Noticias Judiciales http://www.poderjudicial.es Noticias Judiciales es Copyright © Consejo General del Poder Judicial Tue, 30 Aug 2016 03:23:05 +0200 PoderJudicial 60 Tue, 30 Aug 2016 03:23:05 +0200 El Supremo confirma 11 años de prisión para un entrenador de fútbol infantil por los delitos continuados de abuso sexual, exhibicionismo y provocación sexual http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=607370e7aef46510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>Los hechos sucedieron entre los a&ntilde;os 2009 y 2013 en el domicilio del condenado en Novelda (Alicante). La sentencia considera probado que el entrenador de f&uacute;tbol infantil aprovech&oacute; el 'respeto y la consideraci&oacute;n de dicha circunstancia' para invitar a su casa a menores de entre 11 y 17 a&ntilde;os, con la excusa de ver partidos de f&uacute;tbol. Una vez ganada su confianza, el condenado aprovechaba los momentos en que se quedaba con los ni&ntilde;os a solas, 'para exhibir pel&iacute;culas pornogr&aacute;ficas, de forma habitual, e incitarles a que se masturbaran en su presencia, ense&ntilde;ando a alguno, por su corta edad, dichas pr&aacute;cticas'. </p> <p>La Sala II del Supremo confirma as&iacute; la sentencia de la Secci&oacute;n 10&ordf; de la Audiencia Provincial de Alicante dictada en noviembre de 2015, por la que condenaba al entrenador a once a&ntilde;os de prisi&oacute;n como autor de un delito continuado de abuso sexual sobre menor de trece a&ntilde;os, tres delitos de abuso sexual continuado, y un delito de exhibicionismo y provocaci&oacute;n sexual.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=607370e7aef46510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 03 Aug 2016 13:00:00 +0200 El Tribunal Supremo avala el Real Decreto por el que se aprueba la norma de calidad del ibérico http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=dcd1b114b7536510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>Tres sentencias de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo han desestimado los recursos de casaci&oacute;n interpuestos por la Comunidad Aut&oacute;noma de Castilla y Le&oacute;n, la Asociaci&oacute;n "Jam&oacute;n de Salamanca" y un particular, contra el Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, por el que se aprueba la norma de calidad para la carne, el jam&oacute;n, la paleta y la ca&ntilde;a de lomo ib&eacute;rico.</p> <p>La Sala Tercera confirma la validez de los apartados 4 y 5 del art&iacute;culo 4 del mismo, que fueron impugnados, al considerar que las indicaciones del tipo racial y del porcentaje de raza ib&eacute;rica son necesarias para proporcionar al consumidor una informaci&oacute;n esencial del producto que espera encontrar al adquirir jam&oacute;n, paleta o ca&ntilde;a de lomo amparados bajo dicha denominaci&oacute;n.</p> <p>Sobre la posibilidad de incluir el t&eacute;rmino "pata negra", referido exclusivamente al jam&oacute;n 100% ib&eacute;rico y de bellota, las sentencias indican que no induce en modo alguno a confusi&oacute;n a los consumidores, ni vulnera la legislaci&oacute;n europea e interna de protecci&oacute;n de sus derechos.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=dcd1b114b7536510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 29 Jul 2016 09:25:00 +0200 El TS confirma las penas de hasta 12 años de prisión a miembros de una célula terrorista por enviar combatientes a Siria para hacer la yihad http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=843ac9c94a336510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado las penas de entre doce y diez a&ntilde;os de prisi&oacute;n impuestas por la Audiencia Nacional a once miembros de una c&eacute;lula yihadista por enviar combatientes a Siria para hacer la yihad.</p> <p>La sentencia desestima los recursos de casaci&oacute;n interpuestos por todos los condenados por los delitos de pertenencia e integraci&oacute;n en organizaci&oacute;n terrorista -12 a&ntilde;os de prisi&oacute;n a K.A.M. y a I.A.A como dirigentes, 10 a&ntilde;os de prisi&oacute;n al resto como integrantes activos- y de tenencia il&iacute;cita de armas de fuego a uno de ellos, R.A., por el que se le ha impuesto una pena de a&ntilde;o y medio de c&aacute;rcel m&aacute;s.</p> <p>Seg&uacute;n los hechos probados, la c&eacute;lula terrorista, que operaba en Ceuta en conexi&oacute;n con otra de Marruecos, reclut&oacute; y envi&oacute; a Siria, desde el 2012 hasta su desarticulaci&oacute;n por la polic&iacute;a en el 2013, a 29 voluntarios ceut&iacute;es y marroqu&iacute;es que llegaban a aquel pa&iacute;s en vuelos regulares tras pasar por Turqu&iacute;a. Ellos alegaban que se desplazaban con fines tur&iacute;sticos y para no levantar sospechas de la polic&iacute;a &ldquo;occidentalizaban&rdquo; su aspecto: pelo corto y sin barba, ropa occidental y pasaporte nuevo.</p> <p>Al menos ocho de los combatientes fallecieron en atentados suicidas, el primero de los desplazados se inmol&oacute; conduciendo un cami&oacute;n cargado de explosivos contra una cuartel militar en Siria, despu&eacute;s de anunciar a trav&eacute;s de un perfil en Facebook su determinaci&oacute;n para la comisi&oacute;n de un acto de &ldquo;martirio&rdquo;. Un grupo de otros cuatro yihadistas no pudo desplazarse porque no encontr&oacute; billetes, motivo por el que regres&oacute; a Ceuta, siguiendo la orden del jefe de la c&eacute;lula, K.A.M.</p> <p>La sentencia de la Audiencia Nacional consider&oacute; probado que entre las actividades que realizaban los once acusados estaban la de captaci&oacute;n y adoctrinamiento de los voluntarios, de la organizaci&oacute;n de los viajes desde Espa&ntilde;a y/o Marruecos a ciudades turcas fronterizas con Siria, desde donde los reclutados pasaban a campos de entrenamiento de la organizaci&oacute;n terrorista y despu&eacute;s a la lucha armada. Tambi&eacute;n supervisaban y controlaban la efectiva realizaci&oacute;n de los viajes, la asistencia econ&oacute;mica a las viudas, en caso de necesidad, y la recaudaci&oacute;n y el env&iacute;o de dinero a los desplazados, comunicando los fallecimientos a las familias, adem&aacute;s de difundir los v&iacute;deos de los &ldquo;actos de martirio&rdquo; y de los ataques realizados por los desplazados y reivindicados por el Estado Isl&aacute;mico de Irak y Levante. Asimismo, concluy&oacute; que los integrantes de la c&eacute;lula estaban preparados para desplazarse ellos mismos e incorporarse a la yihad en el momento oportuno, coordin&aacute;ndose con los terroristas que ya estaban en Siria.</p> <p><strong>No hay vulneraci&oacute;n de derechos fundamentales</strong></p> <p>La Sala de lo Penal rechaza los 45 motivos recogidos en los recursos de los condenados, descartando la vulneraci&oacute;n de diferentes derechos fundamentales como el secreto de las comunicaciones y a un proceso con garant&iacute;as por la forma en la que se autorizaron y practicaron las intervenciones telef&oacute;nicas.</p> <p>La sentencia, con ponencia del magistrado Jos&eacute; Manuel Maza, afirma que las intervenciones y la informaci&oacute;n obtenida a partir de ellas &ldquo;cumpl&iacute;an con todas las exigencias&rdquo; para alcanzar valor probatorio, al tratarse de unas diligencias debidamente autorizadas y controladas por la Autoridad judicial, cuyo resultado fue posteriormente trasladado al juicio junto con los correspondientes testimonios de los funcionarios que participaron en la investigaci&oacute;n, en unas actuaciones seguidas por delito cuya gravedad y caracter&iacute;sticas de comisi&oacute;n hac&iacute;an proporcional y necesaria su pr&aacute;ctica, existiendo previamente datos objetivos de suficiente entidad para justificarlas.</p> <p>Tambi&eacute;n niega que se haya infringido el derecho a la tutela judicial efectiva o a la presunci&oacute;n de inocencia de los recurrentes porque la sentencia de la Audiencia Nacional enuncia y analiza &ldquo;con una precisi&oacute;n y minuciosidad de todo punto ejemplar y de forma individualizada para cada acusado&rdquo; las pruebas que les incriminan y que son las declaraciones de los polic&iacute;as, las grabaciones de las conversaciones telef&oacute;nicas con sus contenidos, los distintos objetos y documentos ocupados en los domicilios, adem&aacute;s de las manifestaciones de los propios acusados e informaciones obtenidas de fuentes muy solventes relacionadas con la persecuci&oacute;n de la actividad terrorista en el &aacute;mbito internacional.</p> <p>En definitiva, subraya la Sala, &ldquo;numeros&iacute;simas pruebas todas ellas v&aacute;lidas en su producci&oacute;n, procesalmente eficaces, razonablemente valoradas y plenamente capaces para sustentar el fallo condenatorio, de tal forma que hace innecesaria, por ociosa, su enumeraci&oacute;n reiterativa en este momento y en sede casacional&rdquo;. Por las mismas razones, a&ntilde;ade que no puede afirmarse la existencia de errores evidentes, obvios e incuestionables en los criterios seguidos por el &oacute;rgano de instancia, a la hora de valorar las pruebas disponibles que pudieran modificar con fundamento los hechos declarados como probados y sus conclusiones condenatorias.</p> <p><strong>Atenuante colaboraci&oacute;n con la justicia o condena del terrorismo</strong></p> <p>Para el Tribunal Supremo, tampoco hay base f&aacute;ctica para aplicar la atenuante prevista para los casos de colaboraci&oacute;n del terrorista con la Administraci&oacute;n de Justicia &ndash;art&iacute;culo 579 bis del C&oacute;digo Penal- o por haber condenado de forma expl&iacute;cita el terrorismo o la existencia de un desistimiento activo. Sobre todo, indica, porque "las actitudes, comportamientos o manifestaciones posteriores a los hechos llevados a cabo por los recurrentes no resultan h&aacute;biles para mermar la consideraci&oacute;n penal que merecen lo realizado previamente con motivo de su integraci&oacute;n en la organizaci&oacute;n terrorista de referencia&rdquo;.</p> <p>"No puede hablarse, con propiedad, de un desistimiento activo en el tiempo y con la eficacia necesaria para la aplicaci&oacute;n del art&iacute;culo 16.3 del C&oacute;digo Penal, de igual manera que una condena verbal del terrorismo no puede asimilarse a una circunstancia merecedora, ni tan siquiera anal&oacute;gicamente, de atenuaci&oacute;n, ni se dan los estrictos requisitos exigidos en el correspondiente precepto para la aplicaci&oacute;n de la regla atenuatoria basada en la colaboraci&oacute;n con las autoridades&rdquo;, concluye la sentencia.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=843ac9c94a336510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 29 Jul 2016 08:00:00 +0200 El Tribunal Supremo confirma la condena a Abanca por vulnerar la libertad sindical http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=87f9158555036510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Social ha desestimado el recurso de casaci&oacute;n interpuesto por Abanca, Corporaci&oacute;n Bancaria, S.A. y confirma el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que declar&oacute; vulnerado el derecho a la libertad sindical al no reconocer la empresa demandada ni la constituci&oacute;n de secciones sindicales ni el nombramiento de delegados por agrupaci&oacute;n de centros. Dicha sentencia orden&oacute; el cese de dicha conducta por parte de Abanca que fue condenada al pago de una indemnizaci&oacute;n de 187,50 euros a Alternativa Sindical de Cajas de Ahorros-Asca.</p> <p>La Sala Cuarta concluye que Abanca debe reconocer a dicho sindicato su derecho a constituir cinco secciones sindicales y a designar siete delegados sindicales. A&ntilde;ade que su doctrina permite la designaci&oacute;n de delegados sindicales tomando como referencia el centro de trabajo virtual derivado de agrupar varios de ellos si se hab&iacute;a configurado como unidad electoral.</p> <p>En consecuencia, subraya, ASCA-CIT puede organizar libremente la estructura representativa que desea implantar en Abanca: a nivel de centros de trabajo o de la empresa en su conjunto. La sentencia considera que cuando el art&iacute;culo 10.1 LOLS alude a los centros de trabajo "debe entenderse que incluye la posibilidad de tomar en consideraci&oacute;n los mismos individualmente considerados pero tambi&eacute;n varios de ellos, de modo agrupado; al menos cuando esa agrupaci&oacute;n se lleva a cabo por razones objetivas y sin comportar abuso de derecho o consecuencias contrarias a los intereses econ&oacute;micos y sociales de los trabajadores cuya defensa viene encomendada al sindicato".</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=87f9158555036510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 28 Jul 2016 09:18:00 +0200 El Tribunal Supremo reconoce a una madre el derecho a la prestación para cuidar a un hijo con enfermedad grave ya escolarizado en un centro especial http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=36f9dd9842c26510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Social reconoce el derecho de una madre a cobrar una prestaci&oacute;n para el cuidado de su hijo menor de edad afectado por una enfermedad grave que MC Mutual le deneg&oacute; por estar el ni&ntilde;o escolarizado en un centro especial donde recibe diferentes cuidados.</p> <p>La sentencia considera que se cumplen los requisitos legales para conceder la prestaci&oacute;n a la progenitora, que tiene una reducci&oacute;n de jornada del 56,25%, porque, aunque el ni&ntilde;o vaya a un colegio, necesita cuidado directo, continuo y permanente.</p> <p>El menor, que ahora tiene seis a&ntilde;os, naci&oacute; con una enfermedad grave -hemorragia cerebral- y necesita m&uacute;ltiples tratamientos terap&eacute;uticos entre los que se encuentra su escolarizaci&oacute;n en un colegio donde recibe atenci&oacute;n de fisioterapeuta, profesora de audici&oacute;n y lenguaje, de pedagog&iacute;a terap&eacute;utica y auxiliar t&eacute;cnico educativo. Como consecuencia de ello, la madre se vio obligada a pedir una excedencia en su empresa en 2011 y un a&ntilde;o despu&eacute;s una reducci&oacute;n de jornada para atender a su hijo, que tiene reconocido un Grado III por el Gobierno de Cantabria, con un grado de discapacidad del 78 %.</p> <p>La madre solicit&oacute; la prestaci&oacute;n econ&oacute;mica por cuidado de menor afectado por enfermedad grave a MC Mutual pero le fue denegada al no cumplir los requisitos establecidos en el art&iacute;culo 135 qu&aacute;ter de la Ley General de la Seguridad Social (que reconoce el derecho a la prestaci&oacute;n a los progenitores, en aquellos casos en que ambos trabajen, para el cuidado del menor que padezca c&aacute;ncer o cualquier otra enfermedad grave que requiera ingreso hospitalario y tratamiento continuado, siendo requisito indispensable que el beneficiario reduzca su jornada de trabajo al menos en un 50%) y el art&iacute;culo 2 del Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, (que considera como ingreso hospitalario de larga duraci&oacute;n la continuaci&oacute;n del tratamiento m&eacute;dico del menor en domicilio tras el diagn&oacute;stico y hospitalizaci&oacute;n por enfermedad grave).</p> <p>El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria tambi&eacute;n deneg&oacute; la prestaci&oacute;n porque entendi&oacute; que al asistir el menor a un centro especial -y aunque reconoce que ello no equivale a una escolarizaci&oacute;n normal, sino que es una ayuda espec&iacute;fica o tiempo de descanso de los padres respecto de los cuidados continuos en domicilio que necesita el ni&ntilde;o- mantiene una esfera de desconexi&oacute;n con su madre que implica esa posibilidad de atenci&oacute;n indirecta, realizada al margen del &aacute;mbito dom&eacute;stico.</p> <p>En cambio, el Tribunal Supremo estima el recurso de casaci&oacute;n para la unificaci&oacute;n de doctrina interpuesto por la madre y anula la sentencia recurrida al apreciar que se dan todas las circunstancias para la concesi&oacute;n de la citada prestaci&oacute;n. En primer lugar, afirma la sentencia, &ldquo;en ninguno de los preceptos aplicables, art&iacute;culo 135 qu&aacute;ter de la LGSS y art&iacute;culo 2 del RD 1148/2011, de 29 de julio, se exige que esta necesidad de cuidar de manera directa, continua y permanente al menor suponga la atenci&oacute;n al mismo durante las 24 horas del d&iacute;a, los preceptos requieren que el cuidado sea directo, continuo y permanente pero, en modo alguno tal exigencia es equiparable a cuidado durante el d&iacute;a entero&rdquo;.</p> <p>Sobre el requisito relativo a que el progenitor, adoptante o acogedor, se reduzca la jornada al menos en un 50 por ciento, la sentencia, con ponencia de la magistrada Mar&iacute;a Luisa Segoviano, afirma que &ldquo;supone que el solicitante del subsidio no va a dedicar la totalidad de su tiempo al cuidado del menor, ya que una parte del mismo la dedica a la realizaci&oacute;n de su trabajo&rdquo;.</p> <p>Tambi&eacute;n indica que el hecho de que el ni&ntilde;o acuda al centro especial &ldquo;no supone, dada la gravedad de sus dolencias y las severas limitaciones que comportan, que durante el tiempo en el que permanece en su domicilio no tenga que ser objeto de intensos cuidados por parte de su madre, de manera, directa, continua y permanente&rdquo;.</p> <p>Asimismo, se&ntilde;ala que no est&aacute; prevista, como causa de extinci&oacute;n de la prestaci&oacute;n, que el menor est&eacute; escolarizado y que &ldquo;resulta impensable, hoy en d&iacute;a, que ning&uacute;n menor, por severas que sean las limitaciones que padece, no acuda a alg&uacute;n centro de escolarizaci&oacute;n, tratamiento, centro especial...para, en la medida de lo posible, mejorar su situaci&oacute;n e intentar que adquiera los conocimientos que su situaci&oacute;n le permita&rdquo;.</p> <p>Por &uacute;ltimo, subraya la sentencia, &ldquo;el enorme requerimiento de cuidados por parte del menor acarre&oacute; que su madre tuviera que pedir la excedencia para dedicarse a dicho cuidado, situaci&oacute;n en la que permaneci&oacute; desde febrero de 2011 hasta octubre de 2012 y, a partir de esa fecha, a pesar de lo exiguo de sus ingresos -la base reguladora de la prestaci&oacute;n es de 17,78 euros diarios- ha tenido que solicitar reducci&oacute;n de jornada -del 56,25%- para dedicarse a dicho menester&rdquo;.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=36f9dd9842c26510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 27 Jul 2016 13:40:00 +0200 El Tribunal Supremo establece límites a la difusión de pasquines críticos hacia un directivo con ocasión de un conflicto laboral http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=9aa7e51118626510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Primera del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casaci&oacute;n interpuesto por el sindicato LAB y por dos de sus afiliadas contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia que hab&iacute;a apreciado una intromisi&oacute;n ileg&iacute;tima en el derecho al honor del demandante por la actuaci&oacute;n de los recurrentes en el contexto de un conflicto laboral en el que las trabajadoras hab&iacute;an sido despedidas. La demanda fue presentada por un directivo responsable de la gesti&oacute;n de la residencia de ancianos en la que prestaban sus servicios las trabajadoras despedidas.</p> <p>Dichas trabajadoras y el propio sindicato hab&iacute;an colocados carteles, pasquines y pancartas en la residencia y sus alrededores, pero tambi&eacute;n en otra localidad, en la que viv&iacute;a el demandante y su familia y, particularmente, en la fachada de la farmacia que regentaba su madre. En ellos aparec&iacute;a el nombre y la fotograf&iacute;a del demandante y se le acusaba de llevar a cabo una pol&iacute;tica de acoso sindical y de poner en riesgo la salud y la atenci&oacute;n adecuada de los ancianos internados en la residencia para conseguir un lucro econ&oacute;mico.</p> <p>La Sala, en una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Rafael Saraz&aacute;, considera que las cr&iacute;ticas realizadas al demandante, al poner en duda su probidad y acusarle de intentar obtener beneficios a costa de la salud y el cuidado de las personas ancianas ingresadas en la residencia, afectan al &aacute;mbito profesional protegido por el derecho constitucional al honor, pero que tal afectaci&oacute;n se encuentra amparada por la libertad de expresi&oacute;n y la libertad sindical cuando es realizada en el entorno en el que tal cuesti&oacute;n ten&iacute;a relevancia p&uacute;blica, como es la propia residencia y la localidad en la que presta su servicio.</p> <p>La sentencia razona que se trata de juicios de valor y opiniones cr&iacute;ticas, proferidos por agentes sociales involucrados en el &aacute;mbito de prestaci&oacute;n de un servicio p&uacute;blico, legitimados para la cr&iacute;tica de la gesti&oacute;n de los centros cuando consideran que perjudica no solo las condiciones laborales de los trabajadores, sino tambi&eacute;n la calidad del servicio que se presta, y de inter&eacute;s para esa colectividad.</p> <p>En esas cr&iacute;ticas, a&ntilde;ade la resoluci&oacute;n, no se han usado expresiones insultantes desconectadas del mensaje que se trata de transmitir, por m&aacute;s que las expresiones utilizadas, y la inserci&oacute;n de su fotograf&iacute;a, puedan resultar hirientes y molestas para el demandante.</p> <p>Los magistrados destacan la especial relevancia p&uacute;blica de estas informaciones y juicios de valor, por tratarse de un &aacute;mbito, el de las residencias de ancianos, en el que las personas que pueden resultar afectadas por deficiencias en los servicios, por su avanzada edad, no pueden por lo general reivindicar una mejora de su atenci&oacute;n y denunciar esa deficiencias.</p> <p>Sin embargo, la Sala entiende que la comunicaci&oacute;n p&uacute;blica de las expresiones que provocan descr&eacute;dito en el demandante en un entorno sin conexi&oacute;n con el &aacute;mbito en que se ha producido el conflicto laboral, como es la localidad en la que vive, mediante la colocaci&oacute;n de los pasquines y pancartas en fachadas, farolas, parabrisas de veh&iacute;culos y en el local donde su madre desarrolla su actividad profesional, no pretend&iacute;a realizar una cr&iacute;tica al directivo o a un determinado modelo de servicio p&uacute;blico en un entorno en el que tal cuesti&oacute;n tuviera relevancia p&uacute;blica, sino que intent&oacute; se&ntilde;alarlo ante sus convecinos y familiares y escarnecerlo, atribuy&eacute;ndole una conducta que le hace desmerecer ante s&iacute; mismo y ante los dem&aacute;s, de un modo completamente descontextualizado respecto del &aacute;mbito donde el conflicto ten&iacute;a lugar y, por tanto, sin relaci&oacute;n funcional con los bienes jur&iacute;dicos protegidos por las libertades de expresi&oacute;n, informaci&oacute;n y sindical.</p> <p>Esa actuaci&oacute;n no contribuye a un debate p&uacute;blico, inexistente en un &aacute;mbito ajeno a aquel en que se produjo el conflicto, ni tampoco sirve para proteger leg&iacute;timamente los derechos de los trabajadores y los dem&aacute;s fines leg&iacute;timos del sindicato demandado, raz&oacute;n por la que el recurso de casaci&oacute;n es desestimado.</p> <p>&ldquo;Como afirma el Ministerio Fiscal en su escrito de oposici&oacute;n al recurso, empapelar el pueblo del demandante y la farmacia de su madre con tales pasquines y carteles tiene m&aacute;s de venganza (o, m&aacute;s bien, de escarnecimiento p&uacute;blico) que de actividad sindical&rdquo;, concluye la sentencia.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=9aa7e51118626510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 26 Jul 2016 13:00:00 +0200 El Tribunal Supremo declara válido abonar la indemnización por despido con un pagaré si se entrega junto con la carta http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=5135c81ba2d06510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La sentencia considera que el documento -tanto si tiene fecha de vencimiento en el mismo d&iacute;a como si no la indica- funciona, al igual que un cheque, como t&iacute;tulo de cr&eacute;dito pagadero a la vista por lo que cumple con lo establecido en el art&iacute;culo 53.1,b) del Estatuto de los Trabajadores, que obliga al empresario a poner la indemnizaci&oacute;n a disposici&oacute;n del empleado despedido de forma simult&aacute;nea a la comunicaci&oacute;n del despido.</p> <p>La Sala de lo Social estima el recurso de casaci&oacute;n para la unificaci&oacute;n de doctrina interpuesto por la empresa Fundaci&oacute;n Centro Tecnol&oacute;gico Metalmec&aacute;nico y del Transporte (CETEMET) y anula la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc&iacute;a que declar&oacute; improcedente el despido de una trabajadora que no acept&oacute; un pagar&eacute;, que se le entreg&oacute; simult&aacute;neamente junto a la carta de despido y con fecha de vencimiento de ese mismo d&iacute;a, con el que se le iba a pagar la correspondiente indemnizaci&oacute;n.</p> <p>La sentencia recurrida entend&iacute;a que el citado pagar&eacute; no conlleva la simult&aacute;nea puesta a disposici&oacute;n de la indemnizaci&oacute;n, sino que es un t&iacute;tulo que contiene una promesa de hacer efectiva una cantidad de dinero, en la fecha de vencimiento del mismo previa presentaci&oacute;n en la entidad bancaria correspondiente, y que ser&aacute; atendido de existir dinero en la cuenta que se emiti&oacute;, lo que implica que no se pone a disposici&oacute;n del trabajador dicha indemnizaci&oacute;n.</p> <p>Por su parte, la Sala Cuarta considera procedente el despido por causas objetivas de la citada trabajadora que prest&oacute; sus servicios como oficial de 1&ordf; en CETEMET desde el a&ntilde;o 2008 hasta el 2013. La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Jes&uacute;s Souto Prieto, indica que su jurisprudencia ha ido flexibilizando el requisito relativo a la clase de instrumentos susceptibles de producir la puesta a disposici&oacute;n simult&aacute;nea a la comunicaci&oacute;n del despido.</p> <p>En este sentido, afirma que se ha pasado de una interpretaci&oacute;n r&iacute;gida del precepto, seg&uacute;n la cual s&oacute;lo puede entenderse cumplido si en el mismo acto en el que el trabajador se sabe despedido, sin soluci&oacute;n de continuidad y sin previsi&oacute;n de otro tr&aacute;mite ni cualquier quehacer complementario, dispone efectivamente del dinero de la indemnizaci&oacute;n; a otra interpretaci&oacute;n m&aacute;s amplia que admiti&oacute; como instrumento v&aacute;lido la transferencia bancaria o el cheque bancario, cuando no consta dilaci&oacute;n en la entrega ni discordancia en las cantidades.</p> <p>El problema en este caso, se&ntilde;ala la sentencia, es que en lugar de un pacto efectivo, a trav&eacute;s de transferencia bancaria o mediante un cheque, se produjo mediante la entrega de un pagar&eacute; que fue rechazado por la actora, y el pagar&eacute; no constituye, como el cheque, una orden o mandato de pago a la vista, sino una promesa de pago, entre cuyos requisitos formales se exige la indicaci&oacute;n del vencimiento, ya que si no est&aacute; indicado se considerar&aacute; &ldquo;pagadero a la vista&rdquo;.</p> <p>Para el Tribunal Supremo, el pagar&eacute; se entreg&oacute; simult&aacute;neamente con la comunicaci&oacute;n del despido y tiene como fecha de vencimiento el 20 de diciembre de 2013, el mismo d&iacute;a de su entrega y de la comunicaci&oacute;n del despido. &ldquo;Siendo esto as&iacute;, es claro que el pagar&eacute; permit&iacute;a, al igual que un cheque, un pago a la vista, y que la actora, si en lugar de rechazarlo -pues no hab&iacute;a dilaci&oacute;n en la entrega, ni constan discordancias en la cantidad ni falta de provisi&oacute;n de fondos- lo hubiera recogido, podr&iacute;a haberlo hecho efectivo el mismo d&iacute;a, obteniendo as&iacute; una puesta a disposici&oacute;n simult&aacute;nea a la comunicaci&oacute;n del despido, sin perjuicio de que, si por alguna circunstancia ajena a la trabajadora despedida -por ejemplo no abono por el banco por falta de fondos disponibles, como ocurrir&iacute;a tambi&eacute;n con un cheque- no se efectuase la realizaci&oacute;n del pagar&eacute;, siempre tendr&iacute;a expedita la v&iacute;a para reclamar la improcedencia del despido por no haber existido, de forma simult&aacute;nea a la entrega de la comunicaci&oacute;n del despido, una verdadera puesta a disposici&oacute;n de la indemnizaci&oacute;n&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=5135c81ba2d06510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 21 Jul 2016 14:00:00 +0200 El Supremo condena al exjefe de la Policía Local de Sánlucar de Barrameda (Cádiz) por no someterse a una prueba de alcoholemia tras un accidente http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=42d556b8a1806510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Tribunal Supremo ha condenado a pagar una indemnizaci&oacute;n de 14.885,38 euros y una multa de 540 euros al exjefe de la Polic&iacute;a Local de Sanl&uacute;car de Barrameda (C&aacute;diz) por no someterse a la prueba de alcoholemia tras un accidente de tr&aacute;fico que tuvo con un coche oficial cuando circulaba por dicha localidad gaditana. La sentencia mantiene la pena de 45 d&iacute;as de inhabilitaci&oacute;n por un delito de omisi&oacute;n del deber de perseguir delitos, con la atenuante de dilaciones indebidas, a un suboficial que no realiz&oacute; dicho test a su superior.</p> <p>Los hechos considerados probados refieren que, el 4 de septiembre de 1998, el mando policial no se dio cuenta de que hab&iacute;a varios veh&iacute;culos parados en un sem&aacute;foro en rojo y colision&oacute; contra un turismo en el que viajaban un matrimonio y sus dos hijos. Tras la colisi&oacute;n, y una vez en la Comisar&iacute;a, la mujer, que tuvo que ser trasladada al hospital, pidi&oacute; que al acusado se le practicara la prueba de la alcoholemia porque cre&iacute;a que ten&iacute;a s&iacute;ntomas de haber bebido por el fuerte olor a alcohol que desprend&iacute;a su aliento.</p> <p>Como el acusado ya se hab&iacute;a marchado de las dependencias policiales, un cabo lo llam&oacute; por tel&eacute;fono para informarle de la petici&oacute;n de la v&iacute;ctima, respondi&eacute;ndole "que ma&ntilde;ana ir&iacute;a a prestar declaraci&oacute;n", motivo por el que avis&oacute; a un suboficial que, finalmente, convenci&oacute; al matrimonio para que retirara de su declaraci&oacute;n la menci&oacute;n a los s&iacute;ntomas externos de haber ingerido alg&uacute;n tipo de bebida alcoh&oacute;lica y a la petici&oacute;n de que se le practicara una prueba de alcoholemia. La mujer tard&oacute; 172 d&iacute;as en recuperarse del esguince cervical leve y otro lumbar que sufri&oacute; tras la colisi&oacute;n.</p> <p>La Sala de lo Penal ha estimado en parte el recurso del exjefe de la Polic&iacute;a Local contra la sentencia de la Audiencia Provincial de C&aacute;diz que le absolvi&oacute; del delito contra la seguridad del tr&aacute;fico y le conden&oacute; por una falta de lesiones por imprudencia simple a la pena de multa de 90 euros y al pago por v&iacute;a de responsabilidad civil de una indemnizaci&oacute;n de 14.885,38 euros, as&iacute; como al pago de una multa de 540 euros por un delito de negativa a someterse a la prueba de alcoholemia, con la atenuante de dilaciones indebidas. De este modo, confirma la sentencia de la Audiencia Provincial de C&aacute;diz salvo en la parte relativa a la condena por la falta de lesiones, que ha sido anulada al quedar despenalizada tras la reforma del C&oacute;digo Penal, pero mantiene la responsabilidad civil para resarcir al matrimonio que viajaba en el veh&iacute;culo contra el que colision&oacute; el condenado.</p> <p>En contra de lo que sostiene el mando policial, la sentencia afirma que "no hac&iacute;a falta advertirle de la obligaci&oacute;n que le incumb&iacute;a en relaci&oacute;n a la prueba dada la colisi&oacute;n precedente y la sintomatolog&iacute;a apreciada, ni de las consecuencias de su negativa, pues de sobra las conoc&iacute;a a raz&oacute;n de su cargo, as&iacute; como tambi&eacute;n los protocolos de actuaci&oacute;n en tales casos". Aunque el acusado niega que esa comunicaci&oacute;n que le hizo un polic&iacute;a estuviera dotada de la contundencia y claridad exigibles, la Sala Segunda indica que se trata de un agente de la autoridad que se encuentra en la tesitura de tener que ordenar a su superior jer&aacute;rquico que se someta a la prueba de alcoholemia, lo que justifica un uso comedido del lenguaje. &ldquo;El decirle que la lesionada hab&iacute;a pedido que se le practicara la prueba no dejaba espacio al equ&iacute;voco, era tanto como ordenarle que hiciera acto de presencia en las dependencias policiales y se sometiera a las mimas&rdquo;, subraya la sentencia. Por todo ello concluye que &ldquo;la orden existi&oacute; y tuvo la contundencia necesaria para integrar la tipicidad del art&iacute;culo 380 aplicado, como igualmente la tuvo la negativa a su acatamiento por parte del recurrente&rdquo;.</p> <p>En el caso del suboficial condenado, sostiene que &ldquo;lejos de cumplir con su cometido a fin de comprobar si realmente su compa&ntilde;ero y superior presentaba aquellos s&iacute;ntomas de embriaguez, practic&aacute;ndole la oportuna prueba de alcoholemia, como habr&iacute;a sido lo procedente, se abstuvo de ordenar las diligencias necesarias en tales casos. A&ntilde;ade que, por el contrario, hizo que se modificara la declaraci&oacute;n que el denunciante ya hab&iacute;a prestado y se sustituyera por otra en la que se omitiera cualquier referencia a tales extremos, de forma que el atestado que se remiti&oacute; al juzgado de guardia no conten&iacute;a ninguna referencia a una posible intoxicaci&oacute;n et&iacute;lica del polic&iacute;a denunciado.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=42d556b8a1806510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 20 Jul 2016 15:00:00 +0200 El Tribunal Supremo avala que Hacienda pida a un colegio privado facturas pagadas por un padre sin que se vulnere su derecho a la intimidad http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=871156b8a1806510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha avalado que Hacienda pida a un colegio privado las facturas emitidas a un padre por los gastos de ense&ntilde;anza, manutenci&oacute;n y actividades extraescolares de sus hijos sin que la remisi&oacute;n de las mismas por parte del centro docente tampoco suponga la vulneraci&oacute;n de los derechos fundamentales a la intimidad y a la protecci&oacute;n de datos de car&aacute;cter personal.</p> <p>La sentencia desestima el recurso de casaci&oacute;n interpuesto por los tres hijos del contribuyente contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que consider&oacute; que el requerimiento que la Oficina Nacional de Investigaci&oacute;n del Fraude dirigi&oacute; al Runnymede College no vulneraba los citados derechos, ya que la informaci&oacute;n facilitada ni era reservada ni se obtuvo de forma il&iacute;cita.</p> <p>Los recurrentes alegaban, entre otros motivos, que los datos requeridos por Hacienda pod&iacute;an poner en peligro la intimidad y la seguridad de los menores al tratarse de informaci&oacute;n sensible. Tambi&eacute;n argumentaban que la Agencia Estatal de Administraci&oacute;n Tributaria no puede realizar requerimientos gen&eacute;ricos de informaci&oacute;n solicitando cualquier dato de los ciudadanos, &ldquo;tirando una red al mar&rdquo; y desechando despu&eacute;s lo que no tenga trascendencia tributaria.</p> <p>Despu&eacute;s de examinar las facturas, el Tribunal Supremo constata que en las mismas aparecen &ldquo;datos con relevancia econ&oacute;mica&rdquo;, como las cantidades pagadas por el padre al colegio y los conceptos honorarios year, lunch, ballet, reserva de plaza y seguros de accidentes.</p> <p>En efecto, prosigue la sentencia, &ldquo;las facturas de referencia contienen datos personales de los menores pero no todo dato personal es &iacute;ntimo ni la protecci&oacute;n que a la informaci&oacute;n personal fundamenta el art&iacute;culo 18 de la Constituci&oacute;n puede erigirse en obst&aacute;culo para el cumplimiento del deber que la propia Constituci&oacute;n impone a todos de contribuir al sostenimiento de los gastos p&uacute;bicos de acuerdo con la capacidad econ&oacute;mica de cada uno&rdquo;.</p> <p>En la misma l&iacute;nea, a&ntilde;ade que &ldquo;las referencias al colegio en que estudiaban los menores, a que realizaban una actividad extraescolar y a que com&iacute;an en el centro no forma parte, propiamente, del &aacute;mbito de la intimidad y en ning&uacute;n caso est&aacute;n excluidas del conocimiento de la Administraci&oacute;n Tributaria desde el momento en que todas ellas tienen una traducci&oacute;n econ&oacute;mica y, por tanto, son relevantes para establecer la capacidad econ&oacute;mica de su padre&rdquo;.</p> <p>Por todo ello, concluye que la informaci&oacute;n recibida por Hacienda es de car&aacute;cter personal pero no pertenece al &aacute;mbito de la intimidad reservado al conocimiento propio o familiar ni est&aacute; excluida de la potestad de inspecci&oacute;n y comprobaci&oacute;n tributaria. Afirma que predomina en ella el car&aacute;cter econ&oacute;mico, de manera que esos datos no son &ldquo;privados no patrimoniales&rdquo;.</p> <p>La sentencia, con ponencia del magistrado Pablo Lucas, recuerda que la Ley General Tributaria establece el car&aacute;cter reservado de los datos con trascendencia tributaria que haya obtenido la Administraci&oacute;n en el desempe&ntilde;o de sus funciones y solamente autoriza su uso para los espec&iacute;ficos fines que se&ntilde;ala: la efectiva liquidaci&oacute;n de los tributos o recursos cuya gesti&oacute;n tenga encomendada la Administraci&oacute;n Tributaria o la imposici&oacute;n de las sanciones que procedan.</p> <p>Tambi&eacute;n se&ntilde;ala que se proh&iacute;be la cesi&oacute;n o comunicaci&oacute;n a terceros y que se obliga a Hacienda a tomar las medidas precisas para garantizar la confidencialidad de la informaci&oacute;n tributaria y su uso adecuado, obligando a autoridades y funcionarios que tengan conocimiento de los mismos &ldquo;al m&aacute;s estricto y completo sigilo respecto de ellos&rdquo;.</p> <p>Por otra parte, la Sala Tercera afirma que se trata de datos personales que, pese a su relevancia tributaria, no se ven desprovistos de toda protecci&oacute;n, pudiendo ser cedidos a la Administraci&oacute;n P&uacute;blica sin consentimiento del afectado cuando as&iacute; lo autorice una Ley, como ha ocurrido en este caso.</p> <p>La Sala Tercera rechaza adem&aacute;s que el requerimiento sea ilegal al basarse en una Memoria del citado colegio que no era p&uacute;blica, tal y como alegaba el recurso. Sobre este extremo, afirma que aunque la Memoria no est&eacute; a la venta y se dirija a la comunidad educativa del Runnymede College, no es un documento sustra&iacute;do al conocimiento de la administraci&oacute;n tributaria ni es il&iacute;cito servirse de &eacute;l para las actuaciones de inspecci&oacute;n y comprobaci&oacute;n tributaria.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=871156b8a1806510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 20 Jul 2016 14:00:00 +0200 El Tribunal Supremo confirma la condena a Diego Torres por filtrar los correos electrónicos de Iñaki Urdangarín http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=702fea403f206510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Primera del Tribunal Supremo, reunida en Pleno, ha estima el recurso de casaci&oacute;n interpuesto por Unidad Editorial Informaci&oacute;n General, S.L.U. y Semana, S.L. (editores, respectivamente, del diario El Mundo y de la revista Semana) y desestimado los recursos de casaci&oacute;n interpuestos por Mediaset Espa&ntilde;a Comunicaci&oacute;n, S.A. (emisora del programa de Ana Rosa), Cuarzo Producciones, S.A. (productora del programa de Ana Rosa), Titania Compa&ntilde;&iacute;a Editorial, S.L. (editora de Vanitatis), y Diego Torres P&eacute;rez, contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona dictada en el juicio ordinario sobre protecci&oacute;n del derecho a la intimidad personal y familiar promovido por I&ntilde;aki Urdangar&iacute;n con motivo de los correos electr&oacute;nicos que Diego Torres anunci&oacute; aportar en la causa penal abierta y sobre los que se hicieron publicaciones en los distintos medios.</p> <p>La sentencia dictada en primera instancia desestim&oacute; la demanda; pero la Audiencia Provincial revoc&oacute; la sentencia y estim&oacute; la demanda interpuesta por Urdangar&iacute;n, declarando lesionado su derecho a la intimidad personal y familiar por Torres como consecuencia de la revelaci&oacute;n y divulgaci&oacute;n del contenido de los mensajes de correo de car&aacute;cter personal e &iacute;ntimo relativo a la vida privada del demandante y por el resto de los codemandados &ndash;medios de comunicaci&oacute;n- como consecuencia de la divulgaci&oacute;n y publicaci&oacute;n sobre su contenido, condenando a todos los demandados a cesar y abstenerse en lo sucesivo en el descubrimiento, revelaci&oacute;n, publicaci&oacute;n, difusi&oacute;n y divulgaci&oacute;n en cualquier medio del contenido de los mensajes, y que hagan referencia a la vida &iacute;ntima del demandante o de su familia, as&iacute; como hacer declaraciones, efectuar comentarios, emitir opiniones o juicios de valor sobre el contenido de dichos mensajes.</p> <p>La sentencia de la Audiencia barcelonesa conden&oacute; tambi&eacute;n a los demandados a abonar al demandante el importe de un euro como indemnizaci&oacute;n por da&ntilde;o moral y a la publicaci&oacute;n del encabezamiento y fallo de la sentencia.</p> <p>La sentencia de Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo valora en abstracto el peso de los respectivos derechos fundamentales que entran en colisi&oacute;n &ndash;libertad de informaci&oacute;n y derecho a la intimidad- , siendo regla general que la revelaci&oacute;n de las relaciones afectivas de las personas carece en absoluto de cualquier trascendencia para la comunidad, porque no afecta al conjunto de los ciudadanos.</p> <p>Constatada la colisi&oacute;n entre derechos, examina la intensidad y trascendencia con la que cada uno de ellos ha resultado afectado y, como resultado de este examen, estima uno de los recursos y casa la sentencia recurrida para dejar sin efecto la condena a dos de los medios de comunicaci&oacute;n que b&aacute;sicamente se limitaron a dar la noticia -sobre la posible aportaci&oacute;n en causa penal de correos electr&oacute;nicos-, conducta que supone una afectaci&oacute;n leve de la intimidad del demandante, justificada por su relevancia p&uacute;blica.