurodegenerativas que en su proceso evolutivo causan demencia.

El CGPJ reduce un 12% su presupuesto para 2013

2012-07-30 19:44:51.0

PRINCIPALES ACUERDOS DEL PLENO DE 30 DE JULIO DE 2012

APROBADO EL PRESUPUESTO PARA 2013

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su sesión del día 30 de julio de 2012, entre otros acuerdos, ha aprobado el Proyecto de Presupuesto para 2013, que experimenta una disminución del 12,02 por ciento con respecto al presupuesto del año anterior, lo que sitúa al presupuesto de 2013 en cifras comparables al presupuesto que el Consejo tuvo en 2005, con el hecho añadido de que hoy el Consejo tiene que atender una mayor carga por tener mayores competencias.

Esta importante minoración, en cualquier caso, no compromete el índice de actividad del Consejo General del Poder Judicial, que afronta su ajuste presupuestario desde la firme decisión de seguir ejerciendo todas sus competencias sin merma de las funciones constitucionales que tiene asignadas. Responde, en cualquier caso, a la política de contención de gasto que viene impuesta a todas las instituciones y organismos públicos.

El presupuesto para 2013 ha quedado fijado en 62.778.486 euros. Para comprobar la magnitud de la reducción hay que reseñar que desde 2010, primer presupuesto que elaboró este Consejo, hasta el hoy aprobado la disminución global se sitúa en un 19,63 por ciento, lo que habla bien a las claras de la sensibilidad de esta institución ante las circunstancias que vive nuestro país y pone de manifiesto su compromiso con la ejecución de programas de austeridad y rigor presupuestarios.

El Consejo ha realizado este mayor esfuerzo de ajuste presupuestario sin tener instrucción alguna al respecto del Ministerio de Economía, por lo que se convierte en la primera institución del Estado en aplicar una clara política de ajuste presupuestario.

La mayoría de las diferentes partidas que conforman el presupuesto tienen una disminución que ronda el 20 por ciento. Pueden reseñarse, a título indiciario, como las que experimentan una mayor contención, las referentes a:

Cooperación Jurídica Internacional y a Relaciones Internacionales, que disminuye un 36 por ciento; el capítulo de Formación experimenta una reducción de un 25 por ciento debido, entre otros factores, a la potenciación de las nuevas tecnologías, como los cursos on-line, en detrimento de los cursos presenciales, que generan gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención;
En materia de Modernización, la disminución sobrepasa el 30 por ciento, sin que esta disminución vaya a incidir en el elemento básico de la Modernización, que es el Punto Neutro Judicial, una de las grandes apuestas de este Consejo.
También desciende un 20 por ciento el presupuesto destinado a la dirección política del Consejo, es decir a gastos devengados por el Presidente y los Vocales en sus desplazamientos territoriales, reuniones, encuentros profesionales y protocolo.
En cuanto a los gastos de funcionamiento del Consejo, que englobaría los gastos corrientes de los cuatro edificios que albergan dependencias de esta institución, éstos sólo pueden experimentar una disminución del 5 por ciento, teniendo en cuenta la importante subida del IVA de estos servicios.
En lo relativo a gastos de personal, la disminución es de un 6,7 por ciento, debiendo destacarse que dentro de este capítulo se incluyen las retribuciones de los jueces en práctica que se están formando en la Escuela Judicial.

El único capítulo que experimenta un incremento presupuestario es el de Personal Judicial, un 14 por ciento, algunos de cuyos programas de atención a jueces y magistrados –como prevención de riesgos laborales, reconocimiento médico y seguros de responsabilidad civil- apenas tienen dos años de vida.

En resumen, se trata de una importante minoración del Presupuesto para 2013 que obedece a un firme compromiso de austeridad y rigor y a un notable esfuerzo de ajuste, en unos momentos de enormes sacrificios para todos los ciudadanos.

INDEMNIZACIÓN SOLICITADA POR EL EXPRESIDENTE CARLOS DÍVAR

El Pleno, por otra parte, y sin entrar a valorar el reconocimiento del derecho a su percepción, ha acordado, con carácter previo y como es preceptivo, solicitar al Ministerio de Hacienda la aprobación de una transferencia de crédito para dotar el concepto “pensión indemnizatoria al Presidente del Consejo General del Poder Judicial” del ejercicio de 2012. Esta transferencia se realiza dentro del propio presupuesto del consejo, por lo que representa un incremento en los gastos.

Este acuerdo, que debe calificarse como previo, responde a la necesidad de contar con la necesaria dotación económica para el supuesto de que, tras el análisis que en su día haya de hacerse sobre la petición presentada por el anterior Presidente, pudiera ser debidamente intervenida la partida económica que la amparase, trámite que resulta preceptivo en cualquier acuerdo de disposición económica.

INFORME AL ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA COMPLEMENTARIA DE MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD

El Consejo ha aprobado el Informe elaborado por la Comisión de Estudios e Informes en relación con el Anteproyecto de Ley Orgánica Complementaria del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Como puntos más destacables del mismo, se resalta en el Informe que el Consejo asume aquellas medidas en las que no existe singularidad para la Carrera Judicial, principalmente la reducción de los días de vacaciones adicionales por razón de antigüedad, por no existir razones que justifiquen un régimen privilegiado para la carrera judicial.

No ocurre así con asuntos que tienen que ver con las características específicas de la función jurisdiccional. Es el caso de los permisos anuales. Los miembros de la carrera judicial tenían derecho a seis permisos anuales de tres días de duración cada uno, con un severo régimen de justificación y disfrute, cuyo origen estriba no un privilegio, sino en la constatación de que la labor jurisdiccional no está sujeta al mismo régimen de horario y jornada que el del resto de los funcionarios, por ser mucho más amplio.

Por este motivo, el Consejo critica la drástica reducción de los permisos anuales a sólo tres días, y apuesta por el mantenimiento del régimen actual. En términos económicos, esta confirmación no representa gasto, dado que en supuestos de ausencia del titular de un Juzgado en períodos breves, la correspondiente sustitución se articula por el Juez o Magistrado designado para este tipo de sustituciones, sin tener que recurrir al nombramiento de Magistrados Suplentes ni Jueces Sustitutos en lo que sería una “sustitución externa”.

Respecto de las licencias por estudios, su regulación también es específica de la carrera judicial y su objetivo es evitar que la pérdida de salario sea un obstáculo para la adecuada formación de los jueces. Por eso el Consejo rechaza la supresión de toda retribución cuando las licencias por estudios superen los veinte días anuales, lo que implica además un trato peyorativo respecto del resto de la función pública.

Por último, y respecto de las bajas médicas, el anteproyecto establece que jueces, fiscales, secretarios judiciales y funcionarios verán reducido su salario en función de la duración de la incapacidad médica. Esa reforma es sumamente gravosa para todos los afectados y en el caso de los jueces supone una modificación de su régimen jurídico que sólo puede realizarse mediante una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y no a través de un instrumento normativo distinto.

En síntesis, el CGPJ critica que el Anteproyecto acomete una restricción de derechos sociales de la carrera judicial al amparo de la necesaria reducción del déficit público sin que se incluya una memoria económica que cuantifique el ahorro que se conseguiría con su aplicación. Igualmente, el CGPJ critica la inexistencia de un estudio sobre el impacto de género que estas medidas tendrían.

PLAN ESTATAL DE FORMACIÓN CONTINUA

El Pleno ha aprobado asimismo el Plan de Formación Continua para miembros de la carrera judicial durante el ejercicio 2013 que, junto a la formación jurídica especializada, dedicará una especial atención igualmente a las siguientes áreas temáticas: Protección de los trabajadores y riesgos laborales; Inmigración; Igualdad, Justicia y Discapacidad.

BAREMO DE RETRIBUCIONES EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

El Pleno ha aprobado la propuesta del Servicio de Formación Continua de un nuevo baremo de retribuciones de los/as colaboradores/as docentes en las actividades de formación, al objeto de adecuarlas a las nuevas necesidades de acciones formativas y de aplicar una disminución de las mismas, atendiendo a la situación económica presente y al decidido compromiso de rigor y ajuste presupuestarios.

DIRECTOR DEL CENDOJ

El Pleno del CGPJ, finalmente, ha procedido al nombramiento de D. Luis Ignacio Vicuña de Nicolás como nuevo Director del Centro de Documentación Judicial, al que ya perteneció como Letrado en su etapa inicial de 1997 a 2004. En mayo de 2004 fue nombrado Director de la Agencia Vasca de Protección de Datos, cargo que ha ocupado hasta junio del presente año.

Acceso al Orden del Día del Pleno del CGPJ del 30 de junio de 2012.

Comparecencia del presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo

2012-05-31 15:49:40.0

Acceso al vídeo relacionado

Se adjunta el texto de la comparecencia de Carlos Dívar en la sede del CGPJ el jueves, 31 de mayo de 2012, en un receso durante la celebración del pleno mensual.

En el vídeo que acompaña a esta noticia figura la rueda de prensa íntegra.

COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO Y DEL CGPJ RUEDA DE PRENSA

Madrid, 31 de mayo de 2012

Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por su asistencia.

Al inicio de la sesión plenaria de hoy, he informado a los vocales del Consejo General del Poder Judicial de mi decisión de comparecer ante ustedes para expresar a la opinión pública, en general, y a los jueces y magistrados, en particular, que lamento profundamente que los acontecimientos de las últimas semanas han producido en la imagen de la Justicia española y en las Instituciones que represento.

Se trata de una situación que me produce amargura y preocupación porque añade en el seno del Poder Judicial un elemento de incertidumbre y desconfianza en unos momentos en que nuestro país afronta una de las más graves crisis económicas y precisa de la fortaleza de sus instituciones democráticas.

En relación con los hechos denunciados, quiero señalar con rotundidad, por lo que a mí respecta, que no existe irregularidad alguna en los viajes cuestionados, que han obedecido siempre a actividades relacionadas con mi condición de Presidente del Consejo.

Aunque ya se ha puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones, quiero insistir ahora en que ninguno de esos desplazamientos ha eludido las normas de control y fiscalización.

No obstante quiero señalar, ante las dudas que se hayan podido suscitar, que siempre he disociado en estos viajes aquella parte de los mismos que tuviera un contenido particular, y siempre asumí personalmente los gastos derivados de la parte privada.

En cuanto a la habitualidad de mi presencia en la provincia de Málaga, en Marbella, tengo que decir que yo viajo con carácter oficial a todos los rincones de España, pero que cuando el desplazamiento es hacia algún lugar de Andalucía, intento conciliar la actividad pública con mi presencia en la provincia en que yo nací.

Quiero recordar que los miembros de este Consejo han venido desempeñando sus funciones durante casi cuatro años desde la responsabilidad, la honestidad y con plena dedicación para contribuir a la mejora de la Justicia en nuestro país. Por ello, insisto, lamento profundamente que se haya cuestionado la probidad, responsabilidad e integridad moral entre otros de algún vocal como D. Miguel Collado.

Quiero señalarles, por último, que hemos acordado en este Pleno por unanimidad la necesidad de afrontar un plan de austeridad y trasparencia que profundice, en sintonía con el compromiso asumido por este Consejo al inicio de su mandato, en la racionalidad y claridad de su actuación, mejorando todos aquellos aspectos que nos hagan más trasparentes y responsables ante los ciudadanos, máxime en unos tiempos de exigencia de sacrificios personales e institucionales a los que todos estamos obligados.

Y, ahora, estoy a su disposición para lo que quieran formular.

Homenaje a Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer

2012-03-30 15:08:57.0

Presentacion libro homenaje Damaso Ruiz Jarabo

Acceso al acto íntegro de presentación del libro

El Consejo General del Poder Judicial celebró el 27 de marzo un homenaje a Dámaso Ruiz-Jarabo, magistrado y Abogado General del Tribunal de Justicia de la UE fallecido el 12 de noviembre de 2009. El acto consistió en la presentación de un libro-homenaje, con artículos donde se abordan desde diversos ángulos la importancia de su figura y de sus prestigiosas aportaciones a la jurisprudencia comunitaria.

El acto estuvo presidido por Carlos Dívar, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. A la inauguración asistió el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, e intervino la vocal Margarita Uría Etxebarria , en nombre del Centro de Documentación Judicial del CGPJ.

También acudieron presidentes de Sala del Tribunal Supremo, vocales del Consejo General del Poder Judicial, miembros de la carrera judicial, académicos, autoridades, además de la familia del jurista desaparecido.

Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer fue miembro de la Carrera Judicial desde 1975 hasta su fallecimiento en el año 2009. Caballero de la Legión de Honor francesa, humanista y erudito, tuvo siempre presente la idea de la construcción europea en la que España estaba llamada a jugar un importante papel.

Fue para los jueces españoles un pionero en dar a conocer la propia existencia del derecho europeo mediante los primeros cursos de formación organizados por el recién creado Consejo General del Poder Judicial, al que se incorporó como letrado y, posteriormente, desde el propio Tribunal de Luxemburgo y desde el gabinete del primer juez español y ulterior presidente, Gil Carlos Rodríguez Iglesias. Más tarde como Abogado General entre 1995 y 2009, prosiguió en esa labor de permanente atención para fomentar la vocación y preparación europeísta de nuestros jueces.

La presentación del libro-homenaje supone el cierre a una serie de reconocimientos emprendidos por el CGPJ a este prestigioso jurista y uno de los más ilustres servidores públicos españoles en el ámbito judicial. Así, el Foro Jurídico de Estudios Europeos, con sede en Murcia, ha pasado a llevar el nombre del desaparecido jurista en recuerdo permanente de su figura y de la importancia de su aportación a la justicia europea. Además, se celebró una jornada en su homenaje en 2010.

El libro reúne los trabajos sobre distintos aspectos del Derecho de la Unión Europea que han realizado un selecto grupo de juristas, de los que aproximadamente la mitad son miembros de la Carrera Judicial. Los autores colaboraron con el homenajeado a lo largo de su trayectoria profesional o conocieron de primera mano sus aportaciones a ese derecho a través de las conclusiones que, como Abogado General, emitía en los asuntos sometidos a su conocimiento, o de los libros y artículos doctrinales por él publicados.

Próximamente se publicará este libro en la página web del Poder Judicial.

Acceso al acto íntegro de presentación del libro

Aumenta un 35 por ciento los concursos de acreedores presentados en los juzgados durante el segundo trimestre de 2012

2012-10-02 11:14:58.0

AUMENTAN UN 35,3 POR CIENTO LOS CONCURSOS PRESENTADOS ANTE LOS ÓRGANOS JUDICIALES

Cataluña y la Comunidad Valenciana, Comunidades con mayor número de concursos presentados.
Incremento interanual de más de un 30 por ciento en las demandas por despido.
Suben un 14 por ciento las ejecuciones hipotecarias y desciende un 19 por ciento el número de procesos monitorios.

El número de concursos presentados, 2.666, en nuestro país en el segundo trimestre de 2012, aumentó en un 35,3% respecto del mismo trimestre del año anterior, lo que supone el incremento más alto producido históricamente, según las cifras del Informe sobre el impacto de la crisis en los órganos judiciales, publicado el 2 de septiembre por el Servicio de Estadística Judicial del Consejo General del Poder Judicial, que coordinan los Vocales Miguel Carmona y Antonio Dorado.

(ACCESO AL INFORME SOBRE EFECTO DE LA CRISIS EN LOS ÓRGANOS JUDICIALES, SEGUNDO TRIMESTRE 2012).

En el trimestre analizado se declararon 2.024 concursos, 169 concluyeron en virtud del art. 176 bis 4 LC, 548 alcanzaron la fase de convenio y 1.606, la fase de liquidación.

En cuanto al ámbito territorial, Cataluña (con 527 concursos) y la Comunidad Valenciana (con 430 concursos) se sitúan a la cabeza de concursos presentados, seguidas a distancia por Madrid (368 concursos) y Andalucía (350 concursos).

(ACCESO AL ANEXO AL INFORME SOBRE EL IMPACTO DE LA CRISIS EN LOS JUZGADOS DE LO MERCANTIL, SEGUNDO TRIMESTRE 2012).

Aumento de las demandas por despido

El Informe del CGPJ también constata que el número de demandas por despido ha alcanzado las 37.243, sólo superadas históricamente en el primer trimestre de 2009, y que representa un incremento interanual del 30,3%. En Cataluña, Andalucía y Madrid se han superado las 6.000 demandas.

Descendieron, por el contrario, las reclamaciones de cantidad (38.655), cifra inferior en un 5,2% a la del segundo trimestre de 2011.

Suben las ejecuciones hipotecarias y bajan los monitorios

Por otro lado, del Informe se desprende asimismo que el número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en el trimestre, 23.421, es un 14,2% superior al mismo trimestre de 2011 y que los procedimientos monitorios presentados, 172.111, están lejos de los más de 250.000 del cuarto trimestre de 2009 y del primero de 2010, y son un 18,9% menos que en el segundo trimestre de 2011.

El número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes también ha sido el mayor de la historia, 18.668, un 13,4% más que en el segundo trimestre de 2011. Por su parte los órganos judiciales han acordado la práctica directa de 29.275 lanzamientos.

Datos sobre disoluciones matrimoniales

Finalmente, el Servicio de Estadística Judicial del CGPJ también ha hecho públicos datos actualizados sobre disoluciones matrimoniales en el segundo trimestre del año, que muestran evoluciones interanuales negativas, con la excepción de los divorcios no consensuados, cuyos 12.543 han representado un incremento del 2,2% respecto al segundo trimestre de 2011. Los divorcios consensuados, 18.032, se han reducido en un 0,2%; las separaciones consensuadas, 1.235, en un 3,3%; y las separaciones no consensuadas, 609, en un 5,6%.

(ACCESO A DATOS DE NULIDADES SEPARACIONES Y DIVORCIOS INGRESADOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012).

Se adjuntan los documentos sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales, que están disponibles para su consulta en el área de Estadística de esta página web. (Temas, Estadística Judicial).

La Comisión Permanente del CGPJ rechaza las descalificaciones vertidas contra una magistrada de Sevilla

2011-11-10 00:00:00.0

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, integrada por su Presidente, y los Vocales Dña. Margarita Robles Fernández, D. Manuel Almenar Belenguer y Dña. Almudena Lastra de Inés, en su reunión del día de la fecha, adoptó el siguiente acuerdo:

A la vista de las manifestaciones difundidas por los medios de comunicación en relación con una Magistrada de Sevilla, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, recuerda que la discrepancia con las resoluciones judiciales se ha de expresar a través de los cauces procesales legalmente previstos. La crítica de tales resoluciones no sólo es admisible sino natural y necesaria en un Estado de Derecho. Pero nunca puede trascender esta actitud del comentario crítico jurídico, y por lo tanto no resultan de recibo las referencias que invaden la esfera personal mediante descalificaciones –veladas o explícitas- que atentan contra el respeto que merece la dignidad personal constitucionalmente garantizada.

El rechazo a tales discrepancias es mayor en cuanto contienen insinuaciones claramente vejatorias por la condición de mujer de la Magistrada aludida.

Con relación a este acuerdo formula voto particular la Vocal Dña. Almudena Lastra de Inés, quien considera que no es procedente que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial entre a valorar el contenido o la intención de declaraciones vertidas, al parecer, por un candidato al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones generales, en el curso de un acto encuadrado en el marco de la campaña electoral, y menos aún para expresar un rechazo, cuando no se dan, además, los requisitos establecidos en el artículo 14 de la L.O.P.J.

Madrid, 10 de noviembre de 2011.

Estudio sobre las necesidades de los juzgados y tribunales en casos de especial complejidad

Comunicación Poder Judicial — 2013-04-25 16:55:55.0

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Don Gonzalo Moliner, dio cuenta al Pleno celebrado hoy del resultado, todavía provisional, del estudio que había solicitado al Servicio de Inspección a raíz de la decisión adoptada por el propio presidente el pasado 24 de enero para determinar las necesidades de los juzgados y tribunales españoles que tramitan causas de especial complejidad y de gran repercusión en la opinión pública.

En este tipo de causas ya se han venido atendiendo, tanto por el Consejo como por las Administraciones públicas correspondientes, las necesidades que ponían de manifiesto los jueces y tribunales competentes y que han venido trasladando las Salas de Gobierno.

El Servicio de Inspección ha contabilizado que en estos momentos 798 juzgados y tribunales españoles instruyen un total de 2.173 procedimientos de los considerados de especial complejidad.

De ellos, 1.661 corresponden a causas que afectan a los siguientes tipos penales: receptación y blanqueo de capitales, delitos contra el patrimonio histórico, los recursos naturales y el medio ambiente, falsedades documentales, prevaricación de funcionarios públicos, infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones prohibidas a los funcionarios y delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales.

De estas 1.661 causas, las distintas unidades inspectoras han identificado 302 de ellas como ‘macroprocesos’, así designados por el volumen de implicados en los mismos o por la especial complejidad de los hechos investigados.

Además, los juzgados y tribunales españoles tramitan otros 512 ‘macroprocesos’ de extremada complejidad relacionados con supuestos delictivos distintos a los anteriores, y que también afectan de manera grave al funcionamiento de los juzgados encargados de su tramitación.

TERRITORIO	NÚMERO DE ÓRGANOS AFECTADOS	TOTAL CAUSAS ESPECIAL COMPLEJIDAD
TERRITORIO	NÚMERO DE ÓRGANOS AFECTADOS	TOTAL CAUSAS ESPECIAL COMPLEJIDAD	CAUSAS REFERIDAS A LOS TIPOS SEÑALADOS POR INSPECCIÓN	OTROS MACROPROCESOS
AUDIENCIA NACIONAL	6	91	14	77
ANDALUCÍA	100	656	541	115
ARAGÓN	12	16	12	4
ASTURIAS	7	16	15	1
BALEARES	18	63	49	14
CANARIAS	50	197	149	48
CANTABRIA	10	55	51	4
CASTILLA-LA MANCHA	43	78	67	11
CASTILLA Y LEÓN	42	85	78	9
CATALUÑA	101	215	128	87
EXTREMADURA	17	48	47	1
GALICIA	34	110	95	15
LA RIOJA	4	4	4	0
MADRID	77	181	153	28
MURCIA	28	52	41	11
NAVARRA	7	12	10	2
PAÍS VASCO	11	12	7	5
COMUNIDAD VALENCIANA	81	280	200	80
TOTAL	798	2.173	1.661	512

El estudio elaborado por el Servicio de Inspección propone una serie de medidas, que habrán de ser valoradas y, en su caso, adoptadas por los órganos competentes del Consejo en función de las circunstancias concretas de cada caso y a medida que el momento procesal de cada uno de los procesos las fuera haciendo necesarias

En esta línea se pueden citar las siguientes:

Poner en marcha el mecanismo necesario para implementar, de manera coyuntural y puntual, 64 nuevos jueces de refuerzo, sin perjuicio de mantener muchas de las medidas de refuerzo ya adoptadas tiempo atrás, como fueron la designación de hasta 16 jueces de adscripción territorial o el nombramiento de 11 jueces de refuerzo.
Recabar del Ministerio de Justicia y de las correspondientes Consejerías de Justicia de los gobiernos autonómicos el nombramiento de 18 secretarios judiciales más, así como unos 150 funcionarios de distintas categorías para agilizar la tramitación procesal de los asuntos más complejos.
Iniciar gestiones con los ministerios de Hacienda y de Interior para que la Agencia Tributaria, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y la Unidad Central de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) puedan agilizar los trabajos que le son encomendados por los juzgados y tribunales.
El Servicio de Inspección, por último, considera necesario la creación de una unidad permanente de peritos adscrita a la Audiencia Nacional, similar a la que ya trabaja a las órdenes de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

INFORME SOBRE RÉGIMEN RETRIBUTIVO

Por otra parte, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión de hoy, ha aprobado por º17 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones el informe sobre el Proyecto de modificación del Real Decreto 431/2004, de 12 de marzo, regulador del régimen retributivo por las sustituciones y participación en programas de apoyo y refuerzo, a cargo de los miembros de las Carreras Judicial y Fiscal, así como de los Magistrados suplentes, Jueces y Fiscales sustitutos. El Proyecto objeto de informe es consecuencia obligada del nuevo régimen jurídico instaurado por la LOPJ, tras la reforma operada por la LO 8/2012, que, en líneas generales, relega a supuestos verdaderamente excepcionales la participación de la denominada “justicia no profesional”, con el consiguiente incremento de la participación de los miembros de la Carrera Judicial

El informe destaca que las constantes y reiteradas alusiones a la “disponibilidad presupuestaria”, como elemento determinante de la efectiva retribución por la participación en sustituciones y refuerzos, propicia una situación de incertidumbre que no favorecerá el efectivo desarrollo del principio de voluntariedad, que es una de las finalidades más importantes de la LO 8/2012. Por otra parte, no se ha remitido al Consejo memoria sobre impacto económico de la medida, por lo cual se desconoce cuál será la futura dotación presupuestaria con que se pretende sufragar el coste de las sustituciones y de actuaciones por objetivos concretos.

También se señalan en el informe otros aspectos cuya regulación no se considera adecuada. Mientras que el artículo 1 del vigente Real Decreto 431/2004 reconoce el derecho de los Jueces y Magistrados a ser retribuidos por su participación en sustituciones y refuerzos, en la versión del Proyecto simplemente se dice que “podrán ser retribuidos”. Por otro lado, para la cuantificación del 80 % del complemento de destino, que es la retribución que se prevé para las sustituciones ordinarias, se excluye uno de los conceptos legalmente fijados para la determinación del complemento indicado, concretamente las circunstancias especiales asociadas al destino a que se refiere el artículo 5.1 de la Ley 15/2003, lo cual no se adecúa a lo previsto en la Disposición Transitoria tercera de la LO 8/2012.

El Proyecto prevé que no se retribuyan los días de sustitución derivados del disfrute del permiso que autoriza el artículo 373.8 de la LOPJ. Este permiso está condicionado a que el beneficiario deba dedicar atención preferente al estudio o resolución de causas de especial complejidad, la acumulación de asuntos u otras circunstancias asociadas a la carga de trabajo. De ahí que no se considere adecuado que el sustituto se vea obligado a asumir la sobrecarga de trabajo que conlleva la sustitución es esos casos, sin que se le reconozca el derecho a ser retribuido por ello.

Con carácter general las sustituciones inferiores a diez días no serán remuneradas, salvo los días en que se celebren vistas, señalamientos deliberaciones o el sustituto debe dictar sentencia u otra resolución de carácter cautelar o urgente. El informe asume que las sustituciones inferiores a diez días no sean retribuidas cuando lo sean a meros efectos de firma o consulta y no comporten la realización de ninguna de las actuaciones a que se hecho mención. Sin embargo en el supuesto de que deban celebrarse algunas de aquellas diligencias, se cuestiona que solamente prevea el pago del día en que tales actuaciones se lleven a cabo, pues sería conveniente, en esos casos, retribuir todo el periodo de sustitución o, al menos, el plazo legalmente previsto para dictar las sentencias o resoluciones correspondientes, dado el sobreesfuerzo que comportará simultanear la atención al propio órgano de destino con la prestada al órgano en el que se ha de sustituir.

Por otro lado, se detecta una falta de concordancia con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en tanto que el Proyecto atribuye al Ministerio de Justicia la competencia para autorizar programas concretos de actuación, a propuesta del CGPJ, sin tener en cuenta que conforme a lo previsto en los números uno y cinco del artículo 216 bis de la citada Ley Orgánica, corresponde al CGPJ la aprobación de medidas de apoyo o refuerzo y el Ministerio de Justicia sólo podrá oponerse por falta de disponibilidad presupuestaria. También se cuestiona que la Disposición adicional cuarta prevea una limitación a la duración de las sustituciones, tanto voluntarias como forzosas, pues la Ley Orgánica del Poder Judicial no prevé ninguna restricción en ese sentido.

Finalmente, en el informe se sugiere incorporar al Proyecto una disposición de carácter transitorio, con la finalidad de que el futuro reglamento sea aplicable desde principios de este año, y así garantizar la cobertura económica a las sustituciones que se han producido en esta anualidad.

Madrid, 25 de abril de 2013.

Juez de Paz Educativo: aprender el significado de la palabra Justicia

2011-12-02 00:00:00.0

Un grupo de estudiantes obsequia una placa al magistrado que les ha recibido en el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia

"He aprendido el significado de la Justicia...". El magistrado Joaquín Ángel de Domingo guarda con cariño en un cajón las dedicatorias que cientos de jóvenes le han mandado a su despacho de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. La dedicatoria es de Paula, una alumna de secundaria: "Fue un privilegio y una gran experiencia. He aprendido el significado de la Justicia y la importancia de su aplicación".

"Me he dado cuenta de que la Justicia está presente y me he acercado a ella" (Carmen); "Ha sido una grata experiencia y formará parte de mi elección profesional. Aunque he constatado lo complejo que es tomar una decisión de manera justa para todos" (Alonso); "Sin este programa no habría aprendido muchas cosas importantes que ignoraba y ahora puedo valorar" (Enrique)

Cartas como éstas se suceden desde hace cinco años, el tiempo que este magistrado de vocación lleva embarcado en un proyecto al que dedica ilusiones y tiempo libre. Es la figura del Juez de Paz Educativo, una iniciativa que ha recibido el Premio a la Calidad de la Justicia 2011 del Consejo General del Poder Judicial, como experiencia para conseguir una Justicia más transparente. El galardón reconoce la labor de las entidades públicas que han impulsado el proyecto, la Consejería de Educación de Murcia y el TSJ de Murcia.

Los jueces de paz educativos son menores que se encuentran formándose en Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de la Región de Murcia. Son voluntarios dedicados a mediar entre los menores en los conflictos de baja intensidad que se producen en los centros educativos.

Desde la perspectiva del razonamiento jurídico, los estudiantes establecen métodos de comunicación que permiten escuchar a las partes en conflicto, buscar una solución adecuada, reflexionar sobre el daño, reconocerlo y restaurarlo en la medida de lo posible.

La finalidad del Juez de Paz Educativo es lograr que los alumnos resuelvan de manera voluntaria y pacífica los problemas surgidos entre ellos. Es una actuación preventiva para la resolución pacífica de los conflictos.

Son ya 188 los jóvenes que han participado como jueces o juezas de paz educativos en estos cinco años.

De Domingo es el coordinador del programa. Trabaja mano a mano con el magistrado Rafael Romero del Pozo, titular del juzgado de menores número 1 de Murcia. Con ellos colaboran más de 30 jueces con destino en Murcia, de Menores, de Violencia de Género, Instrucción, Instancia, Penal o Social, además de secretarios judiciales, fiscales o miembros de la policía judicial.

Los juristas asesoran a los alumnos y docentes de los colegios. Los estudiantes, una vez formados, asumen la función de componedores de conflictos, mediante la participación, el diálogo y el consenso; fomentando un clima de convivencia.

Todo ocurre en el colegio. Tanto De Domingo como Romero destacan la curiosidad con la que los jóvenes se acercan a los tribunales para saber cómo trabajan los jueces "y la facilidad con la que adquieren habilidades para resolver sus pequeños desencuentros, sin necesidad de apercibimientos o sanciones".

Los alumnos han hecho suyo el proyecto

La figura del Juez de Paz Educativo (JPE) ha sido desarrollada de forma singular en la Región de Murcia por la Consejería de Educación y el TSJ desde el año 2006, en el marco del programa Educando en Justicia del Consejo. "Fue una idea que nació en el Tribunal y que los alumnos han hecho suya, convirtiéndose en protagonistas del esfuerzo, la motivación, el diálogo y la exigencia; en definitiva, hombres y mujeres, completos, que construirán la sociedad del mañana", explica Juan Martínez Moya, el presidente del TSJ de Murcia.

El programa ha ofrecido ya a 94 centros una herramienta de intervención ante los conflictos distinta a la sancionadora, promoviendo el valor de la Justicia en un Estado de Derecho y favoreciendo fórmulas de justicia restaurativa, mientras se protegen los intereses de las partes en conflicto y la comunidad.

"Juez de Paz Educativo es nuestro programa emblemático para fomentar valores de tolerancia, respeto y diálogo; valores imprescindibles para el desarrollo personal de nuestros alumnos", reconoce el consejero de Educación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Constantino Sotoca.

La formación comienza con el programa Educando en Justicia, impulsado por el CGPJ en las comunidades autónomas. Con él, los alumnos visitan los tribunales, se entrevistan con jueces y participan en un juicio donde se reparten los diferentes papeles –juez, secretario judicial, fiscal, abogados, testigos...-, bajo la dirección de un magistrado.

Posteriormente, profesores y alumnos reciben la formación para impulsar el Proyecto Juez de Paz Educativo. Jueces de menores, de violencia de género, fiscales, educadores se involucran para formarlos.

Previamente, el centro ha tenido que solicitar a la Consejería de Educación el formar parte del proyecto, tras aprobarlo el Consejo Escolar. El centro crea a su vez una Comisión de Convivencia, que será la que reciba la información de los procedimientos conciliados. Esta Comisión está formada por el director o el jefe de estudios, un profesor, un madre o madre del alumnado y un alumno.

El Proyecto define el proceso de conciliación del Juez de Paz Educativo, destinado a restablecer las relaciones cotidianas de convivencia, propiciar el acercamiento entre las partes, invitar a los compañeros a la reflexión y reconocer del eventual daño causado.

Una mediación entre menores

Un ejemplo: Llega al centro una alumna nueva y se integra en un grupo formado por cuatro chicas, compañeras de clase y que comparten salidas y horas de estudio. Una de ellas se siente desplazada y teme perder su liderazgo. "Ya nunca me llamáis, me dejáis que me siente sola en clase". Frustrada, se separa del grupo y aprovecha cualquier ocasión para ridiculizar al resto de amigas. "Es que el otro día me llamaste, sólo para insultarme, y vas hablando mal de nosotras". Ante esa actitud el rechazo del grupo es cada vez más creciente.

Una cita con los dos Jueces de Paz Educativos del centro permitió que exteriorizaran el problema ("me habéis apartado" frente a "estás celosa"). Las menores analizaron sus causas, expresaron sus sentimientos ("me sentí muy sola", "y yo no entendía tu actitud"), volvieron a empatizar poniéndose en lugar del otro ("no estuvo bien hablarte así, me puse nerviosa", "entiendo como te sentiste, a mí tampoco me hubiera gustado"), y propusieron soluciones para restablecer su amistad ("no esperaré a que me llaméis, lo haré yo", "no te sentarás más sola"). Dos besos espontáneos, entre las jóvenes, de nuevo amigas, cierran esta visita.

Los resultados son "excelentes", como reconoce Erika, junto a Mario, Juan, Irene, Cristian o María, experimentados Jueces de Paz Educativos del IES Aljada. Han intervenido en una media de 15 conflictos anuales de baja intensidad: "Es un gran invento, hace pensar y ayuda a mantener buenas relaciones entre los compañeros".

Se adjunta la documentación del Proyecto Juez de Paz Educativo, Premio a la Calidad 2011 en la modalidad de experiencia desplegada para conseguir una justicia más transparente por parte de las entidades públicas.

Un año del seísmo de Lorca

Comunicación Poder Judicial — 2012-05-11 13:02:15.0

Desconcierto, pánico, terror, gente en la calle con la incertidumbre de si se iban a repetir el seísmo… El terremoto de Lorca, ocurrido hace ahora un año, se cobró la vida de nueve personas, hubo 900 heridos y numerosos daños materiales.

Magistrados, secretarios judiciales, funcionarios… La labor judicial desempeñada en la noche del seísmo de Lorca, y en los días posteriores, fue todo un desafío. La prioridad eran las víctimas y asegurar las labores del Juzgado de Guardia.

De 199 despachos de abogados de la ciudad, casi la mitad de los despachos de abogados habían sido catalogados con código rojo y 23 amarillo. El código rojo indicaba que eran edificios a demoler; el amarillo advertía de la peligrosidad de entrar en ellos.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Juan Martínez Moya, relata a Europa Press la labor que desempeñaron las magistradas de guardia la noche del seísmo, así como del equipo de forenses del Instituto de Medicina Legal. Fue encomiable en su opinión, puesto que "desde el primer momento se integraron en el equipo de coordinación de emergencias".

En general, la actitud y espíritu de servicio público de magistrados, secretarios judiciales y funcionarios destinados en Lorca, fue "ejemplar", a su juicio, como también lo fue la colaboración de los profesionales, abogados y procuradores del lugar.

La prioridad eran las víctimas y garantizar la actuación del Juzgado de Guardia.Uno de los recuerdos difíciles de olvidar para Martínez Moya fue cuando ya había pasado la noche, y en la plaza, frente a los Juzgados y el Ayuntamiento, se celebró una Junta de Jueces "en condiciones que difícilmente se repetirán".

Se suspenden los plazos procesales

“Teníamos que buscar las medidas adecuadas para garantizar la continuidad de la Administración de Justicia, pero los funcionarios se habían visto afectados, había que revisar la seguridad de los edificios y el estado de los expedientes, los despachos profesionales de abogados estaban destrozados y ya habían pasado algunas horas y sabíamos que la situación era realmente excepcional", remarca.

En aquella Junta de Jueces celebrada al aire libre, los decanos proporcionaron unas cifras que ponían de manifiesto la gravedad de la situación: de 119 despachos de abogados, 47 habían sido catalogados con código rojo y 23 amarillo e igualmente de 20 despachos de procuradores, 11 tenían código rojo y 9 amarillo. El código rojo indicaba que eran edificios a demoler, con prohibición de acceder a ellos; el amarillo advertía de la peligrosidad de entrar en ellos.

Por lo que se refiere a las cuatro sedes judiciales, sólo una, la que se sitúa en el barrio de San Cristóbal, sufrió daños de consideración.

Por este motivo, se acordó la interrupción de la actividad judicial hasta el 17 de mayo, a las 00.00 horas, a excepción de las diligencias urgentes del Juzgado de Guardia, Violencia de Género y Registro Civil. De hecho, el Registro de Lorca atendió ese mismo día a 90 usuarios y en sus libros se inscribieron 8 nacimientos, 11 defunciones y 10 nuevas nacionalidades.

En ese acuerdo sin precedentes, adoptado por causas de fuerza mayor, se interrumpieron los plazos procesales y se suspendieron las actuaciones previstas hasta dicha fecha.

Desalojos de edificios judiciales y refuerzos

Se habilitó un juez de guardia de refuerzo, para auxiliar a la juez que ejercía esas labores. Tanto el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, como el decano del Partido Judicial de Lorca, estuvieron en el municipio para coordinar las actuaciones que fueron necesarias por los desalojos de los edificios judiciales y garantizar que se pudieran desarrollar todas las diligencias preceptivas.

Seis días después, el día 17, se celebró en Lorca una Sala de Gobierno Extraordinaria y, tras reunirse con magistrados y secretarios judiciales, representantes de la junta de personal y decanos de los colegios de Abogados y Procuradores, se comprobó que la actividad en los juzgados "iba recuperando la normalidad".

Martínez Moya remarca, en este sentido, que "los juzgados estaban funcionando y plenamente operativos; pero también se advirtió que eran necesarias medidas que permitieran ser sensibles a la situación tan excepcional que vivía la ciudadanía de este partido judicial".

Ese mismo día, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordaba, al otro lado del teléfono y del ordenador, prorrogar la interrupción de los plazos en el partido judicial de Lorca hasta las 00.00 horas del 18 de junio, "con la finalidad de garantizar el derecho de las partes y ciudadanos en los procesos judiciales y asegurar el correcto funcionamiento de los órganos judiciales".

El Consejo adoptó ese acuerdo atendiendo a las condiciones de la ciudad, de los edificios de los juzgados y los locales en los que se ubican los despachos de los abogados y procuradores, y para asegurar los "derechos de todos los usuarios de la Administración de Justicia".

En varias ocasiones, recuerda Martínez Moya, la Sala de Gobierno "ha estado muy atenta en la adopción de especiales medidas de refuerzo en los órganos judiciales y se ha desplazado para celebrar sesiones ordinarias en el territorio".

Un año después, Martínez Moya ha trasladado a la sociedad lorquina un mensaje de tranquilidad y compromiso porque seguirán para que Lorca "cuente con una justicia ágil y de calidad". De hecho, señala que la principal prioridad del TSJ ahora es que "cuente con una nueva sede judicial y que muy pronto tenga dividida a la jurisdicción civil y penal".

Lecciones del seísmo: Protocolo de Actuación en Grandes Catástrofes del Poder Judicial

En aquellos momentos, los jueces no contaban con experiencias comparables. Fue un auténtico desafío buscar la respuesta adecuada para el desastre sufrido”.

Con la experiencia adquirida en el terremoto de Lorca, el Poder Judicial ha creado un Protocolo de Actuación Judicial para supuestos de grandes catástrofes.

El Protocolo de Actuación Judicial para supuestos de grandes catástrofes fue aprobado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en noviembre de 2011.

El Protocolo fija unas directrices para facilitar la toma de decisiones por los órganos judiciales y gubernativos competentes, sin interferir en la independencia judicial, y respeta los límites que derivan de lo dispuesto en el artículo 12.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Entrega de despachos de la LXII promoción de la Carrera Judicial

Consejo General del Poder Judicial (España). Oficina de prensa — 2012-02-22 12:58:33.0

Sus Majestades los Reyes entregan en Barcelona los Despachos a 121 mujeres y 65 hombres que se incorporan a la Carrera Judicial

Las mujeres representan un 65 por ciento de la 62 Promoción de Jueces.
El promedio de edad se sitúa en torno a los 30 años.
Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Cataluña son las Comunidades que más jueces aportan por lugar de nacimiento.
44 nuevos jueces irán destinados a Cataluña y 37, a Andalucía

Imagen de la 62 Promoción de jueces junto a las autoridades asistentes a la ceremonia de entrega de despachos. En el centro, los Reyes don Juan Carlos y doña Sofía.

186 nuevos jueces y nuevas juezas conforman la 62 Promoción de la Carrera Judicial, que recibieron sus despachos el miércoles 22 de febrero en Barcelona, sede de la Escuela Judicial. El acto estuvo presidido por Sus Majestades los Reyes, con la presencia del Presidente y Vocales del CGPJ, miembros de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, y numerosas autoridades políticas encabezadas por el Presidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, y el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

La 62 Promoción de la carrera judicial está integrada por 121 mujeres y 65 hombres, con lo que se consolida la mayoritaria proporción de mujeres, cifrándose en este año en torno al 65 por ciento.

El promedio de edad de quienes integran la promoción se sitúa alrededor de los 30 años y la media de tiempo empleado en la preparación y aprobación de la oposición ha sido de cuatro años y dos meses, lo que supone una reducción de un año frente al curso anterior, que fue de cinco años y tres meses.

Andalucía es la Comunidad Autónoma que, por lugar de nacimiento, aporta un número mayor de jueces, 33 en concreto, seguida de Madrid, con 22, la Comunidad Valenciana, con 21, Castilla y León, con 17 y Cataluña, con 16.

Más de un 82 por ciento no tiene ningún familiar en el ámbito de las profesiones jurídicas.

Las preferencias por el área u orden jurisdiccional donde les gustaría ejercer, sitúan al ámbito penal, en primer lugar con un 36 por ciento de preferencia por parte de los integrantes de la promoción, seguido del orden civil con cerca de un 24 por ciento, los juzgados de menores y los de familia, con un 11 por ciento y los de violencia sobre la mujer, con más de un 8 por ciento.

La número 1 de la Promoción, Patricia Marqués Fernández, desempeñará sus funciones de jueza en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción único de Puebla de Sanabria (Zamora).

La distribución territorial de destinos de la Promoción es la siguiente:

Cataluña, donde irán destinados 44 nuevos jueces; Andalucía, con 37; Comunidad Valenciana, con 17; Canarias, con 14; Galicia, con 14; Castilla-La Mancha, con 11; Madrid y País Vasco, con 9 cada una; Murcia, con 8; Extremadura, con 6; Baleares y Castilla y León, con 5 cada una, Aragón, con 3 y Cantabria, con 4.

Propuesta para una nueva demarcación judicial

2012-05-03 18:27:22.0

Acceso al vídeo relacionado

El Consejo General del Poder Judicial ha aprobado una propuesta con los principios y criterios para el establecimiento de una nueva demarcación judicial; esto es, para el diseño de un nuevo mapa judicial que satisfaga las necesidades de una ciudadanía consciente de sus derechos y de sus deberes, propia del siglo XXI.

El objetivo es mejorar la calidad de la Justicia, con el acceso en condiciones de igualdad a todos los servicios demandados en una sociedad moderna de los Juzgados y Tribunales: con jueces especializados, forenses, gabinetes psico-sociales, Puntos de Encuentro Familiar, Servicios de Atención a la Víctima, Unidades de Valoración de Riesgo para las víctimas de violencia de género, servicios de mediación civil y penal, Unidades de Policía Judicial, Servicios de Atención al Ciudadano...

El partido judicial es la unidad territorial para la administración de justicia integrada por uno o varios municipios.

Los principios y criterios para el diseño del nuevo mapa de partidos judiciales se basan en la concentración de recursos, la racionalización del trabajo, la especialización como presupuesto inicial para una Justicia de calidad, la colegiación de asuntos y la apuesta por una justicia titular y profesional.

