Noticias Judiciales http://www.poderjudicial.es Noticias Judiciales es Copyright © Consejo General del Poder Judicial Sun, 25 Sep 2016 19:14:53 +0200 PoderJudicial 60 Sun, 25 Sep 2016 19:14:53 +0200 El Tribunal Supremo anula la medida de localización permanente de deportistas para controles antidopaje http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=08cba791dd657510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala III del Tribunal Supremo ha ratificado la anulaci&oacute;n parcial de la Resoluci&oacute;n de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, de 4 de febrero de 2013, al considerar que el formulario de localizaci&oacute;n de deportistas que establece, dentro del Plan Individualizado de Controles Antidopaje, vulnera su derecho a la intimidad. El alto tribunal destaca que no est&aacute; en cuesti&oacute;n la represi&oacute;n del dopaje, sino el nivel de localizaci&oacute;n que la citada Resoluci&oacute;n del CSD exige a los deportistas, que no puede calificarse de &lsquo;localizaci&oacute;n habitual&rsquo; sino &lsquo;localizaci&oacute;n permanente&rsquo;, ya que alcanza a todos los d&iacute;as y horas del a&ntilde;o, lo que resulta desproporcionado.</p> <p>El Supremo rechaza el recurso de la Administraci&oacute;n General del Estado contra la sentencia de la Audiencia Nacional que estim&oacute; un recurso de la Asociaci&oacute;n de Ciclistas Profesionales, y anul&oacute; parcialmente el anexo II de la resoluci&oacute;n mencionada, que es donde se regula el formulario de localizaci&oacute;n. Anulaci&oacute;n que ahora se confirma.<br />Para el Supremo, &ldquo;se trata de una medida que somete al deportista a un control permanente durante todas las jornadas y horas del a&ntilde;o, excediendo as&iacute; de lo que pueda considerarse como "habitual o frecuente", y debe calificarse de medida desproporcionada y contraria al derecho a la intimidad, equiparable (&hellip;) a medidas de car&aacute;cter penal de localizaci&oacute;n permanente, sin que exista la comisi&oacute;n de un delito&rdquo;.</p> <p>La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado &Aacute;ngel Arozamena, recuerda que el art&iacute;culo 5.3 de la Ley Org&aacute;nica 7/2007, de 21 de noviembre, de lucha contra el dopaje en el deporte, prev&eacute; una localizaci&oacute;n habitual pero no permanente. Y el anexo II de la resoluci&oacute;n excede de esa previsi&oacute;n legal y de la reglamentaria que le da cobertura, siendo contrario al derecho a la intimidad protegido por el art&iacute;culo 18 de la Constituci&oacute;n.</p> <p>La sentencia se&ntilde;ala que una cosa es la represi&oacute;n del dopaje deportivo y otra el l&iacute;mite de lo tolerable para lograr ese objetivo de lo que se ha dado en denominar &ldquo;buen orden deportivo&rdquo;. &ldquo;La realizaci&oacute;n de los controles fuera de competici&oacute;n parece requerir contar con informaci&oacute;n sobre el paradero habitual de los deportistas; se impone por ello a estos &uacute;ltimos la obligaci&oacute;n de declararlo&rdquo;, se&ntilde;alan los magistrados, que advierten a continuaci&oacute;n: &ldquo;Ahora bien, si no todo vale para competir &ndash;y de eso no cabe duda- tampoco vale todo para controlar&rdquo;.</p> <p>Y en este caso, el anexo II del formulario de localizaci&oacute;n impone obligaciones que no est&aacute;n previstas en la Ley ni en el Real Decreto 641/2009, concretamente:</p> <p>1) El lugar y el horario del trabajo y de los estudios del deportista. Se trata de datos no vinculados con la actividad deportiva del deportista y cuya exigencia no aparece en la normativa citada.</p> <p>2) La localizaci&oacute;n durante todos los d&iacute;as del trimestre, aunque las ausencias del deportista de su domicilio habitual o de su lugar habitual de entrenamiento sea inferior a tres d&iacute;as. La normativa prev&eacute; que &uacute;nicamente se informen las ausencias del domicilio habitual superiores a tres d&iacute;as, no cada d&iacute;a como se puede ver en el ejemplo que incorpora el formulario.<br />3) La localizaci&oacute;n ocasional.</p> <p>&ldquo;La manera en la que la Administraci&oacute;n est&aacute; ejecutando esta normativa es que a los deportistas incluidos en el Plan Individualizado de Controles se les est&aacute; exigiendo que est&eacute;n permanentemente localizados, al informarles que la obligaci&oacute;n es: "la localizaci&oacute;n debe poder ser realizada en cualquier momento del d&iacute;a para controles en competici&oacute;n y entre las 06,00 horas y las 23,00 horas, con 60 minutos de disponibilidad total para los controles fuera de competici&oacute;n, en ambos casos durante todos los d&iacute;as del a&ntilde;o". Dicha localizaci&oacute;n excede de lo que es localizaci&oacute;n habitual y/u ocasional y se convierte en localizaci&oacute;n permanente, reitera la sentencia.</p> <p>&ldquo;El deportista podr&aacute; elegir el lugar y la hora de cada d&iacute;a, pero una vez que ha realizado esa elecci&oacute;n, deber&aacute; permanecer en ese lugar durante toda la hora por si la Administraci&oacute;n decidiera hacer un control de dopaje. Se transforma una obligaci&oacute;n formal en una material: ya no se trata de indicar el domicilio habitual y los cambios que se produzcan en el mismo. Se va m&aacute;s all&aacute; y se impone la obligaci&oacute;n de presencia en un lugar y una hora durante los 365 d&iacute;as de un a&ntilde;o por si el &oacute;rgano de control decide someter a un control a un deportista&rdquo;, reza la sentencia.</p> <p>A juicio del Supremo, se pretende as&iacute; que &ldquo;todos los deportistas incluidos en el Plan Individualizado de Controles est&eacute;n a su entera disposici&oacute;n, al menos durante una hora al d&iacute;a, ante la posibilidad de poder realizar controles de dopaje&rdquo;.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=08cba791dd657510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 23 Sep 2016 13:50:00 +0200 El Tribunal Supremo fija que un despido es colectivo si supera el umbral legal en un único centro con más de 20 trabajadores http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=fca03cea15257510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha acordado, por unanimidad, en el recurso de Casaci&oacute;n 36/2016 y de conformidad con la Directiva 98/59 aplicada por el Tribunal de Justicia de la Uni&oacute;n Europea en su sentencia de 13/5/2015, asunto &ldquo;Rabal Ca&ntilde;as&rdquo;, que debe calificarse como despido colectivo, y respetar por consiguiente el r&eacute;gimen legal aplicable en esta materia, tanto las situaciones en las que las extinciones de contratos computables superen los umbrales del art. 51.1&ordm; Estatuto de los Trabajadores, tomando la totalidad de la empresa como unidad de referencia, como aquellas otras en las que se excedan esos mismos umbrales en los casos en que afecten a un &uacute;nico centro de trabajo siempre que en el mismo presten servicios m&aacute;s de 20 trabajadores.</p> <p>La Sala ha desestimado el recurso planteado por la empresa Zardoya Otis S.A. contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Pa&iacute;s Vasco, de 21 de mayo de 2015, que declar&oacute; la nulidad del despido de 12 trabajadores llevado a cabo en febrero de 2014 en el centro de trabajo de Mungia (Vizcaya), donde trabajaban 77 personas. En el total de la empresa, hab&iacute;a m&aacute;s de 3.000 empleados.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=fca03cea15257510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 23 Sep 2016 09:00:00 +0200 El Tribunal Supremo inadmite los recursos en el caso del niño acogido en Sueca (Valencia) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=04fdf83849c47510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, reunida en Pleno, ha decidido no admitir a tr&aacute;mite los recursos extraordinario por infracci&oacute;n procesal y de casaci&oacute;n interpuestos por el Ministerio Fiscal, por la Consejer&iacute;a de Servicios y Derechos Sociales del Principado de Asturias y por Alberto Bordes Folgado y Noelia Asunci&oacute;n Estornell, en relaci&oacute;n a un caso de necesidad de asentimiento en la adopci&oacute;n.</p> <p>El auto, que se dar&aacute; a conocer una vez redactado, no se pronuncia sobre el fondo del asunto, ya que el Tribunal Supremo reitera su constante jurisprudencia de que contra las resoluciones sobre esta materia no caben recursos extraordinarios ante el Tribunal Supremo, de modo que la &uacute;ltima palabra corresponde a las Audiencias Provinciales.</p> <p>En este caso, la Audiencia Provincial de Asturias estim&oacute; un recurso de apelaci&oacute;n de la madre biol&oacute;gica del menor y consider&oacute; que no se encontraba incursa en ninguna causa de privaci&oacute;n de patria potestad, siendo necesario su asentimiento en la adopci&oacute;n de su hijo.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=04fdf83849c47510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 21 Sep 2016 14:00:00 +0200 El Tribunal Supremo anula tres actuaciones de la revisión del PGOU de Madrid de 2013 y salva el resto http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=caf49a12cb747510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala III del Tribunal Supremo ha avalado la mayor parte del acuerdo de 1 de agosto de 2013 del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que aprob&oacute; definitivamente la revisi&oacute;n parcial del PGOU de Madrid de 1985 y Modificaci&oacute;n de 1997, que hab&iacute;an sido afectados por sentencias anteriores tanto del Supremo como del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El Supremo comparte con este &uacute;ltimo tribunal que el acuerdo de 1 de agosto de 2013 no se hizo con &aacute;nimo defraudatorio.</p> <p>Las sentencias del Tribunal Supremo suponen dar la conformidad a las actuaciones urban&iacute;sticas realizadas en virtud de dicho acuerdo salvo tres de ellas, que se anulan por haberse realizado despu&eacute;s de la sentencia del propio Supremo de 28 de septiembre de 2012 referida al caso, que anul&oacute; planes parciales aprobados por el Ayuntamiento y el Consejo de Gobierno en 2008 y 2009.</p> <p>En concreto, las actuaciones que son anuladas son la licencia de obras de nueva planta, de 6 de noviembre de 2012, para la ejecuci&oacute;n de vivienda colectiva libre a Residencial Adhara, para la ejecuci&oacute;n de obras de edificaci&oacute;n en la parcela 168 A del Proyecto de Reparcelaci&oacute;n, en el &aacute;mbito &ldquo;ciudad aeroportuaria Parque de Valdebebas", y otros dos acuerdos referidos al &aacute;mbito &ldquo;La Dehesa&rdquo;.</p> <p>El Supremo anula en su sentencia la disposici&oacute;n transitoria del acuerdo de 1 de agosto de 2013 que pretend&iacute;a dar efectos retroactivos al mismo, pero, al mismo tiempo, establece que los efectos anulatorios deben limitarse exclusivamente a las actuaciones urban&iacute;sticas realizadas tras la mencionada sentencia del alto tribunal de 28 de septiembre de 2012. Las actuaciones afectadas por la anulaci&oacute;n, por tanto, son s&oacute;lo las tres citadas por haber sido llevadas a cabo despu&eacute;s de esa fecha de 28 de septiembre de 2012.</p> <p><em><strong>Se adjunta nota informativa de la Sala.</strong></em></p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=caf49a12cb747510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 20 Sep 2016 16:00:00 +0200 El Supremo confirma la nulidad del ERE en el Parque Madrid Río (Madrid) por "esquirolaje interno" http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=e30df7896bd27510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Pleno de la Sala IV, de lo Social, del Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad del despido colectivo de trabajadores del Parque Madrid R&iacute;o que se gest&oacute; entre diciembre de 2014 y enero de 2015 por parte de la UTE Parques Singulares, adjudicataria del servicio de mantenimiento integral de dicho parque, por vulneraci&oacute;n del derecho fundamental a la huelga, ya que durante la misma convocada en Madrid R&iacute;o, y en el periodo de consultas del ERE, la empresa sustituy&oacute; a los huelguistas por trabajadores de otros centros.</p> <p>El Supremo confirma la sentencia dictada el 29 de junio de 2015 por el TSJ de Madrid, que estim&oacute; las demandas de varios sindicatos contra la UTE Parques Singulares, declar&oacute; la nulidad del ERE y reconoci&oacute; el derecho de los trabajadores afectados a la reincorporaci&oacute;n a su puesto de trabajo.</p> <p>El Supremo, en su sentencia, resalta que &ldquo;consta en hechos probados que la recurrente, durante el desarrollo de la huelga (que se produjo coet&aacute;neamente al desarrollo del proceso de negociaci&oacute;n y consultas), destin&oacute; a trabajadores que pertenec&iacute;an a otros centros de trabajo a algunas zonas cuya limpieza depend&iacute;a del centro de trabajo en el que se desarrollaba la huelga, desencadenando una situaci&oacute;n de esquirolaje interno que convirti&oacute; en abusivo el ejercicio del poder de direcci&oacute;n empresarial puesto que tal conducta debe considerarse lesiva del derecho de huelga, habida cuenta del simult&aacute;neo desarrollo de un proceso negocial cuya finalidad era, por ministerio de la ley, la b&uacute;squeda de soluciones tendentes a reducir o paliar los efectos del despido colectivo&rdquo;.</p> <p>&ldquo;Adem&aacute;s &ndash;a&ntilde;aden los magistrados-- la entidad demandada no ha pretendido introducir en la relaci&oacute;n f&aacute;ctica ni ha razonado en ning&uacute;n momento que el proceder de la empresa tuviese una justificaci&oacute;n objetiva y razonable&rdquo;.</p> <p>&ldquo;Se impone, por tanto, la desestimaci&oacute;n del motivo, lo que exige, como consecuencia necesaria, la confirmaci&oacute;n de la declaraci&oacute;n de nulidad del despido colectivo por vulneraci&oacute;n del derecho fundamental a la huelga&rdquo;, lo que conlleva la no necesidad de examinar el resto de los motivos del recurso de la empresa.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=e30df7896bd27510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 15 Sep 2016 14:20:00 +0200 El TS condena a ocho años y medio de inhabilitación por prevaricación a un exconcejal de Alicante por una adjudicación de los telecentros municipales http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=8687cff4bf227510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal condena a ocho a&ntilde;os y seis meses de inhabilitaci&oacute;n especial para todo empleo p&uacute;blico al exconcejal de Modernizaci&oacute;n de Estructuras Municipales del Ayuntamiento de Alicante, Francisco Tom&aacute;s S&aacute;nchez Luna, del PP, por un delito continuado de prevaricaci&oacute;n y le absuelve de los delitos de falsedad en documento mercantil y cohecho por lo que anula la pena de dos a&ntilde;os y nueve meses de prisi&oacute;n que le impuso la Audiencia Provincial de Alicante. La misma condena se impone al asesor del exconcejal, Santiago Colomo.</p> <p>La sentencia condena a siete meses de prisi&oacute;n y cuatro a&ntilde;os y seis meses de inhabilitaci&oacute;n por falsedad y prevaricaci&oacute;n a Juan Carlos Eslava, pero le absuelve del delito de cohecho como a Juan Antonio Egea.</p> <p>Los hechos probados de la sentencia recurrida se&ntilde;alan que S&aacute;nchez Luna, junto a su asesor Santiago Colomo, encargaron la adjudicaci&oacute;n de la imagen y carteler&iacute;a de la Red de Telecentros municipales &ndash;proyecto para acercar al ciudadano al uso de nuevas tecnolog&iacute;as y a internet- a Informaci&oacute;n y Sistema de Datos S.L., una empresa de la que un hermano suyo era administrador y &eacute;l apoderado. Dos de los acusados &ndash;Juan Antonio Garc&iacute;a Egea y Juan Carlos Eslava- acordaron que otra entidad &ndash;R&oacute;tulos CTM- figurase oficialmente como contratista ante la Concejal&iacute;a para ocultar el nombre de la adjudicataria. Pese a tener constancia de que hab&iacute;a contratado oficialmente con dicha empresa y que se hab&iacute;an pagado ya dos facturas, el entonces concejal orden&oacute; a la Intervenci&oacute;n del Ayuntamiento , faltando conscientemente a la realidad que las tres &uacute;ltimas facturas no fueran abonadas porque R&oacute;tulos CTM no hab&iacute;a sido contratada por el Ayuntamiento.</p> <p><strong>Delito de prevaricaci&oacute;n</strong></p> <p>De acuerdo con esos hechos probados, la sentencia se&ntilde;ala que &ldquo;fluye con naturalidad un delito de prevaricaci&oacute;n: una injustificada orden de paralizaci&oacute;n de unos pagos debidos por razones espurias y particulares ajenas a los intereses p&uacute;blicos&rdquo;.</p> <p>Rechaza que fuese un incumplimiento parcial el que determin&oacute; el rechazo radical y no condicionado de facturas, sino los m&oacute;viles que califica de &ldquo;arbitrarios, tal y como habr&iacute;a de catalogarse tambi&eacute;n en congruencia la decisi&oacute;n administrativa que alumbran&rdquo;.</p> <p><strong>Delito de falsedad</strong></p> <p>La sentencia estima el motivo del recurso en el que el condenado argumenta que se lesion&oacute; su derecho a ser informado de la acusaci&oacute;n cuando el fiscal le acus&oacute; por un delito de falsedad en documento oficial y la Audiencia de Alicante le conden&oacute; por otro de falsedad en documento mercantil.</p> <p>La sentencia indica que &ldquo;no es dable que aprovechando que se est&aacute; acusando por falsedad realizada por funcionario o autoridad en un documento oficial, se condene por otra falsedad diferenciable realizada por particular y en documento mercantil de la que no se acus&oacute; espec&iacute;ficamente aunque aparezca en la calificaci&oacute;n o, al menos, de la que no hab&iacute;a razones para deducir que se acusaba de ella.</p> <p>Tras citar la doctrina del Tribunal Constitucional que proh&iacute;be condenar a nadie por cosa distinta de la que se le ha acusado, afirma que ese derecho impone que no puedan introducirse sorpresivamente valoraciones jur&iacute;dicas nuevas que la defensa no haya tenido ocasi&oacute;n de rebatir.</p> <p>Por ese motivo, considera que no hay base probatoria para concluir que la confecci&oacute;n de esas facturas se hizo con la colaboraci&oacute;n o acuerdo relevante del exconcejal, ni la sentencia recurrida describe en el factum una contribuci&oacute;n penalmente trascendente o una coautor&iacute;a, derivable de una decisi&oacute;n compartida previa sobre ello.</p> <p>Para el Tribunal Supremo, &ldquo;la indudable responsabilidad del concejal en el impago de las facturas y en la contrataci&oacute;n inicial no necesariamente permite deducir que la maniobra de la facturaci&oacute;n falsa se hiciese con su colaboraci&oacute;n, acuerdo o connivencia. El mero conocimiento, que es lo &uacute;nico que sienta, y de forma indirecta y no asertiva, el factum, dif&iacute;cilmente puede rellenar una coautor&iacute;a&rdquo;.</p> <p><strong>Delito de cohecho</strong></p> <p>La sentencia tambi&eacute;n absuelve a los condenados por este delito de cohecho con el argumento de que no hay &ldquo;prueba suficiente y concluyente de la percepci&oacute;n de una d&aacute;diva a cambio del acto injusto realizado&rdquo; y, por tanto, se vulnera el derecho a la presunci&oacute;n de inocencia.</p> <p>A&ntilde;ade que para los 2.500 euros de descuadre entre lo presupuestado y el total cobrado existen muchas otras explicaciones (un sobrevenido incremento del coste), al menos tan plausibles como la que asume la Audiencia Provincial de Alicante que deduce que esa cantidad es la correspondiente d&aacute;diva.</p> <p>En este sentido, la Sala Segunda entiende que es arm&oacute;nica con toda la prueba y con todos los hechos la hip&oacute;tesis de que la adjudicaci&oacute;n irregular obedeciese no a una promesa de comisi&oacute;n, sino a los v&iacute;nculos parentales entre el concejal y quien ten&iacute;a intereses en la entidad adjudicataria; o a los propios intereses del Concejal en esa empresa. &ldquo;La espec&iacute;fica gratificaci&oacute;n monetaria no es la &uacute;nica explicaci&oacute;n de esa decisi&oacute;n. Ni siquiera se antoja la explicaci&oacute;n m&aacute;s plausible, frente a la gen&eacute;rica de querer favorecer a una empresa a la que tuvo inter&eacute;s y en la que permanece su hermano&rdquo;, subraya la sentencia.</p> <p>Por esa raz&oacute;n, se&ntilde;ala que, al ser tan probable como lo contrario que esos 2.500 euros no fuesen un sobreprecio sino pago efectivo por trabajos, &ldquo;hay que concluir que la condena por delito de cohecho no se asienta sobre una prueba concluyente y por tanto vulnera el derecho a la presunci&oacute;n de inocencia&rdquo;.</p> <p>La sentencia explica que el dinero sale de la Administraci&oacute;n P&uacute;blica como pago de unos trabajos, pero no hay constancia alguna de que esos 2.500 euros se destinaran a retribuir a los funcionarios, habi&eacute;ndose aportado prueba documental que sugiere s&oacute;lidamente que fueron particulares los beneficiarios.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=8687cff4bf227510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 13 Sep 2016 14:25:00 +0200 El Supremo confirma la pena de dos años de cárcel a cinco exdirectivos de Novacaixagalicia por concederse prejubilaciones millonarias http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=7f94cff4bf227510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala II confirma la pena de dos a&ntilde;os de c&aacute;rcel para cinco exdirectivos de Novacaixagalicia por las indemnizaciones por prejubilaci&oacute;n y otros conceptos (por importe de 22 millones de euros) que se concedieron a s&iacute; mismos mediante la modificaci&oacute;n de sus contratos de alta direcci&oacute;n en el a&ntilde;o 2010, cuando estaba iniciado el proceso de fusi&oacute;n bancaria que dio lugar a dicha entidad y se hab&iacute;an reclamado 1.162 millones de euros al FROB para superar la situaci&oacute;n de inviabilidad de las dos cajas que iban a fusionarse (Caixa Nova y Caixa Galicia).</p> <p>Los condenados son Jos&eacute; Luis Pego Alonso, Gregorio Gorriar&aacute;n Laza y &Oacute;scar Rodr&iacute;guez Estrada (los tres para los que se prepararon las prejubilaciones millonarios, ante la previsi&oacute;n de que la entidad iba a prescindir de sus servicios de forma inminente) y Julio Fern&aacute;ndez Gayoso (expresidente de Caixa Nova) y el asesor jur&iacute;dico Ricardo Pradas Montilla, condenados a la misma pena como cooperadores necesarios del delito.</p> <p>El alto tribunal rechaza el argumento de las defensas de que la reforma del C&oacute;digo Penal introducida en la Ley Org&aacute;nica 1/2015, de 30 de marzo, imped&iacute;a su condena por apropiaci&oacute;n indebida. Contesta que sus conductas no han quedado despenalizadas, ya que no pueden interpretarse como el resultado de actos de deslealtad con el patrimonio administrado o fruto de decisiones equivocadas en el &aacute;mbito de la administraci&oacute;n que les incumb&iacute;a, sino que hicieron suyas las cantidades millonarias "a trav&eacute;s de un mecanismo expropiatorio que va mucho m&aacute;s all&aacute; de la adopci&oacute;n de actos err&oacute;neos en el ejercicio de su facultades de administraci&oacute;n". Es decir, ejecutaron "inequ&iacute;vocos actos apropiatorios con fines de lucro personal" y no "meros excesos o abusos" en el marco de sus competencias.</p> <p>Sobre la pena de dos a&ntilde;os de prisi&oacute;n impuesta, el Supremo la tacha de "desproporcionada" pero no por su exceso al alza como alegan las defensas, "sino claramente por su exig&uuml;idad desde la perspectiva de la gravedad de las conductas", aunque el alto tribunal destaca que no puede establecer nuevas penas que incrementen las establecidas por la Audiencia Nacional en la instancia, al no haber sido cuestionada al alza la sentencia en ese extremo, aparte de los l&iacute;mites que impone el principio acusatorio.</p> <p>La "llamativa lenidad" de las penas, para el Supremo, se deriva de que la suma de dinero apropiada super&oacute; de forma extraordinaria los 50.000 euros que el C&oacute;digo Penal fija como subtipo agravado del delito, ya que Pego mejor&oacute; su contrato en 7 millones de euros, Gorriar&aacute;n en 4 millones, y Rodr&iacute;guez Estrada en 225.400 euros. A ello hay que sumar que los dos primeros intervinieron en la administraci&oacute;n de Caixa Nova, que hab&iacute;a quedado en serias dificultades de viabilidad y pr&aacute;ctica insolvencia, de modo que para hacer viable la fusi&oacute;n bancaria en la que se incluy&oacute; el FROB tuvo que aportar m&aacute;s de 9.000 millones de euros del erario p&uacute;blico.</p> <p><strong>Anulaci&oacute;n y nuevo c&aacute;lculo de la responsabilidad civil</strong></p> <p>El Supremo s&iacute; estima el recurso de los acusados (apoyados en este punto por la Fiscal&iacute;a) en relaci&oacute;n a la cuant&iacute;a de las indemnizaciones por responsabilidad civil establecidas en la sentencia de la Audiencia Nacional, debido al "llamativo error" cometido por dicho tribunal al calcularlas. Se&ntilde;ala el alto tribunal que la Audiencia sum&oacute; las cuant&iacute;as indemnizaciones que hab&iacute;an sido solicitadas por la Fiscal&iacute;a (y el resto de las acusaciones) como propuestas alternativas. As&iacute;, el fiscal ped&iacute;a una determinada responsabilidad civil si la condena era por delito de estafa y otra distinta si era por apropiaci&oacute;n indebida, pero la Audiencia estableci&oacute; como responsabilidad civil la suma de ambas cantidades.</p> <p>Ahora, el Supremo ordena a la Secci&oacute;n Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional -autora de la sentencia de instancia- que fije de nuevo el quantum de la indemnizaci&oacute;n solicitada por el fiscal y las acusaciones conforme a la calificaci&oacute;n jur&iacute;dica de los hechos declarados probados, sin incluir en un mismo pronunciamiento lo que en la instancia fue interesado con car&aacute;cter alternativo. Asimismo, debe excluir las cantidades de los contratos por el concepto plus de convenio (las de menor cuant&iacute;a), y explicar los motivos por los que declar&oacute; la nulidad de las p&oacute;lizas individuales de aseguramiento. Tambi&eacute;n debe definir, con la obligaci&oacute;n motivaci&oacute;n, el destinatario de la indemnizaci&oacute;n, que en la sentencia de instancia estableci&oacute; que fuese el FROB, pese a que la Fiscal&iacute;a pidi&oacute; que fuese NCG banco o su sucesor.</p> <p>En cuanto a la alegaci&oacute;n de vulneraci&oacute;n de la presunci&oacute;n de inocencia formulada por las defensas, el Supremo se&ntilde;ala que la sentencia de la Audiencia Nacional puede ser tildada de "asistem&aacute;tica" o con "desorden expositivo" y "censurable metodolog&iacute;a" (al hacer de la transcripci&oacute;n literal de documentos, actas e informes su principal t&eacute;cnica), pero pese a ello, "bajo ese desconcertante modo de aproximaci&oacute;n valorativa a las principales fuentes de prueba", la sentencia de instancia "ofrece pasajes que, con mayor o menor acierto sint&aacute;ctico, permite concluir que ha existido una valoraci&oacute;n de la prueba de cargo y de descargo que no desborda los l&iacute;mites del canon de racionalidad exigido por nuestro sistema constitucional".</p> <p>Respecto a la incidencia en la tipicidad de los hechos de la normativa europea de diciembre de 2010 que impuso l&iacute;mites a las retribuciones derivadas de contratos de alta direcci&oacute;n, el Supremo indica: "El car&aacute;cter delictivo de la utilizaci&oacute;n de las retribuciones como instrumento formal para la ejecuci&oacute;n de actos de deslealtad que se traducen en decisiones lucrativas de car&aacute;cter expropiatorio, no necesitaba entonces, ni necesita ahora, de la vigencia de normas comunitarias o internas de cobertura".</p> <p>"Ni la Directiva 2010/76/UE ni las normas que la han traspuesto pueden ser interpretadas, al amparo del principio constitucional de irretroactividad (art&iacute;culo 9.3 de la Constituci&oacute;n), como una ley de punto final llamada a la convalidaci&oacute;n de pr&aacute;cticas delictivas anteriores cuyo encaje en el hist&oacute;rico art&iacute;culo 252 o en el actual 253 del C&oacute;digo Penal resulta incuestionable", indican los magistrados.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=7f94cff4bf227510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 13 Sep 2016 13:50:00 +0200 El Tribunal Supremo investigará a la senadora Rita Barberá por blanqueo de capitales http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=e69ccff4bf227510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha acordado hoy abrir una causa a la exalcaldesa de Valencia y senadora del Partido Popular Rita Barber&aacute; por un presunto delito de blanqueo de capitales. Adem&aacute;s, ha designado instructor, conforme al turno establecido, al magistrado de la Sala C&aacute;ndido Conde-Pumpido Tour&oacute;n.</p> <p>La investigaci&oacute;n deriva de la exposici&oacute;n razonada elevada al Supremo el pasado mes de abril por el Juzgado de Instrucci&oacute;n n&uacute;mero 18 de Valencia, describiendo indicios contra la aforada Rita Barber&aacute; en un presunto blanqueo de capitales en el Grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia cuando ella era alcaldesa. La Fiscal&iacute;a apoy&oacute;, en informe del pasado 27 de julio, la apertura de la investigaci&oacute;n y la designaci&oacute;n de instructor.</p> <p>En un auto del que ha sido ponente el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, el Supremo destaca que, sin perjuicio de lo que pudiera resultar de la investigaci&oacute;n, los hechos descritos por el Juzgado de Instrucci&oacute;n n&uacute;mero 18 de Valencia en la exposici&oacute;n razonada pudieran ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales previsto y penado en los art&iacute;culos 301 y siguientes del C&oacute;digo Penal. &ldquo;Resulta, pues, imprescindible continuar la investigaci&oacute;n sobre los mismos y sobre la participaci&oacute;n en ellos de la persona aforada do&ntilde;a Mar&iacute;a Rita Barber&aacute; Nolla&rdquo;, se&ntilde;ala la resoluci&oacute;n.</p> <p>Seg&uacute;n la exposici&oacute;n razonada, en el curso de una investigaci&oacute;n sobre determinadas irregularidades en la contrataci&oacute;n p&uacute;blica en el &aacute;mbito de la Concejal&iacute;a de Cultura del Ayuntamiento de Valencia y de la Diputaci&oacute;n Provincial, as&iacute; como en el de la empresa p&uacute;blica Imelsa y la dependiente de la Generalitat valenciana CIEGSA, se tuvo conocimiento de una conversaci&oacute;n telef&oacute;nica &ndash;cuya escucha se hizo con autorizaci&oacute;n judicial&mdash;seg&uacute;n la cual se habr&iacute;a realizado un donativo mediante transferencia bancaria a una cuenta del Grupo Popular del Ayuntamiento, a cambio del que se habr&iacute;an recibido, en efectivo, dos billetes de 500 euros.</p> <p>En la conversaci&oacute;n se hace referencia a la secretaria del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento como la persona que habr&iacute;a entregado los billetes, y se citaba a Rita Barber&aacute; pero sin hacer respecto a ella ninguna imputaci&oacute;n concreta. Realizadas las investigaciones pertinentes, siempre seg&uacute;n la exposici&oacute;n razonada, se pudo comprobar que en una cuenta del Banco Sabadell a nombre del Grupo Municipal del PP en Valencia se habr&iacute;an realizado determinadas aportaciones, por importe de 1.000 euros, por parte de 50 personas vinculadas al grupo y al partido, entre el 23 de marzo y el 16 de abril de 2015, entre ellas Barber&aacute;.</p> <p>Se comprob&oacute; igualmente que en las cuentas bancarias origen de alguna de esas transferencias se hab&iacute;an recibido, en la misma fecha o en fechas inmediatas, el ingreso de cantidades en met&aacute;lico o mediante traspaso de otras cuentas, por diez de las personas investigadas. Lo que investiga el juez es si, bajo la cobertura de esas aportaciones de 1.000 euros que todos los investigados reconocen haber efectuado, se oculta el afloramiento de un dinero en efectivo en poder de alg&uacute;n responsable o responsables del Grupo Popular, se&ntilde;aladamente la secretaria del Grupo Mar&iacute;a del Carmen Garc&iacute;a-Fuster, que era la persona que operaba de facto con las cuentas bancarias. Tambi&eacute;n se investiga el origen del dinero supuestamente blanqueado.</p> <p>El auto del Supremo destaca que, en la exposici&oacute;n razonada del juez de Valencia, se se&ntilde;ala lo siguiente sobre la implicaci&oacute;n de Barber&aacute;:</p> <p>- &ldquo;Rita Barber&aacute; fue una m&aacute;s de las personas que reconocidamente efectuaron la aportaci&oacute;n de 1.000 euros. Resultar&iacute;a incoherente la llamada al resto de los aportantes en estas actuaciones como investigados y no llevar a cabo la presente exposici&oacute;n respecto de la senadora aforada&rdquo;.</p> <p>- &ldquo;Rita Barber&aacute; ostentaba una efectiva posici&oacute;n como superiora jer&aacute;rquica de la principal investigada, Mar&iacute;a del Carmen Garc&iacute;a Fuster, tanto por ser alcaldesa de Valencia en la fecha de los hechos investigados, como por ser la m&aacute;xima responsable del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia, existiendo, adem&aacute;s, una relaci&oacute;n personal de estrecha confianza entre la aforada y la principal investigada, que desempe&ntilde;aba las mismas funciones y atribuciones dentro del Grupo desde el a&ntilde;o 1991 en que fue designada aqu&eacute;lla&rdquo;.</p> <p>- &ldquo;A juicio de este instructor, las alegaciones efectuadas por la aforada no introducen en su relato hechos que, en relaci&oacute;n y contraste con el resultado de lo instruido, permitan atribuir a los mismos una relevancia excluyente de su posible implicaci&oacute;n, a los efectos de elevar al Tribunal Supremo esta exposici&oacute;n&rdquo;.</p> <p>- &ldquo;Debe significarse sin embargo que, en sus declaraciones, ni las investigadas que han reconocido la recepci&oacute;n del dinero tras efectuar la aportaci&oacute;n, ni los cuatro testigos que se negaron a efectuarla, testimonian una participaci&oacute;n concreta, personal, de la aforada Rita Barber&aacute; en la entrega del dinero, ni en la propuesta o indicaci&oacute;n para que dicha entrega se llevara a cabo o se aceptara&rdquo;.</p> <p>Por otro lado, la Sala Segunda ha determinado que el procedimiento sobre el resto de personas investigadas en este caso prosiga en el Juzgado de Valencia como &oacute;rgano competente, sin perjuicio de que su titular remita al Supremo cuantos datos resulten de las diligencias que se practiquen y que tengan relaci&oacute;n con los hechos atribuidos provisionalmente a la persona aforada.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=e69ccff4bf227510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 13 Sep 2016 12:30:00 +0200 Condenado a dos años y diez meses de cárcel un cabo por acoso sexual continuado a un subordinado http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=01473cc5f3d17510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala V, de lo Militar, del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de dos a&ntilde;os y diez meses de c&aacute;rcel impuesta a un cabo Primero del Ej&eacute;rcito por acosar sexualmente durante siete a&ntilde;os a un cabo subordinado suyo. El Supremo confirma que fue autor de un delito continuado de abuso de autoridad en su modalidad de trato degradante, por el que adem&aacute;s deber&aacute; abonar 3.000 euros a la v&iacute;ctima en concepto de responsabilidad civil.</p> <p>Seg&uacute;n los hechos probados de la sentencia del Tribunal Militar Territorial Segundo, que el Supremo ratifica, entre septiembre de 2007 y enero de 2014, el cabo &ldquo;soport&oacute; y no consinti&oacute;&rdquo; una serie de conductas por parte del cabo primero &ldquo;consistentes en proposiciones, expresiones, tocamientos e insinuaciones de &iacute;ndole sexual&rdquo;. Ambos estaban destinados en el destacamento &ldquo;El Vacar&rdquo; (C&oacute;rdoba) y durante 1 a&ntilde;o y medio del periodo citado el cabo primero fue jefe inmediato del cabo.</p> <p>El relato de hechos se&ntilde;ala que el cabo primero toc&oacute; el culo en varias ocasiones a la v&iacute;ctima, le preguntaba sobre cu&aacute;ndo iba a salir del armario y le pidi&oacute; repetidas veces que le dejase hacerle una felaci&oacute;n. Tras denunciar la situaci&oacute;n que estaba viviendo a un suboficial, el cabo estuvo dos meses y medio de baja por una crisis de ansiedad.</p> <p>El Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente la magistrada Clara Mart&iacute;nez de Careaga, desestima el recurso del cabo Primero, que alegaba vulneraci&oacute;n de su presunci&oacute;n de inocencia por falta de pruebas directas. El alto tribunal destaca que la condena se apoya en el testimonio de la v&iacute;ctima, la declaraci&oacute;n del propio acusado, y las declaraciones de &ldquo;nada menos&rdquo; que 17 testigos y la pericial de dos peritos. Adem&aacute;s, entre los testigos no s&oacute;lo hay quienes tuvieron conocimiento de los hechos a trav&eacute;s del denunciante, sino testigos directos de las provocaciones e insinuaciones del acusado e incluso quienes soportaron tambi&eacute;n el insistente acoso sexual del recurrente.</p> <p>En cuanto a la alegaci&oacute;n de que su conducta no hab&iacute;a sido dolosa, el Supremo contesta que los hechos probados &ldquo;describen de modo inequ&iacute;voco un acoso sexual prolongado durante aproximadamente siete a&ntilde;os en los que el recurrente, unas veces de manera expl&iacute;cita y otras de modo m&aacute;s velado, estuvo solicitando los favores sexuales del cabo, insistiendo machaconamente en ello a pesar de las reiteradas negativas de la v&iacute;ctima, conducta incompatible con una pretendida ausencia de dolo, pues, como se&ntilde;ala el Tribunal de instancia (&hellip;) estaba dirigida &lsquo;a la mera b&uacute;squeda de satisfacci&oacute;n sexual en un inferior prevali&eacute;ndose de su empleo jer&aacute;rquicamente superior que ha causado humillaci&oacute;n, miedo y menoscabo de su dignidad como persona y como militar&rsquo;&rdquo;.</p> <p>Por ello, destaca que los hechos fueron correctamente subsumidos por el Tribunal de instancia en el tipo de abuso de autoridad, en su modalidad de trato degradante, del art&iacute;culo 106 del C&oacute;digo Penal Militar, &ldquo;pues alcanzan la gravedad objetiva y subjetiva que est&aacute; en la base del citado tipo, con virtualidad bastante para producir, como en efecto produjeron, las consecuencias humillantes y vejatorias que se relatan en la Sentencia de instancia&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=01473cc5f3d17510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 12 Sep 2016 13:30:00 +0200 El Tribunal Supremo abre causa a la exalcaldesa de Santoña (Cantabria) y diputada Puerto Gallego http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=e4c7b5474ec17510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala II del Tribunal Supremo ha acordado abrir causa contra la exalcaldesa de Santo&ntilde;a (Cantabria) y actual diputada del PSOE Mar&iacute;a del Puerto Gallego Arriola por un presunto delito continuado de prevaricaci&oacute;n administrativa. El tribunal nombra instructor al magistrado de la Sala Pablo Llarena Conde, mientras que se acuerda que la causa contin&uacute;e ante el &oacute;rgano competente respecto de los hechos imputados a personas no aforadas.</p> <p>La exposici&oacute;n razonada que da lugar a la apertura de la causa la envi&oacute; al Supremo el Juzgado de Instrucci&oacute;n n&uacute;mero 2 de Santo&ntilde;a. Relataba c&oacute;mo en el citado Ayuntamiento, entre 2003 y 2009, periodo en que ostent&oacute; la alcald&iacute;a Puerto Gallego, &ldquo;habr&iacute;a sido habitual la adjudicaci&oacute;n a determinadas empresas de ciertos servicios prescindiendo de concurso previo cuando se superaba la cuant&iacute;a para la contrataci&oacute;n menor y la no utilizaci&oacute;n del procedimiento abierto, firmando las facturas que se somet&iacute;an a su pago&rdquo;.</p> <p>La mencionada exposici&oacute;n razonada describe que &ldquo;el Ayuntamiento, esto es la junta de gobierno, de la que formar&iacute;a parte la persona aforada, no habr&iacute;a seguido los procedimientos previstos por la normativa administrativa correspondiente en materia contractual&rdquo;. El juez ha constatado la existencia de un fraccionamiento del objeto de los contratos con el fin de eludir el recurso a los procedimientos legalmente establecidos.</p> <p>La exposici&oacute;n apoya estas consideraciones en las pruebas periciales practicadas y en los reparos emitidos en su momento por la intervenci&oacute;n municipal en los que se pon&iacute;an de manifiesto las irregularidades para poder acudir a la adjudicaci&oacute;n directa.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=e4c7b5474ec17510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 09 Sep 2016 16:00:00 +0200 El Supremo anula la absolución de tres responsables de una asociación de cannabis de Barcelona con 2.300 socios http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=4795f33df3907510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Tribunal Supremo ha anulado la absoluci&oacute;n de los tres responsables de una asociaci&oacute;n de distribuci&oacute;n de cannabis de Barcelona con 2.300 socios al estimar que su conducta encaja en un delito contra la salud p&uacute;blica por promocionar el consumo de drogas, y no ser uno de los supuestos de consumo compartido que no es punible penalmente.</p> <p>Sin embargo, la Sala II no dicta sentencia condenatoria al respecto sino que ordena a la Audiencia Provincial de Barcelona, autora de la sentencia absolutoria, que dicte nueva sentencia en la que resuelva, con libertad de criterio, las alegaciones de las defensa de los acusados sobre la concurrencia de un error de prohibici&oacute;n invencible (no ser conscientes de que comet&iacute;an un delito) o vencible, en su actuaci&oacute;n, que podr&iacute;an operar como eximente o atenuante. En su primera sentencia, la Audiencia de Barcelona no resolvi&oacute; sobre estas alegaciones subsidiarias de las defensas, al haber estimado la alegaci&oacute;n principal, que era que los hechos de los que eran acusados como presidente, secretario y tesorero de la asociaci&oacute;n no eran delito.</p> <p>El Supremo aplica al caso la doctrina fijada por el Pleno de la Sala II el 7 de septiembre de 2015, que ya se ha aplicado desde entonces en otras dos ocasiones a tres asociaciones similares.</p> <p>En el caso resuelto ahora, referido a la &ldquo;Asociaci&oacute;n Cultural L&iacute;nea Verde BCN&rdquo;, de Barcelona, existen diferencias con las entidades afectadas por las otras sentencias, pero para el Supremo son irrelevantes. En concreto, en esta ocasi&oacute;n se desconoce la forma en que se provee el colectivo del cannabis, es decir no consta que fuese un cultivo promovido por ellos; se establece oficialmente el compromiso, aunque no taxativo, de consumir en el local de la asociaci&oacute;n; y la misma tiene una oficiosidad administrativa ya que no hab&iacute;a sido a&uacute;n inscrita aunque contaba con licencia municipal amparada en una normativa de ese nivel local. Asimismo, su n&uacute;mero de socios, que supera los dos millares, es mucho m&aacute;s abultado que en los otros casos</p> <p>&ldquo;El n&uacute;mero de socios es tan alto que por m&aacute;s que se intente minimizar la cifra esgrimiendo bajas no reflejadas (lo que no deja de ser signo tambi&eacute;n de cierto descontrol) no permite buscar abrigo en la doctrina del consumo compartido.Es imposible establecer unos lazos de m&iacute;nimo conocimiento de esos dos millares de personas; como no es tampoco imaginable un elemental rigor en la comprobaci&oacute;n de que las personas que se inscrib&iacute;an como socios eran ya consumidores. Acreditar la identidad y la edad ser&iacute;a suficiente. No es nada dificultoso conseguir un avalista o atribuirse la condici&oacute;n de consumidor&rdquo;, dice la sentencia.</p> <p>&ldquo;Hay un salto cualitativo y no meramente cuantitativo, entre el consumo compartido entre amigos o conocidos -uno se encarga de conseguir la droga con la aportaci&oacute;n de todos para consumirla de manera inmediata juntos, sin ostentaci&oacute;n ni publicidad-; y la organizaci&oacute;n met&oacute;dica de una estructura institucionalizada, con vocaci&oacute;n de permanencia y abierta a la integraci&oacute;n casi indiscriminada, sucesiva y escalonada de un n&uacute;mero no limitado de personas hasta superar los dos mil (&hellip;) Aquello es asimilable al consumo personal. Esta segunda f&oacute;rmula, en absoluto. Se aproxima m&aacute;s a una cooperativa que a una reuni&oacute;n de amigos que comparte una afici&oacute;n perjudicial para la salud, pero tolerada&rdquo;, a&ntilde;ade la Sala.</p> <p>Para el tribunal, tampoco a&ntilde;ade nada significativo al caso que, formalmente, se asumiese la obligaci&oacute;n de consumir la droga dentro del local de la asociaci&oacute;n. &ldquo;La antijuricidad o no de la conducta no puede bascular sobre ese dato. Quedar&iacute;a la salud p&uacute;blica supeditada a un requisito formal: ser&iacute;a delito si se consiente, aunque sea espor&aacute;dicamente, consumir la sustancia fuera del local; y no lo ser&iacute;a si se consume en el local. &iquest;Qu&eacute; diferencia desde la perspectiva del bien jur&iacute;dico hay entre ambos supuestos para que solo el primero sea merecedor de una pena privativa de libertad?&rdquo;</p> <p><strong>Voto particular: el consumo dentro del local hace at&iacute;pica la conducta</strong></p> <p>La sentencia incluye un voto particular discrepante de la magistrada Ana Ferrer en el que defiende que al tratarse de un consumo en los locales de la asociaci&oacute;n, por parte de los distintos socios, quienes sufragan con sus aportaciones la sustancia a la que acceden, no se aprecia riesgo de que pudiese verse afectada la salud de terceros ajenos, ni en consecuencia lesionado el bien jur&iacute;dico que protege el art&iacute;culo 368 del C&oacute;digo Penal.</p> <p>Por estas razones, concluye en su voto que se trata de un supuesto de &ldquo;autoconsumo conjunto at&iacute;pico&rdquo;, aunque admite que el n&uacute;mero de socios supera con creces el n&uacute;cleo reducido de consumidores que viene fij&aacute;ndose para aplicar la doctrina sobre el consumo compartido, tambi&eacute;n valora que todos ellos, como miembros de la asociaci&oacute;n, contribu&iacute;an a sufragar la sustancia destinada al autoconsumo, sin prop&oacute;sito de que se pudiera extender al de terceras personas.</p> <p>La magistrada se&ntilde;ala que casos como &eacute;ste desbordan los contornos de la construcci&oacute;n jurisprudencial sobre el consumo compartido, que considera at&iacute;picos supuestos de consumo plural en que un n&uacute;mero reducido y determinado de personas se agrupan para la adquisici&oacute;n y ulterior e inmediato consumo conjunto en un lugar cerrado de la sustancia estupefaciente sufragada entre todos.</p> <p>Sin embargo, afirma que ello no es &oacute;bice para, como alternativa, tratar de fijar criterios que faciliten la adaptaci&oacute;n a la misma ante la relevancia social de la cuesti&oacute;n, que pretende trazar v&iacute;as hacia un consumo controlado y responsable de cannabis en sus distintas variedades, entre socios mayores de edad y en pleno uso de sus facultades de autodeterminaci&oacute;n y gobierno, aptos, en consecuencia, para decidir sobre su propia salud.</p> <p>A los efectos de lo establecido en la Ley Org&aacute;nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci&oacute;n de datos de Car&aacute;cter Personal, esta Oficina de Comunicaci&oacute;n no autoriza la difusi&oacute;n de datos personales contenidos en la resoluci&oacute;n ni su inclusi&oacute;n en ficheros o bases de datos. Por tanto, la comunicaci&oacute;n de datos personales ser&aacute; responsabilidad de los medios de comunicaci&oacute;n.