Noticias Judiciales http://www.poderjudicial.es Noticias Judiciales es Copyright © Consejo General del Poder Judicial Fri, 27 May 2016 23:55:04 +0200 PoderJudicial 60 Fri, 27 May 2016 23:55:04 +0200 El Supremo revoca la absolución de dos personas por amenazas e injurias a una concejal del PSE en Elorrio (Vizcaya) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=695e03044d1f4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala II del Tribunal Supremo ha condenado a dos personas por amenazas e injurias graves a una concejal del PSE en Elorrio (Vizcaya), Carmen Mu&ntilde;oz Larr&iacute;naga, con motivo de un Pleno del Ayuntamiento de esa localidad, celebrado el 11 de marzo de 2010, en el que se debat&iacute;a una moci&oacute;n sobre denuncias de presuntas torturas. La Sala condena a 8 meses de prisi&oacute;n a Mar&iacute;a Rita Ugarriza Orde&ntilde;ana por un delito de amenazas no condicionales, por haber dicho a la edil del PSE: &ldquo;Ten cuidado a ver si nos vamos a ver fuera&rdquo;, y a Josu Herrero Arriolabengoa, por delito de injurias graves, a pena de 8 meses de multa con una cuota diaria de 12 euros, lo que suma 2.480 euros. Los dos acusados se encontraban entre el p&uacute;blico durante el Pleno del Ayuntamiento en que ocurrieron los hechos. Herrero le dijo a la concejal, sobre la aparici&oacute;n del cuerpo de Jon Antza en una morgue de Toulouse: "Esa persona ha sido asesinada por los aparatos del Estado espa&ntilde;ol y si t&uacute; representas al estado espa&ntilde;ol aqu&iacute; eres una asesina, una asesina".</p> <p>El Supremo estima el recurso de la Fiscal&iacute;a y anula la sentencia de la Audiencia de Vizcaya que absolvi&oacute; a estas dos personas, al considerar que del relato de hechos probados se constata que cometieron los delitos citados, que adem&aacute;s no estaban prescritos. En esta causa fue absuelto el alcalde de Elorrio en el momento de los hechos, Nikolas Moreno Lamas, de ANV, (acusado de complicidad por no impedir lo ocurrido) absoluci&oacute;n que se mantiene ya que no fue objeto de los recursos ante el Supremo ni del fiscal ni de la acusaci&oacute;n particular en nombre de la concejal.</p> <p>En el caso de la acusada Mar&iacute;a Rita Ugarriza, la sentencia indica que &ldquo;el contenido de las frases amenazantes pronunciadas en la ocasi&oacute;n de autos, en un "caldo de cultivo" o "encrucijada" determinada y concreta, eran suficientes y adecuadas para crear un temor serio y fundado de que en el futuro podr&iacute;a ser objeto de agresiones f&iacute;sicas a su persona (lesiones), sin excluir m&aacute;s graves consecuencias, provenientes no solo de la persona que amenaza, sino de su entorno "abertzale", como la experiencia diaria nos demuestra&rdquo;.</p> <p>La Sala recuerda que la propia Audiencia de Vizcaya explic&oacute; que "la expresi&oacute;n proferida por la acusada, sin embargo, s&iacute; que tiene ese significado (amenazante). Se trata de expresiones constitutivas de una amenaza gen&eacute;rica". La duda surgi&oacute; en la Audiencia acerca de su gravedad, sobre cuyo punto, para el Supremo, &ldquo;basta acudir a los t&eacute;rminos estrictos del factum para derivar de &eacute;l dicha gravedad, am&eacute;n de que existen pasajes y afirmaciones valorativas de la sentencia que tambi&eacute;n permiten calificarla de grave&rdquo;.</p> <p>En cuanto al delito de injurias graves cometido por Josu Herrero, la sentencia se&ntilde;ala que &ldquo;es evidente, que sin base alguna, calificar a la concejala de "asesina" por dos veces, posee los caracteres de gravedad, dado el contexto en que se realiz&oacute;, al objeto de integrar el delito del art&iacute;culo 208 del C&oacute;digo Penal, al merecer el calificativo de gravemente injuriosas las referidas expresiones proferidas contra la denunciante cuando se hallaba en el ejercicio de las funciones p&uacute;blicas propias de su cargo&rdquo;.</p> <p>La Sala desestima el recurso interpuesto por la acusaci&oacute;n particular que ejerce la concejal amenazada, que consideraba que los hechos cometidos por los dos acusados eran constitutivos de sendos delitos de atentado, lo que no comparten ni la Fiscal&iacute;a ni el tribunal, quienes, pese a compartir que fueron hechos graves, entienden que no encajan en el tipo penal de atentado.