El estudio del CGPJ es el resultado de cinco meses de análisis de los órganos técnicos de la realidad judicial de España. Una vez aprobado por el Pleno, se envía para su análisis a las salas de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, con el fin de que hagan los comentarios y observaciones que consideren oportunos.

La propuesta tiene una vocación marcadamente provisional. Se dirige a iniciar un proceso de debate sobre una cuestión cuya importancia exige un sosegado análisis y la participación de todos los interesados con el fin de lograr el resultado que mejor satisfaga los intereses del justiciable y que podrían coincidir -o no- con el diseño que se esboza.

El Consejo ha abordado el estudio en el ejercicio pleno de sus funciones constitucionales. Pero la iniciativa legislativa corresponde al Gobierno de la Nación y a las Cortes Generales.

Superar los 15 kilómetros de radio

El partido judicial es la unidad territorial para la administración de justicia integrada por uno o varios municipios.

La distribución territorial actual impide que haya juzgados y servicios especializados en todos los partidos judiciales. Los partidos judiciales abarcan un radio de 15 kilómetros, por lo habitual, y 50.000 habitantes. Se propone aumentar esta área, para que abarque 100.000 habitantes y con el límite de que no se tarde más de una hora de viaje hasta la cabeza del partido judicial con las infraestructuras existentes.

La propuesta del Consejo reduciría de 431 partidos judiciales a una cifra entre 190 y 200 partidos judiciales, una vez superadas las grandes deficiencias en las infraestructuras públicas y las dificultades de comunicación y desplazamiento del pasado.

De esta forma, se distribuirían los recursos humanos y materiales existentes y se implantaría una organización colegiada de los Juzgados, de modo que todos ciudadanos reciban la misma atención especializada, vivan donde vivan.

La propuesta de nuevo mapa mantiene los juzgados actuales y amplía las áreas judiciales para que los juzgados abarquen un territorio más amplio y poder así dar un servicio especializado al ciudadano.

Se procurará respetar la geografía política y las áreas de influencia territorial de las actividades económicas de cada zona.

La actual Ley de Demarcación y Planta lleva 24 años vigente(Ley Orgánica 39/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial), aunque la trama está basada en un diseño implantado en 1834.

Los incrementos y disminuciones demográficas, los flujos de población, los polos industriales, el desarrollo urbanístico y turístico, las comunicaciones, los medios de transporte, las características orográficas y comarcales, las tecnologías de la información, el modelo de oficina judicial, la forma de tramitar los procedimientos…. En esto 24 años se han producido grandes transformaciones que provocan un DESFASE entre la estructura territorial de los Juzgados y Tribunales y las demandas de los ciudadanos.

España ha crecido en ocho millones de habitantes desde 1988. Y tiene 5.017.837 más de asuntos ingresados que entonces. La sociedad es más compleja.

Principios y criterios

El Consejo entiende que los cambios socio-económicos registrados son de tal magnitud que el futuro mapa de circunscripciones judiciales tendría que responden a los siguientes principios y criterios:

Especialización. Como presupuesto inicial para una Justicia de calidad. Apuesta por una justicia titular y profesional: La nueva demarcación permitirá la implantación de la organización colegiada de los Juzgados, con los servicios trabajando de forma coordinada. La Justicia impartida por jueces interinos sería relegada a la excepción.
Mismos derechos, mismos servicios. Las infraestructuras y las comunicaciones actuales permiten crear partidos judiciales dotados de los servicios al ciudadano de similar calidad para todos los partidos judiciales.
Tiempo y calidad del servicio. La atención al ciudadano no debe medirse en kilómetros, sino en tiempo de prestación del servicio público, y en la calidad del servicio público.
Proximidad. El desplazamiento desde un núcleo de población hasta la cabecera del partido judicial no podrá exceder de 1 hora ó de 100 kilómetros de distancia a través de las comunicaciones existentes, como límites de agrupación. La excepción vendría justificada cuando la excesiva distancia o el tiempo empleado para el desplazamiento pueda poner en cuestión el derecho fundamental.
Eficiencia: Uso de las comunicaciones telemáticas y las nuevas tecnologías. El desplazamiento físico de las personas a las oficinas judiciales ha de reducirse a los supuestos estrictamente necesarios.

Jornadas Anuales Presidentes Audiencias Provinciales Rioja

2011-10-05 00:00:00.0

Un total de 44 presidentes de Audiencias Provinciales participaron en las Jornadas Anuales, celebradas en Logroño entre los días 3 y 5 de octubre pasados. El encuentro fue inaugurado por el presidente de la Comunidad Autónoma de la Rioja, Pedro Sánz.

Los presidentes de las Audiencias Provinciales aprobaron unas conclusiones en las que abordan los principales retos de la Justicia. Así, solicitan que se dimensione adecuadamente la plantilla de los Servicios Comunes de la Nueva Oficina Judicial, se mejore el funcionamiento de los sistemas informáticos y se implante de forma inmediata el expediente digital, que a su juicio garantizaría el éxito de la Nueva Oficina Judicial.

Por otro lado, proponen que la autonomía presupuestaria del CGPJ se extienda a la previsión de gastos de funcionamiento de los órganos judiciales, evitando así que la decisión final dependa de las administraciones que ostentan la competencias.

Los presidentes de las Audiencias Provinciales también consideran necesario que se reviese la Ley del Jurado para excluir delitos como el allanamiento, amenazas y otros. Además, piden la creación de Juzgados especializados en delincuencia organizada y corrupción en las capitales de provincia y que las víctimas sean mejor tuteladas por la Justicia.

En el ámbito civil demandan que los recursos se resuelvan por tres magistrados y que se fomente la coordinación entre todas las Audiencias Provinciales del territorio para conseguir una Justicia ágil, transparente y eficaz para todos los ciudadanos.

Se adjuntan las conclusiones de las Jornadas Anuales.

Hacia una Fiscalía Europea para defender a la Unión

2012-12-11 13:50:10.0

El director general de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), Giovanni Kessler, y la directora General de Justicia de la Comisión Europea, Francoise Le Bail, han visitado España para abordar la posible creación de la Fiscalía Europea, prevista en el Tratado de Lisboa.

Para este fin, ambos se reunieron el 10 de diciembre con el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, recibió, en compañía de los vocales de Internacional, Miguel Carmona y Gabriela Bravo.

El objetivo del encuentro, por parte de Kessler y Le Bail, era recabar la opinión del CGPJ sobre la posible creación de la Fiscalía Europea, ya prevista en el Tratado de Lisboa, y la propuesta de directiva sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal.

Esta nueva Fiscalía tendría como misión combatir las infracciones que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión Europea y podría incoar procedimientos penales y solicitar la apertura de juicio contra ellos.

Antes de este encuentro, que se celebró en la sede central del CGPJ, en Madrid, Kessler y Le Bail mantuvieron una reunión con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Después lo harían con el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, y el secretario de Estado de Interior, Ignacio Ulloa. Más tarde se entrevistarían con la Comisión Conjunta para la Unión Europea, en el Congreso de los Diputados.

Qué es la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude es autónoma en su función de investigación, aunque forma parte de la Comisión Europea. La OLAF está facultada para realizar investigaciones internas, dentro de las instituciones europeas o los organismos financiados con el presupuesto de la UE, e investigaciones externas, en el ámbito nacional si está en juego el presupuesto de la UE.

La OLAF contribuye también a las investigaciones que efectúan las autoridades nacionales u otros departamentos de la UE facilitando la puesta en común y el intercambio de información y de contactos. También interviene en los casos en los que las autoridades competentes de un Estado miembro o un tercer país llevan a cabo una investigación penal con asistencia de la OLAF.

El mayor punto de consulta judicial de España

Consejo General del Poder Judicial — 2011-08-12 00:00:00.0

Por Joaquín Delgado, magistrado

Más de quince millones de consultas y 25.000 usuarios. El Punto Neutro Judicial cerrará este año con estas cifras récord. Esta plataforma de consulta y de conexión de redes celebrará en 2012 una década de existencia, aunque hay que remontarse a 1995 para localizar sus orígenes: fue cuando se produjo la primera conexión entre un centro de petición de datos judiciales con la Agencia Tributaria.

El Punto Neutro Judicial es un instrumento útil para el trabajo diario de los Juzgados y Tribunales. Permite encontrar con facilidad la información asociada a todas las partes implicadas en un proceso judicial.

Toda consulta se realiza bajo resolución judicial, el acceso es restringido y las peticiones se abordan desde un entorno seguro de identificación.

El Punto Neutro Judicial permite las comunicaciones entre las distintas Redes Judiciales de las Comunidades Autónomas, Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Facilita el acceso de Juzgados y Tribunales a servicios proporcionados por terceras instituciones de interés para el mejor funcionamiento de la Administración de Justicia.

En estos diez años, el Punto Neutro se ha convertido en una pieza fundamental de la Administración Justicia. Creado en 2002 por el CGPJ, que es responsable de su gestión, cuenta con casi 25.000 usuarios.

Esta plataforma aporta 34 servicios de consulta e intercambio de información a disposición de los órganos judiciales y, por ende, al servicio de la función jurisdiccional. Desde bibliotecas judiciales, a las bases de datos de la Agencia Tributaria, Seguridad Social, INE, Archivo de Poderes de Representación Procesal, Dirección General Tráfico, directorios de profesionales jurídicos, Cumplimiento Pena de Trabajos Comunitarios, Gestión de biblioteca FGE, Catastro, INEM, Instituciones Penitenciarias, Ministerio del Interior, Policía, DNI, Registro Mercantil Central, Registro Central Sentencias Firmes de Menores, Registro Central de Rebeldes Civiles, Consulta de Estadística Judicial, Gestión gubernativa, Infraestructura de Partidos Judiciales, Área de Secretarios de Gobierno, Cuentas Depósitos y Consignaciones Judiciales, Juicios rápidos…

En el año 2008 existían sólo 18 servicios y casi dos millones de consultas. Pero en estos tres años transcurridos, el Punto Neutro Judicial ha dado un salto, al convertirse en una herramienta útil y de fácil acceso con crecimientos del 249 por ciento en 2010 y del 75 por ciento en 2011.

Está previsto incrementar el número de servicios prestados a los órganos judiciales. Por ejemplo, en los próximos meses estará operativo un sistema de embargo automatizado de los saldos en cuentas corrientes a la vista en las entidades financieras.

Diez años y quince millones de peticiones anuales para el mayor punto de consulta judicial de España.

Dispensa de la obligación de declarar de la víctima de violencia genero

2011-08-16 00:00:00.0

Por María del Pilar Llop, Magistrada

Recientemente se ha publicado en la página oficial del Ministerio de Justicia el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal. En él se otorga un nuevo tratamiento a la dispensa de la obligación de declarar en su art. 570.

Desde el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ se ha expresado en sus informes la necesidad de otorgar un tratamiento diferenciado a la dispensa de la obligación de declarar (art. 416 de la vigente LECrim.) de las víctimas de violencia de género y doméstica, ya que se trata de delitos que se cometen, de ordinario, en la intimidad familiar, y en ocasiones no existe otra prueba que la declaración de la propia víctima, sin otros elementos objetivos que corroboren su versión. En estos casos en los que no hay otros testigos, de ordinario, y así lo dice la experiencia judicial, si la víctima no declara no es posible continuar con el procedimiento, abocado, bien a su finalización anticipada en fase de instrucción, bien a la absolución del acusado, si la víctima-testigo se acoge a tal derecho a no declarar, en la fase de juicio oral.

La cuestión no ha sido pacífica, pues el parentesco o relación de afectividad, constante o pasada, que une al testigo-víctima y agresor en este tipo de delitos, indica que su tratamiento no debería ser el mismo que en otro tipo de delitos en los que no existe esta relación.

En el Anteproyecto se ha intentado ofrecer una solución a esta situación habitual en los delitos de violencia doméstica y de género, de modo que a la víctima-testigo se le da la oportunidad de acogerse a su derecho a no declarar, pero, una vez informada debidamente de este derecho, si decide declarar, ya no podrá retractarse en adelante.

Esto supondría que, si la víctima decidió declarar en un primer momento, hechas las advertencias oportunas, y posteriormente se desdice de su declaración podría incurrir en responsabilidad penal.

La reforma precisará de una técnica legislativa más depurada cuando se aborde en las Cortes Generales. Así, queda la duda de a qué supuestos se refiere el último párrafo del art. 570 del anteproyecto, pues parece referirse a que ningún testigo podrá ser obligado a declarar en contra de un pariente de los mencionados en el número primero que no sea acusado (debería también extenderse a los imputados) en “ese procedimiento”. Al utilizar el término “aunque” parece referirse a que también es aplicable a los que estén acusados en el procedimiento, lo que genera ciertas dudas interpretativas.

El artículo 570 del Anteproyecto establece lo siguiente:

Exenciones a la obligación de declarar por razón de parentesco

1. Están dispensados de la obligación de declarar los ascendientes y descendientes consanguíneos o afines del acusado, sus colaterales consanguíneos o dentro del segundo grado de afinidad, así como su cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, aun cuando se haya extinguido el vínculo conyugal o haya cesado la convivencia efectiva.

2. La exención no será aplicable cuando las personas a las que se refiere el apartado anterior hayan aceptado declarar durante el procedimiento después de haber sido debidamente informadas de su derecho a no hacerlo.

3. Ningún testigo podrá ser obligado a responder una pregunta cuya contestación pueda originar la atribución de responsabilidad penal a alguno de los parientes a que se refiere este artículo aunque no haya sido acusado en ese procedimiento.

La reforma es, por tanto, novedosa e importante. Los especialistas en Violencia de Género coinciden en que el derecho a no declarar de la víctima crea distorsiones, ya que suele ser la única testigo de la agresión. De ahí la necesidad de dar un tratamiento diferenciado a este tipo testimonios.

Desde la Escuela: Conferencia de Juan Antonio Xiol, presidente de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo

2013-02-05 10:31:47.0

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Emisión en diferido de la conferencia

El presidente de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, Juan Antonio Xiol, pronunció el pasado 5 de febrero una conferencia a los alumnos en prácticas de la Escuela Judicial sobre "Las incertidumbres del juez".

La conferencia fue retransmitida desde el auditorio del centro académico a través de Internet.

Convocados los Premios a la Calidad de la Justicia 2012

2012-04-23 12:38:34.0

La Comisión de Modernización e Informática Judicial del Consejo General del Poder Judicial ha puesto en marcha la convocatoria del Premio a la Calidad de la Justicia edición 2012.

Esta iniciativa tiene por objeto reconocer y distinguir a aquellos órganos jurisdiccionales y oficinas judiciales, así como a entidades y organismos relacionados con la Administración de Justicia, que hayan destacado por sus actividades de mejora de la calidad del servicio público y por la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos mediante buenas prácticas de gestión.

Se pretende con ello otorgar un justo y merecido reconocimiento a aquellas actividades y experiencias encaminadas a lograr una administración de justicia más eficaz, transparente y accesible.

Al igual que en la edición 2011, se han creado dos modalidades del premio. Así, se premiará por una parte a los órganos jurisdiccionales y oficinas judiciales; por otra parte, los premios reconocerán la labor de entidades y organismos relacionados con la Administración de Justicia.

El plazo para presentar candidaturas finaliza el próximo día 1 de junio.

Se adjunta un documento-resumen de las bases del Premio, así como la ficha que se debe adjuntar a las candidaturas.

MODALIDADES

• Experiencia para conseguir una Justicia más eficaz.

• Experiencia para conseguir una Justicia más transparente.

• Experiencia para conseguir una Justicia más accesible.

DESTINATARIOS

En cada una de las tres modalidades, se otorgarán dos premios:

• Premios a órganos jurisdiccionales y oficinas judiciales, entendiendo incluidos los Juzgados y Tribunales, así como los órganos de gobierno interno del Poder Judicial, los Servicios Comunes procesales y otras unidades de la Nueva Oficina Judicial.

• Premios a entidades y organismos relacionados con la Administración de Justicia (Administraciones con competencias en Justicia, unidades administrativas, colegios profesionales, etc).

PREMIO

• Se entregará un diploma acreditativo.

• Los representantes de cada oficina judicial y entidades y organismos relacionados con la Administración de Justicia premiados, serán invitados a una ceremonia de entrega del premio.

• Se dará difusión del premio a través de la página web del CGPJ.

• Se remitirá mención al expediente personal del Juez, Secretario o funcionario público que participe en la experiencia premiada.

PLAZO DE PRESENTACIÓN

Hasta el 1 de junio de 2012

FORMA DE PRESENTACIÓN

Los interesados en participar deberán presentar una memoria justificativa con los siguientes méritos contraídos:

• Identificación de la entidad y breve descripción de su actividad.

• Sumario del contenido de la memoria.

• Descripción del proyecto.

• Resultados.

• Innovación obtenida.

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS

La memoria justificativa se presentará únicamente en formato digital en la siguiente dirección de correo electrónico:modernizacion.cgpj@poderjudicial.es

Premios a la Calidad de la Justicia 2011. Enlaces de interés:

Relación de galardonados

Juez de Paz Educativo: aprender el significado de la palabra Justicia

Piezas de convicción controladas con códigos de barras y firmas electrónicas

Una Justicia al alcance de todos

El Juzgado de 1ª Instancia Nº 73 de Madrid, Premio 2011 a la Justicia Más Accesible

Apertura del procedimiento para formular las candidaturas que corresponden al CGPJ en la renovación del Tribunal Constitucional

2013-03-15 13:18:32.0

RENOVACIÓN PARCIAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

APERTURA DEL PROCEDIMIENTO

Con fecha 31 de enero de 2013 se recibió en el Consejo General del Poder Judicial la Comunicación del Sr. Presidente del Tribunal Constitucional prevista en el artículo 17 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, por la que participa que el próximo día 9 de junio se producirá el vencimiento de mandato de los Magistrados D. Pascual Sala Sánchez y D. Ramón Rodríguez Arribas, nombrados en su día Magistrados del Alto Tribunal a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

En consecuencia, tal como dispone el indicado precepto, y dada cuenta al Pleno, se informa para general conocimiento, que queda abierto el procedimiento para la formulación de las candidaturas que corresponde elevar a S.M. El Rey por el Consejo General del Poder Judicial.

Madrid, 7 de marzo de 2013.

El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial

Gonzalo Moliner Tamborero.

El magistrado Jesús Gullón, nuevo presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo

2012-10-24 14:36:41.0

El CGPJ informa

EL MAGISTRADO JESÚS GULLÓN PRESIDIRÁ LA SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO

Ignacio Rafols, nombrado nuevo Presidente de la Audiencia Provincial de Palencia.

El Consejo General del Poder Judicial, en su sesión plenaria de hoy, ha nombrado al Magistrado del Tribunal Supremo D. Jesús Gullón Rodríguez nuevo Presidente de la Sala de lo Social del Alto Tribunal, al haber obtenido 14 votos frente a los 5 votos logrados por el Magistrado D. Fernando Salinas Molina y emitirse 1 voto en blanco.

Igualmente, el Pleno ha nombrado al magistrado D. Ignacio Rafols nuevo Presidente de la Audiencia Provincial de Palencia, al haber obtenido 15 votos frente a los 4 votos logrados por el magistrado D. Javier Carranza y producirse un voto en blanco.

En otro orden de cosas, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial acordó hoy no asumir el contenido del informe sobre ‘Propuestas para la reforma y agilización de los procesos civiles”, elaborado por un grupo de seis magistrados a instancias de esta institución.

Respecto del anexo sobre ‘Propuestas en materia de endeudamiento familiar y consecuencias de la ejecución hipotecaria’, hay que destacar que el mismo no ha sido formalmente aprobado por el grupo de magistrados responsable de la elaboración del informe.

En definitiva, el Pleno fue informado hoy de la existencia de este trabajo y acordó no debatir su contenido ni por ello asumirlo como propio del Consejo General del Poder Judicial.

Madrid, 24 de octubre de 2012.

XI Curso sobre la Jurisdicción Contencioso-Administrativa

Tribunal Superior de Justicia de Cantabria — 2012-03-20 14:05:48.0

Programa del XI Curso sobre la Jurisdicción Contencioso-Administrativa que tendrá lugar en Santander los días 3 y 4 de mayo. Esta edición versará sobre las últimas reformas procesales y su incidencia en la Jurisdicción: la Ley de Medidas de Agilización Procesal y la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, aprobadas el pasado mes de octubre.

Informe del Consejo General del Poder Judicial al Anteproyecto de Reforma del Código Penal

2013-01-17 12:53:22.0

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en la reunión celebrada el 16 de enero, aprobó por amplia mayoría el Informe sobre el Anteproyecto de Reforma del Código Penal elaborado por la Comisión de Estudios e Informes, en el que se introdujeron numerosas enmiendas consecuencia del debate suscitado.

Enlace al DOCUMENTO ÍNTEGRO del informe del CGPJ a la reforma del Código Penal que ha sido publicado en esta página web, una vez introducidos las modificaciones y los votos particulares anunciados.

Se adjunta, además, un resumen de los puntos más destacados del documento.

En lo sustancial, el Informe queda como sigue:

Prisión Permanente Revisable

La Prisión Permanente Revisable no se incluye en el catálogo de penas del artículo 33 vigente, dando así a entender que se trata de una simple pena grave de prisión superior a cinco años. Tampoco se describe su contenido en el artículo 35, cuando define la pena de prisión. En consecuencia, si el anteproyecto fuera aprobado en su actual redacción, en ninguna parte del Código penal estaría definida esta nueva pena, debiendo suponerse entonces que se trata de una pena de prisión perpetua, aunque ni siquiera se utiliza este ‘nomen iuris’, sino el de prisión permanente.

Esta técnica legislativa no es admisible en la legislación penal, que está sometida a los principios de seguridad jurídica para evitar ámbitos de incertidumbre, inconcreción y, en suma, de inseguridad jurídica (artículo 25.1 de la Constitución). Según aquilatada doctrina constitucional, la garantía material derivada del artículo 25.1 de la Carta Magna lleva consigo la exigencia de que la norma punitiva permita predecir con suficiente grado de certeza las conductas que constituyen infracción y el tipo y grado de sanción del que puede hacerse merecedor quien la cometa.

Por todo lo expuesto, este Consejo considera que la regulación de la Prisión Permanente Revisable incumple al principio de legalidad y de seguridad establecido en el artículo 25.1 de la Constitución y la consecuente garantía de previsibilidad de las sanciones de dicho mandato, de manera que quede nítidamente reflejado el contenido esencial de la pena objeto de cita, más allá de los beneficios penales y penitenciarios a que el penado pueda ser acreedor. Este punto fue aprobado por 19 votos a favor y dos en contra.

En cambio, y frente a lo argumentado en el Informe, el pleno considera que esta figura no excluye la aplicación a los condenados a Prisión Perpetua Revisable de las medidas previstas por la legislación penitenciaria para favorecer su reinserción social. En consecuencia, esta nueva figura delictiva no ignora el mandato constitucional de que las penas privativas de libertad tienen que estar orientadas hacia la reducación y reinserción social de los condenados recogido en el artículo 25.2 de la Constitución.

Esta enmienda fue aprobada con quince votos a favor y seis en contra. Estos seis vocales defenderán en un voto particular que la Prisión Perpetua Revisable choca con ese precepto constitucional.

La custodia de seguridad

Por 16 votos a favor y cinco en contra emitidos por vocales que anunciaron el correspondiente voto particular en este punto, el Pleno ha aprobado el capítulo del Informe que pone en duda la constitucionalidad de la custodia de seguridad, la segunda gran novedad del Anteproyecto concebida como una medida privativa de libertad a cumplir por el condenado tras el haber concluido la pena de prisión a la que haya sido condenado. Lo hará en un establecimiento especial o, si es necesario, en uno penitenciario, durante un máximo de diez años, y a su término deberá someterse obligatoriamente o una medida de libertad vigilada, que si bien no es privativa de libertad sí puede implicar una importante limitación de derechos tales como el de libre residencia o circulación. Esta libertad vigilada subsiguiente a la custodia de seguridad, por el sistema de prórrogas que la reforma establece, puede tener un carácter ilimitado.

La mayoría del Pleno entiende que esa medida también choca con el artículo 25.1 de la Constitución porque incumple los principios de legalidad, proporcionalidad y seguridad jurídica ya que se trata de una prórroga encubierta del cumplimiento de la pena una vez cumplida la impuesta en sentencia.

La selección de los delitos que permiten la aplicación de la custodia de seguridad carece de coherencia, porque incluye delitos que implican violencia junto a otros que no la implican nunca, o no necesariamente.

Las medidas de seguridad

El anteproyecto da una nueva regulación a las medidas de seguridad, suprime su límite temporal de duración del actual artículo 6.2 del Código Penal y lo vincula a la peligrosidad del penado. La supresión del límite no va acompañada de un procedimiento regulado para la adopción, control, modificación, suspensión o cese de la medida, cuya previsión resulta ineludible y esencial. Razón por la cual el Informe reclama la fijación de un límite máximo.

La libertad condicional

La libertad condicional se regula como suspensión de la ejecución de parte de la pena por un periodo que ha de ser superior al tiempo de pena que falta por cumplir. No se establece con claridad el órgano competente para la decisión: si es el juez de vigilancia penitenciaria la que se refiere el inciso primero del artículo 90.1 del Código Penal o si es el juez o tribunal sentenciador, como se dice en el resto del precepto y de los artículos reguladores de la libertad condicional. Debe aclararse esta cuestión, y considera este Consejo que ha de hacerse a favor del juez de vigilancia penitenciaria.

Las faltas

El Pleno ha acordado hacer constar en el Informe su preocupación por la despenalización de algunas faltas, en particular la imprudencia leve con resultado de lesiones, por la desprotección que pueda suponer para las víctimas.

La Disposición Transitoria cuarta reserva la consideración de falta, a efectos procesales, a los delitos leves de frecuente comisión; ello implica que el resto de infracciones leves detalladas en la relación compendiada en las páginas 14 y 15 de la Memoria de Análisis de Impacto Normativo no se sustanciarán mediante la regulación prevista para las faltas, sino de acuerdo con lo establecido por la norma procesal para los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años o con penas de distinta naturaleza cualquiera que sea su cuantía o duración, es decir, bajo los auspicios del procedimiento abreviado regulado en los artículos 757 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o conforme al procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos a que se refieren los artículos 795 y siguientes.

Tal medida supone conferir un tratamiento procesal heterogéneo a infracciones de igual naturaleza sustantiva. Ello comporta una alteración de los postulados seguidos por la normativa procesal vigente, pues el único criterio que ha guiado al prelegislador para establecer tal diferenciación es la frecuente comisión de las infracciones que se detallan en el párrafo primero.

El Informe del Consejo propugna mantener un régimen procesal uniforme para las infracciones de naturaleza leve, de manera que todas ellas sean sustanciadas, hasta en tanto entre en vigor la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, por los trámites previstos para el juicio de faltas.

Extranjería

La sustitución de la pena de prisión por expulsión del territorio español se extiende a todos los extranjeros con independencia de que su situación sea regular o irregular, decisión que en principio no encuentra objeción legal, si bien debería adecuarse a la regulación del art 57.2 de la Ley Orgánica sobre Extranjería y excluir de tal posibilidad las condenas por delitos dolosos.

Resulta adecuada la instauración del sistema anterior a la Ley Orgánica 11/2003 para dejar al juez o tribunal sentenciador la decisión sobre la expulsión sustitutiva en atención a las circunstancias personales del penado, en particular su arraigo, y las del hecho, previa audiencia del penado, tal como exige el Tribunal Constitucional. No se encuentra acertado, por el contrario, la omisión de audiencia del Ministerio Fiscal y de las partes personadas, por lo que debería regularse un trámite para su intervención.

El párrafo segundo del artículo 318 bis.1 establece que el Ministerio Fiscal podrá abstenerse de acusar por el delito de auxilio a la entrada ilegal de un extranjero cuando el objetivo perseguido sea prestar ayuda humanitaria. Esta previsión se anuda a lo previsto en el artículo 1.2 de la Directiva 2002/90/CE que permite a los Estados miembros decidir, en aplicación de su legislación y de sus prácticas nacionales, no imponer sanciones a la conducta definida en la letra a) del apartado uno cuando el objetivo de esa conducta sea prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate.

La forma en que se proyecta la transposición al ordenamiento interno del artículo 1.2 de la citada Directiva suscita alguna observación. Es evidente que el prelegislador se ha decantado por la aplicación del principio de oportunidad, de manera que la ponderación por parte del Ministerio Público del ejercicio de la acción penal sólo queda condicionada por la concurrencia de un aspecto reglado, cual es la finalidad altruista a que se refiere el precepto.

Sin embargo, nada dice el precepto sobre qué otros factores o aspectos habrán de ser tenidos en cuenta de cara a ponderar la pertinencia del ejercicio de la acción penal, difiriendo la concreción de este aspecto a la futura unificación de criterios que sobre esta cuestión adopte el Ministerio Público. Frente a esa opción, sería más adecuado atribuir al precepto la naturaleza propia de las excusas absolutorias en atención a la importancia de la finalidad perseguida por el autor, siempre que la gravedad de los hechos fuera escasa, como así lo requiere implícitamente el subtipo atenuado recogido en el número seis.

El asesinato

El artículo 139 de la propuesta de reforma del Código Penal introduce una nueva circunstancias que cualifica el asesinato, “para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra”, que no encuentra relación con las demás circunstancias del mismo artículo.

La reforma eleva la pena del delito a 25 años y crea un amplísimo marco penal (15 años a 25 años) que podría afectar al principio de legalidad.

El artículo 140 introduce unos supuestos de especial gravedad, castigados con la pena de prisión permanente, en los que son destacables los problemas de bis in idem que plantean las circunstancias 1ª y 3ª.

Las lesiones

La gran novedad de la regulación de las lesiones se encuentra en la exigencia de denuncia previa para perseguir el delito de lesiones de menor entidad y el de maltrato. En atención al bien jurídico protegido y entidad de la lesión, se está de acuerdo con la exigencia de denuncia previa en lossupuestos de malos tratos, siempre que no se trate de violencia de género. Sin embargo, en los supuestos de las lesiones de menor entidad del artículo 147.2, se considera que debería suprimirse este requisito.

Delito continuado

Una de las finalidades perseguidas mediante la reforma del artículo 74.1 es la de garantizar que la pluralidad de acciones delictivas propia del delito continuado conlleve una efectiva agravación de la pena. Sin embargo, la regla penológica que se recoge en el texto articuladono implica necesariamente un incremento del reproche penal previsto actualmente, sino que posibilita un mayor grado de discrecionalidad en la fijación de la pena, ya que los únicos límites que constriñen el arbitrio judicial consisten en la superación, siquiera sea en su más exigua expresión, de la pena mínima aplicable a la infracción más grave, y, por otro lado, que la pena finalmente impuesta no exceda de la suma de las penas correspondientes a cada uno de los delitos que integran la continuidad.

El incremento de la discrecionalidad puede dar lugar a que, sin exceder del marco legal configurado, la aplicación de la regla penológica explicitada en el artículo 74.1 conlleve un trato penal más benigno del que se dispensa hogaño, lo que es contrario al propósito manifestado por el prelegislador, o que la punición sea equivalente a la suma de las infracciones, lo que implicaría, de hecho, ignorar la naturaleza continuada de la infracción. La anterior consideración es extensiva, en lo esencial, al régimen jurídico que se prevé para en concurso medial en el artículo 77.3

Violencia de género

Con relación a la suspensión de penas privativas de libertad por delitos de violencia de género, el Informe señala:

1º) Se excluyen del catálogo de delitos cometidos sobre la mujer por quien sea o haya sido cónyuge, o por quien esté o haya estado ligado a ella por relación similar, de afectividad, respecto de los que han de ser impuestas imperativamente las prohibiciones y deberes de las reglas 1º, 4º y 6ª del artículo 83 como condición de la suspensión de la ejecución de la pena, los delitos del Título I (Del homicidio y sus formas), cuando en caso de formas de ejecución imperfectas y de concurrencia de varias circunstancias atenuante o una muy cualificada, podría estarse ante una pena suspendible, siendo aconsejable la inclusión de estos delitos en el catálogo de aquellos para los que se prevé la imposición obligada de aquellas prohibiciones y medidas caso de suspensión de la ejecución de la pena.

2) No resulta adecuada la previsión de multa como medida a imponer en la suspensión sustitutiva si se hubiera tratado de la comisión de alguno de los delitos relacionados con la violencia de género.

3) Es recomendable que la prohibición a la que puede condicionarse la suspensión del número 1 del artículo 83 Código Penal, consistente en la prohibición de aproximarse a la víctima u otros miembros de la familia, se extienda también a otras personas con relación a la víctima y a la prohibición de comunicar con la misma o personas respecto de las que se establece la prohibición, tal como se prevé en la regulación actual.

4) Se suprime el distinto tratamiento del incumplimiento de las prohibiciones y deberes de imperativa imposición en los delitos relativos a la violencia de género, siendo recomendable mantener el tratamiento actual de revocación automática ante un incumplimiento de algunos de los deberes o prohibiciones a los que se refiere el artículo 83.2 y que son de imperativa imposición en este tipo de delitos.

Además, el informe sugiere que en los delitos relativos a la violencia de género se clarifique el tema del elemento finalístico; se tipifique como delito leve las vejaciones injustas cuando la víctima sea o haya sido esposa o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad aun sin convivencia; que el alejamiento previsto en el artículo 57 con carácter preceptivo pase a ser facultativo y que se suprima la pena de multa para todos los supuestos de violencia de género y doméstica.

Finalmente, sería conveniente estudiar posibles nuevas competencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, como, por ejemplo, el delito de quebrantamiento de pena o medida cautelar impuesta por un delito de violencia de género, o el delito de acoso.

La detención ilegal

En cuanto al subtipo agravado de detención ilegal del artículo 166 del Código Penal, para evitar que evoque al delito de sospecha, sería aconsejable la redacción del tipo en torno a la configuración del deber de garante del secuestrador respecto de su víctima.

Se eleva además notablemente la pena, equiparándola al del delito de homicidio. Y se introducen dos circunstancias de agravación, estableciéndose una pena de 15 a 20 años.

Matrimonio forzoso y delitos contra la libertad sexual

El artículo 172 bis introduce el delito de matrimonio forzoso como un tipo específico del delito de coacciones. Si bien la opción política criminal de la incriminación de los matrimonios forzosos es loable, su regulación presenta algunos problemas como la exigencia de la intimidación grave o la referencia en el tipo a las coacciones, lo que dejará fuera algunos supuestos de matrimonios forzosos.

Además, este nuevo delito podrá jugar como tipo atenuado cuando hayan mediado amenazas condicionales. No parece adecuada la previsión de una pena de multa, y es aconsejable que se prevea una agravación cuando la víctima sea menor de edad.

La reforma de los delitos contra la libertad e identidad sexual y corrupción de menores busca transponer la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y por la que se sustituye la Decisión Marco 2004/68/JAI del Consejo.

En los delitos de abusos y agresiones sexuales a menores de 13 años de edad, se modifica la descripción de la acción típica, que pasa a describirse como “actos de carácter sexual”, lo que resulta acertado. Y se introduce el comportamiento previsto en el art 3.6 de la Directiva: compeler mediante violencia o intimidación a un menor de 13 años a participar en actos de naturaleza sexual de un tercero.

La reforma introduce la definición de pornografía infantil de la Directiva 2011/92/UE con una redacción difícil, poco técnica y mal cuidada que sin duda dará lugar a problemas interpretativos.

El artículo 197.4 bis introduce el nuevo delito de difusión no consentida de imágenes obtenidas con el consentimiento de la víctima en su domicilio o fuera del alcance de la mirada de terceros. El delito, que viene a llenar una laguna de impunidad existente en la actualidad, se configura como de tipo mixto alternativo (difundir, revelar o ceder a terceros), aunque los términos se equiparan en el sentido de que todos ellos exigen la comunicación o transmisión de las grabaciones o vídeos a terceros.

Se trata de un delito de propia mano, por cuanto que sólo podrá ser cometido por aquél a que hubiera obtenido las imágenes o grabaciones audiovisuales obtenidas con el consentimiento de la víctima. Sería recomendable establecer una agravación para el caso de que la víctima sea o haya sido cónyuge o persona que tenga o haya tenido con el autor una relación análoga, sin que en este caso pueda ser impuesta la pena de multa.

El acoso

El artículo 172 ter introduce el delito de acoso, que sanciona conductas acosadoras caracterizadas por la intromisión en la vida de otro que atentan contra la libertad de la persona afectando gravemente a su desarrollo de su vida cotidiana. Ha de valorarse positivamente la creación de este nuevo tipo que viene a colmar una laguna de impunidad que existe, pues muchas de esas conductas no podían ser sancionadas con los delitos de amenazas o coacciones, pese a alterar gravemente el desarrollo de la vida cotidiana de la víctima.

El uso de armas

El artículo 235 bis 1.1º prevé la imposición de una pena de dos a cuatro años para el delito de hurto cuando el autor u otro de los partícipes porte armas o medios peligrosos. Como es de ver, el prelegislador confiere al potencial peligro que acarrea el porte de armas o instrumentos peligrosos un desvalor desproporcionado a efectos penológicos, pues la mera llevanza de esos efectos no es perceptible para la víctima y, sobre todo, el desvalor del resultado no es equiparable al de la mayoría de los supuestos enunciados en el artículo 235, cuya penalidad es inferior.

La equiparación penológica entre el simple porte de armas o medios peligrosos y su utilización efectiva, en el contexto del robo con violencia o intimidación a que se refiere el artículo 242.3, también supone tratar de manera homogénea dos supuestos de gravedad disímil. Por ello, se sugiere mantener la agravación prevista en el citado precepto sólo cuando se haga uso de uso de tales instrumentos.

La administración desleal

La idea general de la reforma, en cuanto a la extensión de la administración desleal a supuestos ajenos al ámbito societario, merece una valoración positiva, lo que no obsta para que la forma concreta en que la reforma pretende plasmar esa buena idea general padezca de deficiencias técnicas.

Por ejemplo, la creación de dos tipos genéricos de abuso de poder (artículo 251.1 del anteproyecto) y de deslealtad (artículo 252.2 del anteproyecto) presenta serios problemas técnicos, concursales y de taxatividad.

El Pleno acordó sugerir la supresión del límite temporal de dos meses para la exención de pena a los denunciantes de supuestos de corrupción, como forma más eficaz de combatirla. Este punto generó dos votos en contra de vocales que estiman que con dicha propuesta el Consejo excede sus competencias consultivas.

Además, el Consejo propugna la inclusión en la tipificación del delito de cohecho la recomendación de la OCDE sobre corrupción de funcionarios públicos extranjeros en las transacciones económicas internacionales.

La malversación

Al haberse configurado la malversación por remisión a la administración desleal, los mismos problemas y la misma valoración crítica allí efectuada por su generalidad incompatible con el principio de taxatividad penal es trasladable aquí, con la circunstancia agravante de que la malversación de caudales tiene una pena superior.

Propiedad industrial

La pena contemplada en el número uno del artículo 274.1, relativo a la fabricación, producción o importación de productos con contravención de los derechos de propiedad industrial, conlleva un incremento notable respecto de la prevista en el vigente artículo, pues el techo se duplica hasta alcanzar los cuatro años.

Si bien el aumento del techo de la pena es menor (hasta tres años), otro tanto cabe decir en los supuestos de comercialización y distribución al por menor a que se refiere el primer párrafo del número dos, al igual que de la venta ambulante y la meramente ocasional contemplada en el número tres, cuya sanción queda comprendida entre los seis meses y dos años de prisión.

Por ello, desde el reconocimiento de la legitimidad que ostenta el prelegislador para modular la duración de las penas, se aconseja reflexionar sobre la pertinencia de mantener el endurecimiento penológico a que se ha hecho mención.

Incendios forestales

En términos generales, la modificación de la modalidad agravada de incendio forestal prevista en el artículo 353.1 (afectación del incendio a zonas próximas a núcleos de población o lugares habitados; condiciones climatológicas o del terreno que incrementen de manera relevante el riesgo de propagación y afectación a zonas que constituyan el hábitat de especies animales en peligro de extinción, flora amenazada o que altere significativamente las condiciones de vida animal o vegetal) merece una valoración positiva, pues la mayor intensidad de la respuesta penal se anuda a la concurrencia de circunstancias que denotan un mayor peligro para las personas o el entorno ambiental.

Asimismo, también se considera adecuada la previsión del artículo 358 bis, en virtud del cual, las medidas previstas en los artículos 338 a 340 se extienden a los delitos de estragos, de riesgo provocado por explosión y otros agentes y de incendio.

En relación con los delitos de incendio forestal, resulta relevante la aplicación del artículo 340, pues de conformidad con lo estatuido en el precepto el autor deberá asumir el coste de las medidas necesarias para restaurar el equilibro ecológico perturbado o de cualquier otra medida cautelar necesaria para la protección de los bienes tutelados.

El atentado

El Anteproyecto pretende excluir del delito de resistencia, con su consiguiente traslación al delito de atentado, aquellos comportamientos que, en un contexto principal de resistencia pasiva, presentan algún episodio de violencia activa de carácter leve.

El Consejo advierta de que supone equiparar comportamientos cuya gravedad es desigual, pues es evidente que un acto episódico de violencia leve, dentro de un comportamiento global de resistencia meramente renuente, no es equivalente a la resistencia activa de carácter grave que configura el delito de atentado.

En concordancia con lo ya dicho, también debe destacarse la reducción del ámbito de aplicación del delito de resistencia, que queda circunscrito a la mera resistencia pasiva sin violencia de ningún tipo y a los supuestos de intimidación leve. En virtud de lo expuesto, se recomienda mantener la regulación prevista para el delito de atentado en el vigente artículo 550.

El comiso

La reforma unifica las distintas regulaciones del actual Código Penal: el comiso de la parte general (artículo 127), el comiso del artículo 374 para los delitos de tráfico de drogas y el comiso del delito de blanqueo. Introduce además importantes modificaciones optando por un comiso ampliado en su máxima extensión, por encima de la ofrecida por la Decisión Marco 2005/212/JAI, resultando un conjunto poco respetuoso con el derecho a la presunción de inocencia

El anteproyecto regula el comiso ampliado de bienes respecto de los que se tiene indicios racionales que proceden de actividades delictivas similares, lo que va más allá de la mencionada decisión marco, que exige una prueba plena de que los bienes tienen esa procedencia.

Se establece la posibilidad de un comiso sin sentencia condenatoria en caso de fallecimiento del sospechoso o acusado, de una enfermedad crónica que impida su enjuiciamiento o de su rebeldía, lo que contradice la naturaleza del comiso como consecuencia accesoria del delito, sometida al principio acusatorio, por lo que será exigible en todo caso que exista ya una acusación y una petición en ese sentido.

Se establece el comiso de bienes de terceros, a título gratuito o por un precio inferior al real del mercado, siempre que se acredite que ese tercero conociera o pudiera haber conocido su ilícita procedencia. Resulta imprescindible que se permita la intervención de ese tercero en el proceso penal y se regule la condición en la que ha de comparecer en él, pues no es responsable civil ni el receptador civil a título de lucro.

Y finalmente, se establece la posibilidad de un nuevo comiso en ejecución de sentencia si el anterior no ha podido realizarse, lo que supone un desconocimiento de la naturaleza del comiso, consecuencia accesoria que debe ser fijada en sentencia.

Otros aspectos del Informe

- El Pleno aprobó incluir en el Informe una propuesta de regulación de un incidente de ejecución en el que se puedan decidir de modo conjunto las distintas formas de suspensión o sustitución de penas aplicables a un mismo reo.

- El artículo 36.4 reputa leve la multa inferior a dos meses. Redactado en esos términos, la pena de dos meses de multa quedaría en una suerte de limbo jurídico, ya que al no superar los dos meses no sería incardinable en el artículo 33.3 i) como pena menos grave, y tampoco pueda ser reputada leve al exceder del umbral fijado por el prelegislador. Por ello, se sugiere conferir al artículo 33.4 f la siguiente redacción: “La multa no superior a dos meses”.

- Respecto de los trabajos en beneficio de la comunidad se estima necesario salvar la discordancia detectada entre el vigente artículo 33.3 k), que reputa menos grave dicha pena cuando su extensión es de 31 a 180 días, y el artículo 40.4, el cual prevé que la duración de la pena citada será de 31 días a un año. Dado que el artículo 33.2 no contempla, bajo ninguna circunstancia, la modalidad grave de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, se sugiere modificar la redacción del artículo 33.3 k), al objeto de ampliar a un año el techo de la referida pena.

Antonio del Moral, nuevo magistrado del Tribunal Supremo

2012-02-23 18:37:33.0

El Consejo General del Poder Judicial, en su sesión del 23 de febrero, nombró Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo, por el turno de juristas de reconocido prestigio, al fiscal de Sala del propio Tribunal, Antonio del Moral García, quien ha obtenido en la cuarta votación los 13 votos necesarios para el nombramiento. En esta votación, el catedrático de Derecho Penal D. Gonzalo Quintero obtuvo 7 votos y se registró una abstención.

Antonio Del Moral ingresó en la carrera fiscal en 1983, con el primer puesto de su promoción. Ejerció en las fiscalías de Ciudad Real y Madrid, así como en la secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. En la actualidad, y desde mayo de 1999, desempeña su función en la Sección de lo Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo.