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=4795f33df3907510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 08 Sep 2016 16:30:00 +0200 El Tribunal Supremo rechaza que constituir una empresa impida a los autónomos cobrar la prestación por desempleo en un pago único http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=a7b1f33df3907510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La sentencia de la Sala Social del Tribunal Supremo se&ntilde;ala que constituir una sociedad de responsabilidad limitada &ldquo;no es incompatible con la cualidad de trabajador aut&oacute;nomo cuando la posici&oacute;n jur&iacute;dica del socio determina su obligada afiliaci&oacute;n al RETA, como es el caso, no se cuestiona el efectivo desempe&ntilde;o de la actividad por cuenta propia en los t&eacute;rminos legales y ni siquiera se alega &ndash;ni existe- el m&aacute;s m&iacute;nimo indicio de fraude con tal constituci&oacute;n&rdquo;.</p> <p>El problema que ha resuelto la Sala es el de un desempleado que capitaliz&oacute; el paro en un solo pago despu&eacute;s de fundar una mercantil de este tipo, suscribiendo &eacute;l mismo el 100 % del capital, nombr&aacute;ndose administrador y d&aacute;ndose de alta en el R&eacute;gimen Especial de Trabajadores Aut&oacute;nomos (RETA) diez d&iacute;as despu&eacute;s de elevar a escritura p&uacute;blica su sociedad.</p> <p>Un a&ntilde;o despu&eacute;s, el Servicio P&uacute;blico de Empleo Estatal &ndash;SPEE- le reclam&oacute; 19.567,80 euros por el cobro indebido de la prestaci&oacute;n al haber constituido la empresa cuando en la solicitud constaba que la actividad era la de trabajador aut&oacute;nomo.</p> <p>El juzgado rechaz&oacute; la demanda del recurrente solicitando la anulaci&oacute;n de la citada resoluci&oacute;n y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sentenci&oacute; que no hubo cobro indebido al estar dado de alta como aut&oacute;nomo por lo que revoc&oacute; la decisi&oacute;n del Servicio P&uacute;blico de Empleo Estatal.</p> <p>De acuerdo con este &uacute;ltimo fallo, la Sala de lo Social desestima el recurso de casaci&oacute;n del abogado del Estado en el que argumentaba que el pago &uacute;nico de la prestaci&oacute;n s&oacute;lo es posible cuando el beneficiario se constituya como trabajador aut&oacute;nomo o como socio trabajador en cooperativas o sociedades laborales.</p> <p>La sentencia explica que aunque la Ley 45/2002 s&oacute;lo se refiere como sociedades a las cooperativas y la sociedades laborales no excluye de manera expresa ninguna otra, y a&ntilde;ade que &ldquo;cuando concurren las circunstancias f&aacute;cticas y jur&iacute;dicas que conducen obligatoriamente al encuadramiento y alta en el RETA de determinadas personas f&iacute;sicas, &eacute;stas, individualmente consideradas, siempre que la sociedad de capital lleve realmente a cabo la actividad que constituya su objeto, re&uacute;nen la cualidad de trabajadores aut&oacute;nomos, tambi&eacute;n a los efectos de la prestaci&oacute;n aqu&iacute; debatida&rdquo;.</p> <p>La sentencia, con ponencia del magistrado Jos&eacute; Luis Gilolmo L&oacute;pez, recuerda que desde la perspectiva finalista del est&iacute;mulo del autoempleo esta es la soluci&oacute;n adoptada en otras situaciones similares por la Sala de lo Social. En este sentido a&ntilde;ade que aunque el RD 1300/2009, de 31 de julio, de medidas urgentes de empleo destinadas a los trabajadores aut&oacute;nomos y a las cooperativas y sociedades laborales no se refiera a las sociedades de capital como formas de autoempleo, &ldquo;cuando, en determinadas circunstancias, alguno de sus socios puede ostentar la cualidad material de trabajadores por cuenta propia, resulta perfectamente congruente su equiparaci&oacute;n con aqu&eacute;llos, tambi&eacute;n a los efectos que aqu&iacute; importan, porque sin duda contribuye a lograr la misma finalidad: el autoempleo&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=a7b1f33df3907510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 08 Sep 2016 14:00:00 +0200 El TS avala que el inmueble incautado en A Coruña en el franquismo corresponde a la CNT y no a la Federación Local Obrera http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=05d9f33df3907510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Contencioso-administrativo ha avalado la decisi&oacute;n del Gobierno, de mayo de 2008, que consider&oacute; que el derecho de reintegraci&oacute;n y compensaci&oacute;n por la incautaci&oacute;n durante el franquismo del inmueble sindical situado en la calle Emilia Pardo Baz&aacute;n, 27 de A Coru&ntilde;a, correspond&iacute;a a la CNT (Confederaci&oacute;n Nacional del Trabajo) y no a la Federaci&oacute;n Local Obrera de Sindicatos de A Coru&ntilde;a, desestimando el recurso de dicha Federaci&oacute;n.</p> <p>La sentencia del Supremo, de la que ha sido ponente el magistrado Jes&uacute;s Cudero de Blas, analiza la regulaci&oacute;n de la reintegraci&oacute;n y compensaci&oacute;n de bienes incautados a las organizaciones sindicales por virtud de la Ley de Responsabilidades Pol&iacute;ticas de 1939, en aplicaci&oacute;n de lo establecido en la disposici&oacute;n adicional cuarta de la Ley 4/1986, de 8 de enero, de cesi&oacute;n de bienes del patrimonio sindical acumulado.</p> <p>La Sala III dictamina que la interpretaci&oacute;n del Consejo de Ministros de esa disposici&oacute;n adicional en este caso ha de reputarse ajustada a Derecho en cuanto defiende que la compensaci&oacute;n o el reintegro solo pueden reconocerse a las organizaciones sindicales, no a los entes asociados, vinculados o federados a las mismas.</p> <p>A la vista de los documentos que constan en autos, de los Estatutos de la recurrente y del resto de la prueba practicada, no puede afirmarse que la Federaci&oacute;n Local Obrera de Sindicatos de A Coru&ntilde;a de la CNT haya acreditado que sea una organizaci&oacute;n sindical aut&oacute;noma, independiente y no vinculada a la Confederaci&oacute;n Nacional del Trabajo, lo que determina la legalidad de la decisi&oacute;n de reconocer a esta &uacute;ltima organizaci&oacute;n el derecho al reintegro y compensaci&oacute;n de los bienes y derechos incautados.</p> <p>El acuerdo del Consejo de Ministros recurrido, de fecha 30 de mayo de 2008, desestim&oacute; el recurso de reposici&oacute;n interpuesto frente al acuerdo anterior del mismo &oacute;rgano, de fecha 21 de diciembre de 2007, que resolvi&oacute; determinadas solicitudes de reintegraci&oacute;n y compensaci&oacute;n de bienes y derechos en el particular relativo al inmueble situado en la calle Emilia Pardo Baz&aacute;n, 27 de A Coru&ntilde;a y de la imprenta sindical incluida en la relaci&oacute;n de maquinaria y mobiliario del Anexo II; que las citadas resoluciones entendieron que correspond&iacute;an a la Confederaci&oacute;n Nacional del Trabajo (CNT).</p> <p>La raz&oacute;n de ser de la denegaci&oacute;n fue que la devoluci&oacute;n y compensaci&oacute;n que la hoy demandante reclamaba (de un inmueble de la calle Emilia Pardo Baz&aacute;n de A Coru&ntilde;a y de los bienes muebles de una imprenta) no puede reconocerse a una persona jur&iacute;dica que est&aacute; &ldquo;vinculada&rdquo; a una confederaci&oacute;n sindical (la CNT), que es la que ha de reputarse que tiene legalmente atribuidos aquellos derechos en cuanto verdadera &ldquo;organizaci&oacute;n sindical&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=05d9f33df3907510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 08 Sep 2016 12:30:00 +0200 El Supremo rechaza el criterio de Hacienda que restringe la bonificación del 95% del impuesto de Sucesiones en la empresa familiar http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=9b0468a6bc4d6510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Tribunal Supremo ha rechazado que haya que ser socio de la empresa familiar que se hereda para obtener la bonificaci&oacute;n fiscal del 95 % en el impuesto de Sucesiones, siempre que se cumpla el requisito de ejercer funciones efectivas de direcci&oacute;n en la empresa y se forme parte del grupo familiar.</p> <p>La Sala III ha dictado dos sentencias en las que estima los recursos para la unificaci&oacute;n de doctrina interpuestos por dos hermanas contra el rechazo tanto de Hacienda de la Comunidad de Madrid como del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de aplicar dicha bonificaci&oacute;n del 95% en el valor de la empresa familiar Produccions A Modi&ntilde;o en la base imponible del Impuesto de Sucesiones por la herencia de su madre.</p> <p>La cuesti&oacute;n que se discute en ambas sentencias es &ldquo;si, para gozar de la bonificaci&oacute;n fiscal analizada es necesario que la persona que forma parte del grupo familiar y que cumple el requisito de ejercer funciones efectivas de direcci&oacute;n de la empresa familiar, percibiendo por ello la mayor&iacute;a de sus rendimientos, debe, adem&aacute;s, ser titular de alguna participaci&oacute;n en el capital de dicha empresa&rdquo;. Tanto la Administraci&oacute;n central, a trav&eacute;s del abogado del Estado, como el letrado de la Comunidad de Madrid, respondieron afirmativamente, al no constar que la hijas del causante fueran titulares de participaciones de la sociedad &lsquo;A Modi&ntilde;o&rsquo; al momento del devengo y por tanto no formaban parte del grupo familiar.</p> <p>Las dos mujeres plantearon recurso para la unificaci&oacute;n de doctrina ante el Supremo, esgrimiendo sentencias de los tribunales superiores de Justicia de Galicia, Castilla y Le&oacute;n y el mismo Madrid, donde se hab&iacute;a llegado a la conclusi&oacute;n que ellos defend&iacute;an, es decir, que s&iacute; ten&iacute;an derecho a la bonificaci&oacute;n fiscal del 95 por ciento por empresa familiar prevista en el art&iacute;culo 20.2.c de la Ley del Impuesto de Sucesiones, que se refiere a su vez al motivo de exenci&oacute;n en el Impuesto del Patrimonio previsto en el art&iacute;culo 4 de la Ley que regula este &uacute;ltimo impuesto.</p> <p>El Supremo, en sentencias de las que ha sido ponente el magistrado Juan Gonzalo Mart&iacute;nez Mic&oacute;, explica que en la medida en que la empresa, sociedad o participaci&oacute;n goce de exenci&oacute;n en el Impuesto sobre el Patrimonio, la transmisi&oacute;n por herencia de la misma o de las acciones en que est&eacute; representada tendr&aacute; una reducci&oacute;n del 95% en la base imponible del Impuesto de Sucesiones y Donaciones del adquirente, siempre que &eacute;ste &uacute;ltimo se encuentre en el &aacute;mbito subjetivo del grupo de parentesco delimitado por la Ley.</p> <p>&ldquo;Pues bien &ndash;argumenta el tribunal--, el hecho de que la empresa, el negocio o las participaciones de que se trate hayan de gozar de exenci&oacute;n en el Impuesto sobre el Patrimonio, demuestra que la participaci&oacute;n en el capital ha de darse en el causante, si bien, como resulta l&oacute;gico, a consecuencia de su fallecimiento, y a partir de entonces, el requisito habr&aacute; de darse en el heredero, por s&iacute; o en conjunci&oacute;n con otros. En ning&uacute;n lugar se exige que el sujeto pasivo, previamente al devengo del tributo, deba ostentar una titularidad distinta a la que se produce con la sucesi&oacute;n hereditaria&rdquo;.</p> <p>En el caso examinado se trat&oacute; de un supuesto de transmisi&oacute;n por herencia de participaciones sociales de una empresa familiar a las dos hijas y al esposo de la fallecida, en cuanto al usufructo vidual, siendo las dos hermanas las que ejercen desde hace mucho tiempo las funciones directivas y el rendimiento que perciben constituye el 100% de sus ingresos anuales, y asimismo, estando el 100% de las participaciones sociales en el n&uacute;cleo familiar.</p> <p>Antes del fallecimiento de la causante, su esposo y &eacute;sta ten&iacute;an el 100% de las participaciones sociales en la empresa familiar y las mismas estaban exentas del Impuesto sobre el Patrimonio, y, una vez acaecido, las dos hijas y el viudo siguen ostentando el 100% de las mismas, siendo las dos hijas las que ejercen las funciones de direcci&oacute;n.</p> <p>&ldquo;En consecuencia &ndash;dice el Supremo-, est&aacute; claro que es el supuesto m&aacute;s t&iacute;pico de transmisi&oacute;n de empresa familiar a los hijos y viudo de la causante, siendo para este caso para el que est&aacute;n pensados los beneficios fiscales que favorezcan dicha transmisi&oacute;n&rdquo;, evitando as&iacute; un eventual cierre del negocio familiar para realizar el pago del impuesto de sucesiones.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=9b0468a6bc4d6510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 23 Aug 2016 09:00:00 +0200 El Tribunal Supremo ordena al Ministerio del Interior tramitar asilo a un camerunés que denunció ser perseguido por ser homosexual http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=e62768a6bc4d6510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Supremo ha revocado la denegaci&oacute;n del asilo a un camerun&eacute;s que aleg&oacute; ser perseguido en su pa&iacute;s por homosexual. La Sala III estima el recurso del solicitante y ordena al Ministerio del Interior, que deneg&oacute; en noviembre de 2014 la petici&oacute;n, que proceda a su admisi&oacute;n e inicie la tramitaci&oacute;n del procedimiento administrativo correspondiente.</p> <p>Interior deneg&oacute; la petici&oacute;n, formulada por el ciudadano camerun&eacute;s el 3 de noviembre de 2014 en el puesto fronterizo del aeropuerto de Madrid-Barajas, por considerar que sus alegaciones sobre la persecuci&oacute;n padecida en Camer&uacute;n por su condici&oacute;n de homosexual eran &ldquo;inveros&iacute;miles e insuficientes&rdquo;, en aplicaci&oacute;n del art&iacute;culo 21.2.b de la Ley de Asilo, que faculta al ministro del Interior a inadmitir por dicha causa solicitudes de protecci&oacute;n internacional presentadas en frontera en un plazo m&aacute;ximo de doce d&iacute;as.</p> <p>El ciudadano camerun&eacute;s, Prosper K.T., hab&iacute;a relatado en su demanda en el aeropuerto madrile&ntilde;o que, al enterarse de su condici&oacute;n de homosexual, los j&oacute;venes de su barrio en Camer&uacute;n le dieron una paliza a &eacute;l y a su novio en julio de 2014, a consecuencia de la cual &eacute;ste &uacute;ltimo habr&iacute;a muerto. &Eacute;l decidi&oacute; huir, primero a Nigeria, luego a M&eacute;xico y por &uacute;ltimo a Espa&ntilde;a, donde reclam&oacute; asilo y protecci&oacute;n internacional subsidiaria.</p> <p>El ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados) present&oacute; informe apoyando la admisi&oacute;n a tr&aacute;mite de la solicitud al considerar que el relato no era inveros&iacute;mil por lo que proced&iacute;a tramitar la petici&oacute;n. Sin embargo, Interior deneg&oacute; la solicitud, por lo que el reclamante recurri&oacute; primero a la Audiencia Nacional, que confirm&oacute; la decisi&oacute;n del Ministerio.</p> <p>El ciudadano camerun&eacute;s plante&oacute; entonces recurso de casaci&oacute;n ante el Supremo. La Sala III, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Eduardo Calvo Rojas, analiza el procedimiento especial regulado en el art&iacute;culo 21 de la Ley 12/2009, reguladora del derecho de Asilo y la protecci&oacute;n subsidiaria, aplicable a las solicitudes presentadas en puestos fronterizos. El Supremo destaca que las posibilidades de denegar la admisi&oacute;n a tr&aacute;mite de las peticiones en estos casos deben interpretarse de forma restrictiva, de acuerdo a su jurisprudencia.</p> <p>Aplicando el criterio al caso concreto, el alto tribunal se&ntilde;ala que ni en la sentencia de la Audiencia Nacional, ni en las resoluciones que confirma, se dice que el solicitante hubiese formulado alegaciones incoherentes, ni que su relato contradiga la informaci&oacute;n disponible sobre el pa&iacute;s de origen. &ldquo;M&aacute;s bien al contrario -a&ntilde;ade -, sobre esto &uacute;ltimo la propia sentencia se&ntilde;ala como dato no controvertido que en la legislaci&oacute;n de Camer&uacute;n se tipifican como delito los actos homosexuales y que se trata, adem&aacute;s, de una conducta efectivamente reprimida en ese pa&iacute;s.Siendo ello as&iacute;, y existiendo un informe de ACNUR favorable a la admisi&oacute;n a tr&aacute;mite por considerar que el relato no resulta inveros&iacute;mil, no puede considerarse ajustada a derecho la decisi&oacute;n de denegaci&oacute;n (propiamente, inadmisi&oacute;n) basada en la raz&oacute;n, expresada en t&eacute;rminos gen&eacute;ricos, de que las alegaciones son inveros&iacute;miles e insuficientes&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=e62768a6bc4d6510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 17 Aug 2016 08:30:00 +0200 Condenan a una compañía de seguros a pagar 1,5 millones de euros a la familia de un hombre que suscribió un seguro de vida un año antes de suicidarse http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=1068328269ad6510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala I, de lo Civil, del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a una compa&ntilde;&iacute;a de seguros a pagar 1,5 millones de euros a una familia por el seguro de vida suscrito por el padre un a&ntilde;o antes de suicidarse. La aseguradora aleg&oacute; que el tomador del seguro proporcion&oacute; datos falsos e inexactos sobre su situaci&oacute;n financiera y patrimonial (que era peor de la que &eacute;l dijo), y tampoco revel&oacute; que en su familia hab&iacute;a antecedentes de suicidios, lo que habr&iacute;a impedido una valoraci&oacute;n correcta del riesgo asegurado y le liberaba de la obligaci&oacute;n de pagar.</p> <p>Sin embargo, el Supremo rechaza tales argumentos y avala el criterio de la Audiencia Provincial de Madrid, que consider&oacute; que no hab&iacute;a quedado desvirtuada la veracidad de los datos sobre su situaci&oacute;n econ&oacute;mica proporcionados por el asegurado a la aseguradora con anterioridad a la suscripci&oacute;n del contrato de seguro de vida. Asimismo, la Audiencia de Madrid descarta que el asegurado concertase el seguro con la finalidad de suicidarse un a&ntilde;o despu&eacute;s.</p> <p>El Juzgado de Primera Instancia n&uacute;mero 5 de Alcal&aacute; de Henares hab&iacute;a desestimado la demanda de la viuda y los dos hijos del asegurado para cobrar cada uno 500.000 euros de Aeg&oacute;n Seguros como beneficiarios del seguro de vida suscrito por su esposo y padre, respectivamente. El seguro se suscribi&oacute; el 15 de abril de 2009, con un capital asegurado de 1,5 millones de euros en caso de fallecimiento, lo que tuvo lugar el 20 de abril de 2010 por suicidio. El juzgado entendi&oacute; que hubo ocultaci&oacute;n por parte del tomador del seguro de datos relevantes sobre su situaci&oacute;n financiera, que era muy apurada, y as&iacute; lo reflej&oacute; tambi&eacute;n en la nota que dej&oacute; tras su suicidio, donde aludi&oacute; inequ&iacute;vocamente a esos problemas econ&oacute;micos y a ning&uacute;n otro, con la frase &ldquo;para sacar adelante a mi familia&rdquo;.</p> <p>Sin embargo, la Audiencia de Madrid revoc&oacute; ese fallo y estim&oacute; el recurso de la familia. Destac&oacute; que los informes presentados por las partes sobre la situaci&oacute;n econ&oacute;mica del asegurado son contradictorios, que parten de criterios valorativos diferentes, sin que existiesen otros elementos probatorios suficientemente contundentes para atribuir mayor credibilidad a uno u otro informe. Por ello, entendi&oacute; que no ha quedado desvirtuada la veracidad de los datos proporcionados por el asegurado a la aseguradora, con anterioridad a suscribir el contrato de seguro.<br />El Supremo, ante quien recurri&oacute; Aeg&oacute;n Seguros, resalta que la conclusi&oacute;n de la Audiencia Provincial no es il&oacute;gica, irracional ni arbitraria, y tampoco puede predicarse que incurra en error patente, por lo que rechaza los argumentos de la recurrente.</p> <p>Adem&aacute;s, tambi&eacute;n desestima su pretensi&oacute;n de no pagar los intereses de demora que le impuso la Audiencia, para lo que alegaba como causa justificada la existencia de incertidumbre sobre la cobertura del siniestro que hab&iacute;a hecho precisa la intervenci&oacute;n de la justicia por la discrepancia de las partes. La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Eduardo Baena, contesta que &ldquo;si en toda reclamaci&oacute;n con fundamento en un seguro de vida se permitiese que esa alegaci&oacute;n, luego no probada, se constituyese en causa justificada para verse exonerada la aseguradora del pago de los intereses del art&iacute;culo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, per se y sin algo m&aacute;s que la reforzase, se har&iacute;a una interpretaci&oacute;n no restrictiva y, por ende, contraria al car&aacute;cter sancionador que se le atribuye a la norma&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=1068328269ad6510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 12 Aug 2016 09:00:00 +0200 Absuelta una ONG de apropiarse de la donación recibida para un colegio en Nepal que no se construyó http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=befa328269ad6510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado la absoluci&oacute;n de la responsable de una ONG catalana del delito de apropiaci&oacute;n indebida de los 150.000 euros que le entreg&oacute; una mujer para construir en Nepal una escuela con el nombre de su esposo, colegio que finalmente no se construy&oacute;. El Supremo indica que se daban los presupuestos para una apropiaci&oacute;n indebida, ya que la Fundaci&oacute;n, y en su nombre la acusada, recibieron el dinero no para cualquiera de sus fines ben&eacute;ficos sino para construir el citado centro educativo, y tampoco se puede negar que hubo un perjuicio econ&oacute;micamente evaluable. Sin embargo, los hechos son at&iacute;picos (no son delito) porque no existi&oacute; vocaci&oacute;n de permanencia en la aplicaci&oacute;n de los fondos a un fin distinto del que hab&iacute;a motivado su entrega ni voluntad de quebrantar la confianza que la motiv&oacute;.</p> <p>As&iacute;, seg&uacute;n el relato de hechos, una vez la Fundaci&oacute;n Vicky Sherpa Eduqual dispuso del dinero que le entreg&oacute; la mujer (150.232 euros), emple&oacute; parte del mismo (62.796 euros) en la compra de un terreno en Nepal destinado a la escuela proyectada, as&iacute; como en la obtenci&oacute;n de permisos, licencia y gestiones administrativas previas a su construcci&oacute;n. Y el resto se destin&oacute; al mantenimiento y desarrollo de otros proyectos de la Fundaci&oacute;n.</p> <p>Pero, de acuerdo a la sentencia de la Audiencia de Barcelona cuyo fallo absolutorio ahora se ratifica, &ldquo;ello fue en tanto se resolv&iacute;an todas las trabas que retardaban el inicio de aquella, y en la confianza de que, en el momento que fuera posible comenzar a construir, dispondr&iacute;a de dinero necesario para culminar el proyecto, a trav&eacute;s de la subvenci&oacute;n que esperaba de Intervida y Cuna. El dinero realmente se recibi&oacute;, y si la construcci&oacute;n result&oacute; frustrada fue porque no pudo disponer del mismo al haber resultado bloqueadas por la autoridades nepal&iacute;es las cuentas de la Fundaci&oacute;n VEDFON (filial en Nepal de la Fundaci&oacute;n Vicky Sherpa Eduqual) en las que se ingres&oacute;&rdquo;.</p> <p>El Tribunal Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente la magistrada Ana Mar&iacute;a Ferrer, analiza el tipo penal de apropiaci&oacute;n indebida por distracci&oacute;n, en este caso el dinero donado a una ONG con el encargo de que fuera destinado a la construcci&oacute;n de una escuela que llevara el nombre del esposo de la donante. Primero, el alto tribunal se&ntilde;ala que lo que recibi&oacute; la acusada fue una donaci&oacute;n, por mucho que no se llegaran a documentar las concretas condiciones de la misma. Tradicionalmente, la Sala ha afirmado que la donaci&oacute;n, en cuanto traslativa de dominio, no es t&iacute;tulo id&oacute;neo para completar la tipicidad de la apropiaci&oacute;n indebida, pero a&ntilde;ade que esa doctrina admite alguna modulaci&oacute;n.</p> <p>&ldquo;Sobre todo cuando, como en este caso, no nos encontramos ante una donaci&oacute;n pura y simple, sino ante lo que la doctrina civil denomina una &ldquo;donaci&oacute;n modal&rdquo;, es decir aquella en que se impone al donatario un modo, carga o gravamen que puede ser cualquier tipo de actuaci&oacute;n o conducta, a&uacute;n no evaluable econ&oacute;micamente, &ldquo;un motivo, finalidad, deseo o recomendaci&oacute;n o, en definitiva, el cumplimiento de una obligaci&oacute;n como determinaci&oacute;n accesoria de la voluntad del donante y precisa&rdquo;.</p> <p>Ser&iacute;a una modalidad distinta de la donaci&oacute;n condicional en cuanto que su efectividad no se hace depender de un suceso futuro o incierto, o de un suceso pasado que los interesados pudieran ignorar, sino de un modo o gravamen, cuyo incumplimiento atribuye al donante la facultad de revocar la donaci&oacute;n. &ldquo;En este caso la donaci&oacute;n no contemplaba enriquecimiento ni siquiera retribuci&oacute;n para la donataria por su actuaci&oacute;n, m&aacute;s all&aacute; de perdurar en el cumplimiento de los objetivos que le eran propios&rdquo;.</p> <p>El Supremo indica que la Fundaci&oacute;n y en su nombre la acusada, recibieron el dinero no para cualquiera de sus fines ben&eacute;ficos, sino para dedicarlo a construir el citado centro educativo, &ldquo;removiendo todos los obst&aacute;culos que pudieran plantearse. Desde esa &oacute;ptica no podemos negar la idoneidad del t&iacute;tulo como base a una hipot&eacute;tica apropiaci&oacute;n indebida por distracci&oacute;n, en el supuesto en el que el dinero se destinara a otro fin, con el consiguiente quebranto de confianza deposita en aquella&rdquo;.</p> <p>Tampoco se puede negar la existencia de perjuicio econ&oacute;micamente evaluable, por el hecho de que la donaci&oacute;n implique un acto de liberalidad que pretendiera una satisfacci&oacute;n moral, inmortalizar el nombre del fallecido esposo de la donante, pues la entrega de dinero para obtenerlo provoc&oacute; el correlativo empobrecimiento. En definitiva el bien jur&iacute;dico protegido por el delito de apropiaci&oacute;n indebida es el patrimonio.</p> <p>&ldquo;Sin embargo &ndash;-oncluye en su argumentaci&oacute;n- aun cumpli&eacute;ndose esos dos presupuestos, los hechos son at&iacute;picos. Y ello porque no existi&oacute; vocaci&oacute;n de permanencia en la aplicaci&oacute;n de los fondos a un fin distinto del que hab&iacute;a motivado su entrega ni voluntad de quebrantar la confianza que la motiv&oacute;. Y no se alcanz&oacute; el punto de no retorno sino muy posteriormente y por causas que en aquel momento no consta que fueran previsibles&rdquo;.</p> <p>La mujer que don&oacute; el dinero falleci&oacute; durante la sustanciaci&oacute;n del recurso, pero sus hijos la sucedieron como recurrentes ante el Supremo.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=befa328269ad6510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 11 Aug 2016 09:00:00 +0200 El Supremo rechaza el recurso de un funcionario que cortó la coleta a un preso con esquizofrenia http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=552c328269ad6510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala III, de lo Contencioso-administrativo, del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de un funcionario de Instituciones Penitenciarias que solicit&oacute; su rehabilitaci&oacute;n como empleado p&uacute;blico tras cumplir una condena penal por haber cortado la coleta a un preso aquejado de esquizofrenia tras decirle que llevarla era &ldquo;de maricones&rdquo;. La sentencia subraya que no ser&iacute;a aceptable que quien despreci&oacute; la dignidad de un recluso que estaba bajo su cuidado y atent&oacute; contra su integridad moral pueda beneficiarse de esa forma especial de recuperar la condici&oacute;n funcionarial que es la rehabilitaci&oacute;n.</p> <p>J.A.N.M., funcionario del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, se vio privado de esa condici&oacute;n por resoluci&oacute;n de la Subsecretar&iacute;a de Interior de 20 de mayo de 2008, que declar&oacute; su p&eacute;rdida al adquirir firmeza la sentencia de junio de 2007 del Juzgado de lo Penal n&uacute;mero 9 de Sevilla, que le conden&oacute; a seis meses de prisi&oacute;n y a inhabilitaci&oacute;n especial para el empleo o cargo p&uacute;blico por dos a&ntilde;os, por delito contra la integridad moral de un interno.</p> <p>Los hechos por los que fue condenado en la v&iacute;a penal consistieron en que el 8 de septiembre de 2003, sobre las 17:30 horas, &ldquo;cuando desempe&ntilde;aba su trabajo en el m&oacute;dulo 4 del Hospital Psiqui&aacute;trico Penitenciario de Sevilla, entr&oacute; en la sala de la televisi&oacute;n y se dirigi&oacute; a un interno aquejado de esquizofrenia paranoide que llevaba el pelo recogido en una coleta y tras toc&aacute;rsela le dijo que eso era de maricones y que se la quitara. Como el interno se negara, le dijo que se la iba a cortar. El interno le respondi&oacute; que &ldquo;no ten&iacute;a huevos&rdquo; y, ante ello, J.A.N.M., fue a su garita, recogi&oacute; una navaja que ten&iacute;a en su mochila, volvi&oacute; a la sala, cort&oacute; la coleta al interno y dijo a los aproximadamente veinte internos que estaban all&iacute; que nadie hab&iacute;a visto nada y que si alguno dec&iacute;a algo le rajaba e hizo el gesto de pasarse la mano por el cuello. En ese momento se produjo un grave altercado en el m&oacute;dulo por las airadas protestas del interno al que le hab&iacute;a cortado la coleta y de los dem&aacute;s reclusos y el Jefe de Servicios relev&oacute; a J.A.N.M. y le destin&oacute; a otro m&oacute;dulo.</p> <p>En 2010, cumplida la pena, el recurrente solicit&oacute; el reingreso como funcionario y le fue concedido, de manera que estuvo prestando servicios en la Administraci&oacute;n Penitenciaria, en concreto en los centros de Sevilla 1 y de Huelva, hasta que el Ministro del Interior, en resoluci&oacute;n de 27 de febrero de 2014, de acuerdo con el Consejo de Estado, declar&oacute; nulo el reingreso producido cuatro a&ntilde;os antes, por haberse llevado a cabo sin observar el procedimiento debido y declar&oacute; que dicha persona carec&iacute;a de la condici&oacute;n de funcionario. Esta decisi&oacute;n tuvo en su origen la incoaci&oacute;n de un expediente disciplinario a la misma persona por conducta presuntamente irregular con una funcionaria.</p> <p>Tras esa decisi&oacute;n, el hombre pidi&oacute; en marzo de 2014 su rehabilitaci&oacute;n como funcionario, alegando que de 2010 a 2014 hab&iacute;a prestado su labor de forma impecable tanto en oficinas como en contacto con la poblaci&oacute;n interna, y que los hechos por los que fue condenado hab&iacute;an sucedido ocho a&ntilde;os antes y que no causaron perjuicio ni perturbaci&oacute;n a la Administraci&oacute;n.</p> <p>El Consejo de Ministros, en abril de 2015, deneg&oacute; la rehabilitaci&oacute;n como funcionario p&uacute;blico solicitada, de acuerdo a los criterios fijados en el art&iacute;culo 6.2 del Real Decreto de 1998 que regula el proceso de rehabilitaci&oacute;n de funcionarios p&uacute;blicos, al considerar claro que hubo perjuicio al servicio p&uacute;blico por la actuaci&oacute;n del recurrente, que los hechos fueron graves, y que hubo relaci&oacute;n directa entre el delito y el desempe&ntilde;o del cargo, a lo que se uni&oacute; un informe desfavorable de la Secretar&iacute;a General de Instituciones Penitenciarias.</p> <p>El Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Pablo Lucas Murillo de la Cueva, rechaza ahora el recurso del exfuncionario contra dicho acuerdo del Consejo de Ministros, y subraya que &ldquo;resulta clara la relaci&oacute;n del delito con la funci&oacute;n p&uacute;blica que desempe&ntilde;aba el recurrente y, tambi&eacute;n, es evidente su gravedad no s&oacute;lo por la conducta en s&iacute; misma sino porque la llev&oacute; a cabo quien, por la posici&oacute;n en que se encontraba y por la del interno cuya integridad moral agredi&oacute;, ten&iacute;a un especial deber de respetarla. Y aunque la sentencia, obviamente, explique que no se trataba de torturas pues no las hubo, s&iacute; puso de manifiesto el desprecio que supuso a la dignidad del recluso v&iacute;ctima de la acci&oacute;n del recurrente&rdquo;.</p> <p>El alto tribunal recuerda que la Ley Org&aacute;nica General Penitenciaria establece que las instituciones penitenciarias tienen como finalidad primordial la reeducaci&oacute;n y reinserci&oacute;n social de los penados, y que la Administraci&oacute;n penitenciaria debe velar por la vida, integridad y salud de los internos, que deben ser respetados sin diferencia de raza, opiniones pol&iacute;ticas, creencias religiosas, condici&oacute;n social o cualesquiera otras circunstancias de an&aacute;loga naturaleza.</p> <p>Examinando el caso del exfuncionario, el Supremo destaca que &ldquo;tratar a un recluso, adem&aacute;s enfermo, de la manera en que hemos visto supone una flagrante infracci&oacute;n de estos preceptos y de los principios que los inspiran y perjudica gravemente a la Administraci&oacute;n, efecto que no se ha disuelto por el paso del tiempo y que revivir&iacute;a de concederse la rehabilitaci&oacute;n. No cabe de ninguna manera aceptar que los funcionarios a cargo de las instituciones penitenciarias se conduzcan con los internos de la manera en que el recurrente lo hizo&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=552c328269ad6510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 09 Aug 2016 09:00:00 +0200 El Supremo confirma 11 años de prisión para un entrenador de fútbol infantil por los delitos continuados de abuso sexual, exhibicionismo y provocación sexual http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=607370e7aef46510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>Los hechos sucedieron entre los a&ntilde;os 2009 y 2013 en el domicilio del condenado en Novelda (Alicante). La sentencia considera probado que el entrenador de f&uacute;tbol infantil aprovech&oacute; el 'respeto y la consideraci&oacute;n de dicha circunstancia' para invitar a su casa a menores de entre 11 y 17 a&ntilde;os, con la excusa de ver partidos de f&uacute;tbol. Una vez ganada su confianza, el condenado aprovechaba los momentos en que se quedaba con los ni&ntilde;os a solas, 'para exhibir pel&iacute;culas pornogr&aacute;ficas, de forma habitual, e incitarles a que se masturbaran en su presencia, ense&ntilde;ando a alguno, por su corta edad, dichas pr&aacute;cticas'. </p> <p>La Sala II del Supremo confirma as&iacute; la sentencia de la Secci&oacute;n 10&ordf; de la Audiencia Provincial de Alicante dictada en noviembre de 2015, por la que condenaba al entrenador a once a&ntilde;os de prisi&oacute;n como autor de un delito continuado de abuso sexual sobre menor de trece a&ntilde;os, tres delitos de abuso sexual continuado, y un delito de exhibicionismo y provocaci&oacute;n sexual.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=607370e7aef46510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 03 Aug 2016 13:00:00 +0200 El TS reconoce el derecho de un sobrino político a la reducción por parentesco del impuesto Sucesiones que le denegó la Comunidad de Madrid http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=6fab1274fcad6510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Contencioso-administrativo reconoce el derecho de un sobrino pol&iacute;tico a la reducci&oacute;n por parentesco en la liquidaci&oacute;n del Impuesto sobre Sucesiones al equipararlo a los mismos parientes consangu&iacute;neos que s&iacute; se benefician de dicha reducci&oacute;n.</p> <p>La sentencia considera que hay que incluirlos en el Grupo III de colaterales de segundo y tercer grado, tanto por consanguinidad como por afinidad, y no en el IV de los colaterales de cuarto grado, m&aacute;s distantes y extra&ntilde;os, al tratarse de un parentesco que no desaparece al fallecer la persona &ndash;en este caso t&iacute;o y esposo- que serv&iacute;a de v&iacute;nculo entre el sobrino af&iacute;n y la viuda.</p> <p>Tras la muerte del t&iacute;o, su viuda que no ten&iacute;a descendientes, nombr&oacute; heredero en una cuarta parte de la herencia a su sobrino pol&iacute;tico que a la hora de liquidar el Impuesto sobre Sucesiones aplic&oacute; una reducci&oacute;n por parentesco de 7.850 euros y un coeficiente multiplicador de 1,6676, resultando un total a ingresar de 257.098,76 euros.</p> <p>De acuerdo con los valores declarados, pero sin aplicar dicha reducci&oacute;n, la Direcci&oacute;n General de Tributos de la Comunidad de Madrid gir&oacute; una liquidaci&oacute;n provisional al recurrente con un importe a ingresar de 87.359,34 euros por entender que el parentesco por afinidad se mantiene s&oacute;lo si a la fecha del devengo del Impuesto subsiste el v&iacute;nculo que les une. La conclusi&oacute;n a la que lleg&oacute; es que dicho parentesco depende del matrimonio y, por tanto, nace cuando se contrae y cesa cuando se disuelve o anula.</p> <p>El Tribunal Econ&oacute;mico Administrativo Regional dio la raz&oacute;n al recurrente, dando por buena su autoliquidaci&oacute;n, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en cambio, anul&oacute; dicha resoluci&oacute;n por no ser ajustada al ordenamiento jur&iacute;dico al considerar que el sobrino carnal del esposo, ya fallecido, no est&aacute; vinculado con la viuda con el grado de parentesco de colaterales de tercer grado por afinidad por lo que no era aplicable la reducci&oacute;n.</p> <p>La Sala Tercera se plantea si los sobrinos pol&iacute;ticos han de ser incluidos en el Grupo III del art&iacute;culo 20 de la Ley del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, dentro del concepto de colaterales de segundo y tercer grado o si, por el contrario, se hallan en el Grupo IV que incluye a los colaterales de cuarto grado, grados m&aacute;s distantes y extra&ntilde;os.</p> <p>La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Juan Gonz&aacute;lez Mart&iacute;nez Mic&oacute;, estima el recurso de casaci&oacute;n interpuesto por dicho familiar y resuelve siguiendo su doctrina que &ldquo;una vez que el v&iacute;nculo de afinidad existe, el pariente (en este caso 'sobrino pol&iacute;tico') debe encuadrarse en el grupo III, ya que utilizando las propias palabras del Tribunal Supremo: &ldquo;donde la ley no distingue no cabe distinguir&rdquo;, es obvio que el legislador no ha querido que existieran diferencias entre los colaterales por consanguinidad y por afinidad, derogando las normas contrarias que han estado vigentes, reglamentariamente, hasta 1967&rdquo;.</p> <p>La Sala Tercera concluye al aplicar su propia doctrina que &ldquo;la inclusi&oacute;n de los sobrinos por afinidad en el Grupo III procede aun cuando hubiera fallecido la persona que serv&iacute;a de v&iacute;nculo entre el causante y el sobrino por afinidad. En consecuencia, considera que, en este caso, corresponde aplicar la reducci&oacute;n por parentesco tal y como dispone la Ley 7/2005 de la Comunidad de Madrid, Medidas Fiscales y Administrativas.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=6fab1274fcad6510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 03 Aug 2016 10:00:00 +0200 El Supremo reconoce el derecho de una mujer pakistaní a obtener el visado denegado por la embajada española por dudar del certificado matrimonial http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=40dc1274fcad6510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de una mujer pakistan&iacute; a la obtenci&oacute;n del visado que le deneg&oacute; la Embajada de Espa&ntilde;a en Islamabad, tras dudar de la autenticidad del certificado de matrimonio, pese a que se le hab&iacute;a concedido autorizaci&oacute;n de residencia temporal por reagrupaci&oacute;n familiar.</p> <p>El Tribunal Supremo considera v&aacute;lida la sentencia de un juez pakistan&iacute; al considerar que el documento aportado por la recurrente para acreditar su boda &ldquo;disipaba las dudas de autenticidad que albergaba la embajada y acreditaba que la recurrente hab&iacute;a contra&iacute;do un matrimonio v&aacute;lido en Pakist&aacute;n y que hab&iacute;a sido inscrito en el registro, desapareciendo as&iacute; la objeci&oacute;n que motiv&oacute; la denegaci&oacute;n del visado solicitado&rdquo;. A&ntilde;ade adem&aacute;s que los testimonios de vecinos y familiares recogidos en el expediente administrativo no ponen en duda la existencia del v&iacute;nculo matrimonial.</p> <p>La Subdelegaci&oacute;n del Gobierno en &Aacute;lava concedi&oacute; autorizaci&oacute;n de residencia temporal por reagrupaci&oacute;n familiar a la mujer, aunque precis&oacute; que la misma no tendr&iacute;a efectos hasta la obtenci&oacute;n del visado y la posterior entrada en Espa&ntilde;a, donde resid&iacute;a de forma legal su marido. La recurrente solicit&oacute; el permiso en la Embajada espa&ntilde;ola en Islamabad, el 18 de julio de 2013, presentando, entre otros documentos traducidos al ingl&eacute;s, la certificaci&oacute;n de matrimonio, la inscripci&oacute;n en el registro del mismo, el certificado de familia y el de nacimiento de sus hijos. Antes de pronunciarse, la Embajada solicit&oacute; a un despacho privado de abogados un informe sobre la verificaci&oacute;n de los documentos presentados en el que se recog&iacute;an dudas sobre la autenticidad del certificado de matrimonio -Nikah Nama- de la solicitante, de su partida de nacimiento y de las de sus hijos.</p> <p>El 18 de febrero de 2014, la Embajada le deneg&oacute; la solicitud de visado porque entendi&oacute; que el registro de matrimonio se hab&iacute;a realizado de forma fraudulenta y, por lo tanto, era un documento no v&aacute;lido que necesita validaci&oacute;n por las Cortes de Pakist&aacute;n. Lo mismo sosten&iacute;a sobre los certificados de nacimiento de los hijos que ten&iacute;an tachaduras y la escritura alterada.</p> <p>La mujer present&oacute; un mes m&aacute;s tarde una certificaci&oacute;n emitida por un juez pakistan&iacute; en la que admit&iacute;a que el acta de matrimonio -Nikah Nama- era copia fiel del registro por lo que admit&iacute;a la versi&oacute;n de la demandante como correcta. Pese a ello, la Embajada de Espa&ntilde;a en Islamabad mantuvo su decisi&oacute;n de denegar el visado por entender que no se hab&iacute;a aportado ninguna prueba para cambiar de criterio.</p> <p>La sentencia estima el recurso de la mujer y revoca el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que consider&oacute; que dicho documento extranjero -redactado en ingl&eacute;s sin traducir, sin apostillar y sin legalizar- no est&aacute; homologado y carece de eficacia en Espa&ntilde;a.</p> <p>Para el Tribunal Supremo, la sentencia recurrida &ldquo;confunde la homologaci&oacute;n de un t&iacute;tulo ejecutivo o sentencia judicial dictada en el extranjero para que produzca efectos en Espa&ntilde;a con la fuerza probatoria de un documento extranjero para acreditar un hecho, en este caso el matrimonio v&aacute;lidamente celebrado entre la recurrente y el reagrupante en Pakist&aacute;n&rdquo;.</p> <p>En este supuesto, indica, lo que se persigue no es la ejecuci&oacute;n de una sentencia extranjera en Espa&ntilde;a ni su eficacia constitutiva, sino la aportaci&oacute;n de un documento de otro pa&iacute;s (en este caso una sentencia judicial) para acreditar un hecho (el matrimonio v&aacute;lido entre ambos). En definitiva, a&ntilde;ade, &ldquo;el problema no se centra en torno a la eficacia ejecutiva de una sentencia dictada por un tercer estado sino en la fuerza probatoria de un documento extranjero en juicio&rdquo;. Por todo ello, concluye que la recurrente mediante la aportaci&oacute;n de dicha sentencia &ldquo;pretend&iacute;a tan solo acreditar la autenticidad de su certificado de matrimonio en Pakist&aacute;n con la finalidad de probar que hab&iacute;a contra&iacute;do un matrimonio v&aacute;lido en dicho pa&iacute;s de origen&rdquo;.</p> <p>La sentencia admite que no consta su apostilla o legalizaci&oacute;n por lo que podr&iacute;a sostenerse que no cumple los requisitos para que tuviese fuerza probatoria propia de un documento p&uacute;blico, pero como no fue impugnado en la v&iacute;a administrativa ni en la instancia por el Abogado del Estado en su contestaci&oacute;n a la demanda, no existen razones para dudar de su autenticidad y del valor probatorio de los hechos que acredita.</p> <p><strong>Doctrina sobre expedici&oacute;n de visados de reagrupaci&oacute;n familiar</strong></p> <p>La Sala Tercera aplica a este caso la jurisprudencia establecida sobre la posibilidad de que el agente consular, al tiempo de resolver sobre la solicitud de visado, lo deniegue tras valorar de nuevo los documentos en su d&iacute;a presentados para obtener el permiso de residencia por reagrupaci&oacute;n familiar o teniendo en cuenta hechos o informes posteriores. Previsi&oacute;n recogida en el Real Decreto 557/2011 que permite que la misi&oacute;n diplom&aacute;tica deniegue un visado &ldquo;cuando para fundamentar la petici&oacute;n se hayan presentado documentos falsos o formulado alegaciones inexactas o medie mala fe&rdquo;, subraya la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Diego C&oacute;rdoba.</p> <p>En consecuencia, concluye que &ldquo;es posible denegar el visado de entrada, pese a existir una resoluci&oacute;n administrativa concediendo la autorizaci&oacute;n de residencia temporal por reagrupaci&oacute;n familiar, cuando la Embajada duda de la autenticidad de la documentaci&oacute;n presentada tras una actividad instructora adicional en su pa&iacute;s de origen, sin que sea necesario proceder a la revisi&oacute;n de oficio de la resoluci&oacute;n administrativa que le concedi&oacute; tal permiso&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=40dc1274fcad6510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 02 Aug 2016 10:00:00 +0200 Condenado por vender en internet un coche adaptado para una persona con minusvalía ocultando graves defectos en el motor http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=29911274fcad6510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casaci&oacute;n interpuesto por el condenado y confirma la pena que la Audiencia Provincial de Granada le impuso por un delito de estafa agravada por tratarse de un bien de primera necesidad.</p> <p>Los hechos se refieren a que el perjudicado se puso en contacto v&iacute;a internet con el vendedor de los dos veh&iacute;culos que eran de un t&iacute;o suyo &ndash;que estaba ajeno a todo- y, despu&eacute;s de negociar, ambos acordaron la venta de uno de los coches -modelo Quovis L4- por el precio de 2.250 euros, incluyendo el otro como regalo. El contrato, que firmaron el 14 de junio de 2012, recog&iacute;a que el veh&iacute;culo ten&iacute;a unos defectos cuya reparaci&oacute;n ascend&iacute;a a 549,85 euros que el comprador asum&iacute;a. Ten&iacute;a que arreglar las escobillas de la direcci&oacute;n asistida, la rampa y el cristal de la derecha. Tras recibir el veh&iacute;culo, el nuevo propietario lo llev&oacute; al taller para reparar esas aver&iacute;as indicadas en el contrato pero se encontr&oacute; con otros defectos de motor m&aacute;s graves, que el vendedor le hab&iacute;a ocultado, que imped&iacute;an su funcionamiento. Aver&iacute;as de entidad y costosas, como inform&oacute; el taller, que le costaban 2.452,72 euros m&aacute;s cuando el precio del coche hab&iacute;a sido de 2.250 euros.