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=695e03044d1f4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 27 May 2016 13:00:00 +0200 El Supremo rechaza la ampliación del campo de golf ‘El Plantío’ de Alicante http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=b7dd65098fce4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>Tres sentencias de la Sala de lo Contencioso-administrativo han avalado la anulaci&oacute;n del acuerdo del Gobierno valenciano que autoriz&oacute;, en mayo de 2010, la ampliaci&oacute;n del campo de golf de El Plant&iacute;o en Alicante.</p> <p>Las sentencias rechazan los recursos de la Generalitat valenciana y de la sociedad El Plant&iacute;o Golf Resort, S.L., contra la resoluci&oacute;n del Tribunal Superior de Justicia de Valencia que anul&oacute;, por ser contrario a derecho, el acuerdo del Consell de 7 de mayo de 2010 que aprob&oacute; la ordenaci&oacute;n urban&iacute;stica y declaraci&oacute;n de inter&eacute;s comunitario (DIC) relativa a la atribuci&oacute;n de uso y aprovechamiento solicitado por la mercantil Royal Class Report, S.L., para la actuaci&oacute;n integral &lsquo;Green Valley Golf Resort&rdquo;, adjudic&aacute;ndose a la mercantil &ldquo;El Plant&iacute;o Golf Resort, S.L.&rdquo;.</p> <p>El citado acuerdo fue anulado por el TSJ valenciano a instancias de Federaci&oacute;n de Ecologistas en Acci&oacute;n del Pa&iacute;s Valenciano, Esquerra Unida-EUPV, y varios particulares.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=b7dd65098fce4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 26 May 2016 14:30:00 +0200 El Supremo rechaza dos recursos para compensar a las concesionarias de las autopistas R2 y R4 por el sobrecoste de las expropiaciones http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=df3622edfcce4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Contencioso-administrativo ha rechazado, en dos sentencias, los recursos de las sociedades Henarsa (concesionaria de la autopista radial de Madrid R2) y Autopista Madrid Sur Concesionaria Espa&ntilde;ola, S.A. (concesionaria de la R4) contra la denegaci&oacute;n por parte del Gobierno, entre 2011 y 2013, de varios pr&eacute;stamos participativos por el sobrecoste de las expropiaciones.</p> <p>Seg&uacute;n se especifica en la sentencia relativa a Henarsa, esta sociedad reclamaba que la Administraci&oacute;n fuese condenada a abonarle dichos pr&eacute;stamos por un total de 97,8 millones de euros m&aacute;s intereses.</p> <p>Las dos sociedades, en sus recursos, basaban su petici&oacute;n de pr&eacute;stamos participativos en la Disposici&oacute;n Adicional 41 de la Ley 26/2009, de Presupuestos Generales del Estado, para 2010, que reconoce a las concesionarias de una serie de autopistas, entre las que se inclu&iacute;a las suyas, un derecho al reequilibrio financiero de la concesi&oacute;n, derivado de la ruptura de la econom&iacute;a del contrato producida por sobrecoste de las expropiaciones.</p> <p>La decisi&oacute;n del Supremo se basa en que la disposici&oacute;n adicional 41 de la Ley 26/2009 no prev&eacute; que empresas concesionarias en situaci&oacute;n de concurso pueda ser beneficiarias de uno de estos cr&eacute;ditos participativos (definidos como instrumentos de financiaci&oacute;n ventajosos).</p> <p>Las dos sentencias cuentan con votos particulares de 3 de los 7 magistrados que formaron el tribunal, partidarios de haber estimado los recursos y dado la raz&oacute;n a las sociedades concesionarias.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=df3622edfcce4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 26 May 2016 14:00:00 +0200 El Tribunal Supremo condena al exsubdelegado del Gobierno en Lugo y al exjefe provincial de Tráfico por el ‘caso multas’ http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=84c1a0889ebe4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal ha condenado a tres meses de prisi&oacute;n y un a&ntilde;o y un mes de inhabilitaci&oacute;n para todo cargo p&uacute;blico electivo o de designaci&oacute;n en cualquier Administraci&oacute;n p&uacute;blica al exsubdelegado del Gobierno en Lugo (a&ntilde;os 2004-2009) Jes&uacute;s Otero Calvo, por delito de tr&aacute;fico de influencias, por la trama de retirada de multas de tr&aacute;fico desarrollada en dicha provincia.