También el Pleno del CGPJ nombró Presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional al magistrado Fernando Grande-Marlaska Gómez, quien obtuvo en segunda votación los 11 votos necesarios para el nombramiento, mientras que el magistrado Javier Gómez Bermúdez logró 9 votos y se emitió un voto en blanco.

Fernando Grande-Marlaska ingresó en la carrera judicial en 1988, y ha ejercido como juez en Santoña, Bilbao y Madrid. Desde 2004 desempeña funciones judiciales en la Audiencia Nacional.

El Pleno eligió también por once votos al magistrado Juan Carlos Zapata Hijar como presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de justicia de Aragón.

Juan Carlos Zapata ingresó en la carrera judicial en 1990 y ejerció como magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Desde 1998 es el titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Zaragoza.

Finalmente, el Pleno del CGPJ ratificó el Acuerdo adoptado el lunes 20 de febrero por la Comisión Permanente, en el sentido de proceder al cumplimiento de la Sentencia de fecha 9 de febrero de 2012, dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en la Causa Especial 20716/2009, seguida contra el Magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, D. Baltasar Garzón Real, en cuanto impone al referido Magistrado pena de once años de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado, con pérdida definitiva del cargo.

Se adjunta nota de prensa.

Orden del día del Pleno ordinario de junio

2012-06-27 17:35:50.0

ORDEN DEL DIA DE LA REUNION PLENARIA DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DEL DÍA 28 DE JUNIO DEL AÑO 2012, A LAS 11 HORAS.

CAPITULO I

ASUNTOS GENERALES

I-1º.- Aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones plenarias extraordinaria del día 24 de mayo, ordinaria de 31 de mayo y extraordinaria de 16 de junio del año 2012.

I-2º.- Dación de cuenta del cumplimiento de acuerdos.

I-3º.- Informes de las Comisiones y Vocalías.

I-4º.- Propuesta de la Comisión de Calificación para provisión de la Presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, por nombramiento para otro cargo del anteriormente nombrado.

I-5º- Propuesta de la Comisión de Calificación para provisión de la Presidencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, por expiración del mandato del anteriormente nombrado.

I-6º.- Propuesta conjunta de la Comisión Presupuestaria y de la Comisión de Estudios e Informes para la aprobación, si procede, de la “Actualización del régimen de control de gestión y transparencia del Consejo General del Poder Judicial”

I-7º.- Propuesta de la Comisión de Estudios, elevando al Pleno el informe emitido con relación al Anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Código Penal.

I-8º.- Propuesta de la Comisión del Calificación de convocatoria de concurso público para provisión de una plaza de Letrado/a al servicio del Tribunal Supremo, integrada en el Gabinete Técnico de Información y Documentación del Alto Tribunal, con expresa indicación de que la especialización jurídica requerida es principalmente civil (1 plaza), convocatoria que seguirá el modelo de la última, aprobada por Acuerdo del Pleno de 22 de marzo de 2012 (Boletín Oficial del Estado del día 10 de abril).

I-9º.- Propuesta de la Comisión de Calificación para, si procede, aprobar el nombramiento de Don Rafael Gimeno-Bayón Cobos y de D. Diego Antonio Ramos Gancedo como Magistrados Suplentes del Tribunal Supremo, el primero de la Sala Primera y el segundo de la Sala Segunda, para el año judicial 2012/2013.

I-10º.- Propuesta de la Comisión de Calificación para, si procede, aprobar el nombramiento de D. Javier Bermúdez Sanchez, Dª Trinidad Cabrera Lidueña y Dª Mª Carolina San Martín Mazzuconi como Magistrado/as Suplentes de la Audiencia Nacional, los dos primeros para la Sala de lo Contencioso-administrativo y la tercera para la Sala de lo Social , así como de Dª María Dolores de Alba Romero y D. Rafael Molina Yeste, como Juez/za sustituto/a de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo, todos ellos para el año judicial 2012/2013.

I-11º.-Ratificación del acuerdo de la Comisión Permanente (II-2, de 3 de mayo de 2012), adoptado por razones de urgencia y en funciones de Pleno, al amparo de lo establecido en el artículo 57 del Reglamento 1/1986, de 22 de abril, de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, por el que dispuso:

Autorizar el gasto correspondiente a la contratación de “Hosting / Housing de Servicios del Punto Neutro Judicial” cuyos detalles quedan explícitos en la memoria que se adjunta a la documentación de este Acuerdo, mediante petición de bienes de adquisición centralizada que se formula a la Dirección General de Patrimonio del Estado (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) a través del Concurso: 25 / 2002 SERVICIOS DE INFORMATICA Y ALOJAMIENTO WEB por un valor máximo total de 126.000,00-€ (CIENTO VEINTISEIS MIL EUROS) IVA no incluido con cargo a la aplicación presupuestaria 08.01.111M.227.06 del presupuesto del Consejo para los años 2012, 2013 y 2014, con la siguiente distribución por anualidades:

- Año 2012.- 36.000,00 euros IVA no incluido

- Año 2013.- 60.000,00 euros IVA no incluido

- Año 2014.- 30.000,00 euros IVA no incluido

El citado gasto ha sido fiscalizado de conformidad por la Intervención del mismo Consejo.

I-12º.- Propuesta de la Comisión Permanente (I-7, de 22 de mayo de 2012) para, si procede, dejar sin efecto lo acordado en sesión de 23 de noviembre de 2011, en la resolución del Recurso de Alzada 262/2011, y en consecuencia autorizar el llamamiento -en los casos que resulte necesario- de D. JAVIER FRAGA MANDIÁN, Juez sustituto, para todos los partidos judiciales de la provincia de A Coruña, nombrándole con tal extensión para el año judicial en curso.

I-1º.- Propuesta de la Comisión Permanente (II-15, de 29 de mayo de 2012) para, si procede, aprobar el Convenio de Colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y la Universidad Ramón Llull, en materia de practicum judicial.

Delegar la firma del mismo en el caso de que no vaya a ser firmado por el Sr. Presidente del Consejo General del Poder Judicial.

Designar al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, D. Miguel Angel Gimeno Jubero representante del Consejo para formar parte de la Comisión de Seguimiento que el citado Convenio establece en su cláusula Décima.

I-15º.- Dación de cuenta del acuerdo adoptado por la Comisión Permanente (I-3, de 5 de junio de 2012) poniendo en conocimiento del Pleno el acuerdo adoptado por la Comisión Disciplinaria, decretando el archivo de la Información previa Num. 225/12, relativa a la participación de Magistrados del Tribunal Supremo en Comisiones para la reforma legislativa.

I-16º.- Ratificación del acuerdo de la Comisión Permanente (I-63, de 5 de junio de 2012), adoptado por razones de urgencia y en funciones de Pleno, al amparo de lo establecido en el artículo 57 del Reglamento 1/1986, de 22 de abril, de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, por el que acordó:

1.- Aceptar la renuncia presentada por Dª. ANA MARÍA APARICIO MATEO al cargo de Inspectora delegada del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial.

2.- Declarar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, su reingreso al servicio activo en la Carrera Judicial de la Magistrada Dª. ANA MARÍA APARICIO MATEO, con destino en la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, con efectos económicos y administrativos del día siguiente a su cese como Inspectora Delegada, disponiendo del plazo de 20 días para tomar posesión a partir de dicha fecha, y acordar la adscripción del Magistrado D. JAVIER BONET FRIGOLA a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, determinando la Sala de Gobierno donde prestará servicios mientras esté en esa situación, ocupando vacante que se produzca en dicha Sala, de conformidad con lo establecido en el artículo 118.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

3.- Anunciar, de conformidad con lo previsto en el artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a concurso público, la plaza de Inspector/a delegado/ del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, que resulta vacante como consecuencia de los apartados anteriores, con la especificación de que el perfil exigible se acomodará al orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Expresa su discrepancia con relación al presente acuerdo la Vocal Dª. Almudena Lastra de Inés, sosteniendo que la aceptación de la renuncia con carácter inmediato perjudica notablemente el funcionamiento del Servicio al producir vacante en la unidad inspectora encargada del orden contencioso-administrativo, por lo que hubiera resultado procedente demorar la fecha de efectos de tal renuncia al momento en que se produjese la cobertura de la plaza.

I-17º.- Propuesta de la Comisión Permanente (I-54, de 12 de junio de 2012) para, si procede, dar cumplimiento al apartado 2 del acuerdo adoptado por la misma:

1.- Tener por concluida la licencia de estudios relacionados con la función judicial que se había otorgado ala Magistrada del Juzgado de Primera Instancia nº 40 de los de Barcelona, disponiendo su reincorporación al destino del que resulta titular, a la vista de la información que remite a esta Comisión Permanente en escrito de 5 de junio de 2012.

2.- Tener por cumplido y finalizado el objeto de estudio articulado mediante el Convenio para la constitución del Observatorio sobre la salud, autonomía, competencia y derechos humanos, así como en la Addenda a tal Convenio aprobada por el Pleno en sesión de 3 de mayo de 2012, sin necesidad de ampliar el estudio de procedimientos que tenía por objeto en más órganos judiciales.

Todo ello sin perjuicio de la necesaria remisión al Consejo General del Poder Judicial por la expresada Magistrada, de la correspondiente Memoria de actividad, de conformidad con lo previsto en el artículo 234.1 del Reglamento 2/2011, de 28 de abril, de la Carrera Judicial.

I-18º.- Ratificación del acuerdo de la Comisión Permanente (II-5, de 12 de junio de 2012), adoptado por razones de urgencia y en funciones de Pleno, al amparo de lo establecido en el artículo 57 del Reglamento 1/1986, de 22 de abril, de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, por el que acordó:

Tomar conocimiento del Auto de 20 de abril de 2012, de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, por el que la Sala Acuerda "Estimar el incidente promovido por Dª. PILAR GISMERA CATALINAS y declarar nulas las actuaciones llevadas a cabo en la Ejecución de la sentencia de 14 de abril de 2009".

Nombrar para su correcta y debida ejecución al siguiente Tribunal Calificador:

Presidenta:

Dª. María Luisa Segoviano Astaburuaga, Magistrada del Tribunal Supremo.

Vocales:

- Dª. Emilia Ruiz-Jarabo Quemada, Magistrada.

- Dª. María Aurora de la Cueva Aleu, Magistrada.

- D. Juan José Martín Casallo López, Teniente Fiscal.

- D. Elías Ángel González-Posada Martínez, Catedrático.

- D. Joaquín Aparicio Tovar, Catedrático.

- D. Leopoldo Pardo Serrano, Abogado.

- Dª. Heide Nicolás Martínez, Abogada del Estado.

- D. Tomás Sanz Hoyos, Secretario Judicial de la primera categoría.

Vocal-secretaria:

- Dª. María Angeles González García, Letrada del Consejo General del Poder Judicial.

Autorizar un gasto de TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (3.563,04 €), conforme al anexo que se une a los antecedentes y documentación de este Acuerdo, delegando en el Secretario General las posibles redistribuciones de crédito que fueran necesarias sin superar en ningún caso la cantidad señalada. Este gasto ampliaría el consignado en el expediente 2012/0073 para las actuaciones del mismo tribunal calificador. El referido gasto ha sido fiscalizado de conformidad por la Intervención del mismo Consejo.

I-19º.-Ratificación del acuerdo de la Comisión Permanente (II-10, de 12 de junio de 2012), adoptado por razones de urgencia y en funciones de Pleno, al amparo de lo establecido en el artículo 57 del Reglamento 1/1986, de 22 de abril, de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, por el que acordó:

Autorizar el gasto para la contratación del "desarrollo de nuevos servicios Web a integrar en la red del Punto Neutro Judicial", cuyos detalles quedan explícitos en el pliego que se adjunta a la documentación de este Acuerdo, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, y por un importe de DOSCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS EUROS (212.400,00-€), IVA incluido, con cargo al Programa 111-M concepto 620 del presupuesto del Consejo General del Poder Judicial, con la siguiente distribución por ejercicios:

- 2012.- 23.600,00-€, IVA incluido.

- 2013.- 141.600,00-€, IVA incluido.

- 2014.- 47.200,00-€, IVA incluido.

El citado gasto ha sido fiscalizado de conformidad por la Intervención del mismo Consejo, en los términos de su informe de 6 de junio de 2012.

Expresa su voto en contra del presente acuerdo la Vocal Dª. Almudena Lastra de Inés, por entender que ante la celebración de un Pleno ordinario en fecha próxima, no concurren razones de urgencia para someter esta propuesta a la Comisión Permanente, dada su cuantía, y habida cuenta de que comporta compromiso de gasto para los próximos tres ejercicios presupuestarios.

I-20º.- Ratificación del acuerdo de la Comisión Permanente (III-1, de 12 de junio de 2012), adoptado por razones de urgencia y en funciones de Pleno, al amparo de lo establecido en el artículo 57 del Reglamento 1/1986, de 22 de abril, de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, por el que dispuso denegar la solicitud de suspensión instada en el recurso de alzada núm. 131/12, interpuesto por D. D. E. M., en representación de D. F. P. C., Magistrado, contra el Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 8 de mayo de 2012, por el que se ejecuta la sanción del expediente disciplinario 54/11, consistente en el traslado forzoso al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Talavera de la Reina.

Notifíquese el presente Acuerdo a la parte recurrente y comuníquese a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.

I-21º.- Ratificación del acuerdo de la Comisión Permanente (III-5, de 12 de junio de 2012), adoptado por razones de urgencia y en funciones de Pleno, al amparo de lo establecido en el artículo 57 del Reglamento 1/1986, de 22 de abril, de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, por el que acordó desestimar la solicitud de suspensión instada en el recurso de alzada núm. 128/12, interpuesto por D. J. G. G. C., contra Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 17 de abril de 2012, por el que se anuncia concurso de traslado entre miembros de la Carrera Judicial con categoría de Magistrado/a, referente a la convocatoria de la plaza de la Audiencia Provincial de Huelva.

Notifíquese el presente Acuerdo a la parte recurrente y comuníquese a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.

I-22º.- Ratificación del acuerdo de la Comisión Permanente (III-6, de 12 de junio de 2012), adoptado por razones de urgencia y en funciones de Pleno, al amparo de lo establecido en el artículo 57 del Reglamento 1/1986, de 22 de abril, de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, por el que acordó desestimar la solicitud de suspensión instada en el recurso de alzada núm. 126/12, interpuesto por Dª. M. E. C. L., Magistrada con destino en la Audiencia Provincial de Las Palmas, contra el acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 17 de abril de 2012, por el que se convoca concurso para la provisión de determinados cargos judiciales entre miembros de la Carrera Judicial, con categoría de Magistrado/a.

Notifíquese el presente Acuerdo a la parte recurrente y comuníquese al Servicio de Personal Judicial del Consejo General del Poder Judicial.

I-23º.- Ratificación del acuerdo de la Comisión Permanente (III-7, de 12 de junio de 2012), adoptado por razones de urgencia y en funciones de Pleno, al amparo de lo establecido en el artículo 57 del Reglamento 1/1986, de 22 de abril, de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, por el que se dispuso denegar la solicitud de suspensión instada en el recurso de alzada núm. 132/12, interpuesto por Dª. M. V. A. B., Dª. E. A. R., D. J. L. C. L., Dª. M. J. M. S., Dª. M. C. R. O. Y Dª. A. T. B., funcionarios/as de la Admón. de Justicia con destino en el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Badajoz, contra Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de 16 de abril de 2012, relativo a la atención del Registro Civil los sábados por la mañana.

Notifíquese el presente Acuerdo a la parte recurrente y comuníquese a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

I-24º.- Ratificación del acuerdo de la Comisión Permanente (II-2, de 18 de junio de 2012), adoptado por razones de urgencia y en funciones de Pleno, al amparo de lo establecido en el artículo 57 del Reglamento 1/1986, de 22 de abril, de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, por el que se dispuso:

Autorizar el gasto necesario para los años 2012, 2013 y 2014 para el suministro de libros jurídicos para las tres bibliotecas del Consejo General del Poder Judicial y para las bibliotecas judiciales por un importe máximo QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL EUROS - IVA INCLUIDO (559.000,00 euros - IVA incluido) con el siguiente reparto por aplicaciones presupuestarias y anualidades:

		AÑO 2012	ANO 2013	AÑO 2014
0801.111M.620	Biblioteca Madrid	12.000,00	36.000,00	36.000,00
0801.111O.620	Biblioteca Barcelona	15.000,00	45.000,00	45.000,00
0801.111P.620	Biblioteca Cendoj	12.000,00	36.000,00	36.000,00
0801.111O.226.06	Convenios	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0801.111P.620	Bibliotecas judiciales	40.000,00	120.000,00	120.000,00
	TOTAL	81.000,00	239.000,00	239.000,00

Autorizar la actualización de las bibliotecas judiciales que se detallan en la propuesta y de las tres bibliotecas del Consejo General del Poder Judicial por el importe que en el mismo se especifica, delegando expresamente en el Secretario General la adopción de medidas que, para la mejor ejecución de las actividades, impliquen redistribución interna de las cantidades expresadas en la memoria presupuestaria y de los expedientes de gasto a que éstas dan lugar, siempre que no se supere el importe total de lo presupuestado.

Delegar en el Director del Centro de Documentación Judicial la determinación de las bibliotecas judiciales que serán actualizas durante la vigencia del contrato y la dotación correspondiente a cada una de ellas, siempre que no se supere el importe total de lo presupuestado.

El citado gasto ha sido fiscalizado de conformidad por la Intervención de este Consejo, en los términos de su informe de 7 de junio pasado.

I-25º.- Propuesta de la Comisión Permanente (II-6, de 18 de junio de 2012) para, si procede:

Aprobar el Convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña y la Fundación per a la Universitat Oberta de Cataluña.

Delegar la firma del mismo en los Vocales Delegados para el territorio de Cataluña, D. Carles Cruz Moratones, D. Ramón Camp i Batalla y D. Miguel Collado Nuño.

Designar, en representación del Consejo, para formar parte de la Comisión de Seguimiento del Convenio, prevista en su cláusula Sexta, al Director del Servicio de Formación Continua del Consejo.

I-26º.- Ratificación del acuerdo de la Comisión Permanente (II-12, de 18 de junio de 2012), adoptado por razones de urgencia y en funciones de Pleno, al amparo de lo establecido en el artículo 57 del Reglamento 1/1986, de 22 de abril, de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, por el que se dispuso:

Designar Vocales del Consejo Rector de la Escuela Judicial, en representación de las Comunidades Autónomas con competencia en materia de Justicia y de la Comunidad Autónoma en que se halla ubicada la Escuela Judicial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4.1.e), 4.1.g) y 5.1 del Reglamento 2/1995, de 7 de junio de la Escuela Judicial y Acuerdo de 2 de abril de 2008, del Pleno del CGPJ, a:

Dª. Tomasa Hernández Martín, Directora General de Administración de Justicia de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, en sustitución de D. José María Bescós Ramón y hasta agotar su mandato el 19 de mayo de 2013.
Dª. Leticia Díaz Rodríguez, Consejera de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria, en sustitución de D. José Vicente Mediavilla y hasta agotar su mandato el 19 de mayo de 2013.
D. Josep Xavier Hernández i Moreno, Director del Centre d’Estudis Judicials de la Generalitat de Catalunya.

I-27º.- Ratificación del acuerdo de la Comisión Permanente (II-22, de 18 de junio de 2012), adoptado por razones de urgencia y en funciones de Pleno, al amparo de lo establecido en el artículo 57 del Reglamento 1/1986, de 22 de abril, de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, por el que se dispuso nombrar a D. ÁNGEL JUANES PECES, Magistrado del Tribunal Supremo, Presidente de la Audiencia Nacional y a D. MARCELINO SEXMERO IGLESIAS, Magistrado del Juzgado de Instrucción nº 4 de Madrid, Vocales integrantes del Consejo Rector de la Escuela Judicial, conforme a lo dispuesto en el art. 4.1.b) del Reglamento 2/1995, de 7 de junio, de la Escuela Judicial. El nombramiento surtirá efectos desde el 26 de junio de 2012, fecha de expiración del plazo de los anteriormente nombrados correspondientes al turno de Carrera Judicial.

El presente acuerdo se adopta con el voto en contra de la Vocal Dª. Almudena Lastra de Inés, quien considera que, para un más adecuado cumplimiento del trámite de renovación de los miembros del Consejo Rector, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento de la Escuela Judicial, debería procederse al nombramiento en la presente propuesta –por cuanto se refiere a la categoría de Magistrado del Tribunal Supremo- a un Magistrado de dicho Tribunal en ejercicio en el mismo.

I-28º.- Propuesta de la Comisión Disciplinaria, para que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, como órgano competente para ello, en su calidad de autor del acto administrativo impugnado, disponga lo procedente para el cumplimiento de la Sentencia de la Sección Séptima, de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de fecha 30 de abril de 2012, por la que se estima el recurso nº 2/197/10 interpuesto por D. J. A. M. M., conforme a la siguiente propuesta:

Respecto de D. J. A. M. M., practicar la liquidación correspondiente de los haberes dejados de percibir por el mismo durante el tiempo de cumplimiento de la sanción, con sus intereses legales hasta su completo pago, reponiéndosele definitivamente en el puesto que ocupaba en el Escalafón de la Carrera Judicial.

I-29º.- Propuesta de la Comisión Disciplinaria para, si procede:

1) Quedar enterado el Pleno de la Sentencia de 17 de mayo de 2012, dictada por la Sección Séptima de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo por la que se estima parcialmente el Recurso Contencioso-Administrativo nº 2/654/2009, interpuesto por la Magistrada Ilma. Sra. Dª M. I. B. L. contra el Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 29 de septiembre de 2009, por el que se impuso a dicha Magistrada una sanción de suspensión de funciones por tiempo de tres meses como autora de una falta muy grave del artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, anulándose y dejándose sin efecto el mencionado acuerdo en cuanto a la falta muy grave que aplica y sanciona, por no ser conforme a Derecho, a fin de que dicha sanción sea sustituida por cualquiera de las previstas legalmente para las faltas graves.

2) Resolver sobre la ejecución de la referida sentencia, acordando su remisión a la Comisión Disciplinaria para su cumplimiento por ser la competente para la imposición de la sanción por falta grave, que deberá dictar la resolución que corresponda, tras los trámites legales. Asimismo, deberá practicarse la liquidación correspondiente de los haberes dejados de percibir por dicha Magistrada durante el tiempo de cumplimiento de la sanción, con sus intereses legales hasta su completo pago, reponiéndosela en el puesto que ocupaba en el Escalafón de la Carrera Judicial antes del cumplimiento de la sanción.

I-30º.- Propuesta de la Comisión de Estudios e Informes para, si procede, aprobar el Informe al Anteproyecto de Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler de Viviendas.

I-31º.- Propuesta de la Comisión de Estudios e Informes para, si procede, aprobar el Informe al Proyecto de Real Decreto por el que se regula el Registro Público Concursal.

I-32º.- Propuesta de la Comisión de Estudios e Informes para, si procede, aprobar el Informe al Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia.

I-33º.- Propuesta de la Comisión de Modernización e Informática para, si procede, aprobar el informe a la Propuesta de Resolución por la que se aprueba el calendario laboral para el año 2012 del personal funcionario de la Administración de Justicia que presta sus servicios en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

I-34º.- Propuesta de la Comisión de Modernización e Informática para, si procede, aprobar el informe al borrador de Resolución de la Dirección General de Administración de Justicia del Departamento de Presidencia y Justicia del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el calendario laboral para el año 2012 del personal funcionario de Administración de Justicia en el ámbito territorial de dicha Comunidad.

I-35º.- Propuesta de Comisión de Modernización e Informática para, si procede, aprobar el informe a la propuesta de la Dirección General de Administración de Justicia del Departamento de Presidencia y Justicia del Gobierno de Aragón sobre el establecimiento de un programa concreto de actuación para los Juzgados con competencias en materia de violencia sobre la mujer.

I-36º.- Propuesta de Comisión de Modernización e Informática para, si procede:

1º.- Atribuir, en virtud de lo previsto en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a los Juzgados de Primera Instancia número 7 y 8 de Santa Cruz de Tenerife el conocimiento, con carácter exclusivo, de todas aquellas cuestiones que en materia de Derecho de Familia estén atribuidas por las leyes a los Juzgados denominados de Familia y comprendidas en los Títulos IV, V, VI y VII del Libro I del Código Civil y Título III del Libro IV del Código Civil, incluida la liquidación de cualquier régimen económico matrimonial, así como las cuestiones análogas derivadas de las uniones de hecho.

2º.- Atribuir, en virtud de lo previsto en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a los Juzgados de Primera Instancia número 7 y 8 de Santa Cruz de Tenerife el conocimiento, con carácter exclusivo, de las cuestiones contenciosas y de jurisdicción voluntaria relativas a la Capacidad de las Personas y las Tutelas derivadas de las mismas: Títulos VIII, IX, X y XI del Libro I del Código Civil, incluyéndose los internamientos no voluntarios por razón de trastorno psíquico.

3º.- Atribuir, en virtud de lo previsto en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a los Juzgados de Primera Instancia números 7 y 8 de Santa Cruz de Tenerife el conocimiento, con carácter exclusivo, de los procedimientos relativos a la Protección del Menor.

4º.- Los Juzgados de 1ª Instancia números 7 y 8 de Santa Cruz de Tenerife conservarán, hasta su conclusión por resolución definitiva, el conocimiento de los asuntos que tuvieren ya repartidos en el momento de la especialización.

5º.- Se dejan sin efecto, a partir del día 1 de enero de 2013, el Acuerdo 21º adoptado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en su reunión de 14 de junio de 2000 y los demás acuerdos que, adoptados por este mismo Consejo, pudieran contradecir al que en este momento se adopta.

6º.- La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias adoptará, en su caso y en el ejercicio de sus atribuciones, los pertinentes Acuerdos de normas de reparto entre los Juzgados de Primera Instancia de Santa Cruz de Tenerife, con la finalidad de evitar posibles desequilibrios y falta de equidad entre las cargas de trabajo de los mismos que puedan dar lugar a disfunciones en el correcto funcionamientos de los servicios judiciales.

I-37º.- Propuesta de la Comisión de Modernización e Informática para, si procede:

Primero.- Aprobar la separación entre los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Gavà, interesando del Gobierno de la Nación que disponga lo necesario para establecer la separación de jurisdicciones en el partido judicial número 21 de la provincia de Barcelona, conforme al siguiente cuadro:

JUZGADO ACTUAL DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN	JUZGADO RESULTANTE
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1	Juzgado de Primera Instancia nº 1.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2	Juzgado de Primera Instancia nº 2.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3	Juzgado de Instrucción nº 1.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4	Juzgado de Instrucción nº 2.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5	Juzgado de Primera Instancia nº 3.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 6	Juzgado de Instrucción nº 3.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 7	Juzgado de Primera Instancia nº 4.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 8	Juzgado de Primera Instancia nº 5.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 9	Juzgado de Instrucción nº 4.

Segundo.- Recabar de la Junta de Jueces de Primera Instancia e Instrucción de Gavà que efectúe propuesta detallada sobre los criterios, reglas o normas que han de regular el traspaso de asuntos de unos Juzgados a otros para el caso de que se lleve a efecto en dicha ciudad la separación de jurisdicciones entre Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de Instrucción, que sean informadas favorablemente en su totalidad por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, participando a este Consejo el Acuerdo que adopte para su aprobación, en su caso.

I-38º.- Propuesta de la Comisión de Modernización e Informática para, si procede:

Autorizar el gasto correspondiente a la contratación, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada y para tres años, del mantenimiento de los equipos servidores Hewlett-Packard del sistema informático del Consejo General del Poder por un importe máximo de SETECIENTOS MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS (700.330,00-€), I.V.A. incluido, con cargo a los conceptos presupuestarios 08.01.111M.216 y 08.01.111P.216 del presupuesto del Consejo para 2012, 2013, 2014 y 2015, y con la siguiente distribución por ejercicios y programa de gasto:

IVA INCLUIDO	2012	2013	2014	2015	TOTAL
08.01.111M.216	18.290,00 €	110.330,00 €	116.230,00 €	103.250,00 €	348.100,00 €
08.01.111P.216	16.520,00 €	107.380,00 €	124.490,00 €	103.840,00 €	352.230,00 €
TOTAL	34.810,00 €	217.710,00 €	240.720,00 €	207.090,00 €	700.330,00 €

I-39º.- Propuesta de la Comisión de Modernización e Informática para, si procede, aprobar el informe solicitado por la Dirección General de Justicia, de la Generalitat Valenciana, sobre dotación de plantilla orgánica para los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Masamagrell y núm. 4 de Novelda, así como modificación de las plantillas existentes en determinados Juzgados.

I-40º.- Propuesta de la Comisión de Modernización e Informática para, si procede, aprobar el informe a la propuesta efectuada por el Gobierno Vasco, de aprobación de las Relaciones de Puestos de Trabajo del Partido Judicial de Vitoria-Gasteiz.

I-41º.- Propuesta de la Comisión de Modernización e Informática para, si procede, aprobar el informe a la propuesta, efectuada por la Generalitat de Catalunya de modificación del anexo del Decreto 169/2010, de 16 de noviembre, sobre estructura y organización de la Oficina Judicial en Cataluña, y de creación de los servicios comunes procesales en el Partido Judicial de Girona y establecimiento de la Relación de Puestos de Trabajo de los partidos judiciales de Girona y Olot.

I-42º.- Propuesta de la Comisión de Modernización de Informática para, si procede, aprobar el informe al borrador de Resolución por la que se aprueba la Instrucción sobre el calendario laborar para el año 2012 del personal al servicio de la Administración de Justicia en el Principado de Asturias.

I-43º.- Dación de cuenta del Presidente de la Comisión de Modernización e Informática sobre la colaboración del Consejo General del Poder Judicial con el Ministerio de Justicia en materia de Tecnologías de la Información y de la Comunicación.

I-44º.- Propuesta de la Comisión de la Comunicación para, si procede:

1. Autorizar el gasto correspondiente a la prórroga, para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2012 y el 30 de junio de 2013, del contrato para la prestación del servicio de agencia de noticias de ámbito nacional, autonómico, legal, económico e internacional prestado por EUROPA PRESS NOTICIAS S.A. para el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y 15 Tribunales Superiores de Justicia, por un importe de CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMO (55.368,71-€), I.V.A. incluido, importe que conlleva la actualización del precio del contrato para el periodo de prórroga, con cargo a la aplicación presupuestaria 111M.227.99 del presupuesto de gastos del Consejo, y con la siguiente distribución por anualidades:

ANUALIDAD	IMPORTE SIN IVA	IVA	IMPORTE TOTAL
2012 (6 meses)	23.461,32	4.223,04	27.684,36
2013 (6 meses)	23.461,31	4.223,04	27.684,35
TOTAL	46.922,63	8.446,08	55.368,71

2. Autorizar el gasto correspondiente a la prórroga, para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2012 y el 30 de junio de 2013, del contrato para la prestación del servicio de agencia de noticias de ámbito nacional prestado por AGENCIA EFE S.A. para el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia, por un importe de TREINTA Y SIETE MIL SETENTA EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (37.070,62-€), I.V.A. incluido, importe que conlleva la actualización del precio del contrato el periodo de prórroga, con cargo a la aplicación presupuestaria 111M.227.99 del presupuesto de gastos del Consejo, y con la siguiente distribución por anualidades:

ANUALIDAD	IMPORTE SIN IVA	IVA	IMPORTE TOTAL
2012 (6 meses)	15.707,89	2.827,42	18.535,31
2013 (6 meses)	15.707,89	2.827,42	18.535,31
TOTAL	31.415,78	5.654,84	37.070,62

3. Autorizar el gasto correspondiente a la prórroga, para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2012 y el 30 de junio de 2013, del contrato para la prestación del servicio de agencia de noticias de ámbito nacional e información de interés social prestado por SERVIMEDIA S.A. para el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia, por un importe de CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (5.189,92-€), I.V.A. incluido, importe que conlleva la actualización del precio del contrato para el periodo de prórroga, con cargo a la aplicación presupuestaria 111M.227.99 del presupuesto de gastos del Consejo, y con la siguiente distribución por anualidades:

ANUALIDAD	IMPORTE SIN IVA	IVA	IMPORTE TOTAL
2012 (6 meses)	2.199,12	395,84	2.594,96
2013 (6 meses)	2.199,12	395,84	2.594,96
TOTAL	4.398,24	791,68	5.189,92

I-45º.- Propuesta del Presidente de la Comisión de Inspección para la aprobación, si procede, del programa de Trabajo del Servicio de Inspección para el tercer cuatrimestre del año 2012, en el que se incluye el programa de visitas a realizar por el Servicio de Inspección para el mismo período.

I-46º.- Propuesta de la Presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, para la aprobación, si procede, del Acuerdo por el que se aprueba el procedimiento de coordinación y cooperación institucional para la mejora de la actuación ante la violencia de género en Andalucía.

Delegar la firma del mismo, en el caso de que no vaya a ser firmado por el Presidente, en la Vocal Dña. Inmaculada Montalbán Huertas.

Designar al representante del Consejo que formará parte de la Comisión de Seguimiento que figura en el mencionado Acuerdo.

I-47º.- Propuesta de los Vocales Delegados para el Centro de Documentación Judicial para, si procede:

Delegar en el Secretario General la autorización del gasto correspondiente a la contratación, mediante procedimiento abierto, del servicio de datos en movilidad para los miembros de la Carrera Judicial por un importe máximo de UN MILLON CUARENTA Y CINCO MIL OCHO EUROS (1.045.008,00 €), con cargo al concepto presupuestario 08.01.111P.222.00 del presupuesto del Consejo, y con el siguiente reparto por anualidades:

	B.I.	I.V.A.	TOTAL
2012 (2 MESES)	73.800,00 €	13.284,00 €	87.084,00 €
2013 (12 MESES)	442.800,00 €	79.704,00 €	522.504,00 €
2014 (10 MESES)	369.000,00 €	66.420,00 €	435.420,00 €
TOTAL	885.600,00 €	159.408,00 €	1.045.008,00 €

I-48º.- Propuesta de los Vocales Delegados para el Centro de Documentación Judicial para, si procede:

Delegar en el Secretario General la autorización del gasto correspondiente a la contratación, mediante procedimiento abierto, de los servicios de formación en el contenido y asesoramiento en el manejo de las aplicaciones de la página web del CGPJ y del Fondo Documental, por un importe máximo de NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA CENTIMOS (999.129,60 €), I.V.A. incluido, que se aplicará al concepto 08.01.111P.227.06 del presupuesto del Consejo con el siguiente reparto por anualidades:

ANUALIDAD	BASE IMPONIBLE	IVA (18%)	TOTAL
2012 (2 MESES)	70.560,00 €	12.700,80 €	83.260,80 €
2013 (12 MESES)	423.360,00 €	76.204,80 €	499.564,80 €
2014 (10 MESES)	352.800,00 €	63.504,00 €	416.304,00 €
TOTAL	846.720,00 €	152.409,60 €	999.129,60 €

I-49º.- Propuesta de los Vocales Delegados para el Centro de Documentación Judicial para, si procede, convocar mediante concurso público la provisión de una plaza de N-24 en el Centro de Documentación Judicial.

I-50º.- Propuesta de los Vocales Delegados para las Relaciones con las Asociaciones Judiciales para, si procede, aprobar la resolución definitiva para la valoración de solicitudes correspondiente a la subvención por los gastos de organización y funcionamiento de las Asociaciones Judiciales.

I-51º.- Propuesta de los Vocales D. Antonio Monserrat Quintana, Dª. Margarita Uría Etxebarría, D. Ramón Camp i Batalla y D. Miguel Collado Nuño para, si procede, aprobar el documento sobre “Reducción de litigiosidad”.

I-52º.- Propuesta de resolución que formula la Vocal Dª Gemma Gallego Sánchez, Ponente, para, si procede, declarar la jubilación anticipada del ILMO. SR. DON J. S. G., Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, el día 1 de septiembre de 2012, fecha de jubilación solicitada, quedando demorada la eficacia de la misma hasta ese momento, ya que convergen en su solicitud, en su persona y en su situación administrativa todos los elementos, condiciones y requisitos establecidos tanto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, como en el Reglamento 2/2011, de 28 de abril, de la Carrera Judicial y en la normativa reguladora de Clases Pasivas del Estado y en sus disposiciones de desarrollo plasmadas en la Resolución de 29 de diciembre de 1995, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública que modifica los procedimientos de jubilación; es decir, "sesenta o sesenta y cinco años de edad, prestación de servicios efectivos al Estado durante 30 años, solicitud del interesado/a de iniciar el procedimiento con seis o tres meses de antelación y señalamiento de la fecha de su jubilación."

Notifíquese la presente resolución al Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, al Ilmo. Sr. Secretario de la Sala de Gobierno, a la Mutualidad General Judicial, a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, a la Habilitación de Órganos Centrales del Ministerio de Justicia y al interesado, haciéndole saber que contra la misma cabe recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación, en legal forma, ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

I-53º.-Propuesta de resolución que formula el Vocal D. Manuel Almenar Belenguer, Ponente, para, si procede, declarar la jubilación anticipada del ILMO. SR. DON J. C. G. Z., Magistrado de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Barcelona el día 10 de septiembre de 2012, fecha de jubilación solicitada, quedando demorada la eficacia de la misma hasta ese momento, ya que convergen en su solicitud, en su persona y en su situación administrativa todos los elementos, condiciones y requisitos establecidos tanto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, como en el Reglamento 2/2011, de 28 de abril, de la Carrera Judicial y en la normativa reguladora de Clases Pasivas del Estado y en sus disposiciones de desarrollo plasmadas en la Resolución de 29 de diciembre de 1995, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública que modifica los procedimientos de jubilación; es decir, “sesenta o sesenta y cinco años de edad, prestación de servicios efectivos al Estado durante 30 años, solicitud del interesado/a de iniciar el procedimiento con seis o tres meses de antelación y señalamiento de la fecha de su jubilación.”

Notifíquese la presente resolución al Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, al Ilmo. Sr. Secretario de la Sala de Gobierno, a la Mutualidad General Judicial, a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, a la Gerencia del Ministerio de Justicia y al interesado, haciéndole saber que contra la misma cabe recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación, en legal forma, ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

I-54º.- Propuesta de resolución que formula el Vocal D. Miguel Collado Nuño, Ponente, para, si procede, declarar la jubilación por incapacidad permanente para el ejercicio de sus funciones judiciales, en Grado de Absoluta, del Magistrado ILMO. SR. D. A. F. G. con destino en el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Santander con los derechos pasivos que le correspondan por esta causa, al considerar que la lesión o proceso patológico padecidos le inhabilita por completo para toda profesión u oficio. A tenor de lo dispuesto en el artículo 353 del Reglamento 2/2011 de 28 de abril, de la Carrera Judicial, el mencionado Magistrado, cesará en su actual destino el mismo día en que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial adopte el acuerdo de proceder a su jubilación por incapacidad permanente para el servicio.

Notifíquese la presente resolución al Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Cantabria, al Ilmo. Sr. Secretario de su Sala de Gobierno, al Ministerio Fiscal, (Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria), al Excmo. Sr. Presidente de la Mutualidad General Judicial, al Sr. Instructor, a la Gerencia Territorial de Santander, y al interesado, haciéndole saber, que contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación, en legal forma, ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

I-55º.- Propuesta de resolución que formula el Vocal D. Manuel Almenar Belenguer, Ponente, para, si procede, declarar la jubilación voluntaria del EXCMO. SR. DON E. H. G., Magistrado en situación de excedencia voluntaria por interés particular el día 25 de julio de 2012, fecha de jubilación solicitada, quedando demorada la eficacia de la misma hasta ese momento, ya que convergen en su solicitud, en su persona y en su situación administrativa todos los elementos, condiciones y requisitos establecidos tanto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, como en el Reglamento 2/2011, de 28 de abril, de la Carrera Judicial y en la normativa reguladora de Clases Pasivas del Estado y en sus disposiciones de desarrollo plasmadas en la Resolución de 29 de diciembre de 1995, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública.

Notifíquese la presente resolución a la Mutualidad General Judicial, a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia y al interesado, haciéndole saber que contra la misma cabe recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación, en legal forma, ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

I-56º.- Dación de cuenta de la Vocalía Delegada para las relaciones con el orden jurisdiccional contencioso-administrativo sobre el encuentro de la Sala Tercera del Tribunal Supremo con Presidentes y Presidentas de la Sala de Lo Contencioso-Administrativo, celebrado en Madrid los días 21, 22 y 23 de mayo de 2012; así como de las conclusiones que se han destacado y tenerlas en consideración para sus futuras actuaciones.

I-57º.- Dación de cuenta de la Presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del “Informe sobre víctimas mortales de la violencia de género y de la violencia doméstica en el ámbito de la pareja o ex pareja en el año 2011”.

I-58º.- Propuesta del Secretario General para decidir sobre la prórroga por un año, con efectos del día 22 de julio de 2012, del nombramiento de D. L. M. U. O., para continuar prestando sus servicios en el mismo puesto de trabajo que actualmente ocupa, de conformidad con lo establecido en el artículo 146.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, manteniendo la situación de servicios especiales que ya tiene declarada.

I-59º.- Propuesta del Secretario General para decidir sobre la prórroga por un año, con efectos del día 4 de agosto de 2012, del nombramiento de D. G. B. M. para continuar prestando sus servicios en el mismo puesto de trabajo que actualmente ocupa, de conformidad con lo establecido en el artículo 146.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, manteniendo la situación de servicios especiales que ya tiene declarada.

I-60º.- Propuesta del Secretario General decidir sobre la prórroga por un año, con efectos del día 1 de septiembre de 2012, del nombramiento de Dª. A. A. M., para continuar prestando sus servicios en el mismo puesto de trabajo que actualmente ocupa, de conformidad con lo establecido en el artículo 146.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, manteniendo la situación de servicios especiales que ya tiene declarada.

I-61º.- Propuesta del Secretario General para decidir sobre la prórroga por un año, con efectos del día 1 de septiembre de 2012, del nombramiento de D. A. M. G., para continuar prestando sus servicios en el mismo puesto de trabajo que actualmente ocupa, de conformidad con lo establecido en el artículo 146.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, manteniendo la situación de servicios especiales que ya tiene declarada.

I-62º.- Propuesta del Secretario General para decidir sobre la prórroga por un año, con efectos del día 2 de septiembre de 2012, del nombramiento de D. G. M. M. para continuar prestando sus servicios en el mismo puesto de trabajo que actualmente ocupa, de conformidad con lo establecido en el artículo 146.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, manteniendo la situación de servicios especiales que ya tiene declarada.

I-63º.- Propuesta del Secretario General para decidir sobre la prórroga por un año, con efectos del día 3 de septiembre de 2012, del nombramiento de D. M. O. P. para continuar prestando sus servicios en el mismo puesto de trabajo que actualmente ocupa, de conformidad con lo establecido en el artículo 146.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, manteniendo la situación de servicios especiales que ya tiene declarada.

I-64º.- Propuesta del Secretario General para decidir sobre la prórroga por un año, con efectos del día 3 de septiembre de 2012, del nombramiento de Dª. M. E. C. P., para continuar prestando sus servicios en el mismo puesto de trabajo que actualmente ocupa, de conformidad con lo establecido en el artículo 146.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, manteniendo la situación de servicios especiales que ya tiene declarada.

I-65º.- Propuesta del Secretario General para decidir sobre la prórroga por un año, con efectos del día 3 de septiembre de 2012, del nombramiento de D. R. S. A., para continuar prestando sus servicios en el mismo puesto de trabajo que actualmente ocupa, de conformidad con lo establecido en el artículo 146.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, manteniendo la situación de servicios especiales que ya tiene declarada.

I-66º.- Propuesta del Secretario General para decidir sobre la prórroga por un año, con efectos del día 5 de septiembre de 2012, del nombramiento de D. J. R. R. P., para continuar prestando sus servicios en el mismo puesto de trabajo que actualmente ocupa, de conformidad con lo establecido en el artículo 146.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, manteniendo la situación de servicios especiales que ya tiene declarada.

Ruegos y preguntas.

Jornada en la Escuela dedicada a Eurojust, la red de cooperación judicial europea frente al crimen transnacional

2012-10-01 17:43:32.0

Los jueces en prácticas de la 64ª Promoción de la Escuela Judicial participaron el 1 de octubre en una actividad multidisciplinar dedicada a Eurojust. El objetivo era que conocieran la organización y funcionamiento de este órgano de la Unión Europea que facilita la cooperación judicial penal entre los Estados miembros y también entre las autoridades de la UE.

La formación de los jueces en prácticas se concentró en explicar cómo Eurojust presta ayuda a los jueces de instrucción en la investigación de causas penales con implicaciones transfronterizas y cómo se materializa el deber de colaboración con esta organización.

Eurojust es entidad jurídica propia creada en 2002 que tramita 1.400 casos penales al año y coordina a las autoridades nacionales judiciales y fiscales de los Estados miembros y, en su caso, de terceros Estados.