</p> <p>La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Joaqu&iacute;n Gim&eacute;nez, asevera que en este caso el enga&ntilde;o se hizo por ocultaci&oacute;n porque el vendedor conoc&iacute;a los defectos y se los ocult&oacute; al comprador. Se basa en dos datos objetivos para llegar a esa conclusi&oacute;n: uno, que exigi&oacute; el precio del veh&iacute;culo antes de su entrega; y otro, que el comprador nada m&aacute;s conocer el estado real del mismo se lo comunic&oacute; por correo electr&oacute;nico sin obtener ninguna respuesta por parte del condenado.</p> <p>A&ntilde;ade que el contrato especifica que la compraventa se realiza a distancia, sin que se re&uacute;nan f&iacute;sicamente vendedor y comprador, y que &eacute;ste &uacute;ltimo acepta la informaci&oacute;n que se le da sobre el estado del veh&iacute;culo que compra, aceptando los defectos que se le comunicaron, que est&aacute;n recogidos en el mismo y quedan de cuenta del comprador, pero, obviamente, &ldquo;quedan fuera los defectos ocultos que surjan, los que son de tal entidad que hacen inservible el coche&rdquo; como acredit&oacute; el taller en su informe.</p> <p>Asimismo, considera que est&aacute; bien aplicado el subtipo agravado de la estafa cuando, como en este caso, se trata de &ldquo;cosas de las que no se puede prescindir&rdquo;, como los productos de consumo imprescindible para la subsistencia o salud. En este sentido, la Sala Segunda afirma que &ldquo;un coche adaptado para que una persona con minusval&iacute;a, que le impida su desplazamiento aut&oacute;nomo, pueda utilizarlo con su silla de ruedas, permitiendo de este modo su desplazamiento de un sitio a otro sin la utilizaci&oacute;n del transporte p&uacute;blico que no siempre est&aacute; adaptado para esta situaci&oacute;n, debe ser considerado como bien de primera necesidad porque le permite una eficaz y efectiva integraci&oacute;n social por s&iacute; mismo&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=29911274fcad6510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 01 Aug 2016 09:00:00 +0200 El Tribunal Supremo avala el Real Decreto por el que se aprueba la norma de calidad del ibérico http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=dcd1b114b7536510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>Tres sentencias de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo han desestimado los recursos de casaci&oacute;n interpuestos por la Comunidad Aut&oacute;noma de Castilla y Le&oacute;n, la Asociaci&oacute;n "Jam&oacute;n de Salamanca" y un particular, contra el Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, por el que se aprueba la norma de calidad para la carne, el jam&oacute;n, la paleta y la ca&ntilde;a de lomo ib&eacute;rico.</p> <p>La Sala Tercera confirma la validez de los apartados 4 y 5 del art&iacute;culo 4 del mismo, que fueron impugnados, al considerar que las indicaciones del tipo racial y del porcentaje de raza ib&eacute;rica son necesarias para proporcionar al consumidor una informaci&oacute;n esencial del producto que espera encontrar al adquirir jam&oacute;n, paleta o ca&ntilde;a de lomo amparados bajo dicha denominaci&oacute;n.</p> <p>Sobre la posibilidad de incluir el t&eacute;rmino "pata negra", referido exclusivamente al jam&oacute;n 100% ib&eacute;rico y de bellota, las sentencias indican que no induce en modo alguno a confusi&oacute;n a los consumidores, ni vulnera la legislaci&oacute;n europea e interna de protecci&oacute;n de sus derechos.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=dcd1b114b7536510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 29 Jul 2016 09:25:00 +0200 El TS confirma las penas de hasta 12 años de prisión a miembros de una célula terrorista por enviar combatientes a Siria para hacer la yihad http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=843ac9c94a336510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado las penas de entre doce y diez a&ntilde;os de prisi&oacute;n impuestas por la Audiencia Nacional a once miembros de una c&eacute;lula yihadista por enviar combatientes a Siria para hacer la yihad.</p> <p>La sentencia desestima los recursos de casaci&oacute;n interpuestos por todos los condenados por los delitos de pertenencia e integraci&oacute;n en organizaci&oacute;n terrorista -12 a&ntilde;os de prisi&oacute;n a K.A.M. y a I.A.A como dirigentes, 10 a&ntilde;os de prisi&oacute;n al resto como integrantes activos- y de tenencia il&iacute;cita de armas de fuego a uno de ellos, R.A., por el que se le ha impuesto una pena de a&ntilde;o y medio de c&aacute;rcel m&aacute;s.</p> <p>Seg&uacute;n los hechos probados, la c&eacute;lula terrorista, que operaba en Ceuta en conexi&oacute;n con otra de Marruecos, reclut&oacute; y envi&oacute; a Siria, desde el 2012 hasta su desarticulaci&oacute;n por la polic&iacute;a en el 2013, a 29 voluntarios ceut&iacute;es y marroqu&iacute;es que llegaban a aquel pa&iacute;s en vuelos regulares tras pasar por Turqu&iacute;a. Ellos alegaban que se desplazaban con fines tur&iacute;sticos y para no levantar sospechas de la polic&iacute;a &ldquo;occidentalizaban&rdquo; su aspecto: pelo corto y sin barba, ropa occidental y pasaporte nuevo.</p> <p>Al menos ocho de los combatientes fallecieron en atentados suicidas, el primero de los desplazados se inmol&oacute; conduciendo un cami&oacute;n cargado de explosivos contra una cuartel militar en Siria, despu&eacute;s de anunciar a trav&eacute;s de un perfil en Facebook su determinaci&oacute;n para la comisi&oacute;n de un acto de &ldquo;martirio&rdquo;. Un grupo de otros cuatro yihadistas no pudo desplazarse porque no encontr&oacute; billetes, motivo por el que regres&oacute; a Ceuta, siguiendo la orden del jefe de la c&eacute;lula, K.A.M.</p> <p>La sentencia de la Audiencia Nacional consider&oacute; probado que entre las actividades que realizaban los once acusados estaban la de captaci&oacute;n y adoctrinamiento de los voluntarios, de la organizaci&oacute;n de los viajes desde Espa&ntilde;a y/o Marruecos a ciudades turcas fronterizas con Siria, desde donde los reclutados pasaban a campos de entrenamiento de la organizaci&oacute;n terrorista y despu&eacute;s a la lucha armada. Tambi&eacute;n supervisaban y controlaban la efectiva realizaci&oacute;n de los viajes, la asistencia econ&oacute;mica a las viudas, en caso de necesidad, y la recaudaci&oacute;n y el env&iacute;o de dinero a los desplazados, comunicando los fallecimientos a las familias, adem&aacute;s de difundir los v&iacute;deos de los &ldquo;actos de martirio&rdquo; y de los ataques realizados por los desplazados y reivindicados por el Estado Isl&aacute;mico de Irak y Levante. Asimismo, concluy&oacute; que los integrantes de la c&eacute;lula estaban preparados para desplazarse ellos mismos e incorporarse a la yihad en el momento oportuno, coordin&aacute;ndose con los terroristas que ya estaban en Siria.</p> <p><strong>No hay vulneraci&oacute;n de derechos fundamentales</strong></p> <p>La Sala de lo Penal rechaza los 45 motivos recogidos en los recursos de los condenados, descartando la vulneraci&oacute;n de diferentes derechos fundamentales como el secreto de las comunicaciones y a un proceso con garant&iacute;as por la forma en la que se autorizaron y practicaron las intervenciones telef&oacute;nicas.</p> <p>La sentencia, con ponencia del magistrado Jos&eacute; Manuel Maza, afirma que las intervenciones y la informaci&oacute;n obtenida a partir de ellas &ldquo;cumpl&iacute;an con todas las exigencias&rdquo; para alcanzar valor probatorio, al tratarse de unas diligencias debidamente autorizadas y controladas por la Autoridad judicial, cuyo resultado fue posteriormente trasladado al juicio junto con los correspondientes testimonios de los funcionarios que participaron en la investigaci&oacute;n, en unas actuaciones seguidas por delito cuya gravedad y caracter&iacute;sticas de comisi&oacute;n hac&iacute;an proporcional y necesaria su pr&aacute;ctica, existiendo previamente datos objetivos de suficiente entidad para justificarlas.</p> <p>Tambi&eacute;n niega que se haya infringido el derecho a la tutela judicial efectiva o a la presunci&oacute;n de inocencia de los recurrentes porque la sentencia de la Audiencia Nacional enuncia y analiza &ldquo;con una precisi&oacute;n y minuciosidad de todo punto ejemplar y de forma individualizada para cada acusado&rdquo; las pruebas que les incriminan y que son las declaraciones de los polic&iacute;as, las grabaciones de las conversaciones telef&oacute;nicas con sus contenidos, los distintos objetos y documentos ocupados en los domicilios, adem&aacute;s de las manifestaciones de los propios acusados e informaciones obtenidas de fuentes muy solventes relacionadas con la persecuci&oacute;n de la actividad terrorista en el &aacute;mbito internacional.</p> <p>En definitiva, subraya la Sala, &ldquo;numeros&iacute;simas pruebas todas ellas v&aacute;lidas en su producci&oacute;n, procesalmente eficaces, razonablemente valoradas y plenamente capaces para sustentar el fallo condenatorio, de tal forma que hace innecesaria, por ociosa, su enumeraci&oacute;n reiterativa en este momento y en sede casacional&rdquo;. Por las mismas razones, a&ntilde;ade que no puede afirmarse la existencia de errores evidentes, obvios e incuestionables en los criterios seguidos por el &oacute;rgano de instancia, a la hora de valorar las pruebas disponibles que pudieran modificar con fundamento los hechos declarados como probados y sus conclusiones condenatorias.</p> <p><strong>Atenuante colaboraci&oacute;n con la justicia o condena del terrorismo</strong></p> <p>Para el Tribunal Supremo, tampoco hay base f&aacute;ctica para aplicar la atenuante prevista para los casos de colaboraci&oacute;n del terrorista con la Administraci&oacute;n de Justicia &ndash;art&iacute;culo 579 bis del C&oacute;digo Penal- o por haber condenado de forma expl&iacute;cita el terrorismo o la existencia de un desistimiento activo. Sobre todo, indica, porque "las actitudes, comportamientos o manifestaciones posteriores a los hechos llevados a cabo por los recurrentes no resultan h&aacute;biles para mermar la consideraci&oacute;n penal que merecen lo realizado previamente con motivo de su integraci&oacute;n en la organizaci&oacute;n terrorista de referencia&rdquo;.</p> <p>"No puede hablarse, con propiedad, de un desistimiento activo en el tiempo y con la eficacia necesaria para la aplicaci&oacute;n del art&iacute;culo 16.3 del C&oacute;digo Penal, de igual manera que una condena verbal del terrorismo no puede asimilarse a una circunstancia merecedora, ni tan siquiera anal&oacute;gicamente, de atenuaci&oacute;n, ni se dan los estrictos requisitos exigidos en el correspondiente precepto para la aplicaci&oacute;n de la regla atenuatoria basada en la colaboraci&oacute;n con las autoridades&rdquo;, concluye la sentencia.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=843ac9c94a336510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 29 Jul 2016 08:00:00 +0200 El Tribunal Supremo confirma la condena a Abanca por vulnerar la libertad sindical http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=87f9158555036510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Social ha desestimado el recurso de casaci&oacute;n interpuesto por Abanca, Corporaci&oacute;n Bancaria, S.A. y confirma el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que declar&oacute; vulnerado el derecho a la libertad sindical al no reconocer la empresa demandada ni la constituci&oacute;n de secciones sindicales ni el nombramiento de delegados por agrupaci&oacute;n de centros. Dicha sentencia orden&oacute; el cese de dicha conducta por parte de Abanca que fue condenada al pago de una indemnizaci&oacute;n de 187,50 euros a Alternativa Sindical de Cajas de Ahorros-Asca.</p> <p>La Sala Cuarta concluye que Abanca debe reconocer a dicho sindicato su derecho a constituir cinco secciones sindicales y a designar siete delegados sindicales. A&ntilde;ade que su doctrina permite la designaci&oacute;n de delegados sindicales tomando como referencia el centro de trabajo virtual derivado de agrupar varios de ellos si se hab&iacute;a configurado como unidad electoral.</p> <p>En consecuencia, subraya, ASCA-CIT puede organizar libremente la estructura representativa que desea implantar en Abanca: a nivel de centros de trabajo o de la empresa en su conjunto. La sentencia considera que cuando el art&iacute;culo 10.1 LOLS alude a los centros de trabajo "debe entenderse que incluye la posibilidad de tomar en consideraci&oacute;n los mismos individualmente considerados pero tambi&eacute;n varios de ellos, de modo agrupado; al menos cuando esa agrupaci&oacute;n se lleva a cabo por razones objetivas y sin comportar abuso de derecho o consecuencias contrarias a los intereses econ&oacute;micos y sociales de los trabajadores cuya defensa viene encomendada al sindicato".</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=87f9158555036510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 28 Jul 2016 09:18:00 +0200 El Tribunal Supremo reconoce a una madre el derecho a la prestación para cuidar a un hijo con enfermedad grave ya escolarizado en un centro especial http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=36f9dd9842c26510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Social reconoce el derecho de una madre a cobrar una prestaci&oacute;n para el cuidado de su hijo menor de edad afectado por una enfermedad grave que MC Mutual le deneg&oacute; por estar el ni&ntilde;o escolarizado en un centro especial donde recibe diferentes cuidados.</p> <p>La sentencia considera que se cumplen los requisitos legales para conceder la prestaci&oacute;n a la progenitora, que tiene una reducci&oacute;n de jornada del 56,25%, porque, aunque el ni&ntilde;o vaya a un colegio, necesita cuidado directo, continuo y permanente.</p> <p>El menor, que ahora tiene seis a&ntilde;os, naci&oacute; con una enfermedad grave -hemorragia cerebral- y necesita m&uacute;ltiples tratamientos terap&eacute;uticos entre los que se encuentra su escolarizaci&oacute;n en un colegio donde recibe atenci&oacute;n de fisioterapeuta, profesora de audici&oacute;n y lenguaje, de pedagog&iacute;a terap&eacute;utica y auxiliar t&eacute;cnico educativo. Como consecuencia de ello, la madre se vio obligada a pedir una excedencia en su empresa en 2011 y un a&ntilde;o despu&eacute;s una reducci&oacute;n de jornada para atender a su hijo, que tiene reconocido un Grado III por el Gobierno de Cantabria, con un grado de discapacidad del 78 %.</p> <p>La madre solicit&oacute; la prestaci&oacute;n econ&oacute;mica por cuidado de menor afectado por enfermedad grave a MC Mutual pero le fue denegada al no cumplir los requisitos establecidos en el art&iacute;culo 135 qu&aacute;ter de la Ley General de la Seguridad Social (que reconoce el derecho a la prestaci&oacute;n a los progenitores, en aquellos casos en que ambos trabajen, para el cuidado del menor que padezca c&aacute;ncer o cualquier otra enfermedad grave que requiera ingreso hospitalario y tratamiento continuado, siendo requisito indispensable que el beneficiario reduzca su jornada de trabajo al menos en un 50%) y el art&iacute;culo 2 del Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, (que considera como ingreso hospitalario de larga duraci&oacute;n la continuaci&oacute;n del tratamiento m&eacute;dico del menor en domicilio tras el diagn&oacute;stico y hospitalizaci&oacute;n por enfermedad grave).</p> <p>El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria tambi&eacute;n deneg&oacute; la prestaci&oacute;n porque entendi&oacute; que al asistir el menor a un centro especial -y aunque reconoce que ello no equivale a una escolarizaci&oacute;n normal, sino que es una ayuda espec&iacute;fica o tiempo de descanso de los padres respecto de los cuidados continuos en domicilio que necesita el ni&ntilde;o- mantiene una esfera de desconexi&oacute;n con su madre que implica esa posibilidad de atenci&oacute;n indirecta, realizada al margen del &aacute;mbito dom&eacute;stico.</p> <p>En cambio, el Tribunal Supremo estima el recurso de casaci&oacute;n para la unificaci&oacute;n de doctrina interpuesto por la madre y anula la sentencia recurrida al apreciar que se dan todas las circunstancias para la concesi&oacute;n de la citada prestaci&oacute;n. En primer lugar, afirma la sentencia, &ldquo;en ninguno de los preceptos aplicables, art&iacute;culo 135 qu&aacute;ter de la LGSS y art&iacute;culo 2 del RD 1148/2011, de 29 de julio, se exige que esta necesidad de cuidar de manera directa, continua y permanente al menor suponga la atenci&oacute;n al mismo durante las 24 horas del d&iacute;a, los preceptos requieren que el cuidado sea directo, continuo y permanente pero, en modo alguno tal exigencia es equiparable a cuidado durante el d&iacute;a entero&rdquo;.</p> <p>Sobre el requisito relativo a que el progenitor, adoptante o acogedor, se reduzca la jornada al menos en un 50 por ciento, la sentencia, con ponencia de la magistrada Mar&iacute;a Luisa Segoviano, afirma que &ldquo;supone que el solicitante del subsidio no va a dedicar la totalidad de su tiempo al cuidado del menor, ya que una parte del mismo la dedica a la realizaci&oacute;n de su trabajo&rdquo;.</p> <p>Tambi&eacute;n indica que el hecho de que el ni&ntilde;o acuda al centro especial &ldquo;no supone, dada la gravedad de sus dolencias y las severas limitaciones que comportan, que durante el tiempo en el que permanece en su domicilio no tenga que ser objeto de intensos cuidados por parte de su madre, de manera, directa, continua y permanente&rdquo;.</p> <p>Asimismo, se&ntilde;ala que no est&aacute; prevista, como causa de extinci&oacute;n de la prestaci&oacute;n, que el menor est&eacute; escolarizado y que &ldquo;resulta impensable, hoy en d&iacute;a, que ning&uacute;n menor, por severas que sean las limitaciones que padece, no acuda a alg&uacute;n centro de escolarizaci&oacute;n, tratamiento, centro especial...para, en la medida de lo posible, mejorar su situaci&oacute;n e intentar que adquiera los conocimientos que su situaci&oacute;n le permita&rdquo;.</p> <p>Por &uacute;ltimo, subraya la sentencia, &ldquo;el enorme requerimiento de cuidados por parte del menor acarre&oacute; que su madre tuviera que pedir la excedencia para dedicarse a dicho cuidado, situaci&oacute;n en la que permaneci&oacute; desde febrero de 2011 hasta octubre de 2012 y, a partir de esa fecha, a pesar de lo exiguo de sus ingresos -la base reguladora de la prestaci&oacute;n es de 17,78 euros diarios- ha tenido que solicitar reducci&oacute;n de jornada -del 56,25%- para dedicarse a dicho menester&rdquo;.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=36f9dd9842c26510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 27 Jul 2016 13:40:00 +0200 El Tribunal Supremo establece límites a la difusión de pasquines críticos hacia un directivo con ocasión de un conflicto laboral http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=9aa7e51118626510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Primera del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casaci&oacute;n interpuesto por el sindicato LAB y por dos de sus afiliadas contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia que hab&iacute;a apreciado una intromisi&oacute;n ileg&iacute;tima en el derecho al honor del demandante por la actuaci&oacute;n de los recurrentes en el contexto de un conflicto laboral en el que las trabajadoras hab&iacute;an sido despedidas. La demanda fue presentada por un directivo responsable de la gesti&oacute;n de la residencia de ancianos en la que prestaban sus servicios las trabajadoras despedidas.</p> <p>Dichas trabajadoras y el propio sindicato hab&iacute;an colocados carteles, pasquines y pancartas en la residencia y sus alrededores, pero tambi&eacute;n en otra localidad, en la que viv&iacute;a el demandante y su familia y, particularmente, en la fachada de la farmacia que regentaba su madre. En ellos aparec&iacute;a el nombre y la fotograf&iacute;a del demandante y se le acusaba de llevar a cabo una pol&iacute;tica de acoso sindical y de poner en riesgo la salud y la atenci&oacute;n adecuada de los ancianos internados en la residencia para conseguir un lucro econ&oacute;mico.</p> <p>La Sala, en una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Rafael Saraz&aacute;, considera que las cr&iacute;ticas realizadas al demandante, al poner en duda su probidad y acusarle de intentar obtener beneficios a costa de la salud y el cuidado de las personas ancianas ingresadas en la residencia, afectan al &aacute;mbito profesional protegido por el derecho constitucional al honor, pero que tal afectaci&oacute;n se encuentra amparada por la libertad de expresi&oacute;n y la libertad sindical cuando es realizada en el entorno en el que tal cuesti&oacute;n ten&iacute;a relevancia p&uacute;blica, como es la propia residencia y la localidad en la que presta su servicio.</p> <p>La sentencia razona que se trata de juicios de valor y opiniones cr&iacute;ticas, proferidos por agentes sociales involucrados en el &aacute;mbito de prestaci&oacute;n de un servicio p&uacute;blico, legitimados para la cr&iacute;tica de la gesti&oacute;n de los centros cuando consideran que perjudica no solo las condiciones laborales de los trabajadores, sino tambi&eacute;n la calidad del servicio que se presta, y de inter&eacute;s para esa colectividad.</p> <p>En esas cr&iacute;ticas, a&ntilde;ade la resoluci&oacute;n, no se han usado expresiones insultantes desconectadas del mensaje que se trata de transmitir, por m&aacute;s que las expresiones utilizadas, y la inserci&oacute;n de su fotograf&iacute;a, puedan resultar hirientes y molestas para el demandante.</p> <p>Los magistrados destacan la especial relevancia p&uacute;blica de estas informaciones y juicios de valor, por tratarse de un &aacute;mbito, el de las residencias de ancianos, en el que las personas que pueden resultar afectadas por deficiencias en los servicios, por su avanzada edad, no pueden por lo general reivindicar una mejora de su atenci&oacute;n y denunciar esa deficiencias.</p> <p>Sin embargo, la Sala entiende que la comunicaci&oacute;n p&uacute;blica de las expresiones que provocan descr&eacute;dito en el demandante en un entorno sin conexi&oacute;n con el &aacute;mbito en que se ha producido el conflicto laboral, como es la localidad en la que vive, mediante la colocaci&oacute;n de los pasquines y pancartas en fachadas, farolas, parabrisas de veh&iacute;culos y en el local donde su madre desarrolla su actividad profesional, no pretend&iacute;a realizar una cr&iacute;tica al directivo o a un determinado modelo de servicio p&uacute;blico en un entorno en el que tal cuesti&oacute;n tuviera relevancia p&uacute;blica, sino que intent&oacute; se&ntilde;alarlo ante sus convecinos y familiares y escarnecerlo, atribuy&eacute;ndole una conducta que le hace desmerecer ante s&iacute; mismo y ante los dem&aacute;s, de un modo completamente descontextualizado respecto del &aacute;mbito donde el conflicto ten&iacute;a lugar y, por tanto, sin relaci&oacute;n funcional con los bienes jur&iacute;dicos protegidos por las libertades de expresi&oacute;n, informaci&oacute;n y sindical.</p> <p>Esa actuaci&oacute;n no contribuye a un debate p&uacute;blico, inexistente en un &aacute;mbito ajeno a aquel en que se produjo el conflicto, ni tampoco sirve para proteger leg&iacute;timamente los derechos de los trabajadores y los dem&aacute;s fines leg&iacute;timos del sindicato demandado, raz&oacute;n por la que el recurso de casaci&oacute;n es desestimado.</p> <p>&ldquo;Como afirma el Ministerio Fiscal en su escrito de oposici&oacute;n al recurso, empapelar el pueblo del demandante y la farmacia de su madre con tales pasquines y carteles tiene m&aacute;s de venganza (o, m&aacute;s bien, de escarnecimiento p&uacute;blico) que de actividad sindical&rdquo;, concluye la sentencia.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=9aa7e51118626510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 26 Jul 2016 13:00:00 +0200 El Tribunal Supremo declara válido abonar la indemnización por despido con un pagaré si se entrega junto con la carta http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=5135c81ba2d06510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La sentencia considera que el documento -tanto si tiene fecha de vencimiento en el mismo d&iacute;a como si no la indica- funciona, al igual que un cheque, como t&iacute;tulo de cr&eacute;dito pagadero a la vista por lo que cumple con lo establecido en el art&iacute;culo 53.1,b) del Estatuto de los Trabajadores, que obliga al empresario a poner la indemnizaci&oacute;n a disposici&oacute;n del empleado despedido de forma simult&aacute;nea a la comunicaci&oacute;n del despido.</p> <p>La Sala de lo Social estima el recurso de casaci&oacute;n para la unificaci&oacute;n de doctrina interpuesto por la empresa Fundaci&oacute;n Centro Tecnol&oacute;gico Metalmec&aacute;nico y del Transporte (CETEMET) y anula la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc&iacute;a que declar&oacute; improcedente el despido de una trabajadora que no acept&oacute; un pagar&eacute;, que se le entreg&oacute; simult&aacute;neamente junto a la carta de despido y con fecha de vencimiento de ese mismo d&iacute;a, con el que se le iba a pagar la correspondiente indemnizaci&oacute;n.</p> <p>La sentencia recurrida entend&iacute;a que el citado pagar&eacute; no conlleva la simult&aacute;nea puesta a disposici&oacute;n de la indemnizaci&oacute;n, sino que es un t&iacute;tulo que contiene una promesa de hacer efectiva una cantidad de dinero, en la fecha de vencimiento del mismo previa presentaci&oacute;n en la entidad bancaria correspondiente, y que ser&aacute; atendido de existir dinero en la cuenta que se emiti&oacute;, lo que implica que no se pone a disposici&oacute;n del trabajador dicha indemnizaci&oacute;n.</p> <p>Por su parte, la Sala Cuarta considera procedente el despido por causas objetivas de la citada trabajadora que prest&oacute; sus servicios como oficial de 1&ordf; en CETEMET desde el a&ntilde;o 2008 hasta el 2013. La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Jes&uacute;s Souto Prieto, indica que su jurisprudencia ha ido flexibilizando el requisito relativo a la clase de instrumentos susceptibles de producir la puesta a disposici&oacute;n simult&aacute;nea a la comunicaci&oacute;n del despido.</p> <p>En este sentido, afirma que se ha pasado de una interpretaci&oacute;n r&iacute;gida del precepto, seg&uacute;n la cual s&oacute;lo puede entenderse cumplido si en el mismo acto en el que el trabajador se sabe despedido, sin soluci&oacute;n de continuidad y sin previsi&oacute;n de otro tr&aacute;mite ni cualquier quehacer complementario, dispone efectivamente del dinero de la indemnizaci&oacute;n; a otra interpretaci&oacute;n m&aacute;s amplia que admiti&oacute; como instrumento v&aacute;lido la transferencia bancaria o el cheque bancario, cuando no consta dilaci&oacute;n en la entrega ni discordancia en las cantidades.</p> <p>El problema en este caso, se&ntilde;ala la sentencia, es que en lugar de un pacto efectivo, a trav&eacute;s de transferencia bancaria o mediante un cheque, se produjo mediante la entrega de un pagar&eacute; que fue rechazado por la actora, y el pagar&eacute; no constituye, como el cheque, una orden o mandato de pago a la vista, sino una promesa de pago, entre cuyos requisitos formales se exige la indicaci&oacute;n del vencimiento, ya que si no est&aacute; indicado se considerar&aacute; &ldquo;pagadero a la vista&rdquo;.</p> <p>Para el Tribunal Supremo, el pagar&eacute; se entreg&oacute; simult&aacute;neamente con la comunicaci&oacute;n del despido y tiene como fecha de vencimiento el 20 de diciembre de 2013, el mismo d&iacute;a de su entrega y de la comunicaci&oacute;n del despido. &ldquo;Siendo esto as&iacute;, es claro que el pagar&eacute; permit&iacute;a, al igual que un cheque, un pago a la vista, y que la actora, si en lugar de rechazarlo -pues no hab&iacute;a dilaci&oacute;n en la entrega, ni constan discordancias en la cantidad ni falta de provisi&oacute;n de fondos- lo hubiera recogido, podr&iacute;a haberlo hecho efectivo el mismo d&iacute;a, obteniendo as&iacute; una puesta a disposici&oacute;n simult&aacute;nea a la comunicaci&oacute;n del despido, sin perjuicio de que, si por alguna circunstancia ajena a la trabajadora despedida -por ejemplo no abono por el banco por falta de fondos disponibles, como ocurrir&iacute;a tambi&eacute;n con un cheque- no se efectuase la realizaci&oacute;n del pagar&eacute;, siempre tendr&iacute;a expedita la v&iacute;a para reclamar la improcedencia del despido por no haber existido, de forma simult&aacute;nea a la entrega de la comunicaci&oacute;n del despido, una verdadera puesta a disposici&oacute;n de la indemnizaci&oacute;n&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=5135c81ba2d06510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 21 Jul 2016 14:00:00 +0200 El Supremo condena al exjefe de la Policía Local de Sánlucar de Barrameda (Cádiz) por no someterse a una prueba de alcoholemia tras un accidente http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=42d556b8a1806510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Tribunal Supremo ha condenado a pagar una indemnizaci&oacute;n de 14.885,38 euros y una multa de 540 euros al exjefe de la Polic&iacute;a Local de Sanl&uacute;car de Barrameda (C&aacute;diz) por no someterse a la prueba de alcoholemia tras un accidente de tr&aacute;fico que tuvo con un coche oficial cuando circulaba por dicha localidad gaditana. La sentencia mantiene la pena de 45 d&iacute;as de inhabilitaci&oacute;n por un delito de omisi&oacute;n del deber de perseguir delitos, con la atenuante de dilaciones indebidas, a un suboficial que no realiz&oacute; dicho test a su superior.</p> <p>Los hechos considerados probados refieren que, el 4 de septiembre de 1998, el mando policial no se dio cuenta de que hab&iacute;a varios veh&iacute;culos parados en un sem&aacute;foro en rojo y colision&oacute; contra un turismo en el que viajaban un matrimonio y sus dos hijos. Tras la colisi&oacute;n, y una vez en la Comisar&iacute;a, la mujer, que tuvo que ser trasladada al hospital, pidi&oacute; que al acusado se le practicara la prueba de la alcoholemia porque cre&iacute;a que ten&iacute;a s&iacute;ntomas de haber bebido por el fuerte olor a alcohol que desprend&iacute;a su aliento.</p> <p>Como el acusado ya se hab&iacute;a marchado de las dependencias policiales, un cabo lo llam&oacute; por tel&eacute;fono para informarle de la petici&oacute;n de la v&iacute;ctima, respondi&eacute;ndole "que ma&ntilde;ana ir&iacute;a a prestar declaraci&oacute;n", motivo por el que avis&oacute; a un suboficial que, finalmente, convenci&oacute; al matrimonio para que retirara de su declaraci&oacute;n la menci&oacute;n a los s&iacute;ntomas externos de haber ingerido alg&uacute;n tipo de bebida alcoh&oacute;lica y a la petici&oacute;n de que se le practicara una prueba de alcoholemia. La mujer tard&oacute; 172 d&iacute;as en recuperarse del esguince cervical leve y otro lumbar que sufri&oacute; tras la colisi&oacute;n.</p> <p>La Sala de lo Penal ha estimado en parte el recurso del exjefe de la Polic&iacute;a Local contra la sentencia de la Audiencia Provincial de C&aacute;diz que le absolvi&oacute; del delito contra la seguridad del tr&aacute;fico y le conden&oacute; por una falta de lesiones por imprudencia simple a la pena de multa de 90 euros y al pago por v&iacute;a de responsabilidad civil de una indemnizaci&oacute;n de 14.885,38 euros, as&iacute; como al pago de una multa de 540 euros por un delito de negativa a someterse a la prueba de alcoholemia, con la atenuante de dilaciones indebidas. De este modo, confirma la sentencia de la Audiencia Provincial de C&aacute;diz salvo en la parte relativa a la condena por la falta de lesiones, que ha sido anulada al quedar despenalizada tras la reforma del C&oacute;digo Penal, pero mantiene la responsabilidad civil para resarcir al matrimonio que viajaba en el veh&iacute;culo contra el que colision&oacute; el condenado.</p> <p>En contra de lo que sostiene el mando policial, la sentencia afirma que "no hac&iacute;a falta advertirle de la obligaci&oacute;n que le incumb&iacute;a en relaci&oacute;n a la prueba dada la colisi&oacute;n precedente y la sintomatolog&iacute;a apreciada, ni de las consecuencias de su negativa, pues de sobra las conoc&iacute;a a raz&oacute;n de su cargo, as&iacute; como tambi&eacute;n los protocolos de actuaci&oacute;n en tales casos". Aunque el acusado niega que esa comunicaci&oacute;n que le hizo un polic&iacute;a estuviera dotada de la contundencia y claridad exigibles, la Sala Segunda indica que se trata de un agente de la autoridad que se encuentra en la tesitura de tener que ordenar a su superior jer&aacute;rquico que se someta a la prueba de alcoholemia, lo que justifica un uso comedido del lenguaje. &ldquo;El decirle que la lesionada hab&iacute;a pedido que se le practicara la prueba no dejaba espacio al equ&iacute;voco, era tanto como ordenarle que hiciera acto de presencia en las dependencias policiales y se sometiera a las mimas&rdquo;, subraya la sentencia. Por todo ello concluye que &ldquo;la orden existi&oacute; y tuvo la contundencia necesaria para integrar la tipicidad del art&iacute;culo 380 aplicado, como igualmente la tuvo la negativa a su acatamiento por parte del recurrente&rdquo;.</p> <p>En el caso del suboficial condenado, sostiene que &ldquo;lejos de cumplir con su cometido a fin de comprobar si realmente su compa&ntilde;ero y superior presentaba aquellos s&iacute;ntomas de embriaguez, practic&aacute;ndole la oportuna prueba de alcoholemia, como habr&iacute;a sido lo procedente, se abstuvo de ordenar las diligencias necesarias en tales casos. A&ntilde;ade que, por el contrario, hizo que se modificara la declaraci&oacute;n que el denunciante ya hab&iacute;a prestado y se sustituyera por otra en la que se omitiera cualquier referencia a tales extremos, de forma que el atestado que se remiti&oacute; al juzgado de guardia no conten&iacute;a ninguna referencia a una posible intoxicaci&oacute;n et&iacute;lica del polic&iacute;a denunciado.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=42d556b8a1806510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 20 Jul 2016 15:00:00 +0200 El Tribunal Supremo avala que Hacienda pida a un colegio privado facturas pagadas por un padre sin que se vulnere su derecho a la intimidad http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=871156b8a1806510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha avalado que Hacienda pida a un colegio privado las facturas emitidas a un padre por los gastos de ense&ntilde;anza, manutenci&oacute;n y actividades extraescolares de sus hijos sin que la remisi&oacute;n de las mismas por parte del centro docente tampoco suponga la vulneraci&oacute;n de los derechos fundamentales a la intimidad y a la protecci&oacute;n de datos de car&aacute;cter personal.</p> <p>La sentencia desestima el recurso de casaci&oacute;n interpuesto por los tres hijos del contribuyente contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que consider&oacute; que el requerimiento que la Oficina Nacional de Investigaci&oacute;n del Fraude dirigi&oacute; al Runnymede College no vulneraba los citados derechos, ya que la informaci&oacute;n facilitada ni era reservada ni se obtuvo de forma il&iacute;cita.</p> <p>Los recurrentes alegaban, entre otros motivos, que los datos requeridos por Hacienda pod&iacute;an poner en peligro la intimidad y la seguridad de los menores al tratarse de informaci&oacute;n sensible. Tambi&eacute;n argumentaban que la Agencia Estatal de Administraci&oacute;n Tributaria no puede realizar requerimientos gen&eacute;ricos de informaci&oacute;n solicitando cualquier dato de los ciudadanos, &ldquo;tirando una red al mar&rdquo; y desechando despu&eacute;s lo que no tenga trascendencia tributaria.</p> <p>Despu&eacute;s de examinar las facturas, el Tribunal Supremo constata que en las mismas aparecen &ldquo;datos con relevancia econ&oacute;mica&rdquo;, como las cantidades pagadas por el padre al colegio y los conceptos honorarios year, lunch, ballet, reserva de plaza y seguros de accidentes.</p> <p>En efecto, prosigue la sentencia, &ldquo;las facturas de referencia contienen datos personales de los menores pero no todo dato personal es &iacute;ntimo ni la protecci&oacute;n que a la informaci&oacute;n personal fundamenta el art&iacute;culo 18 de la Constituci&oacute;n puede erigirse en obst&aacute;culo para el cumplimiento del deber que la propia Constituci&oacute;n impone a todos de contribuir al sostenimiento de los gastos p&uacute;bicos de acuerdo con la capacidad econ&oacute;mica de cada uno&rdquo;.</p> <p>En la misma l&iacute;nea, a&ntilde;ade que &ldquo;las referencias al colegio en que estudiaban los menores, a que realizaban una actividad extraescolar y a que com&iacute;an en el centro no forma parte, propiamente, del &aacute;mbito de la intimidad y en ning&uacute;n caso est&aacute;n excluidas del conocimiento de la Administraci&oacute;n Tributaria desde el momento en que todas ellas tienen una traducci&oacute;n econ&oacute;mica y, por tanto, son relevantes para establecer la capacidad econ&oacute;mica de su padre&rdquo;.</p> <p>Por todo ello, concluye que la informaci&oacute;n recibida por Hacienda es de car&aacute;cter personal pero no pertenece al &aacute;mbito de la intimidad reservado al conocimiento propio o familiar ni est&aacute; excluida de la potestad de inspecci&oacute;n y comprobaci&oacute;n tributaria. Afirma que predomina en ella el car&aacute;cter econ&oacute;mico, de manera que esos datos no son &ldquo;privados no patrimoniales&rdquo;.</p> <p>La sentencia, con ponencia del magistrado Pablo Lucas, recuerda que la Ley General Tributaria establece el car&aacute;cter reservado de los datos con trascendencia tributaria que haya obtenido la Administraci&oacute;n en el desempe&ntilde;o de sus funciones y solamente autoriza su uso para los espec&iacute;ficos fines que se&ntilde;ala: la efectiva liquidaci&oacute;n de los tributos o recursos cuya gesti&oacute;n tenga encomendada la Administraci&oacute;n Tributaria o la imposici&oacute;n de las sanciones que procedan.</p> <p>Tambi&eacute;n se&ntilde;ala que se proh&iacute;be la cesi&oacute;n o comunicaci&oacute;n a terceros y que se obliga a Hacienda a tomar las medidas precisas para garantizar la confidencialidad de la informaci&oacute;n tributaria y su uso adecuado, obligando a autoridades y funcionarios que tengan conocimiento de los mismos &ldquo;al m&aacute;s estricto y completo sigilo respecto de ellos&rdquo;.</p> <p>Por otra parte, la Sala Tercera afirma que se trata de datos personales que, pese a su relevancia tributaria, no se ven desprovistos de toda protecci&oacute;n, pudiendo ser cedidos a la Administraci&oacute;n P&uacute;blica sin consentimiento del afectado cuando as&iacute; lo autorice una Ley, como ha ocurrido en este caso.</p> <p>La Sala Tercera rechaza adem&aacute;s que el requerimiento sea ilegal al basarse en una Memoria del citado colegio que no era p&uacute;blica, tal y como alegaba el recurso. Sobre este extremo, afirma que aunque la Memoria no est&eacute; a la venta y se dirija a la comunidad educativa del Runnymede College, no es un documento sustra&iacute;do al conocimiento de la administraci&oacute;n tributaria ni es il&iacute;cito servirse de &eacute;l para las actuaciones de inspecci&oacute;n y comprobaci&oacute;n tributaria.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=871156b8a1806510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 20 Jul 2016 14:00:00 +0200 El Tribunal Supremo confirma la condena a Diego Torres por filtrar los correos electrónicos de Iñaki Urdangarín http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=702fea403f206510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Primera del Tribunal Supremo, reunida en Pleno, ha estima el recurso de casaci&oacute;n interpuesto por Unidad Editorial Informaci&oacute;n General, S.L.U. y Semana, S.L. (editores, respectivamente, del diario El Mundo y de la revista Semana) y desestimado los recursos de casaci&oacute;n interpuestos por Mediaset Espa&ntilde;a Comunicaci&oacute;n, S.A. (emisora del programa de Ana Rosa), Cuarzo Producciones, S.A. (productora del programa de Ana Rosa), Titania Compa&ntilde;&iacute;a Editorial, S.L. (editora de Vanitatis), y Diego Torres P&eacute;rez, contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona dictada en el juicio ordinario sobre protecci&oacute;n del derecho a la intimidad personal y familiar promovido por I&ntilde;aki Urdangar&iacute;n con motivo de los correos electr&oacute;nicos que Diego Torres anunci&oacute; aportar en la causa penal abierta y sobre los que se hicieron publicaciones en los distintos medios.</p> <p>La sentencia dictada en primera instancia desestim&oacute; la demanda; pero la Audiencia Provincial revoc&oacute; la sentencia y estim&oacute; la demanda interpuesta por Urdangar&iacute;n, declarando lesionado su derecho a la intimidad personal y familiar por Torres como consecuencia de la revelaci&oacute;n y divulgaci&oacute;n del contenido de los mensajes de correo de car&aacute;cter personal e &iacute;ntimo relativo a la vida privada del demandante y por el resto de los codemandados &ndash;medios de comunicaci&oacute;n- como consecuencia de la divulgaci&oacute;n y publicaci&oacute;n sobre su contenido, condenando a todos los demandados a cesar y abstenerse en lo sucesivo en el descubrimiento, revelaci&oacute;n, publicaci&oacute;n, difusi&oacute;n y divulgaci&oacute;n en cualquier medio del contenido de los mensajes, y que hagan referencia a la vida &iacute;ntima del demandante o de su familia, as&iacute; como hacer declaraciones, efectuar comentarios, emitir opiniones o juicios de valor sobre el contenido de dichos mensajes.</p> <p>La sentencia de la Audiencia barcelonesa conden&oacute; tambi&eacute;n a los demandados a abonar al demandante el importe de un euro como indemnizaci&oacute;n por da&ntilde;o moral y a la publicaci&oacute;n del encabezamiento y fallo de la sentencia.</p> <p>La sentencia de Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo valora en abstracto el peso de los respectivos derechos fundamentales que entran en colisi&oacute;n &ndash;libertad de informaci&oacute;n y derecho a la intimidad- , siendo regla general que la revelaci&oacute;n de las relaciones afectivas de las personas carece en absoluto de cualquier trascendencia para la comunidad, porque no afecta al conjunto de los ciudadanos.</p> <p>Constatada la colisi&oacute;n entre derechos, examina la intensidad y trascendencia con la que cada uno de ellos ha resultado afectado y, como resultado de este examen, estima uno de los recursos y casa la sentencia recurrida para dejar sin efecto la condena a dos de los medios de comunicaci&oacute;n que b&aacute;sicamente se limitaron a dar la noticia -sobre la posible aportaci&oacute;n en causa penal de correos electr&oacute;nicos-, conducta que supone una afectaci&oacute;n leve de la intimidad del demandante, justificada por su relevancia p&uacute;blica.</p> <p>La Sala desestima el resto de los recursos de casaci&oacute;n y mantiene el pronunciamiento condenatorio de la Audiencia Provincial sobre Diego Torres por la divulgaci&oacute;n y filtraci&oacute;n a los medios sobre los correos electr&oacute;nicos sin consentimiento del demandante, teniendo en cuenta que son los individuos quienes deciden qu&eacute; aspectos de su persona desean preservar de la difusi&oacute;n y quienes poseen la facultad de poder impedir la divulgaci&oacute;n de datos de su intimidad por parte de un tercero no autorizado, sea cual fuere la finalidad perseguida.</p> <p>En cuanto al resto de los medios de comunicaci&oacute;n que se extralimitaron en la noticia, ahondando en su contenido y morbo, la Sala confirma la intromisi&oacute;n ileg&iacute;tima en el derecho a la intimidad personal y familiar del demandante: "Una cosa es que las actividades &ndash;de I&ntilde;aki Urdangar&iacute;n- est&eacute;n expuestas a la curiosidad o incluso al escrutinio de los medios de comunicaci&oacute;n y de la ciudadan&iacute;a y otra que su conducta privada, en el &aacute;mbito matrimonial, sentimental o sexual pueda ser divulgada o expuesta como mercanc&iacute;a". Su condici&oacute;n de personaje p&uacute;blico no minusvalora ni degrada su derecho fundamental a la intimidad.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=702fea403f206510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 19 Jul 2016 14:45:00 +0200 El Tribunal Supremo resuelve sobre la nulidad de una cláusula incorporada a un préstamo con garantía hipotecaria http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=0a23069a14206510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha dictado sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Ignacio Sancho Gargallo, en un asunto en el que se suscitaba controversia con respecto a la nulidad por abusiva de una cl&aacute;usula contractual contenida en contrato de pr&eacute;stamo con garant&iacute;a hipotecaria, que posibilitaba la venta extrajudicial.<br />Se adjunta nota de prensa de la Sala.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=0a23069a14206510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 19 Jul 2016 11:15:00 +0200 El Tribunal Supremo avala la campaña publicidad de ‘Hazteoir’ contra Cristina Cifuentes por su posición ante el aborto http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=50e4567aad106510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Contencioso-administrativo ha avalado la campa&ntilde;a publicitaria de Hazteoir.org en contra de Cristina Cifuentes, candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid en las elecciones auton&oacute;micas de 2015, por su posici&oacute;n favorable al aborto al considerar que es una manifestaci&oacute;n de los derechos fundamentales a la libertad de expresi&oacute;n y a la participaci&oacute;n pol&iacute;tica.</p> <p>La sentencia estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por dicha asociaci&oacute;n, por el cauce del procedimiento especial para la protecci&oacute;n de los derechos fundamentales de la persona, y anula los acuerdos de la Junta Electoral Provincial y Central, de 7 de mayo y de 13 de mayo de 2015, respectivamente, que obligaron a retirar de forma inmediata la publicidad de las vallas publicitarias, situadas en el distrito de Vallecas, de un autob&uacute;s y de la p&aacute;gina web yorompo.org de la Asociaci&oacute;n Derecho a Vivir por tratarse de un acto electoral, prohibido por la ley Org&aacute;nica de R&eacute;gimen Electoral General.</p> <p>En concreto, el acuerdo de la Junta Electoral Central, que inclu&iacute;a un voto particular de cinco de sus miembros, basaba su decisi&oacute;n en que el art&iacute;culo 50.5 de la Ley Org&aacute;nica de R&eacute;gimen Electoral General proh&iacute;be a cualquier persona jur&iacute;dica, distinta de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores, que realice actos de campa&ntilde;a electoral, a partir de la fecha de la convocatoria de las elecciones, sin perjuicio de lo establecido en el art&iacute;culo 20 de la Constituci&oacute;n.</p> <p>El mismo acuerdo razonaba que la publicidad cuestionada, que inclu&iacute;a expresiones como &ldquo;Si votas Cifuentes, votas aborto&rdquo; o &ldquo;Yo rompo con Cifuentes&rdquo;, no constituye un hecho aislado que exprese &uacute;nicamente una posici&oacute;n de cr&iacute;tica respecto a una determinada decisi&oacute;n pol&iacute;tica, sino que se trata de una campa&ntilde;a organizada para orientar el sentido del voto en contra de una de las candidatas.</p> <p>La Junta Electoral Central recordaba que el art&iacute;culo 50.4 de la Ley Org&aacute;nica de R&eacute;gimen Electoral General establece que por campa&ntilde;a electoral se entiende el conjunto de actividades l&iacute;citas llevadas a cabo en orden a la captaci&oacute;n de sufragios, pero consideraba que la publicidad para promover que no se vote a un candidato determinado tambi&eacute;n es campa&ntilde;a electoral en la medida en que directa o indirectamente persigue orientar el voto de los electores, como ocurre en este caso.