</p> <p>Asimismo, el Supremo condena al exjefe provincial de Tr&aacute;fico en Lugo entre 2006 y 2009 Julio Gonz&aacute;lez D&iacute;az, a dos a&ntilde;os de prisi&oacute;n por delito de falsedad en documento p&uacute;blico, y a tres a&ntilde;os de inhabilitaci&oacute;n especial para el cargo de jefe provincial o funcionario de la Direcci&oacute;n General de Tr&aacute;fico por delito de prevaricaci&oacute;n.</p> <p>La sentencia aplica a ambos la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. El alto tribunal reduce las penas a los dos condenados respecto a las impuestas el 30 de junio de 2015 por la Audiencia Provincial de Lugo, ya que &eacute;sta no se ajust&oacute; a lo solicitado por la Fiscal&iacute;a en cuanto a rebajar dos grados (y no s&oacute;lo uno) las condenas en aplicaci&oacute;n de dicha atenuante muy cualificada. La Audiencia de Lugo conden&oacute; a Julio Gonz&aacute;lez D&iacute;az a dos a&ntilde;os y tres meses de c&aacute;rcel y a Otero Calvo a siete meses y 15 d&iacute;as de prisi&oacute;n. Tambi&eacute;n se corrigen ligeramente a la baja, por el mismo motivo, las penas de inhabilitaci&oacute;n.</p> <p>Seg&uacute;n los hechos probados de la sentencia, los dos acusados, en el &aacute;mbito de sus funciones, &ldquo;sin fundamento alguno, caprichosa e injustificadamente, salvo el inter&eacute;s de beneficiar exclusivamente a las personas sometidas a los expedientes, convinieron la pr&aacute;ctica de decidir archivar&rdquo; determinados expedientes por sanciones de tr&aacute;fico, entre 2006 y 2009, &ldquo;ordenando la pr&aacute;ctica de la anotaci&oacute;n "Terminaci&oacute;n por Sobreseimiento" (TS) en la aplicaci&oacute;n inform&aacute;tica que registraba todos los pasos de cada uno de ellos&rdquo;.</p> <p>A&ntilde;ade que el subdelegado, desde su posici&oacute;n de superioridad, influ&iacute;a y presionaba sobre Julio Gonz&aacute;lez, &ldquo;haciendo anotaciones en los boletines o en otras resoluciones , con nombres de personas, generalmente, de su mismo partido pol&iacute;tico -que aparec&iacute;an como personas que interced&iacute;an por los respectivos sancionados, envi&aacute;ndoselos al Sr. Gonz&aacute;lez (o en otras ocasiones, entreg&aacute;ndoselos en mano, o llamando por tel&eacute;fono), indic&aacute;ndole el inter&eacute;s que ten&iacute;a en que se sobreseyera el correspondiente bolet&iacute;n, llevando a cabo la ejecuci&oacute;n de tal indicaci&oacute;n el Sr. Gonz&aacute;lez sin m&aacute;s motivo que la petici&oacute;n del Sr. Otero&rdquo;.</p> <p>El Supremo anul&oacute; en mayo de 2015 la primera sentencia que la Audiencia de Lugo dict&oacute; en este caso, que absolvi&oacute; a los 23 acusados por nulidad de las pruebas. El TS orden&oacute; a la Audiencia dictar una nueva sentencia dando validez a esas pruebas anuladas. El 30 de junio de 2015, la Audiencia de Lugo dict&oacute; su segunda sentencia, que ha sido revisada de forma definitiva ahora por el Supremo.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=84c1a0889ebe4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 26 May 2016 10:00:00 +0200 El Tribunal Supremo condena al BBVA a indemnizar a un cliente por hacer una transferencia a su nombre sin comprobar la autenticidad de la firma http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=e16581c57a7e4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Civil ha condenado al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria a devolver 117.249,25 euros a un cliente por realizar una transferencia a su nombre sin comprobar la autenticidad de la firma del fax que se recibi&oacute; en una sucursal de la entidad bancaria ordenando la operaci&oacute;n.