</p> <p>La Sala desestima el resto de los recursos de casaci&oacute;n y mantiene el pronunciamiento condenatorio de la Audiencia Provincial sobre Diego Torres por la divulgaci&oacute;n y filtraci&oacute;n a los medios sobre los correos electr&oacute;nicos sin consentimiento del demandante, teniendo en cuenta que son los individuos quienes deciden qu&eacute; aspectos de su persona desean preservar de la difusi&oacute;n y quienes poseen la facultad de poder impedir la divulgaci&oacute;n de datos de su intimidad por parte de un tercero no autorizado, sea cual fuere la finalidad perseguida.</p> <p>En cuanto al resto de los medios de comunicaci&oacute;n que se extralimitaron en la noticia, ahondando en su contenido y morbo, la Sala confirma la intromisi&oacute;n ileg&iacute;tima en el derecho a la intimidad personal y familiar del demandante: "Una cosa es que las actividades &ndash;de I&ntilde;aki Urdangar&iacute;n- est&eacute;n expuestas a la curiosidad o incluso al escrutinio de los medios de comunicaci&oacute;n y de la ciudadan&iacute;a y otra que su conducta privada, en el &aacute;mbito matrimonial, sentimental o sexual pueda ser divulgada o expuesta como mercanc&iacute;a". Su condici&oacute;n de personaje p&uacute;blico no minusvalora ni degrada su derecho fundamental a la intimidad.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=702fea403f206510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 19 Jul 2016 14:45:00 +0200 El Tribunal Supremo resuelve sobre la nulidad de una cláusula incorporada a un préstamo con garantía hipotecaria http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=0a23069a14206510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha dictado sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Ignacio Sancho Gargallo, en un asunto en el que se suscitaba controversia con respecto a la nulidad por abusiva de una cl&aacute;usula contractual contenida en contrato de pr&eacute;stamo con garant&iacute;a hipotecaria, que posibilitaba la venta extrajudicial.<br />Se adjunta nota de prensa de la Sala.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=0a23069a14206510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 19 Jul 2016 11:15:00 +0200 El Tribunal Supremo avala la campaña publicidad de ‘Hazteoir’ contra Cristina Cifuentes por su posición ante el aborto http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=50e4567aad106510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Contencioso-administrativo ha avalado la campa&ntilde;a publicitaria de Hazteoir.org en contra de Cristina Cifuentes, candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid en las elecciones auton&oacute;micas de 2015, por su posici&oacute;n favorable al aborto al considerar que es una manifestaci&oacute;n de los derechos fundamentales a la libertad de expresi&oacute;n y a la participaci&oacute;n pol&iacute;tica.</p> <p>La sentencia estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por dicha asociaci&oacute;n, por el cauce del procedimiento especial para la protecci&oacute;n de los derechos fundamentales de la persona, y anula los acuerdos de la Junta Electoral Provincial y Central, de 7 de mayo y de 13 de mayo de 2015, respectivamente, que obligaron a retirar de forma inmediata la publicidad de las vallas publicitarias, situadas en el distrito de Vallecas, de un autob&uacute;s y de la p&aacute;gina web yorompo.org de la Asociaci&oacute;n Derecho a Vivir por tratarse de un acto electoral, prohibido por la ley Org&aacute;nica de R&eacute;gimen Electoral General.</p> <p>En concreto, el acuerdo de la Junta Electoral Central, que inclu&iacute;a un voto particular de cinco de sus miembros, basaba su decisi&oacute;n en que el art&iacute;culo 50.5 de la Ley Org&aacute;nica de R&eacute;gimen Electoral General proh&iacute;be a cualquier persona jur&iacute;dica, distinta de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores, que realice actos de campa&ntilde;a electoral, a partir de la fecha de la convocatoria de las elecciones, sin perjuicio de lo establecido en el art&iacute;culo 20 de la Constituci&oacute;n.</p> <p>El mismo acuerdo razonaba que la publicidad cuestionada, que inclu&iacute;a expresiones como &ldquo;Si votas Cifuentes, votas aborto&rdquo; o &ldquo;Yo rompo con Cifuentes&rdquo;, no constituye un hecho aislado que exprese &uacute;nicamente una posici&oacute;n de cr&iacute;tica respecto a una determinada decisi&oacute;n pol&iacute;tica, sino que se trata de una campa&ntilde;a organizada para orientar el sentido del voto en contra de una de las candidatas.</p> <p>La Junta Electoral Central recordaba que el art&iacute;culo 50.4 de la Ley Org&aacute;nica de R&eacute;gimen Electoral General establece que por campa&ntilde;a electoral se entiende el conjunto de actividades l&iacute;citas llevadas a cabo en orden a la captaci&oacute;n de sufragios, pero consideraba que la publicidad para promover que no se vote a un candidato determinado tambi&eacute;n es campa&ntilde;a electoral en la medida en que directa o indirectamente persigue orientar el voto de los electores, como ocurre en este caso.</p> <p>Por su desacuerdo con la decisi&oacute;n, Hazteoir.org present&oacute; una demanda en la que ped&iacute;a que se anularan los citados acuerdos argumentando que con su campa&ntilde;a se limitaba a hacer visible la posici&oacute;n que una candidata tiene sobre el aborto y, por tanto, que no ped&iacute;a el voto para ninguna formaci&oacute;n pol&iacute;tica ni invitaba a la ciudadan&iacute;a a retirar su voto a ning&uacute;n partido pol&iacute;tico.</p> <p>El Partido Popular aleg&oacute; que la asociaci&oacute;n pretend&iacute;a enmascarar como campa&ntilde;a publicitaria lo que era una actividad propia de campa&ntilde;a electoral, dirigida a todo el electorado y sin legitimidad para ello, con la &uacute;nica finalidad de captar el voto, en este caso contrario a su candidata, y excediendo la labor de cr&iacute;tica y difusi&oacute;n de ideas.</p> <p>Por su parte, el Ministerio Fiscal era partidario de estimar el recurso de Hazteoir.org como finalmente ha hecho la Sala de lo Contencioso-Administrativo en esta sentencia en la que sostiene que carece de justificaci&oacute;n la equiparaci&oacute;n que el acuerdo de la Junta Electoral Central efect&uacute;a de los actos dirigidos a orientar el voto de los electores con las estrictas actividades realizadas para captar sufragios.</p> <p>La sentencia de la Sala Tercera, de la que ha sido ponente el magistrado Nicol&aacute;s Maurandi, explica que la finalidad de la prohibici&oacute;n del art&iacute;culo 50.5 de la LOREG es evitar que en esas estrictas actividades de captaci&oacute;n de sufragios, se interfieran unas personas jur&iacute;dicas distintas de las mencionadas en el apartado 4 (candidatos, partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones) para que los candidatos no burlen las reglas en las que se ha de mover la campa&ntilde;a electoral y tampoco logren un apoyo externo que quebrante la igualdad de medios que debe presidir la contienda electoral.</p> <p>En consecuencia, a&ntilde;ade que &ldquo;deben quedar fuera de esa prohibici&oacute;n aquellas otras actividades no directamente encaminadas a captar votos favorables aunque exterioricen posiciones cr&iacute;ticas o discrepancias con las posiciones defendidas por los candidatos, pues no solamente no encajan en la letra de la ley (captaci&oacute;n de sufragios) sino que adem&aacute;s est&aacute;n alejadas de ese prop&oacute;sito de la norma de asegurar la igualdad en los instrumentos que sean utilizados para el concreto objetivo de obtenci&oacute;n de votos&rdquo;.</p> <p>Tambi&eacute;n indica que &ldquo;establecer una equivalencia entre pedir el voto e influir en el voto puede conducir a una grave y desproporcionada restricci&oacute;n de derechos fundamentales durante el periodo electoral, estrangulando el debate p&uacute;blico y convirtiendo el espacio de di&aacute;logo pol&iacute;tico en un &aacute;mbito de monopolio ocupado en exclusiva por los partidos pol&iacute;ticos y sus candidaturas&rdquo;.</p> <p>Otro argumento de la Sala Tercera es que el binomio &ldquo;incidir en el sentido del voto/captar sufragios&rdquo;, como actividades claramente diferenciadas y distintas, est&aacute; en la propia LOREG que no se limita a establecer la captaci&oacute;n de votos como un l&iacute;mite de la campa&ntilde;a institucional que durante el periodo electoral pueden realizar los poderes p&uacute;blicos, sino que va m&aacute;s all&aacute; con la imposici&oacute;n &ldquo;sin influir, en ning&uacute;n caso, en la orientaci&oacute;n del voto a los electores&rdquo;.</p> <p>Por &uacute;ltimo, la sentencia incide en que todas estas consideraciones se ven reforzadas con lo establecido por el Tribunal Supremo en su sentencia de 1982 en la que defiende la necesidad de interpretar las restricciones de las normas electorales de manera arm&oacute;nica y conjunta con otros mandatos y postulados de la Constituci&oacute;n.</p> <p>Para el alto tribunal, los citados mandatos y postulados constitucionales son: la afirmaci&oacute;n de que la soberan&iacute;a nacional reside en el pueblo espa&ntilde;ol (art&iacute;culo 1); la configuraci&oacute;n de la participaci&oacute;n pol&iacute;tica de los ciudadanos como un derecho fundamental (art&iacute;culo 23); la participaci&oacute;n ciudadana para un amplio elenco de decisiones del poder pol&iacute;tico (art&iacute;culos 92, 105, 125 y 129); y la configuraci&oacute;n de los partidos pol&iacute;ticos como &ldquo;instrumento fundamental para la participaci&oacute;n pol&iacute;tica&rdquo;, pero no &uacute;nico.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=50e4567aad106510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 19 Jul 2016 09:00:00 +0200 El Tribunal Supremo ordena repetir la sentencia sobre el PGOU ‘Operación Calderón’ de Madrid http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=c4ab4f911ecf5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala III del Tribunal Supremo ha anulado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 13 de abril de 2015, en relaci&oacute;n a la modificaci&oacute;n puntual del PGOU de Madrid de 1997 en el &aacute;mbito &lsquo;Mahou-Vicente Calder&oacute;n&rsquo;. El Supremo considera que dicha sentencia tiene falta de motivaci&oacute;n, por lo que ordena al Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictar una nueva.</p> <p>El Tribunal Superior de Justicia de Madrid estim&oacute; en parte el recurso de la Asociaci&oacute;n Se&ntilde;ales de Humo, contra el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de fecha 29 de diciembre de 2009 que aprueba definitivamente la Modificaci&oacute;n Puntual del PGOU Madrid de 1997, en el &aacute;mbito "Mahou-Vicente Calder&oacute;n". As&iacute;, anul&oacute; por no ser conformes a derecho los particulares de la referida modificaci&oacute;n puntual que permiten una edificabilidad general en el &aacute;mbito por encima de la prohibici&oacute;n legal de edificar una altura superior a tres plantas m&aacute;s &aacute;tico, incluida la baja, plantas retranqueadas y semis&oacute;tanos que sobresalgan m&aacute;s de un metro, de manera que la edificaci&oacute;n resultante no exceda de dichas tres plantas m&aacute;s &aacute;tico en todos y cada uno de los puntos del terreno.</p> <p>Ahora, el Supremo estima los recursos del Ayuntamiento de Madrid, Mahou y el club Atl&eacute;tico de Madrid contra dicha sentencia, acogiendo que fue incongruente y estuvo falta de motivaci&oacute;n en un punto esencial para resolver el pleito: la aplicaci&oacute;n al caso de lo prescrito en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, de 2001, y de la reforma de la misma establecida en la Ley de Modernizaci&oacute;n de la Comunidad, de 2007. Al tratarse de normas de procedencia auton&oacute;mica, debe ser el TSJ de Madrid el que dicte nueva sentencia solventando el problema de falta de motivaci&oacute;n.</p> <p>Sobre la falta de motivaci&oacute;n de la sentencia ahora revocada, el Supremo explica que nada dice &ldquo;respecto de la alegaci&oacute;n relativa al &aacute;mbito de aplicaci&oacute;n de tal limitaci&oacute;n de alturas desde la perspectiva del concepto &ldquo;nuevos desarrollos urban&iacute;sticos&rdquo; (que se utiliza en el Pre&aacute;mbulo de la Ley de 2007), y que las recurridas consideraron, en la instancia, s&oacute;lo referidos al &ldquo;suelo urbanizable no sectorizado o sectorizado&rdquo;, mas no al &ldquo;suelo urbano&rdquo;, como es el del &aacute;mbito que nos ocupa&rdquo;.</p> <p>&ldquo;Esta cuesti&oacute;n, que resultaba esencial para la resoluci&oacute;n del conflicto suscitado, es a la que la Sala no responde, dando una salida a la cuesti&oacute;n ---en los t&eacute;rminos que hemos reproducido--- que no puede superar el nivel de exigencia de motivaci&oacute;n, pues las razones dadas por la Sala no son suficientes para resolver las cuestiones que las partes recurridas somet&iacute;an a la consideraci&oacute;n del Tribunal de instancia&rdquo;, a&ntilde;ade la Sala III.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=c4ab4f911ecf5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 18 Jul 2016 10:00:00 +0200 El Tribunal Supremo archiva una denuncia contra Pablo Iglesias por supuestos pagos del Gobierno de Venezuela http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=624aa531b8ee5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha archivado la denuncia presentada por un particular contra el diputado y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, por supuestos pagos por asesoramientos al Gobierno de Venezuela al considerar que los hechos denunciados en la misma no son constitutivos de delito.</p> <p>El auto indica que la denuncia se basa en &ldquo;simples noticias&rdquo;, difundidas a trav&eacute;s de medios de comunicaci&oacute;n, que no constituyen verdaderos indicios.</p> <p>El denunciante alegaba que el Gobierno de Nicol&aacute;s Maduro efectu&oacute; un pago de 272.325 d&oacute;lares a Pablo Iglesias a trav&eacute;s de un banco situado en un para&iacute;so fiscal, en marzo de 2014, dos meses despu&eacute;s de la fundaci&oacute;n de Podemos. Tambi&eacute;n argumentaba que la orden de las autoridades venezolanas se camufl&oacute; como un pago de "asesor&iacute;as para el desarrollo social en el pa&iacute;s".</p> <p>La Sala Segunda considera que no existe apariencia delictiva en los hechos denunciados, "pues el pago por asesoramientos al Gobierno de Venezuela no constituye el delito de financiaci&oacute;n ilegal que por primera vez se tipific&oacute; en la reforma de 2015, ni tampoco blanqueo de capitales o fiscal, pues para su existencia en relaci&oacute;n con el primero, tendr&iacute;a que constar el origen delictivo de los bienes y no pueden presumirse ileg&iacute;timos y procedentes de delito los bienes recibidos del Gobierno de un pa&iacute;s en contraprestaci&oacute;n por servicios de asesoramiento, y en el segundo delito, no consta la elusi&oacute;n del pago de tributos por esa cantidad en cuant&iacute;a superior a la cuota prevista del art&iacute;culo 305 del C&oacute;digo Penal".</p> <p>Del mismo modo, explica que en la denuncia, que se acompa&ntilde;a de "tres fotocopias", &ldquo;no se ofrece elemento o principio de prueba alguno que avale razonablemente la realidad de la posible comisi&oacute;n de un hecho delictivo".</p> <p>Por todo ello, concluye que &ldquo;la mera publicaci&oacute;n de informaciones en los medios de comunicaci&oacute;n no puede justificar la apertura de un procedimiento penal para su investigaci&oacute;n si la denuncia que los incorpora, como es el caso, no aporta u ofrece alg&uacute;n indicio de su comisi&oacute;n que pueda ser calificado como accesible y racional".</p> <p>La Sala recuerda que la inadmisi&oacute;n es el camino a seguir &ndash;como en causa especial de querella presentada contra un exministro- cuando el querellante se limita a narrar unos hechos sustentados &uacute;nicamente en una informaci&oacute;n period&iacute;stica, careciendo de m&iacute;nimo apoyo probatorio, y que desde su perspectiva considera ocurridos, pero sin que acompa&ntilde;e a su denuncia datos objetivos y accesibles de la realidad de lo sucedido en cuanto a la intervenci&oacute;n de la persona querellada.</p> <p>Tambi&eacute;n sostiene (causa especial denuncia contra expresidente del Congreso) que la mera remisi&oacute;n al contenido de las informaciones supone que quien interpone la denuncia no asume como propia la imputaci&oacute;n de tales hechos ni, por ello, las responsabilidades que podr&iacute;an derivarse de una eventual falsedad.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=624aa531b8ee5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 15 Jul 2016 14:40:00 +0200 El Tribunal Supremo elimina las preferencias que establece el Reglamento de Costas para conceder los chiringuitos de playa http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=7ea947ff698e5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de una particular y ha anulado la Disposici&oacute;n transitoria vigesimosexta del Real Decreto 876/2014, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas, donde se reconoce ese derecho de preferencia en el otorgamiento de concesiones a quienes, cuando entr&oacute; en vigor la Ley de Costas de 2013, tuvieran su actividad o instalaci&oacute;n abierta. Para el Supremo, ello vulnera los principios de igualdad de trato, proporcionalidad y jerarqu&iacute;a normativa por &ldquo;beneficiar&rdquo; a quienes tuvieran chiringuito abierto.</p> <p>En l&iacute;nea con la recurrente, el Tribunal Supremo entiende que esta disposici&oacute;n es desproporcionada y afecta a las condiciones de igualdad de las personas que est&eacute;n interesadas en obtener una concesi&oacute;n de instalaciones ubicadas en tramos naturales de playa.</p> <p>&ldquo;Entendemos que, al no establecer factor o criterio alguno que venga a acotar los t&eacute;rminos en que la preferencia pudiera hacerse valer y consentir por tanto a partir de tal grado de indeterminaci&oacute;n que pueda venir a prevalecer aquella de modo absoluto e irresistible, convirtiendo a quienes no ostentan otra posici&oacute;n que la de meros precaristas en aut&eacute;nticos concesionarios, la disposici&oacute;n transitoria vigesimosexta impugnada aparece desprovista de la justificaci&oacute;n objetiva y razonable que le es exigible y desatiende, en suma, las exigencias dimanantes de los principios de igualdad de trato y de proporcionalidad&rdquo;, se&ntilde;alan los magistrados.</p> <p>Adem&aacute;s, el Reglamento tambi&eacute;n vulnera el principio de jerarqu&iacute;a normativa, ya que el reconocimiento del derecho de preferencia que establece no est&aacute; respaldado en el texto legal de referencia, que es la Ley de Costas.<br />La disposici&oacute;n transitoria vigesimosexta que ahora se anula reconoce el derecho de preferencia de los actuales ocupantes de terrenos de dominio p&uacute;blico mar&iacute;timo terrestre con t&iacute;tulos habilitantes extinguidos o en curso de tramitaci&oacute;n. Seg&uacute;n la recurrente, esta disposici&oacute;n supone en la pr&aacute;ctica la concesi&oacute;n encubierta de una pr&oacute;rroga, concedida a quien carece de un derecho vigente y con una preferencia contraria al principio de igualdad y libertad de empresa.</p> <p>En su sentencia, la Secci&oacute;n Quinta de la Sala Tercera reconoce la legitimidad de la recurrente -que hab&iacute;a sido rechazada por el abogado del Estado-, al subrayar que su inter&eacute;s no es &ldquo;meramente potencial&rdquo;, puesto que compromete su derecho, &ldquo;y el de cuantos se encuentren en su misma posici&oacute;n, a presentarse a los concursos que se convoquen y que pueden tener lugar de forma inmediata a partir de la entrada en vigor de la disposici&oacute;n transitoria impugnada&rdquo;.</p> <p>El tribunal a&ntilde;ade que para concursar se requieren unas inversiones y gastos que devendr&iacute;an in&uacute;tiles de mantenerse el derecho de preferencia en los t&eacute;rminos establecidos en la citada disposici&oacute;n.</p> <p>Una vez despejada la legitimidad de la recurrente, la Sala entra a valorar el fondo del asunto y concluye que no est&aacute; justificada una cl&aacute;usula como la disposici&oacute;n transitoria recurrida, que por beneficiar a los actuales ocupantes de terrenos de dominio p&uacute;blico mar&iacute;timo terrestre con instalaciones activas y abiertas, les otorga una posici&oacute;n de ventaja que no resulta proporcionada puesto que en los t&eacute;rminos en que aparece legalmente consagrada, &ldquo;la preferencia es absoluta y sin matices&rdquo; y confiere a los actuales ocupantes &ldquo;una posici&oacute;n de ventaja incompatible con el principio de igualdad de trato&rdquo;.</p> <p>Adem&aacute;s, la Sala ha valorado las nuevas disposiciones legales sobre la materia que ampl&iacute;an a 75 a&ntilde;os los plazos m&aacute;ximos de la duraci&oacute;n de las concesiones, as&iacute; como los del otorgamiento de las pr&oacute;rrogas correspondientes. Asimismo, el ponente Jose Juan Suay hace constar que el texto legal de referencia, la Ley de Costas, no respalda el reconocimiento del derecho de preferencia contemplado en la mencionada disposici&oacute;n transitoria del Reglamento, por lo que al no existir cobertura normativa dicha disposici&oacute;n trasciende de lo legalmente previsto, que consiste en servir de complemento normativo.</p> <p>El abogado del Estado explic&oacute; en sus alegaciones que la norma cuestionada trataba de dar respuesta a una situaci&oacute;n de hecho, como era la existencia, a la entrada en vigor de la Ley de Costas de 2013, de ocupantes de terrenos de dominio p&uacute;blico mar&iacute;timo-terrestre que manten&iacute;an su actividad o instalaci&oacute;n abierta.</p> <p>Por otro lado, la Sala establece que no cabe acceder, en el marco de este recurso, a la nulidad de cuantas pr&oacute;rrogas hayan sido concedidas en aplicaci&oacute;n de la disposici&oacute;n transitoria recurrida, como tambi&eacute;n ped&iacute;a la recurrente.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=7ea947ff698e5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 14 Jul 2016 12:00:00 +0200 El Tribunal Supremo condena a un año prisión a una joven por humillar a través de twitter a Irene Villa y a Miguel Ángel Blanco http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=ff305437b54e5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a un a&ntilde;o de prisi&oacute;n a una joven por un delito de enaltecimiento del terrorismo y humillaci&oacute;n a las v&iacute;ctimas cometido al difundir a trav&eacute;s de twitter, bajo el perfil de &lsquo;Madame guillotine&rsquo;, mensajes que atentaron a la dignidad de Irene Villa y Miguel &Aacute;ngel Blanco.&nbsp;Los magistrados rebajan de 2 a 1 a&ntilde;o de prisi&oacute;n la pena que le impuso la Audiencia Nacional al estimar parcialmente el recurso de casaci&oacute;n interpuesto por la acusada, acogiendo el motivo en el que alegaba la desproporci&oacute;n de la condena.</p> <p>Seg&uacute;n los hechos probados, la joven, nacida en 1991, public&oacute; comentarios y expresiones desde su perfil de Twitter, donde ten&iacute;a 790 seguidores, con el fin de denigrar la memoria de la v&iacute;ctima de la organizaci&oacute;n terrorista ETA, Miguel &Aacute;ngel Blanco, y despreciar a Irene Villa, v&iacute;ctima tambi&eacute;n de un atentado, as&iacute; como ensalzar las actividades de miembros de la citada organizaci&oacute;n.</p> <p>La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Juli&aacute;n S&aacute;nchez Melgar, considera que las expresiones se enmarcan dentro del discurso del odio que no est&aacute;n protegidas por la libertad ideol&oacute;gica o de expresi&oacute;n. A&ntilde;ade que no se trata de criminalizar opiniones discrepantes sino de combatir actuaciones dirigidas a la promoci&oacute;n p&uacute;blica de quienes ocasionan un grave quebranto en el r&eacute;gimen de libertades y da&ntilde;o en la paz de la comunidad con sus actos criminales, atentando contra el sistema democr&aacute;tico establecido. Asimismo, indica que la humillaci&oacute;n o desprecio a las v&iacute;ctimas afecta directamente a su honor y a su dignidad, perpetuando su victimizaci&oacute;n, que es actualizada a trav&eacute;s de esa conducta.</p> <p><strong>Humor negro y burla</strong></p> <p>La Sala Segunda concluye que "no se penaliza el chiste f&aacute;cil o de mal gusto, sino que una de las facetas de la humillaci&oacute;n consiste en la burla, que no est&aacute; recreada en este caso con chistes macabros con un sujeto pasivo indeterminado, sino un bien concreto y referido a unas personas a quien se identifica con su nombre y apellidos.</p> <p>En este caso, subraya la sentencia, se cumple el requisito objetivo del delito de enaltecimiento del terrorismo y humillaci&oacute;n a las v&iacute;ctimas, tanto por las acciones en alabanza de terrorismo (Viva ETA o la &ldquo;Lucha es el &uacute;nico camino. Dale duro hasta ganar&rdquo;) como en las expresiones relativas a la humillaci&oacute;n de las v&iacute;ctimas, focalizadas en Irene Villa o en Miguel &Aacute;ngel Blanco.</p> <p>Para el Tribunal Supremo, las expresiones &ldquo;&iquest;C&oacute;mo monta Irene Villa a caballo? Con velcro&rdquo;, &ldquo;&iquest;De qu&eacute; tiene la frente morada Irene Villa? De llamar a las puertas&rdquo;, otras como &ldquo;&iquest;En qu&eacute; se parece Miguel &Aacute;ngel Blanco a un delf&iacute;n? En el agujero de la nuca&rdquo;, &ldquo;&iquest;Qu&eacute; le regalar&aacute;n al sobrino de Miguel &Aacute;ngel Blanco por Navidades? Un tiovivo&rdquo; son &ldquo;incuestionablemente constitutivas del concepto de humillaci&oacute;n a las v&iacute;ctimas.</p> <p>Tambi&eacute;n concurre el elemento subjetivo del delito porque "la difusi&oacute;n de tales expresiones son consecuencia del conocimiento de lo que se transmite, y que lo que se transmite es una ofensa p&uacute;blica a v&iacute;ctimas del terrorismo, debe deducirse del talante cultural de quien lo ha escrito y enviado a la red a trav&eacute;s de su cuenta de twitter".</p> <p><strong>Pena proporcionada condiciones personales acusada</strong></p> <p>De los diferentes motivos alegados en el recurso de casaci&oacute;n, la Sala de lo Penal estima el relativo a la desproporci&oacute;n de la pena y acuerda establecer una m&aacute;s proporcionada a las condiciones personales de la acusada: una joven estudiante en el momento de los hechos. En este tipo de delitos, subraya la sentencia, &ldquo;ha de ponderarse no solo en funci&oacute;n de las expresiones que conforman el tipo objetivo del delito, sino sustancialmente con base en la personalidad y en este caso juventud de la autora de la infracci&oacute;n criminal, cuyo comportamiento debe condenarse, siendo as&iacute; que deber&aacute; proclamarse en este tipo de acciones un ejercicio de ciudadan&iacute;a responsable&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=ff305437b54e5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 13 Jul 2016 15:35:00 +0200 Comunicado de la Sala Social del Tribunal Supremo sobre el despido colectivo de Panrico http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=5d785437b54e5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha examinado los recursos de casaci&oacute;n (323/2014- despido colectivo Panrico) contra la sentencia de la Audiencia Nacional que hab&iacute;a declarado &nbsp;el despido ajustado a derecho, salvo en dos aspectos concretos:</p> <p>a) El aplazamiento de la indemnizaci&oacute;n pactada.</p> <p>b) Los despidos a realizar diferidamente en 2015 y 2016 (aspecto no cuestionado en el recurso).</p> <p>La Sala, por mayor&iacute;a y con voto particular en contra, ha decidido (desestimando los recursos de los sindicatos y las causas de nulidad por ellos invocadas, y estimando el recurso de la empresa) confirmar la sentencia de la Audiencia Nacional, salvo en lo referente al aplazamiento de la indemnizaci&oacute;n pactada que se declara ajustada a derecho.</p> <p><br /> </p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=5d785437b54e5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 13 Jul 2016 15:07:00 +0200 El Tribunal Supremo anula la condena a tres miembros de ETA por la denegación de una prueba pericial sobre torturas http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=19475c1a4b3e5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha anulado una sentencia de la Audiencia Nacional que conden&oacute; a tres presuntos miembros de ETA por no haber admitido dicho tribunal la prueba pericial psicol&oacute;gica de uno de los acusados en aplicaci&oacute;n del Protocolo de Estambul, que es un manual para la investigaci&oacute;n de torturas asumido por la ONU desde el a&ntilde;o 2000. Los magistrados consideran que la denegaci&oacute;n de dicha prueba supuso una efectiva indefensi&oacute;n.</p> <p>El Supremo ordena devolver la causa a la Audiencia Nacional, para que un tribunal formado por magistrados distintos a los que pronunciaron la sentencia condenatoria ordene practicar la prueba pericial indebidamente denegada, celebre nuevo juicio y dicte nueva sentencia.</p> <p>El alto tribunal, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Joaqu&iacute;n Gim&eacute;nez, se&ntilde;ala que la realizaci&oacute;n de la prueba denegada por la Audiencia era &ldquo;pertinente&rdquo; y &ldquo;necesaria&rdquo; por su directa incidencia en la soluci&oacute;n del caso.</p> <p>La sentencia estima parcialmente el recurso de Saoia S&aacute;nchez Iturregui, la &uacute;nica de las tres personas condenadas que recurri&oacute; al Supremo. La resoluci&oacute;n de la Audiencia Nacional consider&oacute; probado que fue ella quien capt&oacute; para ETA, en 2006, a los otros dos acusados, I&ntilde;igo Zapira&iacute;n Romano y Beatriz Etxebarr&iacute;a Caballero. Los tres fueron condenados en esta causa a 15 a&ntilde;os de c&aacute;rcel por un delito de estragos, por la colocaci&oacute;n de un artefacto explosivo en una oficina del INEM de Bilbao en enero de 2006.</p> <p>El Supremo destaca que la &uacute;nica prueba de cargo contra S&aacute;nchez Iturregui fue la declaraci&oacute;n de Zapirain prestada ante el Juzgado de guardia de la Audiencia Nacional el 5 de marzo de 2011, tras su detenci&oacute;n, encontr&aacute;ndose en r&eacute;gimen de incomunicaci&oacute;n, en la que ratific&oacute; sus declaraciones en sede policial, tambi&eacute;n incomunicado. Posteriormente, el 5 de abril de 2011, ya asistido por abogado de libre designaci&oacute;n y no por uno de oficio, como anteriormente, dijo que sus anteriores declaraciones ante la Guardia Civil las hizo bajo coacciones y amenazas de que su pareja (Beatriz Etxebarr&iacute;a Caballero) iba a ser violada y torturada en caso de no firmarlas.</p> <p>Saoia S&aacute;nchez Iturregui propuso en su escrito de calificaci&oacute;n provisional una prueba pericial anticipada a la vista oral, en relaci&oacute;n a I&ntilde;igo Zapirain, a practicar por dos licenciados en psicolog&iacute;a designados por la defensa, con objeto de realizar un informe y an&aacute;lisis en aplicaci&oacute;n del Protocolo de Estambul, que incluye las directrices internacionales para examinar a personas que han alegado torturas y malos tratos. La Audiencia deneg&oacute; en un auto de septiembre de 2015 la prueba por considerarla innecesaria e in&uacute;til por extempor&aacute;nea, al haber transcurrido m&aacute;s de 4 a&ntilde;os desde la detenci&oacute;n de dicha persona.</p> <p>Por el contrario, el Supremo considera pertinente y necesaria la pericial propuesta, teniendo en cuenta que las declaraciones de Zapirain fueron decisivas para la condena de Saoia S&aacute;nchez. Sobre el transcurso de cuatro a&ntilde;os, indica que no es argumento decisivo para su rechazo, y s&oacute;lo podr&iacute;a haber tenido incidencia para graduar la posible eficacia de los informes efectuados en aplicaci&oacute;n del Protocolo de Estambul. La denegaci&oacute;n de la misma produjo un quebranto en el derecho a la pr&aacute;ctica de la prueba, que se tradujo en una efectiva indefensi&oacute;n prohibida en el art&iacute;culo 24.1 de la Constituci&oacute;n.</p> <p>La sentencia explica que la situaci&oacute;n de detenido-incomunicado supone un estatuto de la persona limitado en garant&iacute;as, aunque esa reducci&oacute;n de garant&iacute;as no se haya declarado incompatible con los convenios internacionales en materia de Derechos Humanos.</p> <p>La resoluci&oacute;n destaca adem&aacute;s &ldquo;la preocupante reiteraci&oacute;n de sentencias condenatorias dictadas contra Espa&ntilde;a por el motivo de no haber efectuado una investigaci&oacute;n exhaustiva y eficaz contra los responsables de tales execrables pr&aacute;cticas que sobre no constituir ventaja alguna en el avance de las investigaciones por causa de terrorismo -que es donde casi exclusivamente se producen-, constituye una deslegitimaci&oacute;n del propio sistema de justicia penal, pues nada lesiona m&aacute;s la confianza de los ciudadanos en sus instituciones que ven convertidos a los garantes de la legalidad en sus infractores (&hellip;). No cabe hablar de eficacia en las investigaciones policiales al margen y extramuros del cauce de la legalidad y del respeto a las garant&iacute;as del acusado&rdquo;. As&iacute;, cita seis sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenatorias contra Espa&ntilde;a, una de ellas referida precisamente a Beatriz Etxebarria Caballero.</p> <p>La sentencia destaca que &ldquo;proteger la integridad f&iacute;sica de los detenidos&rdquo; constituye &ldquo;el primer deber de todo cuerpo policial que tenga bajo su custodia a una persona detenida&rdquo;.</p> <p>&ldquo;En definitiva, el efectivo decaimiento del nivel de garant&iacute;as del detenido sometido a r&eacute;gimen de incomunicaci&oacute;n, exige en contraprestaci&oacute;n un riguroso sistema de prevenci&oacute;n de todo abuso policial en condiciones tales que pueda acreditarse el mismo, con el fin de que desde la intr&iacute;nseca dificultad de investigar tales abusos, los sistemas de prevenci&oacute;n impidan con efectividad la posibilidad de tales excesos so pena de convertir los posibles excesos policiales en asunto de imposible verificaci&oacute;n. A evitar tal conclusi&oacute;n van dirigidas las sentencias del TEDH que exigen una investigaci&oacute;n exhaustiva y eficaz en los asuntos que le han sido presentados, respecto de los que, como ya se ha dicho, se ha pronunciado en varias ocasiones condenando a Espa&ntilde;a&rdquo;, concluye la resoluci&oacute;n.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=19475c1a4b3e5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 13 Jul 2016 15:02:00 +0200 El TS anula la condena por fraude a la exconsellera balear Catalina Julve y mantiene los 8 años de inhabilitación por prevaricación http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=47b8f337b3fd5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala II del Tribunal Supremo ha anulado las condenas que impuso la Audiencia Provincial de Balears por el delito de fraude a la Administraci&oacute;n a la exconsellera insular Catalina Julve y otros tres procesados, todos ellos miembros de Uni&oacute;n Mallorquina, manteniendo las del delito de prevaricaci&oacute;n. En la causa se juzg&oacute; la adquisici&oacute;n irregular de 4.300 sillas de pl&aacute;stico para el Consell de Mallorca por 59.428 euros y la adjudicaci&oacute;n de unos trabajos de control del servicio de recogida selectiva de residuos.</p> <p>La sentencia condena a 8 a&ntilde;os de inhabilitaci&oacute;n especial para empleo o cargo p&uacute;blico a Catalina Julve como autora de un delito de prevaricaci&oacute;n, y anula los 2 a&ntilde;os de c&aacute;rcel que se le impusieron por delito de fraude a la Administraci&oacute;n. Los otros tres condenados son la secretar&iacute;a t&eacute;cnica del departamento de Cooperaci&oacute;n Local del Consell Insular de Mallorca Coloma Casta&ntilde;er, a quien se mantiene 3 a&ntilde;os y medio de inhabilitaci&oacute;n por prevaricaci&oacute;n, y se anulan los 6 meses de prisi&oacute;n por fraude, y los empresarios Miguel Rull&aacute;n Coll y Sim&oacute;n Galmes, a quienes se ratifica la pena de 5 a&ntilde;os y 3 meses de inhabilitaci&oacute;n, al primero, y 3 a&ntilde;os y medio de inhabilitaci&oacute;n, al segundo, como cooperadores necesarios de la prevaricaci&oacute;n, anul&aacute;ndoles las penas de 9 meses de prisi&oacute;n y 6 meses, respectivamente, por el delito de fraude del que ahora salen absueltos.</p> <p>La absoluci&oacute;n por el delito de fraude se basa en que &ldquo;no aparece la producci&oacute;n de un da&ntilde;o o perjuicio patrimonial a la entidad p&uacute;blica, ni propuesto o maquinado, ni efectivo o real, por cuanto lo que refleja el factum ser&aacute; una prevaricaci&oacute;n, al adjudicar, con arbitrariedad y desprecio de las normas administrativas que regulan la materia, un contrato a un amigo correligionario pol&iacute;tico&rdquo;.</p> <p>Sin embargo, agrega, aunque no se hubiera dividido el contrato para seguir el cauce del procedimiento negociado, al no alcanzar el importe de la contrataci&oacute;n 30.000 euros, siguiendo otra modalidad contractual distinta a la utilizada, no se hubiera cargado en perjuicio de la administraci&oacute;n m&aacute;s precio que el de mercado.</p> <p>&ldquo;Con lo expuesto hasta el momento no se describe ning&uacute;n perjuicio a la administraci&oacute;n p&uacute;blica por raz&oacute;n de los contratos celebrados. El hecho de que el delito no precise de ocasionamiento de da&ntilde;o y como delito de simple actividad baste el concierto con el prop&oacute;sito de defraudar al erario p&uacute;blico, para consumar la infracci&oacute;n es preciso, sin embargo, concretar objetivamente ese concierto as&iacute; como su efecto perjudicial para el erario p&uacute;blico. Cosa distinta es que se consume o no, pero aun simplemente proyectado, debe ser objeto de un dictamen pericial o juicio cr&iacute;tico del juzgador que permita dar por probado que el proyecto o intento de defraudar, constitu&iacute;a un verdadero fraude (perjuicio patrimonial consecuencia de un enga&ntilde;o o maquinaci&oacute;n enga&ntilde;osa)&rdquo;, razona la sentencia.</p> <p>Concluye que el precio ofertado y pagado fue el de mercado seg&uacute;n dictamen de la arquitecta del Consell Insular de Mallorca (Marta Sabater), luego el da&ntilde;o o perjuicio a la administraci&oacute;n &ldquo;ni aflora ni se concreta&rdquo;.</p> <p>Los hechos, por tanto, seg&uacute;n la Sala, encajan en el delito de prevaricaci&oacute;n al entender que la finalidad &uacute;ltima de los acusados, que pretend&iacute;an y que se consigui&oacute; era designar previamente de forma arbitraria a los adjudicatarios del contrato, sin cumplir las normas administrativas propias del procedimiento negociado y otras complementarias.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=47b8f337b3fd5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 12 Jul 2016 15:15:00 +0200 El Tribunal Supremo archiva la querella de IU contra Mariano Rajoy por firmar el acuerdo UE-Turquía sobre refugiados http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=c88788bc77ed5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha archivado la querella interpuesta por Izquierda Unida y Unidad Popular contra el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, por delitos de lesa humanidad, contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, contra la integridad moral y delitos cometidos por funcionario p&uacute;blico contra las garant&iacute;as constitucionales en relaci&oacute;n con la firma del acuerdo entre los miembros del Consejo Europeo y Turqu&iacute;a para hacer frente a la llamada "crisis de los refugiados".</p> <p>En un auto, el alto tribunal se&ntilde;ala que dicho acuerdo no constituye un hecho delictivo y a&ntilde;ade que sus nueve puntos son plenamente respetuosos con los art&iacute;culos 79 y 80 del Tratado de Funcionamiento de la Uni&oacute;n Europea, donde se establecen las bases de funcionamiento de la Instituci&oacute;n en materia de inmigraci&oacute;n y acoge las directivas del Consejo de Europa relativas al procedimiento de asilo.</p> <p>En este sentido, los magistrados afirman que el texto "solo puede contemplarse como el desarrollo institucional de los principios de solidaridad y reparto equitativo en una crisis de inmigraci&oacute;n masiva provocada por el temor a las represalias de un conflicto b&eacute;lico, ya que el acuerdo solo pretende la protecci&oacute;n de las personas desplazadas y la distribuci&oacute;n equitativa y ordenada de los flujos migratorios".</p> <p>Los hechos recogidos en la querella se refieren a la participaci&oacute;n de Mariano Rajoy en el refrendo del Acuerdo de Acci&oacute;n conjunta con Turqu&iacute;a y en la reuni&oacute;n del Consejo Europeo con el mismo pa&iacute;s el d&iacute;a 29 de noviembre de 2015, autorizando la presencia del ministro de Exteriores espa&ntilde;ol en la reuni&oacute;n de los Ministros de Asuntos Exteriores de la UE con Turqu&iacute;a, el 14 de diciembre de 2015. Tambi&eacute;n denunciaba su intervenci&oacute;n, estampando su firma en el hecho principal, en el contrato firmado entre el Consejo Europeo de la UE y Turqu&iacute;a el 18 de marzo de 2016.</p> <p>La Sala concluye que esos hechos no son constitutivos de un delito de lesa humanidad que tipifica el comportamiento de quienes lleven a cabo desplazamientos forzosos de personas, como parte de un ataque generalizado o sistem&aacute;tico contra la poblaci&oacute;n civil o contra determinadas personas por raz&oacute;n de su pertenencia a grupos pol&iacute;ticos, raciales, nacionales, &eacute;tnicos, culturales, religiosos, de g&eacute;nero o discapacidad, o por cualquier otro motivo reconocido como inaceptable por el Derecho Internacional.</p> <p>Tampoco, subraya el auto, del que ha sido ponente el magistrado Francisco Monterde, tienen encaje en el art&iacute;culo 173 del C&oacute;digo Penal, pues el acuerdo, dentro de las posibilidades institucionales y financieras de la Uni&oacute;n Europea, intenta ubicar a los inmigrantes en un espacio en el que, recuperando su condici&oacute;n de personas, se ponga fin a su persecuci&oacute;n con pleno respeto a su integridad moral, lo que no supone ni un trato degradante o de menoscabo de su integridad.</p> <p>Por &uacute;ltimo, rechaza el delito del art&iacute;culo 542 al considerar que la decisi&oacute;n adoptada ha de contemplarse como expresi&oacute;n de un acuerdo que pretende emplazar a los refugiados en territorios en los que precisamente se posibilite que puedan ejercer aquellos derechos fundamentales y pol&iacute;ticos que la persecuci&oacute;n o huida del conflicto b&eacute;lico, les ha impedido violentamente desarrollar.