En las reuniones de Eurojust se abordan las cuestiones relacionadas con la tramitación de asuntos que afectan al crimen transnacional y se planifican las acciones operativas necesarias para las investigaciones judiciales, como son las detenciones o registros que hayan de ejecutarse de manera simultánea.

Formación a cargo de especialistas

La formación de los jueces en prácticas corrió a cargo de María Teresa Galvez Díez, representante de España ante Eurojust. Fiscal de carrera, Gálvez Díez está especializada en delitos económicos, corrupción, blanqueo de capitales y delincuencia organizada. Ejerce el cargo de Fiscal Asistente de España ante Eurojust y recientemente ha sido nombrada la representante de Eurojust en el grupo de trabajo de CARIN (Camden Assets Recovery Inter Agency Network de Europol) sobre la Oficina de Recuperación de Activos Ilícitos en el Consejo Europeo.

En un documento adjunto, se exponen las dificultades de la cooperación internacional, así como las soluciones adoptadas en la UE: desde la armonización de legislaciones, la creación de equipos conjuntos de investigación judicial a la propia creación de Eurojust, o la designación de magistrados de enlace para cada país miembro de la UE.

Qué es Eurojust

Eurojust es la agencia de la Unión Europea para la cooperación judicial internacional en materias penales. Creada el año 2002, tiene por objetivo fomentar y mejorar la coordinación entre las autoridades competentes de los Estados de la UE respecto a las investigaciones y actuaciones judiciales relacionadas con formas graves de delincuencia organizada y transfronteriza (terrorismo, tráfico de seres humanos, narcotráfico, fraude y blanqueo de dinero, etc.). Esta red garantiza el intercambio de información entre las autoridades competentes y les ofrece ayuda para mantener la mejor coordinación posible. Además, colabora con la Red Judicial Europea, Europol y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

Información adicional: http://eurojust.europa.eu/Pages/languages/es.aspx

Informe favorable al nombramiento del nuevo Fiscal General del Estado

2012-01-10 18:12:54.0

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha informado hoy favorablemente, por unanimidad, la propuesta de nombramiento de Eduardo Torres-Dulce Lifante como Fiscal General del Estado, acordada por el Consejo de Ministros el pasado 30 de diciembre.

En una sesión extraordinaria convocada a este efecto, el Consejo ha analizado la dilatada trayectoria profesional del candidato propuesto por el Gobierno y ha concluido que, además de reunir los requisitos legales exigidos para el puesto, por su condición de jurista español de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión, Torres-Dulce acredita méritos sobrados para el desempeño del cargo. Entre ellos, el Pleno ha señalado su dilatada experiencia en el ejercicio de la carrera fiscal o la solidez jurídica que ha demostrado en sus publicaciones e intervenciones. Dichos elementos conforman un perfil que conduce al CGPJ a la clara afirmación de su idoneidad para acceder a la responsabilidad para la que ha sido propuesto.

Con la aprobación de este informe, el CGPJ cumple con el trámite de audiencia establecido en el artículo 124.4 de la Constitución, que determina que el Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial; y emite su pronunciamiento conforme al artículo 127.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Conclusiones de las Jornadas de jueces Decanos

2011-11-30 00:00:00.0

Al XXI encuentro anual asistieron jueces Decanos de 43 ciudades españolas, que representan a 1864 magistrados. En la reunión, celebrada en Vitoria entre los días 28 y 30 de noviembre, se debatió sobre el gobierno judicial independiente, la modernización de la Justicia, la carga de trabajo de Jueces y Magistrados, el Estatuto profesional de los miembros de la carrera judicial, la creación de los Tribunales de Instancia, la actual planta judicial y la agilización de procedimientos, entre otros asuntos.

También reclamaron una nueva definición de los partidos judiciales, la incorporación de las nuevas tecnologías de la información a la administración de Justicia, la implantación de tasas pedagógicas o disuasorias, la elección de doce vocales del CGPJ por los propios jueces y la creación de nuevas plazas de jueces.

Se adjuntan los documentos difundidos a la prensa.

El servicio de cita previa del Registro Civil de Guadalajara, premio a una justicia más accesible

2012-11-27 16:08:29.0

En 2005, los asuntos se acumulaban en el Registro Civil de Guadalajara por la falta de medios humanos y sistemas informáticos. El ciudadano no sabía qué día iba a ser atendido, y se formaban colas incluso por la noche.

Sin embargo, el ministerio de Justicia eligió este Registro para el plan piloto de tramitación de expedientes y cita previa, junto con Valladolid y Burgos. En poco tiempo se puso al día.

Con la puesta en marcha del proyecto, cada persona saben qué día y a qué hora puede acudir al Registro. Además, con el DNI electrónico, los ciudadanos pueden obtener telemáticamente certificados de nacimiento, matrimonio o fallecimiento. También pueden hacer uso del kiosco electrónico para solicitar certificados de antecedentes penales, actos de última voluntad o contratos de seguros de cobertura de fallecimiento o de matrimonio.

El atasco que había 2005 ya se ha solucionado, el Registro Civil de Guadalajara está al día y el ciudadano es atendido adecuadamente.

El servicio de cita previa funciona actualmente en los siguientes registros:

Registro Civil Central
Registro Civil de Cáceres
Registro Civil de Cartagena
Registro Civil de Guadalajara
Registro Civil de Palma de Mallorca
Registro Civil de Toledo
Registro Civil de Valladolid

Para más información: www.citapreviaregistrocivil.es

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, presidirá el miércoles 28 de noviembre, a las 19.30 horas, la ceremonia de entrega de los Premios a la Calidad de la Justicia 2012.

El acto se celebrará en la sede central Consejo General del Poder Judicial, calle Marqués de la Ensenada, 8.

Orden del día del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de mayo

2012-05-30 17:30:32.0

ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN PLENARIA DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DEL DÍA 31 DE MAYO DEL AÑO 2012, A LAS 9:30 HORAS.

CAPITULO I

ASUNTOS GENERALES

I-1º.- Aprobación, en su caso, del acta de la sesión plenaria ordinaria del día 19 de abril y extraordinaria del día 3 de mayo, ambas de 2012.

I-2º.- Dación de cuenta del cumplimiento de los acuerdos adoptados en ambas sesiones plenarias.

I-3º.- Informes de las Comisiones y Vocalías.

I-4º.- Propuesta de la Comisión de Calificación para provisión de dos plazas de Letrado al servicio del Tribunal Supremo (especialidad jurídica requerida principalmente contencioso-administrativo -1 plaza- y penal -1 plaza-) convocadas por su anterior acuerdo de 16 de diciembre de 2011 (BOE del siguiente día 27), propuesta de nombramiento a favor de D. Miguel Ángel Ruiz López (área contencioso-administrativo y Doña Maria Ángeles Villegas García (área penal).

I-5º.- Propuesta de la Comisión de Calificación para, si procede, aprobar el nombramiento de Magistrados Tutores que han de intervenir en la fase de prácticas jurisdiccionales a desarrollar por los Alumnos de la Promoción 63 de la Escuela Judicial, dentro del Plan docente del curso 2011/2013, aprobado por Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 30 de junio de 2011.

I-6º.- Ratificación del acuerdo de la Comisión Permanente (I-4, de 27 de marzo de 2012) por el que se decidió concretar la ejecución de la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de fecha 8 de noviembre de 2010, dictada en el Recurso contencioso-administrativo Núm. 455/2008, interpuesto por un Magistrado, contra el Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 23 de abril de 2008, por el que se desestima recurso de alzada contra el acuerdo de la Comisión Permanente que revocaba la comisión de servicios conferida para prestar servicio en el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, en el sentido de reconocer al expresado Magistrado, en concepto de daños indemnizables, la suma total de 2.500,88 euros, que resulta de las siguientes partidas: 600,88 euros por los gastos de mudanza; 152,00 euros por los gastos por viajes de Santander a Madrid y de Madrid a Santander; 1.710 euros, por los gastos de Laredo a Santander durante el tiempo en que fue titular del Juzgado de lo Contencioso nº 1 de Santander y el viaje de Santander a Madrid cuando cesó; más la cantidad de 38 euros por los gastos de locomoción de Madrid a Ciudad Real.

Contra el presente acuerdo cabe interponer Recurso de Alzada ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un mes, sin perjuicio de la promoción que –en su caso- resulte procedente, del oportuno incidente de ejecución jurisdiccional.

I-7º.- Propuesta de la Comisión Permanente (I-30, de 27 de marzo de 2012) para, si procede:

Primero.- Convocar elecciones parciales con el fin de cubrir una vacante de miembro titular electo con la categoría de Juez, así como la de su correspondiente sustituto, para integrarse en la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

La fecha de la votación será el 18 de julio de 2012.

Segundo.- Dichas elecciones se efectuarán de conformidad con lo dispuesto en los artículos 151 y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en los artículos 18 a 50, ambos incluidos, del Reglamento 1/2000, de 26 de Julio, de los Órganos de Gobierno de Tribunales.

Tercero.- En el supuesto de que no se presenten candidaturas, se procederá a la convocatoria de nuevas elecciones parciales que se celebrarán en el plazo de los seis meses siguientes.

I-8º.- Propuesta de la Comisión Permanente (I-32, de 27 de marzo de 2012) para, si procede:

La fecha de la votación será el 18 de julio de 2012.

Tercero.- En el supuesto de que no se presenten candidaturas, se procederá a la convocatoria de nuevas elecciones parciales que se celebrarán en el plazo de los seis meses siguientes.

I-9º.- Ratificación del acuerdo de la Comisión Permanente (I-36, de 27 de marzo de 2012), adoptado por razones de urgencia y en funciones de Pleno, al amparo de lo establecido en el artículo 57 del Reglamento 1/1986, de 22 de abril, de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, por el que se dispuso la ejecución de la Sentencia dictada en el Recurso Contencioso-Administrativo 188/2009, seguido ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo contra el acuerdo de 29 de enero de 2009, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, y a tal efecto: PRIMERO.- Acusar recibo a la indicada Sala, de la Sentencia de 26 de octubre de 2011, dictada en el Recurso contencioso-administrativo 188/2009, Sección Cuarta que resuelve el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de D. G. R. P. contra el acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 29 de enero de 2009, dictado en el Expediente Gubernativo núm. 3/2009 que deniega la pretensión de responsabilidad patrimonial formulada, acto que se declara nulo y sin valor ni efecto alguno, condenando al Consejo General del Poder Judicial al abono de la diferencia retributiva a que hace mención el FJ octavo y a los gastos enumerados en el FJ décimo más los intereses especificados en el FJ undécimo.

SEGUNDO.- Autorizar el gasto y ordenar el abono a D. G. R. P., de las diferencias retributivas entre el puesto ocupado y la plaza de Magistrado de la Audiencia Nacional en el periodo comprendido entre el 28 de noviembre de 2006 y el 14 de noviembre de 2007, que ascienden a la suma de 12.223,44 euros, más los intereses legales como se indica en el fundamento de derecho nº 11, de la sentencia objeto de ejecución: se devengarán desde la fecha de la notificación de la sentencia, el 21 de marzo de 2012, hasta el momento efectivo del abono de la misma, conforme al artículo 106.2 de la LJCA.

TERCERO.- Solicitar de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Supremo, la remisión a la mayor brevedad posible del contrato de arrendamiento de vivienda en Sabadell que el Sr. R. P. acompañó con su demanda (Recurso nº 188/2009), así como los documentos relativos a los abonos de los peajes, determinación de los kilómetros correspondientes a los viajes de fin de semana durante el periodo señalado en el punto anterior y cuantificaciones correlativas.

I-10º.- Propuesta de la Comisión Permanente (II-11, de 17 de abril de 2012) para, si procede, aprobar el Convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y la Comisión Nacional de la Competencia.

Delegar la firma del mismo en el caso de que no vaya a ser firmado por el Sr. Presidente del Consejo General del Poder Judicial.

Designar a los tres miembros que, en representación del Consejo, formarán parte de la Comisión de Seguimiento que el citado Convenio establece en su cláusula Décima.

I-11º.- Propuesta de la Comisión Permanente (II-19 de 17 de abril de 2012) para, si procede, aprobar el Convenio específico de Cooperación entre el Consejo General del Poder Judicial del Reino de España y la Fundación Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico (CEDDET), cuyo objetivo es la colaboración en el desarrollo un curso online, dirigido a un número aproximado de 30 alumnos, que versará sobre “Soluciones Alternativas a los Conflictos y su Impacto Económico”, orientado al ámbito latinoamericano.

Delegar la firma del mismo en el caso de que no pueda ser firmado por el Sr. Presidente del Consejo.

Designar a los dos miembros que en representación del Consejo General del Poder Judicial, formarán parte de la Comisión Mixta de Seguimiento que el citado Convenio establece en su cláusula Décima.

I-12º.- Ratificación del acuerdo de la Comisión Permanente (III-13, de 17 de abril de 2012), adoptado por razones de urgencia y en funciones de Pleno, al amparo de lo establecido en el artículo 57 del Reglamento 1/1986, de 22 de abril, de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, por el que se desestimó la solicitud de suspensión instada en el recurso de alzada núm. 63/12, interpuesto por un Magistrado contra Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, apoyando lo acordado en la Comisión de Seguimiento del sistema LexNet y la determinación de 15 de febrero como fecha de inicio de dicho sistema informático de telecomunicaciones como única vía para las notificaciones en los Juzgados de Primera Instancia de Sevilla.

Notifíquese el presente Acuerdo a la parte recurrente y comuníquese al Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

I-13º.- Propuesta de la Comisión Permanente (II-21, de 24 de abril de 2012) para, si procede:

Primero.- Aprobar la suscripción de un Convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Álava/Araba, para la realización de prácticas en Juzgados y Tribunales.

Segundo.- Delegar la firma del Convenio en Dª. Margarita Uría Etxebarría, Vocal Delegada de Relaciones con los Colegios Profesionales.

Tercero.- Designar a los dos miembros, que en representación del Consejo, formarán parte de la Comisión de Seguimiento del citado Convenio, prevista en su cláusula Octava.

I-14º.- Propuesta de la Comisión Permanente (II-4, de 3 de mayo de 2012) para, si procede, aprobar la suscripción de un Convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y el Centro Asociado “María Zambrano” de la UNED de Málaga, para la realización de prácticas en Juzgados y Tribunales.

Delegar la firma del mismo en el caso de que no pueda ser firmado por el Sr. Presidente del Consejo.

I-15º.- Propuesta de la Comisión Permanente (II-5, de 3 de mayo de 2012) para, si procede, aprobar la suscripción de un Convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y la Universidad Jaume I de Castellón.

Delegar la firma del mismo en el caso de que no pueda ser firmado por el Sr. Presidente del Consejo.

Designar a los dos miembros que en representación del Consejo General del Poder Judicial, formarán parte de la Comisión Paritaria que el citado Convenio establece en su cláusula Sexta.

I-16º.- Ratificación del acuerdo de la Comisión Permanente (Único, de 10 de mayo de 2012), adoptado por razones de urgencia y en funciones de Pleno, al amparo de lo establecido en el artículo 57 del Reglamento 1/1986, de 22 de abril, de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, por el que se disponen las modificaciones puntuales de los términos del Convenio marco de colaboración a suscribir entre el propio Consejo y el Ministerio del Interior, aprobado por acuerdo (Num. 43) del Pleno del pasado 19 de abril, para el establecimiento de un marco de actuación en la modernización del sistema penal, en los términos de la propuesta.

I-17º.- Propuesta de la Comisión Permanente (II-13, de 16 de mayo de 2012) para, si procede, aprobar la suscripción de un Convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ilustre Colegio de Abogados de Castellón, con el objeto de establecer el marco de colaboración para la puesta en marcha y desarrollo de una experiencia piloto de Mediación Intrajudicial Familiar en los Juzgados de Familia de Castellón.

Delegar la firma del mismo en los Vocales Delegados para la Coordinación del Proyecto de Mediación del citado Consejo, Dª. Margarita Uría Etxebarría y D. Antonio Dorado Picón.

Designar a los dos representantes del Consejo que formarán parte de la Comisión de Seguimiento del Convenio prevista en su cláusula sexta.

I-18º.- Ratificación del acuerdo de la Comisión Permanente (III-13, de 16 de mayo de 2012), adoptado por razones de urgencia y en funciones de Pleno, al amparo de lo establecido en el artículo 57 del Reglamento 1/1986, de 22 de abril, de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, por el que se desestimó la solicitud de suspensión instada en el recurso de alzada núm. 107/12, interpuesto por una Magistrada, contra Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de fecha 20 de febrero de 2012 por el que se mantiene el Acuerdo de fecha 9 de septiembre de 2011, al que se acumula el recurso interpuesto por Dª. M. M. P., D. R. M. T. Y Dª. P. Y. V., en su propio nombre y, a su vez como Delegada Territorial de la AJSYMS en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en representación de la Sección Territorial de la AJSYMS en Galicia (Vocales Sección Territorial Galicia: ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en representación de la Sección -A Coruña: Dª. Mª. F. L. J.; -Lugo: D. F. L. C.; -Orense: D. D. E. P., y -Pontevedra: Dª. M. M. P.), todos ellos Jueces/zas sustitutos/as en el ámbito territorial del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

Notifíquese el presente Acuerdo a la parte recurrente y comuníquese al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

I-19º.- Propuesta de la Comisión Permanente (II-2, de 22 de mayo de 2012) para, si procede, aprobar la participación de los Jueces y Magistrados que figuran en la relación de la Comisión de Escuela Judicial, en la actividad “Encuentro con Aguas de Barcelona: Foro de Derecho del Agua”, a celebrar en Barcelona los días 28 y 29 de junio, así como su presupuesto.

I-20º.- Propuesta de la Comisión Disciplinaria para dar cumplimiento a la Sentencia dictada por la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo de fecha 23 de febrero de 2012, por la que se estima el recurso contencioso-administrativo nº 2/31/11, interpuesto por la Magistrada Dª. M. A. S. T., contra el acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 22 de diciembre de 2010, por el que se impuso a dicha Magistrada la sanción de suspensión de funciones por tiempo de dos años, como autora responsable de una falta muy grave del artículo 417.8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, anulando el mencionado acuerdo sancionador y dejándolo sin efecto, a fin de que el Consejo disponga lo procedente para el cumplimiento de la misma en sus propios términos y practicar la liquidación correspondiente de los haberes dejados de percibir por dicha Magistrada durante el tiempo de cumplimiento de la sanción -que fue suspendida por auto de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de fecha 13 de abril de 2011- con sus intereses legales hasta su completo pago, reponiéndosele definitivamente en el puesto que ocupaba en el Escalafón de la Carrera Judicial.

I-21º- Propuesta de la Comisión Disciplinaria para, habida cuenta que la querella admitida a trámite lo ha sido por los mismos hechos por los que se sigue el expediente disciplinario número 57/11 seguido a Dña. M. C. C. G., por su actuación como Magistrada-Jueza del Juzgado de Instrucción nº 43 de Madrid, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 415.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aplazar la resolución del expediente disciplinario citado hasta no recaiga sentencia o auto de sobreseimiento firme en la causa penal 10/2012 seguida ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por los mismos hechos.

I-22º.- Propuesta de la Comisión de Estudios e Informes para, si procede, interesar del Ministerio de Justicia el otorgamiento de un plazo extraordinario de prórroga por periodo de quince días, para la emisión del preceptivo informe al Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

I-23º.- Propuesta de la Comisión de Estudios e Informes para, si procede, aprobar el Informe al Anteproyecto de Ley por el que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

I-24º.- 1.- Ratificación del acuerdo de la Comisión Permanente (II-14, de 3 de mayo de 2012), adoptado por razones de urgencia y en funciones de Pleno, al amparo de lo establecido en el artículo 57 del Reglamento 1/1986, de 22 de abril, de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, por el que se dispuso interesar del Ministerio de Justicia, con efectos desde el día 11 de mayo de 2012, la prórroga por período de quince días para la emisión del informe sobre el “Anteproyecto de Ley de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude”, que ha tenido entrada en este Consejo el día 20 de abril de 2012.

2.- Propuesta de la Comisión de Estudios e Informes para la aprobación, si procede, del informe al Anteproyecto de Ley de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones de prevención y lucha contra el fraude.

I-25º.- 1.- Ratificación del acuerdo de la Comisión Permanente (II-8, de 16 de mayo de 2012), adoptado por razones de urgencia y en funciones de Pleno, al amparo de lo establecido en el artículo 57 del Reglamento 1/1986, de 22 de abril, de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, por el que se interesó de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de Xunta de Galicia, con efectos desde el día 21 de mayo de 2012, la prórroga por período de quince días para la emisión del informe sobre “Proyecto de Orden sobre normas de la Junta de Expurgación de documentación judicial de Galicia”.

2.- Propuesta de la Comisión de Estudios e Informes para la aprobación, si procede, de informe al Proyecto de Orden sobre normas de la Junta de Expurgación de Documentación Judicial de Galicia.

I-26º.- Propuesta de la Comisión de Modernización e Informática para, si procede, aprobar el informe al Borrador de Resolución por la que se aprueba el calendario laboral de aplicación al personal al servicio de la Administración de Justicia de la Comunidad Valenciana para el año 2012.

I-27º.- Propuesta de la Comisión de Modernización e Informática para, si procede, aprobar el informe sobre la procedencia de separar las jurisdicciones civil y penal de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción del Partido Judicial de Ciudad Real.

I-28º.- Propuesta de la Comisión de Modernización e Informática para, si procede, aprobar el informe al borrador de calendario laboral del personal al servicio de la Administración de Justicia de la Comunidad de Canarias para el año 2012.

I-29º.- Propuesta de la Comisión de Modernización e Informática para, si procede, aprobar el informe solicitado por el Departamento de Justicia y Administración Pública del Gobierno Vasco, sobre modificación de la plantilla orgánica del Partido Judicial de Donostia-San Sebastián.

I-30º.- Propuesta de la Comisión de Modernización e Informática para, si procede, aprobar el informe al Proyecto de Decreto Foral del Gobierno de Navarra de modificación de la plantilla orgánica y las Relaciones de Puestos de Trabajo, modificando el Decreto Foral 53/2011, de 23 de mayo.

I-31º.- Propuesta de la Comisión de Modernización e Informática para, si procede, aprobar el informe a la propuesta de la Dirección General de Administración de Justicia del Gobierno de Aragón, por la que se establece un programa concreto de actuación para la Oficina Judicial de la agrupación de los Juzgados de Paz de Zuera (Zaragoza), ubicada en el Centro Penitenciario de dicha localidad, para el ejercicio 2012.

I-32º.- Propuesta de la Comisión de Modernización e Informática para, si procede, aprobar el informe solicitado por la Dirección General de Justicia de la Generalitat Valenciana sobre modificación de plantilla orgánica del Decanato de Valencia.

I-33º.- Propuesta de la Comisión de Modernización e Informática para, si procede, aprobar el Informe al borrador de Orden de la Consejería de Justicia y Administración Pública del Gobierno Vasco por la que se convoca concurso especifico de méritos para la provisión de puestos singularizados en la Oficina Fiscal Provincial de Guipúzcoa.

I-34º.- Propuesta de la Comisión de Modernización e Informática para, si procede, aprobar el informe a la Orden de la Consejera de Justicia y Administración Pública, por la que se crean el Servicio Común Procesal General de la Oficina Judicial de Vitoria-Gasteiz y de la Audiencia Provincial de Araba/Álava y el Servicio Común Procesal de ejecución de la Oficina Judicial de Vitoria-Gasteiz; y de la Resolución de la Directora de la Oficina Judicial y Fiscal del Gobierno Vasco, por la que se determina la organización detallada de la nueva oficina judicial de Vitoria-Gasteiz y de la Audiencia Provincial de Araba/Álava, así como las normas básicas de funcionamiento del Servicio Común Procesal General y el Servicio Común Procesal de ejecución.

I-35º.- Propuesta de la Comisión de Escuela Judicial para, si procede:

Aprobar el desarrollo de la etapa de Jueces en prácticas tuteladas del 18 de Junio de 2012 al 15 de marzo de 2013. Para el supuesto que los alumnos escogieran destinos en Juzgados especializados, aprobar una ampliación de las prácticas tuteladas del 19 de marzo al 20 de abril de 2013.

Delegar expresamente en la Comisión de Escuela Judicial y en la Directora de la Escuela Judicial la adopción de todas las decisiones que sean necesarias para la adecuada puesta en marcha de la actividad.

Aprobar un crédito de 679.668 € (seiscientos setenta y nueve mil seiscientos sesenta y ocho euros) para la realización de esta etapa formativa, dentro del referido Plan Docente, que se imputarán al Programa Presupuestario 111 O del Consejo General del Poder Judicial para el año 2012, delegando expresamente en la Secretaría General la adopción de las medidas que, para la mejor ejecución de las actividades, impliquen redistribución interna de las cantidades expresadas en el presupuesto y de los expedientes de gasto a que éstas dan lugar, siempre que no se supere el importe total de lo presupuestado.

Aprobar un crédito de 573.864 € (quinientos setenta y tres mil ochocientos sesenta y cuatro euros) para la realización de esta etapa formativa, dentro del referido Plan Docente, que se imputarán al Programa Presupuestario 111 O del Consejo General del Poder Judicial para el año 2013, delegando expresamente en la Secretaría General la adopción de las medidas que, para la mejor ejecución de las actividades, impliquen redistribución interna de las cantidades expresadas en el presupuesto y de los expedientes de gasto a que éstas dan lugar, siempre que no se supere el importe total de lo presupuestado.

I-36º.- Propuesta de la Comisión de Escuela Judicial para, si procede, aprobar las Bases reguladoras de la concesión de ayudas para la financiación de actividades de formación realizadas por miembros de la Carrera Judicial y las auspiciadas o impulsadas por las Asociaciones Judiciales.

I-37º.- Propuesta de la Comisión de Escuela Judicial para, si procede:

1.- Aprobar un importe total de CIENTO VENTITRÉS MIL QUINIENTOS EUROS (123.500 €), con cargo al presupuesto del Programa 111.O, Formación y Selección de Jueces y Magistrados del ejercicio 2012, concepto presupuestario 484, para ayudas individualizadas a miembros de la Carrera Judicial, en los términos contenidos en la presente propuesta.

2.- Aprobar un importe total de CINCUENTA Y SIETE MIL EUROS (57.000 €) con cargo al presupuesto del Programa 111.O, Formación y Selección de Jueces y Magistrados del ejercicio 2012, concepto presupuestario 483, para la financiación de actividades de formación auspiciadas o impulsadas por las Asociaciones Judiciales, con arreglo a la distribución del límite de gasto que se indica en el Anexo IV y cumplimiento de los requisitos, en los términos contenidos en la presente propuesta.

3.- Aprobar la convocatoria de ayudas para la financiación de actividades de formación realizadas por miembros de la Carrera Judicial y las auspiciadas o impulsadas por las Asociaciones Judiciales, para el año 2012, para su publicación en el Boletín Oficial del Estado, conforme se contiene en el Anexo II que se adjunta a esta propuesta.

I-38º.- Propuesta de la Comisión de Escuela Judicial para, si procede:

1.- Conceder a los Jueces en prácticas de la 63ª promoción de la Escuela Judicial, con la excepción de los 8 jueces en prácticas que optaron por percibir la retribución correspondiente a su cuerpo de origen, ayuda de comedor por valor de 180 euros mensuales para el período de prácticas jurisdiccionales comprendido entre el 18 de junio de 2012 y el 15 de marzo de 2013, excepto el mes de agosto de 2012.

2.- Aprobar un gasto de 219.072 € para atender la ayuda de comedor, que se imputará al programa 111O, Concepto 162.01 del Presupuesto del Consejo General del Poder Judicial para el año 2012.

3.- Aprobar un gasto de 100.800 € para atender la ayuda de comedor, que se imputará al programa 111O, Concepto 162.01 del Presupuesto del Consejo General del Poder Judicial para el año 2013.

I-39º.- Propuesta de la Comisión de Escuela Judicial para, si procede, designar como vocal del Consejo Rector de la Escuela Judicial a D. JOSE IGNACIO VILAPLANA LUQUERO, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Montilla como Vocal del Consejo Rector de la Escuela Judicial, en sustitución de D. DAVID VILLAGRÁ ALVAREZ, al haber pasado a la situación de servicios especiales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1.b, del Reglamento 2/1995, de 7 de junio, de la Escuela Judicial.

I-40º.- Propuesta de la Comisión de Escuela Judicial para, si procede:

Uno.- Aprobar la realización de la sesión presencial del curso “El Juez en el Espacio Judicial Europeo en materia Civil y Mercantil ed. 2011-2” que se celebrará en la sede de la Escuela Judicial en Barcelona días 25 y 26 de junio de 2012, concediendo comisión de servicio y licencia por estudios relacionados con la Función Judicial a los participantes y colaboradores en la actividad que sean miembros de la Carrera Judicial y autorizando el gasto derivado de la asistencia de los participantes y colaboradores docentes no pertenecientes a la misma.

Dos.- Autorizar el gasto detallado en el presupuesto incluido en el Anexo IV que se acompaña a la propuesta, para la realización de la sesión presencial final del curso “El Juez en el Espacio Judicial Europeo en materia Civil y Mercantil ed. 2011-2” que se imputará al Programa 111O del Consejo General del Poder Judicial para el año 2012, delegando expresamente en la Secretaría General la adopción de medidas que, para la mejor ejecución de la actividad, implique redistribución interna de las cantidades expresadas en el presupuesto y de los expedientes de gasto a que éstas dan lugar, siempre que no supere el importe total de lo presupuestado.

I-41º.- Propuesta de la Comisión de Escuela Judicial para, si procede, autorizar un gasto máximo de TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS (33.250 €) con cargo al programa 111.O, para financiar los costes derivados de las actividades de aprendizaje del Euskera correspondientes al ejercicio 2012, de conformidad con lo establecido en la cláusula Tercera.2 del Convenio suscrito a tal fin con el Gobierno Vasco.

I-42º.- Propuesta de la Comisión de Relaciones Internacionales para, si procede, aprobar la participación del Consejo General del Poder Judicial en la ejecución del Proyecto sobre Fortalecimiento y Potenciación de los MASC (mecanismos alternativos de resolución de conflictos), en el marco del Programa EUROsociAL II de la Unión Europea.

Delegar la ejecución del acuerdo en el Servicio de Relaciones Internacionales.

I-43º.- Propuesta de la Comisión de Relaciones Internaciones para, si procede:

Tomar conocimiento del documento de Conclusiones y de los documentos finales de los grupos de trabajo, correspondientes a la XVI edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, y aprobados en la Asamblea General que tuvo lugar en Buenos Aires entre el 25 y 27 de abril de 2012.

Delegar la ejecución del acuerdo en el Servicio de Relaciones Internacionales.

I-44º.- Propuesta de la Comisión de Comunicación para, si procede:

1.- Autorizar el gasto correspondiente a la prórroga, para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2012 y el 30 de junio de 2014, del contrato para la prestación del servicio de agencia de noticias de ámbito nacional, autonómico, legal, económico e internacional prestado por EUROPA PRESS NOTICIAS S.A. para el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y 15 Tribunales Superiores de Justicia, por un importe de CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (110.737,42-€), I.V.A. incluido, importe que conlleva la actualización del precio del contrato para la primera anualidad de la prórroga -1 de julio de 2012 a 30 de junio de 2013- con cargo a la aplicación presupuestaria 111M.227.99 del presupuesto de gastos del Consejo, y con la siguiente distribución por anualidades:

ANUALIDAD	IMPORTE SIN IVA	IVA	IMPORTE TOTAL
2012 (6 meses)	23.461,32	4.223,04	27.684,36
2013 (12 meses)	46.922,64	8.446,07	55.368,71
2014 (6 meses)	23.461,31	4.223,04	27.684,35
TOTAL	93.845,27	16.892,15	110.737,42

2.- Autorizar el gasto correspondiente a la prórroga, para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2012 y el 30 de junio de 2014, del contrato para la prestación del servicio de agencia de noticias de ámbito nacional prestado por AGENCIA EFE S.A. para el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia, por un importe deSETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y UN EURO CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (74.141,24-€), I.V.A. incluido, importe que conlleva la actualización del precio del contrato para la primera anualidad de la prórroga -1 de julio de 2012 a 30 de junio de 2013- con cargo a la aplicación presupuestaria 111M.227.99 del presupuesto de gastos del Consejo, y con la siguiente distribución por anualidades:

ANUALIDAD	IMPORTE SIN IVA	IVA	IMPORTE TOTAL
2012 (6 meses)	15.707,89	2.827,42	18.535,31
2013 (12 meses)	31.415,78	5.654,84	37.070,62
2014 (6 meses)	15.707,89	2.827,42	18.535,31
TOTAL	62.831,56	11.309,68	74.141,24

3.- Autorizar el gasto correspondiente a la prórroga, para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2012 y el 30 de junio de 2014, del contrato para la prestación del servicio de agencia de noticias de ámbito nacional e información de interés social prestado por SERVIMEDIA S.A. para el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia, por un importe de DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (10.379,83-€), I.V.A. incluido, importe que conlleva la actualización del precio del contrato para la primera anualidad de la prórroga -1 de julio de 2012 a 30 de junio de 2013- con cargo a la aplicación presupuestaria 111M.227.99 del presupuesto de gastos del Consejo, y con la siguiente distribución por anualidades:

ANUALIDAD	IMPORTE SIN IVA	IVA	IMPORTE TOTAL
2012 (6 meses)	2.199,12	395,84	2.594,96
2013 (12 meses)	4.398,24	791,68	5.189,92
2014 (6 meses)	2.199,11	395,84	2.594,95
TOTAL	8.796,46	1583,36	10.379,83

4.- Conforme a lo establecido en el apartado 24 de los pliegos de cláusulas administrativas que rigen estos contratos, dichos importes se actualizarán en la segunda anualidad de la prórroga del contrato, periodo del 1 de julio de 2013 al 30 de junio de 2014, mediante la aplicación del 85% del IPC correspondiente al mes de marzo de 2013.

I-45º.- Propuesta de los Vocales D. Pío Aguirre Zamorano y Dª. Almudena Lastra de Inés para que, si procede y visto el contenido de la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 2 de diciembre de 2011 dictada en el recurso de casación 2706/2008, se acuerde:

1º.- Encomendar a los Vocales D: Pío Aguirre Zamorano y Dª. Almudena Lastra de Inés la constitución de un grupo de trabajo en el seno de la Comisión de Seguimiento del Convenio, designándose un Vocal y un Letrado del Servicio de Estudios e Informes que se incorporen a los trabajos para la elaboración de un estudio que delimite las competencias del Consejo General del Poder Judicial y de la Agencia Española de Protección de Datos y aborde la revisión del Convenio para acomodarlo al nuevo escenario dibujado por la Sentencia y para atender la situación interina generada con los expedientes iniciados ya ante la AEPD.

2º.- Encomendar a la Comisión de Estudios e Informes que comience los trabajos de elaboración de una propuesta reglamentaria de modificación del Reglamento de Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales a fin de adecuarlo a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y su Reglamento de desarrollo y al nuevo modelo de Oficina Judicial.

I-46º.- Propuesta del Secretario General para, en ejecución de la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo dictada en el recurso contencioso-administrativo nº 791/2009, interpuesto por el Magistrado D. C. M. R.:

Cumplimentar la ejecución de lo dispuesto por el Tribunal Supremo en la Sentencia de fecha 6 de junio de 2011, por la que se estima el Recurso contencioso-administrativo Núm. 791/2009, seguido a instancia de D. C. M. R., contra el Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 20 de octubre de 2009, (dictado en el Expediente Gubernativo núm. 3/2009, sobre responsabilidad patrimonial), disponiendo el pago a favor de D. C. M. R., Magistrado del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Granada, de la suma de diez mil setecientos, cuarenta y un euros (10.741 euros) más sus intereses legales, correspondiente a los gastos acreditados, en concepto de alquiler del piso de Cartagena desde el día 6 de marzo de 2006 hasta el 10 de junio de 2007.

I-47º.- Propuesta del Secretario General para tomar conocimiento de la Sentencia de fecha 12 de marzo de 2012, dictada en el Recurso contencioso-administrativo 576/2011, seguido ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo contra el acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 30 de junio de 2011, por el que se convocan pruebas selectivas para el reconocimiento de la condición de especialista en el orden jurisdiccional penal, acusando recibo a la mencionada Sala, sin ninguna otra actividad de ejecución, dado el contenido desestimatorio del fallo.

I-48º.- Propuesta del Secretario General para decidir sobre la prórroga por un año, con efectos del día 6 de julio de 2012, del nombramiento de D. JOSÉ MIGUEL GARCÍA MORENO para continuar prestando sus servicios en el mismo puesto de trabajo que actualmente ocupa, de conformidad con lo establecido en el artículo 146.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, manteniendo la situación de servicios especiales que ya tiene declarada.

I-49º.- Propuesta del Secretario General para decidir sobre la prórroga por un año, con efectos del día 22 de julio de 2012, del nombramiento de Dª. GEMMA LIDIA ANDRÉS CARRAMIÑANA, para continuar prestando sus servicios en el mismo puesto de trabajo que actualmente ocupa, de conformidad con lo establecido en el artículo 146.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, manteniendo la situación de servicios especiales que ya tiene declarada.

I-50º.- Propuesta del Secretario General para decidir sobre la prórroga por un año, con efectos del día 17 de julio de 2012, del nombramiento de Dª. MONTSERRAT NAVARRO GARCÍA, para continuar prestando sus servicios en el mismo puesto de trabajo que actualmente ocupa, de conformidad con lo establecido en el artículo 146.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, manteniendo la situación de servicios especiales que ya tiene declarada.

I-51º.- Propuesta del Secretario General para decidir sobre la prórroga por un año, con efectos del día 17 de julio de 2012, del nombramiento de Dª. MARÍA JOSÉ LOURDES ESCOBAR BERNARDOS, para continuar prestando sus servicios en el mismo puesto de trabajo que actualmente ocupa, de conformidad con lo establecido en el artículo 146.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, manteniendo la situación de servicios especiales que ya tiene declarada.

I-52º.- Propuesta del Secretario General para decidir sobre la prórroga por un año, con efectos del día 6 de julio de 2012, del nombramiento de DOÑA MARÍA GEMA ROSADO IGLESIAS para continuar prestando sus servicios en el mismo puesto de trabajo que actualmente ocupa, de conformidad con lo establecido en el artículo 146.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, manteniendo la situación de servicios especiales que ya tiene declarada.

I-53º.- Propuesta del Secretario General para decidir sobre la prórroga por un año o hasta el 30 de junio de 2013, con efectos del día 7 de julio de 2012, del nombramiento de D. RAFAEL BUSTOS GISBERT, para continuar prestando sus servicios en el mismo puesto de trabajo que actualmente ocupa, de conformidad con lo establecido en el artículo 146.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, manteniendo la situación de servicios especiales que ya tiene declarada.

I-54º.- Propuesta del Secretario General para decidir sobre la prórroga por un año o hasta 30 de junio de 2013, con efectos del día 7 de julio de 2012, del nombramiento de Dª. MARÍA TERESA MARTÍN DE LA SIERRA GARCÍA FOGEDA, para continuar prestando sus servicios en el mismo puesto de trabajo que actualmente ocupa, de conformidad con lo establecido en el artículo 146.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, manteniendo la situación de servicios especiales que ya tiene declarada.

I-55º.- Propuesta del Secretario General para decidir sobre la prórroga por un año o hasta el 30 de junio de 2013, con efectos del día 7 de julio de 2012, del nombramiento de Dª. AMELIA MATEO MARCO, para continuar prestando sus servicios en el mismo puesto de trabajo que actualmente ocupa, de conformidad con lo establecido en el artículo 146.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, manteniendo la situación de servicios especiales que ya tiene declarada.

I-56º.- Propuesta del Secretario General para, si procede:

1.- Ratificar el acuerdo adoptado por la Comisión Permanente, por razones de urgencia, en sesión de 27 de marzo de 2012, en ejecución de la sentencia a la que se refiere la presente propuesta.

2.- Cumplimentar la ejecución de lo dispuesto por el Tribunal Supremo en Sentencia de fecha 26 de octubre de 2011, por la que condena al Consejo General del Poder Judicial al abono de la diferencia retributiva a que hace mención el Fundamento Jurídico octavo y a los gastos enumerados en el FJ décimo más los intereses especificados en el FJ undécimo, y a tal efecto en el Recurso contencioso-administrativo Num. 188/2009, seguido a instancia de D. G. R. P., contra el Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 29 de enero de 2009 (dictado en el Expediente Gubernativo núm. 3/2009, sobre responsabilidad patrimonial), disponiendo el pago a favor de D. G. R. P., Magistrado de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de la suma de veinticinco mil doscientos veintitrés con treinta seis céntimos de euros (25.223,36 euros).

I-57º.- Propuesta de los Vocales Delegados para el Centro de Documentación Judicial para, si procede:

1. Aprobar con efectos de uno de enero a 30 de noviembre de 2012 la remuneración de 600 euros mensuales por la colaboración de miembros del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo y de otros Magistrados, en las tareas de análisis jurídico de la Base de Datos de Jurisprudencia del CGPJ.

2. Aprobar el gasto máximo de 429.000 euros a que ascenderá el pago de retribuciones por esta colaboración para todo el año 2012 y que se aplicará al concepto 0801.111P.227.06 del vigente Presupuesto del Consejo.

I-58º.- Propuesta que formulan los/las Vocales D. Félix V. Azón Vilas, Dña. Inmaculada Montalbán Huertas y Dña. Margarita Robles Fernández solicitando que por el Presidente del Consejo General del Poder Judicial se den explicaciones públicas sobre los hechos que dieron lugar al Decreto de la Fiscalía General del Estado de 21 de mayo de 2012.

I-59-º.- Propuesta de los Vocales D. Manuel Almenar Belenguer, Dª. Gemma Gallego Sánchez, D. Miguel Collado Nuño, D. Antonio Monserrat Quintana y D. Pío Aguirre Zamorano para, si procede, encomendar a la Comisión Presupuestaria del Consejo General del Poder Judicial la elaboración de un Plan de Transparencia y Austeridad, que deberá presentarse para su aprobación en el próximo Pleno.

I-60º.- Propuesta del Vocal D. José Manuel Gómez Benítez solicitando expresamente al Presidente del Consejo General del Poder Judicial que comparezca ante los medios de comunicación para dar explicaciones sobre sus viajes a Marbella coincidiendo con fines de semana.

I-61º.- Propuesta del Vocal D. José Manuel Gómez Benítez solicitando dación de cuenta por el Presidente de la Comisión de Inspección sobre el número y contenido de las solicitudes de dimisión del Presidente, recibidas en el Servicio de Atención al Ciudadano desde el Pleno Extraordinario de 24 de mayo.

I-62º.- Propuesta de la Presidenta de la Comisión de Estudios e Informes, Dª Margarita Uría Etxebarría, solicitando la convocatoria de una plaza de Letrado en el Servicio de Estudios e Informes.

I-63º.- Propuesta del Vocal D. Félix Vicente Azón Vilas para, si procede, reiterar la decisión de impulsar la convocatoria de oposiciones y se acuerde, además de dar traslado de este acuerdo al Gobierno de la Nación y de realizar las gestiones pertinentes ante la Comisión de Selección del art. 305 de la LOPJ, se realicen las tareas de impulso político necesarias para que prospere esta propuesta.

Ruegos y preguntas.

Conclusiones del seminario sobre la mediación intrajudicial en la jurisdicción contenciosa-administrativa

2013-05-14 13:51:23.0

El Servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) organizó un seminario para abordar los distintos aspectos de la novedosa mediación intrajudicial en el ámbito contencioso-administrativa.

El seminario, celebrado en Madrid el 9 y 10 de mayo pasados, fue impulsado por los vocales de Mediación del Consejo y coordinado por Concepción García Vicario, presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y por Gerardo Carballo Martínez, asesor del Defensor del Pueblo.

A las jornadas asistieron 16 jueces y magistrados de esta jurisdicción, entre ellos los presidentes de las Salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Galicia, La Rioja, Comunidad Valenciana, Gran Canaria, País Vasco y Extremadura, así como magistrados titulares de juzgados de Palma, Madrid, Bilbao, Murcia y Valladolid, así como de los Juzgados Centrales de la Audiencia Nacional.

En el seminario participaron profesores de Derecho Administrativo de las universidades de Valencia y de León, un abogado del Estado y los directores de los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León y del ayuntamiento de Laredo.

Los asistentes redactaron al término unas conclusiones.

DESCARGAR las conclusiones finales.

CONCLUSIONES DEL SEMINARIO: “LA MEDIACIÓN EN LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA”

1.- Se entiende por mediación intrajudicial administrativa aquel medio de solución de litigios alternativo y complementario a la Administración de justicia, en el que dos o más partes legitimadas intentan voluntariamente, en el curso de un proceso contencioso-administrativo, alcanzar por sí mismas un acuerdo, sobre la base de una propuesta elaborada por un tercero mediador. Proceso y Mediación pueden coordinarse para la mejor gestión y resolución del conflicto.

2.- Es preciso hacer uso de la disponibilidad muy amplia que ofrece el artículo 77 de la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa. Sin embargo, también es necesario dotar a la mediación de un marco legal de referencia, en la medida en que se asiente en el derecho público como una institución propia y característica de las administraciones públicas y del poder judicial en los procesos contencioso-administrativos. La Mediación intrajudicial se presenta como un sistema de resolución de conflictos compatible con a la vía judicial.