</p> <p>La sentencia considera que el banco no despleg&oacute; toda la diligencia profesional exigible a una entidad bancaria en sus deberes de gesti&oacute;n y custodia de una cuenta corriente al no llamar por tel&eacute;fono al titular de la misma para cerciorarse de la veracidad de la citada orden de transferencia.</p> <p>A&ntilde;ade que en este caso la comprobaci&oacute;n de la firma por parte del banco resulta m&aacute;s evidenciada no s&oacute;lo por lo dispuesto en el art&iacute;culo 255 del C&oacute;digo de Comercio que impone al comisionista el deber de consultar al comitente "en lo no previsto y prescrito expresamente", sino tambi&eacute;n por las circunstancias que se dieron.<br />Tiene en cuenta que el titular de la cuenta, antes de la orden de transferencia, s&oacute;lo efectuaba ingresos y no retiraba fondos, que la citada orden se realiz&oacute; por un medio no habitual como es el fax y que presentaba claras irregularidades en el nombre del beneficiario y en su n&uacute;mero de cuenta, y adem&aacute;s no aportaba los datos de identificaci&oacute;n del ordenante.</p> <p>Del mismo modo, se&ntilde;ala que el contrato que firmaron ambas partes para la apertura del Libret&oacute;n BBVA no contemplaba este medio de pago. La cl&aacute;usula segunda del mismo, relativa a la utilizaci&oacute;n de la cuenta, establec&iacute;a que s&oacute;lo ser&aacute; disponible a trav&eacute;s de los medios que las partes convengan. La cl&aacute;usula tres recog&iacute;a que las &oacute;rdenes emitidas a distancia por el titular, o remitidas por el banco a aqu&eacute;l, por telegrama, tel&eacute;fono, telefax y cualquier otro medio telem&aacute;tico ser&aacute;n cumplimentadas &uacute;nicamente cuando vengan acompa&ntilde;adas de las claves, requisitos t&eacute;cnicos o indicaciones previamente establecidas.</p> <p>Los hechos considerados probados ocurrieron en 2005 cuando en una oficina del BBVA de la calle Gran V&iacute;a de Madrid se recibi&oacute; un fax, aparentemente del titular de la cuenta, ordenando la transferencia por importe de 116.898 euros a favor de una sociedad. El banco realiz&oacute; la operaci&oacute;n a pesar de que la orden no ten&iacute;a membrete ni datos de identificaci&oacute;n del ordenante y tampoco recog&iacute;a con exactitud el nombre de la empresa beneficiaria y su n&uacute;mero de cuenta; datos que fueron corregidos por la entidad al tratarse a su vez de un cliente suyo.</p> <p>El juzgado de instancia sentenci&oacute; que hubo negligencia por parte del banco y deneg&oacute; la prueba pericial caligr&aacute;fica solicitada por el cliente porque era imposible realizarla al tratarse de un fax recibido por la sucursal del que s&oacute;lo hab&iacute;a copia.</p> <p>La Audiencia Provincial de Madrid, en cambio, dio la raz&oacute;n a la entidad bancaria y mantuvo que la &uacute;nica forma de acreditar que la firma no correspond&iacute;a al titular, y que se hab&iacute;a incumplido el contrato, era haber practicado una pericial.</p> <p>La Sala de lo Civil estima el recurso extraordinario por infracci&oacute;n procesal interpuesto contra dicha sentencia por el titular de la cuenta en el que alega que la sentencia recurrida hace recaer en &eacute;l, de forma indebida, la carga de probar la falsedad de la firma inserta en el fax pese a no existir un original de la supuesta orden de transferencia.</p> <p>De acuerdo con su doctrina, la sentencia indica que es incorrecta y desproporcionada la imputaci&oacute;n al cliente de los efectos negativos de la falta de la prueba que hace la Audiencia Provincial de Madrid, ya que no tuvo ninguna oportunidad de disponibilidad y facilidad probatoria sobre este hecho, pues aunque solicit&oacute; la pericial caligr&aacute;fica no ten&iacute;a el original que era necesario para practicarla con cierto grado de garant&iacute;a.