</p> <p>Por su desacuerdo con la decisi&oacute;n, Hazteoir.org present&oacute; una demanda en la que ped&iacute;a que se anularan los citados acuerdos argumentando que con su campa&ntilde;a se limitaba a hacer visible la posici&oacute;n que una candidata tiene sobre el aborto y, por tanto, que no ped&iacute;a el voto para ninguna formaci&oacute;n pol&iacute;tica ni invitaba a la ciudadan&iacute;a a retirar su voto a ning&uacute;n partido pol&iacute;tico.</p> <p>El Partido Popular aleg&oacute; que la asociaci&oacute;n pretend&iacute;a enmascarar como campa&ntilde;a publicitaria lo que era una actividad propia de campa&ntilde;a electoral, dirigida a todo el electorado y sin legitimidad para ello, con la &uacute;nica finalidad de captar el voto, en este caso contrario a su candidata, y excediendo la labor de cr&iacute;tica y difusi&oacute;n de ideas.</p> <p>Por su parte, el Ministerio Fiscal era partidario de estimar el recurso de Hazteoir.org como finalmente ha hecho la Sala de lo Contencioso-Administrativo en esta sentencia en la que sostiene que carece de justificaci&oacute;n la equiparaci&oacute;n que el acuerdo de la Junta Electoral Central efect&uacute;a de los actos dirigidos a orientar el voto de los electores con las estrictas actividades realizadas para captar sufragios.</p> <p>La sentencia de la Sala Tercera, de la que ha sido ponente el magistrado Nicol&aacute;s Maurandi, explica que la finalidad de la prohibici&oacute;n del art&iacute;culo 50.5 de la LOREG es evitar que en esas estrictas actividades de captaci&oacute;n de sufragios, se interfieran unas personas jur&iacute;dicas distintas de las mencionadas en el apartado 4 (candidatos, partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones) para que los candidatos no burlen las reglas en las que se ha de mover la campa&ntilde;a electoral y tampoco logren un apoyo externo que quebrante la igualdad de medios que debe presidir la contienda electoral.</p> <p>En consecuencia, a&ntilde;ade que &ldquo;deben quedar fuera de esa prohibici&oacute;n aquellas otras actividades no directamente encaminadas a captar votos favorables aunque exterioricen posiciones cr&iacute;ticas o discrepancias con las posiciones defendidas por los candidatos, pues no solamente no encajan en la letra de la ley (captaci&oacute;n de sufragios) sino que adem&aacute;s est&aacute;n alejadas de ese prop&oacute;sito de la norma de asegurar la igualdad en los instrumentos que sean utilizados para el concreto objetivo de obtenci&oacute;n de votos&rdquo;.</p> <p>Tambi&eacute;n indica que &ldquo;establecer una equivalencia entre pedir el voto e influir en el voto puede conducir a una grave y desproporcionada restricci&oacute;n de derechos fundamentales durante el periodo electoral, estrangulando el debate p&uacute;blico y convirtiendo el espacio de di&aacute;logo pol&iacute;tico en un &aacute;mbito de monopolio ocupado en exclusiva por los partidos pol&iacute;ticos y sus candidaturas&rdquo;.</p> <p>Otro argumento de la Sala Tercera es que el binomio &ldquo;incidir en el sentido del voto/captar sufragios&rdquo;, como actividades claramente diferenciadas y distintas, est&aacute; en la propia LOREG que no se limita a establecer la captaci&oacute;n de votos como un l&iacute;mite de la campa&ntilde;a institucional que durante el periodo electoral pueden realizar los poderes p&uacute;blicos, sino que va m&aacute;s all&aacute; con la imposici&oacute;n &ldquo;sin influir, en ning&uacute;n caso, en la orientaci&oacute;n del voto a los electores&rdquo;.</p> <p>Por &uacute;ltimo, la sentencia incide en que todas estas consideraciones se ven reforzadas con lo establecido por el Tribunal Supremo en su sentencia de 1982 en la que defiende la necesidad de interpretar las restricciones de las normas electorales de manera arm&oacute;nica y conjunta con otros mandatos y postulados de la Constituci&oacute;n.</p> <p>Para el alto tribunal, los citados mandatos y postulados constitucionales son: la afirmaci&oacute;n de que la soberan&iacute;a nacional reside en el pueblo espa&ntilde;ol (art&iacute;culo 1); la configuraci&oacute;n de la participaci&oacute;n pol&iacute;tica de los ciudadanos como un derecho fundamental (art&iacute;culo 23); la participaci&oacute;n ciudadana para un amplio elenco de decisiones del poder pol&iacute;tico (art&iacute;culos 92, 105, 125 y 129); y la configuraci&oacute;n de los partidos pol&iacute;ticos como &ldquo;instrumento fundamental para la participaci&oacute;n pol&iacute;tica&rdquo;, pero no &uacute;nico.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=50e4567aad106510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 19 Jul 2016 09:00:00 +0200 El Tribunal Supremo ordena repetir la sentencia sobre el PGOU ‘Operación Calderón’ de Madrid http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=c4ab4f911ecf5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala III del Tribunal Supremo ha anulado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 13 de abril de 2015, en relaci&oacute;n a la modificaci&oacute;n puntual del PGOU de Madrid de 1997 en el &aacute;mbito &lsquo;Mahou-Vicente Calder&oacute;n&rsquo;. El Supremo considera que dicha sentencia tiene falta de motivaci&oacute;n, por lo que ordena al Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictar una nueva.</p> <p>El Tribunal Superior de Justicia de Madrid estim&oacute; en parte el recurso de la Asociaci&oacute;n Se&ntilde;ales de Humo, contra el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de fecha 29 de diciembre de 2009 que aprueba definitivamente la Modificaci&oacute;n Puntual del PGOU Madrid de 1997, en el &aacute;mbito "Mahou-Vicente Calder&oacute;n". As&iacute;, anul&oacute; por no ser conformes a derecho los particulares de la referida modificaci&oacute;n puntual que permiten una edificabilidad general en el &aacute;mbito por encima de la prohibici&oacute;n legal de edificar una altura superior a tres plantas m&aacute;s &aacute;tico, incluida la baja, plantas retranqueadas y semis&oacute;tanos que sobresalgan m&aacute;s de un metro, de manera que la edificaci&oacute;n resultante no exceda de dichas tres plantas m&aacute;s &aacute;tico en todos y cada uno de los puntos del terreno.</p> <p>Ahora, el Supremo estima los recursos del Ayuntamiento de Madrid, Mahou y el club Atl&eacute;tico de Madrid contra dicha sentencia, acogiendo que fue incongruente y estuvo falta de motivaci&oacute;n en un punto esencial para resolver el pleito: la aplicaci&oacute;n al caso de lo prescrito en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, de 2001, y de la reforma de la misma establecida en la Ley de Modernizaci&oacute;n de la Comunidad, de 2007. Al tratarse de normas de procedencia auton&oacute;mica, debe ser el TSJ de Madrid el que dicte nueva sentencia solventando el problema de falta de motivaci&oacute;n.</p> <p>Sobre la falta de motivaci&oacute;n de la sentencia ahora revocada, el Supremo explica que nada dice &ldquo;respecto de la alegaci&oacute;n relativa al &aacute;mbito de aplicaci&oacute;n de tal limitaci&oacute;n de alturas desde la perspectiva del concepto &ldquo;nuevos desarrollos urban&iacute;sticos&rdquo; (que se utiliza en el Pre&aacute;mbulo de la Ley de 2007), y que las recurridas consideraron, en la instancia, s&oacute;lo referidos al &ldquo;suelo urbanizable no sectorizado o sectorizado&rdquo;, mas no al &ldquo;suelo urbano&rdquo;, como es el del &aacute;mbito que nos ocupa&rdquo;.</p> <p>&ldquo;Esta cuesti&oacute;n, que resultaba esencial para la resoluci&oacute;n del conflicto suscitado, es a la que la Sala no responde, dando una salida a la cuesti&oacute;n ---en los t&eacute;rminos que hemos reproducido--- que no puede superar el nivel de exigencia de motivaci&oacute;n, pues las razones dadas por la Sala no son suficientes para resolver las cuestiones que las partes recurridas somet&iacute;an a la consideraci&oacute;n del Tribunal de instancia&rdquo;, a&ntilde;ade la Sala III.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=c4ab4f911ecf5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 18 Jul 2016 10:00:00 +0200 El Tribunal Supremo archiva una denuncia contra Pablo Iglesias por supuestos pagos del Gobierno de Venezuela http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=624aa531b8ee5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha archivado la denuncia presentada por un particular contra el diputado y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, por supuestos pagos por asesoramientos al Gobierno de Venezuela al considerar que los hechos denunciados en la misma no son constitutivos de delito.</p> <p>El auto indica que la denuncia se basa en &ldquo;simples noticias&rdquo;, difundidas a trav&eacute;s de medios de comunicaci&oacute;n, que no constituyen verdaderos indicios.</p> <p>El denunciante alegaba que el Gobierno de Nicol&aacute;s Maduro efectu&oacute; un pago de 272.325 d&oacute;lares a Pablo Iglesias a trav&eacute;s de un banco situado en un para&iacute;so fiscal, en marzo de 2014, dos meses despu&eacute;s de la fundaci&oacute;n de Podemos. Tambi&eacute;n argumentaba que la orden de las autoridades venezolanas se camufl&oacute; como un pago de "asesor&iacute;as para el desarrollo social en el pa&iacute;s".</p> <p>La Sala Segunda considera que no existe apariencia delictiva en los hechos denunciados, "pues el pago por asesoramientos al Gobierno de Venezuela no constituye el delito de financiaci&oacute;n ilegal que por primera vez se tipific&oacute; en la reforma de 2015, ni tampoco blanqueo de capitales o fiscal, pues para su existencia en relaci&oacute;n con el primero, tendr&iacute;a que constar el origen delictivo de los bienes y no pueden presumirse ileg&iacute;timos y procedentes de delito los bienes recibidos del Gobierno de un pa&iacute;s en contraprestaci&oacute;n por servicios de asesoramiento, y en el segundo delito, no consta la elusi&oacute;n del pago de tributos por esa cantidad en cuant&iacute;a superior a la cuota prevista del art&iacute;culo 305 del C&oacute;digo Penal".</p> <p>Del mismo modo, explica que en la denuncia, que se acompa&ntilde;a de "tres fotocopias", &ldquo;no se ofrece elemento o principio de prueba alguno que avale razonablemente la realidad de la posible comisi&oacute;n de un hecho delictivo".</p> <p>Por todo ello, concluye que &ldquo;la mera publicaci&oacute;n de informaciones en los medios de comunicaci&oacute;n no puede justificar la apertura de un procedimiento penal para su investigaci&oacute;n si la denuncia que los incorpora, como es el caso, no aporta u ofrece alg&uacute;n indicio de su comisi&oacute;n que pueda ser calificado como accesible y racional".</p> <p>La Sala recuerda que la inadmisi&oacute;n es el camino a seguir &ndash;como en causa especial de querella presentada contra un exministro- cuando el querellante se limita a narrar unos hechos sustentados &uacute;nicamente en una informaci&oacute;n period&iacute;stica, careciendo de m&iacute;nimo apoyo probatorio, y que desde su perspectiva considera ocurridos, pero sin que acompa&ntilde;e a su denuncia datos objetivos y accesibles de la realidad de lo sucedido en cuanto a la intervenci&oacute;n de la persona querellada.</p> <p>Tambi&eacute;n sostiene (causa especial denuncia contra expresidente del Congreso) que la mera remisi&oacute;n al contenido de las informaciones supone que quien interpone la denuncia no asume como propia la imputaci&oacute;n de tales hechos ni, por ello, las responsabilidades que podr&iacute;an derivarse de una eventual falsedad.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=624aa531b8ee5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 15 Jul 2016 14:40:00 +0200 El Tribunal Supremo elimina las preferencias que establece el Reglamento de Costas para conceder los chiringuitos de playa http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=7ea947ff698e5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de una particular y ha anulado la Disposici&oacute;n transitoria vigesimosexta del Real Decreto 876/2014, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas, donde se reconoce ese derecho de preferencia en el otorgamiento de concesiones a quienes, cuando entr&oacute; en vigor la Ley de Costas de 2013, tuvieran su actividad o instalaci&oacute;n abierta. Para el Supremo, ello vulnera los principios de igualdad de trato, proporcionalidad y jerarqu&iacute;a normativa por &ldquo;beneficiar&rdquo; a quienes tuvieran chiringuito abierto.</p> <p>En l&iacute;nea con la recurrente, el Tribunal Supremo entiende que esta disposici&oacute;n es desproporcionada y afecta a las condiciones de igualdad de las personas que est&eacute;n interesadas en obtener una concesi&oacute;n de instalaciones ubicadas en tramos naturales de playa.</p> <p>&ldquo;Entendemos que, al no establecer factor o criterio alguno que venga a acotar los t&eacute;rminos en que la preferencia pudiera hacerse valer y consentir por tanto a partir de tal grado de indeterminaci&oacute;n que pueda venir a prevalecer aquella de modo absoluto e irresistible, convirtiendo a quienes no ostentan otra posici&oacute;n que la de meros precaristas en aut&eacute;nticos concesionarios, la disposici&oacute;n transitoria vigesimosexta impugnada aparece desprovista de la justificaci&oacute;n objetiva y razonable que le es exigible y desatiende, en suma, las exigencias dimanantes de los principios de igualdad de trato y de proporcionalidad&rdquo;, se&ntilde;alan los magistrados.</p> <p>Adem&aacute;s, el Reglamento tambi&eacute;n vulnera el principio de jerarqu&iacute;a normativa, ya que el reconocimiento del derecho de preferencia que establece no est&aacute; respaldado en el texto legal de referencia, que es la Ley de Costas.<br />La disposici&oacute;n transitoria vigesimosexta que ahora se anula reconoce el derecho de preferencia de los actuales ocupantes de terrenos de dominio p&uacute;blico mar&iacute;timo terrestre con t&iacute;tulos habilitantes extinguidos o en curso de tramitaci&oacute;n. Seg&uacute;n la recurrente, esta disposici&oacute;n supone en la pr&aacute;ctica la concesi&oacute;n encubierta de una pr&oacute;rroga, concedida a quien carece de un derecho vigente y con una preferencia contraria al principio de igualdad y libertad de empresa.</p> <p>En su sentencia, la Secci&oacute;n Quinta de la Sala Tercera reconoce la legitimidad de la recurrente -que hab&iacute;a sido rechazada por el abogado del Estado-, al subrayar que su inter&eacute;s no es &ldquo;meramente potencial&rdquo;, puesto que compromete su derecho, &ldquo;y el de cuantos se encuentren en su misma posici&oacute;n, a presentarse a los concursos que se convoquen y que pueden tener lugar de forma inmediata a partir de la entrada en vigor de la disposici&oacute;n transitoria impugnada&rdquo;.</p> <p>El tribunal a&ntilde;ade que para concursar se requieren unas inversiones y gastos que devendr&iacute;an in&uacute;tiles de mantenerse el derecho de preferencia en los t&eacute;rminos establecidos en la citada disposici&oacute;n.</p> <p>Una vez despejada la legitimidad de la recurrente, la Sala entra a valorar el fondo del asunto y concluye que no est&aacute; justificada una cl&aacute;usula como la disposici&oacute;n transitoria recurrida, que por beneficiar a los actuales ocupantes de terrenos de dominio p&uacute;blico mar&iacute;timo terrestre con instalaciones activas y abiertas, les otorga una posici&oacute;n de ventaja que no resulta proporcionada puesto que en los t&eacute;rminos en que aparece legalmente consagrada, &ldquo;la preferencia es absoluta y sin matices&rdquo; y confiere a los actuales ocupantes &ldquo;una posici&oacute;n de ventaja incompatible con el principio de igualdad de trato&rdquo;.</p> <p>Adem&aacute;s, la Sala ha valorado las nuevas disposiciones legales sobre la materia que ampl&iacute;an a 75 a&ntilde;os los plazos m&aacute;ximos de la duraci&oacute;n de las concesiones, as&iacute; como los del otorgamiento de las pr&oacute;rrogas correspondientes. Asimismo, el ponente Jose Juan Suay hace constar que el texto legal de referencia, la Ley de Costas, no respalda el reconocimiento del derecho de preferencia contemplado en la mencionada disposici&oacute;n transitoria del Reglamento, por lo que al no existir cobertura normativa dicha disposici&oacute;n trasciende de lo legalmente previsto, que consiste en servir de complemento normativo.</p> <p>El abogado del Estado explic&oacute; en sus alegaciones que la norma cuestionada trataba de dar respuesta a una situaci&oacute;n de hecho, como era la existencia, a la entrada en vigor de la Ley de Costas de 2013, de ocupantes de terrenos de dominio p&uacute;blico mar&iacute;timo-terrestre que manten&iacute;an su actividad o instalaci&oacute;n abierta.</p> <p>Por otro lado, la Sala establece que no cabe acceder, en el marco de este recurso, a la nulidad de cuantas pr&oacute;rrogas hayan sido concedidas en aplicaci&oacute;n de la disposici&oacute;n transitoria recurrida, como tambi&eacute;n ped&iacute;a la recurrente.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=7ea947ff698e5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 14 Jul 2016 12:00:00 +0200 El Tribunal Supremo condena a un año prisión a una joven por humillar a través de twitter a Irene Villa y a Miguel Ángel Blanco http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=ff305437b54e5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a un a&ntilde;o de prisi&oacute;n a una joven por un delito de enaltecimiento del terrorismo y humillaci&oacute;n a las v&iacute;ctimas cometido al difundir a trav&eacute;s de twitter, bajo el perfil de &lsquo;Madame guillotine&rsquo;, mensajes que atentaron a la dignidad de Irene Villa y Miguel &Aacute;ngel Blanco.&nbsp;Los magistrados rebajan de 2 a 1 a&ntilde;o de prisi&oacute;n la pena que le impuso la Audiencia Nacional al estimar parcialmente el recurso de casaci&oacute;n interpuesto por la acusada, acogiendo el motivo en el que alegaba la desproporci&oacute;n de la condena.</p> <p>Seg&uacute;n los hechos probados, la joven, nacida en 1991, public&oacute; comentarios y expresiones desde su perfil de Twitter, donde ten&iacute;a 790 seguidores, con el fin de denigrar la memoria de la v&iacute;ctima de la organizaci&oacute;n terrorista ETA, Miguel &Aacute;ngel Blanco, y despreciar a Irene Villa, v&iacute;ctima tambi&eacute;n de un atentado, as&iacute; como ensalzar las actividades de miembros de la citada organizaci&oacute;n.</p> <p>La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Juli&aacute;n S&aacute;nchez Melgar, considera que las expresiones se enmarcan dentro del discurso del odio que no est&aacute;n protegidas por la libertad ideol&oacute;gica o de expresi&oacute;n. A&ntilde;ade que no se trata de criminalizar opiniones discrepantes sino de combatir actuaciones dirigidas a la promoci&oacute;n p&uacute;blica de quienes ocasionan un grave quebranto en el r&eacute;gimen de libertades y da&ntilde;o en la paz de la comunidad con sus actos criminales, atentando contra el sistema democr&aacute;tico establecido. Asimismo, indica que la humillaci&oacute;n o desprecio a las v&iacute;ctimas afecta directamente a su honor y a su dignidad, perpetuando su victimizaci&oacute;n, que es actualizada a trav&eacute;s de esa conducta.</p> <p><strong>Humor negro y burla</strong></p> <p>La Sala Segunda concluye que "no se penaliza el chiste f&aacute;cil o de mal gusto, sino que una de las facetas de la humillaci&oacute;n consiste en la burla, que no est&aacute; recreada en este caso con chistes macabros con un sujeto pasivo indeterminado, sino un bien concreto y referido a unas personas a quien se identifica con su nombre y apellidos.</p> <p>En este caso, subraya la sentencia, se cumple el requisito objetivo del delito de enaltecimiento del terrorismo y humillaci&oacute;n a las v&iacute;ctimas, tanto por las acciones en alabanza de terrorismo (Viva ETA o la &ldquo;Lucha es el &uacute;nico camino. Dale duro hasta ganar&rdquo;) como en las expresiones relativas a la humillaci&oacute;n de las v&iacute;ctimas, focalizadas en Irene Villa o en Miguel &Aacute;ngel Blanco.</p> <p>Para el Tribunal Supremo, las expresiones &ldquo;&iquest;C&oacute;mo monta Irene Villa a caballo? Con velcro&rdquo;, &ldquo;&iquest;De qu&eacute; tiene la frente morada Irene Villa? De llamar a las puertas&rdquo;, otras como &ldquo;&iquest;En qu&eacute; se parece Miguel &Aacute;ngel Blanco a un delf&iacute;n? En el agujero de la nuca&rdquo;, &ldquo;&iquest;Qu&eacute; le regalar&aacute;n al sobrino de Miguel &Aacute;ngel Blanco por Navidades? Un tiovivo&rdquo; son &ldquo;incuestionablemente constitutivas del concepto de humillaci&oacute;n a las v&iacute;ctimas.</p> <p>Tambi&eacute;n concurre el elemento subjetivo del delito porque "la difusi&oacute;n de tales expresiones son consecuencia del conocimiento de lo que se transmite, y que lo que se transmite es una ofensa p&uacute;blica a v&iacute;ctimas del terrorismo, debe deducirse del talante cultural de quien lo ha escrito y enviado a la red a trav&eacute;s de su cuenta de twitter".</p> <p><strong>Pena proporcionada condiciones personales acusada</strong></p> <p>De los diferentes motivos alegados en el recurso de casaci&oacute;n, la Sala de lo Penal estima el relativo a la desproporci&oacute;n de la pena y acuerda establecer una m&aacute;s proporcionada a las condiciones personales de la acusada: una joven estudiante en el momento de los hechos. En este tipo de delitos, subraya la sentencia, &ldquo;ha de ponderarse no solo en funci&oacute;n de las expresiones que conforman el tipo objetivo del delito, sino sustancialmente con base en la personalidad y en este caso juventud de la autora de la infracci&oacute;n criminal, cuyo comportamiento debe condenarse, siendo as&iacute; que deber&aacute; proclamarse en este tipo de acciones un ejercicio de ciudadan&iacute;a responsable&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=ff305437b54e5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 13 Jul 2016 15:35:00 +0200 Comunicado de la Sala Social del Tribunal Supremo sobre el despido colectivo de Panrico http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=5d785437b54e5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha examinado los recursos de casaci&oacute;n (323/2014- despido colectivo Panrico) contra la sentencia de la Audiencia Nacional que hab&iacute;a declarado &nbsp;el despido ajustado a derecho, salvo en dos aspectos concretos:</p> <p>a) El aplazamiento de la indemnizaci&oacute;n pactada.</p> <p>b) Los despidos a realizar diferidamente en 2015 y 2016 (aspecto no cuestionado en el recurso).</p> <p>La Sala, por mayor&iacute;a y con voto particular en contra, ha decidido (desestimando los recursos de los sindicatos y las causas de nulidad por ellos invocadas, y estimando el recurso de la empresa) confirmar la sentencia de la Audiencia Nacional, salvo en lo referente al aplazamiento de la indemnizaci&oacute;n pactada que se declara ajustada a derecho.</p> <p><br /> </p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=5d785437b54e5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 13 Jul 2016 15:07:00 +0200 El Tribunal Supremo anula la condena a tres miembros de ETA por la denegación de una prueba pericial sobre torturas http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=19475c1a4b3e5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha anulado una sentencia de la Audiencia Nacional que conden&oacute; a tres presuntos miembros de ETA por no haber admitido dicho tribunal la prueba pericial psicol&oacute;gica de uno de los acusados en aplicaci&oacute;n del Protocolo de Estambul, que es un manual para la investigaci&oacute;n de torturas asumido por la ONU desde el a&ntilde;o 2000. Los magistrados consideran que la denegaci&oacute;n de dicha prueba supuso una efectiva indefensi&oacute;n.</p> <p>El Supremo ordena devolver la causa a la Audiencia Nacional, para que un tribunal formado por magistrados distintos a los que pronunciaron la sentencia condenatoria ordene practicar la prueba pericial indebidamente denegada, celebre nuevo juicio y dicte nueva sentencia.</p> <p>El alto tribunal, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Joaqu&iacute;n Gim&eacute;nez, se&ntilde;ala que la realizaci&oacute;n de la prueba denegada por la Audiencia era &ldquo;pertinente&rdquo; y &ldquo;necesaria&rdquo; por su directa incidencia en la soluci&oacute;n del caso.</p> <p>La sentencia estima parcialmente el recurso de Saoia S&aacute;nchez Iturregui, la &uacute;nica de las tres personas condenadas que recurri&oacute; al Supremo. La resoluci&oacute;n de la Audiencia Nacional consider&oacute; probado que fue ella quien capt&oacute; para ETA, en 2006, a los otros dos acusados, I&ntilde;igo Zapira&iacute;n Romano y Beatriz Etxebarr&iacute;a Caballero. Los tres fueron condenados en esta causa a 15 a&ntilde;os de c&aacute;rcel por un delito de estragos, por la colocaci&oacute;n de un artefacto explosivo en una oficina del INEM de Bilbao en enero de 2006.</p> <p>El Supremo destaca que la &uacute;nica prueba de cargo contra S&aacute;nchez Iturregui fue la declaraci&oacute;n de Zapirain prestada ante el Juzgado de guardia de la Audiencia Nacional el 5 de marzo de 2011, tras su detenci&oacute;n, encontr&aacute;ndose en r&eacute;gimen de incomunicaci&oacute;n, en la que ratific&oacute; sus declaraciones en sede policial, tambi&eacute;n incomunicado. Posteriormente, el 5 de abril de 2011, ya asistido por abogado de libre designaci&oacute;n y no por uno de oficio, como anteriormente, dijo que sus anteriores declaraciones ante la Guardia Civil las hizo bajo coacciones y amenazas de que su pareja (Beatriz Etxebarr&iacute;a Caballero) iba a ser violada y torturada en caso de no firmarlas.</p> <p>Saoia S&aacute;nchez Iturregui propuso en su escrito de calificaci&oacute;n provisional una prueba pericial anticipada a la vista oral, en relaci&oacute;n a I&ntilde;igo Zapirain, a practicar por dos licenciados en psicolog&iacute;a designados por la defensa, con objeto de realizar un informe y an&aacute;lisis en aplicaci&oacute;n del Protocolo de Estambul, que incluye las directrices internacionales para examinar a personas que han alegado torturas y malos tratos. La Audiencia deneg&oacute; en un auto de septiembre de 2015 la prueba por considerarla innecesaria e in&uacute;til por extempor&aacute;nea, al haber transcurrido m&aacute;s de 4 a&ntilde;os desde la detenci&oacute;n de dicha persona.</p> <p>Por el contrario, el Supremo considera pertinente y necesaria la pericial propuesta, teniendo en cuenta que las declaraciones de Zapirain fueron decisivas para la condena de Saoia S&aacute;nchez. Sobre el transcurso de cuatro a&ntilde;os, indica que no es argumento decisivo para su rechazo, y s&oacute;lo podr&iacute;a haber tenido incidencia para graduar la posible eficacia de los informes efectuados en aplicaci&oacute;n del Protocolo de Estambul. La denegaci&oacute;n de la misma produjo un quebranto en el derecho a la pr&aacute;ctica de la prueba, que se tradujo en una efectiva indefensi&oacute;n prohibida en el art&iacute;culo 24.1 de la Constituci&oacute;n.</p> <p>La sentencia explica que la situaci&oacute;n de detenido-incomunicado supone un estatuto de la persona limitado en garant&iacute;as, aunque esa reducci&oacute;n de garant&iacute;as no se haya declarado incompatible con los convenios internacionales en materia de Derechos Humanos.</p> <p>La resoluci&oacute;n destaca adem&aacute;s &ldquo;la preocupante reiteraci&oacute;n de sentencias condenatorias dictadas contra Espa&ntilde;a por el motivo de no haber efectuado una investigaci&oacute;n exhaustiva y eficaz contra los responsables de tales execrables pr&aacute;cticas que sobre no constituir ventaja alguna en el avance de las investigaciones por causa de terrorismo -que es donde casi exclusivamente se producen-, constituye una deslegitimaci&oacute;n del propio sistema de justicia penal, pues nada lesiona m&aacute;s la confianza de los ciudadanos en sus instituciones que ven convertidos a los garantes de la legalidad en sus infractores (&hellip;). No cabe hablar de eficacia en las investigaciones policiales al margen y extramuros del cauce de la legalidad y del respeto a las garant&iacute;as del acusado&rdquo;. As&iacute;, cita seis sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenatorias contra Espa&ntilde;a, una de ellas referida precisamente a Beatriz Etxebarria Caballero.</p> <p>La sentencia destaca que &ldquo;proteger la integridad f&iacute;sica de los detenidos&rdquo; constituye &ldquo;el primer deber de todo cuerpo policial que tenga bajo su custodia a una persona detenida&rdquo;.</p> <p>&ldquo;En definitiva, el efectivo decaimiento del nivel de garant&iacute;as del detenido sometido a r&eacute;gimen de incomunicaci&oacute;n, exige en contraprestaci&oacute;n un riguroso sistema de prevenci&oacute;n de todo abuso policial en condiciones tales que pueda acreditarse el mismo, con el fin de que desde la intr&iacute;nseca dificultad de investigar tales abusos, los sistemas de prevenci&oacute;n impidan con efectividad la posibilidad de tales excesos so pena de convertir los posibles excesos policiales en asunto de imposible verificaci&oacute;n. A evitar tal conclusi&oacute;n van dirigidas las sentencias del TEDH que exigen una investigaci&oacute;n exhaustiva y eficaz en los asuntos que le han sido presentados, respecto de los que, como ya se ha dicho, se ha pronunciado en varias ocasiones condenando a Espa&ntilde;a&rdquo;, concluye la resoluci&oacute;n.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=19475c1a4b3e5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 13 Jul 2016 15:02:00 +0200 El TS anula la condena por fraude a la exconsellera balear Catalina Julve y mantiene los 8 años de inhabilitación por prevaricación http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=47b8f337b3fd5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala II del Tribunal Supremo ha anulado las condenas que impuso la Audiencia Provincial de Balears por el delito de fraude a la Administraci&oacute;n a la exconsellera insular Catalina Julve y otros tres procesados, todos ellos miembros de Uni&oacute;n Mallorquina, manteniendo las del delito de prevaricaci&oacute;n. En la causa se juzg&oacute; la adquisici&oacute;n irregular de 4.300 sillas de pl&aacute;stico para el Consell de Mallorca por 59.428 euros y la adjudicaci&oacute;n de unos trabajos de control del servicio de recogida selectiva de residuos.</p> <p>La sentencia condena a 8 a&ntilde;os de inhabilitaci&oacute;n especial para empleo o cargo p&uacute;blico a Catalina Julve como autora de un delito de prevaricaci&oacute;n, y anula los 2 a&ntilde;os de c&aacute;rcel que se le impusieron por delito de fraude a la Administraci&oacute;n. Los otros tres condenados son la secretar&iacute;a t&eacute;cnica del departamento de Cooperaci&oacute;n Local del Consell Insular de Mallorca Coloma Casta&ntilde;er, a quien se mantiene 3 a&ntilde;os y medio de inhabilitaci&oacute;n por prevaricaci&oacute;n, y se anulan los 6 meses de prisi&oacute;n por fraude, y los empresarios Miguel Rull&aacute;n Coll y Sim&oacute;n Galmes, a quienes se ratifica la pena de 5 a&ntilde;os y 3 meses de inhabilitaci&oacute;n, al primero, y 3 a&ntilde;os y medio de inhabilitaci&oacute;n, al segundo, como cooperadores necesarios de la prevaricaci&oacute;n, anul&aacute;ndoles las penas de 9 meses de prisi&oacute;n y 6 meses, respectivamente, por el delito de fraude del que ahora salen absueltos.</p> <p>La absoluci&oacute;n por el delito de fraude se basa en que &ldquo;no aparece la producci&oacute;n de un da&ntilde;o o perjuicio patrimonial a la entidad p&uacute;blica, ni propuesto o maquinado, ni efectivo o real, por cuanto lo que refleja el factum ser&aacute; una prevaricaci&oacute;n, al adjudicar, con arbitrariedad y desprecio de las normas administrativas que regulan la materia, un contrato a un amigo correligionario pol&iacute;tico&rdquo;.</p> <p>Sin embargo, agrega, aunque no se hubiera dividido el contrato para seguir el cauce del procedimiento negociado, al no alcanzar el importe de la contrataci&oacute;n 30.000 euros, siguiendo otra modalidad contractual distinta a la utilizada, no se hubiera cargado en perjuicio de la administraci&oacute;n m&aacute;s precio que el de mercado.</p> <p>&ldquo;Con lo expuesto hasta el momento no se describe ning&uacute;n perjuicio a la administraci&oacute;n p&uacute;blica por raz&oacute;n de los contratos celebrados. El hecho de que el delito no precise de ocasionamiento de da&ntilde;o y como delito de simple actividad baste el concierto con el prop&oacute;sito de defraudar al erario p&uacute;blico, para consumar la infracci&oacute;n es preciso, sin embargo, concretar objetivamente ese concierto as&iacute; como su efecto perjudicial para el erario p&uacute;blico. Cosa distinta es que se consume o no, pero aun simplemente proyectado, debe ser objeto de un dictamen pericial o juicio cr&iacute;tico del juzgador que permita dar por probado que el proyecto o intento de defraudar, constitu&iacute;a un verdadero fraude (perjuicio patrimonial consecuencia de un enga&ntilde;o o maquinaci&oacute;n enga&ntilde;osa)&rdquo;, razona la sentencia.</p> <p>Concluye que el precio ofertado y pagado fue el de mercado seg&uacute;n dictamen de la arquitecta del Consell Insular de Mallorca (Marta Sabater), luego el da&ntilde;o o perjuicio a la administraci&oacute;n &ldquo;ni aflora ni se concreta&rdquo;.</p> <p>Los hechos, por tanto, seg&uacute;n la Sala, encajan en el delito de prevaricaci&oacute;n al entender que la finalidad &uacute;ltima de los acusados, que pretend&iacute;an y que se consigui&oacute; era designar previamente de forma arbitraria a los adjudicatarios del contrato, sin cumplir las normas administrativas propias del procedimiento negociado y otras complementarias.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=47b8f337b3fd5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 12 Jul 2016 15:15:00 +0200 El Tribunal Supremo archiva la querella de IU contra Mariano Rajoy por firmar el acuerdo UE-Turquía sobre refugiados http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=c88788bc77ed5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha archivado la querella interpuesta por Izquierda Unida y Unidad Popular contra el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, por delitos de lesa humanidad, contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, contra la integridad moral y delitos cometidos por funcionario p&uacute;blico contra las garant&iacute;as constitucionales en relaci&oacute;n con la firma del acuerdo entre los miembros del Consejo Europeo y Turqu&iacute;a para hacer frente a la llamada "crisis de los refugiados".</p> <p>En un auto, el alto tribunal se&ntilde;ala que dicho acuerdo no constituye un hecho delictivo y a&ntilde;ade que sus nueve puntos son plenamente respetuosos con los art&iacute;culos 79 y 80 del Tratado de Funcionamiento de la Uni&oacute;n Europea, donde se establecen las bases de funcionamiento de la Instituci&oacute;n en materia de inmigraci&oacute;n y acoge las directivas del Consejo de Europa relativas al procedimiento de asilo.</p> <p>En este sentido, los magistrados afirman que el texto "solo puede contemplarse como el desarrollo institucional de los principios de solidaridad y reparto equitativo en una crisis de inmigraci&oacute;n masiva provocada por el temor a las represalias de un conflicto b&eacute;lico, ya que el acuerdo solo pretende la protecci&oacute;n de las personas desplazadas y la distribuci&oacute;n equitativa y ordenada de los flujos migratorios".</p> <p>Los hechos recogidos en la querella se refieren a la participaci&oacute;n de Mariano Rajoy en el refrendo del Acuerdo de Acci&oacute;n conjunta con Turqu&iacute;a y en la reuni&oacute;n del Consejo Europeo con el mismo pa&iacute;s el d&iacute;a 29 de noviembre de 2015, autorizando la presencia del ministro de Exteriores espa&ntilde;ol en la reuni&oacute;n de los Ministros de Asuntos Exteriores de la UE con Turqu&iacute;a, el 14 de diciembre de 2015. Tambi&eacute;n denunciaba su intervenci&oacute;n, estampando su firma en el hecho principal, en el contrato firmado entre el Consejo Europeo de la UE y Turqu&iacute;a el 18 de marzo de 2016.</p> <p>La Sala concluye que esos hechos no son constitutivos de un delito de lesa humanidad que tipifica el comportamiento de quienes lleven a cabo desplazamientos forzosos de personas, como parte de un ataque generalizado o sistem&aacute;tico contra la poblaci&oacute;n civil o contra determinadas personas por raz&oacute;n de su pertenencia a grupos pol&iacute;ticos, raciales, nacionales, &eacute;tnicos, culturales, religiosos, de g&eacute;nero o discapacidad, o por cualquier otro motivo reconocido como inaceptable por el Derecho Internacional.</p> <p>Tampoco, subraya el auto, del que ha sido ponente el magistrado Francisco Monterde, tienen encaje en el art&iacute;culo 173 del C&oacute;digo Penal, pues el acuerdo, dentro de las posibilidades institucionales y financieras de la Uni&oacute;n Europea, intenta ubicar a los inmigrantes en un espacio en el que, recuperando su condici&oacute;n de personas, se ponga fin a su persecuci&oacute;n con pleno respeto a su integridad moral, lo que no supone ni un trato degradante o de menoscabo de su integridad.</p> <p>Por &uacute;ltimo, rechaza el delito del art&iacute;culo 542 al considerar que la decisi&oacute;n adoptada ha de contemplarse como expresi&oacute;n de un acuerdo que pretende emplazar a los refugiados en territorios en los que precisamente se posibilite que puedan ejercer aquellos derechos fundamentales y pol&iacute;ticos que la persecuci&oacute;n o huida del conflicto b&eacute;lico, les ha impedido violentamente desarrollar.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=c88788bc77ed5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 12 Jul 2016 15:00:00 +0200 El Supremo ordena retirar los aparatos de aire acondicionado de una fachada por disponer de preinstalación de aire centralizado en el edificio http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=a1fe88bc77ed5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha condenado a los vecinos de un inmueble a retirar cinco aparatos de aire acondicionado que colocaron en la fachada del patio interior del edificio, pese a contar con preinstalaci&oacute;n de aire acondicionado en todos los pisos. Los magistrados destacan que &ldquo;la promoci&oacute;n ten&iacute;a preinstalaci&oacute;n de aire acondicionado, por lo que los comuneros demandados debieron proceder a la puesta en marcha de su sistema de aire acondicionado sin alterar, innecesariamente, una fachada que ornamental y est&eacute;ticamente se percibe cual si fuese principal, al estar abierta sobre un patio de recreo, en el que se desarrolla vida comunitaria, infringiendo los art&iacute;culos 12 y 17 de la Ley de Propiedad Horizontal en la redacci&oacute;n vigente en la fecha de los hechos&rdquo;.</p> <p>El Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Francisco Javier Arroyo Fiestas, destaca que su doctrina en materia de instalaci&oacute;n de aparatos de aire acondicionado en inmuebles apuesta por una interpretaci&oacute;n flexible de la Ley que permita la refrigeraci&oacute;n en viviendas que se construyeron sin tener previsto dicho avance tecnol&oacute;gico. Algo que no concurre en este supuesto, donde exist&iacute;a preinstalaci&oacute;n de aire acondicionado en todos los pisos, por lo que no consta que sea preciso instalar en el exterior (fachada del patio de manzana) los aparatos.</p> <p>La demanda en este caso fue presentada por varios vecinos de un edificio de San Fernando de Henares (Madrid) contra los siete propietarios de cinco pisos de la misma comunidad, que hab&iacute;an instalado aparatos de aire acondicionado en la fachada del patio interior. Los demandantes reclamaban el desmontaje y retirada de los aparatos de aire acondicionado, reponiendo la fachada al estado anterior y reparando el da&ntilde;o producido.</p> <p>La sentencia de primera instancia, del Juzgado n&uacute;mero 3 de Coslada, desestim&oacute; la demanda, considerando acreditado que las unidades externas de aire acondicionado colocadas por los demandados en la fachada interior del edificio, colocadas por anclaje atornillado y totalmente desmontable, no generan da&ntilde;o o menoscabo para la propia fachada afectada, por lo que, interpretando que el art&iacute;culo 12 de la Ley de Propiedad Horizontal cuando se refiere a &laquo;alteraci&oacute;n de la estructura o fabrica del edificio o de las cosas comunes&raquo;, viene referida a una alteraci&oacute;n sustancial y perdurable en el tiempo que da&ntilde;e de forma efectiva el elemento com&uacute;n afectado por la misma, entiende que en el presente caso no era preciso para efectuar la instalaci&oacute;n en la fachada de la comunidad, el acuerdo un&aacute;nime de los propietarios, sino s&oacute;lo un respaldo de la mayor&iacute;a, que se obtuvo en Junta del 1 de junio de 2010.</p> <p>Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid, ante quien recurrieron los demandantes, corrigi&oacute; la decisi&oacute;n y les dio la raz&oacute;n a &eacute;stos, argumentando que los aparatos de aire acondicionado se han instalado en una fachada que no es un simple patio de luces sino un amplio patio de manzana habilitado para su estancia con mobiliario y plantas, donde las fachadas sobre el mismo guardan una configuraci&oacute;n arm&oacute;nica y todo el conjunto presenta una apariencia de &ldquo;aut&eacute;nticas fachadas principales&rdquo;. Se define estatutariamente como un patio mancomunado.</p> <p>Los siete vecinos condenados recurrieron al Supremo reclamando que estableciera como doctrina jurisprudencial que la instalaci&oacute;n de aparatos de aire acondicionado es posible, sin autorizaci&oacute;n previa de la comunidad, en determinadas circunstancias, como que no se realice en la fachada principal, que la unidad exterior no sea de tama&ntilde;o desmedido, que la instalaci&oacute;n se haga con un sistema de anclaje f&aacute;cilmente desmontable y que no genere molestias a los vecinos.</p> <p>El Supremo rechaza los recursos y recuerda que los aparatos se instalaron &ldquo;en fachada que da al patio de manzana habilitado para su estancia con mobiliario y plantas, con apariencia de fachada principal, como se declara en la sentencia recurrida, defini&eacute;ndose estatutariamente como patio mancomunado, con lo que se produce una alteraci&oacute;n est&eacute;tica que afecta a los elementos comunes, comprometiendo su configuraci&oacute;n externa&rdquo;.</p> <p>Y agrega que en este caso no cabe hacer una aplicaci&oacute;n flexible de la ley por existir preinstalaci&oacute;n de aire acondicionado en todos los pisos, por lo que no consta que sea preciso instalar en el exterior (fachada del patio manzana) los aparatos.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=a1fe88bc77ed5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 12 Jul 2016 13:31:00 +0200 El instructor de la causa por la consulta del 9-N en el Tribunal Supremo cita a Francesc Homs el 19 de septiembre http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=9fc05422ae9d5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Andr&eacute;s Palomo del Arco ha citado a declarar como investigado para el pr&oacute;ximo 19 de septiembre al diputado y exconseller de Presidencia de la Generalitat de Catalu&ntilde;a Francesc Homs, dentro de la investigaci&oacute;n abierta por el alto tribunal el pasado 25 de mayo a dicho parlamentario por su actuaci&oacute;n en relaci&oacute;n a la consulta del 9-N de 2014.</p> <p>El magistrado ha remitido la citaci&oacute;n al Tribunal Superior de Justicia de Catalu&ntilde;a para que se la traslade a Homs, ya que el diputado a&uacute;n no est&aacute; personado en la causa abierta en el Tribunal Supremo.</p> <p>Este tribunal, tambi&eacute;n a trav&eacute;s del TSJ catal&aacute;n, le notific&oacute; el auto de 25 de mayo en el que se abr&iacute;a la investigaci&oacute;n contra &eacute;l y le ofreci&oacute; personarse en la causa, lo que no ha llevado a cabo hasta ahora.</p> <p>En dicho auto, el Tribunal Supremo declar&oacute; su competencia para la instrucci&oacute;n y, en su caso, enjuiciamiento de Homs por los delitos de desobediencia, prevaricaci&oacute;n administrativa y malversaci&oacute;n, y design&oacute; instructor al magistrado Andr&eacute;s Palomo. En la providencia de citaci&oacute;n, se concreta que la comparecencia del diputado ser&aacute; en calidad de investigado y asistido de abogado.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=9fc05422ae9d5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 11 Jul 2016 14:42:00 +0200 El Tribunal Supremo pide al Ministerio de Industria las auditorías sobre los costes de mantenimiento de la plataforma “Castor” http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=0634acf6b69d5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha dictado un auto en el que acuerda practicar las nuevas pruebas solicitadas por la Generalitat de Catalu&ntilde;a en su recurso contra la Orden IET/2445/2014, de 19 de diciembre, por la que se establecen los peajes y c&aacute;nones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribuci&oacute;n de las actividades reguladas.</p> <p>En el mismo dispone que se solicite al Ministerio de Industria, Energ&iacute;a y Turismo las auditor&iacute;as en relaci&oacute;n con las labores concretas y costes de mantenimiento y operatividad por parte de Enag&aacute;s Transportes SAU en relaci&oacute;n con las instalaciones de almacenamiento subterr&aacute;neo de gas natural &ldquo;Castor&rdquo;.</p> <p>Asimismo, reclama a dicho Ministerio copia certificada de la resoluci&oacute;n de 17 de noviembre de 2015 por la que se estableci&oacute; la retribuci&oacute;n adicional de 253,3 millones de euros y el reembolso de los gastos de operaci&oacute;n y mantenimiento de una cuant&iacute;a adicional de 42,3 millones de euros.</p> <p>El auto resuelve adem&aacute;s que se pida a Industria la notificaci&oacute;n a la Comisi&oacute;n Europea del pago a Enag&aacute;s Transportes, SAU de la cantidad de 17.311.102 de euros que les reconoce la Orden IET/2445/2014 de 19 de diciembre, impugnada en el presente procedimiento o, caso de no haberse producido, la inexistencia de la misma.</p> <p>La Generalitat de Catalu&ntilde;a present&oacute; un recurso contencioso-administrativo contra la Orden IET/2445/2014 por laque se establecen los peajes y c&aacute;nones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribuci&oacute;n de las actividades reguladas y, posteriormente, solicit&oacute; que se realizara una prueba adicional a la vista de los nuevos hechos incorporados en la contestaci&oacute;n a la demanda por el Abogado del Estado, que se neg&oacute; a la pr&aacute;ctica de la misma.</p> <p>A petici&oacute;n de la Sala, la recurrente explic&oacute; que esos nuevos hechos se refieren a que en la contestaci&oacute;n a la demanda se afirma que la Orden siguiente a la impugnada vuelve a fijar la misma cantidad a tanto alzado a Enag&aacute;s, por lo que la prueba de las auditor&iacute;as tiene como finalidad determinar si la cantidad que se paga responde a la realidad de los costes o a otros intereses.</p> <p>Del mismo modo, justific&oacute; la prueba de la notificaci&oacute;n a la Comisi&oacute;n Europea del pago a Enag&aacute;s de 17.311.102 millones de euros en que aunque no se trate de una ayuda de Estado, como sostiene el Abogado del Estado, es necesaria su notificaci&oacute;n.</p> <p>Tras examinar esos hechos nuevos, la Sala Tercera considera &ldquo;razonable&rdquo; la petici&oacute;n de ampliaci&oacute;n de la Generalitat y &ldquo;pertinentes&rdquo; los medios solicitados; motivo por el que admite que se practiquen las citadas pruebas.