3.- La jurisdicción contencioso-administrativa se puede nutrir de varios métodos para resolver conflictos como son la mediación, la conciliación o el arbitraje. Frente a estos dos últimos, la mediación ofrece mayor número de ventajas y beneficios para todas las partes intervinientes. Los profesionales que desempeñen el rol de juez, pueden servirse de las técnicas de la mediación para intentar resolver el conflicto, previo al proceso de mediación propiamente dicho.

4.- En el ámbito de la disponibilidad, la mediación no ofrece especiales dificultades para que pueda ser utilizada -con algunas limitaciones de orden legal- en las potestades regladas, discrecionales, en el ejercicio de las potestades autoorganizatorias de la administración y en la aplicación de los conceptos jurídicos indeterminados.La Mediación puede llevarse a cabo en cualquier fase procesal: en la vía de recurso o en fase de ejecución de sentencia.

5.- Por lo que respecta a las dificultades que en el orden competencial puedan presentarse para que el mediatario que represente a la Administración adopte acuerdos en la fase final de la mediación, debe equilibrarse el régimen de autorización en la toma de decisiones, moderando el rigor que establece la Ley General Presupuestaria para regular la transacción. En suma, se deben arbitrar mecanismos ágiles para la adopción de acuerdos administrativos que autoricen a los representantes legales de la administración para allanarse o transigir en sede judicial.

6.- La mediación administrativa y judicial contenciosa puede operar en un ámbito material de actuación derivado de las relaciones entre las administraciones y los ciudadanos, atendiendo a las reglas específicas de legalidad contractual, referidas a la validez de los acuerdos derivados de mediación que no vulneren o vayan en contra del ordenamiento jurídico, el interés público y el principio de buena administración.

7.- Todo procedimiento de mediación en el que intervenga la administración debe conjugar la voluntad de dar solución al conflicto planteado con el mandato constitucional, según el cual la actuación de ésta va dirigida a atender los intereses generales. Debe prestarse especial atención para que los mecanismos de solución alternativa de conflictos, tanto en sede administrativa, como -sobre todo- en la judicial, no puedan abrir la posibilidad al reconocimiento por esta vía de derechos o situaciones jurídicas individualizadas que supongan un trato más favorable o una preferencia respecto de estos.

8.- El término mediación administrativa se relaciona de forma natural con la misión que le corresponde realizar al Defensor del Pueblo y figuras similares en su tarea de supervisión de los derechos de los ciudadanos frente a la actuación de la administración. La intervención que, en algunos supuestos, realiza el Defensor del Pueblo a través del uso de criterios de justicia material, equidad y de oportunidad, es una referencia indicativa que puede orientar el funcionamiento de la mediación en la jurisdicción contencioso-administrativa.

9.- Para garantizar el éxito de la mediación contencioso-administrativa, se considera más apropiado que se lleve a cabo por un profesional debidamente cualificado e independiente al proceso judicial. Lo anterior no impide que el juez o magistrado pueda ejercer de mediador “informal” o conciliador en los términos expuestos en el artículo 77 LJCA, dado que es un medio eficaz para descargar la jurisdicción, no supone la paralización del procedimiento y es inocua desde el punto de vista de la independencia judicial, garantizando plenamente la libertad de las partes. En todo caso, resulta esencial la formación del mediador en técnicas de mediación para mejorar sus habilidades y capacidades mediadoras.

10.- El sistema de mediación externalizado en gabinetes de mediadores en la jurisdicción, se considera por algunos asistentes que no será eficaz dada la inexperiencia de los posibles mediadores y menor cualificación técnica de estos con respecto a los letrados de la administración al afirmarse que el mediador externo no aporta ningún elemento para el juicio de ponderación. Sin embargo, la experiencia adquirida por otros países de nuestro entorno, como Alemania o Reino Unido, refleja un resultado porcentual muy positivo de esta práctica, por lo que un análisis final sobre la efectividad de este sistema de mediación, debe atender a las pruebas “piloto” que se van a realizar, a partir del protocolo que se ha aprobado recientemente por una Comisión de expertos en el seno del Consejo General del Poder Judicial.

11.- En la mediación en lo Contencioso-administrativo no cabe olvidar el papel constitucional que corresponde a la Administración Pública, cuya potestad queda sometida a revisión de sus actos, pero no a la sustitución por los Tribunales o por las partes (art 106 CE). La posibilidad de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la controversia, no debe suponer un coste añadido a los ya existentes, como tampoco puede suponer que la Administración de Justicia tenga que asumir este coste superior.

12.- La mediación administrativa y judicial contenciosa, como institución que promueve el diálogo civilizado, triangular y directo entre los ciudadanos y la Administración para la resolución de sus controversias jurídicas, debe servir para introducir en las prácticas de las Administraciones Públicas los paradigmas de racionalidad, objetividad, transparencia, motivación y eficiencia, que configuran el deber de buena Administración, reconocido como derecho fundamental en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, orientando en este sentido las decisiones de los Tribunales contencioso-administrativos.

El Consejo General del Poder Judicial y la Fundación Agbar acuerdan crear un foro estable sobre Derecho de Aguas

2011-12-20 00:00:00.0

El Consejo General del Poder Judicial y la Fundación Agbar han acordado impulsar un foro estable sobre Derecho de Aguas como marco de reflexión multidisciplinar orientado a ampliar el conocimiento en materia medioambiental y contribuir al desarrollo de la doctrina jurídica en un tema que afecta a todos los ámbitos de la vida personal y social.

Es la primera iniciativa de este tipo en Europa y busca avanzar en la unificación de criterios sobre una realidad normativa diversa que va desde el ámbito local hasta el comunitario, para un mejor servicio a la sociedad en el ejercicio del derecho al agua.

Los consejeros Ramón Camp y Félix Azón, en nombre del CGPJ, y Ángel Simón y Ciril Rozman, en representación de la Fundación Agbar, han suscrito esta mañana, en la sede del Consejo, un convenio por el que acuerdan “la realización de actividades conjuntas en materia de formación, con la finalidad de ampliar conocimientos en materias medioambientales, con miras a la creación de un foro permanente sobre Derecho de Aguas”.

El CGPJ posee la competencia exclusiva en materia de formación continua de los integrantes de la carrera judicial; por su parte, la Fundación Agbar tiene como objetivo, entre otros aspectos, la promoción de acciones sobre sostenibilidad, protección del medio ambiente, igualdad social y crecimiento económico para la mejora de la calidad de vida de las personas. Con este acuerdo, el primero ampliará su función formativa para una mejor interpretación y administración de los derechos y deberes, tanto de ciudadanos como de empresas. Para contribuir este objetivo, la Fundación Agbar pone su conocimiento y experiencia a disposición del Consejo.

El acuerdo adoptado no tiene precedentes en el entorno comunitario europeo y permitirá contribuir a una reflexión jurídica compartida sobre el ejercicio de un derecho como es el acceso al agua y servicios de saneamiento. Aunque este derecho ha sido declarado universal por las Naciones Unidas, dista de estar universalizado. Es por eso que ambas partes coinciden en que la universalización del servicio y el desarrollo jurídico y normativo del derecho de aguas han de avanzar en paralelo.

Los Juzgados de Violencia sobre la mujer han instruido casi 1 millón de delitos desde su creación, en 2005

2012-11-21 08:28:10.0

El Observatorio informa

Balance de siete años de la creación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer

Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, desde su creación en 2005, han instruido un total de 963.471 delitos, han enjuiciado 71.142 faltas y han dictado un total de 137.408 sentencias relacionadas con la violencia de género. Así se desprende del balance elaborado por el Observatorio respecto a los siete años transcurridos desde la puesta en marcha de estos juzgados especializados.

Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer entraron en funcionamiento el 29 de junio de 2005, en cumplimiento de lo establecido por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer son juzgados del orden penal encargados de la instrucción de los delitos relacionados con la violencia de género. Además, enjuician y sentencian las denuncias por faltas y, por último, dictan sentencia condenatoria por los delitos que se tramitan por juicio rápido cuando existe conformidad entre las partes.

Así, desde el año 2005 han dictado108.123 sentencias condenatorias (78,7% del total de sentencias) por delitos y faltas relacionados con violencia de género. Así se desprende del balance elaborado por el Observatorio de los siete años transcurridos desde la creación de estos juzgados especializados.

Los delitos instruidos donde no haya conformidad y los más graves son enjuiciados después por los Juzgados de lo Penal (para penas inferiores a cinco años de prisión) o por las Audiencias Provinciales (cuando la pena supere los cinco años de cárcel).

En estos momentos existen 106 Juzgados de Violencia sobre la Mujer exclusivos en toda España, cuando en 2005 se inició esta especialización con 17 juzgados. Además, existen 355 juzgados compatibles. Los/las titulares de estos juzgados reciben formación especializada, al igual que los/las de los Juzgados Penales y de las secciones de las Audiencias Provinciales.

El balance de aplicación de la Ley Integral en el ámbito judicial ha sido presentado hoy por Inmaculada Montalbán, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que celebra cada 25 de noviembre Naciones Unidas.

“España está considerado un país pionero en la lucha contra la violencia de género”, ha destacado Montalbán en rueda de prensa. La justicia especializada en violencia contra la mujer ha convertido a nuestro país en referente internacional, como así lo ha reconocido el Parlamento Europeo y el Manual de Legislación de Violencia sobre la Mujer elaborado en 2010 por Naciones Unidas.

Lesiones, malos tratos y vejaciones

En estos siete años transcurridos, desde junio de 2005 hasta junio de 2012, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer han instruido un total de 963.471 delitos.

Es de destacar que de ese total, la mayoría fueron delitos por lesiones y malos tratos, con 656.212 casos.

De ellos, las lesiones relacionadas con el artículo 153 del Código Penal –que condena el menoscabo psíquico o una lesión no definida como delito, o bien golpear o maltratar sin causar lesión- ascendieron a 520.839 casos. Desde 2005 han aumentado un 102%.

Las lesiones reguladas en el artículo 173.2 del Código Penal –ejercer habitualmente violencia física o psíquica- alcanzaron un total de 101.900 casos, con un incremento del 140% desde 2005.

Los delitos regulados en el artículo 148 y sucesivos del Código Penal – los casos de lesiones y malos tratos más graves- ascendieron a 33.473, con un aumento del 18% sobre el año 2005.

Por otro lado, en el mismo periodo los Juzgados de Violencia sobre la Mujer han enjuiciado un total de 71.142 faltas. De ellas, 26.100 casos fueron vejaciones injustas, un 45% de las faltas. Las vejaciones injustas han aumentado un 121% desde 2005.

Medidas penales y civiles

Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer adoptaron desde 2005 605.966 medidas penales de protección. De ellas, se dictaron 236.686 órdenes de alejamiento; 199.413 prohibiciones de comunicación con la/s víctima; 44.330 prohibiciones de volver al lugar del delito; 42.315 suspensiones de tenencia o uso de armas; 39.885 órdenes de salida del domicilio y 19.066 medidas privativas de libertad.

Además, estos juzgados acordaron 141.465 medidas civiles cautelares mientras se tramitaba la causa. De ellas, 134. 834 medidas civiles se acordaron en la orden de protección, las cuales tienen una vigencia de 30 días hasta la interposición de la demanda civil, prorrogables una vez interpuesta.

Del total de medidas civiles, destaca la prestación de alimentos (46.775 medidas); la atribución de vivienda (41.961); la suspensión de la guarda y custodia cuando hay una resolución previa civil sobre los hijos comunes menores (14.496); la suspensión del régimen de visitas por el mismo motivo que el anterior (6.932); la suspensión de la patria potestad (709) o la derivación a los servicios de protección del menor (1.382).

Menores enjuiciados

El número de menores acusados por delitos y faltas relacionados con la violencia de género alcanza la cifra de 778 desde el año 2007, el primero de la estadística. De ellos, sobre 716 menores se impusieron medidas, que pueden ir desde la imposición de medidas educativas hasta el internamiento.

Los menores enjuiciados por violencia de género desde 2007 han aumentado un 23,7% desde 2007.

360 denuncias diarias desde 2007

Por otro lado, en el primer semestre de 2007 se comenzó a recoger la estadística relacionada con las denuncias y renuncias. En los cinco años transcurridos, los juzgados españoles registraron un total de 735.730 denuncias. Supone una media de 360 denuncias diarias. El número de denuncias presentadas en los juzgados ha aumentado un 4,3% desde entonces.

En 84.935 casos, las mujeres renunciaron a continuar con el proceso judicial. En porcentaje, implica una media del 11,5% respecto del total de denuncias.

Si, nuevamente, se estudia la evolución desde el año 2007, se detecta que el número de renuncias ha aumentado un 29%, en especial a partir del año 2009.

Madrid a 21 de noviembre de 2012

NOTA ACLARATORIA:

El número total de denuncias interpuestas no coincide necesariamente con el número de mujeres que denuncian, toda vez que una misma mujer puede haber denunciado varias veces distintos hechos y con independencia de que los procesos se puedan acumular posteriormente.

Esta nota de prensa se acompaña de los datos estadísticos sobre la aplicación de la Ley 1/2004, disponibles además en la página del Observatorio en: http://www.observatoriocontralaviolenciadomesticaydegenero.es

Institucional Nombramientos Pleno septiembre

2011-09-28 00:00:00.0

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su sesión del miércoles 28 de septiembre, efectuó los siguientes nombramientos:

Presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (sede de Sevilla): Antonio Reinoso Reino, quien ha sido ratificado en el cargo con 12 votos.
Magistrada de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, por el turno de juristas de reconocido prestigio: María Pía Calderón Cuadrado, quien ha obtenido 19 votos.
Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante: Vicente Magro Servet, quien ha sido reelegido para el citado cargo al obtener 18 votos.
Presidente de la Audiencia Provincial de la Coruña: José Luís Seoane Spiegelberg, quien ha sido reelegido para el citado cargo al obtener 15 votos.
Presidente de la Audiencia Provincial de Málaga: Antonio Alcalá Navarro, quien ha obtenido 11 votos.
Presidente de la Audiencia Provincial de Soria: Rafael María Carnicero Giménez de Azcárate, quien ha obtenido 15 votos.

Estadística de Violencia de Género: Casi 340 denuncias diarias y 13.138 sentencias dictadas en España en el primer trimestre de 2012

2012-07-09 16:29:30.0

El Observatorio informa

En el primer trimestre de 2012 se registraron 30.895 denuncias. Suponen 339 denuncias diarias
Bajan un 2,7% respecto al último trimestre de 2011
Más del 26% de los asuntos ya se resuelven por juicio rápido

El número de denuncias de violencia de género registradas en el primer trimestre de 2012 alcanzó los 30.895 casos, según la estadística difundida hoy por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género con sede en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Esta cifra supone un descenso de un 2.7 % respecto del último trimestre de 2011. De media, el número de denuncias que se interpusieron en los juzgados de España alcanzan las 339 denuncias diarias.

El estudio está basado en los datos obtenidos de los 106 Juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer (JVM) existentes en toda España así como en los 355 juzgados con competencias compartidas.

El 73,23 % de las denuncias fueron presentadas por las propias víctimas, frente al 11,75% derivado de partes de lesiones y el 12,21 % como resultado de la intervención policial directa. Sólo en el 1,29 % de los casos los familiares presentaron denuncia, mientras que las denuncias fruto de los servicios asistenciales fueron el 1,51%.

En casi seis de cada diez casos (55%) la relación de pareja se mantenía en el momento de interponerse la denuncia, mientras que en los otros cuatro casos (45%) la relación afectiva se había extinguido.

Las cifras de renuncias a la continuación del proceso en fase de instrucción (3.711) bajaron un 2,7% respecto del trimestre anterior (3.813), si bien el porcentaje de ratio entre renuncias y renuncias se mantuvo idéntico respecto del trimestre anterior (12 renuncias de cada 100 denuncias).

El 36% de las denuncias fueron interpuestas por mujeres víctimas extranjeras (11.123 mujeres extranjeras). De ellas, un total de 1.460 renunció a continuar con el procedimiento judicial (un 39% de las renuncias registradas en el primer trimestre de 2012).

Medidas cautelares

Entre enero y marzo de 2012 se solicitaron 8.343 órdenes de protección en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, que fueron adoptadas 5232, es decir un 63 % de los casos.

Además, en el primer trimestre de 2012 se adoptaron 16.766 medidas penales derivadas de las órdenes de protección, como son la orden de alejamiento y prohibición de comunicación acordadas ambas en un 81% de las órdenes.

Al mismo tiempo se dictaron 3.984 medidas civiles cautelares mientras se resolvía el proceso penal, por lo que se mantiene la baja proporción de medidas cautelares civiles respecto de las penales.

De éstas, un 24,7% acordaron la prestación de alimentos, un 20,7% se pronunciaron sobre la atribución de vivienda, en otro 7,8% se acordó la suspensión de la guarda y custodia de los hijos, un 2,9 % la suspensión del régimen de visitas y un 0,5% la suspensión de la patria potestad. Respecto al pasado año han aumentado ligeramente las medidas acordadas respecto a la suspensión de la guarda y custodia y la suspensión de la patria potestad.

Juicios Rápidos

De los 30.895 asuntos ingresados, se resolvieron por juicio rápido celebrados, bien ante los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, bien ante los Juzgados de lo Penal, un total de 8215 asuntos, que suponen un 26,59 % de los asuntos ingresados.

13.138 sentencias dictadas en España

En todos los órganos competentes en el ámbito de la violencia de género (Juzgados de Violencia sobre la Mujer, Juzgados de lo Penal y Audiencias Provinciales) se dictaron 13.138 sentencias penales. De ellas, el 57,76 % fueron condenatorias (7.588) y el 42,24% absolutorias (5.550).

Juzgados de Violencia sobre la Mujer

Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer dictaron en el primer trimestre de 2012 un total de 4.453 sentencias, de las que el 72,65% resultaron condenatorias y el 27,35 % absolutorias.

El perfil de los delitos instruidos por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer permanece estable. El mayoritario fue el de lesiones (76,4 % de los casos, con un total de 25.299 asuntos), seguido por los delitos contra la libertad, como coacciones y amenazas (8,7 % (2.885 asuntos); quebrantamientos de medidas y penas –prohibición de aproximarse a la víctima-, que supusieron el 6,2 % ( 2.034 casos); delitos contra la integridad moral, con el 2,3% (750 asuntos); delitos contra los derechos y los deberes familiares (un 0,7%, 245 asuntos); delitos contra la libertad e indemnidad sexual (otro 1 %, 344 casos), y 13 casos de delitos de homicidio/asesinato.

Se han investigado un total de 1312 delitos de lesiones que requieren para su curación tratamiento médico y/o quirúrgico y se castigan con pena de cárcel de 2 a 5 años, y 4.100 delitos de lesiones o malos tratos habituales. Los delitos de lesiones del art. 153, los que no requieren tratamiento médico y/o quirúrgico para la curación, son los que se denuncian en mayor proporción (60%, con 19.887 casos).

Estos juzgados tramitan además demandas civiles derivadas de las denuncias presentadas por las mujeres victimas de malos tratos. En el ámbito civil, ingresaron 5.484 asuntos manteniendo la baja proporción de asuntos civiles ingresados respecto a las denuncias penales presentadas (30.895).

Juzgados de lo Penal

Los Juzgados de lo Penal enjuician los delitos castigados con penas de hasta cinco años de cárcel. En esta instancia se dictaron 8.575 sentencias sobre violencia de género. En el 49,82% fueron condenatorias (4.272) y el 50,18% resultaron absolutorias (4.303); es una tendencia que se mantiene estable.

Audiencias Provinciales

En las Audiencias Provinciales, cuyas secciones especializadas en Violencia sobre la Mujer enjuician los delitos más graves -con pena privativa de libertad superior a cinco años-, se dictaron 110 sentencias. De ellas, el 73,64 % fueron condenatorias (81 sentencias) y el 26,36% absolutoria (29 sentencias).

Valoración de Inmaculada Montalbán, presidenta del Observatorio contra la Violencia Domestica y de Género:

La presidenta del Observatorio contra la violencia Doméstica y de Género resalta que aún existe “una bolsa oculta de maltrato que no aflora, por ello es imprescindible desvincular de las ayudas sociales la necesidad de interponer denuncia para acceder a los derechos de la Ley integral de carácter asistencial y económico, bastando con un informe de servicios sociales, instituto de la mujer, psiquiatra o psicólogo o informe de fiscalía, que refleje la situación de maltrato a la que está sometida la víctima, como ya se recoge en algunas leyes autonómicas”.

Inmaculada Montalbán considera “indudable el esfuerzo y trabajo que los jueces y juezas de Violencia sobre la Mujer vienen realizando diariamente considerando la sobrecarga de trabajo que día a día afrontan, particularmente en los Juzgados compatibles y en los Juzgados de lo Penal que juzgan estas causas, por ello es vital crear nuevos órganos judiciales, sobre todo en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Málaga, entre otras, y con el nombramiento de nuevos jueces será posible completar la especialización de los Juzgados con competencias en Violencia sobre la Mujer pues se ha demostrado que la misma está dando buenos resultados según se desprende de los datos estadísticos y se cumple así con las recomendaciones del Parlamento Europeo”.

Madrid a 9 de julio de 2012

NOTA:

La Tercera Ronda de Talleres de la XVI Cumbre Judicial Iberoamericana llega a su fin

2011-11-17 00:00:00.0

La XVI Cumbre Judicial Iberoamericana, que se celebrará en Buenos Aires el próximo mes de abril, quedó encauzada tras la clausura de la Tercera Ronda de Talleres, celebrada en Cádiz durante los tres últimos días y que ha reunido a 62 personas, representantes de 23 poderes judiciales de habla hispana y portuguesa que componen dicha organización en la que España ostenta la Secretaría Permanente y Argentina la Secretaría Pro Tempore.

Los participantes en estos talleres, especialistas en los campos correspondientes, trabajaron en común y debatieron sobre los ocho ejes temáticos que vertebrarán la próxima cita, en la capital bonaerense:Modernización de la capacitación judicial: diagnóstico y plan de acción, Plan Iberoamericano de Estadística Judicial, Portal Iberoamericano del Conocimiento Jurídico, Calidad en la Justicia, Transparencia, Rendición de Cuentas e Integridad de los Sistemas de Justicia Iberoamericanos, Participación, información, transparencia y acceso a la Justicia en materia ambiental, Brecha tecnológica en la Justicia y Creación de una plataforma integrada de servicios de atención a la víctima. Todo ello coordinado por la Comisión de Seguimiento de Cumbre Judicial Iberoamericana.

"Cumbre es una magnífica herramienta de conocimiento mutuo y de colaboración entre los poderes judiciales iberoamericanos de habla española y portuguesa; un punto de encuentro, de intercambio y de conocimiento mutuo. Quizá uno de los mejores instrumentos para la perfección del servicio público de la Justicia. Cuando personas tan cualificadas, porque los que toman parte en cumbre, son, sin duda, los mejores se reúnen para trabajar en común las consecuencias no pueden ser más positivas", declaró al final de la Tercera Ronda de Talleres Miguel Carmona, vocal del Consejo General del Poder Judicial y representante de la Secretaría Permanente de Cumbre.

Alejandro Nobili, de la Secretaría Pro Tempore, recalcó el gran éxito que supone la propia existencia de Cumbre Judicial Iberoamericana. "El juez no puede ser una isla en sí mismo, tiene que comunicarse, tiene que hacer las cosas mejor, tiene que servir a la ciudadanía de la forma más eficaz y Cumbre nos permite explorar caminos que, por fuerza, tenemos que recorrer. En este sentido, el encuentro de trabajo de Cádiz nos llena de felicidad por la alta calidad de los resultados obtenidos, que se tratarán en Buenos Aires".

Foto: Los participantes en la Tercera Ronda de Talleres de la XVI Cumbre Judicial Iberoamericana en la foto de familia tomada al final de los trabajos en el Palacio de Congresos de Cádiz.

Las XII Jornadas del Bidasoa se celebraron en Zaragoza con la participación de un centenar de jueces y fiscales franceses y españoles

2013-04-16 11:57:14.0

Un centenar de jueces y fiscales participaron entre el 18 y 19 de abril en Zaragoza en las XII Jornadas del Bidasoa para debatir, entre otros temas, sobre los aspectos jurídicos de la custodia compartida y la muerte digna.

Los juristas ejercen en tribunales que abarcan los territorios de los Tribunales Superiores de Justicia del País Vasco, Aragón, Navarra y La Rioja, así como de las Cour d’appel de Agen, Bourdeaux, Pau y Toulouse.

Estos encuentros, bianuales sirven para abordar asuntos de interés común y que afectan a las poblaciones de ambas orillas del río fronterizo.

Las XII Jornadas Jurídicas del Bidasoa/ Journées de la Bidassoa son el reflejo del esfuerzo de colaboración entre las jurisdicciones francesas y españolas con el objetivo demejorar las relaciones entre los tribunales y agilizar el funcionamiento de las respectivas administraciones de justicia.

Esta edición ha sido organizada conjuntamente por el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Las sesiones de trabajo se celebaron en el Colegio de Abogados de Zaragoza durante los días 18 y 19 de abril. Al acto de inauguración asistió el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, el vocal del Consejo General del Poder Judicial, Felix Azón y la Directora General de Justicia, Tomasa Hernández.

En las ponencias participaron relevantes juristas franceses y españoles como Frank Lafossas, Hervé Grange, Javier Forcada, Fidel Cadena Serrano, Ignacio Martinéz Lasierra, Jean-François Bougon, Francisco Goyena, o Corinne Panetta.

Desde hace veinticuatro años en cada uno de los encuentros celebrados, los temas jurídicos se abordan desde una perspectiva transfronteriza, con la voluntad de poner en común conocimientos y experiencias a ambos lados de los Pirineos que contribuyan a dar soluciones a la realidad social.

Acceso al programa.

Informe del CGPJ al Anteproyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado

2013-04-17 16:27:57.0

Ya está disponible el informe íntegro del Consejo General del Poder Judicial al Anteproyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado y que fue aprobado por el Pleno en su sesión del 11 de marzo.

Dentro del apartado correspondiente a la “consideraciones generales” el informe recoge las pautas doctrinales asentadas por el Tribunal Constitucional en esa materia, en virtud de las cuales la unidad de mercado que preconiza el artículo 139.2 de la Constitución es perfectamente compatible con el principio de diversidad jurídica, que es consecuencia del modelo territorial diseñado por la Constitución. Por ello, el establecimiento de un régimen jurídico diferenciado para un determinado territorio estará justificado siempre que no exceda del ámbito competencial propio, resulte adecuado y proporcional a la finalidad legítima perseguida y, en todo caso, quede salvaguardada la igualdad básica de todos los ciudadanos.

Conforme a las anteriores premisas, el informe pone de relieve que ciertos aspectos regulados por el Anteproyecto, tales como el principio de eficacia general en todo el territorio nacional ( artículos 19 y 20), la regulación de las actuaciones que limitan la libertad de establecimiento y libertad de circulación (principalmente los apartados b, c y f del artículo 18.2) y el tratamiento que se dispensa a la supervisión de los operadores económicos (artículo 21), confiere, en términos generales, un posición manifiestamente prevalente a la normativa del lugar de origen, es decir del territorio donde el operador económico se haya establecido, pues salvo excepciones, basta con el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicho lugar para que el ejercicio de una actividad económica pueda llevarse a cabo en otros ámbitos territoriales distintos del lugar de origen.

Tal medida redunda en detrimento de la aplicación de la normativa propia del lugar donde concretamente se pretenda desarrollar una determinada actividad económica (lugar de destino), lo que dificulta y entorpece la operatividad del principio de diversidad jurídica a que anteriormente se ha hecho mención.

En lo relativo a las modificaciones de naturaleza procesal, aspecto este que justifica la elaboración del informe por parte del Consejo General del Poder Judicial, las observaciones se centran en la atribución a la Sala de lo Contencioso- administrativo de la Audiencia Nacional del conocimiento de los recursos contencioso-administrativo que se interpongan por la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC), lo que implica que el fuero competencial se determine principalmente en función del órgano recurrente, y no por razón de la materia o de la identidad órgano cuya actuación se impugna.

Asimismo se cuestiona el hecho de que una vez el recurso Contencioso- administrativo interpuesto por la CNMC en interés del operador económico haya sido resuelto por sentencia, no obstante este último pueda interponer recurso Contencioso-administrativo ordinario, pues tal medida retrasa la eficacia de la cosa juzgada, favorece una mayor litigiosidad y puede propiciar una mayor disparidad de criterios judiciales.

En el informe se critica abiertamente el régimen de suspensión que se establece cuando el recurrente sea la CNMC, pues basta con que dicho organismo solicite la suspensión del acto o disposición impugnada, para que el tribunal la acuerde de manera automática. Ello implica una alteración radical del régimen jurídico previsto en los artículo 129 y 130 de la LJCA, en cuya virtud el recurrente debe acreditar que la suspensión es necesaria para asegurar la efectividad de la futura sentencia y, además, que el recurso no pierda su finalidad legítima.

Enlace al informe.

Acta y conclusiones de la Jornada de Jueces y Magistrados sobre sobre cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios tras las jurisprudencia del TJUE

2013-05-23 15:40:40.0

Más de 20 magistrados de órganos judiciales de todos los Tribunales Superiores de Justicia y los miembros de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo se reunieron el 8 de mayo en un curso organizado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para debatir sobre las repercusiones de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en materia de cláusulas abusivas en los procedimientos de ejecución hipotecaria, con especial referencia al régimen transitorio.

Los magistrados de Mercantil, Primera Instancia y secciones especializadas de Audiencias Provinciales provenían de órganos judiciales de toda España.

Reunidos con los miembros de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, analizaron la doctrina del TJUE en esta materia, que es de obligado cumplimiento para todos los países miembros.

Los mediadores de los debates fueron los vocales Manuel Almenar y Ramón Camp. Acudieron todos los miembros de la Sala de lo Civil del Supremo y su presidente, Juan Antonio Xiol, director a su vez del curso.

El curso fue inaugurado y clausurado por el vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa.

Acceso al acta íntegra de la Jornada, junto con las conclusiones definitivas.

El CGPJ se dirigirá a las Cortes Generales para manifestar la conveniencia de ser consultado en las reformas que afecten al estatuto judicial

2011-10-25 00:00:00.0

Texto íntegro del acuerdo adoptado por unanimidad por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su sesión del 24 de octubre:

"El Pleno del CGPJ, en su reunión del día de hoy, tras conocer el alcance de la Ley Orgánica 12/2011, de 22 de septiembre, de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), ha acordado dirigirse a los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado para que, desde el reconocimiento a la preeminencia política de las Cortes Generales así como el más estricto respeto a sus competencias, y como consecuencia de no haber sido consultado en materia tan nuclear que concierne al estatuto orgánico de los Jueces y Magistrados que no venía incluida en el anteproyecto inicial, manifestarles la conveniencia de que, ante cualquier modificación legislativa -aunque ésta sea por vía de enmienda- que afecta a las materias incluidas en el artículo 108.1 de LOPJ, aquella pueda ser consultada al Consejo General del Poder Judicial en su condición de órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial".

Análisis de la Ley de Igualdad a través de 7.000 sentencias

2012-03-14 17:48:34.0

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

“ESTUDIO SOBRE LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 3/2007, DE 22 DE MARZO, PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES”

La Comisión de Igualdad de Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha presentado hoy el libro sobre el estudio de la aplicación de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, publicado por el Centre d´Estudis Juridics i Formació Especialitzada de la Generalitat de Catalunya y el CGPJ.

El libro es fruto del trabajo de tres equipos formados por la Universidad de Granada, el Institut Interuniversitari d´Estudis de Dones y Genere, y Women´s Link Worldwide. Los tres equipos han analizado 7.476 sentencias, dictadas en todos los ámbitos contencioso administrativo, social y europeo (Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Tribunal de Justicia de la Unión Europea) entre los años 2008 y 2009 y que han sido aportadas por el CGPJ a través de su Centro de Documentación Judicial.

La presentación ha corrido a cargo de Inmaculada Montalbán, presidenta de la Comisión de Igualdad, y de Mª del Carme Virgili i Vilanova, Secretaria de Relaciones con la Administración de Justicia de la Generalitat de Catalunya.

La Mesa redonda ha sido coordinada por Gemma Gallego, vocal del CGPJ y de la Comisión de Igualdad, y ha contado con la presencia de autoras del estudio: Ana Rubio, profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada y Paloma Soria, abogada de Women's Link World Wide. En la mesa también ha participado Celsa Pico, Magistrada del Tribunal Supremo.

7.476 sentencias analizadas

Las sentencias abarcan desde los informes del impacto de género, la igualdad efectiva, la discriminación y la participación equilibrada, a la educación para la ciudadanía, en los contenidos relativos al género y la igualdad, el acoso, el despido por maternidad, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la promoción profesional.

El estudio presentado demuestra la importancia de los informes de impacto de género para hacer visible cómo las normas legales afectan de modo diferenciado a hombres y mujeres y su posterior aplicación por los Juzgados y Tribunales. En este ámbito fueron analizadas 315 sentencias.

Respecto a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, los especialistas estudiaron 5.355 sentencias. De estas resoluciones, un total de 544 se centran en el despido por maternidad o embarazo en las que los Juzgados y Tribunales aplican de modo correcto la Ley de Igualdad, siendo su respuesta favorable a los derechos de las mujeres trabajadoras.

Además, se registraron 704 sentencias relativas a la reducción de jornada laboral y excedencia por cuidado de hijos/hijas y familiares. La mayor parte de las demandantes de estos derechos son mujeres, al igual que ocurre en las sentencias analizadas por permisos maternidad/paternidad.

Del total de las sentencias, hubo 816 relacionadas con la asignatura Educación para la Ciudadanía. Las sentencias del Tribunal Supremo en su doctrina mayoritaria fallan a favor de la asignatura de Educación para la Ciudadanía en sus vertientes de género e igualdad. El estudio destaca que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostiene una interpretación restrictiva del derecho de los padres a la objeción de conciencia.

En el ámbito del acoso sexual se analizaron 132 sentencias. La mayoría de las demandantes son mujeres. Esta figura consiste en la discriminación acompañada de un comportamiento de carácter sexual con intención o efecto de atentar contra la dignidad de una persona.

Respecto al acoso por razón de sexo, es decir la discriminación hacia el hombre o la mujer por el hecho de serlo creando un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo, el estudio detectó 25 sentencias. Los demandantes son mayoritariamente hombres que recurren frente a sus despidos.

Este estudio es fruto del compromiso del CGPJ y de su Comisión de Igualdad en la aplicación, por parte de los Juzgados y Tribunales, de la ley de Igualdad, como una norma transversal.

Las autoras:

Ana Rubio Castro. Es profesora titular de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Granada Es investigadora en temas relacionados con la igualdad, el derecho de familia y la violencia contra las mujeres. Ha publicado numerosos libros, estudios y artículos sobre género, igualdad, familia, feminismo, derechos humanos y violencia sobre las mujeres entre otros temas.

Encarna Bodelón González. Profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona, en el departamento de Ciencia Política y Derecho Público (área de Filosofía del Derecho). Ha sido directora y coordinadora en varios grupos de investigación y pertenece a la asociación de Dones Juristes y al Instituto Interuniversitario de Estudios de Mujeres, Género y Ciudadanía de Cataluña. Ha publicado libros, estudios y artículos relacionados con el género en los tribunales de justicia, el género y el Derecho, derechos de las mujeres, igualdad y violencia de género entre otros temas.

Paloma Soria Montáñez. Abogada de Women's Link World Wide desde 2006. Titulada en Derecho por la Universidad de Málaga y Máster en Acción Solidaria Internacional de Europa en la Universidad Carlos III de Madrid, España. En Women’s Link Worldwide está a cargo de las líneas de trabajo centradas en: Trata de Seres Humanos, Derechos de las Mujeres Migrantes, Crímenes de Género Internacionales y Discriminación Interseccional. Ha sido abogada visitante en la organización no gubernamental Center for Justice and Accountability de San Francisco. Autora de diversos artículos en esta materia, ha impartido seminarios y conferencias sobre justicia y género.

Madrid, 14 de marzo de 2012

José Ramón Navarro Miranda, nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias

2013-04-11 12:11:19.0

El Consejo General del Poder Judicial, en su sesión plenaria de hoy, ha procedido a efectuar los siguientes nombramientos:

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS: José Ramón Navarro Miranda, en la actualidad presidente de la Audiencia Provincial de Tenerife, quien ha obtenido 15 votos frente a los 6 votos obtenidos por el magistrado Humberto Guadalupe Hernández.

PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA AUDIENCIA NACIONAL: Eduardo Ortega Martín, en la actualidad magistrado de la citada Sala, quien ha obtenido 14 votos. El magistrado Eduardo Menéndez Rexach ha obtenido 6 votos y el magistrado Ángel Arozamena Laso, un voto.

PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS (sede de Tenerife): Pedro Manuel Hernández Cordobés, en la actualidad magistrado de la misma Sala, quien ha obtenido 20 votos y se ha producido un voto en blanco.

MAGISTRADA DE LA SALA CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID: DSusana Polo García, en la actualidad magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid, quien ha obtenido 11 votos. 4 votos han obtenido la magistrada Rocío Pérez-Puig González y el magistrado Juan Ángel Moreno García, y 1 voto el magistrado Jesús Fernández Entralgo.

PRESIDENTE DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE SEVILLA: Manuel Damián Álvarez García, quien ha sido reelegido para el cargo por unanimidad.

Madrid, 11 de abril de 2013.

La Escuela Judicial participó en la final de la competición entre escuelas judiciales europeas

2012-11-22 10:23:31.0

La Escuela Judicial del CGPJ se clasificó, por primera vez, para la final de la competición Themis que la Red Europea de Formación Judicial organiza sobre temas de Derecho europeo.

El Concurso Themis de la Red Europea de Formación Profesional es una prestigiosa competición en la que concurren escuelas de toda Europa. En esta edición, la séptima, han participado 32 equipos de jueces en prácticas de 17 Estados miembros de la Unión Europea.

En la final, celebrada en París, participaron ocho equipos de escuelas europeas. El equipo de la Escuela Judicial española estaba formado por los jueces en prácticas María Ortega Benito, Nuria Martinez Barona y Gustavo Martín Martín junto a la formadora, la letrada de Relaciones externas e institucionales Cristina González Beilfuss, catedrática de Derecho internacional Privado.

El tema de la Final fue la Cooperación Judicial en materia Penal. El equipo de la Escuela preparó un informe sobre la ejecución de una orden de detención europea relacionada con la comisión de un delito sexual y debatió otro tema de cooperación penal con un equipo de la ENM (Escuela francesa).

El jurado otorgó el primer premio de la final al equipo de Rumania y el segundo y tercer premio a dos equipos de Francia. En la categoría de cooperación civil la Escuela Judicial obtuvo un galardón como ganador en la semifinal.

Declaraciones del ministro de Justicia, del presidente del Consejo General de la Abogacía Española y del decano de los abogados de Madrid (ICAM)

2012-02-10 14:45:19.0

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, expresa su más absoluto respeto a la declaración institucional de Carlos Dívar y rechaza las descalificaciones y ataques contra el Supremo tras la difusión de la sentencia del caso 'Peláez, Crespo y Correa vs. Garzón', de 9 de febrero.

Elministro de Justicia difundió un comunicado este viernes, 10 de febrero, en el muestra su completo acatamiento a la sentencia, “actitud que, por otra parte, no es sino muestra del respeto al principio de separación de poderes que debe regir con normalidad en nuestro Estado de Derecho.

En este sentido, Alberto Ruiz Gallardón mostró su “más absoluto respeto a la declaración institucional emitida al respecto por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial en la que, partiendo de la aceptación del legítimo derecho a la crítica de las resoluciones judiciales, rechaza con toda energía las descalificaciones y ataques que injustamente está recibiendo el más Alto Tribunal de Justicia de nuestro país”.

Por su parte, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, consideró que la sentencia refuerza el "derecho de defensa" y destaca la independencia de los tribunales. En su opinión, con esta condena el Tribunal Supremo confirma “que el derecho de defensa es un elemento nuclear para que los ciudadanos tengan un proceso con todas las garantías. No hay proceso justo si se lamina el derecho de defensa, de forma que las escasísimas restricciones previstas en la ley deben estar especialmente justificadas”.

Por otro lado, el decano del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Antonio Hernández-Gil, destacó en un comunicado difundido este viernes que la Sala Segunda del Tribunal Supremo, máximo órgano jurisdiccional del Estado, “es plenamente acreedora de ese respeto institucional que hoy algunos tratan de poner en entredicho, más allá de la crítica legítima a cualquier resolución judicial".

En su comunicado, Hernández-Gil considera que la sentencia contribuye a "definir y reforzar el derecho de defensa como un derecho fundamental de los ciudadanos, pilar del Estado de Derecho". A su juicio, la sentencia puede ser objeto de crítica, desde las perspectivas que cada jurista estime adecuadas, pero "no es cuestionable la legitimidad y competencia del órgano que la dicta, ni la honorabilidad de los siete magistrados que han constituido la Sala emitiendo unánimemente su parecer, ni el cumplimiento en esta sentencia de todos los requisitos procesales exigidos por la ley así como de la obligación de motivación suficiente".

Se adjuntan los comunicados del Ministro de Justicia y del presidente del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

El número de asuntos ingresados en el año 2012 en los juzgados españoles ronda los 9 millones

2013-04-05 13:29:50.0

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha difundido hoy su informe estadístico sobre la Situación de los órganos judiciales en el año 2012.

En España ingresaron durante el año 2012 un total de 8.974.175 asuntos en el conjunto de los órganos judiciales. Esta cifra supone un descenso del 0,7 por ciento respecto al año anterior. En 2012, los tribunales españoles resolvieron 9.104.041 asuntos y han quedado en trámite al final del trimestre un total de 2.913.485 asuntos.

Por jurisdicciones, en la Civil el número de asuntos ingresados alcanzó los 1.841.333, con un incremento del 4 por ciento. El incremento se ha producido en los dos últimos trimestres del año. En esta jurisdicción se resolvieron 1.874.770 asuntos y están en trámite 1.180.208.

En la jurisdicción Penal han entrado 6.442.718 asuntos, con una disminución del 1,5 por ciento, habiéndose resuelto 6.533.200 asuntos y quedando en trámite 1.081.739 asuntos.

En la jurisdicción Social se registraron 463.810 nuevos asuntos, con un incremento del 6 por ciento. Se han resuelto 412.760 asuntos y han quedado tramitándose 329.705 asuntos.

La jurisdicción Contencioso-Administrativaregistró 226.025 nuevos asuntos, con un descenso del 22 por ciento. Se resolvieron 282.793 asuntos y están en trámite 321.749 asuntos.

Andalucía, Madrid, Canarias y Baleares a la cabeza en litigiosidad

La tasa de litigiosidad en el conjunto del Estado ha sido de 189,9 asuntos por cada 1.000 habitantes. Las comunidades autónomas que han presentado los niveles más altos de la tasa de litigiosidad han sido Andalucía, Madrid, Canarias y Baleares.

Así, la tasa de litigiosidad en Andalucía registró 222 asuntos por cada mil habitantes, seguida de Madrid (212 asuntos por cada mil habitantes), Canarias (205,9), Illes Balears (204,5), la Comunidad Valenciana (197,1), Murcia (195,4) y Cantabria (195,2). Todas superan a la media nacional. Las autonomías con tasa de litigiosidad más baja fueron La Rioja (119,7), País Vasco (134,1) y Extremadura (140). (*)

Acceso a todos los datos, por territorios:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica_Judicial/Actividad_judicial_por_territorio

(*) Cálculos realizados sobre las cifras oficiales de población del INE, a 1 de enero de 2012.

Informe del Consejo General del Poder Judicial al Anteproyecto de reforma de este órgano constitucional

2013-02-14 11:46:57.0

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó, en su sesión del 6 de enero, el Informe al Anteproyecto de Ley Orgánica de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio , del Poder Judicial.

El Informe fue aprobado por el Pleno de órgano constitucional por 15 votos a favor, cinco en contra y una abstención.

Enlace al INFORME al Anteproyecto de reforma del CGPJ que modifica la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial.

Se adjunta además enlace a los VOTOS PARTICULARES que fueron formulados por los vocales Fernando de Rosa y Antonio Dorado; Gabriela Bravo y José Manuel Gómez Benítez; Almudena Lastra, y Concepción Espejel.

Todos los documentos se encuentran en la sección de Informes del CGPJ de este portal.

Los juzgados de la Región de Murcia resolvieron más de 290.000 asuntos el año pasado, 2.000 más de los que ingresaron

2012-07-24 15:08:01.0

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Juan Martínez Moya, presentó el 24 de julio la Memoria 2011 que comprende los pormenores de la actividad gubernativa, institucional y jurisdiccional de los órganos judiciales de la Región.

Este balance anual sobre el funcionamiento de los órganos judiciales en la Región de Murcia "constituye la octava memoria judicial que tengo el honor de exponer como presidente del Tribunal Superior de Justicia".