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=e16581c57a7e4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 25 May 2016 16:00:00 +0200 El Supremo confirma la condena a un periódico de Tenerife por publicar informaciones no veraces sobre un detenido http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=91cd81c57a7e4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha condenado al peri&oacute;dico &lsquo;La Opini&oacute;n de Tenerife&rsquo; a indemnizar con 60.000 euros a un exguardia civil por haber vulnerado su honor en varias noticias que public&oacute; en 2010, tras la detenci&oacute;n de dicha persona por presuntos abusos sexuales a menores. La causa penal contra esa persona se archiv&oacute; en enero de 2011.</p> <p>El Supremo rechaza el recurso del diario y confirma las resoluciones de la Audiencia de Tenerife y de un Juzgado de Primera Instancia de dicha ciudad, que consideraron que existi&oacute; vulneraci&oacute;n del honor por parte del peri&oacute;dico y varios periodistas del mismo (que no recurrieron).</p> <p>El Supremo destaca que la informaci&oacute;n del peri&oacute;dico fue veraz en lo referente a la detenci&oacute;n del exguardia por presuntos abusos sexuales a menores, su puesta a disposici&oacute;n judicial y la diligencia de entrada y registro en su domicilio con recogida de material inform&aacute;tico para su examen, &ldquo;pero no lo fue en todo lo dem&aacute;s, relativo al contenido de ese material y a las subsiguientes investigaciones sobre la identidad de los menores que aparecer&iacute;an en el mismo, como tampoco en lo atinente a los escabrosos detalles de la conducta del detenido con los menores&rdquo;.</p> <p>Para el alto tribunal, &ldquo;parece haber primado el af&aacute;n de primicia informativa sobre el cumplimiento del requisito de la veracidad, ya que la informaci&oacute;n se dice elaborada a partir de testimonios de padres presuntamente afectados y de fuentes de la Guardia Civil, pero sin identificar su identidad con una m&iacute;nima precisi&oacute;n como requer&iacute;a la gravedad de los hechos imputados y la repulsa especialmente intensa que estos despiertan en la sociedad, aumentada en este caso por la condici&oacute;n de exguardia civil del demandante&rdquo;.</p> <p>&ldquo;En definitiva -indica la sentencia-, aunque es cierto que el profesional de la informaci&oacute;n no est&aacute; obligado a revelar sus fuentes, tambi&eacute;n lo es que si la noticia no se ajusta a la verdad, y precisamente por no identificarse su fuente resulta inaplicable la doctrina del reportaje neutral, el informador habr&aacute; de asumir su responsabilidad por vulnerar los derechos fundamentales de las personas afectadas por la informaci&oacute;n. De no ser as&iacute;, se dar&iacute;a el contrasentido de que el requisito de la veracidad se tuviera siempre por cumplido con solo indicar en la noticia que sus datos provienen de lo manifestado al redactor por fuentes policiales o judiciales o por testigos presenciales de los hechos, lo que se traducir&iacute;a en la m&aacute;s absoluta indefensi&oacute;n de los afectados en su honor por cualesquiera contenidos de la noticia as&iacute; presentada&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=91cd81c57a7e4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 25 May 2016 13:50:00 +0200 Condenada la responsable de una academia de inglés de Valencia por engañar a una universidad escocesa http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=b33f7d7a747e4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a tres a&ntilde;os y seis meses de prisi&oacute;n a una profesora de ingl&eacute;s que administraba una academia valenciana, por estafar a una universidad escocesa.</p> <p>Seg&uacute;n la sentencia, la docente enga&ntilde;&oacute; a la Universidad de St. Andrews, en Edimburgo, con la organizaci&oacute;n de cursos de ingl&eacute;s para estudiantes espa&ntilde;oles durante al menos dos a&ntilde;os.</p> <p>La condenada envi&oacute; alumnos espa&ntilde;oles a este centro educativo escoc&eacute;s, pero no abon&oacute; la totalidad de los importes de los cursos concertados, bajo el pretexto de que las estancias correspond&iacute;an a un convenio firmado entre su academia y el Ayuntamiento de Valencia, quien no hab&iacute;a abonado el dinero conveniado.</p> <p>El Tribunal Supremo confirma as&iacute; la sentencia de la Secci&oacute;n Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia, que tambi&eacute;n contempla una indemnizaci&oacute;n de m&aacute;s de 300.000 euros para la universidad estafada.