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=0634acf6b69d5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 11 Jul 2016 14:00:00 +0200 El Tribunal Supremo rechaza que los ayuntamientos cobren una tasa por el uso que los usuarios de telefonía móvil hacen del espacio aéreo http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=7dafacf6b69d5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado que los ayuntamientos cobren una tasa a las empresas de telefon&iacute;a por el uso que realizan los usuarios de tel&eacute;fonos m&oacute;viles del espacio a&eacute;reo que se eleva sobre el suelo del municipio.</p> <p>La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Juan Gonzalo Mart&iacute;nez Mic&oacute;, rechaza la ordenanza fiscal que en tal sentido aprob&oacute; en 2013 el Ayuntamiento de San Cebri&aacute;n de Castro (Zamora) y destaca que &ldquo;es como si cada Ayuntamiento aspirara a imponer un canon por la navegaci&oacute;n de aeronaves que circulen por encima del territorio local&rdquo;. El Supremo destaca que la tasa vulnera la Constituci&oacute;n, la Directiva Europea del sector, y la Ley General Tributaria, ya que es &ldquo;una inaceptable invasi&oacute;n de las competencias estatales y una manifiesta duplicidad impositiva&rdquo;.</p> <p>El citado Ayuntamiento se consideraba amparado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en cuanto autoriza a las entidades locales a establecer tasas por aprovechamiento especial del dominio p&uacute;blico local. Pero el Supremo recuerda que el derecho de vuelo (espacio sobre el suelo del municipio) &ldquo;siempre va ligado a las construcciones e infraestructuras que puedan realizarse sobre la superficie del terreno, sin que en absoluto pueda definirse aquel derecho como una facultad gen&eacute;rica del titular del suelo para considerar hasta el infinito todo "el aire" que se extienda sobre el terreno de su propiedad&rdquo;.</p> <p>A&ntilde;ade que el propio Ayuntamiento expuso de forma reiterada en el Informe T&eacute;cnico-Econ&oacute;mico que sirvi&oacute; de base a la Ordenanza que el pretendido objeto de gravamen de la Tasa no son solo los tendidos de redes fijas que se eleven por encima del suelo, lo que se tratar&iacute;a de una construcci&oacute;n y s&iacute; podr&iacute;a dar lugar a la imposici&oacute;n de una tasa a su titular, &ldquo;sino que es la ocupaci&oacute;n que del aire hacen las ondas de telefon&iacute;a m&oacute;vil&rdquo;.</p> <p>El Supremo rechaza los recursos del Ayuntamiento zamorano y de la Federaci&oacute;n Nacional de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroel&eacute;ctricas y Embalses, que tambi&eacute;n defend&iacute;a la tasa de San Cebri&aacute;n de Castro.Ambas entidades plantearon recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le&oacute;n, que dio la raz&oacute;n a Telef&oacute;nica M&oacute;viles Espa&ntilde;a, S.A., y anul&oacute; la tasa en cuanto gravaba &ldquo;el uso u ocupaci&oacute;n del suelo o vuelo del dominio p&uacute;blico local por clientes receptores de los servicios de las empresas operadoras de las telecomunicaciones (&hellip;) y que operen mediante el uso de radio frecuencias para la emisi&oacute;n de ondas de radio que posibiliten las telecomunicaciones, las cuales llegan a aparatos terminales transceptores o denominados tel&eacute;fonos m&oacute;viles o desde m&oacute;viles a otros receptores, consideradas comunicaciones, intercomunicaciones o interconexiones ya sean de datos, de voz, imagen o todos ellos, que necesariamente llegan o salen de los aparatos de telefon&iacute;a m&oacute;vil, cuyos usuarios ocupan o pueden ocupar suelo del dominio p&uacute;blico municipal ".</p> <p>El Supremo indica que del tenor literal del transcrito art&iacute;culo 2.b de la Ordenanza (que queda anulado) parece deducirse que el hecho imponible de la tasa vendr&iacute;a dado por el aprovechamiento especial que del vuelo del dominio p&uacute;blico local &ndash;&ldquo;espacio a&eacute;reo situado sobre calles, plazas, parques y dem&aacute;s v&iacute;as y caminos p&uacute;blicos&rdquo;- obtienen las operadoras de telefon&iacute;a m&oacute;vil &ldquo;por el mero hecho de tener clientes abonados a l&iacute;neas de m&oacute;vil en el municipio, y ello bajo los presupuestos de que la telefon&iacute;a m&oacute;vil conlleva necesariamente el tr&aacute;nsito indiscriminado de ondas radioel&eacute;ctricas por el espacio a&eacute;reo (vuelo) y de que los abonados portadores de sus m&oacute;viles transitan u ocupan, o pueden transitar u ocupar, el suelo municipal&rdquo;.</p> <p>Para el Supremo, &ldquo;la regulaci&oacute;n del hecho imponible que lleva a cabo la Ordenanza Municipal recurrida vulnera frontalmente la Ley General de Telecomunicaciones, ya que es cuesti&oacute;n pac&iacute;fica que el espacio radioel&eacute;ctrico no es propiedad de las entidades locales sino que es de titularidad estatal. La imposici&oacute;n de una tasa municipal por el uso del dominio radioel&eacute;ctrico supone una inaceptable invasi&oacute;n de las competencias estatales y una manifiesta duplicidad impositiva que contraviene el art&iacute;culo 31 de la Constituci&oacute;n y los principios generales que han de regir la imposici&oacute;n fiscal recogidos en el art&iacute;culo 3 de la Ley General Tributaria&rdquo;.</p> <p>&ldquo;Es evidente &ndash;a&ntilde;ade-- que de imponerse la tasa de telefon&iacute;a m&oacute;vil establecida en la Ordenanza se estar&iacute;a dando carta de naturaleza a dos tributos con id&eacute;ntico hecho imponible, concurriendo, adem&aacute;s, la circunstancia de que la Administraci&oacute;n local carece de competencia para gravar el espacio radioel&eacute;ctrico, por ser &eacute;ste de titularidad estatal, lo que convierte a la Tasa debatida en este procedimiento en manifiestamente ilegal&rdquo;.</p> <p>Se produce, adicionalmente, una vulneraci&oacute;n del art&iacute;culo 6 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que, al regular los principios que han de regir la tributaci&oacute;n local, proh&iacute;be que la fiscalidad municipal recaiga sobre bienes, actividades o negocios realizados fuera del territorio de la entidad local (como se encuentra el dominio estatal radioel&eacute;ctrico) y declara que los tributos municipales no implicar&aacute;n obst&aacute;culo alguno a la libre circulaci&oacute;n de servicios.</p> <p>Adem&aacute;s, argumentan los magistrados, en relaci&oacute;n con la ocupaci&oacute;n de la propiedad p&uacute;blica o privada, o por encima o por debajo de la misma, el art&iacute;culo 13 de la Directiva europea del sector &ldquo;autoriza un gravamen vinculado, primero, a la colocaci&oacute;n o instalaci&oacute;n f&iacute;sica de las infraestructuras y, despu&eacute;s, a su titularidad, por lo que no cabe entender amparado por dicho precepto un gravamen municipal como el cuestionado, que se configura al margen o con independencia de las infraestructuras f&iacute;sicas y que, en realidad y puesto que es notorio que los usuarios/clientes en alg&uacute;n momento transitar&aacute;n por las calles, parques o plazas, se establece como un canon "del sistema puro de telefon&iacute;a&raquo; m&oacute;vil' -en expresi&oacute;n de la propia Ordenanza-, es decir, un gravamen que recaer&iacute;a sobre la actividad misma que posibilita la emisi&oacute;n de ondas de radio que circulan por el espacio, lo que la Ordenanza denomina, impropiamente "vuelo del suelo de dominio p&uacute;blico".</p> <p>A los efectos de delimitar el concepto de vuelo, la Sala indica que la Ordenanza impugnada emplea un concepto de "vuelo" &ldquo;que parece, por as&iacute; decirlo, remontarse sin mayor matizaci&oacute;n a la &eacute;poca de los jurisconsultos romanos, que reconoc&iacute;an al propietario la facultad de utilizaci&oacute;n indefinida del espacio a&eacute;reo que se halla sobre su fundo y del subsuelo bajo &eacute;l, y de los ulteriores romanistas medievales, que emplearon una f&oacute;rmula mucho m&aacute;s absoluta: el poder del propietario se extend&iacute;a usque ad sidera et usque ad inferos ; algo as&iacute; como que la propiedad de la tierra va desde los cielos hasta los infiernos, en palabras de la sentencia (del TSJ de Castilla y Le&oacute;n) recurrida&rdquo;.</p> <p>La sentencia impone el pago de las costas a las recurrentes, por haberse desestimado totalmente su recurso, por una cuant&iacute;a m&aacute;xima de 8.000 euros.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=7dafacf6b69d5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 11 Jul 2016 13:00:00 +0200 El Tribunal Supremo archiva la denuncia contra Fátima Báñez por desobediencia http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=bfece5acdd8d5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha archivado la denuncia presentada por un diputado del Parlamento andaluz contra la ministra de Empleo y Seguridad Social en funciones, F&aacute;tima Ba&ntilde;ez Garc&iacute;a, por no comparecer ante la Comisi&oacute;n de Investigaci&oacute;n relativa a las Concesiones de las Subvenciones otorgadas por la Administraci&oacute;n de la Junta de Andaluc&iacute;a en materia de formaci&oacute;n para el Empleo desde el a&ntilde;o 2002 hasta la actualidad, m&aacute;s conocida como comisi&oacute;n de los &lsquo;EREs&rsquo;. En un auto, afirma que no existen indicios suficientes de la comisi&oacute;n de un delito de desobediencia -art&iacute;culo 502 del C&oacute;digo Penal- en la conducta de la ministra ni en la de la consejera del Tribunal de Cuentas Mar&iacute;a Dolores Genaro, que tambi&eacute;n hab&iacute;a sido denunciada por el mismo motivo.</p> <p>El diputado andaluz Juan Ignacio Moreno de Acevedo Yag&uuml;e, que tambi&eacute;n es miembro de la citada Comisi&oacute;n, relataba en su denuncia que el d&iacute;a 16 de mayo de 2016, sobre las 16,00 horas, ninguna de las dos compareci&oacute; en la misma, pese a que estaban citadas en forma y con el apercibimiento de cometer un delito de desobediencia, sin alegar causa alguna que se lo impidiera.</p> <p>La Sala Segunda se&ntilde;ala en su auto que en este caso la ministra y la consejera no se limitaron, sin m&aacute;s, a no atender el requerimiento que se les hizo, sino que, seg&uacute;n se desprende de las actuaciones, contestaron expresamente a la citaci&oacute;n que recibieron a trav&eacute;s de las comunicaciones, de 12 y 13 de mayo de 2016, dirigidas al presidente del Parlamento andaluz en la que expusieron las razones por las que entend&iacute;an que no ten&iacute;an obligaci&oacute;n de comparecer.</p> <p>El auto, del que ha sido ponente el presidente de la Sala, Manuel Marchena, explica que la consejera Mar&iacute;a Dolores Genaro entend&iacute;a que su comparecencia ante la citada comisi&oacute;n carec&iacute;a de sentido y de sustento normativo porque no ten&iacute;a informaci&oacute;n alguna respecto al &aacute;mbito de la misma -por su dependencia directa del Tribunal de Cuentas de las Cortes Generales- y por no ostentar la representaci&oacute;n de ese tribunal. Por su parte, la ministra F&aacute;tima B&aacute;&ntilde;ez consideraba que, de acuerdo con el Reglamento del Parlamento de Andaluc&iacute;a, los requerimientos de comparecencia s&oacute;lo pod&iacute;an ir dirigidos a las autoridades, funcionarios y agentes de la Junta de Andaluc&iacute;a, sin que la comisi&oacute;n de investigaci&oacute;n tuviese potestad para controlar la actuaci&oacute;n de los &oacute;rganos de la Administraci&oacute;n del Estado.</p> <p>Por todo ello indica que el Reglamento del Parlamento de Andaluc&iacute;a recoge que si los funcionarios o autoridades cuya presencia haya sido solicitada ante una Comisi&oacute;n Parlamentaria no comparecieran ni justificaran su incomparecencia en el plazo y la forma establecidos por la Comisi&oacute;n, o no se respondiera a la petici&oacute;n de informaci&oacute;n requerida, el presidente o presidenta del Parlamento lo comunicar&aacute; a la autoridad o al funcionario o funcionaria superior correspondiente por si procediera exigirles alguna responsabilidad.</p> <p>La Sala destaca que del citado Reglamento tambi&eacute;n se desprende que aquellas personas cuya presencia sea requerida han de ser competentes por raz&oacute;n de la materia objeto del debate, extremo que no consta en la denuncia presentada en la que no se justifica cu&aacute;l ser&iacute;a la competencia de las dos personas denunciadas sobre la concesi&oacute;n de subvenciones otorgadas por la Junta de Andaluc&iacute;a en materia de formaci&oacute;n profesional para el empleo.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=bfece5acdd8d5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 11 Jul 2016 07:00:00 +0200 El Supremo archiva la denuncia contra Rita Barberá por no retirar los símbolos del franquismo durante su mandato http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=4a81ceae82ac5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala II del Tribunal Supremo ha archivado la denuncia formulada contra la senadora del PP Rita Barber&aacute; por delitos de desobediencia y denegaci&oacute;n de auxilio, y subsidiariamente por una falta contra el orden p&uacute;blico, por la no retirada de s&iacute;mbolos del franquismo en la ciudad de Valencia durante su mandato como alcaldesa. La Sala rechaza la denuncia por no ser los hechos constitutivos de delito, en la misma l&iacute;nea que ha hecho en los &uacute;ltimos a&ntilde;os con denuncias similares contra otros alcaldes que eran adem&aacute;s senadores y por tanto aforados, como el de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, o Almer&iacute;a, Luis Rogelio Rodr&iacute;guez Comendador.</p> <p>El Supremo destaca que la Ley de Memoria Hist&oacute;rica de 2007 recoge la obligaci&oacute;n gen&eacute;rica de las Administraciones P&uacute;blicas de adoptar medidas tendentes, entre otras cosas, a la retirada de objetos conmemorativos de la Guerra Civil y de la dictadura franquista, pero en la denuncia no se relata que se hubiese dado una orden directa y expresa a la entonces alcaldesa Rita Barber&aacute; para tomar medidas y retirar esos s&iacute;mbolos en cumplimiento de dicha Ley, ni tampoco que ella se hubiese negado a cumplir esa orden previa.</p> <p>&ldquo;Ambos elementos -destaca el auto-la existencia de una orden expresa y la negativa posterior a su cumplimiento, resultan necesarios para apreciar el delito invocado, es decir, para otorgar relevancia penal a los hechos&rdquo;.<br />Del mismo modo, tampoco hay constancia de que la exalcaldesa hubiese recibido una orden concreta y espec&iacute;fica para, en cumplimiento de la misma Ley, realizar un cat&aacute;logo de vestigios de la Guerra Civil y la dictadura. La denuncia contra Barber&aacute; fue planteada por dos dirigentes del PSOE valenciano y el abogado Eduardo Ranz.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=4a81ceae82ac5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 08 Jul 2016 14:55:00 +0200 El Tribunal Supremo dice que participar en un ‘reality’ no implica la pérdida del derecho al honor y la propia imagen http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=72eaceae82ac5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Primera del Tribunal Supremo ha condenado a Mediaset a indemnizar con 30.000 euros a una exconcursante de Gran Hermano por intromisi&oacute;n ileg&iacute;tima en sus derechos al honor y a la propia imagen por las referencias realizadas a su persona tanto en programas como en la p&aacute;gina web de Telecinco una vez que hab&iacute;a abandonado la casa del concurso y roto su relaci&oacute;n contractual con la productora.</p> <p>El Supremo subraya que &ldquo;por el mero hecho de entrar en dicho programa&rdquo;, los concursantes &ldquo;no han de perder la protecci&oacute;n constitucional de su dignidad personal&rdquo;. La resoluci&oacute;n revoca la decisi&oacute;n de la Audiencia Provincial de Salamanca y la anterior de un Juzgado de Primera Instancia de esa ciudad, que hab&iacute;an absuelto a la cadena.</p> <p>La recurrente particip&oacute; en el a&ntilde;o 2004 en el programa televisivo Gran Hermano 6, en el que permaneci&oacute; aproximadamente dos horas pues una vez en la casa donde se desarrolla el programa descubri&oacute; que la productora hab&iacute;a decidido que participaran tambi&eacute;n como concursantes un hombre con el que hab&iacute;a mantenido una relaci&oacute;n afectiva y una joven que hab&iacute;a sido novia de &eacute;ste antes de mantener la relaci&oacute;n con la demandante. Cuando descubri&oacute; la trama ideada por la productora, solicit&oacute; &laquo;salir de la casa&raquo; inmediatamente dando por finalizada su participaci&oacute;n en el programa, y resolvi&eacute;ndose toda relaci&oacute;n con la productora, que as&iacute; lo acept&oacute;.</p> <p>En su demanda, consider&oacute; que Telecinco hab&iacute;a atentado contra su honor e intimidad por las referencias a su persona, una vez rota su relaci&oacute;n contractual, realizadas tanto en la p&aacute;gina web de la cadena como en el programa &ldquo;La Noria&rdquo;, en 2008 y 2009, al referirse al &ldquo;tr&iacute;o&rdquo; o &ldquo;tri&aacute;ngulo amoroso&rdquo; para referirse a los tres concursantes, pese a que la demandante s&oacute;lo mantuvo una relaci&oacute;n sentimental con el hombre, no conoc&iacute;a a la otra joven y era totalmente ajena al encuentro dentro de la casa planificado por la productora. Adem&aacute;s, se divulgaron de nuevo las im&aacute;genes de su entrada en la casa, y, en la web tambi&eacute;n se habl&oacute; de que ella hab&iacute;a ido por los plat&oacute;s de televisi&oacute;n hablando de su &ldquo;tortuosa relaci&oacute;n&rdquo;.</p> <p>La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Antonio Salas Carceller, indica que &ldquo;no se discute que la demandante se neg&oacute; a aceptar la situaci&oacute;n creada por la productora en orden a generar una situaci&oacute;n dentro del programa GH favorable a sus intereses comerciales al margen de los derechos de la afectada que, en forma alguna, acept&oacute; participar en lo que seguramente constituir&iacute;a un espect&aacute;culo propicio para determinado p&uacute;blico pero que, desde luego, puede afirmarse que carece de inter&eacute;s general protegible y podr&iacute;a ser vulnerador de los derechos de los implicados, que por el mero hecho de entrar en dicho programa no han de perder la protecci&oacute;n constitucional de su dignidad personal&rdquo;.</p> <p>&ldquo;Desde el momento &ndash;a&ntilde;ade el Supremo- en que la demandante opta por resolver el contrato celebrado con la productora, renunciando al beneficio de haber sido elegida para participar en el programa, y tal resoluci&oacute;n es aceptada por dicha productora, no existe prestaci&oacute;n alguna a cargo de la demandante ni dejaci&oacute;n de tales derechos por la interesada a efectos de que se pueda utilizar su nombre y su imagen captada en la entrada en el programa, afectando ello ileg&iacute;timamente a su intimidad en tanto que se utiliza una relaci&oacute;n amorosa reconocida por la demandante para insistir en circunstancias personales que solo a ella afectan y que en absoluto pueden ponerse a disposici&oacute;n del p&uacute;blico por el mero hecho de que en un momento dado firmara un contrato que posteriormente, como se ha repetido, qued&oacute; sin efecto alguno&rdquo;.</p> <p>De ah&iacute; que el alto tribunal aprecie una intromisi&oacute;n ileg&iacute;tima &ndash;no justificada- que fundamentalmente afecta al honor y a la intimidad de la demandante. Entiende que la indemnizaci&oacute;n adecuada es de 30.000 euros (la demandante solicitaba 75.000), en atenci&oacute;n al alcance y difusi&oacute;n de las expresiones que se denuncian, y condena adem&aacute;s a Mediaset a dar publicidad a la sentencia del Supremo en uno de los espacios de Telecinco que sea equivalente en audiencia a aquellos en que se realizaron los expresados comentarios.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=72eaceae82ac5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 08 Jul 2016 12:50:00 +0200 El TS no admite el recurso de Bárcenas contra la condena que le impuso la Audiencia de Toledo por vulnerar el honor de Mª Dolores Cospedal http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=60dc31fc355c5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>Un auto de la Sala I del Tribunal Supremo ha acordado no admitir el recurso extraordinario por infracci&oacute;n procesal interpuesto por el extesorero del PP Luis B&aacute;rcenas Guti&eacute;rrez contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo, de 5 de febrero de 2015, que le conden&oacute; a pagar 50.000 euros a la secretar&iacute;a general del mismo partido, Mar&iacute;a Dolores de Cospedal, por haber vulnerado su derecho al honor por la publicaci&oacute;n de los &lsquo;p&aacute;peles de B&aacute;rcenas&rsquo;. El auto declara firme dicha sentencia.</p> <p>El Supremo establece que el recurso de B&aacute;rcenas incurre en la causa de inadmisi&oacute;n de carencia de fundamento (prevista en el art&iacute;culo 473.2.2&ordm; de la Ley de Enjuiciamiento Civil), &ldquo;pues, en definitiva, lo que subyace en el recurso es su discrepancia con la valoraci&oacute;n probatoria que ha efectuado la audiencia provincial, la cual de forma motivada llega a la conclusi&oacute;n de que fue el demandado o persona de su orden qui&eacute;n entreg&oacute; los papeles al diario El Pa&iacute;s&rdquo;.</p> <p>Un Juzgado de Toledo absolvi&oacute; en primera instancia a B&aacute;rcenas al considerar que no hab&iacute;a quedado probado que fuera &eacute;l qui&eacute;n entreg&oacute; los papeles al Diario El Pa&iacute;s ni acreditado que, aun sin ser el autor material de la entrega, estuviera detr&aacute;s de la misma, habiendo facilitado los papeles a un tercero, para que los proporcionara al peri&oacute;dico.</p> <p>Frente a dicha resoluci&oacute;n la demandante interpuso recurso de apelaci&oacute;n, y la Audiencia de Toledo le dio la raz&oacute;n al concluir que fue B&aacute;rcenas &ldquo;o persona de su orden qui&eacute;n entreg&oacute; los papeles al diario El Pa&iacute;s porque, si nadie m&aacute;s que &eacute;l tuvo en su poder los papeles una vez que le fueron devueltos por el Sr. Tr&iacute;as tras su examen [&hellip;] y el demandado se ha reunido con periodistas y colaboradores de El Pa&iacute;s en varias ocasiones antes de la aparici&oacute;n de la publicaci&oacute;n de los papeles, llev&aacute;ndolos siempre consigo en esas reuniones, y si adem&aacute;s, su postura jur&iacute;dico-pol&iacute;tica se beneficia con la publicaci&oacute;n de los referidos papeles, y no da raz&oacute;n convincente de otra posibilidad siquiera, el hecho que se trata de demostrar debe darse por acreditado conforme a las reglas del criterio humano&rdquo;.</p> <p>El Supremo indica que el recurso de B&aacute;rcenas &ldquo;ha de ser rechazado porque en definitiva se pretende por la parte recurrente a trav&eacute;s del recurso extraordinario por infracci&oacute;n procesal una nueva valoraci&oacute;n de la prueba practicada, seg&uacute;n su propio an&aacute;lisis, distinto del de la sentencia recurrida, convirtiendo el recurso extraordinario por infracci&oacute;n procesal en una tercera instancia, lo que no es admisible&rdquo;.</p> <p>&ldquo;La indicada valoraci&oacute;n de la prueba -a&ntilde;ade la Sala- no es irracional, il&oacute;gica ni arbitraria, superando el test de racionalidad constitucionalmente exigible para respetar el derecho a la tutela judicial efectiva del art&iacute;culo 24 de la Constituci&oacute;n, por lo que el recurso debe ser rechazado. Como se ha expuesto, la audiencia provincial fundamenta la estimaci&oacute;n del recurso en que la falta de prueba directa sobre la autor&iacute;a de la entrega de los papeles justifica la utilizaci&oacute;n de la prueba de presunci&oacute;n judicial, como medio supletorio, y a trav&eacute;s de un proceso deductivo l&oacute;gico alcanza la conclusi&oacute;n de la autor&iacute;a, recalcando que &lsquo;a la parte demandante no se le puede exigir que pruebe la autor&iacute;a material de la entrega con prueba directa, bast&aacute;ndole al demandado con negar y al testigo instrumental con acogerse al secreto profesional para que la prueba directa sea imposible, no ya en este caso, sino en cualquier caso&rsquo;.</p> <p>El auto expone que que lo &uacute;nico que denuncia en definitiva el recurrente una y otra vez, y en ambos motivos del recurso, es la valoraci&oacute;n que realiza la audiencia provincial contraria a la del juez de primera instancia y contraria a sus propios intereses.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=60dc31fc355c5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 08 Jul 2016 08:30:00 +0200 El Tribunal Supremo anula un régimen de custodia compartida porque ninguno de los dos progenitores lo solicitó http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=4d5f330a2d4c5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha anulado el r&eacute;gimen de custodia compartida de una menor concedido a su padre y su madre porque ninguno de los dos lo solicit&oacute;. El alto tribunal ordena a la Audiencia Provincial de Vizcaya, que dict&oacute; la sentencia estableciendo la custodia compartida, que pronuncie nueva sentencia en los &ldquo;estrictos t&eacute;rminos&rdquo; en que se plante&oacute; el debate (cada progenitor reclamaba para s&iacute; la custodia de la hija) &ldquo;que no inclu&iacute;a decidir sobre la guarda y custodia compartida&rdquo;.</p> <p>El Juzgado de Bilbao que resolvi&oacute; en primera instancia el caso concedi&oacute; la custodia al padre, quien al inicio de la vista desisti&oacute; de la petici&oacute;n subsidiaria de custodia compartida proponiendo &uacute;nicamente la custodia paterna. La madre reclamaba que se le concediese la custodia a ella.</p> <p>El Juzgado le dio la custodia al padre al considerar que, al estar desempleado, ten&iacute;a m&aacute;s tiempo de ocuparse del cuidado de la hija, mientras que la madre regentaba un negocio de hosteler&iacute;a que le absorb&iacute;a mucho tiempo. Respecto a la custodia compartida, el juez de Primera Instancia se&ntilde;al&oacute; que no concurr&iacute;a los presupuestos para concederla porque ninguno de los progenitores la hab&iacute;a pedido.</p> <p>La Audiencia de Vizcaya, ante quien recurri&oacute; la madre, revoc&oacute; parcialmente la sentencia dictada en primera instancia y estableci&oacute; un sistema de custodia compartida. Razon&oacute; que, pese a que el informe del equipo psicosocial se inclin&oacute; porque la custodia se confiase al padre por su mayor disponibilidad de tiempo, las circunstancias hab&iacute;an cambiado en el curso del procedimiento, de modo que era el padre el que hab&iacute;a pasado a regentar el mismo negocio de hosteler&iacute;a, y la madre la que se encontraba en paro. La Audiencia a&ntilde;adi&oacute; que, como esas circunstancias eran una variable impredecible en el futuro, optaba por el r&eacute;gimen de guarda y custodia compartida por semanas alternas y permaneciendo la menor en el domicilio familiar salvo acuerdo que pudiesen alcanzar las partes en otro sentido.</p> <p>El Supremo, ante quien recurri&oacute; el padre, recuerda su doctrina de que la custodia compartida no es una medida excepcional, &ldquo;sino que al contrario, habr&aacute; de considerarse normal e incluso deseable, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo sea&rdquo;.</p> <p>Sin embargo, a&ntilde;ade que para optar por dicho sistema se debe partir de la existencia de petici&oacute;n de parte, &ldquo;pues de no existir &eacute;sta por ninguno de los progenitores, dif&iacute;cilmente puede valorarse un plan contradictorio, adecuadamente informado, sobre el que decidir con fundamento en el inter&eacute;s de los menores, al no haber existido debate y prueba contradictoria sobre tal r&eacute;gimen de custodia&rdquo;.</p> <p>A continuaci&oacute;n, la Sala se pregunta si debe asumir la instancia y, decidiendo el recurso de apelaci&oacute;n sin apartarse de los t&eacute;rminos en que fue planteado el debate, resolver sobre el progenitor al que se debe confiar la guarda y custodia de la menor. Si al padre, seg&uacute;n mantiene la sentencia de primera instancia, o a la madre, seg&uacute;n pretend&iacute;a &eacute;sta.</p> <p>&ldquo;&Eacute;sta ser&iacute;a una soluci&oacute;n que pondr&iacute;a fin a la controversia con ahorro procesal en el tiempo, pero tiene un inconveniente, cual es, que al no haber ofrecido respuesta el Tribunal de apelaci&oacute;n (la Audiencia de Vizcaya) al recurso de esta naturaleza en los t&eacute;rminos en que se someti&oacute; a su consideraci&oacute;n, si la Sala, asumiendo funciones de tribunal de apelaci&oacute;n, desestimase el recurso de la parte demandada, &eacute;sta quedar&iacute;a privada del recurso extraordinario de infracci&oacute;n procesal y del recurso de casaci&oacute;n, que podr&iacute;a haber formulado si la desestimaci&oacute;n de su recurso de apelaci&oacute;n la hubiese decidido la Audiencia Provincial en vez de acordar una guarda y custodia compartida no solicitada por ninguno de los progenitores&rdquo;, indica el Supremo.</p> <p>Por ello, se estima adecuada la devoluci&oacute;n de los autos al tribunal de la Audiencia Provincial para, sin alterar los t&eacute;rminos del debate, que no inclu&iacute;a decidir sobre la custodia compartida, resolver el recurso de apelaci&oacute;n que interpuso la representaci&oacute;n procesal de la madre contra la sentencia dictada en la primera instancia.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=4d5f330a2d4c5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 07 Jul 2016 13:00:00 +0200 El TS confirma que una madre no tiene legitimidad para plantear una demanda de paternidad en nombre de su hija si hay conflicto de interés entre ambas http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=7fe6f74fbdab5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Primera del Tribunal Supremo ha confirmado la falta de legitimaci&oacute;n de una madre para, como representante de su hija, plantear una demanda de reclamaci&oacute;n de paternidad extramatrimonial de la ni&ntilde;a e impugnaci&oacute;n de la filiaci&oacute;n matrimonial, debido a que, en el caso examinado, existen intereses contrapuestos entre madre e hija.</p> <p>El procedimiento se inici&oacute; cuando la madre, como representante legal de su hija, interpuso una demanda en la que reclamaba la paternidad de quien afirmaba que era el padre biol&oacute;gico y, complementariamente, impugnaba la filiaci&oacute;n matrimonial de su exmarido, que constaba formalmente en el Registro Civil como progenitor, alegando que la filiaci&oacute;n registral se hab&iacute;a determinado por un reconocimiento de complacencia y que deb&iacute;a fijarse la filiaci&oacute;n acorde con la verdad biol&oacute;gica.</p> <p>La sentencia de primera instancia estim&oacute; la demanda por considerar, sustancialmente, que la filiaci&oacute;n biol&oacute;gica extramatrimonial no hab&iacute;a sido discutida por las partes y que exist&iacute;a, adem&aacute;s, prueba directa de la paternidad.</p> <p>Posteriormente, la Audiencia Provincial estim&oacute; el recurso de apelaci&oacute;n interpuesto por el padre registral al considerar que, frente a la l&iacute;nea jurisprudencial tendente a dar prevalencia a la verdad biol&oacute;gica, en este caso ten&iacute;an mayor peso espec&iacute;fico las razones que amparan la tesis de la irrevocabilidad del reconocimiento de complacencia, por entender que el bien de la hija estaba precisamente en el mantenimiento de la paternidad impugnada, y que la madre atend&iacute;a a intereses puramente particulares y ajenos al inter&eacute;s superior de la menor.<br />La sentencia del Tribunal Supremo, aunque desestima el recurso de casaci&oacute;n, considera que la raz&oacute;n de la desestimaci&oacute;n de la demanda no debe ser la irrevocabilidad del reconocimiento de complacencia. Esta cuesti&oacute;n s&oacute;lo ser&iacute;a relevante en la acci&oacute;n de impugnaci&oacute;n de la filiaci&oacute;n extramatrimonial, que no es la que se hab&iacute;a ejercitado con car&aacute;cter principal, porque por su propia naturaleza est&aacute; subordinada al &eacute;xito de la acci&oacute;n de reclamaci&oacute;n de la filiaci&oacute;n matrimonial.</p> <p>La Sala considera, en cambio, que falta la legitimaci&oacute;n de la madre para ejercitar en nombre de su hija las acciones de filiaci&oacute;n por el conflicto de intereses apreciado y que &eacute;sta es la raz&oacute;n por la que debe desestimarse su demanda.</p> <p>La sentencia explica los principios generales que inspiran el ejercicio de las acciones de filiaci&oacute;n y la protecci&oacute;n del inter&eacute;s de los menores y se hace eco de los riesgos que puede causar la colisi&oacute;n entre el derecho de los progenitores y el de los hijos cuando el ejercicio de este tipo de acciones irrumpe en una realidad familiar ya asentada, por contraposici&oacute;n entre la verdad biol&oacute;gica y la preservaci&oacute;n de la paz familiar en inter&eacute;s del hijo si se encuentra en una situaci&oacute;n consolidada de familia que ha podido formarse al margen de la biol&oacute;gica.</p> <p>La resoluci&oacute;n recoge la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que legitima los l&iacute;mites que la ley establezca para la satisfacci&oacute;n del inter&eacute;s del hijo cuando existen intereses contrapuestos entre el del progenitor a ver declarada su paternidad y la situaci&oacute;n familiar que vive el hijo.</p> <p>Los magistrados entienden que la b&uacute;squeda de la verdad biol&oacute;gica y el inter&eacute;s del hijo coinciden cuanto es &eacute;ste el que reclama la filiaci&oacute;n, por lo que, en principio, podr&iacute;a entenderse que en una demanda presentada por la madre como representante legal del menor se da esa misma coincidencia de intereses.</p> <p>Sin embargo, en este caso, los hechos probados reflejan la existencia de intereses contrapuestos entre madre e hija: el padre biol&oacute;gico no conoce personalmente a la ni&ntilde;a y no hay constancia de que haya contribuido a su sustento ni se haya preocupado por ella; por el contrario, el progenitor registral ha actuado desde el nacimiento como el verdadero padre, cumpliendo con sus obligaciones como tal, y proporcionando &eacute;l y su familia un entorno de bienestar y de estabilidad emocional y afectiva.</p> <p>Por ello, la Sala considera que en la contradicci&oacute;n de intereses entre la hija menor de edad y la madre, &eacute;sta no puede ser representante legal de aquella en las acciones ejercitadas.</p> <p>El C&oacute;digo Civil establece que, en tales casos, procede el nombramiento de un defensor judicial que represente a la persona menor si aprecia que con ello se satisface su inter&eacute;s, bien entendido que el no ejercicio de las acciones no priva a la hija de la acci&oacute;n de reclamaci&oacute;n al llegar a la mayor&iacute;a de edad por su propia y voluntaria determinaci&oacute;n.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=7fe6f74fbdab5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 05 Jul 2016 15:24:00 +0200 El Supremo confirma la sanción al guardia civil que envió por WhatsApp una foto junto al cadáver de un fugitivo http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=71800ab4caab5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala V, de lo Militar, ha ratificado la sanci&oacute;n disciplinaria por falta grave impuesta a un brigada de la Guardia Civil, jefe del puesto de Malpartida de Plasencia (C&aacute;ceres) que se fotografi&oacute; de uniforme junto al cad&aacute;ver de un preso fugado al que hab&iacute;an estado persiguiendo y envi&oacute; la foto por WhatsApp a sus compa&ntilde;eros, con el siguiente comentario de texto: &ldquo;AH&Iacute; STA. FIAMBRE&rdquo;.</p> <p>Los hechos ocurrieron el 7 de febrero de 2014, y ese mismo d&iacute;a la foto comenz&oacute; a difundirse por grupos de mensajer&iacute;a de WhatsApp ajenos al de compa&ntilde;eros de la Benem&eacute;rita al que lo hab&iacute;a enviado inicialmente el brigada, como por ejemplo el relacionado con los carnavales de la localidad de Tejeda del Ti&eacute;tar. La misma fotograf&iacute;a apareci&oacute; publicada por el diario &ldquo;Hoy&rdquo; de Badajoz el d&iacute;a 8 de febrero de 2014, con el comentario &ldquo;la fotograf&iacute;a que vol&oacute; por las redes sociales&rdquo;, apareciendo tambi&eacute;n el 11 de dicho mes en la p&aacute;gina web radiointerior.es.</p> <p>El Supremo desestima el recurso del brigada &Aacute;ngel C.B. contra la sentencia del Tribunal Militar Central, que, a su vez, confirm&oacute; la decisi&oacute;n del director general de la Guardia Civil, de 8 de enero de 2015, de imponer a dicho suboficial una sanci&oacute;n de p&eacute;rdida de doce d&iacute;as de haberes con suspensi&oacute;n de funciones como autor de una falta grave consistente en &ldquo;la observancia de conductas gravemente contrarias a la dignidad de la Guardia Civil&rdquo;.</p> <p>Los hechos probados de la sentencia del Tribunal Militar Central se&ntilde;alan que &ldquo;el 7 de febrero de 2014 fue detenido en las inmediaciones de la localidad de Plasencia (C&aacute;ceres) Rafael R.G., poco despu&eacute;s fallecido por herida de bala, individuo con numerosos antecedentes policiales y fugado el anterior d&iacute;a 21 de enero del Centro Penitenciario de Badajoz tras disfrutar de un permiso penitenciario, a quien con posteridad a ese d&iacute;a se le atribu&iacute;an dos homicidios consumados cometidos en las provincias de Toledo y Badajoz, y otro homicidio intentado y un secuestro perpetrados en la localidad de Plasencia&rdquo;.</p> <p>El brigada, al ser informado por el Centro Operativo de Servicio de la Comandancia de C&aacute;ceres de que el preso fugado se dirig&iacute;a a bordo de un autom&oacute;vil robado hacia la localidad de Plasencia, acudi&oacute; por propia iniciativa, acompa&ntilde;ado de otro guardia, a la zona donde finalmente falleci&oacute; Rafael R.G. Una vez all&iacute;, el brigada, &ldquo;que vest&iacute;a el uniforme reglamentario del Cuerpo, se situ&oacute; junto al cad&aacute;ver de Robles, que yac&iacute;a semidesnudo en el suelo, y pidi&oacute; al Guardia (que le acompa&ntilde;aba) que le hiciera una fotograf&iacute;a, a cuyo fin le entreg&oacute; su tel&eacute;fono m&oacute;vil. Hecha la instant&aacute;nea, el brigada la difundi&oacute; algo antes de las 14:00 horas, utilizando la aplicaci&oacute;n de mensajer&iacute;a &ldquo;WhatsApp&rdquo;, a los miembros de un grupo de comunicaci&oacute;n formado exclusivamente por Guardias Civiles destinados en el puesto a su mando, denominado &ldquo;Pto. Malpartida&rdquo;, acompa&ntilde;ando a la fotograf&iacute;a el comentario &ldquo;AH&Iacute; STA. FIAMBRE&rdquo;.</p> <p>En su recurso al Supremo, el brigada defendi&oacute; que su actuaci&oacute;n no era falta disciplinaria, ya que &eacute;l no fue responsable de la difusi&oacute;n de la foto fuera del &aacute;mbito interno de profesionales de la Guardia Civil, debiendo haberse castigado a quien realiz&oacute; su difusi&oacute;n a personal civil que fue el origen del gran revuelo creado en medios de comunicaci&oacute;n regional y nacional donde recogi&oacute; la foto. El suboficial asegur&oacute; haber remitido la foto s&oacute;lo y exclusivamente a sus compa&ntilde;eros para informarles de la muerte del preso fugado y tranquilizarles.</p> <p>El Supremo rechaza el argumento y confirma la responsabilidad del recurrente &ldquo;como negligente punto de origen de la gran difusi&oacute;n que en definitiva alcanz&oacute; la imagen que nos ocupa&rdquo;. Subraya la gravedad de su comportamiento, &ldquo;pues cabe confirmar sin gran esfuerzo que la fotograf&iacute;a en cuesti&oacute;n denotaba una actitud impropia y gravemente contraria a la dignidad de la Guardia Civil. Tan solo hemos de remitirnos a los hechos que se relatan en la sentencia impugnada para corroborar que, el hacerse fotografiar delante del cad&aacute;ver semidesnudo de un presunto homicida y secuestrador y hacerlo -como significa la sentencia de instancia- &lt;&lt;vestido con el uniforme del Cuerpo y en actitud que denota una cierta arrogancia&gt;&gt;, difundiendo a continuaci&oacute;n dicha fotograf&iacute;a acompa&ntilde;ada del comentario "AH&Iacute; STA. FIAMBRE", revela indudablemente una conducta totalmente opuesta al comportamiento exigible a un miembro de la Benem&eacute;rita Instituci&oacute;n, que ha de demostrar en todo momento un respeto absoluto a los ciudadanos, actuando con la mesura e integridad moral que su condici&oacute;n de Guardia Civil le exige&rdquo;.</p> <p>La sentencia, que destaca que el brigada contaba con casi 34 a&ntilde;os de servicio en el Cuerpo, agrega que &ldquo;la reprochable fotograf&iacute;a obtuvo una gran difusi&oacute;n al ser reproducida en los medios de comunicaci&oacute;n social, y que el recurrente hubiera debido valorar antes de ponerla en circulaci&oacute;n, que podr&iacute;a llegar finalmente a conocimiento p&uacute;blico, lo que sucedi&oacute; y hace que quepa atribu&iacute;rsele tambi&eacute;n al recurrente esta posterior difusi&oacute;n generalizada y que, finalmente, la dignidad de la Guardia Civil quedara gravemente comprometida con su comportamiento&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=71800ab4caab5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 05 Jul 2016 13:20:00 +0200 El Supremo confirma la nulidad de la instalación de un centro comercial en Villalba colindante con la cuenca de Guadarrama http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=77bfc6621b5b5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala III del Tribunal Supremo ha ratificado la nulidad del Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Collado-Villalba de 16 de julio de 2009 por el que se aprob&oacute; definitivamente el Plan Parcial correspondiente al Sector 1.6 "Ca&ntilde;o de la Fragua" del Plan General de Ordenaci&oacute;n Urbana de dicha localidad, para la instalaci&oacute;n de un centro comercial y las infraestructuras que conlleva.</p> <p>El Supremo ratifica el criterio del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que estim&oacute; un recurso de Ecologistas en Acci&oacute;n&ndash;CODA y resolvi&oacute; anular el Plan por no contar con an&aacute;lisis ambiental pese a estar colindante con el Lugar de Inter&eacute;s Comunitario &ldquo;Cuenca del r&iacute;o Guadarrama&rdquo;. Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Collado-Villalba de 16 de julio de 2009 por el que se aprob&oacute; definitivamente el Plan Parcial correspondiente al Sector 1.6 "Ca&ntilde;o de la Fragua" del Plan General de Ordenaci&oacute;n Urbana de dicha localidad.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=77bfc6621b5b5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 04 Jul 2016 16:35:00 +0200 El Tribunal Supremo anula la condena impuesta a un magistrado por revelación de secretos http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=a48ec6621b5b5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha anulado la condena a un a&ntilde;o y tres meses de prisi&oacute;n y tres a&ntilde;os de inhabilitaci&oacute;n absoluta impuesta al juez de Cantabria Luis Acayro S&aacute;nchez L&aacute;zaro por un delito de revelaci&oacute;n de secretos, consistente en remitir al Servicio de Inspecci&oacute;n del Consejo General del Poder Judicial el certificado de antecedentes penales de una persona que le hab&iacute;a denunciado ante dicho &oacute;rgano.</p> <p>La sentencia estima el recurso de casaci&oacute;n interpuesto por el juez y le absuelve al considerar que su conducta no incurri&oacute; en delito. El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en cambio, entendi&oacute; que al acceder o utilizar de forma injustificada esos datos personales Acayro cometi&oacute; el citado delito de descubrimiento y revelaci&oacute;n de secretos previsto en el art&iacute;culo 197.2 del C&oacute;digo Penal.</p> <p>Los hechos considerados probados se produjeron en noviembre de 2013, cuando el magistrado, titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucci&oacute;n n&ordm; 2 de Castro Urdiales, incorpor&oacute; al escrito que iba a enviar al Servicio de Inspecci&oacute;n del CGPJ la consulta realizada a la base de datos del Registro Central de Penados sobre los antecedentes penales de la persona que le denunci&oacute;, con plena conciencia de que estaban cancelados, para acreditar la animadversi&oacute;n que sent&iacute;a hacia &eacute;l. El juez, seg&uacute;n los mismos hechos, crey&oacute; err&oacute;neamente que la aportaci&oacute;n de dicha informaci&oacute;n era necesaria para el leg&iacute;timo ejercicio de su derecho de defensa.</p> <p>Sin embargo, la Sala Segunda no comparte el an&aacute;lisis de la sentencia recurrida, que consider&oacute; que la conducta del acusado no estaba justificada. Afirma que no se trata de un caso de acceso o utilizaci&oacute;n injustificada de datos, sino de un supuesto de cesi&oacute;n de datos obtenidos por el funcionario responsable del tratamiento &ndash;en este caso la Secretaria Judicial, ahora Letrada de la Administraci&oacute;n de Justicia del Juzgado de Instrucci&oacute;n n&uacute;mero 2 de Castro Urdiales- a petici&oacute;n del titular del &oacute;rgano jurisdiccional, que luego son remitidos al CGPJ en el marco de unas diligencias de contenido disciplinario.</p> <p>La sentencia, de la que ha sido ponente el presidente de la Sala, Manuel Marchena, indica que la Ley Org&aacute;nica del Poder Judicial &ndash;art&iacute;culo 236- admite la cesi&oacute;n de datos para fines jurisdiccionales o no jurisdiccionales. Y en ambos casos, subraya la resoluci&oacute;n, su cesi&oacute;n al CGPJ &ldquo;est&aacute; autorizada&rdquo; cuando este &oacute;rgano act&uacute;a en el ejercicio de sus funciones de inspecci&oacute;n y control o en el ejercicio de las competencias que tenga legalmente atribuidas.</p> <p>Por todo ello, concluye, que &ldquo;ni el juez que solicit&oacute; el certificado, ni la Letrada de la Administraci&oacute;n de Justicia que accedi&oacute; con sus claves al Registro Central de Penados ni, por supuesto, el Consejo General del Poder Judicial que hab&iacute;a incoado una informaci&oacute;n previa a trav&eacute;s del Servicio de Inspecci&oacute;n, pueden considerarse actores de una ileg&iacute;tima injerencia en el derecho a la autodeterminaci&oacute;n informativa que proclama el art&iacute;culo 18.4 de la CE y que tutela penalmente el art&iacute;culo 197.2 del C&oacute;digo Penal&rdquo;.</p> <p>Para el Tribunal Supremo, los hechos imputados al acusado carecen de relieve penal y la nula afectaci&oacute;n del bien jur&iacute;dico protegido por el art&iacute;culo 197.2 del CP &ndash;la autodeterminaci&oacute;n informativa y no la intimidad- es otra de las razones para concluir que no hay delito.</p> <p><strong>Otros casos</strong></p> <p>La sentencia compara el caso del juez con otros precedentes en los que debido a la gravedad de los hechos s&iacute; estaba justificada la condena por el citado delito. Es el caso de un m&eacute;dico del Servicio P&uacute;blico de Salud que consult&oacute; sin justificaci&oacute;n, aprovechando su cargo y el acceso que ten&iacute;a a las bases de datos de historiales m&eacute;dicos, en m&aacute;s de 200 ocasiones y durante dos a&ntilde;os el expediente de una enfermera, con la que hab&iacute;a roto una relaci&oacute;n amorosa, y la de sus familiares. Tambi&eacute;n cita a un polic&iacute;a auton&oacute;mico que elud&iacute;a sus multas de tr&aacute;fico identificando falsamente en los pliegos de descargo a terceras personas, gracias al acceso libre que ten&iacute;a a la base de datos policial o la informaci&oacute;n period&iacute;stica que permiti&oacute; por v&iacute;a referencial identificar a enfermos de SIDA internados en un establecimiento penitenciario.</p> <p><strong>Voto particular</strong></p> <p>La sentencia incluye un voto particular del magistrado Juan Saavedra Ruiz en el que sostiene que en este caso el tratamiento de datos personales como la hoja hist&oacute;rico-penal con los antecedentes cancelados, incorporados al Registro Penal de Penados, est&aacute;n s&oacute;lo a disposici&oacute;n de los juzgados y los tribunales espa&ntilde;oles.