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=c88788bc77ed5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 12 Jul 2016 15:00:00 +0200 El Supremo ordena retirar los aparatos de aire acondicionado de una fachada por disponer de preinstalación de aire centralizado en el edificio http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=a1fe88bc77ed5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha condenado a los vecinos de un inmueble a retirar cinco aparatos de aire acondicionado que colocaron en la fachada del patio interior del edificio, pese a contar con preinstalaci&oacute;n de aire acondicionado en todos los pisos. Los magistrados destacan que &ldquo;la promoci&oacute;n ten&iacute;a preinstalaci&oacute;n de aire acondicionado, por lo que los comuneros demandados debieron proceder a la puesta en marcha de su sistema de aire acondicionado sin alterar, innecesariamente, una fachada que ornamental y est&eacute;ticamente se percibe cual si fuese principal, al estar abierta sobre un patio de recreo, en el que se desarrolla vida comunitaria, infringiendo los art&iacute;culos 12 y 17 de la Ley de Propiedad Horizontal en la redacci&oacute;n vigente en la fecha de los hechos&rdquo;.</p> <p>El Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Francisco Javier Arroyo Fiestas, destaca que su doctrina en materia de instalaci&oacute;n de aparatos de aire acondicionado en inmuebles apuesta por una interpretaci&oacute;n flexible de la Ley que permita la refrigeraci&oacute;n en viviendas que se construyeron sin tener previsto dicho avance tecnol&oacute;gico. Algo que no concurre en este supuesto, donde exist&iacute;a preinstalaci&oacute;n de aire acondicionado en todos los pisos, por lo que no consta que sea preciso instalar en el exterior (fachada del patio de manzana) los aparatos.</p> <p>La demanda en este caso fue presentada por varios vecinos de un edificio de San Fernando de Henares (Madrid) contra los siete propietarios de cinco pisos de la misma comunidad, que hab&iacute;an instalado aparatos de aire acondicionado en la fachada del patio interior. Los demandantes reclamaban el desmontaje y retirada de los aparatos de aire acondicionado, reponiendo la fachada al estado anterior y reparando el da&ntilde;o producido.</p> <p>La sentencia de primera instancia, del Juzgado n&uacute;mero 3 de Coslada, desestim&oacute; la demanda, considerando acreditado que las unidades externas de aire acondicionado colocadas por los demandados en la fachada interior del edificio, colocadas por anclaje atornillado y totalmente desmontable, no generan da&ntilde;o o menoscabo para la propia fachada afectada, por lo que, interpretando que el art&iacute;culo 12 de la Ley de Propiedad Horizontal cuando se refiere a &laquo;alteraci&oacute;n de la estructura o fabrica del edificio o de las cosas comunes&raquo;, viene referida a una alteraci&oacute;n sustancial y perdurable en el tiempo que da&ntilde;e de forma efectiva el elemento com&uacute;n afectado por la misma, entiende que en el presente caso no era preciso para efectuar la instalaci&oacute;n en la fachada de la comunidad, el acuerdo un&aacute;nime de los propietarios, sino s&oacute;lo un respaldo de la mayor&iacute;a, que se obtuvo en Junta del 1 de junio de 2010.</p> <p>Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid, ante quien recurrieron los demandantes, corrigi&oacute; la decisi&oacute;n y les dio la raz&oacute;n a &eacute;stos, argumentando que los aparatos de aire acondicionado se han instalado en una fachada que no es un simple patio de luces sino un amplio patio de manzana habilitado para su estancia con mobiliario y plantas, donde las fachadas sobre el mismo guardan una configuraci&oacute;n arm&oacute;nica y todo el conjunto presenta una apariencia de &ldquo;aut&eacute;nticas fachadas principales&rdquo;. Se define estatutariamente como un patio mancomunado.</p> <p>Los siete vecinos condenados recurrieron al Supremo reclamando que estableciera como doctrina jurisprudencial que la instalaci&oacute;n de aparatos de aire acondicionado es posible, sin autorizaci&oacute;n previa de la comunidad, en determinadas circunstancias, como que no se realice en la fachada principal, que la unidad exterior no sea de tama&ntilde;o desmedido, que la instalaci&oacute;n se haga con un sistema de anclaje f&aacute;cilmente desmontable y que no genere molestias a los vecinos.</p> <p>El Supremo rechaza los recursos y recuerda que los aparatos se instalaron &ldquo;en fachada que da al patio de manzana habilitado para su estancia con mobiliario y plantas, con apariencia de fachada principal, como se declara en la sentencia recurrida, defini&eacute;ndose estatutariamente como patio mancomunado, con lo que se produce una alteraci&oacute;n est&eacute;tica que afecta a los elementos comunes, comprometiendo su configuraci&oacute;n externa&rdquo;.</p> <p>Y agrega que en este caso no cabe hacer una aplicaci&oacute;n flexible de la ley por existir preinstalaci&oacute;n de aire acondicionado en todos los pisos, por lo que no consta que sea preciso instalar en el exterior (fachada del patio manzana) los aparatos.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=a1fe88bc77ed5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 12 Jul 2016 13:31:00 +0200 El instructor de la causa por la consulta del 9-N en el Tribunal Supremo cita a Francesc Homs el 19 de septiembre http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=9fc05422ae9d5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Andr&eacute;s Palomo del Arco ha citado a declarar como investigado para el pr&oacute;ximo 19 de septiembre al diputado y exconseller de Presidencia de la Generalitat de Catalu&ntilde;a Francesc Homs, dentro de la investigaci&oacute;n abierta por el alto tribunal el pasado 25 de mayo a dicho parlamentario por su actuaci&oacute;n en relaci&oacute;n a la consulta del 9-N de 2014.</p> <p>El magistrado ha remitido la citaci&oacute;n al Tribunal Superior de Justicia de Catalu&ntilde;a para que se la traslade a Homs, ya que el diputado a&uacute;n no est&aacute; personado en la causa abierta en el Tribunal Supremo.</p> <p>Este tribunal, tambi&eacute;n a trav&eacute;s del TSJ catal&aacute;n, le notific&oacute; el auto de 25 de mayo en el que se abr&iacute;a la investigaci&oacute;n contra &eacute;l y le ofreci&oacute; personarse en la causa, lo que no ha llevado a cabo hasta ahora.</p> <p>En dicho auto, el Tribunal Supremo declar&oacute; su competencia para la instrucci&oacute;n y, en su caso, enjuiciamiento de Homs por los delitos de desobediencia, prevaricaci&oacute;n administrativa y malversaci&oacute;n, y design&oacute; instructor al magistrado Andr&eacute;s Palomo. En la providencia de citaci&oacute;n, se concreta que la comparecencia del diputado ser&aacute; en calidad de investigado y asistido de abogado.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=9fc05422ae9d5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 11 Jul 2016 14:42:00 +0200 El Tribunal Supremo pide al Ministerio de Industria las auditorías sobre los costes de mantenimiento de la plataforma “Castor” http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=0634acf6b69d5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha dictado un auto en el que acuerda practicar las nuevas pruebas solicitadas por la Generalitat de Catalu&ntilde;a en su recurso contra la Orden IET/2445/2014, de 19 de diciembre, por la que se establecen los peajes y c&aacute;nones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribuci&oacute;n de las actividades reguladas.</p> <p>En el mismo dispone que se solicite al Ministerio de Industria, Energ&iacute;a y Turismo las auditor&iacute;as en relaci&oacute;n con las labores concretas y costes de mantenimiento y operatividad por parte de Enag&aacute;s Transportes SAU en relaci&oacute;n con las instalaciones de almacenamiento subterr&aacute;neo de gas natural &ldquo;Castor&rdquo;.</p> <p>Asimismo, reclama a dicho Ministerio copia certificada de la resoluci&oacute;n de 17 de noviembre de 2015 por la que se estableci&oacute; la retribuci&oacute;n adicional de 253,3 millones de euros y el reembolso de los gastos de operaci&oacute;n y mantenimiento de una cuant&iacute;a adicional de 42,3 millones de euros.</p> <p>El auto resuelve adem&aacute;s que se pida a Industria la notificaci&oacute;n a la Comisi&oacute;n Europea del pago a Enag&aacute;s Transportes, SAU de la cantidad de 17.311.102 de euros que les reconoce la Orden IET/2445/2014 de 19 de diciembre, impugnada en el presente procedimiento o, caso de no haberse producido, la inexistencia de la misma.</p> <p>La Generalitat de Catalu&ntilde;a present&oacute; un recurso contencioso-administrativo contra la Orden IET/2445/2014 por laque se establecen los peajes y c&aacute;nones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribuci&oacute;n de las actividades reguladas y, posteriormente, solicit&oacute; que se realizara una prueba adicional a la vista de los nuevos hechos incorporados en la contestaci&oacute;n a la demanda por el Abogado del Estado, que se neg&oacute; a la pr&aacute;ctica de la misma.</p> <p>A petici&oacute;n de la Sala, la recurrente explic&oacute; que esos nuevos hechos se refieren a que en la contestaci&oacute;n a la demanda se afirma que la Orden siguiente a la impugnada vuelve a fijar la misma cantidad a tanto alzado a Enag&aacute;s, por lo que la prueba de las auditor&iacute;as tiene como finalidad determinar si la cantidad que se paga responde a la realidad de los costes o a otros intereses.</p> <p>Del mismo modo, justific&oacute; la prueba de la notificaci&oacute;n a la Comisi&oacute;n Europea del pago a Enag&aacute;s de 17.311.102 millones de euros en que aunque no se trate de una ayuda de Estado, como sostiene el Abogado del Estado, es necesaria su notificaci&oacute;n.</p> <p>Tras examinar esos hechos nuevos, la Sala Tercera considera &ldquo;razonable&rdquo; la petici&oacute;n de ampliaci&oacute;n de la Generalitat y &ldquo;pertinentes&rdquo; los medios solicitados; motivo por el que admite que se practiquen las citadas pruebas.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=0634acf6b69d5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 11 Jul 2016 14:00:00 +0200 El Tribunal Supremo rechaza que los ayuntamientos cobren una tasa por el uso que los usuarios de telefonía móvil hacen del espacio aéreo http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=7dafacf6b69d5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado que los ayuntamientos cobren una tasa a las empresas de telefon&iacute;a por el uso que realizan los usuarios de tel&eacute;fonos m&oacute;viles del espacio a&eacute;reo que se eleva sobre el suelo del municipio.</p> <p>La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Juan Gonzalo Mart&iacute;nez Mic&oacute;, rechaza la ordenanza fiscal que en tal sentido aprob&oacute; en 2013 el Ayuntamiento de San Cebri&aacute;n de Castro (Zamora) y destaca que &ldquo;es como si cada Ayuntamiento aspirara a imponer un canon por la navegaci&oacute;n de aeronaves que circulen por encima del territorio local&rdquo;. El Supremo destaca que la tasa vulnera la Constituci&oacute;n, la Directiva Europea del sector, y la Ley General Tributaria, ya que es &ldquo;una inaceptable invasi&oacute;n de las competencias estatales y una manifiesta duplicidad impositiva&rdquo;.</p> <p>El citado Ayuntamiento se consideraba amparado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en cuanto autoriza a las entidades locales a establecer tasas por aprovechamiento especial del dominio p&uacute;blico local. Pero el Supremo recuerda que el derecho de vuelo (espacio sobre el suelo del municipio) &ldquo;siempre va ligado a las construcciones e infraestructuras que puedan realizarse sobre la superficie del terreno, sin que en absoluto pueda definirse aquel derecho como una facultad gen&eacute;rica del titular del suelo para considerar hasta el infinito todo "el aire" que se extienda sobre el terreno de su propiedad&rdquo;.</p> <p>A&ntilde;ade que el propio Ayuntamiento expuso de forma reiterada en el Informe T&eacute;cnico-Econ&oacute;mico que sirvi&oacute; de base a la Ordenanza que el pretendido objeto de gravamen de la Tasa no son solo los tendidos de redes fijas que se eleven por encima del suelo, lo que se tratar&iacute;a de una construcci&oacute;n y s&iacute; podr&iacute;a dar lugar a la imposici&oacute;n de una tasa a su titular, &ldquo;sino que es la ocupaci&oacute;n que del aire hacen las ondas de telefon&iacute;a m&oacute;vil&rdquo;.</p> <p>El Supremo rechaza los recursos del Ayuntamiento zamorano y de la Federaci&oacute;n Nacional de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroel&eacute;ctricas y Embalses, que tambi&eacute;n defend&iacute;a la tasa de San Cebri&aacute;n de Castro.Ambas entidades plantearon recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le&oacute;n, que dio la raz&oacute;n a Telef&oacute;nica M&oacute;viles Espa&ntilde;a, S.A., y anul&oacute; la tasa en cuanto gravaba &ldquo;el uso u ocupaci&oacute;n del suelo o vuelo del dominio p&uacute;blico local por clientes receptores de los servicios de las empresas operadoras de las telecomunicaciones (&hellip;) y que operen mediante el uso de radio frecuencias para la emisi&oacute;n de ondas de radio que posibiliten las telecomunicaciones, las cuales llegan a aparatos terminales transceptores o denominados tel&eacute;fonos m&oacute;viles o desde m&oacute;viles a otros receptores, consideradas comunicaciones, intercomunicaciones o interconexiones ya sean de datos, de voz, imagen o todos ellos, que necesariamente llegan o salen de los aparatos de telefon&iacute;a m&oacute;vil, cuyos usuarios ocupan o pueden ocupar suelo del dominio p&uacute;blico municipal ".</p> <p>El Supremo indica que del tenor literal del transcrito art&iacute;culo 2.b de la Ordenanza (que queda anulado) parece deducirse que el hecho imponible de la tasa vendr&iacute;a dado por el aprovechamiento especial que del vuelo del dominio p&uacute;blico local &ndash;&ldquo;espacio a&eacute;reo situado sobre calles, plazas, parques y dem&aacute;s v&iacute;as y caminos p&uacute;blicos&rdquo;- obtienen las operadoras de telefon&iacute;a m&oacute;vil &ldquo;por el mero hecho de tener clientes abonados a l&iacute;neas de m&oacute;vil en el municipio, y ello bajo los presupuestos de que la telefon&iacute;a m&oacute;vil conlleva necesariamente el tr&aacute;nsito indiscriminado de ondas radioel&eacute;ctricas por el espacio a&eacute;reo (vuelo) y de que los abonados portadores de sus m&oacute;viles transitan u ocupan, o pueden transitar u ocupar, el suelo municipal&rdquo;.</p> <p>Para el Supremo, &ldquo;la regulaci&oacute;n del hecho imponible que lleva a cabo la Ordenanza Municipal recurrida vulnera frontalmente la Ley General de Telecomunicaciones, ya que es cuesti&oacute;n pac&iacute;fica que el espacio radioel&eacute;ctrico no es propiedad de las entidades locales sino que es de titularidad estatal. La imposici&oacute;n de una tasa municipal por el uso del dominio radioel&eacute;ctrico supone una inaceptable invasi&oacute;n de las competencias estatales y una manifiesta duplicidad impositiva que contraviene el art&iacute;culo 31 de la Constituci&oacute;n y los principios generales que han de regir la imposici&oacute;n fiscal recogidos en el art&iacute;culo 3 de la Ley General Tributaria&rdquo;.</p> <p>&ldquo;Es evidente &ndash;a&ntilde;ade-- que de imponerse la tasa de telefon&iacute;a m&oacute;vil establecida en la Ordenanza se estar&iacute;a dando carta de naturaleza a dos tributos con id&eacute;ntico hecho imponible, concurriendo, adem&aacute;s, la circunstancia de que la Administraci&oacute;n local carece de competencia para gravar el espacio radioel&eacute;ctrico, por ser &eacute;ste de titularidad estatal, lo que convierte a la Tasa debatida en este procedimiento en manifiestamente ilegal&rdquo;.</p> <p>Se produce, adicionalmente, una vulneraci&oacute;n del art&iacute;culo 6 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que, al regular los principios que han de regir la tributaci&oacute;n local, proh&iacute;be que la fiscalidad municipal recaiga sobre bienes, actividades o negocios realizados fuera del territorio de la entidad local (como se encuentra el dominio estatal radioel&eacute;ctrico) y declara que los tributos municipales no implicar&aacute;n obst&aacute;culo alguno a la libre circulaci&oacute;n de servicios.</p> <p>Adem&aacute;s, argumentan los magistrados, en relaci&oacute;n con la ocupaci&oacute;n de la propiedad p&uacute;blica o privada, o por encima o por debajo de la misma, el art&iacute;culo 13 de la Directiva europea del sector &ldquo;autoriza un gravamen vinculado, primero, a la colocaci&oacute;n o instalaci&oacute;n f&iacute;sica de las infraestructuras y, despu&eacute;s, a su titularidad, por lo que no cabe entender amparado por dicho precepto un gravamen municipal como el cuestionado, que se configura al margen o con independencia de las infraestructuras f&iacute;sicas y que, en realidad y puesto que es notorio que los usuarios/clientes en alg&uacute;n momento transitar&aacute;n por las calles, parques o plazas, se establece como un canon "del sistema puro de telefon&iacute;a&raquo; m&oacute;vil' -en expresi&oacute;n de la propia Ordenanza-, es decir, un gravamen que recaer&iacute;a sobre la actividad misma que posibilita la emisi&oacute;n de ondas de radio que circulan por el espacio, lo que la Ordenanza denomina, impropiamente "vuelo del suelo de dominio p&uacute;blico".</p> <p>A los efectos de delimitar el concepto de vuelo, la Sala indica que la Ordenanza impugnada emplea un concepto de "vuelo" &ldquo;que parece, por as&iacute; decirlo, remontarse sin mayor matizaci&oacute;n a la &eacute;poca de los jurisconsultos romanos, que reconoc&iacute;an al propietario la facultad de utilizaci&oacute;n indefinida del espacio a&eacute;reo que se halla sobre su fundo y del subsuelo bajo &eacute;l, y de los ulteriores romanistas medievales, que emplearon una f&oacute;rmula mucho m&aacute;s absoluta: el poder del propietario se extend&iacute;a usque ad sidera et usque ad inferos ; algo as&iacute; como que la propiedad de la tierra va desde los cielos hasta los infiernos, en palabras de la sentencia (del TSJ de Castilla y Le&oacute;n) recurrida&rdquo;.</p> <p>La sentencia impone el pago de las costas a las recurrentes, por haberse desestimado totalmente su recurso, por una cuant&iacute;a m&aacute;xima de 8.000 euros.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=7dafacf6b69d5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 11 Jul 2016 13:00:00 +0200 El Tribunal Supremo archiva la denuncia contra Fátima Báñez por desobediencia http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=bfece5acdd8d5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha archivado la denuncia presentada por un diputado del Parlamento andaluz contra la ministra de Empleo y Seguridad Social en funciones, F&aacute;tima Ba&ntilde;ez Garc&iacute;a, por no comparecer ante la Comisi&oacute;n de Investigaci&oacute;n relativa a las Concesiones de las Subvenciones otorgadas por la Administraci&oacute;n de la Junta de Andaluc&iacute;a en materia de formaci&oacute;n para el Empleo desde el a&ntilde;o 2002 hasta la actualidad, m&aacute;s conocida como comisi&oacute;n de los &lsquo;EREs&rsquo;. En un auto, afirma que no existen indicios suficientes de la comisi&oacute;n de un delito de desobediencia -art&iacute;culo 502 del C&oacute;digo Penal- en la conducta de la ministra ni en la de la consejera del Tribunal de Cuentas Mar&iacute;a Dolores Genaro, que tambi&eacute;n hab&iacute;a sido denunciada por el mismo motivo.</p> <p>El diputado andaluz Juan Ignacio Moreno de Acevedo Yag&uuml;e, que tambi&eacute;n es miembro de la citada Comisi&oacute;n, relataba en su denuncia que el d&iacute;a 16 de mayo de 2016, sobre las 16,00 horas, ninguna de las dos compareci&oacute; en la misma, pese a que estaban citadas en forma y con el apercibimiento de cometer un delito de desobediencia, sin alegar causa alguna que se lo impidiera.</p> <p>La Sala Segunda se&ntilde;ala en su auto que en este caso la ministra y la consejera no se limitaron, sin m&aacute;s, a no atender el requerimiento que se les hizo, sino que, seg&uacute;n se desprende de las actuaciones, contestaron expresamente a la citaci&oacute;n que recibieron a trav&eacute;s de las comunicaciones, de 12 y 13 de mayo de 2016, dirigidas al presidente del Parlamento andaluz en la que expusieron las razones por las que entend&iacute;an que no ten&iacute;an obligaci&oacute;n de comparecer.</p> <p>El auto, del que ha sido ponente el presidente de la Sala, Manuel Marchena, explica que la consejera Mar&iacute;a Dolores Genaro entend&iacute;a que su comparecencia ante la citada comisi&oacute;n carec&iacute;a de sentido y de sustento normativo porque no ten&iacute;a informaci&oacute;n alguna respecto al &aacute;mbito de la misma -por su dependencia directa del Tribunal de Cuentas de las Cortes Generales- y por no ostentar la representaci&oacute;n de ese tribunal. Por su parte, la ministra F&aacute;tima B&aacute;&ntilde;ez consideraba que, de acuerdo con el Reglamento del Parlamento de Andaluc&iacute;a, los requerimientos de comparecencia s&oacute;lo pod&iacute;an ir dirigidos a las autoridades, funcionarios y agentes de la Junta de Andaluc&iacute;a, sin que la comisi&oacute;n de investigaci&oacute;n tuviese potestad para controlar la actuaci&oacute;n de los &oacute;rganos de la Administraci&oacute;n del Estado.</p> <p>Por todo ello indica que el Reglamento del Parlamento de Andaluc&iacute;a recoge que si los funcionarios o autoridades cuya presencia haya sido solicitada ante una Comisi&oacute;n Parlamentaria no comparecieran ni justificaran su incomparecencia en el plazo y la forma establecidos por la Comisi&oacute;n, o no se respondiera a la petici&oacute;n de informaci&oacute;n requerida, el presidente o presidenta del Parlamento lo comunicar&aacute; a la autoridad o al funcionario o funcionaria superior correspondiente por si procediera exigirles alguna responsabilidad.</p> <p>La Sala destaca que del citado Reglamento tambi&eacute;n se desprende que aquellas personas cuya presencia sea requerida han de ser competentes por raz&oacute;n de la materia objeto del debate, extremo que no consta en la denuncia presentada en la que no se justifica cu&aacute;l ser&iacute;a la competencia de las dos personas denunciadas sobre la concesi&oacute;n de subvenciones otorgadas por la Junta de Andaluc&iacute;a en materia de formaci&oacute;n profesional para el empleo.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=bfece5acdd8d5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 11 Jul 2016 07:00:00 +0200 El Supremo archiva la denuncia contra Rita Barberá por no retirar los símbolos del franquismo durante su mandato http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=4a81ceae82ac5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala II del Tribunal Supremo ha archivado la denuncia formulada contra la senadora del PP Rita Barber&aacute; por delitos de desobediencia y denegaci&oacute;n de auxilio, y subsidiariamente por una falta contra el orden p&uacute;blico, por la no retirada de s&iacute;mbolos del franquismo en la ciudad de Valencia durante su mandato como alcaldesa. La Sala rechaza la denuncia por no ser los hechos constitutivos de delito, en la misma l&iacute;nea que ha hecho en los &uacute;ltimos a&ntilde;os con denuncias similares contra otros alcaldes que eran adem&aacute;s senadores y por tanto aforados, como el de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, o Almer&iacute;a, Luis Rogelio Rodr&iacute;guez Comendador.</p> <p>El Supremo destaca que la Ley de Memoria Hist&oacute;rica de 2007 recoge la obligaci&oacute;n gen&eacute;rica de las Administraciones P&uacute;blicas de adoptar medidas tendentes, entre otras cosas, a la retirada de objetos conmemorativos de la Guerra Civil y de la dictadura franquista, pero en la denuncia no se relata que se hubiese dado una orden directa y expresa a la entonces alcaldesa Rita Barber&aacute; para tomar medidas y retirar esos s&iacute;mbolos en cumplimiento de dicha Ley, ni tampoco que ella se hubiese negado a cumplir esa orden previa.</p> <p>&ldquo;Ambos elementos -destaca el auto-la existencia de una orden expresa y la negativa posterior a su cumplimiento, resultan necesarios para apreciar el delito invocado, es decir, para otorgar relevancia penal a los hechos&rdquo;.<br />Del mismo modo, tampoco hay constancia de que la exalcaldesa hubiese recibido una orden concreta y espec&iacute;fica para, en cumplimiento de la misma Ley, realizar un cat&aacute;logo de vestigios de la Guerra Civil y la dictadura. La denuncia contra Barber&aacute; fue planteada por dos dirigentes del PSOE valenciano y el abogado Eduardo Ranz.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=4a81ceae82ac5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 08 Jul 2016 14:55:00 +0200 El Tribunal Supremo dice que participar en un ‘reality’ no implica la pérdida del derecho al honor y la propia imagen http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=72eaceae82ac5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Primera del Tribunal Supremo ha condenado a Mediaset a indemnizar con 30.000 euros a una exconcursante de Gran Hermano por intromisi&oacute;n ileg&iacute;tima en sus derechos al honor y a la propia imagen por las referencias realizadas a su persona tanto en programas como en la p&aacute;gina web de Telecinco una vez que hab&iacute;a abandonado la casa del concurso y roto su relaci&oacute;n contractual con la productora.</p> <p>El Supremo subraya que &ldquo;por el mero hecho de entrar en dicho programa&rdquo;, los concursantes &ldquo;no han de perder la protecci&oacute;n constitucional de su dignidad personal&rdquo;. La resoluci&oacute;n revoca la decisi&oacute;n de la Audiencia Provincial de Salamanca y la anterior de un Juzgado de Primera Instancia de esa ciudad, que hab&iacute;an absuelto a la cadena.</p> <p>La recurrente particip&oacute; en el a&ntilde;o 2004 en el programa televisivo Gran Hermano 6, en el que permaneci&oacute; aproximadamente dos horas pues una vez en la casa donde se desarrolla el programa descubri&oacute; que la productora hab&iacute;a decidido que participaran tambi&eacute;n como concursantes un hombre con el que hab&iacute;a mantenido una relaci&oacute;n afectiva y una joven que hab&iacute;a sido novia de &eacute;ste antes de mantener la relaci&oacute;n con la demandante. Cuando descubri&oacute; la trama ideada por la productora, solicit&oacute; &laquo;salir de la casa&raquo; inmediatamente dando por finalizada su participaci&oacute;n en el programa, y resolvi&eacute;ndose toda relaci&oacute;n con la productora, que as&iacute; lo acept&oacute;.</p> <p>En su demanda, consider&oacute; que Telecinco hab&iacute;a atentado contra su honor e intimidad por las referencias a su persona, una vez rota su relaci&oacute;n contractual, realizadas tanto en la p&aacute;gina web de la cadena como en el programa &ldquo;La Noria&rdquo;, en 2008 y 2009, al referirse al &ldquo;tr&iacute;o&rdquo; o &ldquo;tri&aacute;ngulo amoroso&rdquo; para referirse a los tres concursantes, pese a que la demandante s&oacute;lo mantuvo una relaci&oacute;n sentimental con el hombre, no conoc&iacute;a a la otra joven y era totalmente ajena al encuentro dentro de la casa planificado por la productora. Adem&aacute;s, se divulgaron de nuevo las im&aacute;genes de su entrada en la casa, y, en la web tambi&eacute;n se habl&oacute; de que ella hab&iacute;a ido por los plat&oacute;s de televisi&oacute;n hablando de su &ldquo;tortuosa relaci&oacute;n&rdquo;.</p> <p>La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Antonio Salas Carceller, indica que &ldquo;no se discute que la demandante se neg&oacute; a aceptar la situaci&oacute;n creada por la productora en orden a generar una situaci&oacute;n dentro del programa GH favorable a sus intereses comerciales al margen de los derechos de la afectada que, en forma alguna, acept&oacute; participar en lo que seguramente constituir&iacute;a un espect&aacute;culo propicio para determinado p&uacute;blico pero que, desde luego, puede afirmarse que carece de inter&eacute;s general protegible y podr&iacute;a ser vulnerador de los derechos de los implicados, que por el mero hecho de entrar en dicho programa no han de perder la protecci&oacute;n constitucional de su dignidad personal&rdquo;.</p> <p>&ldquo;Desde el momento &ndash;a&ntilde;ade el Supremo- en que la demandante opta por resolver el contrato celebrado con la productora, renunciando al beneficio de haber sido elegida para participar en el programa, y tal resoluci&oacute;n es aceptada por dicha productora, no existe prestaci&oacute;n alguna a cargo de la demandante ni dejaci&oacute;n de tales derechos por la interesada a efectos de que se pueda utilizar su nombre y su imagen captada en la entrada en el programa, afectando ello ileg&iacute;timamente a su intimidad en tanto que se utiliza una relaci&oacute;n amorosa reconocida por la demandante para insistir en circunstancias personales que solo a ella afectan y que en absoluto pueden ponerse a disposici&oacute;n del p&uacute;blico por el mero hecho de que en un momento dado firmara un contrato que posteriormente, como se ha repetido, qued&oacute; sin efecto alguno&rdquo;.</p> <p>De ah&iacute; que el alto tribunal aprecie una intromisi&oacute;n ileg&iacute;tima &ndash;no justificada- que fundamentalmente afecta al honor y a la intimidad de la demandante. Entiende que la indemnizaci&oacute;n adecuada es de 30.000 euros (la demandante solicitaba 75.000), en atenci&oacute;n al alcance y difusi&oacute;n de las expresiones que se denuncian, y condena adem&aacute;s a Mediaset a dar publicidad a la sentencia del Supremo en uno de los espacios de Telecinco que sea equivalente en audiencia a aquellos en que se realizaron los expresados comentarios.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=72eaceae82ac5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 08 Jul 2016 12:50:00 +0200 El TS no admite el recurso de Bárcenas contra la condena que le impuso la Audiencia de Toledo por vulnerar el honor de Mª Dolores Cospedal http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=60dc31fc355c5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>Un auto de la Sala I del Tribunal Supremo ha acordado no admitir el recurso extraordinario por infracci&oacute;n procesal interpuesto por el extesorero del PP Luis B&aacute;rcenas Guti&eacute;rrez contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo, de 5 de febrero de 2015, que le conden&oacute; a pagar 50.000 euros a la secretar&iacute;a general del mismo partido, Mar&iacute;a Dolores de Cospedal, por haber vulnerado su derecho al honor por la publicaci&oacute;n de los &lsquo;p&aacute;peles de B&aacute;rcenas&rsquo;. El auto declara firme dicha sentencia.</p> <p>El Supremo establece que el recurso de B&aacute;rcenas incurre en la causa de inadmisi&oacute;n de carencia de fundamento (prevista en el art&iacute;culo 473.2.2&ordm; de la Ley de Enjuiciamiento Civil), &ldquo;pues, en definitiva, lo que subyace en el recurso es su discrepancia con la valoraci&oacute;n probatoria que ha efectuado la audiencia provincial, la cual de forma motivada llega a la conclusi&oacute;n de que fue el demandado o persona de su orden qui&eacute;n entreg&oacute; los papeles al diario El Pa&iacute;s&rdquo;.</p> <p>Un Juzgado de Toledo absolvi&oacute; en primera instancia a B&aacute;rcenas al considerar que no hab&iacute;a quedado probado que fuera &eacute;l qui&eacute;n entreg&oacute; los papeles al Diario El Pa&iacute;s ni acreditado que, aun sin ser el autor material de la entrega, estuviera detr&aacute;s de la misma, habiendo facilitado los papeles a un tercero, para que los proporcionara al peri&oacute;dico.</p> <p>Frente a dicha resoluci&oacute;n la demandante interpuso recurso de apelaci&oacute;n, y la Audiencia de Toledo le dio la raz&oacute;n al concluir que fue B&aacute;rcenas &ldquo;o persona de su orden qui&eacute;n entreg&oacute; los papeles al diario El Pa&iacute;s porque, si nadie m&aacute;s que &eacute;l tuvo en su poder los papeles una vez que le fueron devueltos por el Sr. Tr&iacute;as tras su examen [&hellip;] y el demandado se ha reunido con periodistas y colaboradores de El Pa&iacute;s en varias ocasiones antes de la aparici&oacute;n de la publicaci&oacute;n de los papeles, llev&aacute;ndolos siempre consigo en esas reuniones, y si adem&aacute;s, su postura jur&iacute;dico-pol&iacute;tica se beneficia con la publicaci&oacute;n de los referidos papeles, y no da raz&oacute;n convincente de otra posibilidad siquiera, el hecho que se trata de demostrar debe darse por acreditado conforme a las reglas del criterio humano&rdquo;.</p> <p>El Supremo indica que el recurso de B&aacute;rcenas &ldquo;ha de ser rechazado porque en definitiva se pretende por la parte recurrente a trav&eacute;s del recurso extraordinario por infracci&oacute;n procesal una nueva valoraci&oacute;n de la prueba practicada, seg&uacute;n su propio an&aacute;lisis, distinto del de la sentencia recurrida, convirtiendo el recurso extraordinario por infracci&oacute;n procesal en una tercera instancia, lo que no es admisible&rdquo;.</p> <p>&ldquo;La indicada valoraci&oacute;n de la prueba -a&ntilde;ade la Sala- no es irracional, il&oacute;gica ni arbitraria, superando el test de racionalidad constitucionalmente exigible para respetar el derecho a la tutela judicial efectiva del art&iacute;culo 24 de la Constituci&oacute;n, por lo que el recurso debe ser rechazado. Como se ha expuesto, la audiencia provincial fundamenta la estimaci&oacute;n del recurso en que la falta de prueba directa sobre la autor&iacute;a de la entrega de los papeles justifica la utilizaci&oacute;n de la prueba de presunci&oacute;n judicial, como medio supletorio, y a trav&eacute;s de un proceso deductivo l&oacute;gico alcanza la conclusi&oacute;n de la autor&iacute;a, recalcando que &lsquo;a la parte demandante no se le puede exigir que pruebe la autor&iacute;a material de la entrega con prueba directa, bast&aacute;ndole al demandado con negar y al testigo instrumental con acogerse al secreto profesional para que la prueba directa sea imposible, no ya en este caso, sino en cualquier caso&rsquo;.</p> <p>El auto expone que que lo &uacute;nico que denuncia en definitiva el recurrente una y otra vez, y en ambos motivos del recurso, es la valoraci&oacute;n que realiza la audiencia provincial contraria a la del juez de primera instancia y contraria a sus propios intereses.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=60dc31fc355c5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 08 Jul 2016 08:30:00 +0200 El Tribunal Supremo anula un régimen de custodia compartida porque ninguno de los dos progenitores lo solicitó http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=4d5f330a2d4c5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha anulado el r&eacute;gimen de custodia compartida de una menor concedido a su padre y su madre porque ninguno de los dos lo solicit&oacute;. El alto tribunal ordena a la Audiencia Provincial de Vizcaya, que dict&oacute; la sentencia estableciendo la custodia compartida, que pronuncie nueva sentencia en los &ldquo;estrictos t&eacute;rminos&rdquo; en que se plante&oacute; el debate (cada progenitor reclamaba para s&iacute; la custodia de la hija) &ldquo;que no inclu&iacute;a decidir sobre la guarda y custodia compartida&rdquo;.</p> <p>El Juzgado de Bilbao que resolvi&oacute; en primera instancia el caso concedi&oacute; la custodia al padre, quien al inicio de la vista desisti&oacute; de la petici&oacute;n subsidiaria de custodia compartida proponiendo &uacute;nicamente la custodia paterna. La madre reclamaba que se le concediese la custodia a ella.</p> <p>El Juzgado le dio la custodia al padre al considerar que, al estar desempleado, ten&iacute;a m&aacute;s tiempo de ocuparse del cuidado de la hija, mientras que la madre regentaba un negocio de hosteler&iacute;a que le absorb&iacute;a mucho tiempo. Respecto a la custodia compartida, el juez de Primera Instancia se&ntilde;al&oacute; que no concurr&iacute;a los presupuestos para concederla porque ninguno de los progenitores la hab&iacute;a pedido.</p> <p>La Audiencia de Vizcaya, ante quien recurri&oacute; la madre, revoc&oacute; parcialmente la sentencia dictada en primera instancia y estableci&oacute; un sistema de custodia compartida. Razon&oacute; que, pese a que el informe del equipo psicosocial se inclin&oacute; porque la custodia se confiase al padre por su mayor disponibilidad de tiempo, las circunstancias hab&iacute;an cambiado en el curso del procedimiento, de modo que era el padre el que hab&iacute;a pasado a regentar el mismo negocio de hosteler&iacute;a, y la madre la que se encontraba en paro. La Audiencia a&ntilde;adi&oacute; que, como esas circunstancias eran una variable impredecible en el futuro, optaba por el r&eacute;gimen de guarda y custodia compartida por semanas alternas y permaneciendo la menor en el domicilio familiar salvo acuerdo que pudiesen alcanzar las partes en otro sentido.</p> <p>El Supremo, ante quien recurri&oacute; el padre, recuerda su doctrina de que la custodia compartida no es una medida excepcional, &ldquo;sino que al contrario, habr&aacute; de considerarse normal e incluso deseable, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo sea&rdquo;.</p> <p>Sin embargo, a&ntilde;ade que para optar por dicho sistema se debe partir de la existencia de petici&oacute;n de parte, &ldquo;pues de no existir &eacute;sta por ninguno de los progenitores, dif&iacute;cilmente puede valorarse un plan contradictorio, adecuadamente informado, sobre el que decidir con fundamento en el inter&eacute;s de los menores, al no haber existido debate y prueba contradictoria sobre tal r&eacute;gimen de custodia&rdquo;.</p> <p>A continuaci&oacute;n, la Sala se pregunta si debe asumir la instancia y, decidiendo el recurso de apelaci&oacute;n sin apartarse de los t&eacute;rminos en que fue planteado el debate, resolver sobre el progenitor al que se debe confiar la guarda y custodia de la menor. Si al padre, seg&uacute;n mantiene la sentencia de primera instancia, o a la madre, seg&uacute;n pretend&iacute;a &eacute;sta.</p> <p>&ldquo;&Eacute;sta ser&iacute;a una soluci&oacute;n que pondr&iacute;a fin a la controversia con ahorro procesal en el tiempo, pero tiene un inconveniente, cual es, que al no haber ofrecido respuesta el Tribunal de apelaci&oacute;n (la Audiencia de Vizcaya) al recurso de esta naturaleza en los t&eacute;rminos en que se someti&oacute; a su consideraci&oacute;n, si la Sala, asumiendo funciones de tribunal de apelaci&oacute;n, desestimase el recurso de la parte demandada, &eacute;sta quedar&iacute;a privada del recurso extraordinario de infracci&oacute;n procesal y del recurso de casaci&oacute;n, que podr&iacute;a haber formulado si la desestimaci&oacute;n de su recurso de apelaci&oacute;n la hubiese decidido la Audiencia Provincial en vez de acordar una guarda y custodia compartida no solicitada por ninguno de los progenitores&rdquo;, indica el Supremo.</p> <p>Por ello, se estima adecuada la devoluci&oacute;n de los autos al tribunal de la Audiencia Provincial para, sin alterar los t&eacute;rminos del debate, que no inclu&iacute;a decidir sobre la custodia compartida, resolver el recurso de apelaci&oacute;n que interpuso la representaci&oacute;n procesal de la madre contra la sentencia dictada en la primera instancia.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=4d5f330a2d4c5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 07 Jul 2016 13:00:00 +0200 El TS confirma que una madre no tiene legitimidad para plantear una demanda de paternidad en nombre de su hija si hay conflicto de interés entre ambas http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=7fe6f74fbdab5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Primera del Tribunal Supremo ha confirmado la falta de legitimaci&oacute;n de una madre para, como representante de su hija, plantear una demanda de reclamaci&oacute;n de paternidad extramatrimonial de la ni&ntilde;a e impugnaci&oacute;n de la filiaci&oacute;n matrimonial, debido a que, en el caso examinado, existen intereses contrapuestos entre madre e hija.</p> <p>El procedimiento se inici&oacute; cuando la madre, como representante legal de su hija, interpuso una demanda en la que reclamaba la paternidad de quien afirmaba que era el padre biol&oacute;gico y, complementariamente, impugnaba la filiaci&oacute;n matrimonial de su exmarido, que constaba formalmente en el Registro Civil como progenitor, alegando que la filiaci&oacute;n registral se hab&iacute;a determinado por un reconocimiento de complacencia y que deb&iacute;a fijarse la filiaci&oacute;n acorde con la verdad biol&oacute;gica.</p> <p>La sentencia de primera instancia estim&oacute; la demanda por considerar, sustancialmente, que la filiaci&oacute;n biol&oacute;gica extramatrimonial no hab&iacute;a sido discutida por las partes y que exist&iacute;a, adem&aacute;s, prueba directa de la paternidad.</p> <p>Posteriormente, la Audiencia Provincial estim&oacute; el recurso de apelaci&oacute;n interpuesto por el padre registral al considerar que, frente a la l&iacute;nea jurisprudencial tendente a dar prevalencia a la verdad biol&oacute;gica, en este caso ten&iacute;an mayor peso espec&iacute;fico las razones que amparan la tesis de la irrevocabilidad del reconocimiento de complacencia, por entender que el bien de la hija estaba precisamente en el mantenimiento de la paternidad impugnada, y que la madre atend&iacute;a a intereses puramente particulares y ajenos al inter&eacute;s superior de la menor.<br />La sentencia del Tribunal Supremo, aunque desestima el recurso de casaci&oacute;n, considera que la raz&oacute;n de la desestimaci&oacute;n de la demanda no debe ser la irrevocabilidad del reconocimiento de complacencia. Esta cuesti&oacute;n s&oacute;lo ser&iacute;a relevante en la acci&oacute;n de impugnaci&oacute;n de la filiaci&oacute;n extramatrimonial, que no es la que se hab&iacute;a ejercitado con car&aacute;cter principal, porque por su propia naturaleza est&aacute; subordinada al &eacute;xito de la acci&oacute;n de reclamaci&oacute;n de la filiaci&oacute;n matrimonial.</p> <p>La Sala considera, en cambio, que falta la legitimaci&oacute;n de la madre para ejercitar en nombre de su hija las acciones de filiaci&oacute;n por el conflicto de intereses apreciado y que &eacute;sta es la raz&oacute;n por la que debe desestimarse su demanda.</p> <p>La sentencia explica los principios generales que inspiran el ejercicio de las acciones de filiaci&oacute;n y la protecci&oacute;n del inter&eacute;s de los menores y se hace eco de los riesgos que puede causar la colisi&oacute;n entre el derecho de los progenitores y el de los hijos cuando el ejercicio de este tipo de acciones irrumpe en una realidad familiar ya asentada, por contraposici&oacute;n entre la verdad biol&oacute;gica y la preservaci&oacute;n de la paz familiar en inter&eacute;s del hijo si se encuentra en una situaci&oacute;n consolidada de familia que ha podido formarse al margen de la biol&oacute;gica.