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=b33f7d7a747e4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 25 May 2016 12:45:00 +0200 El TS absuelve a seis de los doce condenados por detención ilegal y prostitución de una menor en Arroyo de San Serván (Badajoz) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=560ab7ab9e6e4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Tribunal Supremo ha absuelto a seis condenados a penas de prisi&oacute;n -juez de paz, vecino y cuatro familiares del principal acusado- por retener y prostituir a una menor en Arroyo de San Serv&aacute;n (Badajoz). La Sala de lo Penal estima los recursos de casaci&oacute;n y anula la sentencia de la Audiencia Provincial de M&eacute;rida -la Segunda- al entender que se ha vulnerado la garant&iacute;a constitucional a la presunci&oacute;n de inocencia de los recurrentes.</p> <p>La sentencia concluye que no est&aacute; probado que el juez mantuviera relaciones sexuales con la menor, que otros dos acusados supieran que la ni&ntilde;a no ten&iacute;a m&aacute;s de quince a&ntilde;os o que los otros tres recurrentes realizaran actos para impedir la libertad de deambulaci&oacute;n de la menor ni que contribuyeran a que mantuviera relaciones sexuales con terceros que favorecieron su mantenimiento en la prostituci&oacute;n.</p> <p>Por este motivo, la Sala de lo Penal modifica, incluyendo esos extremos, el relato de hechos probados de la resoluci&oacute;n de la Audiencia Provincial de M&eacute;rida: la menor se fue a vivir a dicha localidad con un joven rumano, a quien conoci&oacute; en Madrid. Una vez all&iacute;, inici&oacute; una relaci&oacute;n sentimental con &eacute;l y mantuvieron relaciones sexuales consentidas, pero una semana m&aacute;s tarde, cuando quiso regresar a casa, la agredi&oacute; y la amenaz&oacute; dici&eacute;ndole que le iba a cortar las piernas y los brazos hasta dejarla inservible. Con la ayuda de otros acusados que viv&iacute;an con &eacute;l, consiguieron retenerla para que no abandonara el domicilio, realizando una labor de vigilancia permanente sobre ella y no dej&aacute;ndola salir a la calle sola. Un mes despu&eacute;s de su llegada, propusieron a la menor, como si se tratase de un juego, contactar con espa&ntilde;oles para pedirles dinero a cambio de favores sexuales que no llegar&iacute;an a consumarse, aunque finalmente se produjeron con algunos de los acusados que sab&iacute;an, seg&uacute;n la sentencia recurrida, que era menor de edad.</p> <p>La Sala de lo Penal recuerda que en su sentencia anterior -la que anul&oacute; la primera- ya reproch&oacute; a la Audiencia Provincial de M&eacute;rida que s&oacute;lo tuviera en cuenta la testifical, "en extremo imprecisa", de la menor, la de uno de los testigos protegidos y a lo informado, acerca del aspecto f&iacute;sico de aqu&eacute;lla, por los dos forenses y la ginec&oacute;loga que la examinaron. En cuanto al testimonio de la v&iacute;ctima se cuestionaba que, a partir de la informaci&oacute;n de tal fuente, el juzgador, si bien podr&iacute;a formar su &iacute;ntima convicci&oacute;n acerca de lo sucedido, lo &uacute;nico que se reportaba es que los componentes del tribunal estaban &iacute;ntimamente convencidos de que las cosas sucedieron de una determinada manera, un hecho que consideraba insuficiente para la condena. En este sentido, afirmaba que la declaraci&oacute;n de la v&iacute;ctima no tiene el car&aacute;cter de prueba privilegiada, apta para prevalecer sobre otra, y aunque podr&aacute; v&aacute;lidamente contribuir a la formaci&oacute;n de un criterio sobre la imputaci&oacute;n, se requiere la acreditaci&oacute;n de la existencia de razones intersubjetivamente valorables para llegar a esa conclusi&oacute;n.