</p> <p>Asimismo, afirma que el acceso ser&aacute; leg&iacute;timo en relaci&oacute;n con los &oacute;rganos judiciales siempre y cuando lo sea a efectos de su utilizaci&oacute;n en los procedimientos y actuaciones de los conozcan en el &aacute;mbito de sus respectivas competencias. Tambi&eacute;n a&ntilde;ade que el CGPJ no tiene acceso directo a la informaci&oacute;n contenida en dicho Registro y mucho menos cuando se trate de inscripciones canceladas.</p> <p>Por todo ello, concluye que la secretaria judicial y el magistrado no estaban autorizados para acceder y utilizar esos datos personales fuera del ejercicio de sus funciones en procedimientos y actuaciones judiciales de las que conocieran en el ejercicio de sus competencias, de forma que &ldquo;no act&uacute;a leg&iacute;timamente el funcionario autorizado que obtiene los datos al margen de cualquier procedimiento en marcha e igualmente no est&aacute; autorizado a la cesi&oacute;n de esos datos a un tercero el que lejos de hacerlo en el ejercicio de su funci&oacute;n jurisdiccional o gubernativa leg&iacute;tima lo hace prevali&eacute;ndose de su cargo en funci&oacute;n de sus intereses personales&rdquo;.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=a48ec6621b5b5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 04 Jul 2016 16:26:00 +0200 El Tribunal Supremo rechaza los recursos de las cadenas de TV sin ánimo lucro contra el Plan técnico de la TDT http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2ec294b6315b5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado los recursos de Red de Medios Comunitarios, la Federaci&oacute;n de Asociaciones para el Desarrollo Comunitario de Vallecas y la Asociaci&oacute;n Amics de Radio Televisi&oacute; Cardedeu, contra el Real Decreto 805/2014 por el que se aprueba el Plan T&eacute;cnico Nacional de la Televisi&oacute;n Digital Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberaci&oacute;n del dividendo digital.</p> <p>Los recurrentes consideraban ilegal el Reglamento 805/2014 por no entender que no daba cumplimiento al mandato del art&iacute;culo 32 de la Ley General de Comunicaci&oacute;n Audiovisual que ordena a la Administraci&oacute;n General del Estado garantizar la disponibilidad del dominio p&uacute;blico radioel&eacute;ctrico necesario para la prestaci&oacute;n de los servicios de comunicaci&oacute;n audiovisual comunitarios sin &aacute;nimo de lucro (art&iacute;culo 32.2) y habilitar el dominio p&uacute;blico radioel&eacute;ctrico necesario para la prestaci&oacute;n de estos servicios (art&iacute;culo 32.4).</p> <p>El Supremo realiz&oacute; en este proceso, a petici&oacute;n de los recurrentes, una prueba pericial de la que concluy&oacute; que no permite tener por acreditada la afirmaci&oacute;n de la demanda de que el Real Decreto 805/2014 cierra el espectro radioel&eacute;ctrico a las entidades de comunicaci&oacute;n audiovisual comunitarias sin &aacute;nimo de lucro y, por ello, no estima que dicho Real Decreto impugnado determine la creaci&oacute;n de una situaci&oacute;n contraria al ordenamiento jur&iacute;dico.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2ec294b6315b5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 04 Jul 2016 13:00:00 +0200 El Tribunal Supremo confirma que la Hacienda Foral de Bizkaia no puede requerir directamente información tributaria a El Corte Inglés http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=310a94b6315b5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Contencioso-administrativo ha confirmado que el departamento de Hacienda de la Diputaci&oacute;n Foral de Bizkaia no puede requerir de forma directa informaci&oacute;n tributaria a la Financiera de El Corte Ingl&eacute;s al tener esta entidad su domicilio fuera del territorio de dicha administraci&oacute;n, que tendr&aacute; que hacer el requerimiento a trav&eacute;s de la Inspecci&oacute;n de Tributos del Estado o de las Comunidades Aut&oacute;nomas.</p> <p>La sentencia desestima el recurso de casaci&oacute;n interpuesto por la Diputaci&oacute;n Foral de Bizkaia contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia del Pa&iacute;s Vasco que anul&oacute; los requerimientos de informaci&oacute;n dirigidos por la Subdirecci&oacute;n de la Inspecci&oacute;n Foral a la Financiera de dicha empresa para que en el plazo de un mes identificara a los titulares de la tarjeta de El Corte Ingl&eacute;s &ndash;particulares o empresas- con domicilio en el Territorio Hist&oacute;rico de Bizkaia que hubiesen realizado pagos por un importe total anual igual o superior a 30.000 euros en los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011.</p> <p>La Sala Tercera aborda el problema de si un poder tributario territorial puede requerir informaci&oacute;n a ciudadanos domiciliados en territorio de otro poder tributario. En este sentido, resuelve que no hay dudas de que &ldquo;ese poder no puede ser ejercido de manera directa cuando su ejercicio excede del &aacute;mbito territorial en el que se asienta&rdquo; y a&ntilde;ade que tal pretensi&oacute;n resulta inviable, con independencia de cu&aacute;l sea el contenido de la informaci&oacute;n requerida.</p> <p>El mecanismo que hay que utilizar en ese caso, se&ntilde;ala la sentencia, es el de auxilio, recogido en la ley por la que se aprueba el Concierto Econ&oacute;mico con la Comunidad Aut&oacute;noma del Pa&iacute;s Vasco, cuyo art&iacute;culo 45.2 establece que, ante esa circunstancia, las actuaciones comprobadoras e investigadoras ser&aacute;n practicadas por la Inspecci&oacute;n de los Tributos del Estado o de las Comunidades Aut&oacute;nomas competentes por raz&oacute;n del territorio cuando se trate de tributos cedidos a las mismas, a requerimiento del &oacute;rgano competente de dichas Diputaciones Forales.</p> <p>El mismo art&iacute;culo a&ntilde;ade que cuando la Inspecci&oacute;n Tributaria del Estado o de las Diputaciones Forales conozcan, con ocasi&oacute;n de sus actuaciones comprobadoras e investigadoras, hechos con trascendencia tributaria para la otra Administraci&oacute;n, lo comunicar&aacute; a &eacute;sta en la forma que reglamentariamente se determine.</p> <p>La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Manuel Vicente Garz&oacute;n Herrero, tambi&eacute;n afirma que el incumplimiento ileg&iacute;timo del requerimiento de informaci&oacute;n por el ente requerido nunca podr&aacute; ser sancionado por el &oacute;rgano requirente &ndash;la Diputaci&oacute;n Foral- por carecer del poder territorial indispensable para hacer efectivo el requerimiento.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=310a94b6315b5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 04 Jul 2016 09:00:00 +0200 Condenado a cinco años y tres meses por coleccionar en casa un arma de guerra y otras cinco de fuego sin licencia http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=e09e2181f06a5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha confirmado la pena de cinco a&ntilde;os y tres meses de c&aacute;rcel a un vecino de Esplugues de Llobregat (Barcelona) que ten&iacute;a instalada en su casa una colecci&oacute;n de objetos de la Segunda Guerra Mundial que inclu&iacute;a un arma de guerra (una ametralladora Astra) y otras cinco armas de fuego reglamentadas en perfecto estado de funcionamiento, junto a munici&oacute;n tambi&eacute;n en buen estado.</p> <p>El Supremo confirma la condena que le impuso la Audiencia Provincial de Barcelona como autor de un delito de dep&oacute;sito de armas de guerra y armas de fuego reglamentadas. En los hechos probados se destaca que el acusado, Joan Carlos P.Ll., &ldquo;ten&iacute;a conocimiento de que las cinco armas de fuego que pose&iacute;a en perfecto estado de funcionamiento requer&iacute;an de licencia para su tenencia y de que pose&iacute;a un arma de guerra tambi&eacute;n en correcto estado de funcionamiento cuya adquisici&oacute;n, tenencia y uso estaba prohibida y a pesar de conocer la ilegalidad de su conducta, continu&oacute; haciendo acopio de armas de fuego y munici&oacute;n de lo que hac&iacute;a alarde con amigos&rdquo;.</p> <p>El condenado recurri&oacute; al Supremo al considerar que en su conducta no concurr&iacute;a peligrosidad, ya que &eacute;l era un coleccionista, apasionado del tiro y de las armas en general, que lo que guardaba era una colecci&oacute;n (&ldquo;museo&rdquo; lo llamaron los investigadores que la descubrieron), con piezas de la Segunda Guerra Mundial, de la guerra civil espa&ntilde;ola, o (el rev&oacute;lver Colt) de una r&eacute;plica de un modelo de 1873, cl&aacute;sico del western americano, pero que no hab&iacute;an sido usadas, y que el arma de guerra y las otras cinco de fuego por las que ha sido condenado estaban en una habitaci&oacute;n cerrada con llave. Argumentaba adem&aacute;s que no exist&iacute;a licencia para coleccionistas.</p> <p>La Audiencia de Barcelona, por el contrario, destac&oacute; que el acusado, como muy aficionado a las armas que era, no desconoc&iacute;a que requer&iacute;a de licencia para las armas de fuego que pose&iacute;a en correcto estado de funcionamiento, y respecto del arma de guerra, que estaba absolutamente fuera del &aacute;mbito de posesi&oacute;n de un particular.</p> <p>El Supremo rechaza el recurso del acusado porque &ldquo;la peligrosidad abstracta de un arma de guerra es &iacute;nsita a su alta capacidad lesiva, de tal modo que en ning&uacute;n caso es permitida su posesi&oacute;n en el propio domicilio; y el recurrente la pose&iacute;a&rdquo;. A&ntilde;ade que &ldquo;la lesividad de un arma de fuego es menor, pero su peligrosidad abstracta relevante&rdquo;, que se incrementa cuando su n&uacute;mero, como en este caso, excede de la unidad, &ldquo;por lo que s&oacute;lo se tolera esa posesi&oacute;n, cuando se trata de un solo arma que adem&aacute;s cuenta en todo caso con especial valor hist&oacute;rico o art&iacute;stico; y el recurrente pose&iacute;a en su domicilio, adem&aacute;s de la referida arma de guerra, cinco armas de fuego&rdquo;.</p> <p>Salvo un arma, guardada en caja fuerte, las dem&aacute;s se encontraban en una habitaci&oacute;n, a la vista, sin estar escondidas, con la &uacute;nica medida de seguridad de estar cerrada con llave la puerta de esa habitaci&oacute;n. Y tambi&eacute;n pose&iacute;a abundante munici&oacute;n.</p> <p>La sentencia relata que, al margen de la normativa internacional ratificada por Espa&ntilde;a, como el Protocolo contra la fabricaci&oacute;n y el tr&aacute;fico il&iacute;citos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convenci&oacute;n de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional que proh&iacute;be incluir como armas antiguas las armas de fuego fabricadas despu&eacute;s de 1899, &ldquo;alguien familiarizado con las armas como el recurrente, sin necesidad de la convicci&oacute;n ulterior a los hechos del Reglamento de armas, comprende la lesividad potencial de cualquier arma de fuego fabricada en el siglo XX y la inviabilidad de obviar las necesarias exigencias de seguridad por su mera relaci&oacute;n con un personaje o un hecho hist&oacute;rico. No es dable pensar que un arma de fuego utilizada en cualquier magnicidio acaecido en el siglo XXI y que por esa condici&oacute;n adquiere relevancia hist&oacute;rica, pierde al adquirir ese calificativo, su capacidad lesiva y potencial peligrosidad&rdquo;.</p> <p>El Supremo tambi&eacute;n rechaza la petici&oacute;n del condenado de una rebaja de pena, al destacar que la horquilla a imponerle oscilaba entre 5 y 10 a&ntilde;os, y que la Audiencia de Barcelona ha establecido de forma proporcionada la de cinco a&ntilde;os y tres meses.</p> <p>Por &uacute;ltimo, la sentencia se pronuncia sobre la petici&oacute;n que hace el acusado para que la Sala proponga su indulto parcial, de modo que se establezca en un m&aacute;ximo de 2 a&ntilde;os de prisi&oacute;n para que pueda evitar su ingreso en la c&aacute;rcel, atendiendo a que es un padre de familia sin antecedentes penales, y que se trata de una sola arma de guerra y dentro de una actividad de coleccionismo. El alto tribunal indica que ser&aacute; en el cauce de informe a una petici&oacute;n de indulto al Gobierno que pueda hacer el acusado cuando proceda examinar sus circunstancias y valorar si procede apoyar un indulto parcial y su extensi&oacute;n.</p> <p>La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Andr&eacute;s Palomo del Arco, s&iacute; estima el recurso del condenado en el sentido de limitar el comiso de objetos acordado por la Audiencia de Barcelona al arma de guerra, las cinco armas de fuego y la munici&oacute;n, dejando sin efecto el establecido sobre piezas y objetos que no eran considerados efectos del delito, aunque s&oacute;lo se le devolver&aacute;n cuando acredite cumplir los requisitos administrativos vigentes.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=e09e2181f06a5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 01 Jul 2016 13:20:00 +0200 El TS confirma la responsabilidad solidaria del Ayuntamiento de Lugo por deudas de más de un millón de euros del matadero con la Seguridad Social http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=75ba1f57d75a5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Contencioso-administrativo ha confirmado la responsabilidad solidaria del Ayuntamiento de Lugo por las deudas de 1.167.820,97 euros a la Seguridad Social de la empresa Frimi&ntilde;o, encargada de la explotaci&oacute;n del matadero municipal por un plazo de 25 a&ntilde;os, aunque dej&oacute; de prestar el servicio antes de agotar el plazo al no ser viable la actividad.</p> <p>La sentencia desestima el recurso de casaci&oacute;n interpuesto por dicho Ayuntamiento contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que concluy&oacute; que el recurrente era el empresario principal respecto de Frimi&ntilde;o como consecuencia del contrato otorgado el 16/01/1990 de concesi&oacute;n del matadero municipal.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=75ba1f57d75a5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 01 Jul 2016 10:00:00 +0200 El Supremo declara ajustada a derecho la subida del IBI urbano aprobada por Ayuntamiento de Burgos en 2012 http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=9ab1a46b0f0a5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha declarado ajustada a derecho la subida de los tipos de gravamen para los bienes inmuebles urbanos, acordada el 21 de septiembre de 2012 por el Pleno del Ayuntamiento de Burgos, cuyo recurso de casaci&oacute;n ha sido estimado de forma parcial por el alto tribunal.</p> <p>La sentencia corrige el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le&oacute;n que declar&oacute; la nulidad de la modificaci&oacute;n de la Ordenanza Fiscal n&uacute;mero 507, reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, introducida en el art&iacute;culo 9, que establece que a los bienes de naturaleza urbana se les aplica un tipo de gravamen del 0,486%, con arreglo a lo dispuesto en el art&iacute;culo 72 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.</p> <p>De acuerdo con dicha normativa, la Sala Tercera indica que los ayuntamientos han de fijar tipos de gravamen para los bienes inmuebles de naturaleza urbana que oscilen entre el 0,4 por 100 y el 1,10 por 100, sin perjuicio de que puedan incrementarlos con determinados puntos porcentuales si se producen ciertas circunstancias (art&iacute;culo 72 TRHL, apartados 1 y 3).</p> <p>La sentencia recuerda que con la finalidad de que la situaci&oacute;n financiera de las corporaciones locales no pusiera en peligro la consecuci&oacute;n de los objetivos del d&eacute;ficit p&uacute;blico, con car&aacute;cter transitorio y excepcional para los ejercicios 2012 y 2013, los ayuntamientos en los que concurrieran las circunstancias del de Burgos -aprobaci&oacute;n de ponencia de valores total en 2009- estaban obligados a incrementar los tipos de gravamen en un 4 por 100 para aquellos bienes inmuebles de uso residencial que pertenecieran a la mitad con mayor valor catastral del conjunto de los inmuebles que tuviesen uso urbano.</p> <p>En el caso de este ayuntamiento, concluye la sentencia, la aplicaci&oacute;n de ese forzado aumento no rebasa los topes del art&iacute;culo 72 de la LRHL, por lo que nada imped&iacute;a acordar, de forma justificada, otros incrementos adicionales. Los magistrados afirman que el aumento no s&oacute;lo se produce dentro de esos l&iacute;mites, sino que adem&aacute;s existe un informe del &oacute;rgano de Gesti&oacute;n Tributaria y Tesorer&iacute;a en el que se explica que la subida se lleva a cabo para adaptar los tipos al incremento del 5,3 por 100 experimentado por &Iacute;ndice de Precios al Consumo entre los meses de enero de 2010 y 2012.</p> <p>Por otro lado, la sentencia confirma la nulidad de la modificaci&oacute;n de la Ordenanza Fiscal n&uacute;mero 204 que somete a tributaci&oacute;n a las declaraciones responsables, adem&aacute;s del otorgamiento de las licencias urban&iacute;sticas, por carecer de un informe t&eacute;cnico-econ&oacute;mico, como establece la misma ley de Haciendas Locales.</p> <p>En definitiva, subraya la Sala Tercera, lo que ha hecho el Ayuntamiento de Burgos mediante la modificaci&oacute;n discutida ha sido introducir, sin mediar esos informes, una nueva tasa por los servicios que presta al comprobar, controlar o inspeccionar el ajuste de las actividades amparadas en una declaraci&oacute;n responsable.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=9ab1a46b0f0a5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 30 Jun 2016 14:04:00 +0200 El Tribunal Supremo anula la deuda de 780.299,47 euros a Polaris World Real Estate por el impuesto de transmisiones patrimoniales http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=5d36204c410a5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casaci&oacute;n interpuesto por Polaris World Real Estate, S.l. y anula la sentencia del Tribunal Superior de Murcia que confirm&oacute; la resoluci&oacute;n del Tribunal Econ&oacute;mico-Administrativo Regional de Murcia que reclamaba el pago por dicha entidad de una deuda de 780.299,47 euros por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jur&iacute;dicos documentados.</p> <p>La sentencia de la Sala revoca la liquidaci&oacute;n, que fue ratificada por la instancia, al basarse en una comprobaci&oacute;n de valores por un m&eacute;todo previsto en una norma legal auton&oacute;mica declarada inconstitucional -art&iacute;culo 6.Uno.1.c) de la Ley de la Asamblea General de Murcia 15/2002- entre el 1 de enero de 2003 y el 30 de noviembre de 2006 (fecha a partir de la cual se incorpor&oacute; a la Ley General Tributaria el medio de comprobaci&oacute;n previsto en la norma murciana), por superar el &aacute;mbito de competencias de las Comunidades Aut&oacute;nomas sobre los tributos cedidos introduciendo un medio de comprobaci&oacute;n de valores que en dicho periodo de tiempo no estaba previsto en la normativa estatal, incumpliendo la obligaci&oacute;n de atenerse a los criterios del Estado.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=5d36204c410a5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 30 Jun 2016 09:50:00 +0200 El Tribunal Supremo reconoce el interés de Castilla-La Mancha en los expedientes sobre concesión de agua ya trasvasada del Tajo-Segura http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=7a9b204c410a5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala III del Tribunal Supremo ha reconocido a la Junta de Castilla-La Mancha el car&aacute;cter de &ldquo;interesada&rdquo; en los expedientes sobre concesiones de aguas procedentes del trasvase Tajo-Segura.</p> <p>El Supremo estima un recurso de la Junta y anula la Resoluci&oacute;n de la Confederaci&oacute;n Hidrogr&aacute;fica del Segura, de 24 de noviembre de 2009, que informaba al Gobierno castellano manchego que no pod&iacute;a personarse como interesada en esos procedimientos de concesiones de aguas por no tener derecho subjetivo ni inter&eacute;s leg&iacute;timo, que pueda verse afectado por las resoluciones de concesi&oacute;n entre regantes de la cuenca receptora, que se adopten sobre vol&uacute;menes ya trasvasados.</p> <p>La sentencia anula tambi&eacute;n la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de junio de 2014 que aval&oacute; el acuerdo de la Confederaci&oacute;n Hidrogr&aacute;fica. Asimismo, recuerda que en el a&ntilde;o 2008, la indicada Confederaci&oacute;n comenz&oacute; la tramitaci&oacute;n de m&aacute;s de sesenta expedientes de concesiones para riego de aguas procedentes del trasvase Tajo-Segura referidas a los territorios de Alicante, Almer&iacute;a y Murcia.</p> <p>Lo que se cuestiona en el recurso de la Junta es si a la Administraci&oacute;n recurrente debi&oacute; serle reconocida, o no, la condici&oacute;n de interesada en el procedimiento administrativo.</p> <p>La delimitaci&oacute;n de la condici&oacute;n de interesado atendiendo, como se&ntilde;ala la resoluci&oacute;n administrativa impugnada, al uso del agua antes o despu&eacute;s del trasvase, no puede ser compartido por el Supremo, que subraya que &ldquo;uno de los principios rectores de la gesti&oacute;n, en materia de aguas, es el de unidad de cuenca o demarcaci&oacute;n, unidad de gesti&oacute;n y tratamiento integral (art&iacute;culo 14 del TR de la Ley de Aguas). En este sentido, la Comunidad Aut&oacute;noma por la que discurren las aguas antes del trasvase tiene un inter&eacute;s leg&iacute;timo en el uso que se haga de las mismas una vez trasvasadas, toda vez que el compromiso de dichas aguas, y su destino para un uso racional, determina e incide en dicha unidad de cuenca y compromete y condiciona futuros trasvases&rdquo;.</p> <p>&ldquo;En definitiva &ndash;a&ntilde;aden los magistrados--, debemos recordar que no se trata ahora de establecer controles ni limitaciones, se trata &uacute;nicamente de poder personarse como &ldquo;interesado&rdquo; en los procedimientos sobre concesiones administrativas de aguas, sobre ese uso privativo de las aguas. De modo que dicha unidad de gesti&oacute;n, en lo que importa a la condici&oacute;n de interesado, debe facilitar una administraci&oacute;n m&aacute;s equilibrada de los recursos h&iacute;dricos, en atenci&oacute;n al conjunto y transcendencia de todos los intereses afectados&rdquo;.</p> <p>Indica adem&aacute;s que nos encontramos ante cuencas, ahora demarcaciones, intercomunitarias que, a diferencia de las intracomunitarias, trascurren por m&aacute;s de una Comunidad Aut&oacute;noma, lo que significa que son competencia del Estado, pero de las que, naturalmente, no pueden desentenderse las Comunidades Aut&oacute;nomas por las que discurre el recurso h&iacute;drico, atenida las necesidad de su colaboraci&oacute;n seg&uacute;n las distintas f&oacute;rmulas que establece el TR de la Ley de Aguas en abundantes preceptos, y singularmente en el art&iacute;culo 25 del TR de la Ley de Aguas.</p> <p>&ldquo;No est&aacute; de m&aacute;s se&ntilde;alar, en fin, que este &aacute;mbito sectorial, las aguas, al que nos referimos, es un &aacute;rea muy sensible en determinadas zonas de la geograf&iacute;a espa&ntilde;ola y que, tradicionalmente, viene arrastrando una a&ntilde;eja controversia, entre algunas Comunidades Aut&oacute;nomas, por lo que ha de estimularse la colaboraci&oacute;n y el consenso necesario&rdquo;, concluye la sentencia.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=7a9b204c410a5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 30 Jun 2016 09:00:00 +0200 El Supremo confirma la absolución de dos directivos de un club de cannabis de Barcelona http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=57f3eb7b32c95510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la absoluci&oacute;n, dictada por la Audiencia de Barcelona, de dos directivos de un club de consumo compartido de cannabis de Barcelona, y rechaza el recurso de la Fiscal&iacute;a, que pretend&iacute;a que fuesen condenados por delito de tr&aacute;fico de drogas o favorecimiento de su consumo ilegal, y delito de asociaci&oacute;n il&iacute;cita. El Supremo absuelve al apreciar en la actuaci&oacute;n de los acusados un error de prohibici&oacute;n invencible (creencia de que actuaban dentro de la legalidad), derivado del informe de la Fiscal&iacute;a que no se opuso a la inscripci&oacute;n del club en el Registro de asociaciones al no apreciar indicios de delito en sus estatutos.</p> <p>La sentencia mantiene la absoluci&oacute;n del presidente y un segundo directivo de la Asociaci&oacute;n "Mar&iacute;a de Gracia Club", de Barcelona, que ten&iacute;a como fines seg&uacute;n sus Estatutos la creaci&oacute;n de un centro de reuni&oacute;n de gente consumidora de c&aacute;&ntilde;amo o tabaco, la investigaci&oacute;n gen&eacute;tica y el establecimiento de un club de fumadores, as&iacute; como la difusi&oacute;n cultural informando a los socios de las cuestiones relativas al c&aacute;&ntilde;amo.</p> <p>Dicha Asociaci&oacute;n present&oacute; sus Estatutos en el Registro de Asociaciones de la Generalitat de Catalunya y la Direcci&oacute;n General del Derecho y de Entidades Jur&iacute;dicas dispuso su inscripci&oacute;n en el Registro el 22 de Marzo de 2012, con el previo informe de la Fiscal&iacute;a Provincial de Barcelona, de fecha 1 de Febrero de 2012 que no resultaba desfavorable. La Audiencia de Barcelona dict&oacute; la absoluci&oacute;n considerando que se daban las condiciones de un consumo compartido no punible penalmente, lo que no es compartido por el Supremo, que absuelve por la existencia de error de prohibici&oacute;n invencible.</p> <p>El Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Joaqu&iacute;n Gim&eacute;nez, destaca que en este caso existe un hecho diferencial respecto a la sentencia del Pleno Jurisdiccional de la Sala, de 7 de Septiembre de 2015, que conden&oacute; a los responsables de otro club de cannabis de Bilbao, con la que la nueva sentencia no es contradictoria.</p> <p>Ese hecho diferencial se encuentra en que la Direcci&oacute;n General del Derecho y Entidades Jur&iacute;dicas de Catalunya, antes de acordar la inscripci&oacute;n en el Registro de Asociaciones de la Asociaci&oacute;n "Mar&iacute;a de Gracia Club", solicit&oacute; un informe del Ministerio Fiscal el cual el d&iacute;a 1 de Febrero de 2012 de manera inequ&iacute;voca aleg&oacute; que "tal y como aparecen expuestas y redactadas -las normas estatutarias- no es posible advertir una vocaci&oacute;n de favorecimiento y facilitaci&oacute;n del consumo ilegal de estupefacientes, no solo por no ser acordes con el resto de los fines anunciados sino tambi&eacute;n por los condicionamientos previstos para su realizaci&oacute;n (espacio no p&uacute;blico, reservado a socios, todos ellos mayores de edad...) Por tales razones, en este estado inicial de la vida de la Asociaci&oacute;n no es de apreciar la existencia de hechos constitutivos de delito&rdquo;, se&ntilde;alaba la Fiscal&iacute;a.</p> <p>Dicho informe de la Fiscal&iacute;a a&ntilde;ad&iacute;a que tales consideraciones no implicaban descartar que, si en el desarrollo de su actividad fueran realizados actos subsumibles en el art&iacute;culo 368 del C&oacute;digo Penal (tr&aacute;fico o promoci&oacute;n del consumo ilegal de drogas t&oacute;xicas), &ldquo;pueda entonces ser apreciada la existencia de un delito contra la salud p&uacute;blica".</p> <p>La Sala II entiende que, debido a ese informe de la Fiscal&iacute;a, concurre en el caso del club Mar&iacute;a de Gracia un error de prohibici&oacute;n invencible, que excluye la responsabilidad penal, ya que los directivos pensaban que actuaban de acuerdo a derecho. La sentencia expone que el presidente y el vocal de la Asociaci&oacute;n, al ver el informe del fiscal de 1 de febrero de 2012, no ten&iacute;an ninguna exigencia de indagar o buscar otra fuente fidedigna de informaci&oacute;n para asegurarse de la licitud de la misma. En este sentido, recuerda que dicho informe reconoce expl&iacute;citamente la legalidad de la Asociaci&oacute;n por lo que &ldquo;no se nos alcanza a qu&eacute; otra fuente de conocimiento m&aacute;s solvente podr&iacute;an/deber&iacute;an haber acudido los absueltos para salir de una duda que objetivamente no ten&iacute;an por la propia claridad y contundencia del informe referido&rdquo;.</p> <p>Asimismo, argumenta que si la finalidad de la Asociaci&oacute;n es la creaci&oacute;n de un centro de reuni&oacute;n de gente consumidora de c&aacute;&ntilde;amo, la creaci&oacute;n de espacios privados de personas fumadoras, si los socios deben firmar unos compromisos en la hoja de admisi&oacute;n, si se trata de crear un consumo responsable y no abusivo del c&aacute;&ntilde;amo, buscando una alternativa al mercado negro, con respeto a la legalidad vigente y sancionando con la expulsi&oacute;n de la Asociaci&oacute;n la comisi&oacute;n de actos delictivos de tr&aacute;fico de drogas, es evidente que las intervenciones policiales con ocupaci&oacute;n de dosis de marihuana a socios que la obtuvieron all&iacute;, o la incautaci&oacute;n en la propia sede, &ldquo;son actividades que representan la raz&oacute;n de ser de la Asociaci&oacute;n respecto de lo que el Ministerio Fiscal en su informe no efectu&oacute; ning&uacute;n reparo&rdquo;.</p> <p><strong>Doctrina del Pleno de la Sala</strong></p> <p>Por su parte, en el caso de la sentencia del Pleno de la Sala de septiembre de 2015, el tribunal apreci&oacute; un error de prohibici&oacute;n pero vencible, es decir, no inevitable, ya que en ese supuesto los acusados no hicieron nada por superar el error y disipar dudas sobre la licitud de su actividad. La existencia de error aunque vencible, supuso que hubiera una rebaja en las condenas en esa sentencia de Pleno.</p> <p>La sentencia insiste, por tanto, en que su decisi&oacute;n no supone una contradicci&oacute;n con lo resuelto en la sentencia del Pleno Jurisdiccional citado, al existir un hecho diferencial que justific&oacute; una soluci&oacute;n diferente a la acordada en dicho Pleno.</p> <p><strong>Voto particular a favor de la condena</strong></p> <p>La sentencia incluye el voto particular de uno de los cinco magistrados que la firman, Jos&eacute; Ram&oacute;n Soriano Soriano, en el que se&ntilde;ala que la conducta de los dos acusados es delictiva y que habr&iacute;a que condenarles por un delito de tr&aacute;fico de drogas de los que no causan grave da&ntilde;o a la salud, dada la concurrencia de un error vencible de prohibici&oacute;n, como ocurri&oacute; en la sentencia del Pleno Jurisdiccional que sent&oacute; doctrina.</p> <p>En su voto, indica que no se puede entender que los acusados creyeran firmemente que estaban desarrollando una actividad legal, penalmente hablando, aunque la sociedad pudiera desarrollar otras actividades distintas, que no integrar&iacute;an delito alguno. Adem&aacute;s, subraya, ni la cantidad de droga que manejaba la sociedad, ni el n&uacute;mero de socios (400), ni el cultivo ilegal a gran escala, ni la posibilidad de consumo en el exterior del club permiten dibujar un supuesto de creencia equivocada de un comportamiento ajustado a derecho.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=57f3eb7b32c95510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 29 Jun 2016 16:30:00 +0200 El Tribunal Supremo plantea cuestión de inconstitucionalidad contra doce artículos de la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=d3e8eb7b32c95510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>&nbsp;</p> <p>La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha dictado varios autos en los que plantea cuesti&oacute;n de inconstitucionalidad contra doce art&iacute;culos de la Ley 15/2012, de medidas fiscales para la sostenibilidad energ&eacute;tica, al tener dudas sobre la constitucionalidad de tres impuestos regulados en dicha norma: el Impuesto sobre el Valor de la Producci&oacute;n de Energ&iacute;a El&eacute;ctrica, el Impuesto sobre la Producci&oacute;n de Combustible Nuclear Gastado y Residuos Radioactivos, y el Impuesto sobre el Almacenamiento de Combustible Nuclear Gastado y Residuos Radioactivos.</p> <p>En los tres casos, la Sala tiene dudas sobre la finalidad medioambiental de dichos impuestos, que los magistrados entienden que podr&iacute;an estar gravando el mismo hecho imponible o la misma manifestaci&oacute;n de riqueza ya gravada por otros impuestos, por lo que creen que el Tribunal Constitucional debe dilucidar si vulneran el art&iacute;culo 31.1 de la Constituci&oacute;n, que se&ntilde;ala que &ldquo;todos contribuir&aacute;n al sostenimiento de los gastos p&uacute;blicos de acuerdo con su capacidad econ&oacute;mica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ning&uacute;n caso, tendr&aacute; alcance confiscatorio&rdquo;.</p> <p>El planteamiento de las cuestiones de inconstitucionalidad ha sido acordado por la Sala al examinar los recursos de UNESA (Asociaci&oacute;n Espa&ntilde;ola de Industria El&eacute;ctrica), Iberdrola y Endesa contra las &oacute;rdenes de Hacienda que establecen los modelos de dichos impuestos.</p> <p>En sus resoluciones, el Supremo destaca que los recurrentes pudieran tener raz&oacute;n al afirmar que la verdadera realidad perseguida con dichos impuestos es financiar el d&eacute;ficit tarifario.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=d3e8eb7b32c95510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 29 Jun 2016 14:40:00 +0200 El Tribunal Supremo fija que el vendedor puede repercutir el IBI al comprador desde la fecha de entrega de la propiedad http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=6f609f472a695510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha establecido como doctrina jurisprudencial que &ldquo;el art&iacute;culo 63.2 de la Ley de Haciendas Locales se ha de interpretar de forma que, en caso de ausencia de pacto en contrario, el vendedor que abone el IBI podr&aacute; repercutirlo sobre el comprador en proporci&oacute;n al tiempo que cada una de las partes haya ostentado la titularidad dominical y por el tiempo que sea&rdquo;.</p> <p>El Supremo da la raz&oacute;n a dos sociedades que vendieron el 16 de marzo de 2009 a otra compa&ntilde;&iacute;a 155 plazas de garaje en Madrid, y condena a esa &uacute;ltima entidad a pagar a los vendedores 8.562 euros del IBI correspondiente al periodo comprendido entre el 16 de marzo y el 31 de diciembre de 2009, impuesto de dicho a&ntilde;o que hab&iacute;a sido &iacute;ntegramente abonado por las sociedades vendedoras al serle reclamado por la autoridad tributaria.</p> <p>Los vendedores, a quien en primera instancia un Juzgado de Madrid les hab&iacute;a dado la raz&oacute;n, acudieron al Supremo despu&eacute;s de que la Audiencia de Madrid se pronunciara a favor de los compradores y rechazara que debieran pagar cantidad alguna a los vendedores por el IBI del a&ntilde;o 2009. Los recurrentes destacaron en su recurso ante el Supremo la existencia de jurisprudencia contradictoria de las audiencias provinciales sobre la materia, presentando sentencias que daban la raz&oacute;n al vendedor y otras, al comprador.</p> <p>En su sentencia, el Supremo resuelve que la regla general, en caso de ausencia de pacto en contrario, ser&aacute; que el vendedor que abone el IBI podr&aacute; repercutirlo sobre el comprador, en proporci&oacute;n al tiempo en que cada de una de las partes haya ostentado la titularidad dominical. Seg&uacute;n la Ley, el devengo del IBI anual corresponde al propietario en el momento del mismo, que coincide con el primer d&iacute;a del a&ntilde;o natural.</p> <p>Por tanto, en el pleito resuelto, el abono del IBI correspond&iacute;a a los vendedores, como titulares de la propiedad a 1 de enero de 2009, a&ntilde;o de la venta.</p> <p>No se pact&oacute; expresamente la repercusi&oacute;n del impuesto, y la venta se efectu&oacute; libre de cargas y grav&aacute;menes.<br />Cuando el art&iacute;culo 63.2 de la Ley de Haciendas Locales, establece que &ldquo;lo dispuesto en el apartado anterior ser&aacute; de aplicaci&oacute;n sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada conforme a las normas de derecho com&uacute;n&rdquo;, debe entenderse, se&ntilde;ala el Supremo, que el sujeto pasivo del impuesto, en este caso la vendedora, puede repercutirlo, sin necesidad de pacto.</p> <p>El tenor del art&iacute;culo 63.2 citado &ldquo;advierte de la posibilidad de repercusi&oacute;n, sin sujetarlo a pacto que lo permita, limit&aacute;ndose el precepto a establecer que el reparto del importe del impuesto se har&aacute; conforme a las normas de derecho com&uacute;n, que no son otras, en este caso, que las de la compraventa (art. 1445 y siguientes del C&oacute;digo Civil), en virtud de las cuales la compradora debe considerarse propietaria desde el momento de la entrega el 16 de marzo de 2009 (art. 609 del C&oacute;digo Civil)&rdquo;.</p> <p>Sin perjuicio de ello, el Supremo destaca que las partes podr&aacute;n pactar la imposibilidad de la repercusi&oacute;n, aunque la regla general, en caso de ausencia de pacto en contrario, ser&aacute; que el vendedor que abone el IBI podr&aacute; repercutirlo sobre el comprador, insiste la sentencia.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=6f609f472a695510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 28 Jun 2016 14:00:00 +0200 El Tribunal Supremo rechaza la solicitud de retasación de las fincas expropiadas para la ampliación del aeropuerto de Barajas http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2a05b32993695510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de AENA contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 8 de enero de 2015, en relaci&oacute;n con la solicitud de retasaci&oacute;n de fincas expropiadas para la ampliaci&oacute;n del aeropuerto de Madrid-Barajas.</p> <p>El Tribunal Supremo desestima las pretensiones de los propietarios de esas fincas expropiadas contra la resoluci&oacute;n del Subsecretario del Ministerio de Fomento de 12 de noviembre de 2010, por la que desestim&oacute; el recurso de alzada interpuesto por dichos recurrentes contra la desestimaci&oacute;n presunta de la solicitud de retasaci&oacute;n de las fincas expropiadas a aquellos con motivo del proyecto: "17-AENA/92 Aeropuerto de Madrid-Barajas. Expropiaci&oacute;n de terrenos para el desarrollo de nueva zona aeroportuaria. 1&ordf; fase. Pista de vuelo 01L-19R y calles de rodaje. B.- Plataforma de estacionamiento, edificio terminal y accesos".&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2a05b32993695510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 28 Jun 2016 12:39:00 +0200 El Supremo anula la pena de prisión a un profesor acusado de tocamientos a dos alumnas por encima de la ropa y le impone una multa http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=4683895d6b195510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Supremo anula la pena de 10 a&ntilde;os de prisi&oacute;n impuesta por la Audiencia de C&oacute;rdoba a un profesor de m&uacute;sica del conservatorio de Priego de C&oacute;rdoba por delito de abuso sexual, consistente en tocamientos por encima de la ropa a dos alumnas de 10 a&ntilde;os de edad, y establece en su lugar una pena de multa de 2.500 euros por entender que lo cometido debe tipificarse como dos faltas de vejaci&oacute;n injusta. Adem&aacute;s, el profesor deber&aacute; indemnizar con 6.000 euros a cada una de las alumnas, con responsabilidad civil subsidiaria de la Junta de Andaluc&iacute;a.</p> <p>En el presente caso, se&ntilde;ala la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Joaqu&iacute;n Gim&eacute;nez, &ldquo;nos encontramos con unos roces/tocamientos por encima de la ropa por la espalda, gl&uacute;teos y &oacute;rgano sexual de las menores, efectuados de forma epis&oacute;dica en el curso de la clase de guitarra que daba a ambas menores, sin que pueda precisarse la reiteraci&oacute;n de tales roces o tocamientos sin que exista prueba de que eran casi todos los d&iacute;as de clase. Al respecto nos remitimos a lo dicho por las menores a sus padres donde relatan unos hechos --id&eacute;nticos en lo esencial-- pero con una menor intensidad o reiteraci&oacute;n&rdquo;.</p> <p>A la hora de tipificar los hechos enjuiciados en la calificaci&oacute;n jur&iacute;dica procedente y en contra del criterio de la sentencia de instancia, el Supremo considera que, &ldquo;siendo reprochables penalmente, carecen de la consistencia y gravedad que vertebran el delito de abuso sexual por el que han sido condenados, debiendo estimarse como constitutivos de dos vejaciones continuadas injustas del art. 620-2&ordm; Cpenal, texto de la L.O. 5/2010 en vigor al tiempo de la ocurrencia de los hechos. Se est&aacute; en presencia de leves tocamientos externos a trav&eacute;s de la ropa de forma fugaz. Esta calificaci&oacute;n respeta el hecho probado de la sentencia&rdquo;.</p> <p>Adem&aacute;s, la Sala analiza la cuesti&oacute;n desde el punto de vista del principio de proporcionalidad que debe ser el "eje definidor de cualquier decisi&oacute;n judicial", directamente relacionado con el de merecimiento de pena por el disvalor afectado al bien jur&iacute;dico de la libertad sexual e intimidad de las menores. Para el Supremo dicho disvalor est&aacute; suficientemente compensado con la pena correspondiente a la vejaci&oacute;n cometida de acuerdo con la legalidad en vigor al tiempo de la comisi&oacute;n de tales hechos.</p> <p>&ldquo;Consideramos en este control casacional que la nueva calificaci&oacute;n de vejaci&oacute;n, sobre ser m&aacute;s correcta a la entidad de los hechos, es, en relaci&oacute;n a la respuesta penal mucho m&aacute;s respetuosa con el principio de proporcionalidad de la pena&rdquo;. A&ntilde;ade que exist&iacute;a desproporci&oacute;n en la pena impuesta en la instancia al recurrente, dos penas de cinco a&ntilde;os de prisi&oacute;n cada una.</p> <p>En su sentencia, el Supremo rechaza la alegaci&oacute;n del profesor de que se vulner&oacute; su presunci&oacute;n de inocencia, por falta de credibilidad de la declaraci&oacute;n de las dos menores, que fueron la prueba de cargo de las condenas. Entend&iacute;a el acusado que la declaraci&oacute;n de las dos chicas fue producto de &ldquo;un proceso de sugesti&oacute;n colectiva&rdquo;.<br />&ldquo;No existi&oacute; ninguna vulneraci&oacute;n de derechos fundamentales ni en concreto del derecho a la presunci&oacute;n de inocencia, ya que el recurrente fue condenado en virtud de prueba de cargo obtenida con todas las garant&iacute;as, que fue introducida en el Plenario, que fue suficiente desde las exigencias derivadas del derecho a la presunci&oacute;n de inocencia, y prueba que, en fin, fue razonada y razonablemente valorada&rdquo;, dice la sentencia.</p> <p>A&ntilde;ade que las dos chicas hicieron un relato espont&aacute;neo y coincidente en lo esencial -tocamientos o roces epis&oacute;dicos por encima de la ropa en hombros, gl&uacute;teos y en genitales-, a lo que no afecta que por parte de la Guardia Civil se hiciera una pregunta a una de las ni&ntilde;as sobre la frecuencia de los tocamientos que fue claramente sugestiva y no neutra, al instarle a que dijese si todos los d&iacute;as que ten&iacute;a clase se produc&iacute;an los hechos, a lo que la ni&ntilde;a contest&oacute; que s&iacute;.</p> <p>&ldquo;Esta Sala considera, en sinton&iacute;a con lo razonado en la sentencia de instancia, que las menores Y y X no mienten en lo referente a los roces por la espalda, gl&uacute;teos y zona genital provocados por el recurrente con ocasi&oacute;n de las clases de guitarra pero pueden haber distorsionado los mismos en relaci&oacute;n al n&uacute;mero de veces&rdquo;, expone la resoluci&oacute;n.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=4683895d6b195510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 27 Jun 2016 15:30:00 +0200 El Tribunal Supremo confirma la orden que fija tarifas máximas aplicables a la asistencia sanitaria concertada http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=edcb895d6b195510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Contencioso-administrativo que confirma la Orden de la Consejer&iacute;a de Sanidad, de 4 de noviembre de 2010, que fijaba tarifas m&aacute;ximas aplicables a la asistencia sanitaria concertada por el Servicio Gallego de Salud y revisaba los precios de los conciertos vigentes.</p> <p>La sentencia revoca el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que, despu&eacute;s de reconocer la legitimaci&oacute;n de la Federaci&oacute;n Espa&ntilde;ola de Empresas de Tecnolog&iacute;a Santiaria (FENIN) para recurrir, declar&oacute; la nulidad de la citada Orden porque en su elaboraci&oacute;n se omiti&oacute; un tr&aacute;mite esencial del procedimiento como es el informe de la Secretar&iacute;a Xeral T&eacute;cnica.</p> <p>El Servicio Gallego de Salud mantuvo en su recurso de casaci&oacute;n que la sentencia recurrida reconoc&iacute;a legitimaci&oacute;n para impugnar una Orden, que se aplica exclusivamente a empresas que tuvieran conciertos de asistencia sanitaria con el Sergas, a una asociaci&oacute;n formada por entidades que comercializan material sanitario por lo que su inter&eacute;s en este asunto es de mera legalidad.</p> <p>La sentencia del Tribunal Supremo estima dicho recurso y afirma que de los estatutos de FENIN se puede concluir que sus actividades est&aacute;n relacionadas con la tecnolog&iacute;a y productos sanitarios pero en ning&uacute;n caso se prev&eacute; como actividad que permita la pertenencia a la misma la prestaci&oacute;n de servicios sanitarios por lo que no est&aacute; afectada directamente por el contenido de la Orden.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=edcb895d6b195510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 27 Jun 2016 14:30:00 +0200 El Tribunal Supremo condena a un periódico por publicar insultos al expresidente canario Paulino Rivero http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=3e3a7d8613d75510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Civil ha condenado a la editora y al director del peri&oacute;dico &ldquo;El D&iacute;a&rdquo; a abonar una indemnizaci&oacute;n de 30.000 euros al expresidente de Canarias Paulino Rivero por intromisi&oacute;n ileg&iacute;tima en su honor al ser calificado en editoriales publicados en dicho diario con expresiones como &ldquo;enano&rdquo;, &ldquo;memo&rdquo;, &ldquo;incapaz cerebral&rdquo;, &ldquo;hijo de p.&rdquo;, &ldquo;morralla&rdquo; o &ldquo;chucho&rdquo;.</p> <p>El Supremo cree que se trata de expresiones &ldquo;completamente innecesarias para la cr&iacute;tica pol&iacute;tica&rdquo;, y que no est&aacute;n justificadas por el ejercicio leg&iacute;timo de la libertad de expresi&oacute;n del director y la empresa editora del peri&oacute;dico, &ldquo;pues &eacute;stos no gozan de un derecho a insultar, humillar y escarnecer, tampoco en el caso de que el destinatario del insulto ostente un cargo p&uacute;blico y los insultos se realicen con ocasi&oacute;n de pol&eacute;micas de car&aacute;cter pol&iacute;tico. Las personas que ostentan cargos p&uacute;blicos han de soportar las cr&iacute;ticas a su actuaci&oacute;n, incluso las m&aacute;s acervas e hirientes, pero no tienen por qu&eacute; soportar ser escarnecidas y humilladas con insultos, tanto m&aacute;s cuando los mismos se repiten durante un periodo prolongado de tiempo&rdquo;.</p> <p>En ese sentido, el Supremo se&ntilde;ala que otras expresiones usadas por los editoriales del peri&oacute;dico s&iacute; estuvieron amparadas por la libertad de expresi&oacute;n, al hacer cr&iacute;tica pol&iacute;tica pese a usar un modo desabrido, &ldquo;atribuyendo al demandante conductas dictatoriales, prepotentes o despreciativas de los ciudadanos canarios, y se atribuya a su acci&oacute;n de gobierno la realizaci&oacute;n de actuaciones injustas, favorecedoras de los medios period&iacute;sticos de la competencia o de sus allegados. Pueden considerarse tambi&eacute;n amparadas por el ejercicio leg&iacute;timo de la libertad de expresi&oacute;n el empleo de calificativos del demandante que puedan hacer referencia a aspectos de su personalidad relacionados con su actuaci&oacute;n como cargo p&uacute;blico, por m&aacute;s duras que resulten (&ldquo;traidor&rdquo;, &ldquo;antipatriota&rdquo;, &ldquo;dictadorzuelo&rdquo;, &ldquo;incompetente&rdquo;, y otras similares)&rdquo;.