</p> <p>La resoluci&oacute;n recoge la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que legitima los l&iacute;mites que la ley establezca para la satisfacci&oacute;n del inter&eacute;s del hijo cuando existen intereses contrapuestos entre el del progenitor a ver declarada su paternidad y la situaci&oacute;n familiar que vive el hijo.</p> <p>Los magistrados entienden que la b&uacute;squeda de la verdad biol&oacute;gica y el inter&eacute;s del hijo coinciden cuanto es &eacute;ste el que reclama la filiaci&oacute;n, por lo que, en principio, podr&iacute;a entenderse que en una demanda presentada por la madre como representante legal del menor se da esa misma coincidencia de intereses.</p> <p>Sin embargo, en este caso, los hechos probados reflejan la existencia de intereses contrapuestos entre madre e hija: el padre biol&oacute;gico no conoce personalmente a la ni&ntilde;a y no hay constancia de que haya contribuido a su sustento ni se haya preocupado por ella; por el contrario, el progenitor registral ha actuado desde el nacimiento como el verdadero padre, cumpliendo con sus obligaciones como tal, y proporcionando &eacute;l y su familia un entorno de bienestar y de estabilidad emocional y afectiva.</p> <p>Por ello, la Sala considera que en la contradicci&oacute;n de intereses entre la hija menor de edad y la madre, &eacute;sta no puede ser representante legal de aquella en las acciones ejercitadas.</p> <p>El C&oacute;digo Civil establece que, en tales casos, procede el nombramiento de un defensor judicial que represente a la persona menor si aprecia que con ello se satisface su inter&eacute;s, bien entendido que el no ejercicio de las acciones no priva a la hija de la acci&oacute;n de reclamaci&oacute;n al llegar a la mayor&iacute;a de edad por su propia y voluntaria determinaci&oacute;n.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=7fe6f74fbdab5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 05 Jul 2016 15:24:00 +0200 El Supremo confirma la sanción al guardia civil que envió por WhatsApp una foto junto al cadáver de un fugitivo http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=71800ab4caab5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala V, de lo Militar, ha ratificado la sanci&oacute;n disciplinaria por falta grave impuesta a un brigada de la Guardia Civil, jefe del puesto de Malpartida de Plasencia (C&aacute;ceres) que se fotografi&oacute; de uniforme junto al cad&aacute;ver de un preso fugado al que hab&iacute;an estado persiguiendo y envi&oacute; la foto por WhatsApp a sus compa&ntilde;eros, con el siguiente comentario de texto: &ldquo;AH&Iacute; STA. FIAMBRE&rdquo;.</p> <p>Los hechos ocurrieron el 7 de febrero de 2014, y ese mismo d&iacute;a la foto comenz&oacute; a difundirse por grupos de mensajer&iacute;a de WhatsApp ajenos al de compa&ntilde;eros de la Benem&eacute;rita al que lo hab&iacute;a enviado inicialmente el brigada, como por ejemplo el relacionado con los carnavales de la localidad de Tejeda del Ti&eacute;tar. La misma fotograf&iacute;a apareci&oacute; publicada por el diario &ldquo;Hoy&rdquo; de Badajoz el d&iacute;a 8 de febrero de 2014, con el comentario &ldquo;la fotograf&iacute;a que vol&oacute; por las redes sociales&rdquo;, apareciendo tambi&eacute;n el 11 de dicho mes en la p&aacute;gina web radiointerior.es.</p> <p>El Supremo desestima el recurso del brigada &Aacute;ngel C.B. contra la sentencia del Tribunal Militar Central, que, a su vez, confirm&oacute; la decisi&oacute;n del director general de la Guardia Civil, de 8 de enero de 2015, de imponer a dicho suboficial una sanci&oacute;n de p&eacute;rdida de doce d&iacute;as de haberes con suspensi&oacute;n de funciones como autor de una falta grave consistente en &ldquo;la observancia de conductas gravemente contrarias a la dignidad de la Guardia Civil&rdquo;.</p> <p>Los hechos probados de la sentencia del Tribunal Militar Central se&ntilde;alan que &ldquo;el 7 de febrero de 2014 fue detenido en las inmediaciones de la localidad de Plasencia (C&aacute;ceres) Rafael R.G., poco despu&eacute;s fallecido por herida de bala, individuo con numerosos antecedentes policiales y fugado el anterior d&iacute;a 21 de enero del Centro Penitenciario de Badajoz tras disfrutar de un permiso penitenciario, a quien con posteridad a ese d&iacute;a se le atribu&iacute;an dos homicidios consumados cometidos en las provincias de Toledo y Badajoz, y otro homicidio intentado y un secuestro perpetrados en la localidad de Plasencia&rdquo;.</p> <p>El brigada, al ser informado por el Centro Operativo de Servicio de la Comandancia de C&aacute;ceres de que el preso fugado se dirig&iacute;a a bordo de un autom&oacute;vil robado hacia la localidad de Plasencia, acudi&oacute; por propia iniciativa, acompa&ntilde;ado de otro guardia, a la zona donde finalmente falleci&oacute; Rafael R.G. Una vez all&iacute;, el brigada, &ldquo;que vest&iacute;a el uniforme reglamentario del Cuerpo, se situ&oacute; junto al cad&aacute;ver de Robles, que yac&iacute;a semidesnudo en el suelo, y pidi&oacute; al Guardia (que le acompa&ntilde;aba) que le hiciera una fotograf&iacute;a, a cuyo fin le entreg&oacute; su tel&eacute;fono m&oacute;vil. Hecha la instant&aacute;nea, el brigada la difundi&oacute; algo antes de las 14:00 horas, utilizando la aplicaci&oacute;n de mensajer&iacute;a &ldquo;WhatsApp&rdquo;, a los miembros de un grupo de comunicaci&oacute;n formado exclusivamente por Guardias Civiles destinados en el puesto a su mando, denominado &ldquo;Pto. Malpartida&rdquo;, acompa&ntilde;ando a la fotograf&iacute;a el comentario &ldquo;AH&Iacute; STA. FIAMBRE&rdquo;.</p> <p>En su recurso al Supremo, el brigada defendi&oacute; que su actuaci&oacute;n no era falta disciplinaria, ya que &eacute;l no fue responsable de la difusi&oacute;n de la foto fuera del &aacute;mbito interno de profesionales de la Guardia Civil, debiendo haberse castigado a quien realiz&oacute; su difusi&oacute;n a personal civil que fue el origen del gran revuelo creado en medios de comunicaci&oacute;n regional y nacional donde recogi&oacute; la foto. El suboficial asegur&oacute; haber remitido la foto s&oacute;lo y exclusivamente a sus compa&ntilde;eros para informarles de la muerte del preso fugado y tranquilizarles.</p> <p>El Supremo rechaza el argumento y confirma la responsabilidad del recurrente &ldquo;como negligente punto de origen de la gran difusi&oacute;n que en definitiva alcanz&oacute; la imagen que nos ocupa&rdquo;. Subraya la gravedad de su comportamiento, &ldquo;pues cabe confirmar sin gran esfuerzo que la fotograf&iacute;a en cuesti&oacute;n denotaba una actitud impropia y gravemente contraria a la dignidad de la Guardia Civil. Tan solo hemos de remitirnos a los hechos que se relatan en la sentencia impugnada para corroborar que, el hacerse fotografiar delante del cad&aacute;ver semidesnudo de un presunto homicida y secuestrador y hacerlo -como significa la sentencia de instancia- &lt;&lt;vestido con el uniforme del Cuerpo y en actitud que denota una cierta arrogancia&gt;&gt;, difundiendo a continuaci&oacute;n dicha fotograf&iacute;a acompa&ntilde;ada del comentario "AH&Iacute; STA. FIAMBRE", revela indudablemente una conducta totalmente opuesta al comportamiento exigible a un miembro de la Benem&eacute;rita Instituci&oacute;n, que ha de demostrar en todo momento un respeto absoluto a los ciudadanos, actuando con la mesura e integridad moral que su condici&oacute;n de Guardia Civil le exige&rdquo;.</p> <p>La sentencia, que destaca que el brigada contaba con casi 34 a&ntilde;os de servicio en el Cuerpo, agrega que &ldquo;la reprochable fotograf&iacute;a obtuvo una gran difusi&oacute;n al ser reproducida en los medios de comunicaci&oacute;n social, y que el recurrente hubiera debido valorar antes de ponerla en circulaci&oacute;n, que podr&iacute;a llegar finalmente a conocimiento p&uacute;blico, lo que sucedi&oacute; y hace que quepa atribu&iacute;rsele tambi&eacute;n al recurrente esta posterior difusi&oacute;n generalizada y que, finalmente, la dignidad de la Guardia Civil quedara gravemente comprometida con su comportamiento&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=71800ab4caab5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 05 Jul 2016 13:20:00 +0200 El Supremo confirma la nulidad de la instalación de un centro comercial en Villalba colindante con la cuenca de Guadarrama http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=77bfc6621b5b5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala III del Tribunal Supremo ha ratificado la nulidad del Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Collado-Villalba de 16 de julio de 2009 por el que se aprob&oacute; definitivamente el Plan Parcial correspondiente al Sector 1.6 "Ca&ntilde;o de la Fragua" del Plan General de Ordenaci&oacute;n Urbana de dicha localidad, para la instalaci&oacute;n de un centro comercial y las infraestructuras que conlleva.</p> <p>El Supremo ratifica el criterio del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que estim&oacute; un recurso de Ecologistas en Acci&oacute;n&ndash;CODA y resolvi&oacute; anular el Plan por no contar con an&aacute;lisis ambiental pese a estar colindante con el Lugar de Inter&eacute;s Comunitario &ldquo;Cuenca del r&iacute;o Guadarrama&rdquo;. Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Collado-Villalba de 16 de julio de 2009 por el que se aprob&oacute; definitivamente el Plan Parcial correspondiente al Sector 1.6 "Ca&ntilde;o de la Fragua" del Plan General de Ordenaci&oacute;n Urbana de dicha localidad.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=77bfc6621b5b5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 04 Jul 2016 16:35:00 +0200 El Tribunal Supremo anula la condena impuesta a un magistrado por revelación de secretos http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=a48ec6621b5b5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha anulado la condena a un a&ntilde;o y tres meses de prisi&oacute;n y tres a&ntilde;os de inhabilitaci&oacute;n absoluta impuesta al juez de Cantabria Luis Acayro S&aacute;nchez L&aacute;zaro por un delito de revelaci&oacute;n de secretos, consistente en remitir al Servicio de Inspecci&oacute;n del Consejo General del Poder Judicial el certificado de antecedentes penales de una persona que le hab&iacute;a denunciado ante dicho &oacute;rgano.</p> <p>La sentencia estima el recurso de casaci&oacute;n interpuesto por el juez y le absuelve al considerar que su conducta no incurri&oacute; en delito. El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en cambio, entendi&oacute; que al acceder o utilizar de forma injustificada esos datos personales Acayro cometi&oacute; el citado delito de descubrimiento y revelaci&oacute;n de secretos previsto en el art&iacute;culo 197.2 del C&oacute;digo Penal.</p> <p>Los hechos considerados probados se produjeron en noviembre de 2013, cuando el magistrado, titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucci&oacute;n n&ordm; 2 de Castro Urdiales, incorpor&oacute; al escrito que iba a enviar al Servicio de Inspecci&oacute;n del CGPJ la consulta realizada a la base de datos del Registro Central de Penados sobre los antecedentes penales de la persona que le denunci&oacute;, con plena conciencia de que estaban cancelados, para acreditar la animadversi&oacute;n que sent&iacute;a hacia &eacute;l. El juez, seg&uacute;n los mismos hechos, crey&oacute; err&oacute;neamente que la aportaci&oacute;n de dicha informaci&oacute;n era necesaria para el leg&iacute;timo ejercicio de su derecho de defensa.</p> <p>Sin embargo, la Sala Segunda no comparte el an&aacute;lisis de la sentencia recurrida, que consider&oacute; que la conducta del acusado no estaba justificada. Afirma que no se trata de un caso de acceso o utilizaci&oacute;n injustificada de datos, sino de un supuesto de cesi&oacute;n de datos obtenidos por el funcionario responsable del tratamiento &ndash;en este caso la Secretaria Judicial, ahora Letrada de la Administraci&oacute;n de Justicia del Juzgado de Instrucci&oacute;n n&uacute;mero 2 de Castro Urdiales- a petici&oacute;n del titular del &oacute;rgano jurisdiccional, que luego son remitidos al CGPJ en el marco de unas diligencias de contenido disciplinario.</p> <p>La sentencia, de la que ha sido ponente el presidente de la Sala, Manuel Marchena, indica que la Ley Org&aacute;nica del Poder Judicial &ndash;art&iacute;culo 236- admite la cesi&oacute;n de datos para fines jurisdiccionales o no jurisdiccionales. Y en ambos casos, subraya la resoluci&oacute;n, su cesi&oacute;n al CGPJ &ldquo;est&aacute; autorizada&rdquo; cuando este &oacute;rgano act&uacute;a en el ejercicio de sus funciones de inspecci&oacute;n y control o en el ejercicio de las competencias que tenga legalmente atribuidas.</p> <p>Por todo ello, concluye, que &ldquo;ni el juez que solicit&oacute; el certificado, ni la Letrada de la Administraci&oacute;n de Justicia que accedi&oacute; con sus claves al Registro Central de Penados ni, por supuesto, el Consejo General del Poder Judicial que hab&iacute;a incoado una informaci&oacute;n previa a trav&eacute;s del Servicio de Inspecci&oacute;n, pueden considerarse actores de una ileg&iacute;tima injerencia en el derecho a la autodeterminaci&oacute;n informativa que proclama el art&iacute;culo 18.4 de la CE y que tutela penalmente el art&iacute;culo 197.2 del C&oacute;digo Penal&rdquo;.</p> <p>Para el Tribunal Supremo, los hechos imputados al acusado carecen de relieve penal y la nula afectaci&oacute;n del bien jur&iacute;dico protegido por el art&iacute;culo 197.2 del CP &ndash;la autodeterminaci&oacute;n informativa y no la intimidad- es otra de las razones para concluir que no hay delito.</p> <p><strong>Otros casos</strong></p> <p>La sentencia compara el caso del juez con otros precedentes en los que debido a la gravedad de los hechos s&iacute; estaba justificada la condena por el citado delito. Es el caso de un m&eacute;dico del Servicio P&uacute;blico de Salud que consult&oacute; sin justificaci&oacute;n, aprovechando su cargo y el acceso que ten&iacute;a a las bases de datos de historiales m&eacute;dicos, en m&aacute;s de 200 ocasiones y durante dos a&ntilde;os el expediente de una enfermera, con la que hab&iacute;a roto una relaci&oacute;n amorosa, y la de sus familiares. Tambi&eacute;n cita a un polic&iacute;a auton&oacute;mico que elud&iacute;a sus multas de tr&aacute;fico identificando falsamente en los pliegos de descargo a terceras personas, gracias al acceso libre que ten&iacute;a a la base de datos policial o la informaci&oacute;n period&iacute;stica que permiti&oacute; por v&iacute;a referencial identificar a enfermos de SIDA internados en un establecimiento penitenciario.</p> <p><strong>Voto particular</strong></p> <p>La sentencia incluye un voto particular del magistrado Juan Saavedra Ruiz en el que sostiene que en este caso el tratamiento de datos personales como la hoja hist&oacute;rico-penal con los antecedentes cancelados, incorporados al Registro Penal de Penados, est&aacute;n s&oacute;lo a disposici&oacute;n de los juzgados y los tribunales espa&ntilde;oles.</p> <p>Asimismo, afirma que el acceso ser&aacute; leg&iacute;timo en relaci&oacute;n con los &oacute;rganos judiciales siempre y cuando lo sea a efectos de su utilizaci&oacute;n en los procedimientos y actuaciones de los conozcan en el &aacute;mbito de sus respectivas competencias. Tambi&eacute;n a&ntilde;ade que el CGPJ no tiene acceso directo a la informaci&oacute;n contenida en dicho Registro y mucho menos cuando se trate de inscripciones canceladas.</p> <p>Por todo ello, concluye que la secretaria judicial y el magistrado no estaban autorizados para acceder y utilizar esos datos personales fuera del ejercicio de sus funciones en procedimientos y actuaciones judiciales de las que conocieran en el ejercicio de sus competencias, de forma que &ldquo;no act&uacute;a leg&iacute;timamente el funcionario autorizado que obtiene los datos al margen de cualquier procedimiento en marcha e igualmente no est&aacute; autorizado a la cesi&oacute;n de esos datos a un tercero el que lejos de hacerlo en el ejercicio de su funci&oacute;n jurisdiccional o gubernativa leg&iacute;tima lo hace prevali&eacute;ndose de su cargo en funci&oacute;n de sus intereses personales&rdquo;.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=a48ec6621b5b5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 04 Jul 2016 16:26:00 +0200 El Tribunal Supremo rechaza los recursos de las cadenas de TV sin ánimo lucro contra el Plan técnico de la TDT http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2ec294b6315b5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado los recursos de Red de Medios Comunitarios, la Federaci&oacute;n de Asociaciones para el Desarrollo Comunitario de Vallecas y la Asociaci&oacute;n Amics de Radio Televisi&oacute; Cardedeu, contra el Real Decreto 805/2014 por el que se aprueba el Plan T&eacute;cnico Nacional de la Televisi&oacute;n Digital Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberaci&oacute;n del dividendo digital.</p> <p>Los recurrentes consideraban ilegal el Reglamento 805/2014 por no entender que no daba cumplimiento al mandato del art&iacute;culo 32 de la Ley General de Comunicaci&oacute;n Audiovisual que ordena a la Administraci&oacute;n General del Estado garantizar la disponibilidad del dominio p&uacute;blico radioel&eacute;ctrico necesario para la prestaci&oacute;n de los servicios de comunicaci&oacute;n audiovisual comunitarios sin &aacute;nimo de lucro (art&iacute;culo 32.2) y habilitar el dominio p&uacute;blico radioel&eacute;ctrico necesario para la prestaci&oacute;n de estos servicios (art&iacute;culo 32.4).</p> <p>El Supremo realiz&oacute; en este proceso, a petici&oacute;n de los recurrentes, una prueba pericial de la que concluy&oacute; que no permite tener por acreditada la afirmaci&oacute;n de la demanda de que el Real Decreto 805/2014 cierra el espectro radioel&eacute;ctrico a las entidades de comunicaci&oacute;n audiovisual comunitarias sin &aacute;nimo de lucro y, por ello, no estima que dicho Real Decreto impugnado determine la creaci&oacute;n de una situaci&oacute;n contraria al ordenamiento jur&iacute;dico.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2ec294b6315b5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 04 Jul 2016 13:00:00 +0200 El Tribunal Supremo confirma que la Hacienda Foral de Bizkaia no puede requerir directamente información tributaria a El Corte Inglés http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=310a94b6315b5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Contencioso-administrativo ha confirmado que el departamento de Hacienda de la Diputaci&oacute;n Foral de Bizkaia no puede requerir de forma directa informaci&oacute;n tributaria a la Financiera de El Corte Ingl&eacute;s al tener esta entidad su domicilio fuera del territorio de dicha administraci&oacute;n, que tendr&aacute; que hacer el requerimiento a trav&eacute;s de la Inspecci&oacute;n de Tributos del Estado o de las Comunidades Aut&oacute;nomas.</p> <p>La sentencia desestima el recurso de casaci&oacute;n interpuesto por la Diputaci&oacute;n Foral de Bizkaia contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia del Pa&iacute;s Vasco que anul&oacute; los requerimientos de informaci&oacute;n dirigidos por la Subdirecci&oacute;n de la Inspecci&oacute;n Foral a la Financiera de dicha empresa para que en el plazo de un mes identificara a los titulares de la tarjeta de El Corte Ingl&eacute;s &ndash;particulares o empresas- con domicilio en el Territorio Hist&oacute;rico de Bizkaia que hubiesen realizado pagos por un importe total anual igual o superior a 30.000 euros en los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011.</p> <p>La Sala Tercera aborda el problema de si un poder tributario territorial puede requerir informaci&oacute;n a ciudadanos domiciliados en territorio de otro poder tributario. En este sentido, resuelve que no hay dudas de que &ldquo;ese poder no puede ser ejercido de manera directa cuando su ejercicio excede del &aacute;mbito territorial en el que se asienta&rdquo; y a&ntilde;ade que tal pretensi&oacute;n resulta inviable, con independencia de cu&aacute;l sea el contenido de la informaci&oacute;n requerida.</p> <p>El mecanismo que hay que utilizar en ese caso, se&ntilde;ala la sentencia, es el de auxilio, recogido en la ley por la que se aprueba el Concierto Econ&oacute;mico con la Comunidad Aut&oacute;noma del Pa&iacute;s Vasco, cuyo art&iacute;culo 45.2 establece que, ante esa circunstancia, las actuaciones comprobadoras e investigadoras ser&aacute;n practicadas por la Inspecci&oacute;n de los Tributos del Estado o de las Comunidades Aut&oacute;nomas competentes por raz&oacute;n del territorio cuando se trate de tributos cedidos a las mismas, a requerimiento del &oacute;rgano competente de dichas Diputaciones Forales.</p> <p>El mismo art&iacute;culo a&ntilde;ade que cuando la Inspecci&oacute;n Tributaria del Estado o de las Diputaciones Forales conozcan, con ocasi&oacute;n de sus actuaciones comprobadoras e investigadoras, hechos con trascendencia tributaria para la otra Administraci&oacute;n, lo comunicar&aacute; a &eacute;sta en la forma que reglamentariamente se determine.</p> <p>La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Manuel Vicente Garz&oacute;n Herrero, tambi&eacute;n afirma que el incumplimiento ileg&iacute;timo del requerimiento de informaci&oacute;n por el ente requerido nunca podr&aacute; ser sancionado por el &oacute;rgano requirente &ndash;la Diputaci&oacute;n Foral- por carecer del poder territorial indispensable para hacer efectivo el requerimiento.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=310a94b6315b5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 04 Jul 2016 09:00:00 +0200 Condenado a cinco años y tres meses por coleccionar en casa un arma de guerra y otras cinco de fuego sin licencia http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=e09e2181f06a5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha confirmado la pena de cinco a&ntilde;os y tres meses de c&aacute;rcel a un vecino de Esplugues de Llobregat (Barcelona) que ten&iacute;a instalada en su casa una colecci&oacute;n de objetos de la Segunda Guerra Mundial que inclu&iacute;a un arma de guerra (una ametralladora Astra) y otras cinco armas de fuego reglamentadas en perfecto estado de funcionamiento, junto a munici&oacute;n tambi&eacute;n en buen estado.</p> <p>El Supremo confirma la condena que le impuso la Audiencia Provincial de Barcelona como autor de un delito de dep&oacute;sito de armas de guerra y armas de fuego reglamentadas. En los hechos probados se destaca que el acusado, Joan Carlos P.Ll., &ldquo;ten&iacute;a conocimiento de que las cinco armas de fuego que pose&iacute;a en perfecto estado de funcionamiento requer&iacute;an de licencia para su tenencia y de que pose&iacute;a un arma de guerra tambi&eacute;n en correcto estado de funcionamiento cuya adquisici&oacute;n, tenencia y uso estaba prohibida y a pesar de conocer la ilegalidad de su conducta, continu&oacute; haciendo acopio de armas de fuego y munici&oacute;n de lo que hac&iacute;a alarde con amigos&rdquo;.</p> <p>El condenado recurri&oacute; al Supremo al considerar que en su conducta no concurr&iacute;a peligrosidad, ya que &eacute;l era un coleccionista, apasionado del tiro y de las armas en general, que lo que guardaba era una colecci&oacute;n (&ldquo;museo&rdquo; lo llamaron los investigadores que la descubrieron), con piezas de la Segunda Guerra Mundial, de la guerra civil espa&ntilde;ola, o (el rev&oacute;lver Colt) de una r&eacute;plica de un modelo de 1873, cl&aacute;sico del western americano, pero que no hab&iacute;an sido usadas, y que el arma de guerra y las otras cinco de fuego por las que ha sido condenado estaban en una habitaci&oacute;n cerrada con llave. Argumentaba adem&aacute;s que no exist&iacute;a licencia para coleccionistas.</p> <p>La Audiencia de Barcelona, por el contrario, destac&oacute; que el acusado, como muy aficionado a las armas que era, no desconoc&iacute;a que requer&iacute;a de licencia para las armas de fuego que pose&iacute;a en correcto estado de funcionamiento, y respecto del arma de guerra, que estaba absolutamente fuera del &aacute;mbito de posesi&oacute;n de un particular.</p> <p>El Supremo rechaza el recurso del acusado porque &ldquo;la peligrosidad abstracta de un arma de guerra es &iacute;nsita a su alta capacidad lesiva, de tal modo que en ning&uacute;n caso es permitida su posesi&oacute;n en el propio domicilio; y el recurrente la pose&iacute;a&rdquo;. A&ntilde;ade que &ldquo;la lesividad de un arma de fuego es menor, pero su peligrosidad abstracta relevante&rdquo;, que se incrementa cuando su n&uacute;mero, como en este caso, excede de la unidad, &ldquo;por lo que s&oacute;lo se tolera esa posesi&oacute;n, cuando se trata de un solo arma que adem&aacute;s cuenta en todo caso con especial valor hist&oacute;rico o art&iacute;stico; y el recurrente pose&iacute;a en su domicilio, adem&aacute;s de la referida arma de guerra, cinco armas de fuego&rdquo;.</p> <p>Salvo un arma, guardada en caja fuerte, las dem&aacute;s se encontraban en una habitaci&oacute;n, a la vista, sin estar escondidas, con la &uacute;nica medida de seguridad de estar cerrada con llave la puerta de esa habitaci&oacute;n. Y tambi&eacute;n pose&iacute;a abundante munici&oacute;n.</p> <p>La sentencia relata que, al margen de la normativa internacional ratificada por Espa&ntilde;a, como el Protocolo contra la fabricaci&oacute;n y el tr&aacute;fico il&iacute;citos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convenci&oacute;n de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional que proh&iacute;be incluir como armas antiguas las armas de fuego fabricadas despu&eacute;s de 1899, &ldquo;alguien familiarizado con las armas como el recurrente, sin necesidad de la convicci&oacute;n ulterior a los hechos del Reglamento de armas, comprende la lesividad potencial de cualquier arma de fuego fabricada en el siglo XX y la inviabilidad de obviar las necesarias exigencias de seguridad por su mera relaci&oacute;n con un personaje o un hecho hist&oacute;rico. No es dable pensar que un arma de fuego utilizada en cualquier magnicidio acaecido en el siglo XXI y que por esa condici&oacute;n adquiere relevancia hist&oacute;rica, pierde al adquirir ese calificativo, su capacidad lesiva y potencial peligrosidad&rdquo;.</p> <p>El Supremo tambi&eacute;n rechaza la petici&oacute;n del condenado de una rebaja de pena, al destacar que la horquilla a imponerle oscilaba entre 5 y 10 a&ntilde;os, y que la Audiencia de Barcelona ha establecido de forma proporcionada la de cinco a&ntilde;os y tres meses.</p> <p>Por &uacute;ltimo, la sentencia se pronuncia sobre la petici&oacute;n que hace el acusado para que la Sala proponga su indulto parcial, de modo que se establezca en un m&aacute;ximo de 2 a&ntilde;os de prisi&oacute;n para que pueda evitar su ingreso en la c&aacute;rcel, atendiendo a que es un padre de familia sin antecedentes penales, y que se trata de una sola arma de guerra y dentro de una actividad de coleccionismo. El alto tribunal indica que ser&aacute; en el cauce de informe a una petici&oacute;n de indulto al Gobierno que pueda hacer el acusado cuando proceda examinar sus circunstancias y valorar si procede apoyar un indulto parcial y su extensi&oacute;n.</p> <p>La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Andr&eacute;s Palomo del Arco, s&iacute; estima el recurso del condenado en el sentido de limitar el comiso de objetos acordado por la Audiencia de Barcelona al arma de guerra, las cinco armas de fuego y la munici&oacute;n, dejando sin efecto el establecido sobre piezas y objetos que no eran considerados efectos del delito, aunque s&oacute;lo se le devolver&aacute;n cuando acredite cumplir los requisitos administrativos vigentes.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=e09e2181f06a5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 01 Jul 2016 13:20:00 +0200 El TS confirma la responsabilidad solidaria del Ayuntamiento de Lugo por deudas de más de un millón de euros del matadero con la Seguridad Social http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=75ba1f57d75a5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Contencioso-administrativo ha confirmado la responsabilidad solidaria del Ayuntamiento de Lugo por las deudas de 1.167.820,97 euros a la Seguridad Social de la empresa Frimi&ntilde;o, encargada de la explotaci&oacute;n del matadero municipal por un plazo de 25 a&ntilde;os, aunque dej&oacute; de prestar el servicio antes de agotar el plazo al no ser viable la actividad.</p> <p>La sentencia desestima el recurso de casaci&oacute;n interpuesto por dicho Ayuntamiento contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que concluy&oacute; que el recurrente era el empresario principal respecto de Frimi&ntilde;o como consecuencia del contrato otorgado el 16/01/1990 de concesi&oacute;n del matadero municipal.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=75ba1f57d75a5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 01 Jul 2016 10:00:00 +0200 El Supremo declara ajustada a derecho la subida del IBI urbano aprobada por Ayuntamiento de Burgos en 2012 http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=9ab1a46b0f0a5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha declarado ajustada a derecho la subida de los tipos de gravamen para los bienes inmuebles urbanos, acordada el 21 de septiembre de 2012 por el Pleno del Ayuntamiento de Burgos, cuyo recurso de casaci&oacute;n ha sido estimado de forma parcial por el alto tribunal.</p> <p>La sentencia corrige el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le&oacute;n que declar&oacute; la nulidad de la modificaci&oacute;n de la Ordenanza Fiscal n&uacute;mero 507, reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, introducida en el art&iacute;culo 9, que establece que a los bienes de naturaleza urbana se les aplica un tipo de gravamen del 0,486%, con arreglo a lo dispuesto en el art&iacute;culo 72 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.</p> <p>De acuerdo con dicha normativa, la Sala Tercera indica que los ayuntamientos han de fijar tipos de gravamen para los bienes inmuebles de naturaleza urbana que oscilen entre el 0,4 por 100 y el 1,10 por 100, sin perjuicio de que puedan incrementarlos con determinados puntos porcentuales si se producen ciertas circunstancias (art&iacute;culo 72 TRHL, apartados 1 y 3).</p> <p>La sentencia recuerda que con la finalidad de que la situaci&oacute;n financiera de las corporaciones locales no pusiera en peligro la consecuci&oacute;n de los objetivos del d&eacute;ficit p&uacute;blico, con car&aacute;cter transitorio y excepcional para los ejercicios 2012 y 2013, los ayuntamientos en los que concurrieran las circunstancias del de Burgos -aprobaci&oacute;n de ponencia de valores total en 2009- estaban obligados a incrementar los tipos de gravamen en un 4 por 100 para aquellos bienes inmuebles de uso residencial que pertenecieran a la mitad con mayor valor catastral del conjunto de los inmuebles que tuviesen uso urbano.</p> <p>En el caso de este ayuntamiento, concluye la sentencia, la aplicaci&oacute;n de ese forzado aumento no rebasa los topes del art&iacute;culo 72 de la LRHL, por lo que nada imped&iacute;a acordar, de forma justificada, otros incrementos adicionales. Los magistrados afirman que el aumento no s&oacute;lo se produce dentro de esos l&iacute;mites, sino que adem&aacute;s existe un informe del &oacute;rgano de Gesti&oacute;n Tributaria y Tesorer&iacute;a en el que se explica que la subida se lleva a cabo para adaptar los tipos al incremento del 5,3 por 100 experimentado por &Iacute;ndice de Precios al Consumo entre los meses de enero de 2010 y 2012.</p> <p>Por otro lado, la sentencia confirma la nulidad de la modificaci&oacute;n de la Ordenanza Fiscal n&uacute;mero 204 que somete a tributaci&oacute;n a las declaraciones responsables, adem&aacute;s del otorgamiento de las licencias urban&iacute;sticas, por carecer de un informe t&eacute;cnico-econ&oacute;mico, como establece la misma ley de Haciendas Locales.</p> <p>En definitiva, subraya la Sala Tercera, lo que ha hecho el Ayuntamiento de Burgos mediante la modificaci&oacute;n discutida ha sido introducir, sin mediar esos informes, una nueva tasa por los servicios que presta al comprobar, controlar o inspeccionar el ajuste de las actividades amparadas en una declaraci&oacute;n responsable.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=9ab1a46b0f0a5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 30 Jun 2016 14:04:00 +0200 El Tribunal Supremo anula la deuda de 780.299,47 euros a Polaris World Real Estate por el impuesto de transmisiones patrimoniales http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=5d36204c410a5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casaci&oacute;n interpuesto por Polaris World Real Estate, S.l. y anula la sentencia del Tribunal Superior de Murcia que confirm&oacute; la resoluci&oacute;n del Tribunal Econ&oacute;mico-Administrativo Regional de Murcia que reclamaba el pago por dicha entidad de una deuda de 780.299,47 euros por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jur&iacute;dicos documentados.</p> <p>La sentencia de la Sala revoca la liquidaci&oacute;n, que fue ratificada por la instancia, al basarse en una comprobaci&oacute;n de valores por un m&eacute;todo previsto en una norma legal auton&oacute;mica declarada inconstitucional -art&iacute;culo 6.Uno.1.c) de la Ley de la Asamblea General de Murcia 15/2002- entre el 1 de enero de 2003 y el 30 de noviembre de 2006 (fecha a partir de la cual se incorpor&oacute; a la Ley General Tributaria el medio de comprobaci&oacute;n previsto en la norma murciana), por superar el &aacute;mbito de competencias de las Comunidades Aut&oacute;nomas sobre los tributos cedidos introduciendo un medio de comprobaci&oacute;n de valores que en dicho periodo de tiempo no estaba previsto en la normativa estatal, incumpliendo la obligaci&oacute;n de atenerse a los criterios del Estado.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=5d36204c410a5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 30 Jun 2016 09:50:00 +0200 El Tribunal Supremo reconoce el interés de Castilla-La Mancha en los expedientes sobre concesión de agua ya trasvasada del Tajo-Segura http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=7a9b204c410a5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala III del Tribunal Supremo ha reconocido a la Junta de Castilla-La Mancha el car&aacute;cter de &ldquo;interesada&rdquo; en los expedientes sobre concesiones de aguas procedentes del trasvase Tajo-Segura.</p> <p>El Supremo estima un recurso de la Junta y anula la Resoluci&oacute;n de la Confederaci&oacute;n Hidrogr&aacute;fica del Segura, de 24 de noviembre de 2009, que informaba al Gobierno castellano manchego que no pod&iacute;a personarse como interesada en esos procedimientos de concesiones de aguas por no tener derecho subjetivo ni inter&eacute;s leg&iacute;timo, que pueda verse afectado por las resoluciones de concesi&oacute;n entre regantes de la cuenca receptora, que se adopten sobre vol&uacute;menes ya trasvasados.</p> <p>La sentencia anula tambi&eacute;n la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de junio de 2014 que aval&oacute; el acuerdo de la Confederaci&oacute;n Hidrogr&aacute;fica. Asimismo, recuerda que en el a&ntilde;o 2008, la indicada Confederaci&oacute;n comenz&oacute; la tramitaci&oacute;n de m&aacute;s de sesenta expedientes de concesiones para riego de aguas procedentes del trasvase Tajo-Segura referidas a los territorios de Alicante, Almer&iacute;a y Murcia.</p> <p>Lo que se cuestiona en el recurso de la Junta es si a la Administraci&oacute;n recurrente debi&oacute; serle reconocida, o no, la condici&oacute;n de interesada en el procedimiento administrativo.</p> <p>La delimitaci&oacute;n de la condici&oacute;n de interesado atendiendo, como se&ntilde;ala la resoluci&oacute;n administrativa impugnada, al uso del agua antes o despu&eacute;s del trasvase, no puede ser compartido por el Supremo, que subraya que &ldquo;uno de los principios rectores de la gesti&oacute;n, en materia de aguas, es el de unidad de cuenca o demarcaci&oacute;n, unidad de gesti&oacute;n y tratamiento integral (art&iacute;culo 14 del TR de la Ley de Aguas). En este sentido, la Comunidad Aut&oacute;noma por la que discurren las aguas antes del trasvase tiene un inter&eacute;s leg&iacute;timo en el uso que se haga de las mismas una vez trasvasadas, toda vez que el compromiso de dichas aguas, y su destino para un uso racional, determina e incide en dicha unidad de cuenca y compromete y condiciona futuros trasvases&rdquo;.</p> <p>&ldquo;En definitiva &ndash;a&ntilde;aden los magistrados--, debemos recordar que no se trata ahora de establecer controles ni limitaciones, se trata &uacute;nicamente de poder personarse como &ldquo;interesado&rdquo; en los procedimientos sobre concesiones administrativas de aguas, sobre ese uso privativo de las aguas. De modo que dicha unidad de gesti&oacute;n, en lo que importa a la condici&oacute;n de interesado, debe facilitar una administraci&oacute;n m&aacute;s equilibrada de los recursos h&iacute;dricos, en atenci&oacute;n al conjunto y transcendencia de todos los intereses afectados&rdquo;.</p> <p>Indica adem&aacute;s que nos encontramos ante cuencas, ahora demarcaciones, intercomunitarias que, a diferencia de las intracomunitarias, trascurren por m&aacute;s de una Comunidad Aut&oacute;noma, lo que significa que son competencia del Estado, pero de las que, naturalmente, no pueden desentenderse las Comunidades Aut&oacute;nomas por las que discurre el recurso h&iacute;drico, atenida las necesidad de su colaboraci&oacute;n seg&uacute;n las distintas f&oacute;rmulas que establece el TR de la Ley de Aguas en abundantes preceptos, y singularmente en el art&iacute;culo 25 del TR de la Ley de Aguas.</p> <p>&ldquo;No est&aacute; de m&aacute;s se&ntilde;alar, en fin, que este &aacute;mbito sectorial, las aguas, al que nos referimos, es un &aacute;rea muy sensible en determinadas zonas de la geograf&iacute;a espa&ntilde;ola y que, tradicionalmente, viene arrastrando una a&ntilde;eja controversia, entre algunas Comunidades Aut&oacute;nomas, por lo que ha de estimularse la colaboraci&oacute;n y el consenso necesario&rdquo;, concluye la sentencia.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=7a9b204c410a5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 30 Jun 2016 09:00:00 +0200 El Supremo confirma la absolución de dos directivos de un club de cannabis de Barcelona http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=57f3eb7b32c95510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la absoluci&oacute;n, dictada por la Audiencia de Barcelona, de dos directivos de un club de consumo compartido de cannabis de Barcelona, y rechaza el recurso de la Fiscal&iacute;a, que pretend&iacute;a que fuesen condenados por delito de tr&aacute;fico de drogas o favorecimiento de su consumo ilegal, y delito de asociaci&oacute;n il&iacute;cita. El Supremo absuelve al apreciar en la actuaci&oacute;n de los acusados un error de prohibici&oacute;n invencible (creencia de que actuaban dentro de la legalidad), derivado del informe de la Fiscal&iacute;a que no se opuso a la inscripci&oacute;n del club en el Registro de asociaciones al no apreciar indicios de delito en sus estatutos.</p> <p>La sentencia mantiene la absoluci&oacute;n del presidente y un segundo directivo de la Asociaci&oacute;n "Mar&iacute;a de Gracia Club", de Barcelona, que ten&iacute;a como fines seg&uacute;n sus Estatutos la creaci&oacute;n de un centro de reuni&oacute;n de gente consumidora de c&aacute;&ntilde;amo o tabaco, la investigaci&oacute;n gen&eacute;tica y el establecimiento de un club de fumadores, as&iacute; como la difusi&oacute;n cultural informando a los socios de las cuestiones relativas al c&aacute;&ntilde;amo.</p> <p>Dicha Asociaci&oacute;n present&oacute; sus Estatutos en el Registro de Asociaciones de la Generalitat de Catalunya y la Direcci&oacute;n General del Derecho y de Entidades Jur&iacute;dicas dispuso su inscripci&oacute;n en el Registro el 22 de Marzo de 2012, con el previo informe de la Fiscal&iacute;a Provincial de Barcelona, de fecha 1 de Febrero de 2012 que no resultaba desfavorable. La Audiencia de Barcelona dict&oacute; la absoluci&oacute;n considerando que se daban las condiciones de un consumo compartido no punible penalmente, lo que no es compartido por el Supremo, que absuelve por la existencia de error de prohibici&oacute;n invencible.</p> <p>El Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Joaqu&iacute;n Gim&eacute;nez, destaca que en este caso existe un hecho diferencial respecto a la sentencia del Pleno Jurisdiccional de la Sala, de 7 de Septiembre de 2015, que conden&oacute; a los responsables de otro club de cannabis de Bilbao, con la que la nueva sentencia no es contradictoria.</p> <p>Ese hecho diferencial se encuentra en que la Direcci&oacute;n General del Derecho y Entidades Jur&iacute;dicas de Catalunya, antes de acordar la inscripci&oacute;n en el Registro de Asociaciones de la Asociaci&oacute;n "Mar&iacute;a de Gracia Club", solicit&oacute; un informe del Ministerio Fiscal el cual el d&iacute;a 1 de Febrero de 2012 de manera inequ&iacute;voca aleg&oacute; que "tal y como aparecen expuestas y redactadas -las normas estatutarias- no es posible advertir una vocaci&oacute;n de favorecimiento y facilitaci&oacute;n del consumo ilegal de estupefacientes, no solo por no ser acordes con el resto de los fines anunciados sino tambi&eacute;n por los condicionamientos previstos para su realizaci&oacute;n (espacio no p&uacute;blico, reservado a socios, todos ellos mayores de edad...) Por tales razones, en este estado inicial de la vida de la Asociaci&oacute;n no es de apreciar la existencia de hechos constitutivos de delito&rdquo;, se&ntilde;alaba la Fiscal&iacute;a.</p> <p>Dicho informe de la Fiscal&iacute;a a&ntilde;ad&iacute;a que tales consideraciones no implicaban descartar que, si en el desarrollo de su actividad fueran realizados actos subsumibles en el art&iacute;culo 368 del C&oacute;digo Penal (tr&aacute;fico o promoci&oacute;n del consumo ilegal de drogas t&oacute;xicas), &ldquo;pueda entonces ser apreciada la existencia de un delito contra la salud p&uacute;blica".