El presidente del TSJ de Murcia insistió en la necesidad de seguir avanzado por la senda de la modernización y acometer una transformación de la Administración de Justicia en profundidad con el fin de situarla bajo parámetros de innovación. Para ello, Martínez Moya considera necesario "olvidar los viejos esquemas localistas territoriales de la Justicia" y hacer de las oficinas judiciales y de las tecnologías instrumentos al mejor servicio de la función de jueces y magistrados. El presidente del TSJ inicidió en la importancia que tiene "el trabajo del funcionario público de Justicia para el buen funcionamiento de los órganos judiciales". Un año más resaltó la necesidad de tratar de desempañar "la muchas veces desdibujada imagen de la Justicia para hacer ver que hay esfuerzo, empeño y dedicación de muchos hombres y mujeres que están al servicio del ciudadano en la Administración de Justicia".

(Ver resumen de la Memoria 2011 del TSJ de Murcia).

Respuesta de los tribunales en Murcia ante las altas tasas de litigiosidad

Las cifras del volumen de trabajo son "elocuentes y excusan toda insistencia en recordar claves explicativas y factores influyentes en las mismas: La perdurable crisis económica y financiera, la consolidación de una sociedad litigiosa y la expansión legal y judicialización de demasiadas controversias", destacó Martínez Moya. Con todo, los datos globales demuestran una sensible reducción del volumen de ingresos con respecto al año anterior, y la buena noticia de que se ha resuelto más de lo ingresado.

El número de asuntos ingresados ascendió en 2011 a 290.627, mientras que el de resuelto alcanzó la cifra de 292.957.

Crecimiento de órganos judiciales

La falta de creación de órganos judiciales, aspecto extendido a toda España, "nos conduce a un panorama de estancamiento" en el incremento de la ratio juez/habitante que venía produciéndose en la Región de Murcia. "Alcanzamos el número de 10 jueces por cien mil habitantes -destacó martínez Moya-, cifra que si la comparamos con años precedentes supone un importante aumento pero que todavía no sitúa en el penúltimo lugar en el ranking de autonomías y, por descontado, muy lejano a la media de los países del Consejo de Europa conforme a las cifras elaboradas por el Comité de Eficiencia de la Justicia del Consejo de Europa (CEPEJ)". En este sentido, el TSJ insistió en la necesidad de ampliar la planta judicial.

Ratio juez/habitante

El número de magistrados y jueces por 100.000 habitantes en nuestra Región a fecha 31 de diciembre de 2011 supera la cifra de 10 –sumando los 3 jueces d adscripción territorial, los 3 jueces adscritos (149), y los 4 refuerzos incorporados (153)-, cuando en 2004 y 2005 apenas superaba el 7,2 jueces por cada 100.000 habitantes. Ahora bien, "aún es manifiestamente insuficiente", destaca el TSJ de Murcia.

La Región de Murcia sigue en los últimos peldaños en dicha ratio con relación a otras comunidades autónomas. Aunque más cerca de la media nacional, situada en 11 jueces por cada 100.000 habitantes.

Aumento planta judicial e inciertos pronósticos de futuro

Durante el año 2011 se crearon 0 nuevas unidades. Sólo se han incorporado 4 jueces de refuerzo en San Javier (3) y Molina (1). Y, un año más, sin noticias de nueva creación de órganos judiciales. La Sala de Gobierno del TSJ ha elevado propuestas, con datos objetivos y sobre la base de un equilibrio regional, al CGPJ y al Ministerio de Justicia. Se insiste en la necesidad de ampliar la planta judicial de Instancia en Murcia y Cartagena, así como la creación de un mixto en Molina de Segura, también la creación de nuevos órganos en las jurisdicciones Penal, Social y Contenciosa de Murcia; y nuevamente, se reitera la necesidad de emplear fórmulas más racionales de división de cargas competenciales por especialidades, que se traducen en extender la competencia territorial de los Juzgados de Violencia de Género de Murcia y Cartagena así como constituir un Comarcal Exclusivo de Violencia sobre la Mujer con sede en Lorca y con ámbito en los partidos de Lorca, Caravaca y Totana.

Finalmente, ampliando la propuesta, se reitera la necesidad de constituir una segunda Sección (Sección 6) de la Audiencia Provincial con sede en Cartagena, aumentando dos plazas de magistrados y también el refuerzo de las secciones Penales de Murcia (Sección 2 y 3) con un nuevo magistrado, al igual que la Sección 4. Ha insistirse, también, en los acuerdos de Sala de Gobierno reiterando la creación de equipos psico-sociales de ámbito regional para todos los juzgados de Familia.

Esfuerzo de los órganos regionales

Trabajo para mitigar la pendencia

Por partidos judiciales 4 cuentan con juzgados que superen los 3.000 asuntos resueltos: Totana, San Javier, Molina y Jumilla. A la cabeza de la Región se destaca el juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de San Javier y 1 de Totana llegando a resolver más de 4.600 y 3.600 asuntos, respectivamente, durante 2011.

Indicadores de calidad

Durante el año 2011 se han hecho avances en muchos indicadores de calidad. Sin ánimo de agotar el amplio elenco de actuaciones destacaremos la máxima profesionalización de la planta judicial; la consolidación del modelo de oficina judicial en el partido judicial de Murcia, y las perspectivas de ampliación al orden Civil; la formación especializada de jueces y magistrados en materias jurídicas de enorme actualidad (derecho bancario, de los consumidores y laboral); la creación de la figura del Juez de garantías de los centros de internamiento de extranjeros; formación y especialización del funcionario de Justicia; implementación extensiva, en aras a la mayor transparencia y efectividad, del instrumento tecnológico denominado Cuadro de Mandos que permite conocer a tiempo real el estado de todos y cada uno de los órganos judiciales; subastas electrónicas; consolidación del sistema de gestión gubernativa y Lexnet; protocolos y convenios con la Agencia Tributaria y Registros de la Propiedad orientados a conformar criterios de buenas prácticas procesales y el buen uso de tecnologías en la comunicación, o el excelente proyecto de desarrollo de sesiones de ejecución Penal puesto en marcha por los Juzgados de lo Penal de Cartagena, que ha permitido reducir notablemente la pendencia de ejecutorias penales.
Así como el establecimiento de una Oficina de presentaciones y comparecencias apud acta en el decanato de los Juzgados del partido judicial de Murcia, en estrecha colaboración con la Jefatura Superior de Policía Nacional, que permite cruzar datos policiales y judiciales e identificar a todas aquellas personas que se encuentran imputadas o condenadas y que tienen obligación de comparecer periódicamente ante los órganos judiciales.
Mención especial merecen los premios recibidos a la Calidad de la Justicia y a las Buenas Prácticas en Justicia por consolidados proyectos del TSJ de Murcia: Juez de Paz Educativo, Subastas electrónicas y Red de Información Judicial.

Movimientos importantes de asuntos en la Región

Impacto de la crisis en los juzgados y violencia sobre la mujer

Durante el pasado año, 344 empresas murcianas entraron en concurso de acreedores: 104 más que en el 2010. Esto supone un aumento del 44,3% interanual.
En cuanto a los despidos que fueron judicializados, los Juzgados de lo Social murcianos registraron 3.404 casos. Lo que supone una estabilización (-0,7%).
 Despidos: -0,7
 Concursos: +43,3
 Reclamaciones de cantidad: -25,4
 Ejecuciones hipotecarias: -16,2
 Monitorios: -27,1
Los juzgados con competencia en violencia sobre la mujer de la Región registraron 707 denuncias (4,8% denuncias/10.000 habitantes). Lo que sitúa a Murcia por encima de la media nacional (4,2).

Infraestructuras Judiciales

Por fin, se alza la Ciudad de la Justicia

En infraestructuras judiciales, luces y alguna sombra alargada. La II fase de la Ciudad de la Justicia está prácticamente finalizada. Es la obra pública más importante del Ministerio de Justicia, aparte de por su dimensión (estructura de más de 36.000 metros cuadrados) por la impronta de modernidad, pues se alzó y agilizó al estar vinculada al nuevo modelo de oficina judicial en el que nuestra Región está a la vanguardia.
La Sala de Gobierno acordó a finales de 2011 crear una Comisión Gubernativa de traslado de los órganos judiciales a la Fase II de la Ciudad de la Justicia. Su función es la adopción de medias sobre aspectos logísticos, orgánicos y actuaciones judiciales que deriven del traslado de los distintos juzgados del partido judicial a las nuevas instalaciones. Así como la relación con la Gerencia del Ministerio y los distintos Colegios Profesionales. Se delega en Decano de Murcia, Miguel Pascual del Riquelme, la formación de la Comisión, con la integración de la Secretaría Judicial de Coordinación Provincial y la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Murcia, que dará cuenta de sus trabajos a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.
Pero, en 2011, no se puede olvidar Lorca. Y, por supuesto, una sede judicial acorde a las necesidades de este gran partido judicial.
Necesidades tecnológicas
Por otra parte, este es lugar oportuno para hacer también un llamamiento al Ministerio de Justicia a fin de que asuma con rigor y máxima atención la competencia de atender con normalidad y optimización el sistema informático. Las continuas caídas del sistema informático producen enormes distorsiones en el trabajo diario de la oficina judicial y de jueces y magistrados, lo que resulta manifiestamente inaceptable en términos de eficacia, productividad y optimización del tiempo de trabajo.

El servicio público de la Justicia

Austeridad y autoexigencia

Frente a este incierto e inquietante panorama, el presidente del TSJ de Murcia destacó que sólo cabe una opción: no resignarse, sino luchar (“todo Derecho en el mundo tuvo que ser adquirido mediante la lucha” Ihering). "Ingrediente de esa lucha es el compromiso del esfuerzo, trabajar de buena gana, como corresponde, por principio, a todo servidor público", destacó.. Es "la hora de los valores que tengan proyección en los comportamientos de las personas físicas y de las colectividades; es la hora de la prudencia, la mesura, la austeridad, la discreción, la proporcionalidad, la aversión al derroche, la exigencia de responsabilidades, en fin, la Justicia Social. Fortalezas que nos permitirán a todos enfrentar con confianza y serenidad el futuro –que ya es nuestro presente- de nuestra Administración de Justicia".

tsjmurcia.poderjudicial.es

Informe sobre el Análisis de la situación en la implantación de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en la Administración de Justicia

Consejo General del Poder Judicial (España). Pleno — 2011-06-21 00:00:00.0

Plan Docente de Formación para los nuevos jueces de la 64 Promoción de la Escuela Judicial

2012-07-25 17:06:06.0

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial del 25 de julio aprobó el Plan Docente de Formación para los nuevos jueces de la LXIV (64) Promoción de la Escuela Judicial.

En la primera fase, un total de 204 candidatos aprobaron las pruebas selectivas. A partir de septiembre, los alumnos seleccionados se formarán hasta 2014 en la Escuela Judicial con sede en Barcelona.

El curso 2012-2014 está estructurado en dos fases: presencial y de prácticas tuteladas.

En la fase presencial, se pretende que el juez en prácticas desarrolle los conocimientos adquiridos durante la oposición desde una perspectiva práctica. Los alumnos estudian, siguiendo el método del caso, los diferentes procedimientos de los órdenes Civil y Penal y analizan cuestiones de derecho sustantivo correspondientes a las materias más frecuentes en la práctica jurisdiccional.

También se pretende que el juez en prácticas adquiera conocimientos y habilidades que le permitan en el futuro dirigir actos orales, redactar resoluciones judiciales y relacionarse con las partes que intervienen en el procedimiento.

La formación en derecho Constitucional y en derecho Comunitario constituye otro de los ejes básicos de la fase presencial.

Por lo que se refiere a la fase de prácticas, los alumnos son guiados por magistrados-tutores. Comenzará en 2013 y se rige por lo establecido en el Reglamento de Jueces Adjuntos 2/2000.

Las prácticas tuteladas se realizan en juzgados de primera instancia, juzgados de instrucción, juzgados de familia y juzgados de violencia sobre la mujer.

En estas prácticas tuteladas por magistrados, los objetivos principales de la formación son los de permitir que el juez en prácticas consolide los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para el ejercicio de la función jurisdiccional, adquiridos y desarrollados durante la fase presencial.

La consolidación de estos conocimientos se realiza de forma progresiva procurando una inserción paulatina del juez en prácticas en el desarrollo de las funciones judiciales.

Los alumnos aprenden así a dirigir actos orales, redactar borradores y proyectos de resolución, la relación con la Oficina Judicial, la relación con los profesionales que colaboran con la Administración de Justicia…

En relación con este tema, el Pleno de julio aprobó la propuesta del vocal Félix Azón para impulsar la convocatoria de oposiciones a la carrera judicial, dar traslado de ello al Gobierno y realizar las gestiones pertinentes ante la Comisión de Selección del artículo 305 de la LOPJ para que prospere esta propuesta.

Acceso al Plan Docente de Formación 2012-2014.

Cómo se elaboró el Plan Docente

La elaboración de todos los planes docentes de formación inicial de la Escuela atraviesa por diferentes etapas. El Plan Docente del Curso de Selección y formación Inicial 2012-2014 (64ª Promoción) siguió este proceso:

Escuela Judicial. El claustro de profesores, tras diversas reuniones, elaboró el borrador del Plan Docente, del cual se informó a la Comisión Pedagógica de Formación Inicial.
Comisión de Escuela Judicial y Consejo Recto. La Comisión de Escuela Judicial aprobó el Plan Docente el 19 de junio de 2012. Posteriormente, el 3 de julio de 2012, lo aprobó el Consejo Rector.
El Pleno del CGPJ. En reunión de 25 de julio de 2012, fue aprobado definitivamente el Plan Docente del Curso de Formación Inicial 2012-2014 (64ª Promoción). (Ver nota de prensa y orden del día).

Orden del día del Pleno del CGPJ del 20 de diciembre de 2012

2012-12-20 10:15:07.0

ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN PLENARIA DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012, A LAS 9:30 HORAS.

CAPITULO I

ASUNTOS GENERALES

I-1º.- Aprobación, en su caso, del acta de la sesión plenaria ordinaria del día 29 de noviembre del año 2012.

I-2º.- Dación de cuenta del cumplimiento de acuerdos.

I-3º.- Informes de las Comisiones y Vocalías.

I-4º.- Propuesta de la Comisión de Calificación para nombramiento de los Magistrados del Tribunal Supremo que a continuación se relacionan, a efectos de que integren en el año 2013 la Sala de Conflictos de Jurisdicción entre los Juzgados y Tribunales ordinarios y los de Jurisdicción Militar, prevista en el artículo 39 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

TITULARES

Sala Primera Excmo. Sr. D. Rafael Sarazá Jimena

Excmo. Sr. D. Antonio Salas Carceller

Sala Segunda Excmo. Sr. D. Andrés Martínez Arrieta

Excmo. Sr. D. Antonio del Moral García

Sala Tercera Excmo. Sr. D. Luis María Diez-Picazo Giménez Excmo. Sr. D. Juan Carlos Trillo Alonso

Sala Cuarta Excmo. Sr. D. José Luis Gilolmo López

Excmo. Sr. D. Manuel Ramón Alarcón Caracuel

Sala Quinta Excma. Sra. Doña Clara Martínez de Careaga García

Excmo. Sr. D. Jose Luis Calvo Cabello

SUPLENTES

Sala Primera Excmo. Sr. D. Jose Antonio Seijas Quintana

Sala Segunda Excmo. Sr. D. Francisco Monterde Ferrer

Sala Tercera Excma. Sra. Dª Isabel Perelló Domenech.

Sala Cuarta Excmo. Sr. D. Milagros Calvo Ibarlucea

Sala Quinta Excmo. Sr. Don Fernando Pignatelli Meca

En la elaboración de esta propuesta se han tenido en cuenta los criterios de seleccionar, como titulares, a los Magistrados designados suplentes para el año 2012 junto con los de menor antigüedad en la categoría y no participación en otro tipo de tareas específicas.

I-5º.- Propuesta de la Comisión de Calificación para, si procede:

1º.-Nombrar los Magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que a continuación se expresan, como vocales titulares y suplentes del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción entre los Juzgados o Tribunales y la Administración, previsto en los artículos 38 y 40 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial y artículo 1 de la Ley Orgánica 2/1987, de 18 de mayo, de Conflictos Jurisdiccionales, que han de actuar en el año 2013:

TITULARES

Excmo. Sr. D. José Antonio Montero Fernández

Excmo. Sr. D. Joaquín Huelin Martínez de Velasco

SUPLENTES

Excmo. Sr. D. José Díaz Delgado

Excmo. Sr. D. Octavio Juan Herrero Pina

En la elaboración de esta propuesta se han tenido en cuenta los criterios de seleccionar como titulares a los designados suplentes para el año 2012 junto con los de menor antigüedad en la categoría y no participación en otro tipo de tareas específicas.

2º.-Publicar en el “Boletín Oficial del Estado” de los nombramientos a que se refiere el apartado primero junto con los efectuados por el Consejo de Estado, respecto de los Consejeros Permanentes que han de integrarse como Vocales en el mencionado Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, que son los siguientes:

VOCALES TITULARES

Excmo. Sr. D. Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer

Excmo. Sr. D. Miguel Herrero Rodríguez de Miñón

Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret

SUPLENTES

Excmo. Sr. D. Alberto Aza Arias

Excmo. Sr. D. Jose Luis Manzanares Samaniego

I-6º.- Propuesta de la Comisión de Calificación para provisión del puesto de Jefe de Sección de Formación Continua vacante en la Escuela Judicial.

I-7º.- Propuesta de la Comisión Permanente (II-10, de 28 de noviembre de 2012) para, si procede, aprobar la suscripción de un Convenio Marco de Colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno de Canarias, el Consejo Superior de la Abogacía Canaria y las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria, y la Casa de África, en materia de arbitraje y mediación.

El presente Convenio será firmado, en representación del Consejo General del Poder Judicial, por el Sr. Presidente, o, en su caso, por la persona en quien expresamente delegue.

Se propone que formen parte de la Comisión de Seguimiento prevista en el citado Convenio, por parte del Consejo General del Poder Judicial, una de las Vocales delegadas territoriales de Canarias, así como un Vocal delegado de los de Mediación, en ambos casos, a designar por el Pleno.

El presente acuerdo se adopta con el voto en contra de la Vocal Dª. Margarita Robles Fernández por lo que lo que se refiere a su contenido, que excede de las competencias de este Consejo, en cuanto puede afectar a la política exterior de España.

I-8º.- Propuesta de la Comisión Permanente (II-20, de 28 de noviembre de 2012) para, si procede, aprobar la suscripción de un Convenio de Colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de la Xunta de Galicia, el Ministerio Fiscal y el Colegio de Abogados de Ourense, para establecer el ámbito de colaboración en el desarrollo y funcionamiento de un programa piloto de mediación intrajudicial en materia penal, en los procesos por delitos en materia de seguridad vial.

El presente Convenio será firmado, en representación del Consejo General del Poder Judicial, por el Sr. Presidente, o, en su caso, por la persona en quien expresamente delegue.

Interesar la designación de las dos personas que, en representación del Consejo, deberán formar parte de la Comisión de Seguimiento prevista en la Cláusula Octava del citado Convenio.

I-9º.- Ratificación del acuerdo de la Comisión Permanente (II-23, de 28 de noviembre de 2012), adoptado por razones de urgencia y en funciones de Pleno, al amparo de lo establecido en el artículo 57 del Reglamento 1/1986, de 22 de abril, de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, por el que se dispuso:

- Autorizar la firma del Convenio JUST/2011-2012/FRAC/AG/2619 para la financiación del Seminario “La protección de datos en los procesos penales”, del Programa de Derechos Humanos Fundamentales de la Unión Europea, al objeto de recibir la financiación indicada en la propuesta.

El presente Convenio será firmado, en representación del Consejo General del Poder Judicial, por el Sr. Presidente, o, en su caso, por la persona en quien expresamente delegue.

- Autorizar con cargo al Programa 111 O del presupuesto para el año 2013 del Consejo General del Poder Judicial, la aprobación de un gasto máximo de OCHENTA Y NUEVE MIL QUINCE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS (89.015,11 euros) en concepto de financiación a la actividad objeto de subvención, delegando expresamente en el Secretario General la adopción de medidas que, para la mejor ejecución de la actividad, impliquen redistribución interna de las cantidades expresadas en el presupuesto y de los expedientes de gasto a que éstas den lugar, siempre que no supere el importe total de lo presupuestado. El citado gasto ha sido fiscalizado de conformidad por la Intervención de este Consejo.

I-10º.- Propuesta de la Comisión Permanente (I-24, de 5 de diciembre de 2012) para ejecución de la Sentencia de fecha 10 de octubre de 2012, dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo (Sección 7ª) en el Recurso contencioso-administrativo interpuesto por Dª. M. C. C. S., contra el Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 5 de julio de 2011, por el que se denegó –a propuesta de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía- la prórroga de su nombramiento como Jueza sustituta para el año judicial 2011/2012 en los Juzgados de Cádiz y provincia.

A tal efecto, dado el contenido estimatorio de la Sentencia citada, procede:

1º.- Reconocer el derecho de Dª. a haber sido prorrogado su nombramiento como Jueza sustituta de los Juzgados de Cádiz provincia para el año judicial 2011/2012.

2º.- Reconocer el derecho de Dª. a la totalidad de los efectos administrativos y económicos inherentes a la prórroga de su nombramiento como Jueza sustituta de los Juzgados de Cádiz y provincia en el año 2011/2012, por el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 23 de noviembre de 2011. La cuantificación de los efectos económicos se efectuará teniendo en cuenta, de un lado, los importes de las retribuciones totales mensuales, incluidas pagas extraordinarias, que le correspondían en el cargo judicial de Juez de Violencia contra la Mujer nº 1 de Algeciras (Cádiz) que desempeñaba al tiempo de su cese, producido el 31 de agosto de 2011; y, de otro, el importe de las cotizaciones a ingresar, por el ente gestor del Estado, en la Tesorería General de la Seguridad Social, en su cuantía reglamentaria.

Comuníquese el presente acuerdo al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, y la sentencia de referencia para su debido conocimiento y constancia en los archivos del mismo y demás efectos que procedan.

Confiérase traslado asimismo al Ministerio de Justicia a los efectos de los abonos correspondientes, a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, a la Abogacía del Estado ante el Tribunal Supremo para constancia de ejecución, y a la interesada, para su conocimiento y efectos oportunos.

I-11º.- Propuesta de la Comisión Permanente (II-1, de 5 de diciembre de 2012) para, si procede, aprobar la suscripción de una Addenda al Convenio de Cooperación Educativa entre el Consejo General del Poder Judicial y la Universidad Europea de Madrid (Centro adscrito a Valencia).

La presente Addenda será firmada en representación del Consejo General del Poder Judicial por el Sr. Presidente, o, en su caso, por el miembro del Consejo en quien delegue la firma.

I-12º.- Propuesta de la Comisión Permanente (II-2, de 5 de diciembre de 2012) para, si procede, aprobar la suscripción de un Convenio de Colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y la Fundación Universitat Pompeu Fabra en materia de prácticas académicas externas.

El presente Convenio será firmado por el Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por expresa delegación del Sr. Presidente del Consejo General del Poder Judicial.

Interesar del Pleno la designación del representante del Consejo que integraría la Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula duodécima del citado Convenio.

I-13º.- Ratificación del acuerdo de la Comisión Permanente (II-7, de 5 de diciembre de 2012), adoptado por razones de urgencia y en funciones de Pleno, al amparo de lo establecido en el artículo 57 del Reglamento 1/1986, de 22 de abril, de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, por el que se dispuso autorizar el gasto de VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS EUROS (29.400 euros) para el mes de diciembre de 2012, por la colaboración de Magistrados de Órganos Jurisdiccionales Colegiados de España en las tareas de análisis jurídico de Base de Datos de Jurisprudencia del Consejo General del Poder Judicial, con cargo al concepto 08.01.111P.227.06 del presupuesto del Consejo de 2012. El referido gasto ha sido fiscalizado de conformidad por la Intervención del mismo Consejo.

I-14º.- Ratificación del acuerdo de la Comisión Permanente (II-8, de 5 de diciembre de 2012), adoptado por razones de urgencia y en funciones de Pleno, al amparo de lo establecido en el artículo 57 del Reglamento 1/1986, de 22 de abril, de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, por el que se dispuso autorizar el gasto de TREINTA Y SEIS MIL EUROS (36.000 euros) para el mes de diciembre de 2012, por la colaboración de miembros del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo y de otros Magistrados, en las tareas de análisis jurídico de la Base de Datos de Jurisprudencia del Consejo General del Poder Judicial, que se aplicará al concepto 0801.111P.227.06 del vigente Presupuesto del Consejo. El citado gasto ha sido fiscalizado de conformidad por la Intervención del mismo Consejo.

I-15º.- Propuesta de la Comisión Permanente (II-15, de 5 de diciembre de 2012) para, si procede, aprobar la suscripción de un Convenio de Colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y el Centro de Mediación GIC (Gestión Inteligente de Conflictos S.L.), con el objeto de establecer el marco de colaboración para la puesta en marcha y desarrollo de una experiencia piloto de Mediación Intrajudicial Familiar en los Juzgados de Familia de Teruel.

El presente Convenio será firmado en representación del Consejo General del Poder Judicial por el Sr. Presidente, o, en su caso, por el miembro del Consejo en quien delegue la firma.

Interesar del Pleno la designación de los dos representantes del Consejo que integrarían la Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula decimotercera del citado Convenio.

I-16º.- Propuesta de la Comisión Permanente (II-16, de 5 de diciembre de 2012) para, si procede, aprobar la suscripción de un Convenio de Colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, con el objeto de establecer el marco de colaboración para la puesta en marcha y desarrollo de una experiencia piloto de Mediación Intrajudicial en asuntos civiles y en procedimientos de faltas en Madrid capital.

El presente Convenio será firmado en representación del Consejo General del Poder Judicial por el Sr. Presidente, o, en su caso, por el miembro del Consejo en quien delegue la firma.

Interesar del Pleno la designación del representante del Consejo que integraría la Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula séptima del citado Convenio.

I-17º.- Ratificación del acuerdo de la Comisión Permanente (III-8, de 5 de octubre de 2012), adoptado por razones de urgencia y en funciones de Pleno, al amparo de lo establecido en el artículo 57 del Reglamento 1/1986, de 22 de abril, de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, por el que se dispuso desestimar la solicitud de suspensión instada el recurso de alzada núm. 356/12, interpuesto por Magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Lleida, contra resolución del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por la que se deniega un permiso de tres días por asuntos propios para los días 20, 21 y 22 de noviembre de 2012

Notifíquese el presente Acuerdo a la parte recurrente y comuníquese al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

I-18º.- Propuesta de la Comisión Disciplinaria para imponer a D. , por su actuación como Juez de Paz sustituto del Juzgado de Paz de Zarza de Tajo (Cuenca), una sanción de separación del servicio por la comisión de una falta muy grave del artículo 417.14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

I-19º.- Propuesta de la Comisión de Estudios e Informes para interesar del Ministerio de Justicia el otorgamiento de un plazo extraordinario de prórroga por período de quince días, para la emisión del preceptivo informe al Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

I-20º.- Propuesta de la Comisión de Estudios e Informes para interesar de la Consejería de Justicia de la Generalidad de Cataluña el otorgamiento de un plazo extraordinario de prórroga por período de quince días, para la emisión del preceptivo informe al Proyecto de Decreto por el cual se regulan las Mesas Territoriales de Infancia.

I-21º.- Propuesta de la Comisión de Estudios e Informes para, si procede, aprobar el informe al Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de funcionamiento y régimen interior de los Centros de Estancia Controlada de Extranjeros.

I-22º.- Propuesta de la Comisión de Estudios e Informes para, si procede, aprobar el informe al Anteproyecto de Ley de Navegación Marítima.

I-23º.- Propuesta de la Comisión Presupuestaria para, si procede, autorizar un gasto máximo de ciento sesenta y cuatro mil (164.000) euros, para poder abonar los títulos de transporte público correspondientes al personal del Consejo, con destino en Madrid y Barcelona, que se imputará al subconcepto 162.04 “Acción Social” del programa 111.M del Presupuesto del Consejo General del Poder Judicial para el ejercicio 2013.

I-24º.- Propuesta de la Comisión de Relaciones Internacionales para, si procede, designar la Comisión Mixta, compuesta por dos Vocales del Consejo General del Poder Judicial, para la coordinación de las actividades previstas en el Acuerdo Marco de colaboración entre la Suprema Corte de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal de México y el Consejo General del Poder Judicial, que se adjunta como Anexo Uno a esta propuesta.

I-25º.- Propuesta de la Comisión de Modernización e Informática para, si procede, aprobar la separación de Jurisdicciones en el Partido Judicial de Ponferrada por la que los ocho Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de dicho Partido Judicial se transformarán en cinco Juzgados de Primera Instancia y tres Juzgados de Instrucción.

I-26º.- Propuesta de la Comisión de Modernización e Informática para, si procede, aprobar el informe al proyecto de Resolución de la Directora de la Oficina Judicial y Fiscal del Gobierno Vasco, por la que se determina la organización detallada de la nueva Oficina Judicial en el Partido judicial de Barakaldo, así como las normas básicas de funcionamiento de su Servicio Común Procesal General y del Servicio Común Procesal de Ejecución y del proyecto de Orden de la Consejera de Justicia y Administración Pública del Gobierno Vasco por la que se crean el Servicio Común Procesal General y el Servicio Común Procesal de Ejecución del Partido Judicial de Barakaldo.

I-27º.- Propuesta de la Comisión de Modernización e Informática para, si procede, aprobar el informe al borrador de Convenio entre el Conseller de Justicia de la Comunidad Valenciana, la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el Fiscal Superior de la Comunidad Valenciana y el Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

I-28º.- Propuesta de la Comisión de Escuela Judicial para, si procede, designar Profesoras Asociadas del Área Civil de la Escuela Judicial a Dª. MARTA SANCHEZ-OCAÑA FERNANDEZ Magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de L´Hospitalet del Llobregat, Barcelona y Dª. VIRGINIA OTERO CHINNICI Magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Oviedo, durante el primer trimestre del año 2013.

Delegar expresamente en la Directora de la Escuela Judicial la adopción de todas las decisiones que sean necesarias para la adecuada puesta en marcha y para resolver las incidencias que se deriven de la ejecución.

Y de conformidad con las previsiones presupuestarias, acordar el pago de 1.400 euros (mil cuatrocientos euros) en concepto de honorarios, a razón de 100 €/hora, que se imputará al Programa 111 O del Presupuesto del Consejo General del Poder Judicial del año 2013 (14 horas x 100 euros/hora), delegando expresamente en la Secretaría General la adopción de medidas que, para la mejor ejecución de la actividad, implique redistribución interna de las cantidades expresadas en el presupuesto y de los expedientes de gasto a que éstas dan lugar, siempre que no supere el importe total de lo presupuestado.

I-29º.- Propuesta de la Comisión de Escuela Judicial para, si procede, aprobar una convocatoria de pruebas de especialización en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en los términos contenidos en la documentación que fundamenta este acuerdo.

I-30º.- Propuesta de la Comisión de Escuela Judicial para, si procede, aprobar una convocatoria de pruebas de especialización en el orden jurisdiccional social, en los términos contenidos en la documentación que fundamenta este acuerdo.

I-31º.- Propuesta de los Vocales Delegados para las Relaciones con las Asociaciones Judiciales para, si procede:

Distribuir el importe de 181.548,00 euros correspondientes al 30% de la partida presupuestaria, para la subvención por la efectiva implantación en la Carrera Judicial de la siguiente forma:

ASOCIACIÓN JUDICIAL		RESULTADO
Asociación Profesional de la Magistratura		85611,81 €
Asociación Francisco de Vitoria		41632,7 €
Jueces para la Democracia		34124,05 €
Foro Judicial Independiente		20179,44 €
TOTAL		181.548 €

I-32º.- Dación de cuenta de los Vocales para la Mediación Intrajudicial sobre la constitución de cuatro grupos de trabajos de expertos/as en los ámbitos familiar, penal, civil y laboral, a efectos de elaborar y actualizar los correspondientes Protocolos que sirvan de base y guía para el impulso de los proyectos de mediación intrajudicial.

I-33º.- Propuestas de los/as Vocales Dª. Margarita Robles Fernández, D. Manuel Almenar Belenguer, D. Miguel Collado Nuño, Dª. Inmaculada Montalbán Huertas y D. Manuel Torres Vela para, si procede, autorizar el gasto correspondiente a la segunda renovación, para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, de la póliza colectiva de seguro de responsabilidad civil para los miembros de la carrera judicial suscrita con ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA, por un importe de CIENTO SETENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (170.367,57-€), impuestos incluidos, con cargo a la aplicación 08.01.111M.224 del presupuesto del Consejo para el ejercicio 2013.

I-34º.- Propuesta de la Vocal Dª. Inmaculada Montalbán Huertas para, si procede, convalidar el gasto, de TRES MIL SEISCIENTOS EUROS, para retribuir la labor de los miembros del grupo de expertos/as del CGPJ en materia de violencia ( ), con cargo al programa 111.M, “Gobierno del Poder Judicial” (en cuanto integrante del presupuesto aprobado para el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género en el presente ejercicio).

I-35º.- Propuestas de los Vocales D. Antonio Dorado Picón y D. Miguel Carmona Ruano para, si procede, aprobar los boletines estadísticos a ser utilizados a partir del primer trimestre de 2013.

I-36º.- Propuesta del Secretario General para, si procede, autorizar el gasto correspondiente a la prórroga, para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2015, del contrato suscrito con la empresa SERUNIÓN S.A. para la prestación del servicio de cafetería y restaurante de la sede de la Escuela Judicial en Barcelona, por un importe máximo de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (149.929,83) I.V.A. incluido (10%), con cargo a la aplicación presupuestaria 08.01.111O.162.01 del presupuesto del Consejo para los ejercicios 2013, 2014 y 2015, con la siguiente distribución: 2013: 49.976,61 euros, 2014: 49.976,61 euros, y 2015: 49.976,61 euros, debiéndose actualizar dicho importe -para las anualidades de 2014 y 2015- mediante la aplicación de la tasa de variación interanual del índice general de precios al consumo del mes de octubre anterior y teniendo en cuenta lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 78 LCSP.

I-37º.- Propuesta del Secretario General para, si procede, disponer el archivo de la denuncia presentada por Dña. , Secretaria Judicial del Juzgado de 1ª Instancia Num. 14 de los de Barcelona, contra Dña. y Dña. , respectivamente Inspectora delegada y Secretaria de la Unidad XIII del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial.

Notifíquese a la denunciante haciéndole saber que contra el presente acuerdo cabe la interposición de Recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la notificación.

I-38º.- Propuesta del Secretario General para, si procede, aceptar la renuncia presentada por D. José Ignacio Alvarez Sánchez al cargo de Presidente de la Audiencia Provincial de Asturias, quedando adscrito, de conformidad con lo previsto en el artículo 340 de la Ley Orgánica del Poder Judicial a la misma Audiencia Provincial, con los efectos que el mismo artículo contempla en orden a la obtención de plaza en propiedad.

I-39º.- Propuesta del Secretario General para decidir sobre la prórroga por un año, con efectos del día 11 de febrero de 2013, del nombramiento de D. JOSE MANUEL DE VICENTE BOBADILLA, para continuar prestando sus servicios en el mismo puesto de trabajo que actualmente ocupa, de conformidad con lo establecido en el artículo 146.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, manteniendo la situación de servicios especiales que ya tiene declarada.

I-40º.- Propuesta del Secretario General para decidir sobre la prórroga por un año, con efectos del día 17 de febrero de 2013, del nombramiento de D. CARLOS JAVIER URIBE UBAGO al servicio de este Consejo, para continuar prestando sus servicios en el mismo puesto de trabajo que actualmente ocupa, de conformidad con lo establecido en el artículo 146.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, manteniendo la situación de servicios especiales que ya tiene declarada.

I-41º.- Propuesta del Secretario General para decidir sobre la prórroga por un año, con efectos del día 18 de febrero de 2013, del nombramiento de D. SEBASTIÁN LASTRA LIENDO, para continuar prestando sus servicios en el mismo puesto de trabajo que actualmente ocupa, de conformidad con lo establecido en el artículo 146.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, manteniendo la situación de servicios especiales que ya tiene declarada.

I-42º.- Propuesta del Secretario General para decidir sobre la prórroga por un año, con efectos del día 26 de febrero de 2013, del nombramiento de Dª. MARÍA DEL ROCÍO PÉREZ PUIG GONZÁLEZ al servicio de este Consejo, para continuar prestando sus servicios en el mismo puesto de trabajo que actualmente ocupa, de conformidad con lo establecido en el artículo 146.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, manteniendo la situación de servicios especiales que ya tiene declarada.

Ruegos y preguntas.

Régimen de control de gestión y transparencia del Consejo General del Poder Judicial

2012-06-28 19:44:49.0

La necesidad de acometer esta revisión nace de la polémica suscitada por los desplazamientos realizados por don Carlos Dívar durante los fines de semana a localidades distintas a las de su lugar de residencia.

Conscientes de que esa cuestión ha extendido una sombra de sospecha sobre la actuación de todos los vocales, el Pleno ha pedido información al secretario general del Consejo, quien ha manifestado que, “tras la consulta de los listados de liquidación, se puede afirmar categóricamente que no hay viajes de vocales en fin de semana a cargo del consejo a lugares distintos a los de su residencia familiar. A salvo de una revisión más exhaustiva del conjunto de la documentación, que en todo caso sólo ofrecería supuestos sumamente excepcionales, puede afirmarse que no resultan análogos a los que pudieron ser cuestionados en el caso de don Carlos Dívar”.

Hecha esta manifestación, el pleno ha acordado por unanimidad dejar constancia de su disposición permanente a dar cuenta de su actividad individual y colectiva ante las Cortes Generales y el Tribunal de Cuentas.

Asimismo, se ha votado una propuesta presentada al pleno por los vocales don Carles Cruz, don Félix Azón, doña Inmaculada Montalbán y doña Margarita Robles en los siguientes términos: “Que por la Presidencia de este Consejo se transmita a las comisiones de Justicia del Congreso y del Senado la disposición de los vocales de este pleno a comparecer ante las respectivas comisiones para dar cuenta, si lo estiman oportuno, de las actividades que realizan tanto colectiva como individualmente en el desempeño de las funciones que tiene atribuidas”.

Esta propuesta, tras someterse a votación, obtuvo cinco votos a favor y quince abstenciones.

Convocatoria de programa de capacitación para jueces y magistrados iberoamericanos: XIV Edición

Consejo General del Poder Judicial (España). Aula Iberoamericana — 2011-01-01 00:00:00.0

El Aula Iberoamericana es un programa de capacitación para jueces y magistrados iberoamericanos, organizado conjuntamente por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de España y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), con la colaboración de la Generalitat de Catalunya, la Xunta de Galicia, la Diputación Provincial de A Coruña, la Fundación Caixa Galicia-Claudio San Martín, “La Caixa” y el Ayuntamiento de Cádiz, que en convocatoria anual se viene celebrando desde 1998.

La presente convocatoria recoge las actividades que para esta edición 2011 se ofrecen dentro del programa Aula Iberoamericana, que son un total de 7.

De nuevo toda la convocatoria del programa Aula Iberoamericana, incluyendo la difusión y la recepción de las solicitudes, se realizará únicamente a través de las páginas web del Consejo General del Poder Judicial, de la AECID, del CIF de Montevideo (Uruguay) y del CIF de La Antigua (Guatemala). En el documento de convocatoria encontrará más detalles.

Miguel Ángel Luelmo y José Juan Suay, nuevos magistrados del Tribunal Supremo

2013-03-21 13:21:36.0

El CGPJ informa

D. MIGUEL ÁNGEL LUELMO Y D. JOSÉ JUAN SUAY, NUEVOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO

El magistrado D. José Antonio Soto-Jove presidirá la Audiencia Provincial de Asturias
El Pleno del CGPJ aprueba el Informe al Anteproyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita

El Consejo General del Poder Judicial, en su sesión plenaria de hoy, ha nombrado al magistrado D. Miguel Ángel Luelmo nuevo miembro de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, al haber obtenido 13 votos en segunda votación frente a 8 votos obtenidos por la magistrada Dª. Ana María Orellana.

Asimismo el Pleno ha nombrado magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo, por el turno de juristas de reconocido prestigio, al catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Las Palmas, D. José Juan Suay Rincón, al obtener en tercera votación 13 votos frente a 3 votos de Dª. Blanca Lozano Cutanda y producirse 5 votos en blanco.

Por otra parte, el Pleno ha nombrado Presidente de la Audiencia Provincial de Asturias al magistrado D. José Antonio Soto-Jove Fernández, quien ha obtenido en segunda votación 11 votos frente a 6 votos obtenidos por el magistrado D. Rafael Martín del Peso García y producirse 4 votos en blanco.

Finalmente, el Pleno del CGPJ ha aprobado con 15 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención el Informe al Anteproyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Han anunciado la formulación de votos particulares los vocales Dª Concepción Espejel, D. Claro Fernández-Carnicero y D. Antonio Dorado.

RESUMEN DEL INFORME

El Anteproyecto sometido a informe se dirige a sustituir la vigente Ley de Asistencia Jurídica Gratuita (LAJG), que data de 1996, manteniendo en lo esencial su arquitectura y sus principios, pero introduciendo notables modificaciones. Debe significarse que durante el ínterin en el que el Anteproyecto ha estado sometido a informe de este Consejo, ha sido aprobado el Real Decreto-ley 3/2013 por el que, además de modificarse la Ley de Tasas Judiciales (Ley 10/2012), se ha reformado la actual LAJG anticipando aspectos tan nucleares del Anteproyecto como el ámbito personal de aplicación o los requisitos para acceder al beneficio, que por tanto han de considerarse ya Ley vigente en estos momentos. El Informe pone en cuestión la técnica seguida por el legislador pues al limitarse el contenido del Anteproyecto sometido a informe podría estar sustrayéndose en parte la función consultiva que a este Consejo viene atribuida por el art. 108 LOPJ. Por otro lado, aunque la valoración de la existencia o no de “extraordinaria y urgente necesidad” corresponde a las Cortes, el Informe ve discutible que se pueda acudir a la vía del Decreto-ley para regular materias tales como las tasas judiciales o la asistencia jurídica gratuita, en la medida en que estaría afectado el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción reconocido en el art. 24 CE.

Junto a lo anterior, se observa una importante omisión para la viabilidad de la nueva Ley y consiguientemente, en su caso, del Real Decreto-ley aprobado, puesto que ninguna mención concreta y detallada se hace de los recursos económicos que para la adecuada prestación de este servicio, van a tener las Comunidades Autónomas que tienen transferidas las respectivas competencias. Debería articularse un mecanismo que garantice la adecuada disponibilidad presupuestaria de las CC AA competentes, de cara a sufragar en tiempo y adecuadamente el coste de la asistencia jurídica gratuita.

Por lo que se refiere a la supuesta elevación de los umbrales a partir de los cuales se considera que un sujeto tiene suficiencia de recursos económicos para sufragar los costes del proceso, motivada según la Exposición de Motivos por el incremento de costes procesales derivado de las nuevas tasas judiciales, existen dudas razonables sobre si efectivamente se han elevado los umbrales hasta ahora vigentes. En primer lugar, porque el Anteproyecto se sirve como magnitud de referencia de los ingresos brutos, en lugar de los netos. Segundo, porque se persiste en utilizar como patrón de referencia el IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples), que no hay obligación legal de actualizar anualmente y que de hecho no se actualiza desde 2010. Tercero, porque la anunciada mejora sólo se aplicaría a determinados tipos de unidades familiares, sin que la MAIN precise el efecto estadístico que ello representa para el conjunto del sistema.

En particular, por lo que atañe a la adopción expresa como criterio de referencia de los ingresos brutos, la opción escogida supone dejar fuera del ámbito del beneficio a un cierto número de sujetos que tendrían derecho a la asistencia jurídica gratuita si la magnitud de referencia fuese expresada en términos de ingresos netos. La alternativa de atender a los rendimientos líquidos (como pasa en otros ámbitos, como acceso a becas o a viviendas protegidas) facilitaría que el solicitante pudiera afrontar de modo efectivo los costes del proceso, al no computar unas cantidades de las que éste realmente no va a disponer, lo que garantizaría en mayor medida el acceso a la tutela judicial efectiva.

El Consejo informa favorablemente que la condición de víctima de ciertos delitos (víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos, así como menores de edad y personas con discapacidad psíquica cuando sean víctimas de abuso o maltrato) sirva para reconocer el derecho a la asistencia jurídica gratuita sin necesidad de acreditar insuficiencia de recursos, y que esa condición no se pierda una vez recaída sentencia de condena, pues ello permitirá continuar disfrutando del beneficio para la intervención en la ejecución o para la interposición del recurso. No obstante, se sugiere no excluir la posibilidad de continuar disfrutando del beneficio en caso de interposición de recurso de amparo constitucional y que el beneficio se extienda también a las personas con discapacidad física grave que se encuentren en esos mismos supuestos.