</p> <p>El Juzgado de Primera Instancia n&uacute;mero 6 de Santa Cruz de Tenerife, que vi&oacute; primero el caso, estim&oacute; parcialmente la demanda de Rivero y fij&oacute; una indemnizaci&oacute;n de 60.000 euros en su favor. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife anul&oacute; esa resoluci&oacute;n y absolvi&oacute; al peri&oacute;dico.<br />El Supremo ahora estima en parte el recurso de Rivero pero establece la mitad de la indemnizaci&oacute;n concedida por el Juzgado de Primera Instancia (un total de 30.000 euros) atendiendo a que entre las expresiones usadas por el diario algunas est&aacute;n amparadas por la libertad de expresi&oacute;n y otras no.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=3e3a7d8613d75510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 23 Jun 2016 14:20:00 +0200 El Tribunal Supremo rechaza aplicar el nuevo Código Penal a cuatro miembros de Gestoras Pro Amnistía y mantiene sus condenas http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=91f9fe8e2fc75510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha rechazado revisar las condenas a 8 a&ntilde;os de c&aacute;rcel impuestas por sentencia firme a cuatro responsables de Gestoras Pro Amnist&iacute;a, que reclamaban esa reducci&oacute;n por la entrada en vigor, el 1 de julio de 2015, de una reforma del C&oacute;digo Penal que permite (nuevo art&iacute;culo 579 bis.4) rebajar las penas en uno o dos grados en los delitos de terrorismo cuando, atendidas las circunstancias concretas del caso, se estime que el hecho es objetivamente de menor gravedad.</p> <p>Los magistrados, por un lado, consideran aplicable dicho art&iacute;culo al delito de integraci&oacute;n en organizaci&oacute;n terrorista, por el que estaban condenados los cuatro recurrentes, pero a&ntilde;aden que, adem&aacute;s, deben valorarse las actividades y misiones de cada integrante dentro de la organizaci&oacute;n terrorista.</p> <p>En el caso de los cuatro recurrentes, la Sala entiende que no se les puede aplicar el art&iacute;culo, con la rebaja de condena que supone, porque se trata de responsables territoriales o de &aacute;rea en Gestoras Pro Amnist&iacute;a, &ldquo;lo que revela una posici&oacute;n preponderante&rdquo; en dicha organizaci&oacute;n, y no de &ldquo;meros militantes activos que, te&oacute;ricamente, ocupar&iacute;an posiciones subordinadas a ellos&rdquo;.</p> <p>La sentencia resuelve los recursos planteados por cuatro responsables de Gestoras condenados a 8 a&ntilde;os de prisi&oacute;n por delito de integraci&oacute;n en organizaci&oacute;n terrorista por la Audiencia Nacional en el a&ntilde;o 2008, resoluci&oacute;n que fue confirmada por el Tribunal Supremo el a&ntilde;o siguiente.</p> <p>Ahora, recurr&iacute;an contra el auto de ejecuci&oacute;n de sus sentencias, dictado por la Audiencia Nacional el pasado mes de febrero, que les deneg&oacute; la revisi&oacute;n de las condenas que ped&iacute;an en aplicaci&oacute;n del nuevo art&iacute;culo 579 bis.4 del C&oacute;digo Penal, que dice textualmente: &ldquo;Los jueces y tribunales, motivadamente, atendiendo a las circunstancias concretas, podr&aacute;n imponer tambi&eacute;n la pena inferior en uno o dos grados a la se&ntilde;alada en este cap&iacute;tulo, para el delito de que se trate, cuando el hecho sea objetivamente de menor gravedad, atendidos el medio empleado o el resultado producido&rdquo;.&nbsp;&nbsp;</p> <p>En relaci&oacute;n a las circunstancias concretas de cada uno de los cuatro recurrentes, el Supremo se&ntilde;ala que Jos&eacute; Mar&iacute;a Olabarrieta fue condenado como responsable de la llamada "&aacute;rea de huidos" de Gestoras; Alejandro Velasco como coordinador en Navarra y adem&aacute;s responsable del "&aacute;rea de solidaridad y asistencia"; Joseba Gotzon Amaro como responsable del "&aacute;rea de libertades democr&aacute;ticas"; y Jes&uacute;s Felipe Arriaga, como responsable de comunicaci&oacute;n.</p> <p>&ldquo;Todos estos aspectos &ndash;indica el Supremo-- fueron tenidos en cuenta en la sentencia de instancia (la de la Audiencia Nacional de 2008) para imponer la pena privativa de libertad en una extensi&oacute;n superior al m&iacute;nimo legal, y condujo a esta Sala a considerar en la sentencia de casaci&oacute;n que las penas hab&iacute;an sido individualizadas correctamente, afirmando que las impuestas eran plenamente proporcionadas a la gravedad de unos hechos como los enjuiciados&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=91f9fe8e2fc75510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 23 Jun 2016 13:28:00 +0200 El Tribunal Supremo establece que la Fundación Gala-Salvador Dalí no tiene legitimación para proteger el derecho de imagen del pintor http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=8c88987cf9875510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Civil ha rechazado el recurso de casaci&oacute;n de la Fundaci&oacute;n Gala-Salvador Dal&iacute; en el que solicitaba que se declarara la intromisi&oacute;n ileg&iacute;tima en los derechos de imagen del artista, adem&aacute;s del pago de una indemnizaci&oacute;n de un 1 por ciento de la cifra de negocios obtenida en una exposici&oacute;n en la que se expon&iacute;an sus obras.</p> <p>La sentencia indica que tanto por la falta de designaci&oacute;n de la fundaci&oacute;n para ejercer la acci&oacute;n de tutela, de acuerdo con el art&iacute;culo 4.1 LO 1/1982, como porque la protecci&oacute;n que pretende no es la memoria del difunto, sino intereses de car&aacute;cter estrictamente patrimonial, debe confirmarse la sentencia de la Audiencia Provincial que estim&oacute; la falta de legitimaci&oacute;n activa de la recurrente.</p> <p>Salvador Dal&iacute; i Domenech en su testamento, otorgado el 20 de septiembre de 1982, nombr&oacute; al Estado Espa&ntilde;ol heredero universal y libre de todos sus bienes, derechos y creaciones art&iacute;sticas, con el objeto de conservar, divulgar y proteger sus obras de arte.</p> <p>Un a&ntilde;o m&aacute;s tarde, el artista firm&oacute; la escritura p&uacute;blica de constituci&oacute;n de la Fundaci&oacute;n Gala-Salvador Dal&iacute; para proteger y defender la obra art&iacute;stica, cultural e intelectual del pintor, sus bienes y derechos de cualquier naturaleza, su memoria y el reconocimiento universal de su aportaci&oacute;n a las bellas artes, la cultura y el pensamiento contempor&aacute;neo.</p> <p>Tras su muerte, el 23 de enero de 1989, el Estado acept&oacute; el testamento y en fecha posterior autoriz&oacute; al Ministerio de Cultura para otorgar temporalmente de forma directa y con car&aacute;cter exclusivo la administraci&oacute;n y explotaci&oacute;n de los derechos de propiedad intelectual, propiedad inmaterial, de imagen, industrial, marcas, patentes y dem&aacute;s derechos derivados de la obra art&iacute;stica de Salvador Dal&iacute;.</p> <p>La citada Fundaci&oacute;n y Demart Pro Arte, B.v. y Visual Entidad de Gesti&oacute;n de Artistas Pl&aacute;sticos demand&oacute; a Juan Javier Boffill Pellicer y Faber Gotic, S. L. por vulneraci&oacute;n de los derechos de marcas, de propiedad intelectual, de imagen y conducta desleal al haber utilizado el nombre y la imagen de Salvador Dal&iacute;, con fines publicitarios y comerciales, en una exposici&oacute;n dedicada al artista, organizada en el Real C&iacute;rculo Art&iacute;stico de Barcelona, donde se expon&iacute;an obras escult&oacute;ricas integrantes de la denominada &ldquo;Colecci&oacute;n Clot&rdquo;.</p> <p>El juzgado Mercantil consider&oacute; vulnerados los derechos de marca y de propiedad intelectual, y, adem&aacute;s, que se realizaron actos de competencia desleal por parte de la demandada, aunque absolvi&oacute; a Juan Javier Boffil Pellicer. Sin embargo, entendi&oacute; que no se hab&iacute;a vulnerado el derecho a la propia imagen que, en este caso, quedaba tutelado por el reconocimiento de los derechos de explotaci&oacute;n vinculados a la propiedad intelectual y por las conductas de deslealtad imputadas a Faber Gotic, S. L.</p> <p>Por su parte, la Audiencia Provincial conden&oacute; a la sociedad y a Juan Javier Boffil Pellicer. Respecto al derecho a la propia imagen, tambi&eacute;n desestim&oacute; esta petici&oacute;n con el argumento de que el hecho de que el Estado espa&ntilde;ol, como heredero universal, hubiera cedido todos sus derechos a la fundaci&oacute;n no justificaba la legitimaci&oacute;n activa de la misma para ejercer la acci&oacute;n de tutela del derecho de imagen del artista fallecido.</p> <p>De acuerdo con la sentencia recurrida, la Sala de lo Civil resuelve sobre este &uacute;ltimo derecho &ndash;el &uacute;nico recurrido en casaci&oacute;n- que Salvador Dal&iacute; nombr&oacute; al Estado heredero universal pero no design&oacute; en el mismo a ninguna persona que ostentara la legitimaci&oacute;n para su tutela, como establece el art&iacute;culo 4.1 LO 1/1982. Asimismo, a&ntilde;ade que la escritura de constituci&oacute;n de la fundaci&oacute;n y el nombramiento de un heredero universal no equivale a la designaci&oacute;n espec&iacute;fica que exige el citado art&iacute;culo.</p> <p>Del mismo modo, concluye que la fundaci&oacute;n no pretende la protecci&oacute;n de la memoria del pintor, sino la explotaci&oacute;n del contenido estrictamente patrimonial de su imagen (nombre y figura), debido a que los demandados no hab&iacute;an acordado con ella la autorizaci&oacute;n para el uso de tales signos e im&aacute;genes mediante el pago de la correspondiente retribuci&oacute;n.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=8c88987cf9875510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 22 Jun 2016 17:03:00 +0200 El Supremo anula las sanciones a cinco guardias civiles por consumir drogas en el trabajo http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=54dd7c1cd0875510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala V, de lo Militar, del Tribunal Supremo, ha confirmado la anulaci&oacute;n de las sanciones disciplinarias impuestas en septiembre de 2014 por el ministro de Defensa a cinco guardias civiles del Puesto Fiscal de Ibiza por considerar que hab&iacute;an cometido la falta muy grave de consumir drogas durante el servicio, en concreto fumar porros de hach&iacute;s.</p> <p>El Supremo ratifica la sentencia del Tribunal Militar Central que anul&oacute; las sanciones (que iban desde 6 meses hasta 1 a&ntilde;o de suspensi&oacute;n de empleo), argumentando que en las grabaciones de v&iacute;deo donde salen los encartados s&oacute;lo se aprecia que est&aacute;n preparando en papel de fumar una mezcla de tabaco con otra sustancia que no ha quedado acreditado que fuese droga. Adem&aacute;s, en caso de haberlo sido, tampoco est&aacute; probado que la consumieran durante el servicio, ya que lo &uacute;nico grabado es la preparaci&oacute;n.</p> <p>En cuanto a las anal&iacute;ticas de detecci&oacute;n de consumo de t&oacute;xicos cuyos resultados obran en el expediente disciplinario, no cabe deducir, en el caso de las positivas a cannabis (que no son todas), cu&aacute;ndo se produjeron los respectivos consumos de dicha sustancia, seg&uacute;n destac&oacute; el Tribunal de instancia.</p> <p>El Supremo destaca que no puede deducirse, como pretende el abogado del Estado, que los agentes hubieren mezclado con el tabaco alguna sustancia estupefaciente, t&oacute;xica o psicotr&oacute;pica, pues aun cuando, ciertamente, es ese el modo habitual de fumar cannabis, &ldquo;no lo es menos que, como bien dice la Sala sentenciadora en su fundamentada resoluci&oacute;n, no existe prueba suficiente de la naturaleza de la sustancia manipulada en las diversas ocasiones por los hoy recurridos, ni de cuando se produjo, si es que as&iacute; ocurri&oacute;, el consumo de los cigarrillos que aquellos prepararon en la forma que se describe en la declaraci&oacute;n de hechos probados&rdquo;.</p> <p>&ldquo;En consecuencia &ndash;a&ntilde;aden los magistrados--, no existe prueba suficiente ni para reprochar a los hoy recurridos que la sustancia que mezclaron en los cigarrillos que prepararon fuera de las que se enuncian en el tipo disciplinario muy grave que se incardina en el segundo inciso del apartado 23 del art&iacute;culo 7 de la Ley Org&aacute;nica 12/2007, de 22 de octubre, del r&eacute;gimen disciplinario de la Guardia Civil -"sustancias estupefacientes, t&oacute;xicas o psicotr&oacute;picas"-, ni que llegaran a consumir alguno de tales cigarrillos -conteniendo cualquiera de tales sustancias- o que lo hicieran precisamente durante el servicio que a cada uno de aquellos correspond&iacute;a&rdquo;.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=54dd7c1cd0875510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 22 Jun 2016 15:29:00 +0200 El Supremo confirma la condena a un policía de Fuerteventura que detuvo a un abogado que iba a denunciarle http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=b384b78d5e775510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado la condena por delitos de detenci&oacute;n ilegal, denuncia falsa y falta de lesiones a un polic&iacute;a local de Puerto del Rosario (Fuerteventura) por su actuaci&oacute;n con un ciudadano que se person&oacute; en Comisar&iacute;a para denunciarle por llamarle &ldquo;imb&eacute;cil&rdquo;.</p> <p>La pena incluye ocho a&ntilde;os de inhabilitaci&oacute;n absoluta, que conlleva la p&eacute;rdida definitiva de la condici&oacute;n de funcionario de la Polic&iacute;a Local de Puerto del Rosario y la imposibilidad de obtener dicho empleo p&uacute;blico durante ocho a&ntilde;os en cualquier cuerpo policial del Estado. Adem&aacute;s, tendr&aacute; que pagar una multa de 8.550 euros, e indemnizar con 10.210 euros a la v&iacute;ctima, que es un abogado que lleva m&aacute;s de 25 a&ntilde;os ejerciendo en Fuerteventura.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=b384b78d5e775510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 22 Jun 2016 13:50:00 +0200 El Tribunal Supremo establece que en los casos de trata de seres humanos hay que condenar por tantos delitos como víctimas haya http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2e74a1deab275510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha establecido, en un Pleno no jurisdiccional, que en el delito de trata de seres humanos hay que condenar por tantos delitos como v&iacute;ctimas haya para proteger la dignidad de cada una de ellas.</p> <p>Seg&uacute;n han acordado los magistrados, el bien protegido en este tipo de comportamientos delictivos es la dignidad, que &ldquo;est&aacute; caracterizada por ser una cualidad que adorna y protege a la persona individualmente, no siendo por consiguiente un concepto global, y ello entra&ntilde;a lo personal&iacute;simo de tal bien jur&iacute;dico protegido&rdquo;.</p> <p>La primera sentencia a la que se ha aplicado este criterio dobla la condena &ndash;de 5 a&ntilde;os y 6 meses de prisi&oacute;n a 10 a&ntilde;os y 7 meses- para cada uno de los dos acusados de traer a Espa&ntilde;a a dos ciudadanas nigerianas a las que prometieron que iban a trabajar en Tenerife como peluqueras.</p> <p>Una vez all&iacute;, sin embargo, les dijeron que ten&iacute;an que ejercer la prostituci&oacute;n para saldar la deuda que hab&iacute;an contra&iacute;do con ellos -4.000 euros cada una-, al tiempo que las amedrentaban y presionaban para que aceptaran las condiciones impuestas.</p> <p>La Sala Segunda considera que cada uno de los acusados cometi&oacute; dos delitos de trata de seres humanos en concurso medial con un delito de prostituci&oacute;n coactiva, y no uno s&oacute;lo como entendi&oacute; la Audiencia Provincial de Santa Cruz&nbsp;de Tenerife, que tambi&eacute;n conden&oacute; por otro de inmigraci&oacute;n ilegal, delito que s&iacute; confirma el Tribunal Supremo.</p> <p>En esta sentencia se aplica por primera vez el acuerdo de Pleno no Jurisdiccional, de 31 de mayo de 2016, para la unificaci&oacute;n de criterios que establece que &ldquo;el delito de trata de seres humanos definido en el art&iacute;culo 177 bis del C&oacute;digo Penal, reformado por la LO 1/2015, de 30 de marzo, obliga a sancionar tantos delitos como v&iacute;ctimas, con arreglo a las normas que regulan el concurso real&rdquo;.</p> <p>La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Juli&aacute;n S&aacute;nchez Melgar, estima el recurso de casaci&oacute;n interpuesto por el fiscal que hab&iacute;a solicitado una condena por dos delitos y no por uno, como mantuvo durante la instrucci&oacute;n y el juicio.</p> <p>La Sala resuelve que en estos casos se est&aacute; ante un sujeto pasivo individual, y no difuso o plural, y afirma que, adem&aacute;s, cuando el precepto excluye todo tipo de consentimiento de la v&iacute;ctima en estos comportamientos delictivos, que proyectan su protecci&oacute;n por encima de cualquier otra consideraci&oacute;n, la ley penal contempla a la v&iacute;ctima como un sujeto pasivo individual.</p> <p>Asimismo, destaca que este caso es distinto a otros delitos, como ocurre con la inmigraci&oacute;n ilegal, donde se considera que se ha cometido un solo delito aunque afecte a varias personas, debido a que el bien protegido es distinto &ndash; el control estatal sobre los flujos migratorios.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2e74a1deab275510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 21 Jun 2016 14:20:00 +0200 El Tribunal Supremo confirma la condena a la Junta de Extremadura a devolver 11,7 millones de euros a Iberdrola http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=fac5bd1e05275510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Supremo ha confirmado la sentencia del TSJ de Extremadura que estim&oacute; el recurso contencioso-administrativo promovido por Iberdrola Generaci&oacute;n, S.A.U contra la resoluci&oacute;n adoptada el 12 de abril de 2012 por la Junta Econ&oacute;mico-Administrativa de la Comunidad Aut&oacute;noma de Extremadura.</p> <p>Esta resoluci&oacute;n administrativa de revisi&oacute;n declar&oacute; que no hab&iacute;a lugar a las reclamaciones acumuladas instadas por la mencionada compa&ntilde;&iacute;a frente a la desestimaci&oacute;n presunta (despu&eacute;s expresa, mediante resoluci&oacute;n aprobada el 19 de noviembre de 2010 por el Jefe de la Secci&oacute;n de Gesti&oacute;n Tributaria y Juego de la Consejer&iacute;a de Administraci&oacute;n P&uacute;blica y Hacienda de la Junta de Extremadura) de la solicitud de devoluci&oacute;n de ingresos indebidos y rectificaci&oacute;n de la autoliquidaci&oacute;n del impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente, correspondiente al ejercicio 2009, por importe de 11.766.266,10 euros.</p> <p>El Tribunal Constitucional, en 2015, declar&oacute; inconstitucionales varios art&iacute;culos de la Ley extreme&ntilde;a 7/1997, de 29 de mayo, de Medidas Fiscales sobre la Producci&oacute;n y Transporte de Energ&iacute;a que incidan sobre el Medio Ambiente, que son los aplicados en los actos administrativos que se encuentran en el origen de este proceso.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=fac5bd1e05275510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 21 Jun 2016 12:20:00 +0200 El Tribunal Supremo fija que las personas jurídicas de Derecho Público no son titulares del derecho al honor http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=18abbd1e05275510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha fijado como doctrina jurisprudencial que "las personas jur&iacute;dicas de Derecho p&uacute;blico no son titulares del derecho al honor que garantiza el art&iacute;culo 18.1 de la Constituci&oacute;n espa&ntilde;ola".</p> <p>La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Fernando Pantale&oacute;n Prieto, rechaza el recurso de un Ayuntamiento asturiano que reclamaba que se declarase una vulneraci&oacute;n de su derecho al honor a ra&iacute;z de las alegaciones que hizo un particular con motivo de un expediente administrativo abierto sobre una concesi&oacute;n, cuestionando la propia apertura al no existir estudio de impacto ambiental ni informe de sanidad y denunciando que se falsific&oacute; la autorizaci&oacute;n de carreteras.</p> <p>La Sala Primera se cuestion&oacute; de oficio si el Ayuntamiento, en cuanto persona jur&iacute;dica de Derecho P&uacute;blico, sin individualizar a sus miembros, era o no titular del derecho fundamental al honor, concluyendo que no.</p> <p>Los magistrados se han basado en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, al estimar que el honor tiene en la Constituci&oacute;n un significado personalista y que por ello resulta inadecuado hablar de honor de las instituciones p&uacute;blicas.</p> <p>Se adjunta nota de la Sala.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=18abbd1e05275510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 21 Jun 2016 12:00:00 +0200 El Tribunal Supremo se pronuncia sobre los efectos de la incomparecencia del procurador en el acto de la vista http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2b08ebdfb7d65510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha estimado un recurso por infracci&oacute;n procesal que conlleva la anulaci&oacute;n de las dos sentencias dictadas en primera y en segunda instancia en un caso en el que, estando las partes presentes, incluidos los demandantes asistidos de su abogado, la procuradora de &eacute;stos no compareci&oacute; por causas que ellos ignoraban.</p> <p>La juez de primera instancia tuvo a la parte actora por incomparecida y solo de practic&oacute; la prueba documental propuesta por la parte demandada, desestim&aacute;ndose la demanda. La Audiencia Provincial confirm&oacute; posteriormente la sentencia.</p> <p>Ahora, el Tribunal Supremo, en una resoluci&oacute;n de la que ha sido ponente el magistrado Antonio Salas Carceller, se&ntilde;ala que si bien el art&iacute;culo 432 de la Ley de Enjuiciamiento Civil es clara al requerir la presencia de procurador y letrado para tener por comparecida a una parte, vistas las circunstancias del caso la decisi&oacute;n adoptada por la juez de primera instancia resulta desproporcionada y contraria a los derechos constitucionales de tutela judicial y defensa en juicio.</p> <p>El alto tribunal se&ntilde;ala que la incomparecencia del procurador puede comportar consecuencias disciplinarias, pero que no ha de suponer la privaci&oacute;n al litigante de toda posibilidad de defensa en juicio cuando &eacute;l mismo est&aacute; presente y asistido por un abogado, pudiendo el juez instar a la parte a sustituir al ausente por otro procurador incluso sin necesidad de apoderamiento previo.</p> <p>Se adjunta nota de la Sala.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2b08ebdfb7d65510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 20 Jun 2016 13:00:00 +0200 El Tribunal Supremo condena a un teniente de navío por trato degradante a una marinero en Isla Alborán http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2f9a3408bfd55510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala V, de lo Militar, del Tribunal Supremo ha confirmado una condena de dos a&ntilde;os, siete meses y 15 d&iacute;as de prisi&oacute;n al teniente de nav&iacute;o Antonio del R.P. por delito de trato degradante a una marinero. Los hechos ocurrieron en la madrugada del d&iacute;a de A&ntilde;o Nuevo de 2014 en la Isla de Albor&aacute;n, donde el oficial era el comandante del Destacamento y la segunda una de las marineros all&iacute; destinadas.</p> <p>Los hechos probados de la sentencia ratificada se&ntilde;alan que, tras una cena de Nochevieja de todos los miembros del Destacamento, hac&iacute;a las 5 de la ma&ntilde;ana, el teniente de nav&iacute;o toc&oacute; la cintura de la marinero y la dijo que "lo que pasaba en Albor&aacute;n se quedaba en Albor&aacute;n&rdquo;. Luego, en un camino estrecho y de escasa visibilidad de la isla, el oficial se coloc&oacute; detr&aacute;s de la mujer, la agarr&oacute; con una de sus manos por las mu&ntilde;ecas llev&aacute;ndoselas a la espalda de la misma e inmoviliz&aacute;ndola, &ldquo;al tiempo que con la otra mano libre le tapaba la boca, evitando as&iacute;, que pudiera &eacute;sta avisar a sus compa&ntilde;eros que iban delante. Acto seguido el oficial tir&oacute; de la cabeza a la marinero hasta apoyarla en su hombro, dici&eacute;ndole que no gritara que no pasaba nada y besuque&aacute;ndola en el cuello y la cara&rdquo;.</p> <p>La marinero &ndash;prosiguen los hechos-- logr&oacute; zafarse un instante y pudo gritar el nombre de una compa&ntilde;era, pero inmediatamente el oficial la volvi&oacute; a agarrar por el brazo izquierdo, tirando de ella hacia atr&aacute;s, haciendo que cayese al suelo boca arriba, &ldquo;momento que &eacute;ste aprovech&oacute; para colocarse a horcajadas encima de la marinero y darle un beso en la cara, inmoviliz&aacute;ndole los brazos que ten&iacute;a extendidos a lo largo del cuerpo, con sus rodillas. Al mismo tiempo, le tapaba la boca con la mano derecha para que no gritase y le dec&iacute;a &lsquo;p&oacute;rtate bien que t&uacute; eres una ni&ntilde;a muy buena, esta noche te voy a hacer una reina, te voy a chupar entera y te voy a hacer un traje de saliva, esta noche te vas a meter en mi cama conmigo que te voy a hacer cosas que nunca te han hecho&rsquo;.</p> <p>&ldquo;El teniente de nav&iacute;o, que besaba a la marinero por toda la cara, le agarr&oacute; la mano izquierda para coloc&aacute;rsela sobre su pantal&oacute;n, oblig&aacute;ndole de este modo a tocarle sus genitales. El oficial tocaba a la marinero por todo el cuerpo, meti&oacute; su mano a trav&eacute;s de la cinturilla de ch&aacute;ndal, lleg&aacute;ndole a tocar por debajo de la ropa interior a la altura del vientre y la zona del pecho, por debajo de la sudadera y por encima del sujetador&rdquo;. La marinero logr&oacute; escapar del teniente de nav&iacute;o, que posteriormente la rog&oacute; por sus hijos que no contase nada, llegando a ofrecerle dinero si no lo revelaba. Tras conocerse lo sucedido, el oficial fue relevado del puesto.</p> <p>El Tribunal Supremo rechaza en su sentencia los recursos de casaci&oacute;n interpuestos tanto por el oficial como por la marinero contra la sentencia del Tribunal Militar Central que estableci&oacute; contra el teniente de nav&iacute;o una pena de 2 a&ntilde;os, 7 meses y 15 d&iacute;as de prisi&oacute;n por delito consumado de abuso de autoridad en su modalidad de trato degradante, con aplicaci&oacute;n de la eximente incompleta de trastorno mental transitorio. Adem&aacute;s tendr&aacute; que pagar una indemnizaci&oacute;n a la marinero (que se concretar&aacute; en fase de ejecuci&oacute;n de sentencia) con declaraci&oacute;n de la responsabilidad civil subsidiaria del Estado.</p> <p>El alto tribunal desestima que se haya vulnerado el derecho a la presunci&oacute;n de inocencia del acusado, ya que el tribunal de instancia ha explicado razonadamente los motivos por los que otorga cr&eacute;dito absoluto a la v&iacute;ctima, cuyo testimonio est&aacute; corroborado adem&aacute;s por otras declaraciones, pruebas periciales y documentales. Tampoco acepta aplicar al oficial la eximente completa de trastorno mental transitorio, ya que el informe pericial m&eacute;dico s&oacute;lo reconoce que ten&iacute;a alteradas, pero no anuladas, sus capacidades para obrar. Adem&aacute;s, no acepta que se le aplique la eximente completa de embriaguez, ya que fue precisamente la embriaguez la que determin&oacute; el trastorno transitorio que como eximente incompleta s&iacute; se ha apreciado.</p> <p>El Supremo tambi&eacute;n rechaza la alegaci&oacute;n del oficial de que la pena impuesta no se rebajase en un grado por la concurrencia de dicha eximente incompleta. En ese sentido, respalda que el tribunal de instancia concretar&aacute; la pena a la vista de la condici&oacute;n de jefe de Destacamento que ostentaba el acusado, la notable diferencia de graduaci&oacute;n entre agresor y v&iacute;ctima, gravedad de la conducta, lugar donde se desarrollaron los hechos, y conocimiento previo que el acusado ten&iacute;a de los efectos que le pod&iacute;a producir el consumo de alcohol.</p> <p>Respecto al recurso de la v&iacute;ctima, contraria a que se hubiese estimado el trastorno mental transitorio incompleto, la Sala contesta que se ha considerado probado que el teniente de nav&iacute;o consumi&oacute; alcohol la noche de los hechos, y que fue ese consumo, unido a la base patol&oacute;gica que padece, la que provoc&oacute; el trastorno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2f9a3408bfd55510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 17 Jun 2016 12:55:00 +0200 El Supremo establece que la retribución por vacaciones debe incluir todos los conceptos retributivos ordinarios http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=062298e8cf855510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado dos sentencias sobre la retribuci&oacute;n aplicable al per&iacute;odo de vacaciones, a la vista de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Uni&oacute;n Europea (TJUE) en sus sentencias de 22 de mayo 2014 en el asunto C-139/12 &ldquo;Lock&rdquo; y de 12 de junio de 2014, en el asunto c-118/13 &ldquo;Bollacke&rdquo;. La Sala, rectificando anterior doctrina, considera que la retribuci&oacute;n normal o media que ha de ser abonada a los trabajadores durante su per&iacute;odo de descanso anual y que debe fijar la negociaci&oacute;n colectiva en cada caso, seg&uacute;n la normativa contenida en el art&iacute;culo 7.1 del Convenio 132 OIT y en el art&iacute;culo 7 de la Directiva 2003/88, ha de atender no obstante a la finalidad de descanso efectivo que tienen las vacaciones retribuidas y no puede disuadir o desincentivar su disfrute. Mientras duren las vacaciones anuales debe mantenerse la retribuci&oacute;n del trabajador, que debe continuar percibiendo la retribuci&oacute;n ordinaria.</p> <p>Es por ello que en el caso de las empresas de contact center considerado en la primera de las dos sentencias simult&aacute;neamente deliberadas, un concepto como el de comisiones y/o incentivos a la producci&oacute;n variables y percibido con cierta habitualidad por los trabajadores de dicho sector debe ser incluido en la retribuci&oacute;n normal o media a percibir durante sus vacaciones.</p> <p>En el segundo de los recursos, referido a la empresa Telef&oacute;nica M&oacute;viles Espa&ntilde;a SAU, la Sala estima que, de los tres conceptos controvertidos en el caso, el bonus de devengo anual en funci&oacute;n de objetivos es un concepto extraordinario y retribuye de por s&iacute; las vacaciones incluidas en el per&iacute;odo anual considerado, por lo que no se a&ntilde;ade al importe a percibir durante el per&iacute;odo vacacional. Por el contrario el complemento de carrera comercial es un concepto fijo de devengo mensual y el complemento de disponibilidad es obligatorio para el personal que presta servicios en unidades que requieran un mantenimiento u operaci&oacute;n permanente, por lo que ambos complementos deben ser incluidos en la retribuci&oacute;n a percibir durante las vacaciones. Esta &uacute;ltima sentencia cuenta con dos votos particulares concurrentes con el fallo pero que discrepan de la fundamentaci&oacute;n expuesta en la decisi&oacute;n mayoritaria.</p> <p><em><strong>Se adjunta comunicado de la Sala</strong></em>.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=062298e8cf855510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 16 Jun 2016 14:00:00 +0200 El Tribunal Supremo rechaza la resolución del contrato de concesión de la autopista de peaje Madrid-Toledo http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=3c8b98e8cf855510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de la sociedad concesionaria de la autopista de peaje Madrid-Toledo, que reclamaba la resoluci&oacute;n del contrato de concesi&oacute;n, adjudicado en 2004, por considerar alterados sustancialmente los elementos del mismo debido a que no se ha realizado la autopista Toledo-Ciudad Real-C&oacute;rdoba, cuya entrada en servicio se preve&iacute;a simult&aacute;nea a la anterior.</p> <p>Antes de esta demanda de resoluci&oacute;n de contrato, presentada en 2014, la misma sociedad concesionaria reclam&oacute; un reequilibrio econ&oacute;mico-financiero de la concesi&oacute;n derivado de la no construcci&oacute;n de la citada autopista Toledo-C&oacute;rdoba, proyecto que fue aparcado tras un informe medioambiental contrario de 2007.</p> <p>El Supremo estim&oacute; en 2011 esa reclamaci&oacute;n y reconoci&oacute; el derecho de la sociedad a que se restableciese el equilibrio econ&oacute;mico y financiero de la concesi&oacute;n. En julio de 2015, el Gobierno aprob&oacute; un Real Decreto de compensaciones a abonar entre 2016 y 2045 a la sociedad en cumplimiento de la citada sentencia del Supremo.</p> <p>El alto tribunal entiende que no hay una imposibilidad de continuaci&oacute;n del servicio que justifique la resoluci&oacute;n del contrato, como lo prueban precisamente los propios actos de la concesionaria al solicitar el reequilibrio econ&oacute;mico, sin perjuicio de que la sociedad pueda estar disconforme con la soluci&oacute;n dada a dicho reequilibrio por el Gobierno, cuyo montante podr&aacute; impugnar a trav&eacute;s del cauce procedente.</p> <p>La Sala comparte el criterio de la Abogac&iacute;a del Estado de que no se est&aacute; ante una modificaci&oacute;n de la concesi&oacute;n, sino ante un reequilibrio econ&oacute;mico producido como consecuencia de la no realizaci&oacute;n de una obra distinta, la autov&iacute;a Toledo-C&oacute;rdoba, &ldquo;pero la autov&iacute;a de Madrid a Toledo de la que es concesionaria la recurrente no ha sido alterada en sus t&eacute;rminos sustanciales&rdquo;.</p> <p>&ldquo;Y es posible que, de no haberse producido la reciente crisis econ&oacute;mica, pese a la no ejecuci&oacute;n de la obra prevista que unir&iacute;a por autov&iacute;a las ciudades de Toledo y C&oacute;rdoba, la explotaci&oacute;n de la concesionaria recurrente fuera rentable&rdquo;, agregan los magistrados.</p> <p>La Abogac&iacute;a del Estado, a quien da la raz&oacute;n el Supremo, destac&oacute; que solicitar el restablecimiento econ&oacute;mico-financiero de la concesi&oacute;n supon&iacute;a optar por una alternativa contraria a la resoluci&oacute;n del contrato, por lo cual la demandante iba contra sus propios actos al pedir ahora esa medida a pesar de haberle sido concedido ya el restablecimiento del equilibrio econ&oacute;mico de la concesi&oacute;n.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=3c8b98e8cf855510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 16 Jun 2016 13:46:00 +0200 El Tribunal Supremo absuelve a una funcionaria de Hacienda condenada por facilitar información del empresario Ángel Fenoll http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=3b2646aa00455510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Tribunal Supremo ha absuelto a una funcionaria de la delegaci&oacute;n de Hacienda de Alicante que hab&iacute;a sido condenada a dos a&ntilde;os de prisi&oacute;n y seis de inhabilitaci&oacute;n por facilitar datos fiscales del empresario &Aacute;ngel Fenoll P&eacute;rez y su familia. Tambi&eacute;n ha sido absuelta la persona a la que facilit&oacute; la informaci&oacute;n que fue condenado a la misma pena de prisi&oacute;n.</p> <p>La Sala Segunda anula la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante que consider&oacute; probado que la acusada -funcionaria de la Agencia Estatal de la Administraci&oacute;n Tributaria destinada en el departamento de Discrepancias de Renta de dicha delegaci&oacute;n-, a requerimiento del otro acusado facilit&oacute; datos fiscales del citado empresario, as&iacute; como de su familia y de sus empresas, que no estaba autorizado a conocer al no estar disponibles para el p&uacute;blico conocimiento ni contaba con autorizaci&oacute;n para obtenerlos.</p> <p>&nbsp;La mujer facilit&oacute; informaci&oacute;n relativa a ingresos de &Aacute;ngel Fenoll a efectos de la declaraci&oacute;n de IRPF, empresas en las que el mismo ten&iacute;a relaci&oacute;n de participaci&oacute;n y sobre el contenido del impreso 347 (operaciones con tercero) presentado por la esposa de dicho empresario.</p> <p>Para acceder a dicha informaci&oacute;n, indicaba la sentencia recurrida, la trabajadora no tuvo que burlar ninguna medida de seguridad y utiliz&oacute; su clave de usuaria del sistema en el que estaban almacenados. &nbsp;A&ntilde;ad&iacute;a que no se hab&iacute;a acreditado que la acusada facilitara ninguna informaci&oacute;n relevante de la inspecci&oacute;n fiscal a la que estaba siendo sometida una empresa del mencionado empresario.</p> <p>Ambos alegaron en sus respectivos recursos de casaci&oacute;n que hab&iacute;an sido condenados por un delito m&aacute;s grave del que hab&iacute;an sido acusados y que se hab&iacute;a vulnerado el principio acusatorio y el derecho de defensa al declararse probados &nbsp;unos hechos que son distintos a los que fueron objeto de acusaci&oacute;n.</p> <p>La Sala Segunda indica que es cierto que en los hechos que se declaran probados en la sentencia recurrida se incluye: &ldquo;facilit&oacute; a &eacute;ste datos fiscales que no estaba autorizado a conocer&rdquo; y &ldquo;ni contaba con autorizaci&oacute;n para obtenerlos&rdquo;. Esos elementos, subraya, no aparecen en los escritos de acusaci&oacute;n del Ministerio Fiscal y del Abogado del Estado.</p> <p>Con esos &ldquo;a&ntilde;adidos&rdquo;, la Audiencia Provincial de Alicante, se&ntilde;alan los magistrados, ha alterado sustancialmente los hechos que se imputan a la acusada, conculcando el derecho a una defensa contradictoria en relaci&oacute;n con el de ser informado de la acusaci&oacute;n.</p> <p>La sentencia afirma que &ldquo;no puede considerarse que la informaci&oacute;n a la que accedi&oacute; indebidamente la acusada y transmiti&oacute; al coacusado fuese relevante para el inter&eacute;s de la Administraci&oacute;n y para la causa p&uacute;blica, m&aacute;xime cuando el destinatario final era el interesado al que se refer&iacute;an esos datos quien los pod&iacute;a obtener, como se dice en el relato f&aacute;ctico, en el modo establecido por las leyes y reglamentos tributarios&rdquo;.</p> <p>Por todo ello, concluye, el comportamiento de la funcionaria &ldquo;no tiene entidad para superar el il&iacute;cito administrativo y considerar delictiva esa conducta&rdquo; y, al no considerar los hechos constitutivos de delito, absuelve a la mujer y a la persona a la que facilit&oacute; la informaci&oacute;n del delito de descubrimiento y revelaci&oacute;n de secretos por el que fueron condenados.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=3b2646aa00455510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 15 Jun 2016 16:20:00 +0200 El TS condena a cuatro años de cárcel a un empresario por la explotación ilegal de una cantera que alteró el espacio protegido de Las Médulas (León) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=c1ac46aa00455510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Tribunal Supremo ha confirmado los cuatro a&ntilde;os de c&aacute;rcel al consejero delegado de la empresa que explot&oacute; ilegalmente durante diez a&ntilde;os una cantera de piedra caliza en Carucedo (Le&oacute;n), provocando la alteraci&oacute;n del paisaje del Espacio Natural de Las M&eacute;dulas, y realizando vertidos a un arroyo y un embalse.</p> <p>La resoluci&oacute;n ratifica la condena que la Audiencia de Le&oacute;n impuso al empresario, J.L.M.P., por delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. Adem&aacute;s, deber&aacute; pagar 475.000 euros a la Consejer&iacute;a de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y Le&oacute;n para actuaciones de restauraci&oacute;n en la citada cantera, denominada Pe&ntilde;a del Rego, situada en la zona perif&eacute;rica de protecci&oacute;n de Las M&eacute;dulas.</p> <p>La sentencia confirmada consider&oacute; de &ldquo;gravedad extrema&rdquo; la alteraci&oacute;n del paisaje del Espacio Natural de Las M&eacute;dulas provocada por la cantera, al crear artificialmente un inmenso p&aacute;ramo, a lo que se sum&oacute; los vertidos al cauce fluvial del arroyo Balado y el embalse de Pe&ntilde;arrubia procedentes de la escorrent&iacute;a de la explotaci&oacute;n obviando la balsa de decantaci&oacute;n instalada.</p> <p>El alto tribunal, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Andr&eacute;s Mart&iacute;nez Arrieta, rechaza todos los motivos del recurso planteado por J.L.M.P. Primero desestima su pretensi&oacute;n de que la responsabilidad penal deb&iacute;a corresponder en todo caso a la empresa y no a &eacute;l, recordando que en la fecha de los hechos &ndash;entre 1997 y 2009&mdash;no estaba en vigor el art&iacute;culo del C&oacute;digo Penal que establece la responsabilidad penal de las personas jur&iacute;dicas, pero que, por otra parte, la responsabilidad penal de la persona f&iacute;sica es independiente de la posible de la empresa.</p> <p>El Supremo subraya que al menos durante 10 a&ntilde;os, en los cuales el recurrente fue consejero delegado la empresa, la misma &ldquo;actu&oacute; sin licencia y sin evaluaci&oacute;n del impacto ambiental lo que era conocido por el acusado, como consejero delegado de una empresa que actuaba a cielo abierto en un paraje especialmente protegido&rdquo;.</p> <p>La sentencia indica que &ldquo;la licencia se pidi&oacute; en 2007 cuando era precisa desde a&ntilde;os antes&rdquo;, y el acusado conoc&iacute;a o deb&iacute;a conocer &ldquo;la causaci&oacute;n del riesgo y de da&ntilde;os ecol&oacute;gicos en el paisaje y con la realizaci&oacute;n de vertidos al arroyo y al embalse. Ese conocimiento del da&ntilde;o causado y de lo que deb&iacute;a realizar para impedir su causaci&oacute;n, junto a la omisi&oacute;n voluntaria de un actuar adecuado a la exigencia de la norma, convierte a su conducta en dolosa pues refleja una indiferencia a la producci&oacute;n del da&ntilde;o por parte de quien est&eacute; especialmente obligado a presenciar al bien jur&iacute;dico como agente responsable de una actuaci&oacute;n peligrosa sometida a especiales cautelas que el recurrente no lleg&oacute; a realizar&rdquo;.</p> <p>&ldquo;Dada la actividad arriesgada y las exigencias derivadas de la singularidad de la industria realizada no cabe arg&uuml;ir un desconocimiento de la normativa aplicable, pues la singularidad de la industria exige un estudio consciente de la normativa aplicable, precisamente para subvenir el riesgo especialmente protegido&rdquo;, agrega.</p> <p>Por &uacute;ltimo, el Supremo rechaza la alegaci&oacute;n de J.L.M.P de que se hab&iacute;a infringido el derecho a la igualdad en este caso, al haber sido absuelto por la Audiencia de Le&oacute;n el alcalde de Carucedo de un delito de prevaricaci&oacute;n ambiental. &ldquo;Mientras el acusado recurrente era el consejero delegado de una empresa respecto a la que el hecho probado refiere su inacci&oacute;n para no evitar el da&ntilde;o producido, el Alcalde absuelto, seg&uacute;n se declara probado, resolvi&oacute; una solicitud de licencia que fue otorgada tras los distintos asesoramientos requeridos y que obran en el expediente, licencia que fue finalmente revocada por la jurisdicci&oacute;n contencioso administrativa. Como se motiva en la sentencia la exigencia t&iacute;pica de una actuaci&oacute;n "a sabiendas" del tipo penal de la prevaricaci&oacute;n medioambiental impide la aplicaci&oacute;n de la norma penal objeto de la acusaci&oacute;n. El presupuesto f&aacute;ctico de uno y otro acusado es distinto por lo que no existe vulneraci&oacute;n del derecho fundamental a la igualdad&rdquo;.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=c1ac46aa00455510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 15 Jun 2016 15:16:00 +0200 El Tribunal Supremo confirma la condena a cinco años de prisión a un abogado por estafa http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=61c6f05ddee45510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal ha confirmado la pena a cinco a&ntilde;os, seis meses y un d&iacute;a de prisi&oacute;n, adem&aacute;s de inhabilitaci&oacute;n especial para el ejercicio de la profesi&oacute;n y multa, impuesta por la Audiencia Provincial de Valencia a un abogado que estaf&oacute; a 23 clientes.</p> <p>La sentencia considera probado que se aprovech&oacute; de ser una persona conocida en la poblaci&oacute;n para atraer a clientes que depositaban su confianza en su trabajo. De ellos, indica la Sala Segunda, recib&iacute;a la documentaci&oacute;n y el dinero, como provisi&oacute;n de fondo, iniciando una actuaci&oacute;n profesional que luego abandonaba, y, al no estar localizado, los clientes no pod&iacute;an contactar con &eacute;l ni pod&iacute;an iniciar nuevas actuaciones en defensa de sus intereses al no tener la documentaci&oacute;n necesaria que hab&iacute;an entregado al condenado.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=61c6f05ddee45510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 14 Jun 2016 15:50:00 +0200 El Tribunal Supremo constata que la proporción de falsos relatos de abuso sexual infantil por parte de las víctimas es muy reducida http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=52c1dd2545e45510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal de Tribunal Supremo ha condenado a 18 a&ntilde;os y medio de c&aacute;rcel a un hombre por agresi&oacute;n sexual continuada a su sobrina desde que ella ten&iacute;a entre 7 y 8 a&ntilde;os de edad. En la resoluci&oacute;n, el alto tribunal desestima el argumento del condenado que pon&iacute;a en duda el testimonio de la v&iacute;ctima, al considerarla cre&iacute;ble, y aprovecha para subrayar que &ldquo;existe consenso cient&iacute;fico en que la proporci&oacute;n de falsos relatos de abuso sexual infantil es muy reducida, pues la posici&oacute;n de dependencia del menor respecto del agresor, m&aacute;xime cuando la agresi&oacute;n se produce en el &aacute;mbito familiar, le hace poco propicio para formular una acusaci&oacute;n falsa. El miedo al rechazo, junto a los sentimientos de verg&uuml;enza y culpa, as&iacute; como las frecuentes amenazas, suelen impedir la revelaci&oacute;n del abuso&rdquo;.</p> <p>El Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado C&aacute;ndido Conde-Pumpido, explica que las investigaciones criminol&oacute;gicas de abusos sexuales sobre menores de doce a&ntilde;os, realizadas en hospitales, institutos m&eacute;dico forenses, centros de investigaci&oacute;n y agencias de protecci&oacute;n del menor, ponen de manifiesto dos datos relevantes que como reglas de experiencia refuerzan la necesidad de utilizaci&oacute;n del testimonio de la v&iacute;ctima como prueba de cargo y al mismo tiempo ratifican la exigencia del m&aacute;ximo rigor en su valoraci&oacute;n.</p> <p>El primero es el del bajo n&uacute;mero de falsos testimonios, y el segundo dato es que se constata como muy elevada la proporci&oacute;n de casos de abuso sexual sobre menores que no presentaron ninguna alteraci&oacute;n en el examen f&iacute;sico. Esta ausencia de hallazgos m&eacute;dico forenses puede obedecer a varias razones. En primer lugar, puede tratarse de una modalidad de abuso que no ocasione trauma, como caricias, roces en zonas er&oacute;genas o requerimientos de masturbaci&oacute;n sobre el abusador, por ejemplo, que no dejan huella f&iacute;sica. En segundo lugar, aun cuando se produzcan lesiones genitales o anales, el retraso con el que normalmente se realizan las denuncias, incluso a&ntilde;os despu&eacute;s de haberse producido los hechos, puede determinar que las lesiones hayan cicatrizado, sin dejar vestigios o dejando vestigios inespec&iacute;ficos.