</p> <p>La Sala II entiende que, debido a ese informe de la Fiscal&iacute;a, concurre en el caso del club Mar&iacute;a de Gracia un error de prohibici&oacute;n invencible, que excluye la responsabilidad penal, ya que los directivos pensaban que actuaban de acuerdo a derecho. La sentencia expone que el presidente y el vocal de la Asociaci&oacute;n, al ver el informe del fiscal de 1 de febrero de 2012, no ten&iacute;an ninguna exigencia de indagar o buscar otra fuente fidedigna de informaci&oacute;n para asegurarse de la licitud de la misma. En este sentido, recuerda que dicho informe reconoce expl&iacute;citamente la legalidad de la Asociaci&oacute;n por lo que &ldquo;no se nos alcanza a qu&eacute; otra fuente de conocimiento m&aacute;s solvente podr&iacute;an/deber&iacute;an haber acudido los absueltos para salir de una duda que objetivamente no ten&iacute;an por la propia claridad y contundencia del informe referido&rdquo;.</p> <p>Asimismo, argumenta que si la finalidad de la Asociaci&oacute;n es la creaci&oacute;n de un centro de reuni&oacute;n de gente consumidora de c&aacute;&ntilde;amo, la creaci&oacute;n de espacios privados de personas fumadoras, si los socios deben firmar unos compromisos en la hoja de admisi&oacute;n, si se trata de crear un consumo responsable y no abusivo del c&aacute;&ntilde;amo, buscando una alternativa al mercado negro, con respeto a la legalidad vigente y sancionando con la expulsi&oacute;n de la Asociaci&oacute;n la comisi&oacute;n de actos delictivos de tr&aacute;fico de drogas, es evidente que las intervenciones policiales con ocupaci&oacute;n de dosis de marihuana a socios que la obtuvieron all&iacute;, o la incautaci&oacute;n en la propia sede, &ldquo;son actividades que representan la raz&oacute;n de ser de la Asociaci&oacute;n respecto de lo que el Ministerio Fiscal en su informe no efectu&oacute; ning&uacute;n reparo&rdquo;.</p> <p><strong>Doctrina del Pleno de la Sala</strong></p> <p>Por su parte, en el caso de la sentencia del Pleno de la Sala de septiembre de 2015, el tribunal apreci&oacute; un error de prohibici&oacute;n pero vencible, es decir, no inevitable, ya que en ese supuesto los acusados no hicieron nada por superar el error y disipar dudas sobre la licitud de su actividad. La existencia de error aunque vencible, supuso que hubiera una rebaja en las condenas en esa sentencia de Pleno.</p> <p>La sentencia insiste, por tanto, en que su decisi&oacute;n no supone una contradicci&oacute;n con lo resuelto en la sentencia del Pleno Jurisdiccional citado, al existir un hecho diferencial que justific&oacute; una soluci&oacute;n diferente a la acordada en dicho Pleno.</p> <p><strong>Voto particular a favor de la condena</strong></p> <p>La sentencia incluye el voto particular de uno de los cinco magistrados que la firman, Jos&eacute; Ram&oacute;n Soriano Soriano, en el que se&ntilde;ala que la conducta de los dos acusados es delictiva y que habr&iacute;a que condenarles por un delito de tr&aacute;fico de drogas de los que no causan grave da&ntilde;o a la salud, dada la concurrencia de un error vencible de prohibici&oacute;n, como ocurri&oacute; en la sentencia del Pleno Jurisdiccional que sent&oacute; doctrina.</p> <p>En su voto, indica que no se puede entender que los acusados creyeran firmemente que estaban desarrollando una actividad legal, penalmente hablando, aunque la sociedad pudiera desarrollar otras actividades distintas, que no integrar&iacute;an delito alguno. Adem&aacute;s, subraya, ni la cantidad de droga que manejaba la sociedad, ni el n&uacute;mero de socios (400), ni el cultivo ilegal a gran escala, ni la posibilidad de consumo en el exterior del club permiten dibujar un supuesto de creencia equivocada de un comportamiento ajustado a derecho.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=57f3eb7b32c95510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 29 Jun 2016 16:30:00 +0200 El Tribunal Supremo plantea cuestión de inconstitucionalidad contra doce artículos de la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=d3e8eb7b32c95510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>&nbsp;</p> <p>La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha dictado varios autos en los que plantea cuesti&oacute;n de inconstitucionalidad contra doce art&iacute;culos de la Ley 15/2012, de medidas fiscales para la sostenibilidad energ&eacute;tica, al tener dudas sobre la constitucionalidad de tres impuestos regulados en dicha norma: el Impuesto sobre el Valor de la Producci&oacute;n de Energ&iacute;a El&eacute;ctrica, el Impuesto sobre la Producci&oacute;n de Combustible Nuclear Gastado y Residuos Radioactivos, y el Impuesto sobre el Almacenamiento de Combustible Nuclear Gastado y Residuos Radioactivos.</p> <p>En los tres casos, la Sala tiene dudas sobre la finalidad medioambiental de dichos impuestos, que los magistrados entienden que podr&iacute;an estar gravando el mismo hecho imponible o la misma manifestaci&oacute;n de riqueza ya gravada por otros impuestos, por lo que creen que el Tribunal Constitucional debe dilucidar si vulneran el art&iacute;culo 31.1 de la Constituci&oacute;n, que se&ntilde;ala que &ldquo;todos contribuir&aacute;n al sostenimiento de los gastos p&uacute;blicos de acuerdo con su capacidad econ&oacute;mica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ning&uacute;n caso, tendr&aacute; alcance confiscatorio&rdquo;.</p> <p>El planteamiento de las cuestiones de inconstitucionalidad ha sido acordado por la Sala al examinar los recursos de UNESA (Asociaci&oacute;n Espa&ntilde;ola de Industria El&eacute;ctrica), Iberdrola y Endesa contra las &oacute;rdenes de Hacienda que establecen los modelos de dichos impuestos.</p> <p>En sus resoluciones, el Supremo destaca que los recurrentes pudieran tener raz&oacute;n al afirmar que la verdadera realidad perseguida con dichos impuestos es financiar el d&eacute;ficit tarifario.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=d3e8eb7b32c95510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 29 Jun 2016 14:40:00 +0200 El Tribunal Supremo fija que el vendedor puede repercutir el IBI al comprador desde la fecha de entrega de la propiedad http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=6f609f472a695510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha establecido como doctrina jurisprudencial que &ldquo;el art&iacute;culo 63.2 de la Ley de Haciendas Locales se ha de interpretar de forma que, en caso de ausencia de pacto en contrario, el vendedor que abone el IBI podr&aacute; repercutirlo sobre el comprador en proporci&oacute;n al tiempo que cada una de las partes haya ostentado la titularidad dominical y por el tiempo que sea&rdquo;.</p> <p>El Supremo da la raz&oacute;n a dos sociedades que vendieron el 16 de marzo de 2009 a otra compa&ntilde;&iacute;a 155 plazas de garaje en Madrid, y condena a esa &uacute;ltima entidad a pagar a los vendedores 8.562 euros del IBI correspondiente al periodo comprendido entre el 16 de marzo y el 31 de diciembre de 2009, impuesto de dicho a&ntilde;o que hab&iacute;a sido &iacute;ntegramente abonado por las sociedades vendedoras al serle reclamado por la autoridad tributaria.</p> <p>Los vendedores, a quien en primera instancia un Juzgado de Madrid les hab&iacute;a dado la raz&oacute;n, acudieron al Supremo despu&eacute;s de que la Audiencia de Madrid se pronunciara a favor de los compradores y rechazara que debieran pagar cantidad alguna a los vendedores por el IBI del a&ntilde;o 2009. Los recurrentes destacaron en su recurso ante el Supremo la existencia de jurisprudencia contradictoria de las audiencias provinciales sobre la materia, presentando sentencias que daban la raz&oacute;n al vendedor y otras, al comprador.</p> <p>En su sentencia, el Supremo resuelve que la regla general, en caso de ausencia de pacto en contrario, ser&aacute; que el vendedor que abone el IBI podr&aacute; repercutirlo sobre el comprador, en proporci&oacute;n al tiempo en que cada de una de las partes haya ostentado la titularidad dominical. Seg&uacute;n la Ley, el devengo del IBI anual corresponde al propietario en el momento del mismo, que coincide con el primer d&iacute;a del a&ntilde;o natural.</p> <p>Por tanto, en el pleito resuelto, el abono del IBI correspond&iacute;a a los vendedores, como titulares de la propiedad a 1 de enero de 2009, a&ntilde;o de la venta.</p> <p>No se pact&oacute; expresamente la repercusi&oacute;n del impuesto, y la venta se efectu&oacute; libre de cargas y grav&aacute;menes.<br />Cuando el art&iacute;culo 63.2 de la Ley de Haciendas Locales, establece que &ldquo;lo dispuesto en el apartado anterior ser&aacute; de aplicaci&oacute;n sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada conforme a las normas de derecho com&uacute;n&rdquo;, debe entenderse, se&ntilde;ala el Supremo, que el sujeto pasivo del impuesto, en este caso la vendedora, puede repercutirlo, sin necesidad de pacto.</p> <p>El tenor del art&iacute;culo 63.2 citado &ldquo;advierte de la posibilidad de repercusi&oacute;n, sin sujetarlo a pacto que lo permita, limit&aacute;ndose el precepto a establecer que el reparto del importe del impuesto se har&aacute; conforme a las normas de derecho com&uacute;n, que no son otras, en este caso, que las de la compraventa (art. 1445 y siguientes del C&oacute;digo Civil), en virtud de las cuales la compradora debe considerarse propietaria desde el momento de la entrega el 16 de marzo de 2009 (art. 609 del C&oacute;digo Civil)&rdquo;.</p> <p>Sin perjuicio de ello, el Supremo destaca que las partes podr&aacute;n pactar la imposibilidad de la repercusi&oacute;n, aunque la regla general, en caso de ausencia de pacto en contrario, ser&aacute; que el vendedor que abone el IBI podr&aacute; repercutirlo sobre el comprador, insiste la sentencia.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=6f609f472a695510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 28 Jun 2016 14:00:00 +0200 El Tribunal Supremo rechaza la solicitud de retasación de las fincas expropiadas para la ampliación del aeropuerto de Barajas http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2a05b32993695510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de AENA contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 8 de enero de 2015, en relaci&oacute;n con la solicitud de retasaci&oacute;n de fincas expropiadas para la ampliaci&oacute;n del aeropuerto de Madrid-Barajas.</p> <p>El Tribunal Supremo desestima las pretensiones de los propietarios de esas fincas expropiadas contra la resoluci&oacute;n del Subsecretario del Ministerio de Fomento de 12 de noviembre de 2010, por la que desestim&oacute; el recurso de alzada interpuesto por dichos recurrentes contra la desestimaci&oacute;n presunta de la solicitud de retasaci&oacute;n de las fincas expropiadas a aquellos con motivo del proyecto: "17-AENA/92 Aeropuerto de Madrid-Barajas. Expropiaci&oacute;n de terrenos para el desarrollo de nueva zona aeroportuaria. 1&ordf; fase. Pista de vuelo 01L-19R y calles de rodaje. B.- Plataforma de estacionamiento, edificio terminal y accesos".&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2a05b32993695510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 28 Jun 2016 12:39:00 +0200 El Supremo anula la pena de prisión a un profesor acusado de tocamientos a dos alumnas por encima de la ropa y le impone una multa http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=4683895d6b195510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Supremo anula la pena de 10 a&ntilde;os de prisi&oacute;n impuesta por la Audiencia de C&oacute;rdoba a un profesor de m&uacute;sica del conservatorio de Priego de C&oacute;rdoba por delito de abuso sexual, consistente en tocamientos por encima de la ropa a dos alumnas de 10 a&ntilde;os de edad, y establece en su lugar una pena de multa de 2.500 euros por entender que lo cometido debe tipificarse como dos faltas de vejaci&oacute;n injusta. Adem&aacute;s, el profesor deber&aacute; indemnizar con 6.000 euros a cada una de las alumnas, con responsabilidad civil subsidiaria de la Junta de Andaluc&iacute;a.</p> <p>En el presente caso, se&ntilde;ala la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Joaqu&iacute;n Gim&eacute;nez, &ldquo;nos encontramos con unos roces/tocamientos por encima de la ropa por la espalda, gl&uacute;teos y &oacute;rgano sexual de las menores, efectuados de forma epis&oacute;dica en el curso de la clase de guitarra que daba a ambas menores, sin que pueda precisarse la reiteraci&oacute;n de tales roces o tocamientos sin que exista prueba de que eran casi todos los d&iacute;as de clase. Al respecto nos remitimos a lo dicho por las menores a sus padres donde relatan unos hechos --id&eacute;nticos en lo esencial-- pero con una menor intensidad o reiteraci&oacute;n&rdquo;.</p> <p>A la hora de tipificar los hechos enjuiciados en la calificaci&oacute;n jur&iacute;dica procedente y en contra del criterio de la sentencia de instancia, el Supremo considera que, &ldquo;siendo reprochables penalmente, carecen de la consistencia y gravedad que vertebran el delito de abuso sexual por el que han sido condenados, debiendo estimarse como constitutivos de dos vejaciones continuadas injustas del art. 620-2&ordm; Cpenal, texto de la L.O. 5/2010 en vigor al tiempo de la ocurrencia de los hechos. Se est&aacute; en presencia de leves tocamientos externos a trav&eacute;s de la ropa de forma fugaz. Esta calificaci&oacute;n respeta el hecho probado de la sentencia&rdquo;.</p> <p>Adem&aacute;s, la Sala analiza la cuesti&oacute;n desde el punto de vista del principio de proporcionalidad que debe ser el "eje definidor de cualquier decisi&oacute;n judicial", directamente relacionado con el de merecimiento de pena por el disvalor afectado al bien jur&iacute;dico de la libertad sexual e intimidad de las menores. Para el Supremo dicho disvalor est&aacute; suficientemente compensado con la pena correspondiente a la vejaci&oacute;n cometida de acuerdo con la legalidad en vigor al tiempo de la comisi&oacute;n de tales hechos.</p> <p>&ldquo;Consideramos en este control casacional que la nueva calificaci&oacute;n de vejaci&oacute;n, sobre ser m&aacute;s correcta a la entidad de los hechos, es, en relaci&oacute;n a la respuesta penal mucho m&aacute;s respetuosa con el principio de proporcionalidad de la pena&rdquo;. A&ntilde;ade que exist&iacute;a desproporci&oacute;n en la pena impuesta en la instancia al recurrente, dos penas de cinco a&ntilde;os de prisi&oacute;n cada una.</p> <p>En su sentencia, el Supremo rechaza la alegaci&oacute;n del profesor de que se vulner&oacute; su presunci&oacute;n de inocencia, por falta de credibilidad de la declaraci&oacute;n de las dos menores, que fueron la prueba de cargo de las condenas. Entend&iacute;a el acusado que la declaraci&oacute;n de las dos chicas fue producto de &ldquo;un proceso de sugesti&oacute;n colectiva&rdquo;.<br />&ldquo;No existi&oacute; ninguna vulneraci&oacute;n de derechos fundamentales ni en concreto del derecho a la presunci&oacute;n de inocencia, ya que el recurrente fue condenado en virtud de prueba de cargo obtenida con todas las garant&iacute;as, que fue introducida en el Plenario, que fue suficiente desde las exigencias derivadas del derecho a la presunci&oacute;n de inocencia, y prueba que, en fin, fue razonada y razonablemente valorada&rdquo;, dice la sentencia.</p> <p>A&ntilde;ade que las dos chicas hicieron un relato espont&aacute;neo y coincidente en lo esencial -tocamientos o roces epis&oacute;dicos por encima de la ropa en hombros, gl&uacute;teos y en genitales-, a lo que no afecta que por parte de la Guardia Civil se hiciera una pregunta a una de las ni&ntilde;as sobre la frecuencia de los tocamientos que fue claramente sugestiva y no neutra, al instarle a que dijese si todos los d&iacute;as que ten&iacute;a clase se produc&iacute;an los hechos, a lo que la ni&ntilde;a contest&oacute; que s&iacute;.</p> <p>&ldquo;Esta Sala considera, en sinton&iacute;a con lo razonado en la sentencia de instancia, que las menores Y y X no mienten en lo referente a los roces por la espalda, gl&uacute;teos y zona genital provocados por el recurrente con ocasi&oacute;n de las clases de guitarra pero pueden haber distorsionado los mismos en relaci&oacute;n al n&uacute;mero de veces&rdquo;, expone la resoluci&oacute;n.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=4683895d6b195510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 27 Jun 2016 15:30:00 +0200 El Tribunal Supremo confirma la orden que fija tarifas máximas aplicables a la asistencia sanitaria concertada http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=edcb895d6b195510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Contencioso-administrativo que confirma la Orden de la Consejer&iacute;a de Sanidad, de 4 de noviembre de 2010, que fijaba tarifas m&aacute;ximas aplicables a la asistencia sanitaria concertada por el Servicio Gallego de Salud y revisaba los precios de los conciertos vigentes.</p> <p>La sentencia revoca el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que, despu&eacute;s de reconocer la legitimaci&oacute;n de la Federaci&oacute;n Espa&ntilde;ola de Empresas de Tecnolog&iacute;a Santiaria (FENIN) para recurrir, declar&oacute; la nulidad de la citada Orden porque en su elaboraci&oacute;n se omiti&oacute; un tr&aacute;mite esencial del procedimiento como es el informe de la Secretar&iacute;a Xeral T&eacute;cnica.</p> <p>El Servicio Gallego de Salud mantuvo en su recurso de casaci&oacute;n que la sentencia recurrida reconoc&iacute;a legitimaci&oacute;n para impugnar una Orden, que se aplica exclusivamente a empresas que tuvieran conciertos de asistencia sanitaria con el Sergas, a una asociaci&oacute;n formada por entidades que comercializan material sanitario por lo que su inter&eacute;s en este asunto es de mera legalidad.</p> <p>La sentencia del Tribunal Supremo estima dicho recurso y afirma que de los estatutos de FENIN se puede concluir que sus actividades est&aacute;n relacionadas con la tecnolog&iacute;a y productos sanitarios pero en ning&uacute;n caso se prev&eacute; como actividad que permita la pertenencia a la misma la prestaci&oacute;n de servicios sanitarios por lo que no est&aacute; afectada directamente por el contenido de la Orden.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=edcb895d6b195510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 27 Jun 2016 14:30:00 +0200 El Tribunal Supremo condena a un periódico por publicar insultos al expresidente canario Paulino Rivero http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=3e3a7d8613d75510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Civil ha condenado a la editora y al director del peri&oacute;dico &ldquo;El D&iacute;a&rdquo; a abonar una indemnizaci&oacute;n de 30.000 euros al expresidente de Canarias Paulino Rivero por intromisi&oacute;n ileg&iacute;tima en su honor al ser calificado en editoriales publicados en dicho diario con expresiones como &ldquo;enano&rdquo;, &ldquo;memo&rdquo;, &ldquo;incapaz cerebral&rdquo;, &ldquo;hijo de p.&rdquo;, &ldquo;morralla&rdquo; o &ldquo;chucho&rdquo;.</p> <p>El Supremo cree que se trata de expresiones &ldquo;completamente innecesarias para la cr&iacute;tica pol&iacute;tica&rdquo;, y que no est&aacute;n justificadas por el ejercicio leg&iacute;timo de la libertad de expresi&oacute;n del director y la empresa editora del peri&oacute;dico, &ldquo;pues &eacute;stos no gozan de un derecho a insultar, humillar y escarnecer, tampoco en el caso de que el destinatario del insulto ostente un cargo p&uacute;blico y los insultos se realicen con ocasi&oacute;n de pol&eacute;micas de car&aacute;cter pol&iacute;tico. Las personas que ostentan cargos p&uacute;blicos han de soportar las cr&iacute;ticas a su actuaci&oacute;n, incluso las m&aacute;s acervas e hirientes, pero no tienen por qu&eacute; soportar ser escarnecidas y humilladas con insultos, tanto m&aacute;s cuando los mismos se repiten durante un periodo prolongado de tiempo&rdquo;.</p> <p>En ese sentido, el Supremo se&ntilde;ala que otras expresiones usadas por los editoriales del peri&oacute;dico s&iacute; estuvieron amparadas por la libertad de expresi&oacute;n, al hacer cr&iacute;tica pol&iacute;tica pese a usar un modo desabrido, &ldquo;atribuyendo al demandante conductas dictatoriales, prepotentes o despreciativas de los ciudadanos canarios, y se atribuya a su acci&oacute;n de gobierno la realizaci&oacute;n de actuaciones injustas, favorecedoras de los medios period&iacute;sticos de la competencia o de sus allegados. Pueden considerarse tambi&eacute;n amparadas por el ejercicio leg&iacute;timo de la libertad de expresi&oacute;n el empleo de calificativos del demandante que puedan hacer referencia a aspectos de su personalidad relacionados con su actuaci&oacute;n como cargo p&uacute;blico, por m&aacute;s duras que resulten (&ldquo;traidor&rdquo;, &ldquo;antipatriota&rdquo;, &ldquo;dictadorzuelo&rdquo;, &ldquo;incompetente&rdquo;, y otras similares)&rdquo;.</p> <p>El Juzgado de Primera Instancia n&uacute;mero 6 de Santa Cruz de Tenerife, que vi&oacute; primero el caso, estim&oacute; parcialmente la demanda de Rivero y fij&oacute; una indemnizaci&oacute;n de 60.000 euros en su favor. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife anul&oacute; esa resoluci&oacute;n y absolvi&oacute; al peri&oacute;dico.<br />El Supremo ahora estima en parte el recurso de Rivero pero establece la mitad de la indemnizaci&oacute;n concedida por el Juzgado de Primera Instancia (un total de 30.000 euros) atendiendo a que entre las expresiones usadas por el diario algunas est&aacute;n amparadas por la libertad de expresi&oacute;n y otras no.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=3e3a7d8613d75510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 23 Jun 2016 14:20:00 +0200 El Tribunal Supremo rechaza aplicar el nuevo Código Penal a cuatro miembros de Gestoras Pro Amnistía y mantiene sus condenas http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=91f9fe8e2fc75510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha rechazado revisar las condenas a 8 a&ntilde;os de c&aacute;rcel impuestas por sentencia firme a cuatro responsables de Gestoras Pro Amnist&iacute;a, que reclamaban esa reducci&oacute;n por la entrada en vigor, el 1 de julio de 2015, de una reforma del C&oacute;digo Penal que permite (nuevo art&iacute;culo 579 bis.4) rebajar las penas en uno o dos grados en los delitos de terrorismo cuando, atendidas las circunstancias concretas del caso, se estime que el hecho es objetivamente de menor gravedad.</p> <p>Los magistrados, por un lado, consideran aplicable dicho art&iacute;culo al delito de integraci&oacute;n en organizaci&oacute;n terrorista, por el que estaban condenados los cuatro recurrentes, pero a&ntilde;aden que, adem&aacute;s, deben valorarse las actividades y misiones de cada integrante dentro de la organizaci&oacute;n terrorista.</p> <p>En el caso de los cuatro recurrentes, la Sala entiende que no se les puede aplicar el art&iacute;culo, con la rebaja de condena que supone, porque se trata de responsables territoriales o de &aacute;rea en Gestoras Pro Amnist&iacute;a, &ldquo;lo que revela una posici&oacute;n preponderante&rdquo; en dicha organizaci&oacute;n, y no de &ldquo;meros militantes activos que, te&oacute;ricamente, ocupar&iacute;an posiciones subordinadas a ellos&rdquo;.</p> <p>La sentencia resuelve los recursos planteados por cuatro responsables de Gestoras condenados a 8 a&ntilde;os de prisi&oacute;n por delito de integraci&oacute;n en organizaci&oacute;n terrorista por la Audiencia Nacional en el a&ntilde;o 2008, resoluci&oacute;n que fue confirmada por el Tribunal Supremo el a&ntilde;o siguiente.</p> <p>Ahora, recurr&iacute;an contra el auto de ejecuci&oacute;n de sus sentencias, dictado por la Audiencia Nacional el pasado mes de febrero, que les deneg&oacute; la revisi&oacute;n de las condenas que ped&iacute;an en aplicaci&oacute;n del nuevo art&iacute;culo 579 bis.4 del C&oacute;digo Penal, que dice textualmente: &ldquo;Los jueces y tribunales, motivadamente, atendiendo a las circunstancias concretas, podr&aacute;n imponer tambi&eacute;n la pena inferior en uno o dos grados a la se&ntilde;alada en este cap&iacute;tulo, para el delito de que se trate, cuando el hecho sea objetivamente de menor gravedad, atendidos el medio empleado o el resultado producido&rdquo;.&nbsp;&nbsp;</p> <p>En relaci&oacute;n a las circunstancias concretas de cada uno de los cuatro recurrentes, el Supremo se&ntilde;ala que Jos&eacute; Mar&iacute;a Olabarrieta fue condenado como responsable de la llamada "&aacute;rea de huidos" de Gestoras; Alejandro Velasco como coordinador en Navarra y adem&aacute;s responsable del "&aacute;rea de solidaridad y asistencia"; Joseba Gotzon Amaro como responsable del "&aacute;rea de libertades democr&aacute;ticas"; y Jes&uacute;s Felipe Arriaga, como responsable de comunicaci&oacute;n.</p> <p>&ldquo;Todos estos aspectos &ndash;indica el Supremo-- fueron tenidos en cuenta en la sentencia de instancia (la de la Audiencia Nacional de 2008) para imponer la pena privativa de libertad en una extensi&oacute;n superior al m&iacute;nimo legal, y condujo a esta Sala a considerar en la sentencia de casaci&oacute;n que las penas hab&iacute;an sido individualizadas correctamente, afirmando que las impuestas eran plenamente proporcionadas a la gravedad de unos hechos como los enjuiciados&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=91f9fe8e2fc75510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 23 Jun 2016 13:28:00 +0200 El Tribunal Supremo establece que la Fundación Gala-Salvador Dalí no tiene legitimación para proteger el derecho de imagen del pintor http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=8c88987cf9875510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Civil ha rechazado el recurso de casaci&oacute;n de la Fundaci&oacute;n Gala-Salvador Dal&iacute; en el que solicitaba que se declarara la intromisi&oacute;n ileg&iacute;tima en los derechos de imagen del artista, adem&aacute;s del pago de una indemnizaci&oacute;n de un 1 por ciento de la cifra de negocios obtenida en una exposici&oacute;n en la que se expon&iacute;an sus obras.</p> <p>La sentencia indica que tanto por la falta de designaci&oacute;n de la fundaci&oacute;n para ejercer la acci&oacute;n de tutela, de acuerdo con el art&iacute;culo 4.1 LO 1/1982, como porque la protecci&oacute;n que pretende no es la memoria del difunto, sino intereses de car&aacute;cter estrictamente patrimonial, debe confirmarse la sentencia de la Audiencia Provincial que estim&oacute; la falta de legitimaci&oacute;n activa de la recurrente.</p> <p>Salvador Dal&iacute; i Domenech en su testamento, otorgado el 20 de septiembre de 1982, nombr&oacute; al Estado Espa&ntilde;ol heredero universal y libre de todos sus bienes, derechos y creaciones art&iacute;sticas, con el objeto de conservar, divulgar y proteger sus obras de arte.</p> <p>Un a&ntilde;o m&aacute;s tarde, el artista firm&oacute; la escritura p&uacute;blica de constituci&oacute;n de la Fundaci&oacute;n Gala-Salvador Dal&iacute; para proteger y defender la obra art&iacute;stica, cultural e intelectual del pintor, sus bienes y derechos de cualquier naturaleza, su memoria y el reconocimiento universal de su aportaci&oacute;n a las bellas artes, la cultura y el pensamiento contempor&aacute;neo.</p> <p>Tras su muerte, el 23 de enero de 1989, el Estado acept&oacute; el testamento y en fecha posterior autoriz&oacute; al Ministerio de Cultura para otorgar temporalmente de forma directa y con car&aacute;cter exclusivo la administraci&oacute;n y explotaci&oacute;n de los derechos de propiedad intelectual, propiedad inmaterial, de imagen, industrial, marcas, patentes y dem&aacute;s derechos derivados de la obra art&iacute;stica de Salvador Dal&iacute;.</p> <p>La citada Fundaci&oacute;n y Demart Pro Arte, B.v. y Visual Entidad de Gesti&oacute;n de Artistas Pl&aacute;sticos demand&oacute; a Juan Javier Boffill Pellicer y Faber Gotic, S. L. por vulneraci&oacute;n de los derechos de marcas, de propiedad intelectual, de imagen y conducta desleal al haber utilizado el nombre y la imagen de Salvador Dal&iacute;, con fines publicitarios y comerciales, en una exposici&oacute;n dedicada al artista, organizada en el Real C&iacute;rculo Art&iacute;stico de Barcelona, donde se expon&iacute;an obras escult&oacute;ricas integrantes de la denominada &ldquo;Colecci&oacute;n Clot&rdquo;.</p> <p>El juzgado Mercantil consider&oacute; vulnerados los derechos de marca y de propiedad intelectual, y, adem&aacute;s, que se realizaron actos de competencia desleal por parte de la demandada, aunque absolvi&oacute; a Juan Javier Boffil Pellicer. Sin embargo, entendi&oacute; que no se hab&iacute;a vulnerado el derecho a la propia imagen que, en este caso, quedaba tutelado por el reconocimiento de los derechos de explotaci&oacute;n vinculados a la propiedad intelectual y por las conductas de deslealtad imputadas a Faber Gotic, S. L.</p> <p>Por su parte, la Audiencia Provincial conden&oacute; a la sociedad y a Juan Javier Boffil Pellicer. Respecto al derecho a la propia imagen, tambi&eacute;n desestim&oacute; esta petici&oacute;n con el argumento de que el hecho de que el Estado espa&ntilde;ol, como heredero universal, hubiera cedido todos sus derechos a la fundaci&oacute;n no justificaba la legitimaci&oacute;n activa de la misma para ejercer la acci&oacute;n de tutela del derecho de imagen del artista fallecido.</p> <p>De acuerdo con la sentencia recurrida, la Sala de lo Civil resuelve sobre este &uacute;ltimo derecho &ndash;el &uacute;nico recurrido en casaci&oacute;n- que Salvador Dal&iacute; nombr&oacute; al Estado heredero universal pero no design&oacute; en el mismo a ninguna persona que ostentara la legitimaci&oacute;n para su tutela, como establece el art&iacute;culo 4.1 LO 1/1982. Asimismo, a&ntilde;ade que la escritura de constituci&oacute;n de la fundaci&oacute;n y el nombramiento de un heredero universal no equivale a la designaci&oacute;n espec&iacute;fica que exige el citado art&iacute;culo.</p> <p>Del mismo modo, concluye que la fundaci&oacute;n no pretende la protecci&oacute;n de la memoria del pintor, sino la explotaci&oacute;n del contenido estrictamente patrimonial de su imagen (nombre y figura), debido a que los demandados no hab&iacute;an acordado con ella la autorizaci&oacute;n para el uso de tales signos e im&aacute;genes mediante el pago de la correspondiente retribuci&oacute;n.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=8c88987cf9875510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 22 Jun 2016 17:03:00 +0200 El Supremo anula las sanciones a cinco guardias civiles por consumir drogas en el trabajo http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=54dd7c1cd0875510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala V, de lo Militar, del Tribunal Supremo, ha confirmado la anulaci&oacute;n de las sanciones disciplinarias impuestas en septiembre de 2014 por el ministro de Defensa a cinco guardias civiles del Puesto Fiscal de Ibiza por considerar que hab&iacute;an cometido la falta muy grave de consumir drogas durante el servicio, en concreto fumar porros de hach&iacute;s.</p> <p>El Supremo ratifica la sentencia del Tribunal Militar Central que anul&oacute; las sanciones (que iban desde 6 meses hasta 1 a&ntilde;o de suspensi&oacute;n de empleo), argumentando que en las grabaciones de v&iacute;deo donde salen los encartados s&oacute;lo se aprecia que est&aacute;n preparando en papel de fumar una mezcla de tabaco con otra sustancia que no ha quedado acreditado que fuese droga. Adem&aacute;s, en caso de haberlo sido, tampoco est&aacute; probado que la consumieran durante el servicio, ya que lo &uacute;nico grabado es la preparaci&oacute;n.</p> <p>En cuanto a las anal&iacute;ticas de detecci&oacute;n de consumo de t&oacute;xicos cuyos resultados obran en el expediente disciplinario, no cabe deducir, en el caso de las positivas a cannabis (que no son todas), cu&aacute;ndo se produjeron los respectivos consumos de dicha sustancia, seg&uacute;n destac&oacute; el Tribunal de instancia.</p> <p>El Supremo destaca que no puede deducirse, como pretende el abogado del Estado, que los agentes hubieren mezclado con el tabaco alguna sustancia estupefaciente, t&oacute;xica o psicotr&oacute;pica, pues aun cuando, ciertamente, es ese el modo habitual de fumar cannabis, &ldquo;no lo es menos que, como bien dice la Sala sentenciadora en su fundamentada resoluci&oacute;n, no existe prueba suficiente de la naturaleza de la sustancia manipulada en las diversas ocasiones por los hoy recurridos, ni de cuando se produjo, si es que as&iacute; ocurri&oacute;, el consumo de los cigarrillos que aquellos prepararon en la forma que se describe en la declaraci&oacute;n de hechos probados&rdquo;.</p> <p>&ldquo;En consecuencia &ndash;a&ntilde;aden los magistrados--, no existe prueba suficiente ni para reprochar a los hoy recurridos que la sustancia que mezclaron en los cigarrillos que prepararon fuera de las que se enuncian en el tipo disciplinario muy grave que se incardina en el segundo inciso del apartado 23 del art&iacute;culo 7 de la Ley Org&aacute;nica 12/2007, de 22 de octubre, del r&eacute;gimen disciplinario de la Guardia Civil -"sustancias estupefacientes, t&oacute;xicas o psicotr&oacute;picas"-, ni que llegaran a consumir alguno de tales cigarrillos -conteniendo cualquiera de tales sustancias- o que lo hicieran precisamente durante el servicio que a cada uno de aquellos correspond&iacute;a&rdquo;.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=54dd7c1cd0875510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 22 Jun 2016 15:29:00 +0200 El Supremo confirma la condena a un policía de Fuerteventura que detuvo a un abogado que iba a denunciarle http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=b384b78d5e775510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado la condena por delitos de detenci&oacute;n ilegal, denuncia falsa y falta de lesiones a un polic&iacute;a local de Puerto del Rosario (Fuerteventura) por su actuaci&oacute;n con un ciudadano que se person&oacute; en Comisar&iacute;a para denunciarle por llamarle &ldquo;imb&eacute;cil&rdquo;.</p> <p>La pena incluye ocho a&ntilde;os de inhabilitaci&oacute;n absoluta, que conlleva la p&eacute;rdida definitiva de la condici&oacute;n de funcionario de la Polic&iacute;a Local de Puerto del Rosario y la imposibilidad de obtener dicho empleo p&uacute;blico durante ocho a&ntilde;os en cualquier cuerpo policial del Estado. Adem&aacute;s, tendr&aacute; que pagar una multa de 8.550 euros, e indemnizar con 10.210 euros a la v&iacute;ctima, que es un abogado que lleva m&aacute;s de 25 a&ntilde;os ejerciendo en Fuerteventura.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=b384b78d5e775510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 22 Jun 2016 13:50:00 +0200 El Tribunal Supremo establece que en los casos de trata de seres humanos hay que condenar por tantos delitos como víctimas haya http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2e74a1deab275510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha establecido, en un Pleno no jurisdiccional, que en el delito de trata de seres humanos hay que condenar por tantos delitos como v&iacute;ctimas haya para proteger la dignidad de cada una de ellas.</p> <p>Seg&uacute;n han acordado los magistrados, el bien protegido en este tipo de comportamientos delictivos es la dignidad, que &ldquo;est&aacute; caracterizada por ser una cualidad que adorna y protege a la persona individualmente, no siendo por consiguiente un concepto global, y ello entra&ntilde;a lo personal&iacute;simo de tal bien jur&iacute;dico protegido&rdquo;.</p> <p>La primera sentencia a la que se ha aplicado este criterio dobla la condena &ndash;de 5 a&ntilde;os y 6 meses de prisi&oacute;n a 10 a&ntilde;os y 7 meses- para cada uno de los dos acusados de traer a Espa&ntilde;a a dos ciudadanas nigerianas a las que prometieron que iban a trabajar en Tenerife como peluqueras.</p> <p>Una vez all&iacute;, sin embargo, les dijeron que ten&iacute;an que ejercer la prostituci&oacute;n para saldar la deuda que hab&iacute;an contra&iacute;do con ellos -4.000 euros cada una-, al tiempo que las amedrentaban y presionaban para que aceptaran las condiciones impuestas.</p> <p>La Sala Segunda considera que cada uno de los acusados cometi&oacute; dos delitos de trata de seres humanos en concurso medial con un delito de prostituci&oacute;n coactiva, y no uno s&oacute;lo como entendi&oacute; la Audiencia Provincial de Santa Cruz&nbsp;de Tenerife, que tambi&eacute;n conden&oacute; por otro de inmigraci&oacute;n ilegal, delito que s&iacute; confirma el Tribunal Supremo.</p> <p>En esta sentencia se aplica por primera vez el acuerdo de Pleno no Jurisdiccional, de 31 de mayo de 2016, para la unificaci&oacute;n de criterios que establece que &ldquo;el delito de trata de seres humanos definido en el art&iacute;culo 177 bis del C&oacute;digo Penal, reformado por la LO 1/2015, de 30 de marzo, obliga a sancionar tantos delitos como v&iacute;ctimas, con arreglo a las normas que regulan el concurso real&rdquo;.</p> <p>La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Juli&aacute;n S&aacute;nchez Melgar, estima el recurso de casaci&oacute;n interpuesto por el fiscal que hab&iacute;a solicitado una condena por dos delitos y no por uno, como mantuvo durante la instrucci&oacute;n y el juicio.</p> <p>La Sala resuelve que en estos casos se est&aacute; ante un sujeto pasivo individual, y no difuso o plural, y afirma que, adem&aacute;s, cuando el precepto excluye todo tipo de consentimiento de la v&iacute;ctima en estos comportamientos delictivos, que proyectan su protecci&oacute;n por encima de cualquier otra consideraci&oacute;n, la ley penal contempla a la v&iacute;ctima como un sujeto pasivo individual.</p> <p>Asimismo, destaca que este caso es distinto a otros delitos, como ocurre con la inmigraci&oacute;n ilegal, donde se considera que se ha cometido un solo delito aunque afecte a varias personas, debido a que el bien protegido es distinto &ndash; el control estatal sobre los flujos migratorios.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2e74a1deab275510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 21 Jun 2016 14:20:00 +0200 El Tribunal Supremo confirma la condena a la Junta de Extremadura a devolver 11,7 millones de euros a Iberdrola http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=fac5bd1e05275510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Supremo ha confirmado la sentencia del TSJ de Extremadura que estim&oacute; el recurso contencioso-administrativo promovido por Iberdrola Generaci&oacute;n, S.A.U contra la resoluci&oacute;n adoptada el 12 de abril de 2012 por la Junta Econ&oacute;mico-Administrativa de la Comunidad Aut&oacute;noma de Extremadura.</p> <p>Esta resoluci&oacute;n administrativa de revisi&oacute;n declar&oacute; que no hab&iacute;a lugar a las reclamaciones acumuladas instadas por la mencionada compa&ntilde;&iacute;a frente a la desestimaci&oacute;n presunta (despu&eacute;s expresa, mediante resoluci&oacute;n aprobada el 19 de noviembre de 2010 por el Jefe de la Secci&oacute;n de Gesti&oacute;n Tributaria y Juego de la Consejer&iacute;a de Administraci&oacute;n P&uacute;blica y Hacienda de la Junta de Extremadura) de la solicitud de devoluci&oacute;n de ingresos indebidos y rectificaci&oacute;n de la autoliquidaci&oacute;n del impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente, correspondiente al ejercicio 2009, por importe de 11.766.266,10 euros.</p> <p>El Tribunal Constitucional, en 2015, declar&oacute; inconstitucionales varios art&iacute;culos de la Ley extreme&ntilde;a 7/1997, de 29 de mayo, de Medidas Fiscales sobre la Producci&oacute;n y Transporte de Energ&iacute;a que incidan sobre el Medio Ambiente, que son los aplicados en los actos administrativos que se encuentran en el origen de este proceso.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=fac5bd1e05275510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 21 Jun 2016 12:20:00 +0200 El Tribunal Supremo fija que las personas jurídicas de Derecho Público no son titulares del derecho al honor http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=18abbd1e05275510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha fijado como doctrina jurisprudencial que "las personas jur&iacute;dicas de Derecho p&uacute;blico no son titulares del derecho al honor que garantiza el art&iacute;culo 18.1 de la Constituci&oacute;n espa&ntilde;ola".</p> <p>La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Fernando Pantale&oacute;n Prieto, rechaza el recurso de un Ayuntamiento asturiano que reclamaba que se declarase una vulneraci&oacute;n de su derecho al honor a ra&iacute;z de las alegaciones que hizo un particular con motivo de un expediente administrativo abierto sobre una concesi&oacute;n, cuestionando la propia apertura al no existir estudio de impacto ambiental ni informe de sanidad y denunciando que se falsific&oacute; la autorizaci&oacute;n de carreteras.</p> <p>La Sala Primera se cuestion&oacute; de oficio si el Ayuntamiento, en cuanto persona jur&iacute;dica de Derecho P&uacute;blico, sin individualizar a sus miembros, era o no titular del derecho fundamental al honor, concluyendo que no.</p> <p>Los magistrados se han basado en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, al estimar que el honor tiene en la Constituci&oacute;n un significado personalista y que por ello resulta inadecuado hablar de honor de las instituciones p&uacute;blicas.</p> <p>Se adjunta nota de la Sala.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=18abbd1e05275510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 21 Jun 2016 12:00:00 +0200 El Tribunal Supremo se pronuncia sobre los efectos de la incomparecencia del procurador en el acto de la vista http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2b08ebdfb7d65510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha estimado un recurso por infracci&oacute;n procesal que conlleva la anulaci&oacute;n de las dos sentencias dictadas en primera y en segunda instancia en un caso en el que, estando las partes presentes, incluidos los demandantes asistidos de su abogado, la procuradora de &eacute;stos no compareci&oacute; por causas que ellos ignoraban.</p> <p>La juez de primera instancia tuvo a la parte actora por incomparecida y solo de practic&oacute; la prueba documental propuesta por la parte demandada, desestim&aacute;ndose la demanda. La Audiencia Provincial confirm&oacute; posteriormente la sentencia.</p> <p>Ahora, el Tribunal Supremo, en una resoluci&oacute;n de la que ha sido ponente el magistrado Antonio Salas Carceller, se&ntilde;ala que si bien el art&iacute;culo 432 de la Ley de Enjuiciamiento Civil es clara al requerir la presencia de procurador y letrado para tener por comparecida a una parte, vistas las circunstancias del caso la decisi&oacute;n adoptada por la juez de primera instancia resulta desproporcionada y contraria a los derechos constitucionales de tutela judicial y defensa en juicio.</p> <p>El alto tribunal se&ntilde;ala que la incomparecencia del procurador puede comportar consecuencias disciplinarias, pero que no ha de suponer la privaci&oacute;n al litigante de toda posibilidad de defensa en juicio cuando &eacute;l mismo est&aacute; presente y asistido por un abogado, pudiendo el juez instar a la parte a sustituir al ausente por otro procurador incluso sin necesidad de apoderamiento previo.