</p> <p>Asimismo, se&ntilde;ala que "es clara la contumaz persistencia" de la Audiencia Provincial de M&eacute;rida en acudir a la declaraci&oacute;n de la menor para declarar probados determinados hechos. Del mismo modo, indica que de atenerse la sentencia ahora anulada a las pautas que se le indicaban en la anterior, deber&iacute;a justificar la credibilidad atribuida a la menor, pese a la dificultad para aceptarla cuando, en el caso del juez de paz, sit&uacute;a los hechos en un escenario y horas en que llevar los actos imputados es poco veros&iacute;mil. Tambi&eacute;n indica que no tiene en cuenta la declaraci&oacute;n de un testigo que relata como el entonces acusado la expuls&oacute; del juzgado, corroborando la tesis del juez que neg&oacute; todo contacto sexual con la menor.</p> <p>En este caso tambi&eacute;n hay seis condenados por sentencia firme, ya que ninguno de ellos recurri&oacute; al Tribunal Supremo; entre otros, Florin Luca, a quien se le impuso una pena de 26 a&ntilde;os de c&aacute;rcel por delito continuado de agresi&oacute;n sexual, detenci&oacute;n ilegal, prostituci&oacute;n y corrupci&oacute;n de menores.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=560ab7ab9e6e4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 25 May 2016 10:43:00 +0200 El Supremo confirma la condena de cuatro años y medio de prisión a la exalcaldesa de Rota (Cádiz) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=38eec6f1de1e4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la pena de cuatro a&ntilde;os y medio de c&aacute;rcel que la Audiencia de C&aacute;diz impuso a la exalcaldesa de Rota Eva Corrales Caballero (PP) por el denominado &lsquo;caso horas extras&rsquo;, como autora de un delito de falsedad en documento oficial y otro continuado de prevaricaci&oacute;n administrativa. La condena incluye adem&aacute;s 8 a&ntilde;os y medio de inhabilitaci&oacute;n especial para cargo p&uacute;blico y multa de 2.700 euros.</p> <p>El Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Joaqu&iacute;n Gim&eacute;nez, ratifica tambi&eacute;n &iacute;ntegramente las penas a los otros siete condenados por la Audiencia de C&aacute;diz en esta causa. Se trata de otro exconcejal (de Fiestas y Personal), Ismael Puyana (tambi&eacute;n condenado a 4 a&ntilde;os y medio de c&aacute;rcel), el exinterventor accidental del Ayuntamiento Miguel Fuentes, cuatro funcionarios m&aacute;s de la Corporaci&oacute;n y la esposa de uno de estos &uacute;ltimos.</p> <p>&ldquo;Se obvi&oacute; el cumplimiento de la Ley por quienes como funcionarios p&uacute;blicos y representantes del pueblo en el municipio de Rota eran los primeros obligados en su cumplimiento&rdquo;, concluye el alto tribunal.</p> <p>Los hechos por los que se produce la condena ocurrieron entre 2004 y 2010, cuando Eva Corrales era concejal delegada de Fiestas y luego de Relaciones Institucionales (el alcalde de la &eacute;poca, Lorenzo S&aacute;nchez Alonso, de Rote&ntilde;os Unidos, result&oacute; absuelto de prevaricaci&oacute;n). En s&iacute;ntesis, se refieren a que ante la necesidad de la Delegaci&oacute;n de Fiestas del Ayuntamiento de adquirir una serie de bandas de Sirenas, Ninfas de Carnaval y Damas de las Fiestas Populares, la concejal delegada, Mar&iacute;a Eva Corrales Caballero y el responsable t&eacute;cnico de tal Delegaci&oacute;n Jos&eacute; Mar&iacute;a Caballero M&aacute;rquez, acordaron que se efectuasen estas prendas en el taller de Manuel Garc&iacute;a Rodr&iacute;guez, funcionario del Ayuntamiento de Rota destinado en Gesti&oacute;n Tributaria, &ldquo;a pesar de constarles la prohibici&oacute;n que pesaba sobre tal persona de efectuar tal encargo por ser funcionario del Ayuntamiento, y con la finalidad de ocultar este hecho se convino por los dos primeros citados que las facturas se emitir&iacute;an a nombre de Josefa Moreno Rebollo, esposa de Manuel Garc&iacute;a&rdquo;.</p> <p>A&ntilde;ade el hecho probado la relaci&oacute;n de facturas emitidas durante los a&ntilde;os 2004, 2005 y 2006 por los conceptos antes expresados. En las facturas no se desglosaban los conceptos, figurando en ellas las firmas y sellos, tanto de la Delegada de Fiestas Mar&iacute;a Eva como del t&eacute;cnico Jos&eacute; Mar&iacute;a, ya que sin sus firmas no se pod&iacute;an abonar.