</p> <p>La frecuente ausencia de vestigios f&iacute;sicos, unido al secreto que suele revestir esta clase de conductas, obliga a recurrir como prueba de cargo habitual a la declaraci&oacute;n de la v&iacute;ctima. La constataci&oacute;n de que existen supuestos de relatos falsos, aun cuando sean minoritarios, exige que esta prueba se valore en funci&oacute;n de una serie de par&aacute;metros que, conforme a reglas de experiencia, permiten constatar racionalmente la veracidad del testimonio.<br />En el caso estudiado, el Supremo confirma 13 a&ntilde;os y medio de c&aacute;rcel por agresi&oacute;n sexual continuada para un hombre que comenz&oacute; a abusar de su sobrina cuando ella ten&iacute;a 7 u 8 a&ntilde;os. Cuando la menor comenz&oacute; a ir al Instituto, e incluso antes, comenz&oacute; a meterle los dedos en la vagina y le dec&iacute;a que si no se lo permit&iacute;a le contar&iacute;a a sus padres y a sus amigos lo que hac&iacute;a y difundir&iacute;a las fotos y v&iacute;deos sexuales que le hac&iacute;a. Cuando la menor ten&iacute;a 12 &oacute; 13 a&ntilde;os, el condenado comenz&oacute; a tener relaciones sexuales completas con ella. Estos hechos se prolongaron hasta el 28 de julio de 2014.</p> <p>El 30 de julio de 2014 el acusado fue detenido, si&eacute;ndole intervenido en una cartera tres sobres dirigidos a amigos o compa&ntilde;eros de la ni&ntilde;a, uno de los cuales con cuatro fotograf&iacute;as de la menor desnuda y dos fotocopias en color. Las fotos proven&iacute;an de dos v&iacute;deos realizados por el acusado en el a&ntilde;o 2012. El material pornogr&aacute;fico producido por el acusado lo utilizaba para su propio uso y para intimidar a su sobrina con divulgarlo sino acced&iacute;a a sus deseos de tipo sexual.</p> <p>EL Supremo destaca que en este supuesto el relato de la v&iacute;ctima cont&oacute; con la credibilidad subjetiva y objetiva que debe constatarse. Su testimonio se uni&oacute; adem&aacute;s al reconocimiento sustancial de los hechos por el acusado y a la tenencia de las fotos y mensajes que le fueron ocupados, por lo que fue prueba h&aacute;bil y suficiente para desvirtuar la presunci&oacute;n constitucional de inocencia.</p> <p>La Sala s&iacute; estima parcialmente el recurso del hombre en relaci&oacute;n al delito de producci&oacute;n de material pornogr&aacute;fico utilizando a una menor de 13 a&ntilde;os, por el que es condenado a 5 a&ntilde;os de prisi&oacute;n frente a los 7 a&ntilde;os que le impuso la Audiencia de Zaragoza. El motivo, apoyado por el Ministerio Fiscal, es que cuando la v&iacute;ctima es &uacute;nica, como en este caso, este tipo delictivo no admite la continuidad que apreci&oacute; la Audiencia Provincial, aunque se realicen varias fotograf&iacute;as o grabaciones. El tipo penal refiere la elaboraci&oacute;n de un material, que da idea de una pluralidad de componentes que integran ese material pornogr&aacute;fico referido a un &uacute;nico sujeto pasivo. En total, el hombre es condenado a 18 a&ntilde;os y medio de prisi&oacute;n.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=52c1dd2545e45510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 14 Jun 2016 12:50:00 +0200 El Tribunal Supremo anula las penas de seis procesados por defraudar cuotas del IVA de CD y DVD http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=3edf1838b9945510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala II del Tribunal Supremo ha anulado las condenas impuestas por la Audiencia Nacional a seis personas en el denominado &lsquo;caso Verbatim&rsquo;, por supuestas cuotas del IVA defraudadas por dicha empresa de CD y DVD.</p> <p>La Sala absuelve a los seis acusados que ven&iacute;an condenados por la Audiencia Nacional a penas de entre 2 a&ntilde;os y medio y 3 a&ntilde;os de c&aacute;rcel por delito continuado contra la Hacienda P&uacute;blica, debido a que &ldquo;el c&aacute;lculo de las cuotas defraudadas no se ha realizado correctamente, por lo que no es posible tener acreditado, m&aacute;s all&aacute; de toda duda razonable que su importe anual super&oacute; los 120.000 euros que exige la ley penal&rdquo;.</p> <p>En esta causa fueron acusaci&oacute;n particular varias empresas de derechos de productores y autores, como la SGAE o EGEDA, cuyos recursos tambi&eacute;n se estiman en el sentido de revocar la condena que les impuso la Audiencia Nacional a pagar las costas de una determinada persona acusada que fue absuelta ya en primera instancia.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=3edf1838b9945510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 13 Jun 2016 14:33:00 +0200 Condenada a 13 años de prisión una pareja empleada de una funeraria que planificó asesinar a un empresario http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=10e8c31fd7945510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Tribunal Supremo ha condenado a un total de 13 a&ntilde;os de c&aacute;rcel a un hombre y una mujer, que eran amantes y empleados de una funeraria, por concertarse para asesinar al suegro del hombre, que era un importante empresario. El plan criminal se frustr&oacute; porque la persona a la que encargaron organizar el asesinato se lo cont&oacute; a la Polic&iacute;a.</p> <p>La mujer, Ana Bel&eacute;n E.G., es condenada a 8 a&ntilde;os de prisi&oacute;n, por dos delitos de proposici&oacute;n de asesinato, ya que en su caso se ha probado que no s&oacute;lo encarg&oacute; acabar con la vida del suegro de su amante sino tambi&eacute;n con la de otro compa&ntilde;ero de trabajo con quien manten&iacute;a una relaci&oacute;n afectiva. La pena es de 4 a&ntilde;os por cada uno de los dos delitos.</p> <p>Por su parte, el hombre, Jes&uacute;s M.P.-P., es condenado a 5 a&ntilde;os de c&aacute;rcel por un delito de proposici&oacute;n de asesinato, el de su suegro, siendo de aplicaci&oacute;n en su caso la agravante de parentesco.</p> <p>El Supremo aprecia parcialmente los recursos de ambos acusados contra la sentencia de primera instancia, dictada por la Audiencia de Madrid, que impuso 10 a&ntilde;os de c&aacute;rcel a la mujer y 6 a&ntilde;os al hombre. El motivo es la estimaci&oacute;n de la atenuante de dilaciones indebidas (los hechos ocurrieron en 2008 y principios de 2009), por lo que se reduce la pena en un a&ntilde;o por cada uno de los delitos, de modo que se le imponen a la acusada cuatro a&ntilde;os de prisi&oacute;n por cada una de las proposiciones de asesinato y cinco a&ntilde;os al acusado por su proposici&oacute;n delictiva.<br />El alto tribunal rechaza la aplicaci&oacute;n de la figura del delito provocado al no quedar probado que la iniciativa en la decisi&oacute;n homicida de los acusados la llevara la persona que se habr&iacute;a de encargar de materializar los delitos de asesinato y que acab&oacute; denunciando los hechos a la polic&iacute;a.</p> <p>Asimismo, se desestima el recurso de casaci&oacute;n del suegro del acusado (acusador particular) por no darse los supuestos necesarios para imputarle a su yerno dos proposiciones de asesinato en lugar de una, ni tampoco los requisitos para las agravaciones punitivas que interesa para ambos acusados.</p> <p>Seg&uacute;n los hechos probados de la sentencia, Ana Bel&eacute;n y Jes&uacute;s comenzaron una relaci&oacute;n sentimental en el a&ntilde;o 2008, cuando se conocieron en el trabajo, que los dos desempe&ntilde;aban como empleados de la Funeraria Servisa. La acusada estaba casada, y manten&iacute;a, al tiempo que la relaci&oacute;n extramatrimonial con el acusado, una tercera relaci&oacute;n afectiva con otro compa&ntilde;ero de trabajo, que desconoc&iacute;a su relaci&oacute;n con aqu&eacute;l.</p> <p>El acusado estaba igualmente casado; disfrutando por raz&oacute;n de tal matrimonio, del alto nivel econ&oacute;mico del padre de su mujer, quien le minusvaloraba ya desde el noviazgo, consider&aacute;ndole sin preparaci&oacute;n ni formaci&oacute;n, de manera que para mantenerle apartado de sus propios negocios, le hizo firmar, previamente a la celebraci&oacute;n del matrimonio con su hija, el r&eacute;gimen econ&oacute;mico de separaci&oacute;n de bienes. &ldquo;Lo que no impidi&oacute;, pese al resentimiento del acusado, que &eacute;ste disfrutara la solvencia econ&oacute;mica de la esposa, conforme a su exclusivo inter&eacute;s, manejando el dinero de aqu&eacute;lla, que plenamente confiada en su marido no comprobaba extremo alguno referido a esta cuesti&oacute;n, como tampoco sospechaba de la relaci&oacute;n extramatrimonial que &eacute;l manten&iacute;a con la acusada, a la que la esposa conoc&iacute;a simplemente como una compa&ntilde;era de trabajo&rdquo;, seg&uacute;n se&ntilde;ala la resoluci&oacute;n.</p> <p>La amante, a trav&eacute;s de su relaci&oacute;n con Jes&uacute;s, &ldquo;se beneficiaba de la desahogada posici&oacute;n econ&oacute;mica de la mujer de su amante, disfrutando de viajes y estancias en hoteles, que el acusado cargaba a la cuenta de regalos de su boda con aqu&eacute;lla, o del pago de algunos de sus gastos ordinarios, tales como repostaje de gasolina, su compra diaria, o el pago de los recibos de la l&iacute;nea telef&oacute;nica que el acusado le procur&oacute;, solo para hablar con &eacute;l&rdquo;.</p> <p>&ldquo;Sabedores los acusados de que, a trav&eacute;s de la mujer de aqu&eacute;l podr&iacute;an seguir manejando el dinero del suegro, animados por el rencor que Jes&uacute;s Moreno sent&iacute;a hacia su suegro, y que su amante interioriz&oacute; como propio a lo largo de su relaci&oacute;n afectiva, idearon acabar con la vida de &eacute;ste, en la creencia de que de esta manera, la hija y esposa del acusado acceder&iacute;a a su parte de patrimonio&rdquo;, a&ntilde;aden los hechos probados.</p> <p>A tal fin, en el mes de septiembre de 2008 y durante los cuatro meses posteriores, Ana Bel&eacute;n contact&oacute; telef&oacute;nicamente con otro hombre, a quien conoc&iacute;a desde hac&iacute;a a&ntilde;os, &ldquo;con quien manten&iacute;a una fluida relaci&oacute;n incluso con connotaciones sexuales&rdquo;, y de quien ella pensaba que ten&iacute;a contactos con personas que pod&iacute;an acabar con la vida de otros. Entonces le manifest&oacute; su deseo, as&iacute; como el plan que hab&iacute;a tramado con Jes&uacute;s, de acabar con la vida del suegro, para disfrutar con su amante, de los beneficios de las empresas de aqu&eacute;l. Igualmente, le hizo saber su determinaci&oacute;n de matar a su otro amante en la funeraria, de quien dijo que le acosaba sexualmente, a&ntilde;adiendo que deber&iacute;a ser el primero en morir, porque podr&iacute;a llegar a sospechar que, ella y Jes&uacute;s Moreno, ten&iacute;an algo que ver en la muerte del empresario.</p> <p>El hombre contactado para realizar el crimen recibi&oacute; dinero de los acusados como adelanto, y Ana Bel&eacute;n le dio tambi&eacute;n datos sobre los dos objetivos, como veh&iacute;culo que usaban, horarios oficina o domicilio, y un juego de llaves de la vivienda del empresario. Sin embargo, lo que hizo el 26 de enero de 2009 fue contactar con la comisar&iacute;a de Polic&iacute;a de Alcal&aacute; de Henares y denunciar los hechos.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=10e8c31fd7945510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 13 Jun 2016 13:00:00 +0200 El Tribunal Supremo permite a los pilotos hablar con los controladores aéreos en español cuando todos sean nativos de este idioma http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=98bc745922a35510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Social del Tribunal Supremo permitir&aacute; a los pilotos hablar en espa&ntilde;ol y no en ingl&eacute;s en sus comunicaciones con los controladores a&eacute;reos siempre que todos los interlocutores u oyentes tengan este idioma como lengua nativa.</p> <p>La sentencia resuelve el conflicto entre los pilotos y Air Nostrum -380 trabajadores- que comenz&oacute; cuando la compa&ntilde;&iacute;a les envi&oacute;, el 25-1-2014, una circular comunic&aacute;ndoles que, a requerimiento de la Agencia Estatal de Seguridad A&eacute;rea, todas las conversaciones ATC (Air Traffic Control) en todos los vuelos de la compa&ntilde;&iacute;a se tendr&iacute;an que realizar en ingl&eacute;s. Meses m&aacute;s tarde, matiz&oacute; dicha orden indic&aacute;ndoles que s&oacute;lo ser&iacute;a obligatorio el uso de dicho idioma cuando en la misma frecuencia de comunicaciones intervinieran tripulaciones hispano y no hispanohablantes, y, adem&aacute;s, en los vuelos de Madrid, Barcelona, Palma o Canarias, tal como recomiendan los organismos internacionales.</p> <p>El Sindicato Espa&ntilde;ol de Pilotos de L&iacute;neas A&eacute;reas present&oacute; una demanda en la que solicitaba que se anulara la decisi&oacute;n de la empresa por ser contraria al Convenio de Telecomunicaciones Aeron&aacute;uticas, al Reglamento de Circulaci&oacute;n A&eacute;rea y a la Constituci&oacute;n. En la misma ped&iacute;a que se declarara la facultad de los pilotos de utilizar el castellano en las comunicaciones aeroterrestres en territorio espa&ntilde;ol y el ingl&eacute;s cuando entiendan que es m&aacute;s adecuado en funci&oacute;n de los interlocutores de la frecuencia en que tiene lugar la comunicaci&oacute;n ATC.</p> <p>La Audiencia Nacional estim&oacute; parcialmente la demanda del SEPLA y reconoci&oacute; el derecho de los pilotos a hablar espa&ntilde;ol cuando &eacute;sta sea la lengua nativa de los interlocutores u oyentes, argumentando que en estos casos, al tener un nivel 6 de competencia ling&uuml;&iacute;stica en castellano &ndash;el m&aacute;ximo-- no era aconsejable obligar a conversar en ingl&eacute;s por razones de seguridad a&eacute;rea.</p> <p>De acuerdo con esos razonamientos, el Tribunal Supremo rechaza el recurso de casaci&oacute;n de este sindicato en una sentencia en la que afirma que la normativa aplicable al caso &ndash;el reglamento de circulaci&oacute;n a&eacute;rea, Real Decreto sobre las condiciones para el ejercicio de funciones del personal de vuelo de aviones civiles y el Convenio de Chicago sobre Aviaci&oacute;n Civil Internacional- no establece normas precisas sobre el idioma que hay que usar en las comunicaciones ATC, por lo que resulta insuficiente para dar una soluci&oacute;n adecuada a los incidentes en materia de seguridad a&eacute;rea por raz&oacute;n del idioma empleado en las mismas.</p> <p>Por ello, a&ntilde;ade, que, aunque la soluci&oacute;n id&oacute;nea para el reglamento de la seguridad a&eacute;rea requiere la pronta intervenci&oacute;n de los poderes p&uacute;blicos, atendiendo al esp&iacute;ritu y finalidad de todo el acervo normativo que trata primordialmente de garantizar al m&aacute;ximo la seguridad del tr&aacute;fico a&eacute;reo, &ldquo;el derecho a usar el castellano no puede considerarse como un derecho absoluto sino que cede, por raz&oacute;n de la seguridad a&eacute;rea, cuando en dichas comunicaciones intervengan o deban ser o&iacute;das por personas que no tienen como lengua nativa el espa&ntilde;ol&rdquo;. Este deber &uacute;ltimo y esencial de preservar la seguridad a&eacute;rea, indica la sentencia, legitima al empresario para, aun en un contexto normativo insuficiente sobre el idioma, adoptar la orden de que las conversaciones se realicen en ingl&eacute;s, con las matizaciones mencionadas.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=98bc745922a35510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 10 Jun 2016 14:00:00 +0200 El Supremo limita el control de transparencia en los contratos hipotecarios a los no consumidores http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=d4b8745922a35510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Primera del Tribunal Supremo, reunida en Pleno, ha resuelto desestimar el recurso de casaci&oacute;n interpuesto contra una sentencia dictada por la Secci&oacute;n 4&ordf; de la Audiencia Provincial de A Coru&ntilde;a, con fecha 29 de mayo de 2014.</p> <p>La demandante, que hab&iacute;a suscribi&oacute; un contrato de pr&eacute;stamo con garant&iacute;a hipotecaria con la finalidad de financiar la adquisici&oacute;n de un local para la instalaci&oacute;n de una oficina de farmacia, formul&oacute; una demanda contra la entidad bancaria, en la que solicit&oacute; la nulidad de la cl&aacute;usula de limitaci&oacute;n del inter&eacute;s variable (cl&aacute;usula suelo) incluida en el contrato. La sentencia de primera instancia estim&oacute; parcialmente la demanda y orden&oacute; la eliminaci&oacute;n de la cl&aacute;usula litigiosa del contrato celebrado entre las partes.</p> <p>Interpuesto recurso de apelaci&oacute;n por la entidad prestamista, la Audiencia Provincial lo estim&oacute; tras confirmar la calificaci&oacute;n de la demandante como no consumidora y de la cl&aacute;usula analizada como una condici&oacute;n general de la contrataci&oacute;n. Consider&oacute; que la informaci&oacute;n ofrecida a la prestataria hab&iacute;a sido suficiente, que no se trataba de una cl&aacute;usula ilegible, ambigua e incomprensible, y que el denominado segundo control de transparencia &uacute;nicamente era aplicable en contratos con consumidores.</p> <p>En la sentencia analizada, de la que ha sido ponente el magistrado Pedro Jos&eacute; Vela Torres, la sala recuerda que tiene declarado que el control de transparencia supone que no pueden utilizarse cl&aacute;usulas que, pese a que gramaticalmente sean comprensibles y est&eacute;n redactadas en caracteres legibles, impliquen inopinadamente una alteraci&oacute;n del objeto del contrato o del equilibrio econ&oacute;mico sobre el precio y la prestaci&oacute;n, que pueda pasar inadvertida al adherente medio.</p> <p>Se adjunta nota informativa de la Sala.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=d4b8745922a35510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 10 Jun 2016 13:17:00 +0200 El Supremo condena a 89 años de cárcel a Ángel Suárez "Casper" http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=439e99429d435510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Tribunal Supremo ha condenado a 89 a&ntilde;os de c&aacute;rcel a &Aacute;ngel Su&aacute;rez Flores &lsquo;Casper&rsquo; por delitos de torturas, amenazas, lesiones, tr&aacute;fico de drogas, detenci&oacute;n ilegal y tenencia il&iacute;cita de armas, por, entre otros hechos, apoderarse de cargamentos de droga de otros narcotraficantes mediante m&eacute;todos violentos y, en ocasiones, usando disfraces de guardias civiles. La sentencia condena a otras 15 personas a penas de entre 1 y 43 a&ntilde;os de prisi&oacute;n.</p> <p>La sentencia de la Sala de lo Penal confirma en lo esencial la sentencia dictada por la Audiencia Nacional el 29 de abril de 2015, de modo que en relaci&oacute;n a &lsquo;Casper&rsquo; s&oacute;lo se le reduce la condena de 90 a 89 a&ntilde;os de prisi&oacute;n al estimarse que en uno de los delitos de lesiones por los que fue condenado, las sufridas por un testigo protegido, la pena debe pasar de seis a cinco a&ntilde;os.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=439e99429d435510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 09 Jun 2016 14:39:00 +0200 El Tribunal Supremo anula las condenas a los exresponsables del Palau de la Música http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2aca99429d435510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha anulado las condenas a un a&ntilde;o de prisi&oacute;n impuestas por la Audiencia Provincial de Barcelona a los exresponsables del Palau de la M&uacute;sica F&eacute;lix Millet y Jordi Montull por un delito de tr&aacute;fico de influencias en el caso del &lsquo;hotel Palau&rsquo;.</p> <p>El alto tribunal ha estimado los recursos interpuestos por los dos condenados y desestimado los recursos del fiscal, de la fundaci&oacute;n privada Orfe&oacute; Catal&aacute; Palau de la M&uacute;sica Catalana y de la Asociaci&oacute;n de Vecinos para la Revitalizaci&oacute;n del Casco Antiguo de Barcelona contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que, adem&aacute;s, absolvi&oacute; a la anterior c&uacute;pula de Urbanismo de Barcelona.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2aca99429d435510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 09 Jun 2016 13:40:00 +0200 El TS confirma la condena a Santiago Calatrava a pagar 2,96 millones de euros por fallos en la construcción del Palacio de Congresos de Oviedo http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=772cbaeb5bf25510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Civil ha confirmado la condena al arquitecto Santiago Calatrava a pagar una indemnizaci&oacute;n de 2,96 millones de euros a la promotora Jovellanos XXI por los fallos en la construcci&oacute;n del Palacio de Congresos de Oviedo. La sentencia considera que el arquitecto es responsable por su conducta negligente de los da&ntilde;os que se produjeron tras el derribo de un grader&iacute;o durante las obras y la construcci&oacute;n de la cubierta que se hizo fija cuando en el contrato estaba previsto que fuera m&oacute;vil.</p> <p>La Sala Primera desestima el recurso de casaci&oacute;n interpuesto por el arquitecto y ratifica el fallo de la Audiencia Provincial de Oviedo que estim&oacute; parcialmente los recursos presentados por ambas partes contra la sentencia del juzgado que cifr&oacute; en 3,27 millones de euros la condena al arquitecto y absolvi&oacute; a la promotora. La sentencia recurrida, en cambio, conden&oacute; a Jovellanos XXI a pagar 7.285.000 de euros al arquitecto en concepto de honorarios y, al mismo tiempo, conden&oacute; a &eacute;ste &uacute;ltimo a pagar a la promotora 10.245.781,74 euros por los defectos en la construcci&oacute;n y sobrecostes en dichas instalaciones. Al restar ambas cantidades, estableci&oacute; que la indemnizaci&oacute;n que finalmente tiene que abonar Santiago Calatrava es de 2,96 millones de euros.</p> <p>El Tribunal Supremo en su sentencia indica que existen unos da&ntilde;os y perjuicios acreditados y evaluados, y una sociedad -Jovellanos- que encarga a otra -Santiago Calatrava LLC- la confecci&oacute;n de un proyecto y la direcci&oacute;n y vigilancia de unos trabajos que se ha visto obligada a satisfacer "por el actuar negligente de quien se hab&iacute;a obligado a ejecutarlos correctamente por un contrato de obra, al que no ha dado cumplimiento, o, si se prefiere, por quien est&aacute; vinculado a un contrato que ha incumplido negligentemente, por no guardar en su forma de actuar la debida diligencia y que ha obligado a la promotora a reparar los desperfectos ocasionados, que ahora reclama".</p> <p>La sentencia considera responsable al arquitecto de los da&ntilde;os ocasionados porque su sociedad era la encargada de la direcci&oacute;n de la obra y de su ejecuci&oacute;n, por imperativo legal y contractual, y como tal &ldquo;responsable de poner las personas necesarias y con suficiente cualificaci&oacute;n, a pie de obra, durante la realizaci&oacute;n de las obras, con el fin de ejecutar el proyecto y validar el mismo&rdquo;.</p> <p>En segundo lugar, afirma que "la contrataci&oacute;n de un arquitecto de evidente renombre internacional para la construcci&oacute;n de una obra singular o emblem&aacute;tica en Oviedo, priorizando esta circunstancia sobre otras posiblemente m&aacute;s econ&oacute;micas, debe ser correlativa con la debida exigencia de responsabilidad a quien en cumplimiento de sus obligaciones profesionales tiene un control absoluto no solo del proyecto sino de su ejecuci&oacute;n para que la obra se concluya sin problemas&rdquo;. Por todo ello, concluye que si el arquitecto realiz&oacute; con competencia casi exclusiva tales funciones es evidente que la promotora puede exigirle todos los da&ntilde;os derivados de su "negligencia" en su ejecuci&oacute;n en virtud del contrato existente entre ambas partas.</p> <p>Asimismo, se&ntilde;ala que se trata de "un fracaso generalizado de la unidad de estructura a la que se extend&iacute;an las labores de direcci&oacute;n, supervisi&oacute;n y vigilancia, dada la singularidad que ten&iacute;a la que soportaba el grader&iacute;o, del que debe responder, por m&aacute;s que en su ejecuci&oacute;n hayan intervenido otros agentes, bajo su control, contra los que tendr&aacute; la posibilidad de repetir lo que a su culpa pudiera imput&aacute;rseles".</p> <p>Sobre la cubierta m&oacute;vil, indica que tambi&eacute;n se produjo un incumplimiento contractual porque pese a que dicho dispositivo m&oacute;vil a modo de visera era el elemento diferencial del Palacio de Congresos y una de las se&ntilde;as de identidad del mismo, no se consigui&oacute; en la forma que se hab&iacute;a convenido, cuando era posible hacerlo en la totalidad de las situaciones. En este sentido, destaca que hubo una "falta de previsi&oacute;n en el dise&ntilde;o, fabricaci&oacute;n y ejecuci&oacute;n de la estructura de la cubierta, lo que llev&oacute; a que no pudiera cumplir su funci&oacute;n de m&oacute;vil con la necesaria seguridad y frecuencia, incluso antes de producirse la fisura en el proceso de sondeo del arco m&oacute;vil a las orejeras de conexi&oacute;n de las costillas m&oacute;viles. En consecuencia, el condenado acept&oacute; "una soluci&oacute;n constructiva que evidentemente ha fracasado y que ha generado un da&ntilde;o a la promotora perfectamente evaluable", subraya la sentencia.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=772cbaeb5bf25510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 08 Jun 2016 13:30:00 +0200 El TS anula el acuerdo de las Juntas de Gipuzkoa contra la colocación de la bandera española http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=028b1294d0b25510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala III ha anulado el acuerdo de 14 de diciembre de 2011 de las Juntas Generales de Gipuzkoa que se mostraba disconforme con la obligaci&oacute;n de colocar la bandera espa&ntilde;ola en la sede de la Diputaci&oacute;n Foral de Gipuzkoa por entender que era una imposici&oacute;n inadmisible.</p> <p>Se adjunta nota informativa de la Sala.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=028b1294d0b25510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 07 Jun 2016 15:42:00 +0200 El Tribunal Supremo condena a dos años y medio de cárcel a una abogada que se apropió del patrimonio de su tía octogenaria http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=a356e9d8dba25510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala II del Tribunal Supremo ha condenado a dos a&ntilde;os y medio de c&aacute;rcel a una abogada que se apropi&oacute; del patrimonio de su t&iacute;a octogenaria ingresada en una residencia de la tercera edad en Tenerife que le hab&iacute;a encomendado la administraci&oacute;n de sus bienes, alcanzando la cuant&iacute;a defraudada la suma de 222.635 euros. Es considerada autora de un delito continuado de apropiaci&oacute;n indebida en la modalidad agravada por el valor de la defraudaci&oacute;n.</p> <p>El Supremo reduce los cuatro a&ntilde;os de prisi&oacute;n que impuso inicialmente la Audiencia de Tenerife a la acusada al apreciar, de acuerdo con la Fiscal&iacute;a, la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas en el proceso, que se refiere a unos hechos que comenzaron en 2005, cuando la anciana sufri&oacute; una ca&iacute;da en su domicilio de La Laguna y se vio obligada a ingresar en una residencia, otorgando un poder notarial general en favor de dos sobrinas, siendo desde entonces la acusada quien administr&oacute; de facto su patrimonio.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=a356e9d8dba25510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 07 Jun 2016 15:05:00 +0200 El Tribunal Supremo anula una cláusula hipotecaria que establecía un interés demora del 19 % por abusivo http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=8e79e9d8dba25510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha anulado una cl&aacute;usula de un pr&eacute;stamo hipotecario que establec&iacute;a un inter&eacute;s de demora del 19% por abusivo. El cr&eacute;dito hipotecario inicial, firmado en 2004, fue destinado a la adquisici&oacute;n de vivienda habitual y, posteriormente, en el a&ntilde;o 2005, fue ampliado para otros usos.</p> <p>La sentencia, de la que es ponente el magistrado Ignacio Sancho Gargallo, considera que el hecho de que el pr&eacute;stamo hipotecario inicial, en el que se incluye la cl&aacute;usula controvertida, fuera destinado a la adquisici&oacute;n de una vivienda habitual y posterior ampliaci&oacute;n para otras finalidades, no impide que se pueda aplicar la normativa sobre protecci&oacute;n de consumidores, dado que no puede afirmarse que el referido pr&eacute;stamo est&eacute; destinado a la actividad empresarial del demandante, ahora recurrente.</p> <p>Se adjunta nota informativa de la Sala.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=8e79e9d8dba25510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 07 Jun 2016 14:05:00 +0200 El Tribunal Supremo avala que las personas con discapacidad estén exentas del canon a los autores por los préstamos de sus obras http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=99be588550615510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala III del TS ha rechazado los recursos de cuatro entidades de derechos de autor (SGAE, CEDRO, VEGAP y DAMA) que reclamaban la nulidad del Real Decreto 624/2014, de 18 de julio, por el que se desarrolla el derecho de remuneraci&oacute;n a los autores por los pr&eacute;stamos de sus obras realizados en determinados establecimientos accesibles al p&uacute;blico, como las bibliotecas municipales de localidades con m&aacute;s de 5.000 habitantes. Subsidiariamente, los autores reclamaban la nulidad de dos de las exenciones del pago de la remuneraci&oacute;n que establece el Decreto: la de excluir del c&oacute;mputo para fijar este canon los pr&eacute;stamos realizados en beneficio de personas con discapacidad, y la exenci&oacute;n del pago a los servicios m&oacute;viles cuando realicen pr&eacute;stamos en municipios de menos de 5.000 habitantes.</p> <p>El Supremo destaca que el Real Decreto respeta la normativa y la jurisprudencia comunitaria a la hora de determinar la remuneraci&oacute;n, ya que la fijaci&oacute;n de su importe se ha vinculado a todos los elementos constitutivos del perjuicio causado al autor por el pr&eacute;stamo de sus obras sin necesidad de autorizaci&oacute;n, consider&aacute;ndose no solo la amplitud de la puesta a disposici&oacute;n a trav&eacute;s del n&uacute;mero de obras que ha sido objeto de pr&eacute;stamo, sino tambi&eacute;n el n&uacute;mero de usuarios inscritos en el establecimiento que han hecho uso efectivo del servicio de pr&eacute;stamo.</p> <p>En cuanto a la pretensi&oacute;n de los recurrentes de que se anule la exclusi&oacute;n de los pr&eacute;stamos a personas con discapacidad como generadores del derecho de remuneraci&oacute;n a los autores, la sentencia se&ntilde;ala que dicha exenci&oacute;n est&aacute; amparada por lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual y en la Ley de las bibliotecas.</p> <p>&ldquo;Entra dentro de los objetivos de Espa&ntilde;a en materia de promoci&oacute;n cultural, el establecimiento de beneficios que faciliten el acceso a la cultura a personas con discapacidad, que se aplica en concordancia y por analog&iacute;a al caso de los pr&eacute;stamos a que se refiere el art&iacute;culo 37 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, de manera que al no generar remuneraci&oacute;n los prestamos realizados a esta categor&iacute;a de personas en situaci&oacute;n desfavorecida se est&aacute; promoviendo el cumplimiento de la misi&oacute;n, principios y valores de las bibliotecas establecido en el art&iacute;culo 12 de la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas: garantizar el acceso de todos los ciudadanos a las bibliotecas con la finalidad de promover la difusi&oacute;n de la cultura, en condiciones de igualdad y, por tanto, sin discriminaci&oacute;n por raz&oacute;n, entre otras, de discapacidad&rdquo;, indica la resoluci&oacute;n.</p> <p>Tambi&eacute;n rechaza la sentencia la alegaci&oacute;n de los recurrentes de que deb&iacute;a anularse la exenci&oacute;n del pago de la remuneraci&oacute;n a los servicios m&oacute;viles de otras administraciones que realicen pr&eacute;stamos en municipios de menos de 5.000 habitantes. &ldquo;Lo cierto es que no es la titularidad del establecimiento la que determina la exenci&oacute;n en la citada Ley de Propiedad Intelectual, sino la prestaci&oacute;n de servicio en dichos Municipios. Por tanto, cualquiera que sea la titularidad p&uacute;blica del establecimiento m&oacute;vil, concurre el supuesto de hecho legal de la exenci&oacute;n cuando se presta el servicio en dichos Municipios, aunque el establecimiento m&oacute;vil prestador no le pertenezca&rdquo;, se&ntilde;ala la Sala.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=99be588550615510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 07 Jun 2016 11:50:00 +0200 El Tribunal Supremo estima un recurso del empresario Emilio Ybarra sobre una sociedad patrimonial de la familia http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=9f25e3eacf425510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha estimado un recurso del empresario y expresidente del banco BBV Emilio Ybarra Churruca, y de su madre, Mar&iacute;a Dolores Churruca, y declara la nulidad de la venta de participaciones sociales de Mezouna S.L., sociedad patrimonial de la familia Ybarra, llevada a cabo por su hermano Santiago Ybarra Churruca en octubre de 2009 para conseguir el control efectivo de dicha sociedad, seg&uacute;n indica la sentencia.</p> <p>El capital social de Mezouna antes de esas compraventas de participaciones se distribu&iacute;a en un 49,9 por ciento para Santiago Ybarra y el mismo porcentaje exacto para Emilio Ybarra y sus cuatro hijos, mientras que la madre de ambos ten&iacute;a el 0,0023 por ciento restante. Los dos hermanos y su madre se hab&iacute;an conferido por escritura de 1973 poderes rec&iacute;procos muy amplios de enajenaci&oacute;n de bienes.</p> <p>En la primavera de 2009 surgieron desavenencias entre los hermanos por la gesti&oacute;n de la sociedad, y en octubre de ese a&ntilde;o, Santiago Ybarra, manifestando actuar en nombre y representaci&oacute;n de su hermano y de su madre, vendi&oacute; 12 participaciones de &eacute;stos a su esposa.</p> <p>El Supremo concluye, en atenci&oacute;n a los hechos probados y no controvertidos, que Santiago Ybarra incurri&oacute; en un exceso o extralimitaci&oacute;n del mandato conferido en 1973 al celebrar las compraventas de participaciones sociales del 21 y 27 de octubre de 2009.</p> <p>&ldquo;De los amplios poderes, rec&iacute;procamente conferidos por las partes en la escritura de 29 de diciembre de 1973, no cabe interpretar que el sentido o la finalidad de los mismos, m&aacute;xime en una sociedad de base familiar, fuese facultar a cualquiera de ellos para comprar para s&iacute;, o para su esposa, las participaciones de los dem&aacute;s, sin consentimiento de &eacute;stos, alterando el equilibrio de la sociedad en beneficio propio.&nbsp;Extremo, que claramente excede de las facultades de gesti&oacute;n otorgadas y que requieren del consentimiento o acuerdo con los dem&aacute;s part&iacute;cipes de la sociedad&rdquo;, indica la resoluci&oacute;n.</p> <p>&ldquo;En este sentido, ni don Emilio, ni do&ntilde;a Mar&iacute;a Dolores, transmitieron instrucci&oacute;n alguna para que don Santiago procediera, por su cuenta y sin su consentimiento, a vender participaciones de su propiedad. Adem&aacute;s, las referidas compras de participaciones sociales se realizaron cuando ya hab&iacute;an surgido desavenencias entre los hermanos acerca de la gesti&oacute;n de la sociedad&rdquo;, a&ntilde;ade el Supremo.<br />Concluye el alto tribunal que, con dichas compras, Santiago Ybarra no actu&oacute; en inter&eacute;s de los mandatarios, sino en inter&eacute;s propio para detentar la mayor&iacute;a del capital y, en consecuencia, el control efectivo de la sociedad familiar.</p> <p>La Audiencia de Madrid, en la sentencia que parcialmente corrige el Supremo, estableci&oacute; adem&aacute;s la nulidad de la compraventa de participaciones sociales de Mezouna que, en noviembre de 2009, llev&oacute; a cabo Emilio Ybarra, manifestando actuar en representaci&oacute;n de su hermano Santiago, en favor de sus hijos, para contrarrestar las realizadas por su hermano en octubre del mismo a&ntilde;o. Esa nulidad establecida por la Audiencia se mantiene, ya que fue aceptada y no recurrida por Emilio Ybarra.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=9f25e3eacf425510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 06 Jun 2016 13:53:00 +0200 El Supremo condena a dos años de cárcel a un empresario de Zaragoza por la emisión de gases contaminantes en una planta tecnológica http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=f52de3eacf425510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de dos a&ntilde;os de c&aacute;rcel para un empresario zaragozano por la expulsi&oacute;n a la atm&oacute;sfera de gases contaminantes procedentes de frigor&iacute;ficos que eran triturados en una planta tecnol&oacute;gica en Zaragoza.</p> <p>El Supremo ratifica la inhabilitaci&oacute;n especial del empresario durante tres a&ntilde;os para el ejercicio de la profesi&oacute;n de gestor de residuos y confirma la pena de un a&ntilde;o de c&aacute;rcel para el encargado de la planta por el mismo delito.</p> <p>Tribunal Supremo resuelve con esta sentencia el recurso presentado por ambos condenados contra la sentencia dictada por la Secci&oacute;n VI de la Audiencia Provincial de Zaragoza, el 19 de noviembre de 2015, causa seguida por delitos contra el medio ambiente y recursos naturales.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=f52de3eacf425510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 06 Jun 2016 12:00:00 +0200 Condenado un teniente coronel que mandó correos sexuales desde una cuenta con perfil femenino a un sargento http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=46d1b831ea515510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha condenado a 1 a&ntilde;o de prisi&oacute;n a un teniente coronel del Ej&eacute;rcito de Tierra que cre&oacute; dos cuentas de correo electr&oacute;nico con nombre de mujer desde las cuales mand&oacute; mensajes de contenido &iacute;ntimo y sexual a un sargento primero. Previamente, el citado oficial hab&iacute;a accedido al buz&oacute;n de correo del mismo sargento primero, ayudado por otro teniente coronel que es condenado a 10 meses de prisi&oacute;n, donde hab&iacute;a conocido datos relativos a la vida privada del suboficial derivados de correos particulares que envi&oacute; a la p&aacute;gina de contactos &ldquo;El planazo&rdquo;. El citado sargento primero hab&iacute;a tenido amistad &iacute;ntima con una funcionaria civil del Ej&eacute;rcito que, al parecer, tambi&eacute;n tuvo relaci&oacute;n con el teniente coronel. &Eacute;ste tambi&eacute;n accedi&oacute; a mensajes intercambiados entre ella y el suboficial. Los hechos ocurrieron en el acuartelamiento de Loyola en San Sebasti&aacute;n entre 2007 y 2008.</p> <p>Los dos tenientes coroneles, que cuando sucedieron los hechos eran comandantes, son condenados por un delito consumado de extralimitaci&oacute;n en el ejercicio del mando, en su modalidad de comisi&oacute;n de abuso grave mediante prevalimiento del empleo o destino. El Supremo rechaza sus recursos y confirma la sentencia dictada en diciembre de 2015 por el Tribunal Militar Central.</p> <p>Seg&uacute;n indican los hechos probados de la sentencia, el entones comandante Pablo B. R. ten&iacute;a la condici&oacute;n de coordinador inform&aacute;tico del Ej&eacute;rcito de Tierra, y como tal gestionaba los equipos, programas y sistemas inform&aacute;ticos usados por las personas destinadas en el acuartelamiento de Loyola, incluida la solicitud de asignaci&oacute;n de archivos identificadores ID y las contrase&ntilde;as para acceso al correo electr&oacute;nico oficial o corporativo del personal militar y civil.</p> <p>En la misma &eacute;poca, el entonces comandante V. Z.P., estaba destinado en una unidad en "Loyola", y bajo su inmediata dependencia prestaban sus servicios el hoy Subteniente y en aquella &eacute;poca Sargento primero R.F.M. y la funcionaria civil M. I. L. P., que hab&iacute;an mantenido entre ambos una relaci&oacute;n de amistad &iacute;ntima.</p> <p>El d&iacute;a 10 de abril de 2007, sin que mediase previa petici&oacute;n de ninguno de los dos usuarios ni concurriese ninguna de las tres &uacute;nicas causas susceptibles de amparar la solicitud (alta, p&eacute;rdida o caducidad), el hoy Teniente Coronel Pablo B.R., pidi&oacute; al Ministerio de Defensa la remisi&oacute;n por p&eacute;rdida de copia de archivos identificadores "ID" para el suboficial y la funcionaria citados, que fueron remitidos, lo que llevaba aparejada la asignaci&oacute;n autom&aacute;tica a cada archivo ID de una contrase&ntilde;a para el acceso al correo electr&oacute;nico oficial del correspondiente usuario.</p> <p>De este modo, los archivos identificadores y las correspondientes contrase&ntilde;as de acceso al correo electr&oacute;nico de esas dos personas fueron conocidos por el entonces Comandante B. R., que sin motivo alguno distinto de su propia y exclusiva voluntad los facilit&oacute;, a petici&oacute;n de &eacute;ste, al tambi&eacute;n procesado Comandante Z.P., &ldquo;que al parecer tambi&eacute;n manten&iacute;a o hab&iacute;a mantenido alg&uacute;n tipo de relaci&oacute;n m&aacute;s all&aacute; de la estrictamente profesional con la se&ntilde;ora Luna Paz.</p> <p>Los hechos prosiguen as&iacute;: &ldquo;Una vez en posesi&oacute;n de dicha informaci&oacute;n, el entonces Comandante Z.P. procedi&oacute; a acceder, en el periodo comprendido entre el 10 de abril de 2007 y el 28 de abril de 2008, al buz&oacute;n de correo electr&oacute;nico del Sargento primero, conociendo as&iacute; informaciones y datos relativos a su vida privada contenidos en correos electr&oacute;nicos particulares derivados de contactos establecidas por el Suboficial en una p&aacute;gina de contactos denominada "el planazo". Tambi&eacute;n accedi&oacute; al buz&oacute;n de correo electr&oacute;nico de la se&ntilde;ora L.P. y conoci&oacute; mensajes intercambiados entre ella y el entonces Sargento primero F. M.</p> <p>Los d&iacute;as primero y 29 de marzo de 2008, &ldquo;el procesado Z.P. procedi&oacute; a crear dos cuenta de correo electr&oacute;nico con perfiles aparentemente femeninos desde las que entre los d&iacute;as 06 de marzo y 25 de abril de 2008 dirigi&oacute; al correo electr&oacute;nico del entonces Sargento primero diversos mensajes de contenido &iacute;ntimo, algunos de &iacute;ndole claramente sexual, en varios de los cuales insist&iacute;a en que le remitiera fotograf&iacute;as en las que se le viera la cara y de los que se deduce que el Suboficial ya le hab&iacute;a envidado algunas fotograf&iacute;as en las que no mostraba su rostro pero s&iacute; ense&ntilde;aba otra parte &iacute;ntima de su anatom&iacute;a&rdquo;.</p> <p>La sentencia del Supremo destaca que el teniente coronel V. Z.P. &ldquo;se prevali&oacute; de su empleo o destino (&hellip;) para que el entonces Comandante B.R. le proporcionase &laquo;los archivos identificadores y las correspondientes contrase&ntilde;as de acceso al correo electr&oacute;nico&rdquo;. Y a&ntilde;ade que tambi&eacute;n concurre el prevalimiento en el entonces Comandante B.R. que &ldquo;ostentaba la condici&oacute;n de coordinador inform&aacute;tico del Ej&eacute;rcito de Tierra&rdquo; y que aprovech&oacute; la ventaja que le confer&iacute;a su empleo y destino para obtener &ldquo;los archivos identificadores y las correspondientes contrase&ntilde;as de acceso al correo.</p> <p>Asimismo, explica la sentencia, concurre el elemento del abuso grave, pues no hay duda de que lo es el obtener y facilitar los archivos identificadores y las contrase&ntilde;as de unos correos electr&oacute;nicos de terceras personas, mediante los que se puede acceder a sus contenidos con directa afectaci&oacute;n a la intimidad y a la vida privada y/o, al menos, sin duda, puede quebrantarse el secreto de las comunicaciones (art. 18.3 de la Constituci&oacute;n). Adem&aacute;s, los hechos probados relatan que efectivamente debido a la tenencia de los archivos y contrase&ntilde;as el entonces Comandante Z.P. pudo acceder a los buzones de correo electr&oacute;nico de don R. y do&ntilde;a M. I. y conocer as&iacute; informaciones y datos relativos a la vida privada de &eacute;stas contenidos en correos particulares.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=46d1b831ea515510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 03 Jun 2016 13:00:00 +0200 El Supremo confirma la sanción y liquidación del impuesto de dos millones de euros al constructor Enrique Ortiz correspondientes a su yate http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=d38a05029f015510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado una sanci&oacute;n de Hacienda de 860.341 euros a la empresa del constructor Enrique Ortiz, as&iacute; como la liquidaci&oacute;n, por importe de 1,2 millones de euros, del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, ejercicio 2008, correspondientes a su yate &lsquo;Elena&rsquo;, de 36 metros de eslora.</p> <p>El Supremo ratifica la sentencia de la Audiencia Nacional que desestim&oacute; las reclamaciones econ&oacute;mico-administrativas deducidas contra los acuerdos de liquidaci&oacute;n y de imposici&oacute;n de sanci&oacute;n, dictados por la Dependencia de Control Tributario y Aduanero de la Delegaci&oacute;n Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Estatal de Administraci&oacute;n Tributaria, por el concepto del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, ejercicio 2008, por importes respectivos de 1.234.584,16 euros y de 860.341 euros.</p> <p>La Inspecci&oacute;n levant&oacute; acta de disconformidad en relaci&oacute;n con el Buque &lsquo;Elena&rsquo; de la marca Benetti, modelo Classic 120 HIN, 110, de 36,6 metros de eslora, por su utilizaci&oacute;n en actividades de navegaci&oacute;n privada de recreo en el &aacute;mbito territorial de aplicaci&oacute;n del Impuesto Especial sobre determinados Medios de Transporte, sin haber solicitado la primera matriculaci&oacute;n definitiva en Espa&ntilde;a dentro del plazo de los 30 d&iacute;as siguientes al inicio de su utilizaci&oacute;n.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=d38a05029f015510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 02 Jun 2016 14:20:00 +0200 El Tribunal Supremo avala el Real Decreto y la Orden ministerial que regulan las instalaciones de energía renovable y los parámetros retributivos http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=197a7d6623e05510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha dictado tres sentencias desestimatorias de sendos recursos promovidos contra el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producci&oacute;n de energ&iacute;a el&eacute;ctrica a partir de fuentes de energ&iacute;a renovables, cogeneraci&oacute;n y residuos, y contra la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los par&aacute;metros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producci&oacute;n de energ&iacute;a.</p> <p>Las tres sentencias rechazan los recursos y cuentan con dos votos particulares firmados por 3 magistrados.</p> <p>Se adjunta nota informativa de la Sala.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=197a7d6623e05510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 02 Jun 2016 09:00:00 +0200