A propósito del reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita a favor de los accidentados que sufran secuelas permanentes de gravedad, sin perjuicio de que se trata de una novedad plausible, debería precisarse que el beneficio se concederá también aunque la acción principal no tenga por único objeto la reclamación de la indemnización, así como cuando la acción no se dirija únicamente a reclamar la indemnización por los daños personales y morales, sino también otros de naturaleza material. Igualmente, hay dos supuestos a los que el precepto debería extenderse: el de las enfermedades profesionales y el de las secuelas provenientes de hechos intencionales no accidentales.

En cuanto al tratamiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita de trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social en el orden social, que se limita a la primera instancia cuando no esté causalizado a la falta de recursos, se sugiere una vía para cohonestar un reconocimiento más extenso del beneficio con el hecho de que la Ley 10/2012 prevea la imposición de una tasa en dicho orden jurisdiccional por interponer el recurso de suplicación y el de suplicación, junto con una exención parcial de la misma en un 60 % cuando el que recurra sea el trabajador, a saber: reconocer a los trabajadores el derecho a la asistencia jurídica gratuita, también en suplicación y en casación, para todas las demás prestaciones del sistema distintas de la exención de tasas, y un reconocimiento parcial –bonificación del 60 por ciento– por lo que atañe al pago de las tasas judiciales.

Por otro lado, la no extensión del beneficio a los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social, cuando en lugar de litigar en el orden social lo hagan en el contencioso-administrativo, a menos que acrediten insuficiencia de recursos, es un resultado demasiado divergente con respecto al escenario actual y, a su vez, con respecto al tratamiento que se piensa dispensar a los trabajadores que litiguen en el orden social; sin que este Consejo vea motivo para ello.

En otro orden de cosas, en la descripción del contenido material del derecho a la asistencia jurídica gratuita, el Anteproyecto incluye la prestación consistente en la información sobre la mediación y otros medios extrajudiciales de solución de conflictos, siempre que con posterioridad se les reconozca el beneficio. Se trata de un avance respecto de la situación actual, pero el prelegislador podría haber dado un paso más e incorporar la prestación consistente en el coste de la mediación, y no sólo el de la información u orientación acerca de ella (partiendo de que los medios alternativos de solución de disputas son también una forma de justicia, y de que el art. 119 CE no habla de gratuidad de la tutela judicial sino de gratuidad de la justicia).

En cuanto al mecanismo de ratificación que prevé el Anteproyecto para el mantenimiento del beneficio en fase de ejecución o en vía de recurso, resulta discutible que el beneficio ya obtenido en sede jurisdiccional vea supeditado su mantenimiento a un acto de ratificación que puede obligar a una nueva acreditación de la insuficiencia de recursos si acaso hubiera transcurrido un año desde que el derecho le hubiera sido reconocido; lo que significa que el coste de que el procedimiento se prolongue, por causas en muchas ocasiones estructurales, se hace recaer sobre el beneficiario de la justicia gratuita.

En cuanto al llamado Comité de Consultas (art. 9 del Anteproyecto), el Consejo desaconseja su creación por diversas razones, pero si pese a todo se mantuviera dicho órgano, la Ley debería dibujar las líneas maestras de su composición, régimen de funcionamiento, procedimiento a aplicar y valor de sus «informes», aclarando que pese a la publicación en la web del Ministerio, dichos informes carecen de fuerza jurídica vinculante y no permiten fundar una impugnación frente a las decisiones de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita.

En cuanto a la presunción iuris tantum de que abusa del derecho [de asistencia jurídica gratuita] quien solicite el reconocimiento del mismo más de tres veces en un año, con excepción del orden penal, sería exigible que el prelegislador aclarase cuáles serán los factores que, enfrentados al dato de la petición del beneficio por encima de cierto número, permiten no obstante destruir la presunción de abuso. En general, la norma que contiene esta presunción –art. 33.3– adolece de un importante grado de indefinición, pues deja sin aclarar aspectos esenciales para su aplicación. Por todo ello, sería preferible suprimir esa «presunción», pero subsidiariamente se sugiere que se reformule, de manera que en lugar de tomar como referencia el hecho de que el sujeto en cuestión haya solicitado el reconocimiento del beneficio más de tres veces en un año, pasara a referirse al caso de que el solicitante hubiera visto denegadas, por insostenibilidad de la pretensión, tres solicitudes en el plazo de un año.

Sobre la insostenibilidad de la pretensión, el Anteproyecto planea facilitar su acreditación por parte del Letrado designado, admitiendo que éste alegue también la falta de justificación de la pretensión, a cuyos efectos le bastará con acreditar el hecho de haberse desestimado en el fondo otras pretensiones sustancialmente iguales. En el Informe se considera que la adición de este elemento podría quebrar el delicado equilibrio sobre el que está construido el edificio de la insostenibilidad. El Informe también alerta sobre el tratamiento procedimental de la insostenibilidad que hace el Anteproyecto, el cual difiere notablemente del actualmente vigente, ya que la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita dejará de estar vinculada por la opinión que debe recabar del Colegio de Abogados y, en su caso, del Ministerio Fiscal, para pasar a estarlo por el parecer del Abogado o Abogados que hayan sido designados. Este Consejo cree que la futura Ley no debería apartarse tanto de la pauta de que para el segundo Abogado designado, una vez que el Colegio de Abogados o el Ministerio Fiscal hayan estimado defendible la pretensión, será obligatorio asumir la defensa y no podrá volver a plantear la insostenibilidad.

El Informe resalta el contraste entre las nuevas atribuciones y funciones asignadas a los Colegios de Abogados y Procuradores y sus respectivos Consejos Generales, y el dato de que no vayan acompañadas de un incremento de la subvención que se concederá a los mismos para contribuir a sufragar los costes de los servicios de asistencia jurídica gratuita. Junto a lo anterior, se considera discutible hacer recaer el peso de la labor de comprobación y averiguación patrimonial sobre los Colegios de Abogados, ya que no parece aconsejable poner en manos de los Colegios tal volumen de datos sensibles relativos a los solicitantes del beneficio de justicia gratuita, con el consiguiente incremento del riesgo de que se produzcan accesos indebidos a datos personales y otros comportamientos infractores de la L. O. de Protección de Datos de Carácter Personal. Por ello, se recomienda mantener el régimen de la vigente LAJG, conforme al cual las facultades de averiguación patrimonial se concentran en las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, limitándose los Colegios a canalizar las solicitudes presentadas.

En lo tocante a la subvención y supervisión de los servicios de asistencia jurídica gratuita (Título V del Anteproyecto), debe llamarse la atención sobre el hecho de que la DF 1ª del Anteproyecto, establezca que este Título, entre otros, se debe entender dictado en virtud de la competencia del Estado reconocida en el artículo 149.1.18ª CE, conforme al cual corresponde al Estado dictar las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas. Ello representa una significativa innovación con respecto al régimen plasmado en la actual LAJG, según la cual el Capítulo correspondiente forma parte de los preceptos de la Ley que son de aplicación “en defecto de normativa específica de las Comunidades Autónomas que hayan asumido el ejercicio efectivo de las competencias en materia de provisión de medios para la Administración de Justicia”. Aparte de que ni en la Exposición de Motivos ni en la MAIN se ofrece la más mínima explicación a propósito de esta mutación de fundamento competencial, debe advertirse del serio peligro de invasión competencial que representa dejar de configurar como régimen supletorio esta parte de la Ley.

Finalmente, el Anteproyecto contempla una modificación sustancial del régimen de las costas en sede de recurso de apelación, de casación y extraordinario por infracción procesal (art. 398 de la LECiv). Además de que no existe una explícita conexión de esta materia con el contenido de la Ley en proyecto, el Informe destaca que el cambio proyectado –remitir íntegramente a lo dispuesto en el art. 394 LECiv para la imposición de costas en primera instancia–, en lugar de redundar en una mayor coherencia del sistema, tiene el efecto contrario, puesto que los arts. 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil parten de aplicar unos mismos principios a situaciones de hecho netamente diferentes. Introduce, pues, en este punto el prelegislador una reforma de calado en el régimen de imposición de las costas en sede de recurso, la cual no sólo no se justifica sino que se aparta de un sistema que, como el actual, resulta coherente con los principios sobre los que descansa, en torno a los cuales por lo demás existe un consenso generalizado.

La acción combinada de la proyectada reforma del art. 398 LECiv y de la modificación del art. 241.1 LECiv operada por la DF 3ª de la Ley de Tasas Judiciales (en virtud de la cual las tasas judiciales pasan a ser una partida más de las costas procesales), permitirá que el recurrente que vea estimado íntegramente su recurso repercuta a la parte recurrida, en concepto de costas, la cuantía de la tasa que haya debido abonar para recurrir. Resulta cuestionable que para buscar un paliativo a los sujetos pasivos de la tasa prevista por interposición de un recurso, se introduzca una modificación tan sustancial del régimen de imposición de costas en sede de recurso.

Inauguración del curso 2012-2014 de la Escuela Judicial: los 204 alumnos de la 64ª Promoción se formarán con la práctica constante sobre casos reales

2012-09-13 18:07:08.0

La 64ª Promoción de la Escuela Judicial comenzó el curso el pasado 12 de septiembre. Son 204 los alumnos aspirantes a jueces que superaron el proceso selectivo para el ingreso en la Escuela Judicial. La lista de aspirantes a jueces fue publicada por el Boletín Oficial del Estado en julio pasado.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, dio la bienvenida a esta 64ª Promoción de la Carrera Judicial en un acto celebrado el jueves 13 de septiembre en la sede de la Escuela Judicial, en Barcelona.

El acto constituyó la primera visita oficial de Moliner a la Escuela tras su nombramiento como máxima autoridad de la Justicia en España. Acompañaron a Moliner el vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, y los vocales de Escuela Félix Azón y Manuel Torres Vela, así como la directora de la Escuela Judicial, Roser Bach.

Una vez aprobadas las oposiciones, los alumnos inician ahora dos años de formación a cargo de los profesores de la Escuela Judicial.

En total, 139 mujeres y 65 hombres conforman la LXIV (64) Promoción de jueces en prácticas.

Los alumnos tienen una media de 29 años de edad y dedicaron para preparar la oposición un total de 4 años y ocho meses. La mayoría proviene de Andalucía (18,6%), Madrid (15,2%), Valencia (11,2%) y Cataluña (9,8%).

Sin vinculación familiar con el Derecho

El 72% de los alumnos no tiene vinculación familiar con el Derecho; el 22% tiene un familiar con estudios jurídicos –abogado, en su mayoría- y sólo en el 6% de los casos el alumno tiene en su familia un juez o magistrado.

La mitad de los alumnos tomó la decisión de preparar la oposición cuando estudiaba en la Universidad y en un 31% de los casos decidieron su vocación antes de iniciar su licenciatura.

Nueve de cada diez (93%) decidió ser juez por ejercer su función de garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos. El 95% destaca la independencia e imparcialidad de su labor, y el 85% considera que la Administración de Justicia es un servicio público al que debe contribuir.

Nueve de cada diez alumnos maneja el inglés como segundo idioma y tres de cada diez conoce el francés. Además, muchos tienen conocimiento de los idiomas españoles cooficiales (25% de los alumnos hablan catalán o valenciano, 8% gallego y 4% euskera).

Todos ellos dominan el manejo de ordenadores como usuarios e Internet. Además, siete de cada diez suele utilizar bases de datos jurídicas.

La Escuela Judicial

La Escuela Judicial cuenta con 23 docentes y está dirigida por la magistrada Roser Bach Fabregó.

Las materias abarcan primera Instancia, Instrucción, Derecho Constitucional y Comunitario, prácticas tuteladas, Derecho orgánico y medicina legal.

Historia de la Escuela Judicial. Este centro de formación lleva ya 15 años con sede en Barcelona y depende del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Organigrama de la Escuela Judicial. La Escuela Judicial cuenta con 23 docentes.

Cómo llegar a la Escuela Judicial. Está situada en una montaña al noroeste de Barcelona. En concreto en Vallvidrera, en la Sierra de Collserola; muy cerca del Parque de Atracciones del Tibidabo y la Torre de Comunicaciones de Collserola "Torre Foster".

ENLACE A LA PUBLICACION DEL BOE del viernes 13 de julio de 2012. Número 167.

Acceso al Acuerdo de la Comisión de Selección, fechado el 5 de julio de 2012.

Principios para el diseño de una nueva demarcación judicial

2012-04-19 16:04:58.0

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado en su sesión de hoy un documento que contiene los principios y criterios básicos para nueva demarcación judicial. Del documento se dará traslado al Ministerio de Justicia. El nuevo mapa judicial resultante de la aplicación de esos criterios no ha sido aprobado, y será abordado por la institución en una reunión plenaria extraordinaria convocada para el próximo 3 de mayo.

Una vez aprobado el documento, el Pleno acordó dar dos semanas de plazo para que los vocales que así lo deseen puedan proponer cuantas observaciones estimen oportunas, al objeto de que ese Pleno extraordinaria pueda aprobar un primer borrador que se remitirá a los órganos de gobierno de los tribunales superiores de justicia para que, bajo la coordinación de los vocales territoriales, hagan las sugerencias o propuestas pertinentes.

El objetivo del Consejo General del Poder Judicial es abrir un debate que permita superar las disfunciones que provoca un diseño territorial que ya no responde a la realidad de una sociedad en constante y profunda trasformación. La propuesta necesita ser entendida no de manera aislada, sino como un pilar más de la reforma estructural que necesita la Administración de Justicia española.

La Ley Orgánica 39/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, manejó un modelo de partido judicial de configuración circular, de un mínimo deseable de 50.000 habitantes y una superficie media de 700 a 1.000 kilómetros cuadrados, es decir, unos 15 kilómetros de radio. Fruto de aquel diseño se crearon 105 nuevos partidos judiciales que se sumaron a los 317 existentes en aquel momento. Posteriores ampliaciones llevaron a la cifra actual de 431 partidos judiciales.

Desde su aprobación en 1988, la situación en España ha cambiado considerablemente: los incrementos y disminuciones demográficas, los flujos de población, los polos industriales, el desarrollo urbanístico y turístico, las comunicaciones, los medios de transporte, las tecnologías de la información y de la comunicación, el modelo de oficina judicial, la forma de tramitar los procedimientos… han sufrido alteraciones especialmente significativas hasta el punto de provocar serios desfases entre la estructura y organización territorial y las demandas y necesidades de la sociedad de hoy.

Además, la ciudadanía exige a la administración de Justicia una serie de servicios externos (gabinetes psico-sociales de familia, puntos de encuentro familiar, servicios de atención al ciudadano, servicios de atención a las víctimas, unidades de valoración de riesgo en casos de violencia de género, servicios de mediación civil y penal, unidades de Policía Judicial, entre otras) cuya operatividad eficiente impone que su implantación permita dar servicio a varias unidades judiciales.

A estos factores es necesario añadir el decido compromiso del Consejo General del Poder Judicial por un factor claves para la mejora del servicio público de la Justicia, una mayor especialización judicial. La fusión de partidos judiciales permitirá la separación de jurisdicciones de órganos que son los que tienen un trato más directo con el ciudadano. A su vez, ese elemento facilitará una mayor agilidad en la tramitación de los procesos y permitirá una más eficaz labor jurisdiccional.

Todos esos factores aconsejan el diseño de un nuevo mapa de partidos judiciales, que el Consejo General del Poder Judicial entiende que debe ajustarse a las siguientes bases:

• La atención y la proximidad de la Justicia al ciudadano no puede medirse en kilómetros, sino en tiempo y servicios.

• El desplazamiento del ciudadano al juzgado y su presencia en las oficinas judiciales ha de reducirse a los supuestos estrictamente necesarios gracias a la comunicación telemática y el uso de las nuevas tecnologías.

• Las circunscripciones resultantes habrán de tener una población superior a 100.000 habitantes y el desplazamiento desde los núcleos de población hasta la cabecera no podrá exceder de una hora a través de las vías de comunicación existentes.

• La separación de órdenes jurisdiccionales exige un mínimo de ocho juzgados para garantizar un funcionamiento correcto de la administración de Justicia, por lo que las agrupaciones han de tender a reunir un mínimo de órganos que permita alcanzar esta cifra.

• La reordenación habrá de atender a las concretas circunstancias de geografía política, procurando respetar los ámbitos territoriales en los que se desenvuelven las actividades político-económicas de cada zona.

La aplicación de estos criterios permitirá la reducción de los actuales 431 partidos judiciales a menos de la mitad, entre 190 y 200. En el 90 por ciento de las circunscripciones resultantes podrá procederse a la separación de jurisdicciones y correspondiente especialización de los jueces; al despliegue de la nueva oficina judicial con servicios procesales y de ejecución comunes; a la implantación de gabinetes y servicios de todo tipo, y a la aplicación de las tecnologías que garanticen una mayor proximidad y un mejor servicio público, garantizando un rendimiento idóneo y un aprovechamiento racional de los recursos.

El Consejo concluye, en su propuesta, que la implantación de un nuevo mapa judicial debe ser

• progresiva, flexible y en el marco de una reforma global mucho más ambiciosa de la adminsitración de Justicia que atienda a la necesidad de ruptura del vínculo juez/juzgado con la implantación de los tribunales de instancia;

• que apueste por una Justicia titular profesional con relegación de la interina a supuestos excepcionales;

• que facilite un despliegue flexible y ordenado de la oficina judicial, y

• que permita el desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías como medio de comunicación y garantía de accesibilidad y transpariencia.

La Comisión Disciplinaria del CGPJ archiva las diligencias abiertas por las filtraciones del "Caso Palma Arena"

Comunicación Poder Judicial — 2012-02-21 14:52:50.0

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, en sesión celebrada el día 21 de febrero de 2012, ha acordado por unanimidad archivar las diligencias informativas número 1/2012 relativas a la actuación del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca en las diligencias previas 2677/08 ('Caso Palma Arena'), en base al informe del Servicio de Inspección y por los siguientes motivos:

1) No se ha producido ninguna filtración de documentos mientras la causa o alguna de sus piezas han permanecido secretas.

2) Existe un elevado número de partes personadas que han tenido acceso a las actuaciones.

3) En el Juzgado se han adoptado las medidas posibles y adecuadas para proteger la confidencialidad de la causa y evitar la difusión a terceros.

Se adjunta nota de prensa.

Carlos Dívar renuncia a su cargo de presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo

2012-06-21 13:14:07.0

Carlos Dívar renunció a su cargo de presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo al perder la confianza de toda la institución. Así lo comunicó el vicepresidente, Fernando de Rosa, en rueda de prensa celebrada tras el Pleno extraordinario del 21 de junio.

El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, asume la presidencia en funciones de este organo constitucional.

Nada más conocerse esta renuncia, la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo se reunió nada más conocerse la renuncia de Carlos Dívar. Posteriormente, la Sala de Gobierno difundió un comunicado en el que manifiesta que el Alto Tribunal continúa con sus trabajos con normalidad. La presidencia interina del Tribunal Supremo recaerá, según lo establece la legislación, en el presidente de sala más antiguo: Juan Antonio Xiol, quien preside la Sala de lo Civil.

Rueda de prensa de Fernando de Rosa

Tras el Pleno extraordinario, el vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, compareció en rueda de prensa. En su intervención, señaló que, tras constatar la dimisión, los vocales mostraron "por unanimidad" un reconocimiento a la labor de Dívar en sus tres años y medio al frente de la institución y por sus 43 años de servicio en la carrera judicial.

De Rosa avanzó que el Consejo seguirá trabajando por solucionar los problemas que tiene la administración de justicia y en favor de los ciudadanos. El Consejo “no va entrar en ninguna interididad”, destacó, aunque el objetivo de los vocales es normalizar la situación y poder designar a un nuevo presidente en el plazo oportuno.

En octubre de 2011, el Consejo marcó las principales líneas de trabajo y que están centradas en:

El nuevo modelo de Oficina Judicial y la introducción de nuevas tecnologías.
La articulación de fórmulas que permitan la organización colegiada de los juzgados.
La revisión del sistema de inspección.
El análisis de la organización territorial en la administración de Justicia para reflexionar sobre una nueva demarcación.
La adopción de medidas de desjudicialización y de racionalización de la litigiosidad.

El príncipe de Asturias preside el Acto de Bicentenario del Tribunal Supremo

2012-06-18 15:43:31.0

Su Alteza Real, el príncipe de Asturias, presidió el 18 de junio en el Tribunal Supremo los actos conmemorativos del Bicentenario de creación de esta institución, surgida en 1812 al amparo de la Constitución de Cádiz.

Durante su discurso, su Alteza Real pidió una reflexión sobre la trascendencia del texto gaditano.

Asimismo, el príncipe de Asturias también destacó la importancia "clave" del Tribunal Supremo en el actual Estado de Derecho.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar quiso subrayar en su discurso que la Constitución de 1812 era un texto para ambos hemisferios, era una constitución de todos.

La ceremonia contó con la presencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría; el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón; y el presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce ,entre otros.

Al acto asistieron representantes de las Cortes Supremas de Iberoamérica

También participaron los vocales del órgano de gobierno de los jueces, magistrados y fiscales del Tribunal Supremo y representantes de las Cortes Supremas de Iberoamérica.

Más de 6.000 personas en sus Jornadas de Puertas Abiertas

El pasado mes de abril, el Tribunal Supremo celebró su 200 aniversario con unas Jornadas de Puertas Abiertas a las que acudieron más de 6.000 personas. Las visitas fueron guiadas y se tomaron fotografías a su término.

Las jornadas se celebraron entre el 11 y el 14 de abril. Al término de la visitas, la organización tomó fotografías de los grupos.

Orden del día del Pleno ordinario del 25 de julio del CGPJ

2012-07-24 09:36:07.0

ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN PLENARIA DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DEL DÍA 25 DE JULIO DEL AÑO 2012, A LAS 9:30 HORAS.

CAPITULO I

ASUNTOS GENERALES

I-1º.- Aprobación, en su caso, del acta de la sesión plenaria ordinaria del día 28 de junio y extraordinaria de 10 de julio del año 2012.

I-2º.- Dación de cuenta del cumplimiento de los acuerdos adoptados en la sesión de 28 de junio de 2012.

I-3º.- Informes de las Comisiones y Vocalías.

I-4º.- Propuesta de la Comisión de Calificación para provisión de siete plazas de Letrado/a al servicio del Tribunal Supremo (especialidad jurídica requerida principalmente social -1 plaza-, contencioso-administrativo -5 plazas- y penal -1 plaza-) convocadas por su anterior acuerdo de 23 de febrero de 2012 (BOE del día 2 de marzo).

I-5º.- Propuesta de la Comisión de Calificación para el nombramiento de Magistrados Tutores que han de intervenir en la fase de prácticas jurisdiccionales a desarrollar por los Alumnos de la Promoción 63 de la Escuela Judicial, dentro del Plan Docente del curso 2011/2013, aprobado por Acuerdos del Pleno de 30 de junio de 2011, en ampliación de los ya nombrados por Acuerdo del Pleno de 31 de mayo de 2012, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 del Reglamento 2/2000, de 25 de octubre (BOE del día 7 de noviembre).

I-6º.- Propuesta de la Comisión Permanente (I-57, de 2 de julio de 2012) para, si procede:

La fecha de la votación será el 7 de noviembre de 2012.

Tercero.- En el supuesto de que no se presenten candidaturas, se procederá a la convocatoria de nuevas elecciones parciales que se celebrarán en el plazo de los seis meses siguientes.

I-7º.- Ratificación del acuerdo de la Comisión Permanente (III-11, de 2 de julio de 2012), adoptado por razones de urgencia y en funciones de Pleno, al amparo de lo establecido en el artículo 57 del Reglamento 1/1986, de 22 de abril, de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, por el que se acordó denegar la solicitud de suspensión instada en el recurso de alzada núm. 146/12 y acumulados, interpuesto por…. 27 Magistrados/as, contra Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 17 de abril de 2012 y Acuerdo aclaratorio posterior de 8 de mayo, relativo al “Régimen de Vacaciones impuesto a Jueces y Magistrados titulares de Órganos Unipersonales”.

Notifíquese el presente Acuerdo a la parte recurrente y comuníquese al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

I-8º.- Dación de cuenta para su ratificación, si procede, del acuerdo adoptado por la Comisión Permanente (I-27, de 16 de julio de 2012) por el que se decidió:

1.- Tomar conocimiento de la relación de compatibilidades docentes tramitadas a lo largo del curso Académico 2011/2012.

2.- Recordar a los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, para su difusión en el territorio, como ya lo hiciera en el pasado curso, que de acuerdo con lo establecido en los artículos 332, 333.1 y 342 del Reglamento 2/2011, de 28 de abril, de la Carrera Judicial, las solicitudes de autorización de compatibilidad para el ejercicio de la docencia deben formularse cada año académico en que se pretenda ejercer y se formularán con carácter previo al inicio de la actividad docente, en formulario aprobado por Acuerdo de la Comisión Permanente de 20 de junio de 2000 (publicado en el BOE de 28 de junio de 2000); modificado por Acuerdo de 22 de noviembre de 2005, de la Comisión Permanente (publicado en el BOE de 6 de diciembre de 2005; y con las normas del Reglamento 2/2011, de 28 de abril, de la Carrera Judicial, y en la página web del Consejo www.poderjudicial.es).

3.- Dar la oportuna publicidad, a través de la página web, de los cuadros numéricos que se hacen constar en la propuesta del Servicio de Personal Judicial que motiva este Acuerdo.

I-9º.- Ratificación del acuerdo de la Comisión Permanente (I-32, de 16 de julio de 2012), adoptado por razones de urgencia y en funciones de Pleno, al amparo de lo establecido en el artículo 57 del Reglamento 1/1986, de 22 de abril, de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprobó la designación obtenida por insaculación de D. JOSE ANTONIO MONTERO FERNÁNDEZ, Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, como Vocal de procedencia judicial que ha de integrar la Junta Electoral Central por renuncia por causa justificada formulada por Dª. ENCARNACIÓN ROCA TRÍAS, que fue nombrada por RD 711/2012, de 16 de abril (BOE del día 19), a propuesta del Pleno de este Consejo General del anterior día 22 de marzo; todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.1 a) y 2 en y 17 a) de la Ley Orgánica 5/85, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

I-10º.- 1.- Ratificación del acuerdo de la Comisión Permanente (I-34, de 16 de julio de 2012), adoptado por razones de urgencia y en funciones de Pleno, al amparo de lo establecido en el artículo 57 del Reglamento 1/1986, de 22 de abril, de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, por el que se acordó iniciar el procedimiento de suspensión de funciones de una Magistrada previsto en el artículo 286 del Reglamento 2/2011, de 28 de abril, de la Carrera Judicial, que se sustanciará en pieza separada, y a tal efecto, se dará audiencia a la interesada, al Ministerio Fiscal y a la Sala de Gobierno para que en el plazo de tres días informen lo procedente, adelantando el acuerdo adoptado por fax al Ministerio Fiscal y a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y delegando en el Presidente de dicho Tribunal la notificación a la Magistrada, en función de la necesidad de articular de manera continuada la referida medida de suspensión de funciones, y una vez apreciados indicios de que la Magistrada padece limitaciones gravemente impeditivas para el ejercicio de la función jurisdiccional.

2.- Propuesta de resolución que formula el Vocal D. Claro José Fernández-Carnicero González, Ponente, para, si procede, declarar la jubilación por incapacidad permanente para el ejercicio de sus funciones judiciales, de la Magistrada con destino en el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, con los derechos pasivos que le correspondan por esta causa, al considerar que la lesión o proceso patológico padecidos la inhabilita para las funciones propias de la actividad judicial. A tenor de lo dispuesto en el artículo 353 del Reglamento 2/2011 de 28 de abril, de la Carrera Judicial, la mencionada Magistrada, cesará en su actual destino el mismo día en que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial adopte el acuerdo de proceder a su jubilación por incapacidad permanente para el servicio.

Notifíquese la presente resolución al Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Andalucía, al Ilmo. Sr. Secretario de su Sala de Gobierno, al Ministerio Fiscal, (Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía), al Excmo. Sr. Presidente de la Mutualidad General Judicial, a la Sra. Instructora, a la Habilitación de Personal del Ministerio de Justicia, y a la interesada, haciéndole saber, que contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación, en legal forma, ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

I-11º.- Propuesta de la Comisión Permanente (II-11, de 16 de julio de 2012) para, si procede:

1.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, el Ministerio Fiscal y la Universidad de Vigo, para la implantación experimental de un programa de mediación familiar intrajudicial para el año 2012.

2.- Delegar de la firma del mismo en los Vocales Dª. Margarita Uría Etxebarría y D. Antonio Dorado Picón, Vocales Delegados para la coordinación e impulsos del Programa de Mediación coordinado por el Consejo.

3.- Designar a los miembros que, en representación del Consejo, formarán parte de la Comisión de Seguimiento del citado Convenio, prevista en su cláusula duodécima

I-12º.- Propuesta de la Comisión de Estudios e Informes para, si procede, aprobar el Informe al Proyecto de Real Decreto por el que se regulan las actividades de obtención, utilización clínica y coordinación territorial de los órganos humanos destinados al trasplante y se establecen requisitos de calidad y seguridad.

I-13º.- Propuesta de la Comisión Presupuestaria para la aprobación, si procede, de la Cuenta de Liquidación del Presupuesto del Consejo General del Poder Judicial correspondiente al año 2011.

I-14º.- Propuesta de la Comisión de Relaciones Internacionales para, si procede, autorizar el proceso de selección de magistrados corresponsales nacionales de la Red Judicial Española (REJUE) en la renovación de aquellas plazas que corresponde por expiración del periodo de cinco años o cese de los integrantes por traslado a otros territorios, según lo señalado en el Anexo II, de conformidad con las Bases de la convocatoria para la selección que ya fueron aprobadas por el Pleno en su reunión de 26 de noviembre de 2008 (Anexo I).

Delegar la ejecución del acuerdo que se adopte en el Servicio de Relaciones Internacionales.

I-15.- Propuesta de la Comisión de Modernización e Informática para, si procede, aprobar el informe solicitado por la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, sobre modificación de plantilla orgánica para determinados órganos judiciales.

I-16º.- Propuesta de la Comisión de Modernización e Informática para, si procede, aprobar el informe solicitado por la Consejería de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, sobre modificación de plantilla orgánica en diversos órganos judiciales.

I-17º.- Propuesta de la Comisión de Modernización e Informática para, si procede, aprobar el informe solicitado por la Dirección General de Justica de la Generalitat Valenciana, sobre adaptación y modificación de la plantilla orgánica de las Fiscalías de la Comunidad Autónoma.

I-18º.- Propuesta de la Comisión de Modernización e Informática para, si procede, aprobar el Informe a la propuesta del Ministerio de Justicia sobre relaciones de puestos de trabajo del Cuerpo de Secretarios Judiciales de las Oficinas Judiciales de Girona y Olot (Cataluña).

I-19º.- Propuesta del Consejo Rector de la Escuela Judicial para la aprobación, si procede, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.c) del Reglamento 2/1995, de la Escuela Judicial, del Plan Docente de Formación Inicial, de la Promoción 64 de ingreso en la Carrera Judicial.

I-20º.- Propuesta de la Vocal Delegada para la Memoria para la aprobación, si procede, de la Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los Juzgados y Tribunales correspondiente al año 2011.

I-21º.- Propuesta de D. Pío Aguire Zamorano, Dª. Almudena Lastra de Inés y D. Carles Cruz Moratones, Vocales del Grupo de Trabajo constituido en el seno de la Comisión de Seguimiento del Convenio entre el Consejo General del Poder Judicial y la Agencia Española de Protección de Datos, a fin de que, si procede, se acuerde que el Consejo y la Agencia se dirijan conjuntamente al Ministerio de Justicia para impulsar un cambio legislativo en materia de protección de datos personales en el ámbito de la Administración de Justicia y para que se apruebe una instrucción sobre la publicación de edictos en los Boletines Oficiales y la Protección de datos.

I-22º.- Propuesta de resolución que formula la Vocal Dª. Concepción Espejel Jorquera, Ponente, para, si procede, declarar la jubilación voluntaria del Magistrado titular del Juzgado de lo Social número 2 de Granollers (Barcelona), el día 17 de septiembre de 2012, fecha de jubilación solicitada, quedando demorada la eficacia de la misma hasta ese momento, ya que convergen en su solicitud, en su persona y en su situación administrativa todos los elementos, condiciones y requisitos establecidos tanto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, como en el Reglamento 2/2011, de 28 de abril, de la Carrera Judicial y en la normativa reguladora de Clases Pasivas del Estado y en sus disposiciones de desarrollo plasmadas en la Resolución de 29 de diciembre de 1995, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública que modifica los procedimientos de jubilación.

Notifíquese la presente resolución al Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, al Ilmo. Sr. Secretario de la Sala de Gobierno, a la Mutualidad General Judicial, a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, a la Habilitación de Órganos Centrales del Ministerio de Justicia y al interesado, haciéndole saber que contra la misma cabe recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación, en legal forma, ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

I-23º.- Propuesta del Secretario General para, si procede, convocar un concurso de méritos para la provisión de un puesto de trabajo de Jefe de Sección de Estadística Judicial Nivel 30, que puede ser cubierto entre miembros de las Carreras Judicial y Fiscal, del Cuerpo de Secretarios Judiciales y por funcionarios pertenecientes a Cuerpos o Escalas de las Administraciones Públicas clasificados en el subgrupo A1, a que se refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.

I-24º.- Propuesta del Secretario General para, si procede, aceptar la renuncia al cargo de Letrado al servicio del Consejo General del Poder Judicial presentada por D. JOSÉ LUIS RUIZ MARTÍNEZ, con el expreso agradecimiento del Pleno por los servicios prestados.

Demorar la fecha de efectos del presente acuerdo al momento en que, por necesidades del Servicio, resulte conveniente, a lo largo del próximo mes de septiembre, delegando expresamente dicha concreción en la Comisión Permanente.

I-25º.- Propuesta del Secretario General para decidir sobre la prórroga por un año, con efectos del día 11 de octubre de 2012, del nombramiento de Dª. MARÍA BEGOÑA HOYOS MAROTO, para continuar prestando sus servicios en el mismo puesto de trabajo que actualmente ocupa, de conformidad con lo establecido en el artículo 146.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, manteniendo la situación de servicios especiales que ya tiene declarada.

I-26º.- Propuesta del Secretario General para decidir sobre la prórroga por un año, con efectos del día 5 de octubre de 2012, del nombramiento de D. JOSÉ LUIS CALAMA TEIXEIRA, para continuar prestando sus servicios en el mismo puesto de trabajo que actualmente ocupa, de conformidad con lo establecido en el artículo 146.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, manteniendo la situación de servicios especiales que ya tiene declarada.

I-27º.- Propuesta del Secretario General para decidir sobre la prórroga por un año, con efectos del día 6 de octubre de 2012, del nombramiento de Dª. MIREIA BORGUÑO VENTURA, para continuar prestando sus servicios en el mismo puesto de trabajo que actualmente ocupa, de conformidad con lo establecido en el artículo 146.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, manteniendo la situación de servicios especiales que ya tiene declarada.

I-28º.- Propuesta del Secretario General para decidir sobre la prórroga por un año, con efectos del día 6 de octubre de 2012, del nombramiento de Dª. MARÍA ISABEL TOMÁS GARCÍA, para continuar prestando sus servicios en el mismo puesto de trabajo que actualmente ocupa, de conformidad con lo establecido en el artículo 146.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, manteniendo la situación de servicios especiales que ya tiene declarada.

I-29º.- Propuesta del Vocal D. Félix Azón Vila para que, si procede, por el Pleno se reitere la decisión de impulsar la convocatoria de oposiciones y se acuerde, además de dar traslado de este acuerdo al Gobierno de la Nación, y de realizar las gestiones pertinentes ante la Comisión de Selección del art. 305 de la LOPJ, se realicen las tareas de impulso político necesarias para que prospere esta propuesta.

Ruegos y preguntas.

La Permanente del CGPJ respalda la condena expresada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por la detenciones practicadas en sede judicial

Comunicación Poder Judicial — 2011-10-11 00:00:00.0

La Comisión Permanente ha acordado, en su reunión de hoy, respaldar a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que, reunida ayer en sesión extraordinaria, condenó la irrupción de los Mossos d’Esquadra en un edificio judicial para detener a seis personas que se habían presentado ante el Juzgado de Instrucción de Guardia de Barcelona.

La Permanente coincide con la Sala de Gobierno cuando califica la actuación de los mandos policiales como desproporcionada y que supuso un menosprecio de los derechos de las personas y del respeto que merecen los tribunales de justicia, por cuanto los seis ciudadanos se habían presentado voluntariamente ante el juzgado y estaban a la espera de la decisión judicial sobre su situación.

Madrid, 11 de octubre de 2011.

La Permanente del CGPJ traslada al Ministerio de Justicia la necesidad de crear 50 unidades judiciales

Comunicación Poder Judicial — 2011-12-29 15:00:08.0

El Consejo General del Poder Judicial informa

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión ordinaria del día de la fecha, adoptó el siguiente Acuerdo:

Trasladar al Ministerio de Justicia:

1.- La necesidad perentoria de creación de cincuenta unidades judiciales para poder dar destino a los integrantes de la 62 Promoción de la Escuela Judicial , que se incorporarán en el mes de marzo de 2012. Teniendo en cuenta la inmediatez de dicha necesidad, y los problemas económicos, la Comisión Permanente entiende que tales plazas deben ser creadas en órganos colegiados, o como Jueces de Adscripción territorial, toda vez que no genera un gasto añadido, más allá del sueldo a percibir por los titulares de las mismas.

2.- La necesidad de elaboración por parte del Ministerio de Justicia, de un plan de creación de nuevas unidades judiciales para los próximos tres años, con independencia de las que se contemplan en el apartado anterior, de manera que, de un lado vayan absorbiéndose las nuevas incorporaciones a la carrera judicial, y por otro se atienda a las necesidades derivadas del exceso de carga de trabajo actualmente soportado por los órganos judiciales españoles.

3.- La necesidad de dotar de continuidad a la convocatoria de pruebas selectivas para ingreso en la carrera judicial, en consonancia con las conclusiones del estudio sobre la situación de los órganos unipersonales y colegiados asumido por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en el mes de junio pasado. Se tiene en cuenta a tal efecto que la paralización de los procesos selectivos indicados produciría sus efectos en los tres años siguientes, sin olvidar que el exceso de carga de trabajo que actualmente soportan los órganos judiciales requiere el aumento de Jueces y Magistrados.

Con relación al presente acuerdo expresa su voto discrepante la Vocal Dña. Almudena Lastra de Inés, en primer lugar por no considerar conveniente que sea la Comisión Permanente quien formule la petición al Ministerio de Justicia, sino que debería haber sido el Pleno del Consejo General del Poder Judicial. en segundo término, entendiendo que se puede hacer la solicitud de creación de las plazas reseñadas, pero no comparte la justificación del informe que sirve de sustento al resto de las peticiones contenidas en el acuerdo adoptado.

Madrid, 29 de diciembre de 2011

El presidente del CGPJ solicita a los vocales territoriales que completen los informes sobre necesidades en los juzgados con casos de corrupción

Comunicación Poder Judicial — 2013-03-07 19:32:27.0

En el pleno del Consejo General del Poder Judicial celebrado hoy, y al comienzo de la sesión, el Presidente del Consejo y del Tribunal Supremo, D. Gonzalo Moliner, ha dado cuenta de un resumen provisional de los informes que le han remitido los Presidentes de los Tribunales de Justicia en relación con las causas denominadas de “corrupción” que se tramitan en órganos judiciales y las necesidades de colaboración o medidas de refuerzo para dichos juzgados o tribunales.

Como se sabe, el pasado día 24 de enero, el Presidente comunicó al Pleno del Consejo su intención de solicitar dichos informes ante la gravedad y alarma social que estaban alcanzando las noticias sobre corrupción política y a la vista de algunas manifestaciones que denunciaban la falta de medios en los órganos judiciales para la investigación de estas causas.

De cada uno de los informes recibidos, la Presidencia del CGPJ ha dado traslado a los respectivos vocales territoriales para que completen, en su caso, la información aportada por los Presidentes de los Tribunales, en particular en lo atinente a las medidas de refuerzo que pudieran servir para agilizar los procesos.

En el apartado de necesidades planteadas, en estos primeros informes, por los Presidentes de los Tribunales de Justicia, cabe destacar:

·       Solicitud de que la Audiencia Nacional, como tribunal especializado en crimen organizado, cuente con una unidad permanente de peritos.

·       Mantenimiento de las medidas de refuerzo en Baleares: tres magistrados en las secciones penales de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca y un magistrado en el Juzgado de Instrucción nº 3 también de Palma de Mallorca.

·       Solicitud de un juez de refuerzo para el Juzgado de 1ª Instancia 5 de Arrecife de Lanzarote y para el Juzgado de Instrucción 1 de San Cristóbal de La Laguna.

·       Más medios para el Juzgado de Medio Cudeyo (Cantabria).En fase de solución, en colaboración con la Consejería de Justicia de dicha Comunidad.

·       Falta de funcionarios en diversos juzgados de Castilla-La Mancha.

·       Refuerzo de la plantilla de funcionarios del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Ávila.

·       Solicitud de refuerzo de un juez para el Juzgado de Instrucción 1 de San Javier (Murcia).Esta medida ya está comtemplada en el seno del CGPJ y se adoptará en breve.

·       Solicitud de refuerzo y de apoyo administrativo para el Juzgado de instrucción 4 de Vitoria.

No han solicitado, por el momento, ninguna medida de apoyo los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Aragón, Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid y Navarra.

Por otra parte, el vocal del CGPJ D. José Manuel Gómez Benítez ha retirado la propuesta de remitir la lista de jueces que secundaron la huelga del pasado día 20 de febrero al Ministerio de Justicia“a la vista de que los datos suministrados por los órganos de gobierno interno no contienen información fidedigna y completa sobre la identidad de los jueces que secundaron dicha huelga”.

Finalmente, el Pleno del CGPJ ha aprobado la propuesta del Secretario General para archivar sin más trámite la denuncia presentada contra los miembros de la Comisión Permanente de este Consejo que adoptaron los acuerdos relativos a la petición de comisión de servicio del Magistrado titular del Juzgado de Instrucción 3 de Palma de Mallorca, sobre práctica de diligencias de instrucción, al no ser constitutivos de ningún tipo de infracción.

Inauguración del Palacio de Justicia de Burgos, sede del TSJ de Castilla y León y de la Audiencia Provincial

2012-08-01 17:15:00.0

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, inauguró el 16 de Julio el rehabilitado Palacio de Justicia de Burgos, sede del TSJCYL y que actualmente también acoge la Audiencia Provincial de Burgos. Además de por el presidente del TSJCYL, José Luis Concepción, el ministro estuvo acompañado en su visita por los vocales del CGPJ adscritos a este territorio, Miguel Collado y Almudena Lastra, y otras autoridades de la región como la presidenta de las Cortes, María Josefa García Cirac, y el consejero de la Presidencia José Antonio de Santiago-Juárez.

A los jueces, fiscales, secretarios, funcionarios y otros profesionales de los Tribunales de Castilla y León presentes en el acto, Ruiz Gallardón señaló que el mayor reto por el que atraviesa el Poder Judicial radica en la modernización del sistema judicial, una tarea importante y "sorprendentemente" aplazada para "hacer del servicio público de la administración de Justicia uno de los grandes servicios que puedan hacer que la tutela judicial sea una realidad e introduzca a la justicia como un elemento de modernidad y competitividad".

Por su parte, el presidente del Tribunal José Luis Concepción ofreció al ministro Alberto Ruiz Gallardón «la colaboración de los 300 jueces de Castilla y León, que están a la cabeza en tiempo de respuesta y en calidad de resoluciones».

El ministro también hizo referencia en sus declaraciones a los funcionarios que, concentrados este día frente al Palacio, protestaban por los recortes anunciados por el Gobierno de España: "Soy plenamente consciente de que las reformas afectan a muchos sectores de la población española, que tienen serias dificultades económicas, pero soy también consciente de que si no lo hiciésemos no tendríamos posibilidad de superar esta crisis económica", aseveró Gallardón.

Con una superficie total de 14.846 metros cuadrados, las obras de rehabilitación se iniciaron en diciembre de 2007, siendo ya presidente del TSJCYL José Luis Concepción.

Los Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia consideran prioritario el fortalecimiento del Poder Judicial y la defensa de su independencia

2012-10-05 12:39:56.0

Los 17 Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de España, reunidos en Albacete entre el 2 y el 5 de octubre de 2012, han alcanzado las siguientes conclusiones:

Preliminar

Los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, ante la gravedad de la situación generada por diversas iniciativas legislativas, mantuvimos una entrevista con el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, al objeto de transmitirle nuestra posición sobre las mismas al tiempo que le manifestamos nuestra lealtad institucional, ofreciéndole la más estrecha colaboración con todas las iniciativas que desde el Consejo General del Poder Judicial y en la calidad del Presidente, como máximo representante del Poder Judicial en España, tenga a bien promover.

