El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Javier Vieira Morante, ha presentado la Memoria Anual 2012, donde se recoge la actividad de todos los órganos judiciales de la región en el pasado ejercicio.

Ante los medios de comunicación, el presidente ha dado cuenta del trabajo de quienes tienen encomendada en la Comunidad Autónoma madrileña la responsabilidad de resolver los conflictos que enfrentan y preocupan a los ciudadanos y ha puesto de manifiesto los problemas que encara una institución como la de la Justicia, fundamental para la vida del país.

 En primer lugar, Vieira Morante ha aclarado que en el año 2012, por primera vez en los últimos ejercicios, ha descendido la litigiosidad. Como se recordará de años anteriores, el elevado número de asuntos al que hacen frente los jueces y magistrados de la región colapsa y dificulta el correcto desempeño de su función: pues bien, en 2012, el número de asuntos ingresados ha sido de 1.473.175, lo que supone un 1,76 por ciento menos que en 2011.

Pocos asuntos menos, pero menos en cualquier caso, y una tendencia a la baja que se justifica en el nuevo cuerpo legislativo, en la imposición de costas en la jurisdicción contencioso-administrativa y en las tasas judiciales. Como resultado también del menor número de asuntos ingresados ha sido mayor la resolución de procedimientos.

En 2012 se han resuelto 1.509.377 asuntos, un 1,02 por ciento más que en el ejercicio precedente, y permanecen en trámite 431.886, un 8,51 por ciento menos de los que había a 1 de enero del año pasado. Estas esperanzadoras cifras se ven, sin embargo, ensombrecidas por el importante número de asuntos nuevos a los que se enfrentan desde hace varios meses los jueces y magistrados de lo Social, jurisdicción que por efecto de la crisis ha visto aumentada su carga de trabajo en un 8,75 por ciento.

Tendencia al alza en la jurisdicción Social que rompe la caída de años anteriores, con descensos de un 5,05 por ciento en 2010 y de un 8,5 por ciento en 2011. Por jurisdicciones, los datos son los siguientes: en la jurisdicción civil los asuntos ingresados han aumentado un 4,96 por 100; en Penal han descendido un 2,02 por ciento, en Contencioso-Administrativo han descendido un 33,09 por 100 y en lo Social han aumentado el ya referido 8,75 por 100. Significativo ha sido el descenso en trámite: los asuntos pendientes de Civil son el 14,22 por ciento menos; en penal el 10,01 por ciento menos; en lo Contencioso-Administrativo el 15,59 por ciento menor y en Social el 9,16 por ciento más.

Pero más allá de las cifras, el presidente del TSJ de Madrid ha destacado como hechos puntuales en la consolidación de una Justicia de más calidad durante el año 2012 la constitución de la Junta de Expurgo, cuya intervención augura una reducción sustancial del archivo judicial; la dotación en todos los órganos judiciales de un nuevo sistema tecnológico de gestión procesal adaptado a la ley reguladora del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación; las pioneras y novedosas instrucciones sobre el derecho a la interpretación y traducción en los procesos penales, así como los pasos dados en el camino de solventar el atasco judicial en la concesión de nacionales, aunque el Registro Civil, ha puntualizado, aún tenga problemas que deben resolverse en breve.

En otro orden de cosas, el presidente del TSJ de Madrid ha dado cuenta de los avances llevados a cabo en el último ejercicio en torno a la especialización de los magistrados suplentes y los jueces sustitutos, y en la insistencia, que nace de la necesidad, en la mediación intrajudicial en los órdenes civil y social para combatir la litigiosidad.

Francisco Javier Vieira Morante ha puesto de manifiesto también, primero ante el presidente de la Comunidad de Madrid, a quien ha hecho entrega de la Memoria a primera hora de la mañana después de acercársela personalmente días atrás al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, y después ante los medios de comunicación, las medidas que deben adoptarse tanto por jueces y magistrados como por las administraciones que tienen competencias en la administración de Justicia, para mejorar una situación actual que ha calificado como “delicada”.

Entre las medidas a adoptar, el presidente ha puesto el énfasis en la mejora de la selección, especialización y ubicación de los funcionarios interinos, y en la conveniencia de que los funcionarios de carrera destinados en los órganos judiciales con menos trabajo puedan ayudar en los juzgados con más sobrecarga.

Tras insistir un año más en los problemas que acarrea la dispersión de sedes judiciales, Francisco Javier Vieira Morante ha finalizado con un claro mensaje: hoy más que nunca resulta imprescindible compensar la austeridad presupuestaria con una dirección eficaz, una coordinación precisa y un proyecto decidido. En una palabra, trabajar con más eficacia.