</p> <p>Se adjunta nota de la Sala.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2b08ebdfb7d65510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 20 Jun 2016 13:00:00 +0200 El Tribunal Supremo condena a un teniente de navío por trato degradante a una marinero en Isla Alborán http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2f9a3408bfd55510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala V, de lo Militar, del Tribunal Supremo ha confirmado una condena de dos a&ntilde;os, siete meses y 15 d&iacute;as de prisi&oacute;n al teniente de nav&iacute;o Antonio del R.P. por delito de trato degradante a una marinero. Los hechos ocurrieron en la madrugada del d&iacute;a de A&ntilde;o Nuevo de 2014 en la Isla de Albor&aacute;n, donde el oficial era el comandante del Destacamento y la segunda una de las marineros all&iacute; destinadas.</p> <p>Los hechos probados de la sentencia ratificada se&ntilde;alan que, tras una cena de Nochevieja de todos los miembros del Destacamento, hac&iacute;a las 5 de la ma&ntilde;ana, el teniente de nav&iacute;o toc&oacute; la cintura de la marinero y la dijo que "lo que pasaba en Albor&aacute;n se quedaba en Albor&aacute;n&rdquo;. Luego, en un camino estrecho y de escasa visibilidad de la isla, el oficial se coloc&oacute; detr&aacute;s de la mujer, la agarr&oacute; con una de sus manos por las mu&ntilde;ecas llev&aacute;ndoselas a la espalda de la misma e inmoviliz&aacute;ndola, &ldquo;al tiempo que con la otra mano libre le tapaba la boca, evitando as&iacute;, que pudiera &eacute;sta avisar a sus compa&ntilde;eros que iban delante. Acto seguido el oficial tir&oacute; de la cabeza a la marinero hasta apoyarla en su hombro, dici&eacute;ndole que no gritara que no pasaba nada y besuque&aacute;ndola en el cuello y la cara&rdquo;.</p> <p>La marinero &ndash;prosiguen los hechos-- logr&oacute; zafarse un instante y pudo gritar el nombre de una compa&ntilde;era, pero inmediatamente el oficial la volvi&oacute; a agarrar por el brazo izquierdo, tirando de ella hacia atr&aacute;s, haciendo que cayese al suelo boca arriba, &ldquo;momento que &eacute;ste aprovech&oacute; para colocarse a horcajadas encima de la marinero y darle un beso en la cara, inmoviliz&aacute;ndole los brazos que ten&iacute;a extendidos a lo largo del cuerpo, con sus rodillas. Al mismo tiempo, le tapaba la boca con la mano derecha para que no gritase y le dec&iacute;a &lsquo;p&oacute;rtate bien que t&uacute; eres una ni&ntilde;a muy buena, esta noche te voy a hacer una reina, te voy a chupar entera y te voy a hacer un traje de saliva, esta noche te vas a meter en mi cama conmigo que te voy a hacer cosas que nunca te han hecho&rsquo;.</p> <p>&ldquo;El teniente de nav&iacute;o, que besaba a la marinero por toda la cara, le agarr&oacute; la mano izquierda para coloc&aacute;rsela sobre su pantal&oacute;n, oblig&aacute;ndole de este modo a tocarle sus genitales. El oficial tocaba a la marinero por todo el cuerpo, meti&oacute; su mano a trav&eacute;s de la cinturilla de ch&aacute;ndal, lleg&aacute;ndole a tocar por debajo de la ropa interior a la altura del vientre y la zona del pecho, por debajo de la sudadera y por encima del sujetador&rdquo;. La marinero logr&oacute; escapar del teniente de nav&iacute;o, que posteriormente la rog&oacute; por sus hijos que no contase nada, llegando a ofrecerle dinero si no lo revelaba. Tras conocerse lo sucedido, el oficial fue relevado del puesto.</p> <p>El Tribunal Supremo rechaza en su sentencia los recursos de casaci&oacute;n interpuestos tanto por el oficial como por la marinero contra la sentencia del Tribunal Militar Central que estableci&oacute; contra el teniente de nav&iacute;o una pena de 2 a&ntilde;os, 7 meses y 15 d&iacute;as de prisi&oacute;n por delito consumado de abuso de autoridad en su modalidad de trato degradante, con aplicaci&oacute;n de la eximente incompleta de trastorno mental transitorio. Adem&aacute;s tendr&aacute; que pagar una indemnizaci&oacute;n a la marinero (que se concretar&aacute; en fase de ejecuci&oacute;n de sentencia) con declaraci&oacute;n de la responsabilidad civil subsidiaria del Estado.</p> <p>El alto tribunal desestima que se haya vulnerado el derecho a la presunci&oacute;n de inocencia del acusado, ya que el tribunal de instancia ha explicado razonadamente los motivos por los que otorga cr&eacute;dito absoluto a la v&iacute;ctima, cuyo testimonio est&aacute; corroborado adem&aacute;s por otras declaraciones, pruebas periciales y documentales. Tampoco acepta aplicar al oficial la eximente completa de trastorno mental transitorio, ya que el informe pericial m&eacute;dico s&oacute;lo reconoce que ten&iacute;a alteradas, pero no anuladas, sus capacidades para obrar. Adem&aacute;s, no acepta que se le aplique la eximente completa de embriaguez, ya que fue precisamente la embriaguez la que determin&oacute; el trastorno transitorio que como eximente incompleta s&iacute; se ha apreciado.</p> <p>El Supremo tambi&eacute;n rechaza la alegaci&oacute;n del oficial de que la pena impuesta no se rebajase en un grado por la concurrencia de dicha eximente incompleta. En ese sentido, respalda que el tribunal de instancia concretar&aacute; la pena a la vista de la condici&oacute;n de jefe de Destacamento que ostentaba el acusado, la notable diferencia de graduaci&oacute;n entre agresor y v&iacute;ctima, gravedad de la conducta, lugar donde se desarrollaron los hechos, y conocimiento previo que el acusado ten&iacute;a de los efectos que le pod&iacute;a producir el consumo de alcohol.</p> <p>Respecto al recurso de la v&iacute;ctima, contraria a que se hubiese estimado el trastorno mental transitorio incompleto, la Sala contesta que se ha considerado probado que el teniente de nav&iacute;o consumi&oacute; alcohol la noche de los hechos, y que fue ese consumo, unido a la base patol&oacute;gica que padece, la que provoc&oacute; el trastorno.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2f9a3408bfd55510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 17 Jun 2016 12:55:00 +0200 El Supremo establece que la retribución por vacaciones debe incluir todos los conceptos retributivos ordinarios http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=062298e8cf855510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado dos sentencias sobre la retribuci&oacute;n aplicable al per&iacute;odo de vacaciones, a la vista de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Uni&oacute;n Europea (TJUE) en sus sentencias de 22 de mayo 2014 en el asunto C-139/12 &ldquo;Lock&rdquo; y de 12 de junio de 2014, en el asunto c-118/13 &ldquo;Bollacke&rdquo;. La Sala, rectificando anterior doctrina, considera que la retribuci&oacute;n normal o media que ha de ser abonada a los trabajadores durante su per&iacute;odo de descanso anual y que debe fijar la negociaci&oacute;n colectiva en cada caso, seg&uacute;n la normativa contenida en el art&iacute;culo 7.1 del Convenio 132 OIT y en el art&iacute;culo 7 de la Directiva 2003/88, ha de atender no obstante a la finalidad de descanso efectivo que tienen las vacaciones retribuidas y no puede disuadir o desincentivar su disfrute. Mientras duren las vacaciones anuales debe mantenerse la retribuci&oacute;n del trabajador, que debe continuar percibiendo la retribuci&oacute;n ordinaria.</p> <p>Es por ello que en el caso de las empresas de contact center considerado en la primera de las dos sentencias simult&aacute;neamente deliberadas, un concepto como el de comisiones y/o incentivos a la producci&oacute;n variables y percibido con cierta habitualidad por los trabajadores de dicho sector debe ser incluido en la retribuci&oacute;n normal o media a percibir durante sus vacaciones.</p> <p>En el segundo de los recursos, referido a la empresa Telef&oacute;nica M&oacute;viles Espa&ntilde;a SAU, la Sala estima que, de los tres conceptos controvertidos en el caso, el bonus de devengo anual en funci&oacute;n de objetivos es un concepto extraordinario y retribuye de por s&iacute; las vacaciones incluidas en el per&iacute;odo anual considerado, por lo que no se a&ntilde;ade al importe a percibir durante el per&iacute;odo vacacional. Por el contrario el complemento de carrera comercial es un concepto fijo de devengo mensual y el complemento de disponibilidad es obligatorio para el personal que presta servicios en unidades que requieran un mantenimiento u operaci&oacute;n permanente, por lo que ambos complementos deben ser incluidos en la retribuci&oacute;n a percibir durante las vacaciones. Esta &uacute;ltima sentencia cuenta con dos votos particulares concurrentes con el fallo pero que discrepan de la fundamentaci&oacute;n expuesta en la decisi&oacute;n mayoritaria.</p> <p><em><strong>Se adjunta comunicado de la Sala</strong></em>.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=062298e8cf855510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 16 Jun 2016 14:00:00 +0200 El Tribunal Supremo rechaza la resolución del contrato de concesión de la autopista de peaje Madrid-Toledo http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=3c8b98e8cf855510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de la sociedad concesionaria de la autopista de peaje Madrid-Toledo, que reclamaba la resoluci&oacute;n del contrato de concesi&oacute;n, adjudicado en 2004, por considerar alterados sustancialmente los elementos del mismo debido a que no se ha realizado la autopista Toledo-Ciudad Real-C&oacute;rdoba, cuya entrada en servicio se preve&iacute;a simult&aacute;nea a la anterior.</p> <p>Antes de esta demanda de resoluci&oacute;n de contrato, presentada en 2014, la misma sociedad concesionaria reclam&oacute; un reequilibrio econ&oacute;mico-financiero de la concesi&oacute;n derivado de la no construcci&oacute;n de la citada autopista Toledo-C&oacute;rdoba, proyecto que fue aparcado tras un informe medioambiental contrario de 2007.</p> <p>El Supremo estim&oacute; en 2011 esa reclamaci&oacute;n y reconoci&oacute; el derecho de la sociedad a que se restableciese el equilibrio econ&oacute;mico y financiero de la concesi&oacute;n. En julio de 2015, el Gobierno aprob&oacute; un Real Decreto de compensaciones a abonar entre 2016 y 2045 a la sociedad en cumplimiento de la citada sentencia del Supremo.</p> <p>El alto tribunal entiende que no hay una imposibilidad de continuaci&oacute;n del servicio que justifique la resoluci&oacute;n del contrato, como lo prueban precisamente los propios actos de la concesionaria al solicitar el reequilibrio econ&oacute;mico, sin perjuicio de que la sociedad pueda estar disconforme con la soluci&oacute;n dada a dicho reequilibrio por el Gobierno, cuyo montante podr&aacute; impugnar a trav&eacute;s del cauce procedente.</p> <p>La Sala comparte el criterio de la Abogac&iacute;a del Estado de que no se est&aacute; ante una modificaci&oacute;n de la concesi&oacute;n, sino ante un reequilibrio econ&oacute;mico producido como consecuencia de la no realizaci&oacute;n de una obra distinta, la autov&iacute;a Toledo-C&oacute;rdoba, &ldquo;pero la autov&iacute;a de Madrid a Toledo de la que es concesionaria la recurrente no ha sido alterada en sus t&eacute;rminos sustanciales&rdquo;.</p> <p>&ldquo;Y es posible que, de no haberse producido la reciente crisis econ&oacute;mica, pese a la no ejecuci&oacute;n de la obra prevista que unir&iacute;a por autov&iacute;a las ciudades de Toledo y C&oacute;rdoba, la explotaci&oacute;n de la concesionaria recurrente fuera rentable&rdquo;, agregan los magistrados.</p> <p>La Abogac&iacute;a del Estado, a quien da la raz&oacute;n el Supremo, destac&oacute; que solicitar el restablecimiento econ&oacute;mico-financiero de la concesi&oacute;n supon&iacute;a optar por una alternativa contraria a la resoluci&oacute;n del contrato, por lo cual la demandante iba contra sus propios actos al pedir ahora esa medida a pesar de haberle sido concedido ya el restablecimiento del equilibrio econ&oacute;mico de la concesi&oacute;n.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=3c8b98e8cf855510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 16 Jun 2016 13:46:00 +0200 El Tribunal Supremo absuelve a una funcionaria de Hacienda condenada por facilitar información del empresario Ángel Fenoll http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=3b2646aa00455510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Tribunal Supremo ha absuelto a una funcionaria de la delegaci&oacute;n de Hacienda de Alicante que hab&iacute;a sido condenada a dos a&ntilde;os de prisi&oacute;n y seis de inhabilitaci&oacute;n por facilitar datos fiscales del empresario &Aacute;ngel Fenoll P&eacute;rez y su familia. Tambi&eacute;n ha sido absuelta la persona a la que facilit&oacute; la informaci&oacute;n que fue condenado a la misma pena de prisi&oacute;n.</p> <p>La Sala Segunda anula la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante que consider&oacute; probado que la acusada -funcionaria de la Agencia Estatal de la Administraci&oacute;n Tributaria destinada en el departamento de Discrepancias de Renta de dicha delegaci&oacute;n-, a requerimiento del otro acusado facilit&oacute; datos fiscales del citado empresario, as&iacute; como de su familia y de sus empresas, que no estaba autorizado a conocer al no estar disponibles para el p&uacute;blico conocimiento ni contaba con autorizaci&oacute;n para obtenerlos.</p> <p>&nbsp;La mujer facilit&oacute; informaci&oacute;n relativa a ingresos de &Aacute;ngel Fenoll a efectos de la declaraci&oacute;n de IRPF, empresas en las que el mismo ten&iacute;a relaci&oacute;n de participaci&oacute;n y sobre el contenido del impreso 347 (operaciones con tercero) presentado por la esposa de dicho empresario.</p> <p>Para acceder a dicha informaci&oacute;n, indicaba la sentencia recurrida, la trabajadora no tuvo que burlar ninguna medida de seguridad y utiliz&oacute; su clave de usuaria del sistema en el que estaban almacenados. &nbsp;A&ntilde;ad&iacute;a que no se hab&iacute;a acreditado que la acusada facilitara ninguna informaci&oacute;n relevante de la inspecci&oacute;n fiscal a la que estaba siendo sometida una empresa del mencionado empresario.</p> <p>Ambos alegaron en sus respectivos recursos de casaci&oacute;n que hab&iacute;an sido condenados por un delito m&aacute;s grave del que hab&iacute;an sido acusados y que se hab&iacute;a vulnerado el principio acusatorio y el derecho de defensa al declararse probados &nbsp;unos hechos que son distintos a los que fueron objeto de acusaci&oacute;n.</p> <p>La Sala Segunda indica que es cierto que en los hechos que se declaran probados en la sentencia recurrida se incluye: &ldquo;facilit&oacute; a &eacute;ste datos fiscales que no estaba autorizado a conocer&rdquo; y &ldquo;ni contaba con autorizaci&oacute;n para obtenerlos&rdquo;. Esos elementos, subraya, no aparecen en los escritos de acusaci&oacute;n del Ministerio Fiscal y del Abogado del Estado.</p> <p>Con esos &ldquo;a&ntilde;adidos&rdquo;, la Audiencia Provincial de Alicante, se&ntilde;alan los magistrados, ha alterado sustancialmente los hechos que se imputan a la acusada, conculcando el derecho a una defensa contradictoria en relaci&oacute;n con el de ser informado de la acusaci&oacute;n.</p> <p>La sentencia afirma que &ldquo;no puede considerarse que la informaci&oacute;n a la que accedi&oacute; indebidamente la acusada y transmiti&oacute; al coacusado fuese relevante para el inter&eacute;s de la Administraci&oacute;n y para la causa p&uacute;blica, m&aacute;xime cuando el destinatario final era el interesado al que se refer&iacute;an esos datos quien los pod&iacute;a obtener, como se dice en el relato f&aacute;ctico, en el modo establecido por las leyes y reglamentos tributarios&rdquo;.</p> <p>Por todo ello, concluye, el comportamiento de la funcionaria &ldquo;no tiene entidad para superar el il&iacute;cito administrativo y considerar delictiva esa conducta&rdquo; y, al no considerar los hechos constitutivos de delito, absuelve a la mujer y a la persona a la que facilit&oacute; la informaci&oacute;n del delito de descubrimiento y revelaci&oacute;n de secretos por el que fueron condenados.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=3b2646aa00455510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 15 Jun 2016 16:20:00 +0200 El TS condena a cuatro años de cárcel a un empresario por la explotación ilegal de una cantera que alteró el espacio protegido de Las Médulas (León) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=c1ac46aa00455510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Tribunal Supremo ha confirmado los cuatro a&ntilde;os de c&aacute;rcel al consejero delegado de la empresa que explot&oacute; ilegalmente durante diez a&ntilde;os una cantera de piedra caliza en Carucedo (Le&oacute;n), provocando la alteraci&oacute;n del paisaje del Espacio Natural de Las M&eacute;dulas, y realizando vertidos a un arroyo y un embalse.</p> <p>La resoluci&oacute;n ratifica la condena que la Audiencia de Le&oacute;n impuso al empresario, J.L.M.P., por delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. Adem&aacute;s, deber&aacute; pagar 475.000 euros a la Consejer&iacute;a de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y Le&oacute;n para actuaciones de restauraci&oacute;n en la citada cantera, denominada Pe&ntilde;a del Rego, situada en la zona perif&eacute;rica de protecci&oacute;n de Las M&eacute;dulas.</p> <p>La sentencia confirmada consider&oacute; de &ldquo;gravedad extrema&rdquo; la alteraci&oacute;n del paisaje del Espacio Natural de Las M&eacute;dulas provocada por la cantera, al crear artificialmente un inmenso p&aacute;ramo, a lo que se sum&oacute; los vertidos al cauce fluvial del arroyo Balado y el embalse de Pe&ntilde;arrubia procedentes de la escorrent&iacute;a de la explotaci&oacute;n obviando la balsa de decantaci&oacute;n instalada.</p> <p>El alto tribunal, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Andr&eacute;s Mart&iacute;nez Arrieta, rechaza todos los motivos del recurso planteado por J.L.M.P. Primero desestima su pretensi&oacute;n de que la responsabilidad penal deb&iacute;a corresponder en todo caso a la empresa y no a &eacute;l, recordando que en la fecha de los hechos &ndash;entre 1997 y 2009&mdash;no estaba en vigor el art&iacute;culo del C&oacute;digo Penal que establece la responsabilidad penal de las personas jur&iacute;dicas, pero que, por otra parte, la responsabilidad penal de la persona f&iacute;sica es independiente de la posible de la empresa.</p> <p>El Supremo subraya que al menos durante 10 a&ntilde;os, en los cuales el recurrente fue consejero delegado la empresa, la misma &ldquo;actu&oacute; sin licencia y sin evaluaci&oacute;n del impacto ambiental lo que era conocido por el acusado, como consejero delegado de una empresa que actuaba a cielo abierto en un paraje especialmente protegido&rdquo;.</p> <p>La sentencia indica que &ldquo;la licencia se pidi&oacute; en 2007 cuando era precisa desde a&ntilde;os antes&rdquo;, y el acusado conoc&iacute;a o deb&iacute;a conocer &ldquo;la causaci&oacute;n del riesgo y de da&ntilde;os ecol&oacute;gicos en el paisaje y con la realizaci&oacute;n de vertidos al arroyo y al embalse. Ese conocimiento del da&ntilde;o causado y de lo que deb&iacute;a realizar para impedir su causaci&oacute;n, junto a la omisi&oacute;n voluntaria de un actuar adecuado a la exigencia de la norma, convierte a su conducta en dolosa pues refleja una indiferencia a la producci&oacute;n del da&ntilde;o por parte de quien est&eacute; especialmente obligado a presenciar al bien jur&iacute;dico como agente responsable de una actuaci&oacute;n peligrosa sometida a especiales cautelas que el recurrente no lleg&oacute; a realizar&rdquo;.</p> <p>&ldquo;Dada la actividad arriesgada y las exigencias derivadas de la singularidad de la industria realizada no cabe arg&uuml;ir un desconocimiento de la normativa aplicable, pues la singularidad de la industria exige un estudio consciente de la normativa aplicable, precisamente para subvenir el riesgo especialmente protegido&rdquo;, agrega.</p> <p>Por &uacute;ltimo, el Supremo rechaza la alegaci&oacute;n de J.L.M.P de que se hab&iacute;a infringido el derecho a la igualdad en este caso, al haber sido absuelto por la Audiencia de Le&oacute;n el alcalde de Carucedo de un delito de prevaricaci&oacute;n ambiental. &ldquo;Mientras el acusado recurrente era el consejero delegado de una empresa respecto a la que el hecho probado refiere su inacci&oacute;n para no evitar el da&ntilde;o producido, el Alcalde absuelto, seg&uacute;n se declara probado, resolvi&oacute; una solicitud de licencia que fue otorgada tras los distintos asesoramientos requeridos y que obran en el expediente, licencia que fue finalmente revocada por la jurisdicci&oacute;n contencioso administrativa. Como se motiva en la sentencia la exigencia t&iacute;pica de una actuaci&oacute;n "a sabiendas" del tipo penal de la prevaricaci&oacute;n medioambiental impide la aplicaci&oacute;n de la norma penal objeto de la acusaci&oacute;n. El presupuesto f&aacute;ctico de uno y otro acusado es distinto por lo que no existe vulneraci&oacute;n del derecho fundamental a la igualdad&rdquo;.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=c1ac46aa00455510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 15 Jun 2016 15:16:00 +0200 El Tribunal Supremo confirma la condena a cinco años de prisión a un abogado por estafa http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=61c6f05ddee45510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal ha confirmado la pena a cinco a&ntilde;os, seis meses y un d&iacute;a de prisi&oacute;n, adem&aacute;s de inhabilitaci&oacute;n especial para el ejercicio de la profesi&oacute;n y multa, impuesta por la Audiencia Provincial de Valencia a un abogado que estaf&oacute; a 23 clientes.</p> <p>La sentencia considera probado que se aprovech&oacute; de ser una persona conocida en la poblaci&oacute;n para atraer a clientes que depositaban su confianza en su trabajo. De ellos, indica la Sala Segunda, recib&iacute;a la documentaci&oacute;n y el dinero, como provisi&oacute;n de fondo, iniciando una actuaci&oacute;n profesional que luego abandonaba, y, al no estar localizado, los clientes no pod&iacute;an contactar con &eacute;l ni pod&iacute;an iniciar nuevas actuaciones en defensa de sus intereses al no tener la documentaci&oacute;n necesaria que hab&iacute;an entregado al condenado.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=61c6f05ddee45510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 14 Jun 2016 15:50:00 +0200 El Tribunal Supremo constata que la proporción de falsos relatos de abuso sexual infantil por parte de las víctimas es muy reducida http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=52c1dd2545e45510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal de Tribunal Supremo ha condenado a 18 a&ntilde;os y medio de c&aacute;rcel a un hombre por agresi&oacute;n sexual continuada a su sobrina desde que ella ten&iacute;a entre 7 y 8 a&ntilde;os de edad. En la resoluci&oacute;n, el alto tribunal desestima el argumento del condenado que pon&iacute;a en duda el testimonio de la v&iacute;ctima, al considerarla cre&iacute;ble, y aprovecha para subrayar que &ldquo;existe consenso cient&iacute;fico en que la proporci&oacute;n de falsos relatos de abuso sexual infantil es muy reducida, pues la posici&oacute;n de dependencia del menor respecto del agresor, m&aacute;xime cuando la agresi&oacute;n se produce en el &aacute;mbito familiar, le hace poco propicio para formular una acusaci&oacute;n falsa. El miedo al rechazo, junto a los sentimientos de verg&uuml;enza y culpa, as&iacute; como las frecuentes amenazas, suelen impedir la revelaci&oacute;n del abuso&rdquo;.</p> <p>El Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado C&aacute;ndido Conde-Pumpido, explica que las investigaciones criminol&oacute;gicas de abusos sexuales sobre menores de doce a&ntilde;os, realizadas en hospitales, institutos m&eacute;dico forenses, centros de investigaci&oacute;n y agencias de protecci&oacute;n del menor, ponen de manifiesto dos datos relevantes que como reglas de experiencia refuerzan la necesidad de utilizaci&oacute;n del testimonio de la v&iacute;ctima como prueba de cargo y al mismo tiempo ratifican la exigencia del m&aacute;ximo rigor en su valoraci&oacute;n.</p> <p>El primero es el del bajo n&uacute;mero de falsos testimonios, y el segundo dato es que se constata como muy elevada la proporci&oacute;n de casos de abuso sexual sobre menores que no presentaron ninguna alteraci&oacute;n en el examen f&iacute;sico. Esta ausencia de hallazgos m&eacute;dico forenses puede obedecer a varias razones. En primer lugar, puede tratarse de una modalidad de abuso que no ocasione trauma, como caricias, roces en zonas er&oacute;genas o requerimientos de masturbaci&oacute;n sobre el abusador, por ejemplo, que no dejan huella f&iacute;sica. En segundo lugar, aun cuando se produzcan lesiones genitales o anales, el retraso con el que normalmente se realizan las denuncias, incluso a&ntilde;os despu&eacute;s de haberse producido los hechos, puede determinar que las lesiones hayan cicatrizado, sin dejar vestigios o dejando vestigios inespec&iacute;ficos.</p> <p>La frecuente ausencia de vestigios f&iacute;sicos, unido al secreto que suele revestir esta clase de conductas, obliga a recurrir como prueba de cargo habitual a la declaraci&oacute;n de la v&iacute;ctima. La constataci&oacute;n de que existen supuestos de relatos falsos, aun cuando sean minoritarios, exige que esta prueba se valore en funci&oacute;n de una serie de par&aacute;metros que, conforme a reglas de experiencia, permiten constatar racionalmente la veracidad del testimonio.<br />En el caso estudiado, el Supremo confirma 13 a&ntilde;os y medio de c&aacute;rcel por agresi&oacute;n sexual continuada para un hombre que comenz&oacute; a abusar de su sobrina cuando ella ten&iacute;a 7 u 8 a&ntilde;os. Cuando la menor comenz&oacute; a ir al Instituto, e incluso antes, comenz&oacute; a meterle los dedos en la vagina y le dec&iacute;a que si no se lo permit&iacute;a le contar&iacute;a a sus padres y a sus amigos lo que hac&iacute;a y difundir&iacute;a las fotos y v&iacute;deos sexuales que le hac&iacute;a. Cuando la menor ten&iacute;a 12 &oacute; 13 a&ntilde;os, el condenado comenz&oacute; a tener relaciones sexuales completas con ella. Estos hechos se prolongaron hasta el 28 de julio de 2014.</p> <p>El 30 de julio de 2014 el acusado fue detenido, si&eacute;ndole intervenido en una cartera tres sobres dirigidos a amigos o compa&ntilde;eros de la ni&ntilde;a, uno de los cuales con cuatro fotograf&iacute;as de la menor desnuda y dos fotocopias en color. Las fotos proven&iacute;an de dos v&iacute;deos realizados por el acusado en el a&ntilde;o 2012. El material pornogr&aacute;fico producido por el acusado lo utilizaba para su propio uso y para intimidar a su sobrina con divulgarlo sino acced&iacute;a a sus deseos de tipo sexual.</p> <p>EL Supremo destaca que en este supuesto el relato de la v&iacute;ctima cont&oacute; con la credibilidad subjetiva y objetiva que debe constatarse. Su testimonio se uni&oacute; adem&aacute;s al reconocimiento sustancial de los hechos por el acusado y a la tenencia de las fotos y mensajes que le fueron ocupados, por lo que fue prueba h&aacute;bil y suficiente para desvirtuar la presunci&oacute;n constitucional de inocencia.</p> <p>La Sala s&iacute; estima parcialmente el recurso del hombre en relaci&oacute;n al delito de producci&oacute;n de material pornogr&aacute;fico utilizando a una menor de 13 a&ntilde;os, por el que es condenado a 5 a&ntilde;os de prisi&oacute;n frente a los 7 a&ntilde;os que le impuso la Audiencia de Zaragoza. El motivo, apoyado por el Ministerio Fiscal, es que cuando la v&iacute;ctima es &uacute;nica, como en este caso, este tipo delictivo no admite la continuidad que apreci&oacute; la Audiencia Provincial, aunque se realicen varias fotograf&iacute;as o grabaciones. El tipo penal refiere la elaboraci&oacute;n de un material, que da idea de una pluralidad de componentes que integran ese material pornogr&aacute;fico referido a un &uacute;nico sujeto pasivo. En total, el hombre es condenado a 18 a&ntilde;os y medio de prisi&oacute;n.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=52c1dd2545e45510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 14 Jun 2016 12:50:00 +0200 El Tribunal Supremo anula las penas de seis procesados por defraudar cuotas del IVA de CD y DVD http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=3edf1838b9945510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala II del Tribunal Supremo ha anulado las condenas impuestas por la Audiencia Nacional a seis personas en el denominado &lsquo;caso Verbatim&rsquo;, por supuestas cuotas del IVA defraudadas por dicha empresa de CD y DVD.</p> <p>La Sala absuelve a los seis acusados que ven&iacute;an condenados por la Audiencia Nacional a penas de entre 2 a&ntilde;os y medio y 3 a&ntilde;os de c&aacute;rcel por delito continuado contra la Hacienda P&uacute;blica, debido a que &ldquo;el c&aacute;lculo de las cuotas defraudadas no se ha realizado correctamente, por lo que no es posible tener acreditado, m&aacute;s all&aacute; de toda duda razonable que su importe anual super&oacute; los 120.000 euros que exige la ley penal&rdquo;.</p> <p>En esta causa fueron acusaci&oacute;n particular varias empresas de derechos de productores y autores, como la SGAE o EGEDA, cuyos recursos tambi&eacute;n se estiman en el sentido de revocar la condena que les impuso la Audiencia Nacional a pagar las costas de una determinada persona acusada que fue absuelta ya en primera instancia.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=3edf1838b9945510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 13 Jun 2016 14:33:00 +0200 Condenada a 13 años de prisión una pareja empleada de una funeraria que planificó asesinar a un empresario http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=10e8c31fd7945510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Tribunal Supremo ha condenado a un total de 13 a&ntilde;os de c&aacute;rcel a un hombre y una mujer, que eran amantes y empleados de una funeraria, por concertarse para asesinar al suegro del hombre, que era un importante empresario. El plan criminal se frustr&oacute; porque la persona a la que encargaron organizar el asesinato se lo cont&oacute; a la Polic&iacute;a.</p> <p>La mujer, Ana Bel&eacute;n E.G., es condenada a 8 a&ntilde;os de prisi&oacute;n, por dos delitos de proposici&oacute;n de asesinato, ya que en su caso se ha probado que no s&oacute;lo encarg&oacute; acabar con la vida del suegro de su amante sino tambi&eacute;n con la de otro compa&ntilde;ero de trabajo con quien manten&iacute;a una relaci&oacute;n afectiva. La pena es de 4 a&ntilde;os por cada uno de los dos delitos.</p> <p>Por su parte, el hombre, Jes&uacute;s M.P.-P., es condenado a 5 a&ntilde;os de c&aacute;rcel por un delito de proposici&oacute;n de asesinato, el de su suegro, siendo de aplicaci&oacute;n en su caso la agravante de parentesco.</p> <p>El Supremo aprecia parcialmente los recursos de ambos acusados contra la sentencia de primera instancia, dictada por la Audiencia de Madrid, que impuso 10 a&ntilde;os de c&aacute;rcel a la mujer y 6 a&ntilde;os al hombre. El motivo es la estimaci&oacute;n de la atenuante de dilaciones indebidas (los hechos ocurrieron en 2008 y principios de 2009), por lo que se reduce la pena en un a&ntilde;o por cada uno de los delitos, de modo que se le imponen a la acusada cuatro a&ntilde;os de prisi&oacute;n por cada una de las proposiciones de asesinato y cinco a&ntilde;os al acusado por su proposici&oacute;n delictiva.<br />El alto tribunal rechaza la aplicaci&oacute;n de la figura del delito provocado al no quedar probado que la iniciativa en la decisi&oacute;n homicida de los acusados la llevara la persona que se habr&iacute;a de encargar de materializar los delitos de asesinato y que acab&oacute; denunciando los hechos a la polic&iacute;a.</p> <p>Asimismo, se desestima el recurso de casaci&oacute;n del suegro del acusado (acusador particular) por no darse los supuestos necesarios para imputarle a su yerno dos proposiciones de asesinato en lugar de una, ni tampoco los requisitos para las agravaciones punitivas que interesa para ambos acusados.</p> <p>Seg&uacute;n los hechos probados de la sentencia, Ana Bel&eacute;n y Jes&uacute;s comenzaron una relaci&oacute;n sentimental en el a&ntilde;o 2008, cuando se conocieron en el trabajo, que los dos desempe&ntilde;aban como empleados de la Funeraria Servisa. La acusada estaba casada, y manten&iacute;a, al tiempo que la relaci&oacute;n extramatrimonial con el acusado, una tercera relaci&oacute;n afectiva con otro compa&ntilde;ero de trabajo, que desconoc&iacute;a su relaci&oacute;n con aqu&eacute;l.</p> <p>El acusado estaba igualmente casado; disfrutando por raz&oacute;n de tal matrimonio, del alto nivel econ&oacute;mico del padre de su mujer, quien le minusvaloraba ya desde el noviazgo, consider&aacute;ndole sin preparaci&oacute;n ni formaci&oacute;n, de manera que para mantenerle apartado de sus propios negocios, le hizo firmar, previamente a la celebraci&oacute;n del matrimonio con su hija, el r&eacute;gimen econ&oacute;mico de separaci&oacute;n de bienes. &ldquo;Lo que no impidi&oacute;, pese al resentimiento del acusado, que &eacute;ste disfrutara la solvencia econ&oacute;mica de la esposa, conforme a su exclusivo inter&eacute;s, manejando el dinero de aqu&eacute;lla, que plenamente confiada en su marido no comprobaba extremo alguno referido a esta cuesti&oacute;n, como tampoco sospechaba de la relaci&oacute;n extramatrimonial que &eacute;l manten&iacute;a con la acusada, a la que la esposa conoc&iacute;a simplemente como una compa&ntilde;era de trabajo&rdquo;, seg&uacute;n se&ntilde;ala la resoluci&oacute;n.</p> <p>La amante, a trav&eacute;s de su relaci&oacute;n con Jes&uacute;s, &ldquo;se beneficiaba de la desahogada posici&oacute;n econ&oacute;mica de la mujer de su amante, disfrutando de viajes y estancias en hoteles, que el acusado cargaba a la cuenta de regalos de su boda con aqu&eacute;lla, o del pago de algunos de sus gastos ordinarios, tales como repostaje de gasolina, su compra diaria, o el pago de los recibos de la l&iacute;nea telef&oacute;nica que el acusado le procur&oacute;, solo para hablar con &eacute;l&rdquo;.</p> <p>&ldquo;Sabedores los acusados de que, a trav&eacute;s de la mujer de aqu&eacute;l podr&iacute;an seguir manejando el dinero del suegro, animados por el rencor que Jes&uacute;s Moreno sent&iacute;a hacia su suegro, y que su amante interioriz&oacute; como propio a lo largo de su relaci&oacute;n afectiva, idearon acabar con la vida de &eacute;ste, en la creencia de que de esta manera, la hija y esposa del acusado acceder&iacute;a a su parte de patrimonio&rdquo;, a&ntilde;aden los hechos probados.</p> <p>A tal fin, en el mes de septiembre de 2008 y durante los cuatro meses posteriores, Ana Bel&eacute;n contact&oacute; telef&oacute;nicamente con otro hombre, a quien conoc&iacute;a desde hac&iacute;a a&ntilde;os, &ldquo;con quien manten&iacute;a una fluida relaci&oacute;n incluso con connotaciones sexuales&rdquo;, y de quien ella pensaba que ten&iacute;a contactos con personas que pod&iacute;an acabar con la vida de otros. Entonces le manifest&oacute; su deseo, as&iacute; como el plan que hab&iacute;a tramado con Jes&uacute;s, de acabar con la vida del suegro, para disfrutar con su amante, de los beneficios de las empresas de aqu&eacute;l. Igualmente, le hizo saber su determinaci&oacute;n de matar a su otro amante en la funeraria, de quien dijo que le acosaba sexualmente, a&ntilde;adiendo que deber&iacute;a ser el primero en morir, porque podr&iacute;a llegar a sospechar que, ella y Jes&uacute;s Moreno, ten&iacute;an algo que ver en la muerte del empresario.</p> <p>El hombre contactado para realizar el crimen recibi&oacute; dinero de los acusados como adelanto, y Ana Bel&eacute;n le dio tambi&eacute;n datos sobre los dos objetivos, como veh&iacute;culo que usaban, horarios oficina o domicilio, y un juego de llaves de la vivienda del empresario. Sin embargo, lo que hizo el 26 de enero de 2009 fue contactar con la comisar&iacute;a de Polic&iacute;a de Alcal&aacute; de Henares y denunciar los hechos.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=10e8c31fd7945510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 13 Jun 2016 13:00:00 +0200 El Tribunal Supremo permite a los pilotos hablar con los controladores aéreos en español cuando todos sean nativos de este idioma http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=98bc745922a35510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Social del Tribunal Supremo permitir&aacute; a los pilotos hablar en espa&ntilde;ol y no en ingl&eacute;s en sus comunicaciones con los controladores a&eacute;reos siempre que todos los interlocutores u oyentes tengan este idioma como lengua nativa.</p> <p>La sentencia resuelve el conflicto entre los pilotos y Air Nostrum -380 trabajadores- que comenz&oacute; cuando la compa&ntilde;&iacute;a les envi&oacute;, el 25-1-2014, una circular comunic&aacute;ndoles que, a requerimiento de la Agencia Estatal de Seguridad A&eacute;rea, todas las conversaciones ATC (Air Traffic Control) en todos los vuelos de la compa&ntilde;&iacute;a se tendr&iacute;an que realizar en ingl&eacute;s. Meses m&aacute;s tarde, matiz&oacute; dicha orden indic&aacute;ndoles que s&oacute;lo ser&iacute;a obligatorio el uso de dicho idioma cuando en la misma frecuencia de comunicaciones intervinieran tripulaciones hispano y no hispanohablantes, y, adem&aacute;s, en los vuelos de Madrid, Barcelona, Palma o Canarias, tal como recomiendan los organismos internacionales.</p> <p>El Sindicato Espa&ntilde;ol de Pilotos de L&iacute;neas A&eacute;reas present&oacute; una demanda en la que solicitaba que se anulara la decisi&oacute;n de la empresa por ser contraria al Convenio de Telecomunicaciones Aeron&aacute;uticas, al Reglamento de Circulaci&oacute;n A&eacute;rea y a la Constituci&oacute;n. En la misma ped&iacute;a que se declarara la facultad de los pilotos de utilizar el castellano en las comunicaciones aeroterrestres en territorio espa&ntilde;ol y el ingl&eacute;s cuando entiendan que es m&aacute;s adecuado en funci&oacute;n de los interlocutores de la frecuencia en que tiene lugar la comunicaci&oacute;n ATC.</p> <p>La Audiencia Nacional estim&oacute; parcialmente la demanda del SEPLA y reconoci&oacute; el derecho de los pilotos a hablar espa&ntilde;ol cuando &eacute;sta sea la lengua nativa de los interlocutores u oyentes, argumentando que en estos casos, al tener un nivel 6 de competencia ling&uuml;&iacute;stica en castellano &ndash;el m&aacute;ximo-- no era aconsejable obligar a conversar en ingl&eacute;s por razones de seguridad a&eacute;rea.</p> <p>De acuerdo con esos razonamientos, el Tribunal Supremo rechaza el recurso de casaci&oacute;n de este sindicato en una sentencia en la que afirma que la normativa aplicable al caso &ndash;el reglamento de circulaci&oacute;n a&eacute;rea, Real Decreto sobre las condiciones para el ejercicio de funciones del personal de vuelo de aviones civiles y el Convenio de Chicago sobre Aviaci&oacute;n Civil Internacional- no establece normas precisas sobre el idioma que hay que usar en las comunicaciones ATC, por lo que resulta insuficiente para dar una soluci&oacute;n adecuada a los incidentes en materia de seguridad a&eacute;rea por raz&oacute;n del idioma empleado en las mismas.</p> <p>Por ello, a&ntilde;ade, que, aunque la soluci&oacute;n id&oacute;nea para el reglamento de la seguridad a&eacute;rea requiere la pronta intervenci&oacute;n de los poderes p&uacute;blicos, atendiendo al esp&iacute;ritu y finalidad de todo el acervo normativo que trata primordialmente de garantizar al m&aacute;ximo la seguridad del tr&aacute;fico a&eacute;reo, &ldquo;el derecho a usar el castellano no puede considerarse como un derecho absoluto sino que cede, por raz&oacute;n de la seguridad a&eacute;rea, cuando en dichas comunicaciones intervengan o deban ser o&iacute;das por personas que no tienen como lengua nativa el espa&ntilde;ol&rdquo;. Este deber &uacute;ltimo y esencial de preservar la seguridad a&eacute;rea, indica la sentencia, legitima al empresario para, aun en un contexto normativo insuficiente sobre el idioma, adoptar la orden de que las conversaciones se realicen en ingl&eacute;s, con las matizaciones mencionadas.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=98bc745922a35510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 10 Jun 2016 14:00:00 +0200 El Supremo limita el control de transparencia en los contratos hipotecarios a los no consumidores http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=d4b8745922a35510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Primera del Tribunal Supremo, reunida en Pleno, ha resuelto desestimar el recurso de casaci&oacute;n interpuesto contra una sentencia dictada por la Secci&oacute;n 4&ordf; de la Audiencia Provincial de A Coru&ntilde;a, con fecha 29 de mayo de 2014.</p> <p>La demandante, que hab&iacute;a suscribi&oacute; un contrato de pr&eacute;stamo con garant&iacute;a hipotecaria con la finalidad de financiar la adquisici&oacute;n de un local para la instalaci&oacute;n de una oficina de farmacia, formul&oacute; una demanda contra la entidad bancaria, en la que solicit&oacute; la nulidad de la cl&aacute;usula de limitaci&oacute;n del inter&eacute;s variable (cl&aacute;usula suelo) incluida en el contrato. La sentencia de primera instancia estim&oacute; parcialmente la demanda y orden&oacute; la eliminaci&oacute;n de la cl&aacute;usula litigiosa del contrato celebrado entre las partes.</p> <p>Interpuesto recurso de apelaci&oacute;n por la entidad prestamista, la Audiencia Provincial lo estim&oacute; tras confirmar la calificaci&oacute;n de la demandante como no consumidora y de la cl&aacute;usula analizada como una condici&oacute;n general de la contrataci&oacute;n. Consider&oacute; que la informaci&oacute;n ofrecida a la prestataria hab&iacute;a sido suficiente, que no se trataba de una cl&aacute;usula ilegible, ambigua e incomprensible, y que el denominado segundo control de transparencia &uacute;nicamente era aplicable en contratos con consumidores.</p> <p>En la sentencia analizada, de la que ha sido ponente el magistrado Pedro Jos&eacute; Vela Torres, la sala recuerda que tiene declarado que el control de transparencia supone que no pueden utilizarse cl&aacute;usulas que, pese a que gramaticalmente sean comprensibles y est&eacute;n redactadas en caracteres legibles, impliquen inopinadamente una alteraci&oacute;n del objeto del contrato o del equilibrio econ&oacute;mico sobre el precio y la prestaci&oacute;n, que pueda pasar inadvertida al adherente medio.