Los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia mostramos el agradecimiento por la reunión mantenida y valoramos con él la oportunidad de que en un inmediato futuro pudiera celebrarse un encuentro al más alto nivel con las autoridades políticas con competencia en materia de justicia. Y ello, al objeto de buscar puntos de consenso en torno a iniciativas que, garantizando la independencia del Poder Judicial, permitan avanzar en una justicia de calidad.

Los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia constatamos que los problemas que afectan a la Justicia, en la perspectiva del servicio a los ciudadanos, no pasan prioritariamente por reformas que afecten al estatuto orgánico de los jueces o al gobierno del Poder Judicial. Antes, al contrario, es preferente y necesario afrontar en profundidad reformas de naturaleza organizativa, tecnológica y procesal, entre otras.

-Propuestas institucionales sobre el Poder Judicial

Consideran prioritario el fortalecimiento del Poder Judicial y la defensa de su independencia. Los Presidentes de los TSJ “proclaman” de nuevo la necesidad de un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que sea el “órgano constitucional encargado de velar por la independencia de los Jueces y Tribunales”, y por tanto muestran su “desacuerdo más absoluto con las iniciativas que tiendan a debilitarlo” restándole su papel constitucional.

Los Presidentes de los TSJ creen necesaria una coordinación entre los órganos encargados de la organización de la Administración de la Justicia (CGPJ, Ministerio de Justicia y Comunidades Autónomas con competencias en materia de justicia transferidas). Piden solución a las carencias estructurales, organizativas, tecnológicas y presupuestarias que presenta la Administración de Justicia, situación que se ha visto agravada por una “completa paralización de las inversiones en Justicia” debido a la importante crisis económica.

Exigen que los órganos de gobierno del Poder Judicial tengan autonomía de gasto que les permita, dentro de los límites presupuestarios, adoptar medidas de refuerzo en los órganos judiciales.

-Propuestas sobre la futura demarcación y planta judicial

Para los Presidentes de los TSJ “los profundos cambios demográficos, económicos y sociales” acontecidos en España justifican una nueva Ley de Planta y Demarcación que permita una redistribución más racional de los órganos judiciales.

Consideran los Presidentes de TSJ que en esta redistribución es “imprescindible” un llamado pacto de Estado entre el Ministerio de Justicia, el CGPJ y las Comunidades Autónomas con competencias en justicia para conseguir una organización “homogénea” y “accesible” de la Administración de Justicia. Nuevo modelo organizativo, dicen los Presidentes de los TSJ, que debe hacerse “de manera realista“, sin olvidar las peculiaridades y características de cada territorio, y contando con el presupuesto imprescindible para que la nueva organización tenga éxito.

Como paso previo a la nueva Planta y Demarcación Judicial, ha de abordarse, en opinión de los Presidentes de los TSJ, la especialización de los órganos judiciales.

La nueva organización judicial debe articularse sobre tribunales de instancia, garantizando los principios de independencia judicial e inamovilidad.

-Propuestas de carácter organizativo

Los Presidentes de los TSJ insisten en que el funcionamiento de las oficinas judiciales no puede quedar al margen de los órganos de gobierno del Poder Judicial (Jueces Decanos, Presidentes y Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia). Es necesario, dicen los Presidentes, que las Salas de Gobierno tengan posibilidad de una acción gubernativa cuando surjan disfunciones en la Oficina Judicial que puedan incidir en el funcionamiento de juzgados y tribunales.

Los Presidentes de los TSJ reclaman la urgente necesidad de la modernización tecnológica de la justicia, que pasa por la incorporación del expediente digital y una plataforma común de comunicación telemática en todos los órganos judiciales de España. Así mismo piden inversión en mantenimiento (I+D) en el sistema informático.

-Propuestas sobre sustituciones en los órganos judiciales y sobre el estatuto de la carrera judicial

Los Presidentes de los TSJ consideran que debe adecuarse la planta judicial a la carga de trabajo real, teniendo en cuenta que la Judicatura en su gran mayoría está haciendo frente a dicha carga con un importante esfuerzo personal. Esfuerzo que no viene acompañado de los medios necesarios para ejercer de una forma normalizada su labor jurisdiccional.

En todo caso, y hasta que se adecúe definitivamente la planta judicial, el sistema de sustituciones en los órganos judiciales que se lleve a cabo no debe redundar en detrimento de la calidad de la Justicia. En este sentido, los Presidentes de los TSJ muestran su preocupación porque las modificaciones que se proyectan en dicho sistema de sustituciones puedan provocar un aumento de las cargas de trabajo, que ya son inasumibles a día de hoy por la falta de jueces.

-Sobre las reformas procesales

Los Presidentes de los TSJ estiman muy necesario el impulso de reformas legislativas que lleven a la modernización de la justicia y de las leyes procesales, concretamente la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Para ello proponen, entre otras medidas urgentes, la potenciación de las conformidades en el orden jurisdiccional penal, o la práctica de las mediaciones en procesos penales por infracciones menos graves.

También se propone que exista una sola instancia de revisión judicial en materias de escasa entidad o gravedad.

Convocatoria a instituciones y empresas participantes en la IV Feria de Justicia y Tecnología de la Cumbre Judicial Iberoamericana

2012-03-09 17:19:57.0

Abierto el plazo de inscripciones para la IV Feria de Justicia y Tecnología, que tendrá lugar en Buenos Aires entre el 25 y el 27 de abril de 2012. Cortes Supremas, Consejos del Poder Judicial y Tribunales Supremos miembros de la Cumbre Judicial Iberoamericana, así como importantes empresas del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones expondrán en la próxima edición de esta Feria los últimos avances tecnológicos en el ámbito de la Justicia. La Feria de Justicia y Tecnología es, desde su pasada edición en Montevideo 2010, un ámbito en el que comparten espacio y experiencias las máximas instituciones judiciales del área iberoamericana y las empresas proveedoras de servicios, proveedores y desarrolladores de soluciones tecnológicas.

Además de la exposición en stands, los Poderes Judiciales y empresas dispondrán de un amplio programa de Talleres en el que se presentarán en formato ponencia los más recientes proyectos y soluciones, en los ámbitos público y privado. La organización de la Feria corresponde a la Secretaría Protempore de la XVI Cumbre Judicial Iberoamericana, el Poder Judicial de la Nación Argentina; con el apoyo de la Secretaría Permanente de Cumbre, que ostenta el Consejo General del Poder Judicial de España.

En la web de Cumbre Judicial Iberoamericana se pueden consultar las bases para la participación en la IV Feria: http://www.cumbrejudicial.org/web/guest/feria

Constitución de la Comisión Jurídico Asesora para la Nueva Oficina Judicial

Consejo General del Poder Judicial (España) — 2010-01-15 00:00:00.0

Información sobre la reciente constitución de la "Comisión Jurídico Asesora para la Nueva Oficina Judicial" (CAJ-NOJ), creada con la finalidad de contribuir a resolver las cuestiones técnico-jurídicas en el proceso de implantación de la Nueva Oficina Judicial, ofreciendo también un cauce de participación a los Jueces y Magistrados en este proceso

Convenio para la detección y ayuda de personas en situación de especial vulnerabilidad o de riesgo de exclusión social en Galicia cuando estén inmersas en lanzamientos judiciales

2013-04-08 13:27:05.0

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, y el presidente de la Federación Gallega de Municipios, José Manuel Rey Varela, firmaron el 8 de abril un protocolo de actuación con el fin de detectar familias en situación de especial vulnerabilidad y adoptar medidas de carácter social que afronten un proceso de lanzamiento judicial.

Este convenio pionero se gestó entre la Xunta, el Tribunal Superior de Justicia gallego y la vocalía delegada de Galicia del CGPJ y fue anunciado el pasado 15 de marzo por el vicepresidente de Galicia, Alfonso Rueda, el vocal Manuel Almenar y el presidente del TSJ, Miguel Ángel Cadenas.

El convenio establece un mecanismo según el cual cuando, en el desarrollo de un lanzamiento, se constate una eventual situación de especial vulnerabilidad o desvalimiento, se dará inmediata cuenta al juez que conozca del asunto y que resolverá si procede decretar la suspensión hasta diez días del lanzamiento para que los servicios sociales actúen.

Dichos servicios sociales estudiarán las circunstancias de esa persona o familia, para ser si se puede acoger al programa de realojos del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) o declinar la misma por considerar que las circunstancias no permiten concluir que se trate de una situación que entre en el marco o esfera de actuación de los servicios sociales. Una u otra decisión se comunicará al órgano judicial, el cual, si la propuesta fuera positiva, procurará adecuar la tramitación para garantizar la tutela y efectividad de los intereses legítimos de ambas partes, siempre con estricto cumplimiento de las leyes procesales.

En los procedimientos desahucio por impago de la renta, con la cédula de citación a juicio y la copia de la demanda se acompañará un folleto informativo de los servicios y los programas de asistencia social de las diversas administraciones públicas. Cuando se detecte una situación de especial vulnerabilidad o desvalimiento, se dará traslado a la Consellería de Trabajo y Bienestar de la Xunta de Galicia o a los servicios sociales del municipio para que, con estricto respeto a la protección de datos de carácter personal, la Administración pueda realizar las gestiones necesarias para analizar el caso y adoptar las medidas encaminadas para asegurar la actuación de los servicios sociales.

La Xunta de Galicia destina un parque de 500 viviendas a disposición de las personas que se vean inmersas en un procedimiento de lanzamiento por ejecución hipotecaria o de un juicio por falta de pago de la renta.

Pilares de la convivencia

Durante la firma del Convenio, Gonzalo Moliner, presidente del CGPJ, destacó que este acuerdo es una cuestión de “justicia social” dirigida a evitar que un lanzamiento lleve al "desamparo total" a personas especialmente desvalidas o vulnerables. Así, resaltó que muchos ciudadanos se encuentran inmersos en procesos de ejecución que terminan con la subasta y la adjudicación de sus viviendas o en un procedimiento de desahucio por falta de pago, con el consiguiente riesgo de exclusión social.

El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, explicó el proceso a seguir. Cuando un juez advierta una especial vulnerabilidad de un afectado, “notificará el hecho a la comunidad autónoma, que automáticamente se pondrá en contacto con los servicios sociales de base de los ayuntamientos. De esta forma, los servicios sociales autonómicos y municipales buscarán la posibilidad de facilitar una vivienda social y, en segundo lugar, una vivienda en alquiler. "Cada vez que una familia pierde su hogar se resienten los pilares de la convivencia", apostilló el presidente gallego.

El presidente de la Federación Gallega de Municipios y Provincias (FEGAMP), José Manuel Rey Varela, enfatizó que los poderes públicos tienen la "obligación de estar a la altura de los problemas" de la sociedad y de hacerlo "en tiempo real con inmediatez". Son los servicios sociales municipales los que están presentes en cada barrio los que conocen las situaciones que están viviendo sus ciudadanos, “por eso la información resulta fundamental para prevenir situaciones como las que estamos viendo y sufriendo en estos tiempos", ha finalizado.

Se adjunta el Convenio de colaboración firmado entre el CGPJ, la Xunta de Galicia y la Federación Gallega de Municipios y Provincias.

Nombramientos del pleno del Consejo General del Poder Judicial

Comunicación Poder Judicial — 2013-01-24 14:09:38.0

El CGPJ informa

NOMBRAMIENTOS DEL PLENO DEL CGPJ

El Consejo General del Poder Judicial, en su sesión plenaria de hoy, ha nombrado a la magistrada doña Ana María Victoria Martínez Olalla nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede de Valladolid) al haber obtenido 13 votos, frente a los 7 votos obtenidos por el magistrado Felipe Fresneda Plaza y producirse un voto en blanco. Martínez Olalla era en la actualidad magistrada de la citada Sala, donde presidía su sección segunda.

Igualmente, el Pleno del CGPJ ha nombrado a don Antonio Ferrer Gutiérrez nuevo magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, al haber obtenido 11 votos. La magistrada doña María Filomena Ibáñez Solaz obtuvo 5 votos y hubo 5 votos en blanco.

Finalmente ha quedado vacante la plaza de magistrado de la Sala Tercera (Contencioso-Administrativo) del Tribunal Supremo por el turno de juristas de reconocida competencia, al no haber obtenido ningún candidato el número de votos necesarios (13) para el nombramiento.

Madrid, 24 de enero de 2013.

El CGPJ se dirigirá al Poder Legislativo para regular los Tribunales de Instancia, reformar las demarcaciones judiciales y agilizar los procesos judiciales

2012-01-26 20:10:20.0

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del 26 de enero aprobó dirigirse al Poder Legislativo para resaltar la conveniencia de que se regulen cuanto antes los denominados Tribunales de Instancia, se reformen las demarcaciones judiciales y se introduzcan reformas para la agilización de los procesos en todos los órdenes jurisdiccionales.

El órgano de gobierno de los jueces ofrecerá, al mismo tiempo, su leal colaboración institucional y técnica para abordar estas reformas, según el acuerdo adoptado por 18 votos a favor, 2 en contra y una abstención.

Se adjunta nota de prensa con el acuerdo del Pleno, que dice literalmente:

"El comienzo de una nueva legislatura es momento especialmente idóneo para que el Gobierno que se estrena promueva la elaboración de nuevas leyes, y de reformas de las existentes en el ámbito de la Administración de Justicia, que sirvan para mejorar el servicio que se presta a los ciudadanos.

En tiempos de especial necesidad de austeridad en el gasto público, estas iniciativas legislativas deben producir ante todo el efecto de mejorar la gestión de los medios disponibles. El Consejo General del Poder Judicial ha venido trasladando al Poder Legislativo desde hace tiempo la prioridad que, en su opinión, deben tener determinadas reformas legislativas que considera imprescindibles para mejorar el funcionamiento de los Juzgados y Tribunales, y que son compatibles con el contexto económico en el que vivimos desde hace tiempo de contención de las disponibilidades presupuestarias. Una justicia eficaz y fiable también constituye por sí misma un activo capaz de aportar una importante contribución para superar la crisis económica.

Por eso, en su primera reunión plenaria tras la constitución de las nuevas Cortes Generales, ha acordado dirigirse al Poder Legislativo para resaltar la conveniencia de que se regulen cuanto antes los denominados Tribunales de Instancia, se reformen las demarcaciones judiciales y se introduzcan reformas para la agilización de los procesos en todos los órdenes jurisdiccionales.

Los Tribunales de Instancia son fundamentales para reducir el tiempo de tramitación de las causas en los Juzgados sin necesidad de asumir el elevado coste que suponen la creación de nuevos Juzgados y los refuerzos de los existentes.

Un nuevo mapa de partidos judiciales que supere las demarcaciones procedentes del siglo XIX no sólo es obligado, dados los cambios de las poblaciones, de los medios de transporte y de las comunicaciones, sino que, además, es imprescindible para optimizar los medios materiales y personales existentes en los Juzgados.

Finalmente, sin perjuicio de la elaboración de leyes largo tiempo esperadas, entre las que destaca la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre cuya necesidad del Consejo General del Poder Judicial vuelve a llamar la atención, son inaplazables determinadas reformas procesales urgentes de todos los órdenes jurisdiccionales (civil, penal, contencioso-administrativo y social), que admitan la reducción de la litigiosidad, la desjudicialización de determinadas materias en que no esté en juego la tutela judicial y que permitan suprimir y agilizar trámites innecesarios y colaboren, así, a la reducción de la exagerada duración de los procesos judiciales, sin perjuicio de las garantías fundamentales, que están demandando reiteradamente los ciudadanos.

Para la consecución de estos objetivos prioritarios a corto plazo, el Consejo General del Poder Judicial, como órgano de gobierno de jueces y magistrados ofrece al gobierno y al Poder Legislativo su leal colaboración técnica e institucional".

Madrid, 26 de enero de 2012.

Rafael Sarazá y Antonio Fonseca-Herrero, nuevos magistrados del Tribunal Supremo

Comunicación Poder Judicial — 2012-10-11 12:09:41.0

El CGPJ informa

RAFAEL SARAZÁ Y ANTONIO FONSECA-HERRERO, NUEVOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO

El Consejo General del Poder Judicial, en su sesión plenaria de hoy, ha nombrado al magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla, Rafael Sarazá Jimena, como nuevo magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo, al haber obtenido 13 votos. El magistrado Luis Garrido obtuvo 6 votos y se produjeron 2 votos en blanco.

Igualmente el CGPJ ha nombrado a Antonio Jesús Fonseca-Herrero nuevo magistrado de la Sala Tercera (Contencioso-Administrativo) del Tribunal Supremo, quien ha obtenido 14 votos frente a los 4 votos obtenidos por el magistrado Rafael Manzana y los 3 votos del magistrado César Tolosa. Fonseca-Herrero es en la actualidad Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid.

Madrid, 11 de octubre de 2012

VII Entrega de Premios del Observatorio

2011-09-26 00:00:00.0

VII Premios del Observatorio a la labor más destacada en la erradicación de la violencia de género

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género ha reconocido la labor de tres políticas que han dedicado su vida a la lucha por erradicación de la violencia de género y la igualdad de la mujer. Las premiadas fueron María Teresa Fernández de la Vega, consejera de Estado, Carmen Quintanilla, vicepresidenta de la subcomisión de Igualdad en el Congreso, y Graça Machel, activista africana defensora de los Derechos Humanos y exministra de Educación en Mozambique.

Al acto de entrega de premios, celebrado el pasado 26 de septiembre en Madrid, acudieron numerosas personalidades políticas y del mundo jurídico, así como miembros de organizaciones de defensa de los derechos de la mujer. El presidente del CGPJ, Carlos Dívar, valoró de las tres galardonadas su defensa de los Derechos Humanos en su lucha por la igualdad y contra la violencia de género y resaltó que quien comete estos actos "se degrada a sí mismo y a los demás".

La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, y el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, hicieron un llamamiento a la clase política y a la opinión pública para que sigan luchando contra la violencia machista.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, agradeció a las premiadas la enseñanza de que "la libertad y la dignidad hay que ganársela día a día" y que la justicia hay "no es fruto de la inercia" sino del trabajo de personas como ellas.

La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Inmaculada Montalbán, destacó la labor de España en el impulso de la euroorden de protección a maltratadas, reconoció la "dedicación y esfuerzo" de las tres galardonadas para construir "una sociedad más justa y libre de toda violencia" e insistió en abordar "a fondo" la educación de los jóvenes para "corregir los comportamientos machistas", una idea que también ha defendido el presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer.

María Teresa Fernández De la Vega destacó los "logros" alcanzados en materia de igualdad y advirtió la "gran oportunidad" para proyectarlos hacia el futuro. "Hay que poner los ojos de nuestros jóvenes y en el trabajo realizado; es imposible volver atrás", aseguró mientras instaba a “reflexionar sobre lo que a toda costa hay que mantener: la equidad, cohesión social o la igualdad de oportunidades, todo lo que forma parte del estado de bienestar y que no se puede sacrificar".

Carmen Quintanilla, presidenta de la Confederación de Federaciones y Asociaciones de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER), agradeció el premio “a todos los que como yo confían en que un mundo sin violencia doméstica y de género es posible y a todos los que luchan cada día por erradicarla”. Esta dirigente política agradeció el apoyo que ha recibido de sus hijos, de las mujeres de AFAMMER “que siempre han sabido interpretar el mensaje de la esperanza y de la superación y me han aportado experiencias de vida muy valiosas”.

La activista africana Graça Machel no pudo acudir a recibir el premio y en su lugar recogió el galardón la embajadora de Suráfrica, Fikile SylviaMagubane. Machel dejó su mensaje en un vídeo grabado que fue difundido en el acto y que está disponible en el Canal Judicial de esta página web. La dirigente destacó la dificultad de “convencer a la Administración para que reconozca el valor de las mujeres, pero la transformación económica de África dependerá del papel de esas mujeres en el cambio".

El CGPJ aprueba la Memoria de actividades 2011 del Consejo y de los Juzgados y Tribunales que será elevada a las Cortes Generales

2012-07-25 18:08:54.0

ACUERDOS DEL PLENO DEL CGPJ DEL 25 DE JULIO DE 2012

APROBADA LA MEMORIA DE 2011

El pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy la Memoria de Actividades de 2011, con lo que cumple con el mandato del artículo 109 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de elevar a las Cortes Generales un informe sobre el estado, funcionamiento y actividades del propio Consejo y de los juzgados y tribunales de Justicia.

Durante 2011 ingresaron 9.041.442 asuntos nuevos en los órganos judiciales españoles, un 3,4 por ciento menos que el año anterior. Al término del año, el número de asuntos en trámite quedó en 3.063.263, un 5 por ciento menos que el año anterior.

Es el segundo año consecutivo en el que cae el volumen de litigiosidad. Por primera vez en muchos años la administración de Justicia española fue capaz de resolver más casos de los ingresados.

El Consejo ha adoptado 279 medidas de refuerzo de distintos órganos y ha elaborado 5.098 propuestas para la mejora de su funcionamiento.

El número total de jueces y magistrados al servicio de la administración de Justicia asciende a 5.047, aunque 132 de ellos están en situación de servicios especiales. La distribución por sexos se mantiene estable respecto de años anteriores, y los hombres forman el 51 por ciento de la carrera judicial.

En 2011, 231 nuevos jueces se incorporaron a la Escuela judicial y 60 más lo hicieron elegidos entre juristas de reconocido prestigio. Otros 60 profesionales accedieron por la categoría de magistrado a los órdenes social, contencioso-administrativo y civil y penal. Novedosa es la convocatoria de magistrados especialistas en civil y penal, que no se producía desde hace más de 15 años.

Durante 2011, este Consejo ha prestado especial atención a las condiciones laborales de jueces y magistrados, que desembocó en la creación, dentro del servicio de personal judicial, de una sección de prevención de riesgos laborales integrada por profesionales especialistas en la materia.

Asimismo, el Consejo elaboró un nuevo reglamento de la carrera judicial, que entre otros extremos recoge los principios de la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, por lo que aplica de manera transversal el principio de igualdad de trato y de oportunidades y potencia el desarrollo de los derechos vinculados a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, cuya finalidad es la de avanzar en la corresponsabilidad.

En cuanto a la actividad de la Comisión Disciplinaria, ha de destacarse que el 60% de las quejas presentadas derivan de disfunciones estructurales que han ocasionado retraso en los procedimientos judiciales, no siendo por tanto responsabilidad de los jueces y magistrados.

De todas las quejas presentadas por retraso, 36 derivaron en expedientes disciplinarios a jueces y magistrados, de los cuales 28 finalizaron con sanción y 8 con resolución de archivo. A lo largo del año, otros cinco miembros de la carrera judicial fueron sancionados por otros motivos.

También debe resaltarse que en 2011 el Pleno del Consejo General del Poder Judicial adoptó 1.476 acuerdos, el 89,9 por ciento de ellos por unanimidad.

Esa búsqueda de los consensos más amplios posibles ha sido una constante de la actuación del consejo a lo largo de 2011. En ese periodo, la Comisión Permanente adoptó con el mismo porcentaje de consenso 4.649 acuerdos.

La Comisión Disciplinaria, por su parte, adoptó 1.469 acuerdos a lo largo del año: sólo 5 lo fueron por mayoría simple, el resto por unanimidad.

Estos datos ponen de relieve, por un lado, la intensa actividad realizada y, por otro, la vigencia del compromiso adquirido al inicio del actual mandato de afrontar nuestras obligaciones desde el diálogo y el máximo consenso.

Por último, en la Memoria se resalta que 2011 ha sido un año caracterizado por numerosas y continuadas malas noticias económicas, con un notable incremento del número de despidos, de crisis empresariales y con significativos recortes en los servicios públicos.

Ese deterioro económico que ha tenido un enorme impacto en el escenario privado y público, y son muchos los ciudadanos afectados en sus condiciones de vida cotidianas obligados por las circunstancias a acudir a los juzgados y tribunales. Pues bien, la Memoria permite concluir que la respuesta de la administración de Justicia a esta demanda social ha sido el aumento de su capacidad de respuesta.

En este punto, una vez más hay que valorar como se merece la labor realizada por todos los miembros del Poder Judicial, que han suplido con su esfuerzo personal las numerosas carencias de las que adolece la administración de Justicia.

Pero el encomiable sacrificio personal de jueces y magistrados no puede ocultar que la Justicia española sigue limitada por las rigideces de su diseño organizativo: Dado que los recursos económicos son limitados, hay que recurrir a mejoras en la organización y gestión.

El Consejo ha desarrollado una amplia actividad de impulso legislativo, en la que ha recogido las propuestas que desde los grupos de trabajo y de las reuniones de presidentes de los tribunales superiores de justicia, audiencias provinciales y decanos iban dirigidas a mejorar y agilizar los procedimientos judiciales.

Por eso, junto a la Memoria, el Consejo General del Poder Judicial quiere trasladar a las Cortes y al Gobierno la necesidad de abordar y culminar las iniciativas legislativas indispensables para que la justicia se modernice.

Es necesario revisar el modelo de demarcación territorial, introducir medidas tendentes a la reducción de la litigiosidad, concluir la definitiva implantación de un nuevo modelo de oficina judicial tecnológicamente avanzado y apostar por la colegiación de la organización judicial. Y sigue pendiente un cambio real del procedimiento penal, que es el que da respuesta a casi dos tercios de los asuntos que cada año ingresan en nuestros órganos judiciales. Sesenta y cinco modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 ponen de relieve la necesidad de un nuevo texto que no soporta más reformas, y así se lo hemos hecho saber a las Cortes generales y al Gobierno.

APROBADO EL PLAN DOCENTE DE FORMACIÓN PARA LOS NUEVOS JUECES

El Plan Docente para los futuros jueces, aprobado en el Pleno de hoy, estructura la formación en dos fases: presencial y de prácticas tuteladas.

En la fase presencial que se desarrolla en la Escuela Judicial se pretende que el juez en prácticas desarrolle los conocimientos adquiridos en la fase de oposición desde una perspectiva práctica por lo que se estudian, siguiendo el método del caso, los diferentes procedimientos de los órdenes civil y penal y se analizan cuestiones de derecho sustantivo correspondientes a las materias más frecuentes en la práctica jurisdiccional.

También se pretende que el juez en prácticas adquiera conocimientos y habilidades que le permitan dirigir actos orales, redactar resoluciones judiciales y relacionarse con las partes que intervienen en el procedimiento y con los colaboradores de la Administración de Justicia.

La formación en derecho constitucional y en derecho comunitario constituye otro de los ejes básicos de la fase presencial.

Por lo que se refiere a la fase de prácticas tuteladas los objetivos principales de la formación son los de permitir que el juez en prácticas consolide los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para el ejercicio de la función jurisdiccional, adquiridos y desarrollados durante la fase presencial. La consolidación de los mismos se realiza de forma progresiva procurando una inserción paulatina del juez en prácticas en el desarrollo de las funciones judiciales.

En relación con este tema, el Pleno ha aprobado la propuesta del vocal D. Félix Azón para impulsar la convocatoria de oposiciones a la carrera judicial, dar traslado de ello al Gobierno y realizar las gestiones pertinentes ante la Comisión de Selección del artículo 305 de la LOPJ para que prospere esta propuesta.

APROBADO EL INFORME AL PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE REGULAN DETERMINADAS ACTIVIDADES EN RELACIÓN CON EL TRASPLANTE DE ÓRGANOS

El Pleno ha aprobado igualmente el Informe de la Comisión de Estudios sobre el proyecto de Real Decreto que regula las actividades de obtención, utilización clínica y coordinación territorial de los órganos humanos destinados al trasplante y se establecen requisitos de calidad y seguridad.

El proyecto informado tiene como objetivo fundamental trasponer la Directiva 2010/53/UE, de 7 de julio de 2010, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas de calidad y seguridad de los órganos humanos destinados al trasplante. Pero en la medida en que la Directiva está influida y ha tomado como referente el “Modelo español de donación y trasplante”, gran parte de los principios, fundamentos, componentes y soluciones del sistema organizativo estaban ya presentes en la legislación española hasta ahora vigente. No obstante, el Real Decreto ahora remitido por el Gobierno incluye algunos elementos novedosos que recogen la experiencia acumulada en la aplicación, gestión y coordinación de los trasplantes y los últimos avances técnicos y médicos en la materia.

El Consejo, en su informe, recomienda reflexionar sobre si la desjudicialización del Registro Civil debe necesariamente conllevar que la libertad de prestación del consentimiento por el donante vivo, y el conocimiento por el mismo de la trascendencia de su decisión, quede apartada de la garantía que otorga la intervención de un juez, aunque ya no sea éste el titular del Registro Civil.

Acceso al Orden del Día del Pleno del CGPJ del 25 de julio de 2012.

Proyecto piloto para la mediación en los litigios entre ciudadanos y administraciones públicas dentro de la jurisdicción contenciosa-administrativa

2013-04-30 12:43:03.0

El Consejo General del Poder Judicial y la Fundación Valsaín para la promoción y defensa de los valores democráticos firmaron el 30 de abril un convenio para desarrollar un programa piloto de mediación intrajudicial entre particulares y administraciones públicas.

Dicho proyecto se desarrollará en la jurisdicción contenciosa-administrativa. En concreto, esta posible alternativa a la solución de conflictosse podrá desplegar en los asuntos que se resuelven en primera instancia en los juzgados unipersonales y que suelen afectar a litigios entre particulares o asociaciones frente a ayuntamientos, diputaciones y empresas públicas.

El convenio fue firmado en la sede del CGPJ por los vocales delegados para la Mediación, Margarita Uría y Antonio Dorado, con Alvaro Gil Robles, director del Centro de Estudios de la Fundación Valsaín y con la asistencia del vocal José Manuel Gómez Benítez.

Ambas partescoinciden en la necesidad yoportunidad de promover la mediación intrajudicial en el ámbito de lajurisdicción contencioso-administrativa, como un proceso de resolución deconflictos dentro del procedimiento judicialen los litigios entre los ciudadanos y la Administracióncon la ayuda de un mediador.

En este tipo de litigios, las dificultades suelen centrarse en la posicióndominante de la Administraciónrespecto al particular, sujeta además al principio de legalidady también a un proceso de toma de decisiones muy burocratizado, lo que no impide posibles negociaciones en materia urbanística o responsabilidad patrimonial.

A través del convenio, se realizarán estudios y se pondrán en práctica una o varias pruebas pilotos que serán previas a la puestaen marcha de manera regular de la mediación intrajudicial en la jurisdiccióncontencioso-administrativa.

El primer proyecto piloto se desarrollará en las Islas Canarias, según el acuerdo adjunto al convenio firmado en el mismo acto.

En el año 2012 ingresaron en España un total de 129.256 asuntos en los juzgados de lo contencioso-administrativo unipersonales. Es en este ámbito donde, en un futuro, actuará la mediación intrajudicial que ahora se inicia con este convenio.

Grupo de expertos

El convenio prevé una primera fase en la que un grupo de trabajo de expertos, a través de la Fundación Valsaín y de su Instituto Europeo deMediación y Ética Pública, grupo que se encargará de elaborará un documento base de trabajo.

El grupo de trabajo estará formado por especialistas de diversos ámbitos jurídicos: magistrados, abogados, fiscales especialistas en derecho administrativo, profesoresuniversitarios....

El protocolo de bases será sometido al estudio de un grupo de trabajo constituido en el Consejo General del Poder Judicial.

Los ulteriores proyectos piloto se pondrán en marcha sobre la base de dicho protocolo y una vez aprobados por el Pleno del órgano constitucional.

Mediación penal, familiar, civil, social y mercantil

El CGPJ viene impulsando desde el comienzo de su actualmandato una serie de proyectos piloto para promover la mediación intrajudicialen diversos ámbitos jurisdiccionales.

Así, un centenar de juzgados de lo Penal están aplicando la mediación, de tal forma que, durante el primer semestre de 2012, se realizaron unas 700 mediaciones con un 75% de acuerdos.

Respecto a la mediación familiar, en este momento hay unos 120 Juzgados derivando asuntos a mediadores especializados, de modo que en el primer semestre de 2012 se realizaron 488 mediaciones, con unos acuerdos alrededor del 30%.

La mediación civil también se está aplicando en varios juzgados, con un total de mediaciones realizadas durante 2011 de 44 y un 68% de acuerdos.

El CGPJ ha iniciado además experiencias en mediación mercantil, con la intervención de las Cámaras de Comercio, así como en la jurisdicción social, con proyectos en Bilbao y Madrid.

El CGPJ firmó recientemente un convenio con el Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación en España (GEMME) para agrupar a los operadores jurídicos.

Se adjunta el Convenio.

Delincuencia económica: Aproximación al Derecho Penal Económico y Financiero

2012-11-02 16:08:51.0

Un total de 25 jueces y magistrados de lo Penal participaron en octubre en un curso sobre delincuencia económica, para profundizar el estudio de problemas jurídicos de carácter tributario, procesal y procesal penal.

El curso fue dirigido por Alejandro Luzón, de la Fiscalía Especial contra la corrupción y la criminalidad organizada, y por Gonzalo Gómez de Liaño Polo, jefe de estudios de Enseñanzas Especiales del Instituto de Estudios Fiscales, así como por Miguel Ángel Gimeno, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La dirección técnica corrió a cargo de Carlos Uribe, director del servicio de Formación Continua del CGPJ.

En el curso participaron, además, fiscales especializados en corrupción y analistas de la Agencia Tributaria y del Banco de España con el objetivo de analizar problemas jurídicos de interés común relacionados con la delincuencia económica y la corrupción.

El primer módulo se celebró entre el 22 y el 23 de octubre y está destinado a profundizar el estudio de problemas jurídicos de carácter tributario, procesal y procesal penal.

Entre los asuntos que abordaron destaca, entre otros, el análisis de la intervención administrativa en el ámbito económico y conexión con el ámbito penal; el mercado y los productos financieros; procedimientos de colaboración interna entre las distintas instituciones involucradas en la lucha contra la delincuencia económica; técnicas de investigación bancaria; los mecanismos de fraude organizado al IVA intracomunitario; la Red Judicial Europea en materia penal y EUROJUST.

El segundo módulo de este curso se celebrará en el año 2013.

Se adjunta el programa de este curso, organizado por el servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial junto al Centro de Estudios Jurídicos, la Fiscalía General del Estado y el Instituto de Estudios Fiscales.

Comunicado de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo

2012-06-21 14:16:57.0

NOTA DE PRENSA

La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, al tener conocimiento de la dimisión del Presidente de este órgano D. Carlos Dívar, se ha reunido en ausencia de éste y ha acordado lo siguiente:

1) El Tribunal Supremo continúa ejerciendo sus funciones como hasta ahora, con toda normalidad.

2) Una vez se publique el Real Decreto de cese del Presidente del Tribunal Supremo en el Boletín Oficial del Estado se dará lugar de manera inmediata a los mecanismos de sustitución, la cual corresponde, según la ley, al Presidente de Sala más antiguo.

Madrid, 21 de junio de 2012.

Ceremonia íntegra de la entrega de despachos del cuarto turno

2011-12-19 00:00:00.0

Un total de 56 nuevos magistrados recibieron sus despachos en una ceremonia presidida por Carlos Dívar, presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. El acto se celebró en Madrid el pasado 19 de diciembre. Accede al vídeo íntegro del acto en el enlace adjunto.

Los nuevos magistrados son 29 mujeres y 27 hombres que han accedido por el llamado cuarto turno, destinado a los juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional. Todos ellos han pasado por un proceso de selección y formación en la Escuela Judicial, como así lo establece el artículo 301.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La ceremonia estuvo presidida por Carlos Dívar, presidente del CGPJ. En el acto intervinieron el vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, el vocal responsable de la Escuela, Félix Azón y la directora de la Escuela Judicial, Eva Roser Bach.

Acceso al vídeo íntegro de la ceremonia en el enlace asociado a esta información.

Informe de la Comisión de Estudios del CGPJ sobre el anteproyecto para la reforma del Código Penal

2012-06-19 14:24:00.0

NOTA RELATIVA AL INFORME SOBRE EL ANTEPROYECTO DE REFORMA DE CÓDIGO PENAL

La Comisión de Estudios e Informes de este Consejo, en su reunión de 18 de junio del corriente, aprobó por unanimidad el informe sobre el Anteproyecto para la reforma de Código Penal que, en su día le fue remitido. La reforma que se pretende llevar a cabo versa sobre los delitos contra la Hacienda Pública -incluida la Hacienda de la Unión Europea-, defraudaciones a la Seguridad Social, fraude de subvenciones, falsificación de los certificados y un nuevo tipo especial de malversación. En términos generales, esta reforma merece una valoración positiva, principalmente porque articula una serie de instrumentos para alcanzar mayor eficacia en la represión del fraude a gran escala, que, fundamentalmente, se materializa a través de grupos organizados, entramados societarios y personas o entes sin personalidad jurídica de naturaleza ficticia. Por ello, el tratamiento integral que ofrecen los artículos 305.bis, y 307.bis no sólo conlleva un incremento penológico, que es adecuado al reproche que merecen las conductas definidas en esos preceptos, sino que, además, eleva el plazo de prescripción a un umbral –diez años- que evitará el fracaso de la persecución penal en no pocas ocasiones, máxime ante especial complejidad que conlleva el esclarecimiento de las actividades realizadas por aquellos grupos o entidades.

También resultan destacables las reformas operadas en el capítulo relativo a los delitos contra la Seguridad Social, cuya finalidad es manifiesta: proteger con mayor intensidad la integridad financiera del sistema, lo que a la postre contribuirá a preservar el eficaz funcionamiento de la institución y la consecución de los fines previstos en el artículo 41 de la CE.

En ese contexto se inserta el delito de fraude de prestaciones regulado en el artículo 307 ter. La razón de ser de esta nueva modalidad delictiva no es otra que incluir, dentro de la órbita del Derecho penal, un elenco de conductas que, al no superar la cuantía de 120.000 euros en el común de las ocasiones, su represión corresponde, actualmente, al Derecho administrativo sancionador, pese al reproche social que merecen tales comportamientos y la repercusión negativa que para la economía nacional comportan.

El número dos del artículo 311 contempla como delito la contratación de un determinado número de trabajadores, puesto en relación con la plantilla del centro de trabajo, sin proceder a su alta en la Seguridad Social o cuando aquéllos carezcan de autorización para trabajar

También se introduce un nuevo delito, el regulado en el artículo 433 bis, mediante el cual se criminaliza el los supuestos de falseamiento de la contabilidad, documentos o información que reflejen la situación económica de una entidad pública, siempre que tal falseamiento pueda dar lugar a un perjuicio económico.

En relación con el artículo 305, dos son los aspectos más destacables. El primero viene referido a la consideración de la falta de regularización tributaria como un elemento del delito, a diferencia del modelo actual en que la regularización opera como excusa absolutoria. Si bien es importante destacar que el Anteproyecto no modifica los requisitos vigentes, a día de hoy, para que la regularización sea efectiva – reconocimiento de la deuda y pago integro de la misma-, el informe alerta, con el propósito de contribuir a la mejora del texto, dentro del el marco de una leal colaboración, sobre los problemas que tal medida puede dar lugar para la fijación del momento inicial del cómputo de la prescripción del delito.

El segundo aspecto versa sobre el mantenimiento las facultades de autotutela de la Administración durante el proceso penal, en orden a liquidación de la deuda y al cobro de la misma. En el informe se deja constancia de las objeciones que frente a tal medida cabría plantear, no obstante lo cual, también se ponen de relieve las ventajas que comporta de cara a lograr una recaudación más ágil de la deuda tributaria, sin que ello suponga merma alguna de la potestad judicial para la determinación de la responsabilidad civil.

El informe es respetuoso con la degradación de la cuantía del delito de defraudación a la Seguridad Social -de 120.000 a 50.000 euros para el tipo básico- y la fijación del umbral de 120.000 euros para el tipo agravado, al ser una cuestión que se inserta dentro de la discrecionalidad inherente a la política criminal. Sin embargo, se sugiere establecer una regla que precise con mayor claridad el modo de determinación de la cuantía.

En relación con el fraude de prestaciones, se recomienda sustituir la referencia “al perjuicio grave” por el establecimiento de una cuantía fija, en sintonía con las restantes delitos afectadas por el Anteproyecto.

La criminalización de las conductas descritas en el número dos del artículo 311 merece una valoración positiva, dado los perjuicios que originan a la financiación de la Seguridad Social, los derechos de los trabajadores y el mantenimiento de un marco de competencia leal. No obstante se sugiere la eliminación del requisito de la contratación tenga que ser simultánea, para así evitar que, no obstante la superación de los porcentajes de trabajadores a que se refiere el precepto, se evite la aplicación de la norma mediante la contratación sucesiva. Asimismo, también se aconseja sustituir la referencia al “centro de trabajo” por la de “empresa”.

Por último, respecto del artículo 433 bis, en la última conclusión se reflejan con nitidez las aportaciones del informe para la mejora del texto. Las más importantes son las siguientes: dotar al texto de una redacción más acorde con la finalidad perseguida, es decir, con la interdicción de los gastos al margen de lo presupuestado y la supresión o, al menos, una aclaración del significado de término “información”.

Conclusiones de la reunión de presidentes de Tribunales Superiores de Justicia

2011-11-23 00:00:00.0

Los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, durante la presentación pública de las conclusiones alcanzadas en su reunión anual celebrada en Pamplona.

Los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) sostienen que la agilización es el “reto más urgente” de la Justicia y “debe ser un objetivo común prioritario” para que desde los juzgados y tribunales se pueda impartir una Justicia del siglo XXI. “Sólo así la sociedad renovará cada día la confianza en sus jueces y magistrados”, recalcan.

Entre el 20 y el 23 de noviembre, 16 de los 17 presidentes de los TSJ se reunieron en Pamplona para analizar el papel constitucional del Poder judicial, su efectividad, el desarrollo de la Nueva Oficina Judicial, así como para estudiar las principales necesidades y proponer posibles reformas.

En el documento de conclusiones, los presidentes resaltan que “una Justicia independiente es esencial para el funcionamiento del Estado democrático y de derecho, lo que exige robustecer sus garantías, así como una ejecutoria institucional comprometida con las buenas prácticas democráticas”.

Afirman que la sociedad española “no siente desafección” por el vigente sistema constitucional de Justicia, “pero sí se siente decepcionada por su funcionamiento cotidiano”. Los presidentes estiman que la independencia judicial ha de ser respetada por todas las instituciones y defendida por marcos idóneos. Por este motivo, “frente a los ataques dirigidos a deslegitimar las actuaciones judiciales”, recalcan la importancia de “seguir potenciando mecanismos alternativos que los contrarresten”.

Propuestas para agilizar la Justicia

Respecto a la agilización, en el documento aprobado los presidentes de TSJ inciden en que los ciudadanos tienen "el derecho a recibir una respuesta motivada y en un tiempo razonable a las pretensiones que formulan ante los tribunales de Justicia”. Sin embargo, agregan, por diversas razones, se están produciendo dilaciones que han de ser corregidas con urgencia. Para ello, los presidentes plantean las siguientes propuestas:

Adecuación de la planta judicial al número de asuntos que se someten a la Justicia.
Modernización de la Justicia. La falta de implantación de las tecnologías propias de la sociedad de la información lastra la efectividad del Poder judicial. Resulta incomprensible que los tribunales de España no puedan trabajar en red ni cuenten con una red de comunicación rápida, algo insólito, que no se produce en ningún otro ámbito, ni público ni privado. Tampoco se entiende que, tratándose de un poder único para toda la nación, sean diversos los sistemas informáticos, con la agravante de no ser compatibles entre sí.
Modernización de la planta judicial, modificando la actual configuración basada en los partidos judiciales que debe ser superada por obsoleta.
Instauración de los Tribunales de Instancia, pero garantizando que este cambio organizativo no suponga un distanciamiento de los principios básicos que sustentan la independencia judicial, como la inamovilidad o la no vinculación a órdenes superiores.
Freno a la tendencia a incrementar la criminalización de conductas, de manera que se confíe la tarea de controlar y sancionar determinados comportamientos a instancias administrativas.
Promover el uso de medios alternativos de solución de conflictos, esencialmente la mediación. Asimismo, es preciso impulsar la institución del arbitraje, tanto en el ámbito administrativo como en el privado.

Preocupación por el despliegue de la Nueva Oficina Judicial

A juicio de los presidentes de TSJ, la implantación del expediente digital y un adecuado y flexible sistema de gestión procesal, así como el buen funcionamiento de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en los juzgados y tribunales, son herramientas imprescindibles para el despliegue del nuevo modelo de oficina judicial.

En el documento, reflejan que la experiencia del despliegue de la Nueva Oficina Judicial está demostrando que, siendo evidentes las potencialidades y ventajas que supone la creación de servicios comunes, existen disfunciones consistentes en una excesiva burocratización del proceso.

Así, explican que el Servicio Común de Ordenación del Procedimiento (SCOP) debe ser objeto de profunda reflexión en orden a establecer mecanismos que permitan una comunicación directa con jueces y magistrados, tanto en el ámbito de la dirección funcional como procesal.

El funcionamiento de las oficinas judiciales, concluyen los presidentes, no puede quedar al margen del ámbito de conocimiento de los órganos de gobierno del Poder judicial, en particular de los jueces decanos y presidentes, y, en general, de las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores, por lo que, cuando se produzcan disfunciones que incidan en el funcionamiento de los juzgados y tribunales, la resolución del conflicto debe recaer, en principio, sobre la Sala de Gobierno.