</p> <p>Se adjunta nota informativa de la Sala.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=d4b8745922a35510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 10 Jun 2016 13:17:00 +0200 El Supremo condena a 89 años de cárcel a Ángel Suárez "Casper" http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=439e99429d435510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Tribunal Supremo ha condenado a 89 a&ntilde;os de c&aacute;rcel a &Aacute;ngel Su&aacute;rez Flores &lsquo;Casper&rsquo; por delitos de torturas, amenazas, lesiones, tr&aacute;fico de drogas, detenci&oacute;n ilegal y tenencia il&iacute;cita de armas, por, entre otros hechos, apoderarse de cargamentos de droga de otros narcotraficantes mediante m&eacute;todos violentos y, en ocasiones, usando disfraces de guardias civiles. La sentencia condena a otras 15 personas a penas de entre 1 y 43 a&ntilde;os de prisi&oacute;n.</p> <p>La sentencia de la Sala de lo Penal confirma en lo esencial la sentencia dictada por la Audiencia Nacional el 29 de abril de 2015, de modo que en relaci&oacute;n a &lsquo;Casper&rsquo; s&oacute;lo se le reduce la condena de 90 a 89 a&ntilde;os de prisi&oacute;n al estimarse que en uno de los delitos de lesiones por los que fue condenado, las sufridas por un testigo protegido, la pena debe pasar de seis a cinco a&ntilde;os.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=439e99429d435510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 09 Jun 2016 14:39:00 +0200 El Tribunal Supremo anula las condenas a los exresponsables del Palau de la Música http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2aca99429d435510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha anulado las condenas a un a&ntilde;o de prisi&oacute;n impuestas por la Audiencia Provincial de Barcelona a los exresponsables del Palau de la M&uacute;sica F&eacute;lix Millet y Jordi Montull por un delito de tr&aacute;fico de influencias en el caso del &lsquo;hotel Palau&rsquo;.</p> <p>El alto tribunal ha estimado los recursos interpuestos por los dos condenados y desestimado los recursos del fiscal, de la fundaci&oacute;n privada Orfe&oacute; Catal&aacute; Palau de la M&uacute;sica Catalana y de la Asociaci&oacute;n de Vecinos para la Revitalizaci&oacute;n del Casco Antiguo de Barcelona contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que, adem&aacute;s, absolvi&oacute; a la anterior c&uacute;pula de Urbanismo de Barcelona.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2aca99429d435510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 09 Jun 2016 13:40:00 +0200 El TS confirma la condena a Santiago Calatrava a pagar 2,96 millones de euros por fallos en la construcción del Palacio de Congresos de Oviedo http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=772cbaeb5bf25510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Civil ha confirmado la condena al arquitecto Santiago Calatrava a pagar una indemnizaci&oacute;n de 2,96 millones de euros a la promotora Jovellanos XXI por los fallos en la construcci&oacute;n del Palacio de Congresos de Oviedo. La sentencia considera que el arquitecto es responsable por su conducta negligente de los da&ntilde;os que se produjeron tras el derribo de un grader&iacute;o durante las obras y la construcci&oacute;n de la cubierta que se hizo fija cuando en el contrato estaba previsto que fuera m&oacute;vil.</p> <p>La Sala Primera desestima el recurso de casaci&oacute;n interpuesto por el arquitecto y ratifica el fallo de la Audiencia Provincial de Oviedo que estim&oacute; parcialmente los recursos presentados por ambas partes contra la sentencia del juzgado que cifr&oacute; en 3,27 millones de euros la condena al arquitecto y absolvi&oacute; a la promotora. La sentencia recurrida, en cambio, conden&oacute; a Jovellanos XXI a pagar 7.285.000 de euros al arquitecto en concepto de honorarios y, al mismo tiempo, conden&oacute; a &eacute;ste &uacute;ltimo a pagar a la promotora 10.245.781,74 euros por los defectos en la construcci&oacute;n y sobrecostes en dichas instalaciones. Al restar ambas cantidades, estableci&oacute; que la indemnizaci&oacute;n que finalmente tiene que abonar Santiago Calatrava es de 2,96 millones de euros.</p> <p>El Tribunal Supremo en su sentencia indica que existen unos da&ntilde;os y perjuicios acreditados y evaluados, y una sociedad -Jovellanos- que encarga a otra -Santiago Calatrava LLC- la confecci&oacute;n de un proyecto y la direcci&oacute;n y vigilancia de unos trabajos que se ha visto obligada a satisfacer "por el actuar negligente de quien se hab&iacute;a obligado a ejecutarlos correctamente por un contrato de obra, al que no ha dado cumplimiento, o, si se prefiere, por quien est&aacute; vinculado a un contrato que ha incumplido negligentemente, por no guardar en su forma de actuar la debida diligencia y que ha obligado a la promotora a reparar los desperfectos ocasionados, que ahora reclama".</p> <p>La sentencia considera responsable al arquitecto de los da&ntilde;os ocasionados porque su sociedad era la encargada de la direcci&oacute;n de la obra y de su ejecuci&oacute;n, por imperativo legal y contractual, y como tal &ldquo;responsable de poner las personas necesarias y con suficiente cualificaci&oacute;n, a pie de obra, durante la realizaci&oacute;n de las obras, con el fin de ejecutar el proyecto y validar el mismo&rdquo;.</p> <p>En segundo lugar, afirma que "la contrataci&oacute;n de un arquitecto de evidente renombre internacional para la construcci&oacute;n de una obra singular o emblem&aacute;tica en Oviedo, priorizando esta circunstancia sobre otras posiblemente m&aacute;s econ&oacute;micas, debe ser correlativa con la debida exigencia de responsabilidad a quien en cumplimiento de sus obligaciones profesionales tiene un control absoluto no solo del proyecto sino de su ejecuci&oacute;n para que la obra se concluya sin problemas&rdquo;. Por todo ello, concluye que si el arquitecto realiz&oacute; con competencia casi exclusiva tales funciones es evidente que la promotora puede exigirle todos los da&ntilde;os derivados de su "negligencia" en su ejecuci&oacute;n en virtud del contrato existente entre ambas partas.</p> <p>Asimismo, se&ntilde;ala que se trata de "un fracaso generalizado de la unidad de estructura a la que se extend&iacute;an las labores de direcci&oacute;n, supervisi&oacute;n y vigilancia, dada la singularidad que ten&iacute;a la que soportaba el grader&iacute;o, del que debe responder, por m&aacute;s que en su ejecuci&oacute;n hayan intervenido otros agentes, bajo su control, contra los que tendr&aacute; la posibilidad de repetir lo que a su culpa pudiera imput&aacute;rseles".</p> <p>Sobre la cubierta m&oacute;vil, indica que tambi&eacute;n se produjo un incumplimiento contractual porque pese a que dicho dispositivo m&oacute;vil a modo de visera era el elemento diferencial del Palacio de Congresos y una de las se&ntilde;as de identidad del mismo, no se consigui&oacute; en la forma que se hab&iacute;a convenido, cuando era posible hacerlo en la totalidad de las situaciones. En este sentido, destaca que hubo una "falta de previsi&oacute;n en el dise&ntilde;o, fabricaci&oacute;n y ejecuci&oacute;n de la estructura de la cubierta, lo que llev&oacute; a que no pudiera cumplir su funci&oacute;n de m&oacute;vil con la necesaria seguridad y frecuencia, incluso antes de producirse la fisura en el proceso de sondeo del arco m&oacute;vil a las orejeras de conexi&oacute;n de las costillas m&oacute;viles. En consecuencia, el condenado acept&oacute; "una soluci&oacute;n constructiva que evidentemente ha fracasado y que ha generado un da&ntilde;o a la promotora perfectamente evaluable", subraya la sentencia.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=772cbaeb5bf25510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 08 Jun 2016 13:30:00 +0200 El TS anula el acuerdo de las Juntas de Gipuzkoa contra la colocación de la bandera española http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=028b1294d0b25510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala III ha anulado el acuerdo de 14 de diciembre de 2011 de las Juntas Generales de Gipuzkoa que se mostraba disconforme con la obligaci&oacute;n de colocar la bandera espa&ntilde;ola en la sede de la Diputaci&oacute;n Foral de Gipuzkoa por entender que era una imposici&oacute;n inadmisible.</p> <p>Se adjunta nota informativa de la Sala.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=028b1294d0b25510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 07 Jun 2016 15:42:00 +0200 El Tribunal Supremo condena a dos años y medio de cárcel a una abogada que se apropió del patrimonio de su tía octogenaria http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=a356e9d8dba25510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala II del Tribunal Supremo ha condenado a dos a&ntilde;os y medio de c&aacute;rcel a una abogada que se apropi&oacute; del patrimonio de su t&iacute;a octogenaria ingresada en una residencia de la tercera edad en Tenerife que le hab&iacute;a encomendado la administraci&oacute;n de sus bienes, alcanzando la cuant&iacute;a defraudada la suma de 222.635 euros. Es considerada autora de un delito continuado de apropiaci&oacute;n indebida en la modalidad agravada por el valor de la defraudaci&oacute;n.</p> <p>El Supremo reduce los cuatro a&ntilde;os de prisi&oacute;n que impuso inicialmente la Audiencia de Tenerife a la acusada al apreciar, de acuerdo con la Fiscal&iacute;a, la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas en el proceso, que se refiere a unos hechos que comenzaron en 2005, cuando la anciana sufri&oacute; una ca&iacute;da en su domicilio de La Laguna y se vio obligada a ingresar en una residencia, otorgando un poder notarial general en favor de dos sobrinas, siendo desde entonces la acusada quien administr&oacute; de facto su patrimonio.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=a356e9d8dba25510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 07 Jun 2016 15:05:00 +0200 El Tribunal Supremo anula una cláusula hipotecaria que establecía un interés demora del 19 % por abusivo http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=8e79e9d8dba25510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha anulado una cl&aacute;usula de un pr&eacute;stamo hipotecario que establec&iacute;a un inter&eacute;s de demora del 19% por abusivo. El cr&eacute;dito hipotecario inicial, firmado en 2004, fue destinado a la adquisici&oacute;n de vivienda habitual y, posteriormente, en el a&ntilde;o 2005, fue ampliado para otros usos.</p> <p>La sentencia, de la que es ponente el magistrado Ignacio Sancho Gargallo, considera que el hecho de que el pr&eacute;stamo hipotecario inicial, en el que se incluye la cl&aacute;usula controvertida, fuera destinado a la adquisici&oacute;n de una vivienda habitual y posterior ampliaci&oacute;n para otras finalidades, no impide que se pueda aplicar la normativa sobre protecci&oacute;n de consumidores, dado que no puede afirmarse que el referido pr&eacute;stamo est&eacute; destinado a la actividad empresarial del demandante, ahora recurrente.</p> <p>Se adjunta nota informativa de la Sala.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=8e79e9d8dba25510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 07 Jun 2016 14:05:00 +0200 El Tribunal Supremo avala que las personas con discapacidad estén exentas del canon a los autores por los préstamos de sus obras http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=99be588550615510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala III del TS ha rechazado los recursos de cuatro entidades de derechos de autor (SGAE, CEDRO, VEGAP y DAMA) que reclamaban la nulidad del Real Decreto 624/2014, de 18 de julio, por el que se desarrolla el derecho de remuneraci&oacute;n a los autores por los pr&eacute;stamos de sus obras realizados en determinados establecimientos accesibles al p&uacute;blico, como las bibliotecas municipales de localidades con m&aacute;s de 5.000 habitantes. Subsidiariamente, los autores reclamaban la nulidad de dos de las exenciones del pago de la remuneraci&oacute;n que establece el Decreto: la de excluir del c&oacute;mputo para fijar este canon los pr&eacute;stamos realizados en beneficio de personas con discapacidad, y la exenci&oacute;n del pago a los servicios m&oacute;viles cuando realicen pr&eacute;stamos en municipios de menos de 5.000 habitantes.</p> <p>El Supremo destaca que el Real Decreto respeta la normativa y la jurisprudencia comunitaria a la hora de determinar la remuneraci&oacute;n, ya que la fijaci&oacute;n de su importe se ha vinculado a todos los elementos constitutivos del perjuicio causado al autor por el pr&eacute;stamo de sus obras sin necesidad de autorizaci&oacute;n, consider&aacute;ndose no solo la amplitud de la puesta a disposici&oacute;n a trav&eacute;s del n&uacute;mero de obras que ha sido objeto de pr&eacute;stamo, sino tambi&eacute;n el n&uacute;mero de usuarios inscritos en el establecimiento que han hecho uso efectivo del servicio de pr&eacute;stamo.</p> <p>En cuanto a la pretensi&oacute;n de los recurrentes de que se anule la exclusi&oacute;n de los pr&eacute;stamos a personas con discapacidad como generadores del derecho de remuneraci&oacute;n a los autores, la sentencia se&ntilde;ala que dicha exenci&oacute;n est&aacute; amparada por lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual y en la Ley de las bibliotecas.</p> <p>&ldquo;Entra dentro de los objetivos de Espa&ntilde;a en materia de promoci&oacute;n cultural, el establecimiento de beneficios que faciliten el acceso a la cultura a personas con discapacidad, que se aplica en concordancia y por analog&iacute;a al caso de los pr&eacute;stamos a que se refiere el art&iacute;culo 37 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, de manera que al no generar remuneraci&oacute;n los prestamos realizados a esta categor&iacute;a de personas en situaci&oacute;n desfavorecida se est&aacute; promoviendo el cumplimiento de la misi&oacute;n, principios y valores de las bibliotecas establecido en el art&iacute;culo 12 de la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas: garantizar el acceso de todos los ciudadanos a las bibliotecas con la finalidad de promover la difusi&oacute;n de la cultura, en condiciones de igualdad y, por tanto, sin discriminaci&oacute;n por raz&oacute;n, entre otras, de discapacidad&rdquo;, indica la resoluci&oacute;n.</p> <p>Tambi&eacute;n rechaza la sentencia la alegaci&oacute;n de los recurrentes de que deb&iacute;a anularse la exenci&oacute;n del pago de la remuneraci&oacute;n a los servicios m&oacute;viles de otras administraciones que realicen pr&eacute;stamos en municipios de menos de 5.000 habitantes. &ldquo;Lo cierto es que no es la titularidad del establecimiento la que determina la exenci&oacute;n en la citada Ley de Propiedad Intelectual, sino la prestaci&oacute;n de servicio en dichos Municipios. Por tanto, cualquiera que sea la titularidad p&uacute;blica del establecimiento m&oacute;vil, concurre el supuesto de hecho legal de la exenci&oacute;n cuando se presta el servicio en dichos Municipios, aunque el establecimiento m&oacute;vil prestador no le pertenezca&rdquo;, se&ntilde;ala la Sala.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=99be588550615510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 07 Jun 2016 11:50:00 +0200 El Tribunal Supremo estima un recurso del empresario Emilio Ybarra sobre una sociedad patrimonial de la familia http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=9f25e3eacf425510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha estimado un recurso del empresario y expresidente del banco BBV Emilio Ybarra Churruca, y de su madre, Mar&iacute;a Dolores Churruca, y declara la nulidad de la venta de participaciones sociales de Mezouna S.L., sociedad patrimonial de la familia Ybarra, llevada a cabo por su hermano Santiago Ybarra Churruca en octubre de 2009 para conseguir el control efectivo de dicha sociedad, seg&uacute;n indica la sentencia.</p> <p>El capital social de Mezouna antes de esas compraventas de participaciones se distribu&iacute;a en un 49,9 por ciento para Santiago Ybarra y el mismo porcentaje exacto para Emilio Ybarra y sus cuatro hijos, mientras que la madre de ambos ten&iacute;a el 0,0023 por ciento restante. Los dos hermanos y su madre se hab&iacute;an conferido por escritura de 1973 poderes rec&iacute;procos muy amplios de enajenaci&oacute;n de bienes.</p> <p>En la primavera de 2009 surgieron desavenencias entre los hermanos por la gesti&oacute;n de la sociedad, y en octubre de ese a&ntilde;o, Santiago Ybarra, manifestando actuar en nombre y representaci&oacute;n de su hermano y de su madre, vendi&oacute; 12 participaciones de &eacute;stos a su esposa.</p> <p>El Supremo concluye, en atenci&oacute;n a los hechos probados y no controvertidos, que Santiago Ybarra incurri&oacute; en un exceso o extralimitaci&oacute;n del mandato conferido en 1973 al celebrar las compraventas de participaciones sociales del 21 y 27 de octubre de 2009.</p> <p>&ldquo;De los amplios poderes, rec&iacute;procamente conferidos por las partes en la escritura de 29 de diciembre de 1973, no cabe interpretar que el sentido o la finalidad de los mismos, m&aacute;xime en una sociedad de base familiar, fuese facultar a cualquiera de ellos para comprar para s&iacute;, o para su esposa, las participaciones de los dem&aacute;s, sin consentimiento de &eacute;stos, alterando el equilibrio de la sociedad en beneficio propio.&nbsp;Extremo, que claramente excede de las facultades de gesti&oacute;n otorgadas y que requieren del consentimiento o acuerdo con los dem&aacute;s part&iacute;cipes de la sociedad&rdquo;, indica la resoluci&oacute;n.</p> <p>&ldquo;En este sentido, ni don Emilio, ni do&ntilde;a Mar&iacute;a Dolores, transmitieron instrucci&oacute;n alguna para que don Santiago procediera, por su cuenta y sin su consentimiento, a vender participaciones de su propiedad. Adem&aacute;s, las referidas compras de participaciones sociales se realizaron cuando ya hab&iacute;an surgido desavenencias entre los hermanos acerca de la gesti&oacute;n de la sociedad&rdquo;, a&ntilde;ade el Supremo.<br />Concluye el alto tribunal que, con dichas compras, Santiago Ybarra no actu&oacute; en inter&eacute;s de los mandatarios, sino en inter&eacute;s propio para detentar la mayor&iacute;a del capital y, en consecuencia, el control efectivo de la sociedad familiar.</p> <p>La Audiencia de Madrid, en la sentencia que parcialmente corrige el Supremo, estableci&oacute; adem&aacute;s la nulidad de la compraventa de participaciones sociales de Mezouna que, en noviembre de 2009, llev&oacute; a cabo Emilio Ybarra, manifestando actuar en representaci&oacute;n de su hermano Santiago, en favor de sus hijos, para contrarrestar las realizadas por su hermano en octubre del mismo a&ntilde;o. Esa nulidad establecida por la Audiencia se mantiene, ya que fue aceptada y no recurrida por Emilio Ybarra.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=9f25e3eacf425510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 06 Jun 2016 13:53:00 +0200 El Supremo condena a dos años de cárcel a un empresario de Zaragoza por la emisión de gases contaminantes en una planta tecnológica http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=f52de3eacf425510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de dos a&ntilde;os de c&aacute;rcel para un empresario zaragozano por la expulsi&oacute;n a la atm&oacute;sfera de gases contaminantes procedentes de frigor&iacute;ficos que eran triturados en una planta tecnol&oacute;gica en Zaragoza.</p> <p>El Supremo ratifica la inhabilitaci&oacute;n especial del empresario durante tres a&ntilde;os para el ejercicio de la profesi&oacute;n de gestor de residuos y confirma la pena de un a&ntilde;o de c&aacute;rcel para el encargado de la planta por el mismo delito.</p> <p>Tribunal Supremo resuelve con esta sentencia el recurso presentado por ambos condenados contra la sentencia dictada por la Secci&oacute;n VI de la Audiencia Provincial de Zaragoza, el 19 de noviembre de 2015, causa seguida por delitos contra el medio ambiente y recursos naturales.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=f52de3eacf425510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 06 Jun 2016 12:00:00 +0200 Condenado un teniente coronel que mandó correos sexuales desde una cuenta con perfil femenino a un sargento http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=46d1b831ea515510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha condenado a 1 a&ntilde;o de prisi&oacute;n a un teniente coronel del Ej&eacute;rcito de Tierra que cre&oacute; dos cuentas de correo electr&oacute;nico con nombre de mujer desde las cuales mand&oacute; mensajes de contenido &iacute;ntimo y sexual a un sargento primero. Previamente, el citado oficial hab&iacute;a accedido al buz&oacute;n de correo del mismo sargento primero, ayudado por otro teniente coronel que es condenado a 10 meses de prisi&oacute;n, donde hab&iacute;a conocido datos relativos a la vida privada del suboficial derivados de correos particulares que envi&oacute; a la p&aacute;gina de contactos &ldquo;El planazo&rdquo;. El citado sargento primero hab&iacute;a tenido amistad &iacute;ntima con una funcionaria civil del Ej&eacute;rcito que, al parecer, tambi&eacute;n tuvo relaci&oacute;n con el teniente coronel. &Eacute;ste tambi&eacute;n accedi&oacute; a mensajes intercambiados entre ella y el suboficial. Los hechos ocurrieron en el acuartelamiento de Loyola en San Sebasti&aacute;n entre 2007 y 2008.</p> <p>Los dos tenientes coroneles, que cuando sucedieron los hechos eran comandantes, son condenados por un delito consumado de extralimitaci&oacute;n en el ejercicio del mando, en su modalidad de comisi&oacute;n de abuso grave mediante prevalimiento del empleo o destino. El Supremo rechaza sus recursos y confirma la sentencia dictada en diciembre de 2015 por el Tribunal Militar Central.</p> <p>Seg&uacute;n indican los hechos probados de la sentencia, el entones comandante Pablo B. R. ten&iacute;a la condici&oacute;n de coordinador inform&aacute;tico del Ej&eacute;rcito de Tierra, y como tal gestionaba los equipos, programas y sistemas inform&aacute;ticos usados por las personas destinadas en el acuartelamiento de Loyola, incluida la solicitud de asignaci&oacute;n de archivos identificadores ID y las contrase&ntilde;as para acceso al correo electr&oacute;nico oficial o corporativo del personal militar y civil.</p> <p>En la misma &eacute;poca, el entonces comandante V. Z.P., estaba destinado en una unidad en "Loyola", y bajo su inmediata dependencia prestaban sus servicios el hoy Subteniente y en aquella &eacute;poca Sargento primero R.F.M. y la funcionaria civil M. I. L. P., que hab&iacute;an mantenido entre ambos una relaci&oacute;n de amistad &iacute;ntima.</p> <p>El d&iacute;a 10 de abril de 2007, sin que mediase previa petici&oacute;n de ninguno de los dos usuarios ni concurriese ninguna de las tres &uacute;nicas causas susceptibles de amparar la solicitud (alta, p&eacute;rdida o caducidad), el hoy Teniente Coronel Pablo B.R., pidi&oacute; al Ministerio de Defensa la remisi&oacute;n por p&eacute;rdida de copia de archivos identificadores "ID" para el suboficial y la funcionaria citados, que fueron remitidos, lo que llevaba aparejada la asignaci&oacute;n autom&aacute;tica a cada archivo ID de una contrase&ntilde;a para el acceso al correo electr&oacute;nico oficial del correspondiente usuario.</p> <p>De este modo, los archivos identificadores y las correspondientes contrase&ntilde;as de acceso al correo electr&oacute;nico de esas dos personas fueron conocidos por el entonces Comandante B. R., que sin motivo alguno distinto de su propia y exclusiva voluntad los facilit&oacute;, a petici&oacute;n de &eacute;ste, al tambi&eacute;n procesado Comandante Z.P., &ldquo;que al parecer tambi&eacute;n manten&iacute;a o hab&iacute;a mantenido alg&uacute;n tipo de relaci&oacute;n m&aacute;s all&aacute; de la estrictamente profesional con la se&ntilde;ora Luna Paz.</p> <p>Los hechos prosiguen as&iacute;: &ldquo;Una vez en posesi&oacute;n de dicha informaci&oacute;n, el entonces Comandante Z.P. procedi&oacute; a acceder, en el periodo comprendido entre el 10 de abril de 2007 y el 28 de abril de 2008, al buz&oacute;n de correo electr&oacute;nico del Sargento primero, conociendo as&iacute; informaciones y datos relativos a su vida privada contenidos en correos electr&oacute;nicos particulares derivados de contactos establecidas por el Suboficial en una p&aacute;gina de contactos denominada "el planazo". Tambi&eacute;n accedi&oacute; al buz&oacute;n de correo electr&oacute;nico de la se&ntilde;ora L.P. y conoci&oacute; mensajes intercambiados entre ella y el entonces Sargento primero F. M.</p> <p>Los d&iacute;as primero y 29 de marzo de 2008, &ldquo;el procesado Z.P. procedi&oacute; a crear dos cuenta de correo electr&oacute;nico con perfiles aparentemente femeninos desde las que entre los d&iacute;as 06 de marzo y 25 de abril de 2008 dirigi&oacute; al correo electr&oacute;nico del entonces Sargento primero diversos mensajes de contenido &iacute;ntimo, algunos de &iacute;ndole claramente sexual, en varios de los cuales insist&iacute;a en que le remitiera fotograf&iacute;as en las que se le viera la cara y de los que se deduce que el Suboficial ya le hab&iacute;a envidado algunas fotograf&iacute;as en las que no mostraba su rostro pero s&iacute; ense&ntilde;aba otra parte &iacute;ntima de su anatom&iacute;a&rdquo;.</p> <p>La sentencia del Supremo destaca que el teniente coronel V. Z.P. &ldquo;se prevali&oacute; de su empleo o destino (&hellip;) para que el entonces Comandante B.R. le proporcionase &laquo;los archivos identificadores y las correspondientes contrase&ntilde;as de acceso al correo electr&oacute;nico&rdquo;. Y a&ntilde;ade que tambi&eacute;n concurre el prevalimiento en el entonces Comandante B.R. que &ldquo;ostentaba la condici&oacute;n de coordinador inform&aacute;tico del Ej&eacute;rcito de Tierra&rdquo; y que aprovech&oacute; la ventaja que le confer&iacute;a su empleo y destino para obtener &ldquo;los archivos identificadores y las correspondientes contrase&ntilde;as de acceso al correo.</p> <p>Asimismo, explica la sentencia, concurre el elemento del abuso grave, pues no hay duda de que lo es el obtener y facilitar los archivos identificadores y las contrase&ntilde;as de unos correos electr&oacute;nicos de terceras personas, mediante los que se puede acceder a sus contenidos con directa afectaci&oacute;n a la intimidad y a la vida privada y/o, al menos, sin duda, puede quebrantarse el secreto de las comunicaciones (art. 18.3 de la Constituci&oacute;n). Adem&aacute;s, los hechos probados relatan que efectivamente debido a la tenencia de los archivos y contrase&ntilde;as el entonces Comandante Z.P. pudo acceder a los buzones de correo electr&oacute;nico de don R. y do&ntilde;a M. I. y conocer as&iacute; informaciones y datos relativos a la vida privada de &eacute;stas contenidos en correos particulares.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=46d1b831ea515510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 03 Jun 2016 13:00:00 +0200 El Supremo confirma la sanción y liquidación del impuesto de dos millones de euros al constructor Enrique Ortiz correspondientes a su yate http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=d38a05029f015510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado una sanci&oacute;n de Hacienda de 860.341 euros a la empresa del constructor Enrique Ortiz, as&iacute; como la liquidaci&oacute;n, por importe de 1,2 millones de euros, del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, ejercicio 2008, correspondientes a su yate &lsquo;Elena&rsquo;, de 36 metros de eslora.</p> <p>El Supremo ratifica la sentencia de la Audiencia Nacional que desestim&oacute; las reclamaciones econ&oacute;mico-administrativas deducidas contra los acuerdos de liquidaci&oacute;n y de imposici&oacute;n de sanci&oacute;n, dictados por la Dependencia de Control Tributario y Aduanero de la Delegaci&oacute;n Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Estatal de Administraci&oacute;n Tributaria, por el concepto del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, ejercicio 2008, por importes respectivos de 1.234.584,16 euros y de 860.341 euros.</p> <p>La Inspecci&oacute;n levant&oacute; acta de disconformidad en relaci&oacute;n con el Buque &lsquo;Elena&rsquo; de la marca Benetti, modelo Classic 120 HIN, 110, de 36,6 metros de eslora, por su utilizaci&oacute;n en actividades de navegaci&oacute;n privada de recreo en el &aacute;mbito territorial de aplicaci&oacute;n del Impuesto Especial sobre determinados Medios de Transporte, sin haber solicitado la primera matriculaci&oacute;n definitiva en Espa&ntilde;a dentro del plazo de los 30 d&iacute;as siguientes al inicio de su utilizaci&oacute;n.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=d38a05029f015510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 02 Jun 2016 14:20:00 +0200 El Tribunal Supremo avala el Real Decreto y la Orden ministerial que regulan las instalaciones de energía renovable y los parámetros retributivos http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=197a7d6623e05510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha dictado tres sentencias desestimatorias de sendos recursos promovidos contra el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producci&oacute;n de energ&iacute;a el&eacute;ctrica a partir de fuentes de energ&iacute;a renovables, cogeneraci&oacute;n y residuos, y contra la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los par&aacute;metros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producci&oacute;n de energ&iacute;a.</p> <p>Las tres sentencias rechazan los recursos y cuentan con dos votos particulares firmados por 3 magistrados.</p> <p>Se adjunta nota informativa de la Sala.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=197a7d6623e05510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 02 Jun 2016 09:00:00 +0200 El Tribunal Supremo confirma la condena de un año prisión a un empresario de Algete (Madrid) por delito contra el medio ambiente http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=a63693e40ab05510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a un a&ntilde;o de prisi&oacute;n y multa de 3.650 euros al due&ntilde;o de una empresa de Algete, que se dedicaba al tratamiento y recubrimiento de metales, por los vertidos de l&iacute;quidos procedentes de dicha actividad, que superaron en m&aacute;s de diez veces lo permitido, produciendo un grave da&ntilde;o al medio ambiente.</p> <p>Los hechos probados recogen que el empresario condenado no ten&iacute;a licencia municipal para ejercer la citada actividad -en una parcela de 9000 metros situada en el t&eacute;rmino municipal de dicha localidad- ni autorizaci&oacute;n de la Confederaci&oacute;n Hidrogr&aacute;fica del Tajo ni estaba inscrito en el Registro de Establecimientos de la Comunidad de Madrid. Las instalaciones de la empresa eran obsoletas, empleando una maquinaria y un sistema de evacuaci&oacute;n de residuos y de depuraci&oacute;n de aguas con notables deficiencias que no pod&iacute;an evitar los vertidos.</p> <p>La sentencia subraya que en el caso de los metales pesados se hac&iacute;an en una arqueta que no recog&iacute;a todo lo que se derramaba al exterior con el peligro de que pudieran llegar al agua y por la cadena tr&oacute;fica o alimentaria, dar problemas de tipo renal, y por el cromo, producir c&aacute;ncer de pulm&oacute;n. A pesar de las inspecciones que se le hicieron desde el 2002, el empresario condenado, que conoc&iacute;a las deficiencias y las infracciones cometidas, continu&oacute; con su actividad hasta 2010.</p> <p>La Sala Segunda desestima el recurso de casaci&oacute;n interpuesto por el fiscal, que hab&iacute;a pedido que se impusiera al condenado una pena de cinco a&ntilde;os y seis meses de prisi&oacute;n, por el tipo agravado de riesgo de grave perjuicio para la salud. La sentencia afirma que una condena por el citado tipo agravado supondr&iacute;a una violaci&oacute;n del principio acusatorio al no haberse formulado acusaci&oacute;n espec&iacute;fica y concreta por tal delito que generar&iacute;a indefensi&oacute;n al condenado.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=a63693e40ab05510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 01 Jun 2016 14:29:00 +0200 El Tribunal Supremo condena a CAF a pagar 10,6 millones a otra empresa por el retraso en la entrega de nueve locomotoras http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=045b898d57605510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Tribunal Supremo ha condenado a la empresa constructora de ferrocarriles CAF, S.A., a pagar 10,6 millones de euros a Ferrocarriles del Suroeste, S.A. (FESUR) al dar por resuelto el contrato de compraventa de nueve locomotoras por el retraso en el cumplimiento de los plazos de entrega. Del dinero total que tendr&aacute; que abonar CAF a FESUR, 9,1 millones de euros corresponden a la restituci&oacute;n del importe pagado anticipadamente por la compradora (FESUR), que era un 30 por ciento del precio total del contrato, de 30,5 millones de euros. A esa cantidad de 9,1 millones se suman 1,5 millones de euros en concepto de indemnizaciones por: da&ntilde;os derivados de los costes incurridos por la celebraci&oacute;n de contratos de leasing (1 mill&oacute;n de euros), por la celebraci&oacute;n de contratos de financiaci&oacute;n (442.000 euros) y contratos de pr&eacute;stamos (34.800 euros).</p> <p>El Supremo estima el recurso de casaci&oacute;n de FESUR contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Guip&uacute;zcoa, que dio la raz&oacute;n a CAF al considerar la plena vigencia del contrato de fabricaci&oacute;n y suministro de las nueve nueve locomotoras BITRAC CC 3600, firmado el 4 de septiembre de 2007.</p> <p>El alto tribunal entiende que s&iacute; debe considerarse resuelto el contrato, como reclam&oacute; en 2010 FESUR ante el retraso de diez meses en la entrega de los bienes, que el Supremo juzga &ldquo;muy considerable&rdquo; en las exigencias propias del tr&aacute;fico mercantil, teniendo en cuenta que CAF no s&oacute;lo incumpli&oacute; los plazos de entrega inicialmente previstos, sino tambi&eacute;n los incluidos en su propia propuesta de reprogramaci&oacute;n del calendario de entregas (que FESUR no acept&oacute;).</p> <p>El Supremo confirma el pronunciamiento que hizo inicialmente el Juzgado de Primera Instancia n&uacute;mero 4 de Tolosa (Guip&uacute;zcoa), que ya dio la raz&oacute;n a FESUR, aunque lo corrige al considerar que no procede condenar adem&aacute;s a CAF a indemnizar con 1,5 millones de euros adicionales por el concepto de liquidaciones de contratos de cobertura de tipos de inter&eacute;s, ni al pago de 1,6 millones por penalizaci&oacute;n por retraso en la entrega de las locomotoras.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=045b898d57605510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 31 May 2016 13:00:00 +0200 El Tribunal Supremo obliga a la Junta de CyL a pagar 200.000 euros a un niño que sufre parálisis cerebral por daños sufridos durante el parto http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=a10e842799505510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha condenado a la Comunidad Aut&oacute;noma de Castilla y Le&oacute;n, y solidariamente a Z&uacute;rich Insurance PLC Espa&ntilde;a, a pagar 200.000 euros, en concepto de responsabilidad patrimonial, por los da&ntilde;os y perjuicios derivados de las graves lesiones sufridas por un beb&eacute; durante el parto. La sentencia estima el recurso de casaci&oacute;n interpuesto por los padres contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le&oacute;n que confirm&oacute; la orden de la Consejer&iacute;a de Sanidad denegando la indemnizaci&oacute;n. El Tribunal Supremo anula dicha sentencia que concluy&oacute; que la actuaci&oacute;n m&eacute;dica fue correcta y ajustada a lex artis.</p> <p>Los hechos ocurrieron en el Hospital General de Yag&uuml;e de Burgos, donde la madre, que estaba en la semana 41, ingres&oacute; para un parto inducido. A las 9,30 de la ma&ntilde;ana del d&iacute;a 3 de noviembre de 2006, la trasladaron a la sala de dilataci&oacute;n tras romper la bolsa de forma espont&aacute;nea. Durante seis horas de parto inducido - entre 10,15 horas hasta 16,21 horas- el patr&oacute;n de frecuencia fetal fue normal, pero seg&uacute;n los hechos probados, a las 16,48 se produjo el primer signo de compromiso fetal al sufrir una bradicardia de unos 6 minutos de duraci&oacute;n con latido cardiaco menor de 100 por minuto. Sobre las 17,10 horas, sufri&oacute; una nueva bradicardia y, al constatar que se hab&iacute;a producido un desprendimiento precoz de placenta, se realiza a la madre una ces&aacute;rea de urgencia a las 17,19 horas. El ni&ntilde;o sufre par&aacute;lisis cerebral esp&aacute;stica, retraso psicomotor y s&iacute;ndrome de West.</p> <p>La Sala Tercera en su sentencia afirma que de la prueba pericial se deduce que el episodio de bradicardia a las 16,48 horas, que dur&oacute; siete minutos o siete minutos y medio con latido cardiaco de menos de 100 por minuto, fue el primer signo de compromiso fetal. A&ntilde;ade que la decisi&oacute;n de no practicar la ces&aacute;rea entonces, y continuar con el parto -inducido-, supuso para la madre, pero sobre todo para el beb&eacute;, "una grave p&eacute;rdida de oportunidad terap&eacute;utica de evitar un desenlace tan grave como el que se produjo como consecuencia de la hip&oacute;xia padecida por el feto". Lo que s&iacute; se puede afirmar con certeza es que era una opci&oacute;n perfectamente indicada al caso, que con un porcentaje de probabilidades muy alto habr&iacute;a evitado o aminorado la situaci&oacute;n de asfixia perinatal del feto y las severas complicaciones neurol&oacute;gicas que sufre el ni&ntilde;o, subraya la sentencia. Asimismo, considera que la p&eacute;rdida de oportunidad que sufri&oacute; el beb&eacute; es consecuencia directa de la decisi&oacute;n terap&eacute;utica que adoptaron los ginec&oacute;logos y personal sanitario que atendieron el parto.</p> <p>Los padres solicitaban una indemnizaci&oacute;n de 350.000 euros, m&aacute;s una renta vitalicia de 3000 euros mensuales, o en caso de no fijarse cantidad alguna por este extremo, elevar la indemnizaci&oacute;n a 550.000 euros. Sin embargo, la Sala obliga a la Comunidad Aut&oacute;noma a pagar una cantidad inferior porque considera que no son indemnizables los gastos por adaptaci&oacute;n de vivienda y de veh&iacute;culo al no haberse acreditado la efectiva realizaci&oacute;n de los mismos.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=a10e842799505510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 31 May 2016 09:00:00 +0200 El Supremo rechaza la ampliación del campo de golf ‘El Plantío’ de Alicante http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=b7dd65098fce4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>Tres sentencias de la Sala de lo Contencioso-administrativo han avalado la anulaci&oacute;n del acuerdo del Gobierno valenciano que autoriz&oacute;, en mayo de 2010, la ampliaci&oacute;n del campo de golf de El Plant&iacute;o en Alicante.</p> <p>Las sentencias rechazan los recursos de la Generalitat valenciana y de la sociedad El Plant&iacute;o Golf Resort, S.L., contra la resoluci&oacute;n del Tribunal Superior de Justicia de Valencia que anul&oacute;, por ser contrario a derecho, el acuerdo del Consell de 7 de mayo de 2010 que aprob&oacute; la ordenaci&oacute;n urban&iacute;stica y declaraci&oacute;n de inter&eacute;s comunitario (DIC) relativa a la atribuci&oacute;n de uso y aprovechamiento solicitado por la mercantil Royal Class Report, S.L., para la actuaci&oacute;n integral &lsquo;Green Valley Golf Resort&rdquo;, adjudic&aacute;ndose a la mercantil &ldquo;El Plant&iacute;o Golf Resort, S.L.&rdquo;.</p> <p>El citado acuerdo fue anulado por el TSJ valenciano a instancias de Federaci&oacute;n de Ecologistas en Acci&oacute;n del Pa&iacute;s Valenciano, Esquerra Unida-EUPV, y varios particulares.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=b7dd65098fce4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 26 May 2016 14:30:00 +0200 El Supremo rechaza dos recursos para compensar a las concesionarias de las autopistas R2 y R4 por el sobrecoste de las expropiaciones http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=df3622edfcce4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Contencioso-administrativo ha rechazado, en dos sentencias, los recursos de las sociedades Henarsa (concesionaria de la autopista radial de Madrid R2) y Autopista Madrid Sur Concesionaria Espa&ntilde;ola, S.A. (concesionaria de la R4) contra la denegaci&oacute;n por parte del Gobierno, entre 2011 y 2013, de varios pr&eacute;stamos participativos por el sobrecoste de las expropiaciones.</p> <p>Seg&uacute;n se especifica en la sentencia relativa a Henarsa, esta sociedad reclamaba que la Administraci&oacute;n fuese condenada a abonarle dichos pr&eacute;stamos por un total de 97,8 millones de euros m&aacute;s intereses.</p> <p>Las dos sociedades, en sus recursos, basaban su petici&oacute;n de pr&eacute;stamos participativos en la Disposici&oacute;n Adicional 41 de la Ley 26/2009, de Presupuestos Generales del Estado, para 2010, que reconoce a las concesionarias de una serie de autopistas, entre las que se inclu&iacute;a las suyas, un derecho al reequilibrio financiero de la concesi&oacute;n, derivado de la ruptura de la econom&iacute;a del contrato producida por sobrecoste de las expropiaciones.</p> <p>La decisi&oacute;n del Supremo se basa en que la disposici&oacute;n adicional 41 de la Ley 26/2009 no prev&eacute; que empresas concesionarias en situaci&oacute;n de concurso pueda ser beneficiarias de uno de estos cr&eacute;ditos participativos (definidos como instrumentos de financiaci&oacute;n ventajosos).</p> <p>Las dos sentencias cuentan con votos particulares de 3 de los 7 magistrados que formaron el tribunal, partidarios de haber estimado los recursos y dado la raz&oacute;n a las sociedades concesionarias.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=df3622edfcce4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 26 May 2016 14:00:00 +0200 El Tribunal Supremo condena al BBVA a indemnizar a un cliente por hacer una transferencia a su nombre sin comprobar la autenticidad de la firma http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=e16581c57a7e4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Civil ha condenado al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria a devolver 117.249,25 euros a un cliente por realizar una transferencia a su nombre sin comprobar la autenticidad de la firma del fax que se recibi&oacute; en una sucursal de la entidad bancaria ordenando la operaci&oacute;n.</p> <p>La sentencia considera que el banco no despleg&oacute; toda la diligencia profesional exigible a una entidad bancaria en sus deberes de gesti&oacute;n y custodia de una cuenta corriente al no llamar por tel&eacute;fono al titular de la misma para cerciorarse de la veracidad de la citada orden de transferencia.</p> <p>A&ntilde;ade que en este caso la comprobaci&oacute;n de la firma por parte del banco resulta m&aacute;s evidenciada no s&oacute;lo por lo dispuesto en el art&iacute;culo 255 del C&oacute;digo de Comercio que impone al comisionista el deber de consultar al comitente "en lo no previsto y prescrito expresamente", sino tambi&eacute;n por las circunstancias que se dieron.<br />Tiene en cuenta que el titular de la cuenta, antes de la orden de transferencia, s&oacute;lo efectuaba ingresos y no retiraba fondos, que la citada orden se realiz&oacute; por un medio no habitual como es el fax y que presentaba claras irregularidades en el nombre del beneficiario y en su n&uacute;mero de cuenta, y adem&aacute;s no aportaba los datos de identificaci&oacute;n del ordenante.</p> <p>Del mismo modo, se&ntilde;ala que el contrato que firmaron ambas partes para la apertura del Libret&oacute;n BBVA no contemplaba este medio de pago. La cl&aacute;usula segunda del mismo, relativa a la utilizaci&oacute;n de la cuenta, establec&iacute;a que s&oacute;lo ser&aacute; disponible a trav&eacute;s de los medios que las partes convengan. La cl&aacute;usula tres recog&iacute;a que las &oacute;rdenes emitidas a distancia por el titular, o remitidas por el banco a aqu&eacute;l, por telegrama, tel&eacute;fono, telefax y cualquier otro medio telem&aacute;tico ser&aacute;n cumplimentadas &uacute;nicamente cuando vengan acompa&ntilde;adas de las claves, requisitos t&eacute;cnicos o indicaciones previamente establecidas.</p> <p>Los hechos considerados probados ocurrieron en 2005 cuando en una oficina del BBVA de la calle Gran V&iacute;a de Madrid se recibi&oacute; un fax, aparentemente del titular de la cuenta, ordenando la transferencia por importe de 116.898 euros a favor de una sociedad. El banco realiz&oacute; la operaci&oacute;n a pesar de que la orden no ten&iacute;a membrete ni datos de identificaci&oacute;n del ordenante y tampoco recog&iacute;a con exactitud el nombre de la empresa beneficiaria y su n&uacute;mero de cuenta; datos que fueron corregidos por la entidad al tratarse a su vez de un cliente suyo.</p> <p>El juzgado de instancia sentenci&oacute; que hubo negligencia por parte del banco y deneg&oacute; la prueba pericial caligr&aacute;fica solicitada por el cliente porque era imposible realizarla al tratarse de un fax recibido por la sucursal del que s&oacute;lo hab&iacute;a copia.</p> <p>La Audiencia Provincial de Madrid, en cambio, dio la raz&oacute;n a la entidad bancaria y mantuvo que la &uacute;nica forma de acreditar que la firma no correspond&iacute;a al titular, y que se hab&iacute;a incumplido el contrato, era haber practicado una pericial.</p> <p>La Sala de lo Civil estima el recurso extraordinario por infracci&oacute;n procesal interpuesto contra dicha sentencia por el titular de la cuenta en el que alega que la sentencia recurrida hace recaer en &eacute;l, de forma indebida, la carga de probar la falsedad de la firma inserta en el fax pese a no existir un original de la supuesta orden de transferencia.</p> <p>De acuerdo con su doctrina, la sentencia indica que es incorrecta y desproporcionada la imputaci&oacute;n al cliente de los efectos negativos de la falta de la prueba que hace la Audiencia Provincial de Madrid, ya que no tuvo ninguna oportunidad de disponibilidad y facilidad probatoria sobre este hecho, pues aunque solicit&oacute; la pericial caligr&aacute;fica no ten&iacute;a el original que era necesario para practicarla con cierto grado de garant&iacute;a.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=e16581c57a7e4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 25 May 2016 16:00:00 +0200 Condenada la responsable de una academia de inglés de Valencia por engañar a una universidad escocesa http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=b33f7d7a747e4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a tres a&ntilde;os y seis meses de prisi&oacute;n a una profesora de ingl&eacute;s que administraba una academia valenciana, por estafar a una universidad escocesa.</p> <p>Seg&uacute;n la sentencia, la docente enga&ntilde;&oacute; a la Universidad de St. Andrews, en Edimburgo, con la organizaci&oacute;n de cursos de ingl&eacute;s para estudiantes espa&ntilde;oles durante al menos dos a&ntilde;os.</p> <p>La condenada envi&oacute; alumnos espa&ntilde;oles a este centro educativo escoc&eacute;s, pero no abon&oacute; la totalidad de los importes de los cursos concertados, bajo el pretexto de que las estancias correspond&iacute;an a un convenio firmado entre su academia y el Ayuntamiento de Valencia, quien no hab&iacute;a abonado el dinero conveniado.</p> <p>El Tribunal Supremo confirma as&iacute; la sentencia de la Secci&oacute;n Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia, que tambi&eacute;n contempla una indemnizaci&oacute;n de m&aacute;s de 300.000 euros para la universidad estafada.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=b33f7d7a747e4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 25 May 2016 12:45:00 +0200 Anulada la sanción al Partido Aragonés por haber recibido donaciones anónimas http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=dbad61be41ec4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala III del Tribunal Supremo ha anulado el acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas, de 30 de abril de 2015, que impuso al Partido Aragon&eacute;s una multa de 164.960 euros por haber recibido donaciones an&oacute;nimas. La causa de la anulaci&oacute;n es que los hechos imputados a la formaci&oacute;n pol&iacute;tica estaban prescritos.</p> <p>La sentencia destaca que no es ajena a las dificultades de persecuci&oacute;n de determinadas infracciones y a la frustraci&oacute;n social que puede producir una soluci&oacute;n como la de este caso &ldquo;si se tiene en cuenta la gran preocupaci&oacute;n ciudadana existente sobre el problema de la financiaci&oacute;n irregular de los partidos pol&iacute;ticos&rdquo;.</p> <p>Por eso, destaca &ldquo;la extra&ntilde;eza que provoca que una regulaci&oacute;n de tanta transcendencia fuese inicialmente aprobada con esas importantes omisiones e imperfecciones (buena prueba de ello son las dos important&iacute;simas modificaciones a que ha sido sometida la Ley Org&aacute;nica 8/2007 en un breve espacio de tiempo)&rdquo;. Pero indica que &ldquo;no es posible subsanar esas carencias normativas con una labor de pura hermen&eacute;utica jur&iacute;dica cuando &eacute;sta resulta incompatible con lo que demandan determinadas garant&iacute;as que tienen, nada m&aacute;s y nada menos, el rango de derecho fundamental&rdquo;.</p> <p>La sentencia cuenta con el voto particular de uno de los siete magistrados que la han dictado, Jos&eacute; Manuel Sieira, partidario de haber confirmado la sanci&oacute;n.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=dbad61be41ec4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 20 May 2016 14:30:00 +0200 El Supremo avala la ordenanza que prohíbe el nudismo en las playas urbanas de Cádiz http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=dbaed3532bdc4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala III del Tribunal Supremo ha avalado la Ordenanza municipal de uso y disfrute de las playas de C&aacute;diz, aprobada en el pleno del Ayuntamiento el 3 de julio de 2009, que proh&iacute;be la pr&aacute;ctica del nudismo en las playas que tengan la consideraci&oacute;n de urbanas, y lo permite en las clasificadas como naturales sin protecci&oacute;n especial siempre y cuando existiese una zona habilitada para ello. La misma Ordenanza tipifica como infracci&oacute;n administrativa leve la pr&aacute;ctica del nudismo en sus playas urbanas.</p> <p>El Supremo rechaza el recurso de la Federaci&oacute;n Espa&ntilde;ola de Naturismo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc&iacute;a, de 19 de diciembre de 2013, que ya aval&oacute; la capacidad del Ayuntamiento gaditano para establecer dichas limitaciones.</p> <p>El alto tribunal argumenta que la actitud personal consistente en estar desnudo en un espacio p&uacute;blico, como la playa, no constituye manifestaci&oacute;n del derecho fundamental a la libertad ideol&oacute;gica previsto en el art&iacute;culo 16 de la Constituci&oacute;n. Por eso, a&ntilde;ade, la entidad local puede limitar el ejercicio de tal actividad, prohibi&eacute;ndola y sancion&aacute;ndola administrativamente, por estar habilitada por la Ley Reguladora de las Bases de R&eacute;gimen Local y por afectar directa e inmediatamente a las relaciones de convivencia de inter&eacute;s local a las que esa norma se refiere.</p> <p>Resalta tambi&eacute;n el Supremo que la limitaci&oacute;n y la infracci&oacute;n previstas en la Ordenanza municipal recurrida no pueden reputarse discriminatorias, ni contrarias a los principios de legalidad y tipicidad. Y tampoco suponen el acogimiento de un concepto excluyente de familia, ni desconocen los avances sociales en el concepto de costumbres generalmente admitidas, ni, en fin, reintroducen en nuestro ordenamiento el delito de esc&aacute;ndalo p&uacute;blico.</p> <p>La Sala reproduce los argumentos ya esgrimidos frente a recursos contra ordenanzasde prohibici&oacute;n de nudismo referidos a Barcelona, Valladolid y la localidad de Castella-Platja de Aro.</p> <p>En el caso de C&aacute;diz, los dos art&iacute;culos de la Ordenanza de 2009 que afectan a este asunto se&ntilde;alan:</p> <p>&ldquo;Art&iacute;culo 14.- NORMAS GENERALES. La utilizaci&oacute;n del dominio p&uacute;blico mar&iacute;timo terrestre, ser&aacute; libre, p&uacute;bli-ca y gratuita, para los usos comunes y acordes con la naturaleza de aqu&eacute;l, tales como estar, pasear, ba&ntilde;ar-se, y otros semejantes que no requieran obras o instalaciones de ning&uacute;n tipo, y siempre que estas activida-des se realicen de acuerdo con lo dispuesto en las Leyes y Reglamentos y en la presente Ordenanza, sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Costas y su Reglamento sobre las reservas demaniales.</p> <p>No obstante, se proh&iacute;be la pr&aacute;ctica del nudismo en las playas que tengan la consideraci&oacute;n de urbanas.<br />En las playas clasificadas como naturales sin protecci&oacute;n especial, se podr&aacute; practicar el nudismo siempre y cuando exista una zona habilitada para ello&rdquo;.</p> <p>&ldquo;Art&iacute;culo 30.- TIPIFICACI&Oacute;N DE INFRACCIONES. Constituyen infracciones administrativas las acciones u omisiones tipificadas por la normativa sectorial espec&iacute;fica como incumplimiento de deberes, prohibiciones, limitaciones u obligaciones contenidas en las mismas. En defecto de normativa espec&iacute;fica y de acuerdo con lo establecido en los Art. 139 y siguientes de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernizaci&oacute;n del Gobierno Local, se efect&uacute;a la siguiente clasificaci&oacute;n de infracciones:</p> <p>1.- Se consideran infracciones leves:<br />(&hellip;)<br />La pr&aacute;ctica del nudismo en las playas catalogadas como urbanas&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=dbaed3532bdc4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 20 May 2016 12:47:00 +0200 El Tribunal Supremo investigará a Francesc Homs por la consulta del 9N http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=000a4931c58c4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Tribunal Supremo ha abierto el procedimiento contra el exconseller de la Presidencia y portavoz del Gobierno de Catalu&ntilde;a, Francesc Homs, por delitos de desobediencia, prevaricaci&oacute;n y malversaci&oacute;n.</p> <p>La Sala hace suyo el criterio del fiscal y considera que existen indicios para investigar la conducta del aforado en los actos de preparaci&oacute;n de la votaci&oacute;n convocada para el 9N.</p> <p>En l&iacute;nea con el fiscal, la Sala rechaza la pretensi&oacute;n del juez instructor de la querella, que envi&oacute; toda la causa al Tribunal Supremo. Bas&aacute;ndose en su propia doctrina, los magistrados acuerdan acotar su investigaci&oacute;n al aforado y que el resto se mantenga en el Tribunal Superior de Justicia de Catalu&ntilde;a.</p> <p>Se nombra magistrado instructor al magistrado Andr&eacute;s Palomo.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=000a4931c58c4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 19 May 2016 11:30:00 +0200 El Supremo confirma la pena a un detenido en Canarias por enaltecer la figura de Bin Laden en videos que subía a 'YouTube' http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=1329b2095b3c4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de un a&ntilde;o y seis meses de c&aacute;rcel a I. E. M., detenido en San Bartolom&eacute; de Tirajana (Gran Canaria), por delito de enaltecimiento del terrorismo, por subir una treintena de v&iacute;deos al canal &lsquo;YouTube&rsquo; en los que se exalta a Osama Bin Laden, a quien se nombra como &lsquo;El im&aacute;n de los imanes&rsquo;, y al yihadismo en general. El Supremo rechaza &iacute;ntegramente el recurso del acusado contra la sentencia de la Audiencia Nacional que le conden&oacute;.</p> <p>El alto tribunal avala la actuaci&oacute;n del juez Central de Instrucci&oacute;n n&uacute;mero 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, que llev&oacute; el caso, al dictar las intervenciones del tel&eacute;fono del acusado y otras personas, y descarta aplicar al caso la atenuante de dilaciones indebidas por el hecho de que hubiese un sobreseimiento parcial y provisional de la causa, posteriormente levantado.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=1329b2095b3c4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 18 May 2016 14:08:00 +0200 El Tribunal Supremo condena a un policía que endosó una multa de tráfico suya a una vecina de Miranda de Ebro (Burgos) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=accde0bfe63c4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala II del Tribunal Supremo ha condenado a un polic&iacute;a nacional, captado por un radar cuando conduc&iacute;a su veh&iacute;culo particular a 90 km/h por la Castellana, por identificar falsamente como conductora del coche a una vecina de la localidad de Miranda de Ebro. La sentencia le condena por delito de intento de estafa a 3 meses de prisi&oacute;n.</p> <p>El alto tribunal anula la condena por el delito de descubrimiento y revelaci&oacute;n de secretos, que tambi&eacute;n apreci&oacute; en primera instancia la Audiencia de Madrid, al no considerar probado que los datos de dicha mujer los obtuviese el acusado de las bases de datos que ten&iacute;a a su disposici&oacute;n como agente de Polic&iacute;a. Por ello, la pena se rebaja de 2 a&ntilde;os y medio de c&aacute;rcel, a tres meses.</p> <p>Los hechos ocurrieron a las 4:28 horas del 23 de marzo de 2011, cuando el agente, al volante de su turismo, fue detectado en el Paseo de la Castellana, de Madrid, por un radar est&aacute;tico circulando a velocidad excesiva (91 kil&oacute;metros por hora, cuando el l&iacute;mite, al ser casco urbano, era de 50 km/h. La infracci&oacute;n, de car&aacute;cter grave, llevaba aparejada 500 euros de multa y 6 puntos del carn&eacute;.</p> <p>Al ser requerido para identificar al conductor, hizo constar en el impreso oficial, por s&iacute; mismo u otra persona a instancia suya, el nombre y direcci&oacute;n de una vecina de Miranda de Ebro (Burgos), que en marzo de 2012 recibi&oacute; una notificaci&oacute;n de Tr&aacute;fico detallando la p&eacute;rdida de puntos, lo que destap&oacute; el enga&ntilde;o. La mujer, en el momento de la captaci&oacute;n por el radar de la infracci&oacute;n de velocidad, se encontraba en Burgos.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=accde0bfe63c4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 18 May 2016 13:24:00 +0200 El Supremo confirma la pena 296 años de cárcel a Alberdi Uranga y Narváez Goñi por el atentado de ETA en Madrid que costó la vida a dos TEDAX http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=a45dcfbc6beb4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 296 a&ntilde;os de c&aacute;rcel impuesta por la Audiencia Nacional a Itziar Alberdi Uranga y Juan Jes&uacute;s Narv&aacute;ez Go&ntilde;i por el atentado de ETA con paquete-bomba que cost&oacute; la vida el 12 de junio de 1991 en Madrid a dos miembros de los TEDAX (especialistas en desactivaci&oacute;n de explosivos de la Polic&iacute;a Nacional) que intentaban desactivar el artefacto.</p> <p>El Supremo rechaza los recursos de los dos condenados, que consideraban vulnerado su derecho a la presunci&oacute;n de inocencia, y remarca que la Audiencia realiz&oacute; inferencias plenamente racionales a partir de las pruebas existentes para basar la condena.</p> <p>Alberdi Uranga y Narv&aacute;ez Go&ntilde;i fueron condenados, cada uno, por dos delitos de asesinato; diez de asesinato frustrado, y otro de estragos. Adem&aacute;s, tendr&aacute;n que indemnizar, de forma solidaria con el ya condenado por estos hechos Jos&eacute; Luis Urrusolo Sistiaga, con 350.000 euros a cada de una de las familias de las dos v&iacute;ctimas mortales, y con diferentes cantidades a los diez heridos, y con 122.000 euros a la Polic&iacute;a por da&ntilde;os materiales en sus veh&iacute;culos y equipos.</p> <p>El atentado fue perpetrado por el &lsquo;comando Ekaitz&rsquo; de ETA dentro de una campa&ntilde;a contra empresas que participaban en la construcci&oacute;n de la autov&iacute;a de Leizar&aacute;n. El paquete-bomba iba dirigido a una constructora en Madrid, pero no pudo entregarse porque dicha empresa hab&iacute;a cambiado de direcci&oacute;n. El env&iacute;o fue devuelto entonces a los locales de la empresa de transporte, Servitrans, que comprob&oacute; que el remite era falso y avis&oacute; a la Polic&iacute;a.</p> <p>El Supremo se&ntilde;ala que &ldquo;desde la consideraci&oacute;n de que el atentado se perpetr&oacute; por el comando Ekaitz, integrado al menos por Urrusolo Sistiaga y Nav&aacute;ez Go&ntilde;i, la sentencia de instancia recoge la plena acreditaci&oacute;n de los hechos base con los que se concluye que Itziar Alberdi pertenec&iacute;a al comando Ekaitz y que no son otros que: a) haber firmado ella el contrato de arrendamiento del piso de Valencia que estaba a disposici&oacute;n del comando y b) que nueve meses despu&eacute;s de esa contrataci&oacute;n se constatara que su vinculaci&oacute;n con el comando no hab&iacute;a sido s&oacute;lo de arranque, sino permanente, habida cuenta que en el registro que se realiz&oacute; entonces, no s&oacute;lo se encontraron explosivos y documentaci&oacute;n de ETA, sino que se encontraron huellas de Jos&eacute; Luis Urrusolo, de Juan Jes&uacute;s Narv&aacute;ez y de ella misma&rdquo;.</p> <p>A&ntilde;ade que &ldquo;la acreditaci&oacute;n de que Itziar Alberdi se integraba de manera estable en el comando que ejecut&oacute; la acci&oacute;n delictiva y que lo estuvo durante el tiempo en que se perpetraron los asesinatos, refleja que su alegaci&oacute;n de que la lista de empresas de trasporte pudo realizarse por finalidades dom&eacute;sticas o que pudo venir motivada por otra finalidad diferente del env&iacute;o del explosivo, es una construcci&oacute;n que no resulta fundadamente atendible por el mero hecho de resultar materialmente factible&rdquo;.</p> <p>&ldquo;La anotaci&oacute;n de la recurrente &ndash;contin&uacute;a la resoluci&oacute;n, de la que ha sido ponente el magistrado Pablo Llarena-- en la que se referenciaba la agencia de transporte desde la que precisamente se efectu&oacute; el env&iacute;o y en la que se describ&iacute;a el itinerario y la duraci&oacute;n de la expedici&oacute;n que sigui&oacute; el paquete bomba, coincide con otros elementos que le conectan directamente con la planificaci&oacute;n y ejecuci&oacute;n del atentado, como son: a) su pertenencia al comando, b) que a su compa&ntilde;ero de comando, Jos&eacute; Luis Urrusolo Sistiaga, se le incautara una nota con el nombre, el cargo y la direcci&oacute;n empresarial del destinatario y c) que su tambi&eacute;n compa&ntilde;ero de comando, Juan Jes&uacute;s Narv&aacute;ez Go&ntilde;i, fuera quien particip&oacute; en la confecci&oacute;n del paquete explosivo remitido&rdquo;. &ldquo;De este modo, se revalida la inferencia del Tribunal de instancia como plenamente racional y acorde con el material probatorio aportado&rdquo;, concluye la sentencia.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=a45dcfbc6beb4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 17 May 2016 16:05:00 +0200 El Supremo condena al Estado a pagar a Autopista del Sureste más de seis millones euros por sobrecostes en expropiaciones http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=e21a4ff9ff8a4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Tercera ha obligado al Estado a pagar a Autopista del Sureste, C.E.A., SA 6.761.122 euros, el importe de dos pr&eacute;stamos participativos, por el sobrecoste de las expropiaciones para la construcci&oacute;n de la autopista de peaje en el tramo de Alicante y Cartagena (tramo desde autov&iacute;a A7/ Alicante-Murcia).</p> <p>La sentencia concluye que la concesionaria no se encuentra sometida a procedimiento concursal por lo que no le afecta la prohibici&oacute;n de contratar y, aunque presentaba p&eacute;rdidas, justific&oacute; un incremento de capital social y el abono puntual de los intereses de un pr&eacute;stamo participativo anterior.</p> <p>Del mismo modo, afirma que lo m&aacute;s relevante es que ha justificado la obtenci&oacute;n de un pr&eacute;stamo mercantil para refinanciar su deuda, un hecho que permite en este caso no considerar ayuda estatal el pr&eacute;stamo antedicho, y que un inversor no p&uacute;blico ha considerado viable la actividad empresarial.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=e21a4ff9ff8a4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 13 May 2016 09:38:00 +0200 El Tribunal Supremo condena la censura previa por las empresas de los comunicados sindicales http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=e3ca23eb7a4a4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por Liberbank S.A. contra sentencia que declar&oacute; que una actuaci&oacute;n empresarial de bloqueo y censura de los comunicados sindicales en la intranet de la empresa constituye vulneraci&oacute;n de la libertad sindical y condena a cesar en ese comportamiento y a indemnizar al sindicato en 6.000 euros.</p> <p>La Sala respalda la libertad de expresi&oacute;n y difusi&oacute;n de comunicados a trav&eacute;s de la intranet empresarial como contenido esencial de la libertad sindical. Sobre el empresario pesa el deber de mantener al sindicato en el goce pac&iacute;fico de los instrumentos aptos para su acci&oacute;n sindical, siempre que tales medios existan, su utilizaci&oacute;n no perjudique la finalidad para la que fueron creados por la empresa y se respete la proporcionalidad de sacrificios.<br />En el presente caso en un acuerdo de conciliaci&oacute;n de 27 de diciembre de 2012, la empresa &ldquo;se compromete a publicar en la Intranet corporativa los comunicados emitidos por las Secciones Sindicales existentes en el banco sin ejercer el veto o control sobre la legalidad de los mismos y/o su veracidad o a si exceden de los l&iacute;mites informativos&rdquo;.</p> <p>El Tribunal Supremo parte de que no consta que la difusi&oacute;n de los comunicados rechazados perjudicase el sistema inform&aacute;tico y se trata de documentos que el sindicato desea hacer llegar a los trabajadores dentro de los fines que constitucionalmente le est&aacute;n asignados y que han de entenderse en sentido amplio, favoreciendo el ejercicio de tales derechos fundamentales.</p> <p>Se adjunta nota de la Sala.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=e3ca23eb7a4a4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 12 May 2016 13:16:00 +0200 El Tribunal Supremo condena al Estado a pagar 1,3 millones a la clínica Teknon por cobrarle IVA de más http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=b4640a0de5f94510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala III del Tribunal Supremo ha declarado el derecho de Teknon Healthcare, S.A., socio fundador de Centro M&eacute;dico Teknon de Barcelona, a ser indemnizada por el Estado en 1,3 millones de euros, m&aacute;s los intereses que correspondan, por responsabilidad patrimonial estatal derivada del incumplimiento del derecho comunitario en materia de IVA. En concreto, por incumplimiento de dos art&iacute;culos de la Sexta Directiva, de mayo de 1977, por el art&iacute;culo 79.5 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del IVA.</p> <p>El Supremo concluye que &ldquo;por parte del Reino de Espa&ntilde;a hubo una actuaci&oacute;n reiteradamente contraria al Derecho Europeo en la aplicaci&oacute;n de una norma que le constaba contraria al Derecho comunitario, y es que no pod&iacute;a ser desconocedora de la posible oposici&oacute;n del art&iacute;culo 79.5 de la Ley del IVA a la Sexta Directiva, ante todas las alegaciones que en tal sentido hizo la recurrente, pese a lo cual los &oacute;rganos administrativos competentes insistieron en mantener los actos administrativos recurridos por New Teknon S.A., aunque al mismo tiempo, por comunicaci&oacute;n cursada el 21 de junio de 2005, el Reino de Espa&ntilde;a solicit&oacute; autorizaci&oacute;n para establecer una medida de inaplicaci&oacute;n de las disposiciones de la Directiva 77/388/CEE, en relaci&oacute;n con la determinaci&oacute;n de la base imponible a efectos del IVA, lo que constituye un palmario reconocimiento de la situaci&oacute;n de infracci&oacute;n del Derecho comunitario, que a la luz de lo expuesto, hemos de reputar suficientemente caracterizada, por ser manifiesta y revestir indudable gravedad&rdquo;.</p> <p>A esta conclusi&oacute;n no obsta, indica la sentencia, que en otros litigios en que el Supremo ha analizado la existencia de infracci&oacute;n suficientemente caracterizada del derecho comunitario por el art&iacute;culo 79.5 de la Ley del IVA, en su redacci&oacute;n vigente hasta 2006, se haya llegado a declarar la inexistencia de una infracci&oacute;n manifiesta y grave, pues all&iacute; los recurrentes consintieron durante muchos a&ntilde;os la aplicaci&oacute;n de dicho art&iacute;culo, sin plantearse cuesti&oacute;n alguna sobre su licitud.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=b4640a0de5f94510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 11 May 2016 13:19:00 +0200 El Tribunal Supremo concede la custodia compartida a un hombre absuelto del delito de maltrato http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=cb4ce3934b584510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Primera del Tribunal Supremo ha estimado la petici&oacute;n de un hombre que reclam&oacute; la custodia compartida de su hija tras ser absuelto por la v&iacute;a penal de la denuncia de malos tratos y amenazas que interpuso contra &eacute;l su pareja. Con anterioridad se hab&iacute;an archivado otras diligencias penales en las que la mujer denunciaba al hombre por abuso contra la menor, resoluci&oacute;n que fue confirmada por la Audiencia Provincial bas&aacute;ndose en la pericial de los expertos del Juzgado y exploraciones de la menor, llevadas a cabo por el juez de Instrucci&oacute;n.<br />El Supremo se&ntilde;ala que la absoluci&oacute;n penal del delito de maltrato denunciado por uno de los c&oacute;nyuges respecto del otro es un cambio de circunstancias a los efectos del art&iacute;culo 90.3 del C&oacute;digo Civil, que debe valorarse ante una petici&oacute;n de custodia compartida de los hijos.</p> <p>La sentencia estima el recurso de un hombre que reclam&oacute; la modificaci&oacute;n de medidas acordadas en la sentencia de divorcio de su mujer, que atribuy&oacute; a &eacute;sta la custodia de la hija menor de edad de ambos. En el momento de dictarse esa sentencia de divorcio por un Juzgado de El Ejido (13 de junio de 2011), hab&iacute;a una denuncia de la madre contra el padre por malos tratos que hab&iacute;a dado lugar a la incoaci&oacute;n de causa penal.</p> <p>El alto tribunal estima el recurso del padre y otorga en este caso la custodia compartida, en inter&eacute;s del menor, al apreciarse un cambio significativo de las circunstancias que se tuvieron en cuenta cuando se adopt&oacute; el anterior sistema de custodia, que ya inclu&iacute;a un r&eacute;gimen de visitas al padre -todos los martes y jueves y fines de semana alternos-.</p> <p>As&iacute;, tiene en cuenta el informe de la psic&oacute;loga del Juzgado que aconsej&oacute; en diciembre de 2010 el sistema de custodia compartida, y otro informe, &eacute;ste de febrero de 2014 y elaborado por una psic&oacute;loga propuesta por el padre, que consideraba ese sistema como el m&aacute;s id&oacute;neo. Ambas profesionales oyeron a la menor e informaron sobre la misma.</p> <p>Tambi&eacute;n indica que la menor ten&iacute;a 5 a&ntilde;os de edad cuando se dict&oacute; la sentencia de divorcio, y que ahora tiene 10, un incremento de edad que "constituye en s&iacute; mismo una variable que aconseja un contacto m&aacute;s intenso con los dos progenitores". Adem&aacute;s, el Supremo recuerda que tras la sentencia de divorcio se ha modificado la jurisprudencia, de modo que ahora el alto tribunal considera la custodia compartida el sistema normal salvo excepciones.</p> <p>Y como tercer aspecto, "no menos importante a la hora de valorar el cambio de circunstancias" desde la sentencia de divorcio, el Supremo se&ntilde;ala que el padre fue absuelto del delito de maltrato habitual y amenazas por los que le denunci&oacute; la esposa.</p> <p>"Dicha absoluci&oacute;n -dice el Supremo- constituye un cambio significativo de las circunstancias, dado que fue uno de los elementos que motivaron la denegaci&oacute;n de la custodia compartida". Por todo ello, se establece en este caso el sistema de custodia de compartida "dada la capacitaci&oacute;n de los padres, su implicaci&oacute;n, la vinculaci&oacute;n de la hija con ambos progenitores y la proximidad de los domicilios".</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=cb4ce3934b584510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 06 May 2016 13:25:00 +0200 El Tribunal Supremo rechaza la petición de la SGAE de levantar cautelarmente la prohibición de cobrar el canon por conciertos http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=1cdc15c517674510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha rechazado la pretensi&oacute;n de la SGAE de que se levantase cautelarmente la prohibici&oacute;n que le impuso en noviembre de 2014 la Comisi&oacute;n Nacional de la Competencia de cobrar el 10 por ciento de la taquilla de los conciertos.</p> <p>La SGAE tiene recurrida ante la Audiencia Nacional la resoluci&oacute;n de Competencia -que adem&aacute;s de la prohibici&oacute;n de continuar con las pr&aacute;cticas que provocaron la sanci&oacute;n, impuso una multa a la sociedad de autores de 3,1 millones de euros- y solicit&oacute; que, hasta que no se resuelva sobre el fondo de su recurso, se suspendiese cautelarmente la prohibici&oacute;n de cobrar la tarifa.</p> <p>Argumentaba que una eventual sentencia estimatoria favorable a la SGAE ser&iacute;a ineficaz porque no podr&iacute;a volver a la tarifa actual ni recuperar el dinero no cobrado dada la fragilidad de las empresas promotoras de conciertos, que van desapareciendo del mercado con rapidez.</p> <p>El Supremo rechaza dichos argumentos y resalta que, en este supuesto, &ldquo;adem&aacute;s de concurrir intereses p&uacute;blicos derivados de la observancia del Derecho de la Competencia, se advierte que hay intereses de terceros que merecen protecci&oacute;n, que resultar&iacute;an gravemente afectados si eventualmente se adoptase la medida cautelar de suspensi&oacute;n de la ejecutividad de la orden de intimaci&oacute;n, al tener que seguir soportando la aplicaci&oacute;n de tarifas del 10 por ciento sobre sus ingresos que la resoluci&oacute;n de la Comisi&oacute;n Nacional de los Mercados y la Competencia considera excesivas, tal como aduce la defensa letrada de la Asociaci&oacute;n de Promotores Musicales (APM) en su escrito de oposici&oacute;n, frustr&aacute;ndose la finalidad de dicha resoluci&oacute;n de tratar de impedir que se perpet&uacute;en conductas abusivas en la aplicaci&oacute;n de tarifas&rdquo;.</p> <p>De esta forma, el alto tribunal ratifica la decisi&oacute;n anterior de la Audiencia Nacional de denegar la suspensi&oacute;n cautelar pedida por la SGAE. La Audiencia Nacional tambi&eacute;n se decant&oacute; a favor del inter&eacute;s general, &ldquo;que exige evitar que se produzca una explotaci&oacute;n abusiva de la posici&oacute;n de dominio que en el mercado mantiene la entidad sancionada, y que se perpet&uacute;e el cobro de tarifas calificadas como &ldquo;no equitativas y excesivas&rdquo;; inter&eacute;s que debe prevalecer frente al particular de la recurrente&rdquo;.</p> <p>Del mismo modo, destac&oacute; que &ldquo;la fragilidad de las empresas promotoras de los conciertos que invoca la actora abunda en la idea de que debe considerarse su inter&eacute;s como especialmente necesitado de amparo cautelar al resultar especialmente sensibles a la exigencia de tarifas excesivas o desproporcionadas&rdquo;.</p> <p>La Asociaci&oacute;n de Promotores Musicales reclam&oacute; que no se aceptara la suspensi&oacute;n pedida por la SGAE y, subsidiariamente, que se impusiera a la sociedad de autores una cauci&oacute;n de 54,1 millones de euros para cubrir los perjuicios que podr&iacute;an causarse a los promotores de conciertos.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=1cdc15c517674510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 03 May 2016 13:57:00 +0200 El TS archiva la causa de la exalcaldesa de Jerez y diputada María José García-Pelayo http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=cb69cbf8de164510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Tribunal Supremo ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa contra la ex alcaldesa de Jerez y diputada del PP Maria Jos&eacute; Garc&iacute;a-Pelayo en la pieza separada de G&uuml;rtel-Fitur por falta de indicios de responsabilidad penal en la actuaci&oacute;n de la entonces alcaldesa.</p> <p>Los hechos investigados se acotan al a&ntilde;o 2004, en relaci&oacute;n con determinados contratos administrativos para el desarrollo de FITUR de aquel a&ntilde;o, as&iacute; como otros expedientes para llevar a cabo actos en la Plaza Mayor de Madrid.</p> <p>El instructor en su auto no cuestiona la posible relevancia penal de los hechos investigados, ante el c&uacute;mulo de indicios que apuntan, seg&uacute;n explica en su resoluci&oacute;n, que la asignaci&oacute;n de esos contratos se hizo de forma voluntarista; fue una decisi&oacute;n arbitraria adoptada &ldquo; al margen de todo procedimiento legal, beneficiando a unas concretas empresas &ndash; tres- que resultaron adjudicatarias en virtud de una decisi&oacute;n tomada, sin respeto a los procedimientos y garant&iacute;as administrativas&rdquo;. El car&aacute;cter absolutamente irregular de aquella contrataci&oacute;n, seg&uacute;n el instructor, radica en la constataci&oacute;n de que la decisi&oacute;n de adjudicar los contratos a las tres empresas fue anterior a los propios expedientes, que se tramitaron despu&eacute;s de la celebraci&oacute;n de la Feria de Turismo.<br />Despu&eacute;s de exponer los hechos presuntamente delictivos, el juez analiza si existen indicios racionales y consistentes contra la entonces alcaldesa para concluir que no se le puede atribuir una conducta dolosa. El magistrado, tras constatar que la eficacia jur&iacute;dica de las decisiones est&aacute; ligada a la firma de la alcaldesa, descarta que lo hiciera a sabiendas de su arbitrariedad.</p> <p>El auto cita dos sentencias de la Sala de lo Penal que establecen que el delito de prevaricaci&oacute;n exige probatoriamente algo m&aacute;s que la pura constataci&oacute;n de la firma en una resoluci&oacute;n objetivamente arbitraria e injusta. El juez considera obvio que en determinados &aacute;mbitos tanto administrativos como empresariales se ha de operar con un principio de confianza en la labor de los escalones previos al &aacute;mbito estrictamente decisional, por lo que no es exigible que el alcalde de un ayuntamiento como el de Jerez, contraste y coteje con cada expediente todas y cada una de las decisiones o acuerdos que firma.</p> <p>En definitiva, el auto califica de &ldquo;cre&iacute;ble&rdquo; el testimonio de la investigada sobre su desconocimiento de &ldquo; toda esa trastienda de la que emana un fuerte aroma a irregularidades, tr&aacute;fico de influencias o decisiones opacas y, dicho castizamente, caciquiles, resultan no s&oacute;lo muy veros&iacute;miles sino adem&aacute;s sugestivas de acomodarse a lo m&aacute;s probable&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=cb69cbf8de164510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 29 Apr 2016 14:35:00 +0200 El TS anula la sentencia que condenó al hermano de exalcalde de Manises (Valencia) y envía el caso a la Audiencia Nacional http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=d9f79ff2a7754510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha anulado la sentencia de la Audiencia de Valencia, de 2 de junio de 2015, que conden&oacute; a dos a&ntilde;os de c&aacute;rcel a Carlos Crespo Calatrava por delito de blanqueo de capitales en una pieza desgajada del caso Emarsa, y establece que la competencia para el enjuiciamiento de dicho acusado es la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, al juzgarse en este caso un delito cometido por ciudadano espa&ntilde;ol en el extranjero.</p> <p>El Supremo ha estimado as&iacute; el recurso planteado por el acusado, que es hermano del exalcalde de Manises Enrique Crespo. La sentencia recuerda que la propia Fiscal&iacute;a, en el tr&aacute;mite de cuestiones previas del juicio celebrado en la Audiencia de Valencia, pidi&oacute; la inhibici&oacute;n a favor de la Audiencia Nacional.</p> <p>Los hechos, en s&iacute;ntesis, se refieren a que el recurrente, junto con su hermano Enrique, a la saz&oacute;n Alcalde de Manises, efectuaron el d&iacute;a 27 de Diciembre de 2007 un viaje al Principado de Andorra y all&iacute; Carlos Crespo abri&oacute; una cuenta en la entidad Banca Privada de Andorra, confiriendo a su hermano Enrique poderes amplios para gestionar y operar con la expresada cuenta.</p> <p>El recurrente, como titular de la misma, permiti&oacute; que en la misma se efectuasen en las fechas de 27 de Diciembre de 2007, 12 de Enero de 2008, 22 de Enero de 2008 y 11 de Octubre de 2008, diversas imposiciones en efectivo, concretadas en el hecho probado por un total de 350.000 euros obteniendo una rentabilidad de 7.019'50 euros.</p> <p>El d&iacute;a 7 de Mayo de 2009, seg&uacute;n los hechos probados por la Audiencia valenciana, el recurrente orden&oacute; una transferencia bancaria de 300.000 euros en favor de una c/c cuyo titular es la mercantil "Iguaz&uacute; Falls Corporation", representada en Andorra por un residente en dicho pa&iacute;s. El dinero transferido fue retirado en efectivo y entregado al recurrente, quien, adem&aacute;s, los d&iacute;as 5 de Agosto y 15 de Noviembre de 2015 efectu&oacute; dos reintegros en efectivo por un total de 57.019'50 euros (el resto que quedaba), ordenando seguidamente la cancelaci&oacute;n de la cuenta. Se desconoce el destino de los fondos expresados.</p> <p>Por tanto, se tratar&iacute;a de un presunto delito cometido por un espa&ntilde;ol fuera del territorio nacional, para cuyo enjuiciamiento tiene competencia exclusiva la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=d9f79ff2a7754510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 27 Apr 2016 15:20:00 +0200 El Tribunal Supremo confirma la nulidad de la Modificación Puntual del PGOU de Villanueva Pardillo (Madrid) por falta de evaluación del impacto ambiental http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=be069ff2a7754510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad de la Modificaci&oacute;n Puntual del Plan General de Ordenaci&oacute;n Urbana de Villanueva del Pardillo, aprobado provisionalmente por dicho Ayuntamiento en abril de 2012 y definitivamente por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en agosto de 2013.</p> <p>La sentencia desestima los recursos de casaci&oacute;n interpuestos por Plataforma de Instalaciones Comerciales S.A., el Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo y la Comunidad de Madrid contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que revoc&oacute; la citada Modificaci&oacute;n por carecer de evaluaci&oacute;n de impacto ambiental.</p> <p>De acuerdo con ese criterio, la Sala Tercera indica que aun cuando se trate de una modificaci&oacute;n menor y comprenda una escasa superficie, podr&iacute;a afectar al medio ambiente al reclasificar suelo r&uacute;stico protegido en suelo urbanizable y no haberse procedido en lo que establece la ley sobre evaluaci&oacute;n de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.</p> <p>La sentencia subraya que es "harto" discutible que se trate de una zona de reducidas dimensiones en cuanto afecta a 38.000 metros cuadrados aproximadamente de un municipio que cuenta con 200 hect&aacute;reas de suelo urbanizado. En este sentido, afirma que con dicha Modificaci&oacute;n se quiere, seg&uacute;n los propios recurrentes admiten, transformar en suelo urbanizable 36.575,59 metros cuadrados de suelo no urbanizable com&uacute;n y 1.198,46 metros cuadrados de suelo no urbanizable de Protecci&oacute;n de Espacios de Inter&eacute;s Paisaj&iacute;stico, de modo que tal modificaci&oacute;n no cabe considerarla una modificaci&oacute;n menor, de acuerdo con su definici&oacute;n legal.</p> <p>Por ese motivo, concluye que la Modificaci&oacute;n Puntual puede tener efectos significativos en el medio ambiente y que debi&oacute; someterse a evaluaci&oacute;n de impacto ambiental, dado que el informe de an&aacute;lisis ambiental realizado al amparo del art&iacute;culo 21 de la Ley 272002 no cubre las exigencias procedimentales para este tipo de actuaciones con clara influencia ambiental y, adem&aacute;s, afecta en parte a suelo protegido cuya desclasificaci&oacute;n no puede realizarse a trav&eacute;s de una valoraci&oacute;n t&eacute;cnica, tal y como se hace en este caso.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=be069ff2a7754510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 27 Apr 2016 14:48:00 +0200