<br />&ldquo;A partir del a&ntilde;o 2007 Manuel Garc&iacute;a que era quien de hecho confeccionaba en su taller de costura las prendas, solicit&oacute; que constase en su n&oacute;mina la retribuci&oacute;n por estos trabajos bajo la f&oacute;rmula de horas extraordinarias.</p> <p>Ante la imposibilidad de convocar los concursos p&uacute;blicos correspondientes para la confecci&oacute;n de tales prendas pues a ellos no se pod&iacute;a presentar Manuel Garc&iacute;a, por la raz&oacute;n expuesta, pero queriendo que fuese &eacute;l quien los confeccionara, se acord&oacute; por los ya citados y con el conocimiento y consentimiento de Francisco Arjona Laynez, encargado de la Delegaci&oacute;n de Personal del Ayuntamiento, que efectuase el abono por tales trabajos bajo la f&oacute;rmula de supuestas gratificaciones por trabajos extraordinarios, con el concepto de horas extraordinarias, lo que tambi&eacute;n fue consentido por el Interventor accidental del Ayuntamiento, Miguel Fuentes Rodr&iacute;guez, que no efectu&oacute; reparo alguno a tal planteamiento&rdquo;, recuerda el Supremo.</p> <p>Estas adjudicaciones y de la forma expresada fueron conocidas y consentidas tambi&eacute;n por Manuela Serrano F&eacute;nix, encargada del Departamento de Protocolo y de Ismael Puyana Rom&aacute;n que sucedi&oacute; a Mar&iacute;a Eva en el cargo de Concejal Delegado de Fiestas cuando aqu&eacute;lla pas&oacute; a desempe&ntilde;ar el cargo de Delegada de Relaciones Internacionales.<br />El Supremo considera acreditado que la relaci&oacute;n de horas extraordinarias abonadas a Manuel Garc&iacute;a en realidad encubr&iacute;an los pagos por tales trabajos efectuados en su taller de costura. En concreto entre Enero de 2007 a Agosto de 2010 se le adjudicaron a Manuel Garc&iacute;a Moreno suministros por importe de 42.363'306 euros que le fueron abonados en su n&oacute;mina por un total de 4.398 horas extraordinarias.</p> <p>La sentencia rechaza la alegaci&oacute;n de Eva Corrales de que crey&oacute; que actuaba correctamente y al margen de toda ilegalidad, ya que ello es incompatible con el reconocimiento de la &ldquo;ficci&oacute;n&rdquo; desarrollada: &ldquo;no existe duda ni del encargo efectuado para la confecci&oacute;n de las prendas, de su efectiva ejecuci&oacute;n, y de su abono como si fueran horas extraordinarias efectuadas por Manuel Garc&iacute;a, y asimismo, que como &eacute;l no pod&iacute;a aparecer como adjudicatario de tal encargo por su incompatibilidad dada la condici&oacute;n de funcionario, las facturas iban a nombre de su esposa encubri&eacute;ndose de esta forma lo que debiera haber sido una contrataci&oacute;n administrativa sujeta a la Ley de Contratos de las Administraciones P&uacute;blicas&rdquo;.</p> <p>&ldquo;Los recurrentes &ndash;se refiere la sentencia en este caso a Caballero y Corrales-- eran respectivamente el Director T&eacute;cnico y Concejal, de una ciudad como Rota, por lo que el alegado desconocimiento de la ilegalidad de su actuaci&oacute;n no se cohonesta con la elaborada ficci&oacute;n creada para obviar el cumplimiento de la Ley, y con el conocimiento que se les debe suponer por su nivel cultural&rdquo;. &ldquo;M&aacute;s bien parece que, instados en la alegaci&oacute;n de que siempre se habr&iacute;a hecho as&iacute;, habr&iacute;a intentado convertir en legal la persistencia en la ilegalidad. Tal actuaci&oacute;n resulta inadmisible a todos los efectos&rdquo;, se&ntilde;ala el Supremo.</p> <p>Destaca que se obvi&oacute; &ldquo;lo que deb&iacute;a haber sido un contrato de suministro publicitado y transparente -al que no podr&iacute;a haber concurrido Manuel Garc&iacute;a- por ser incompatible con elaboraci&oacute;n de facturas falsas, encubriendo el pago bajo la f&oacute;rmula de horas extras, en cuant&iacute;a desmesurada y obviando la legalidad administrativa&rdquo;.</p> <p>Las penas que se ratifican para los otros siete acusados son: cuatro a&ntilde;os y medio de c&aacute;rcel, y cinco a&ntilde;os y tres meses de inhabilitaci&oacute;n especial, respectivamente, para el exconcejal Ismael Puyana Rom&aacute;n, el exresponsable t&eacute;cnico de la Delegaci&oacute;n de Fiestas Jos&eacute; Mar&iacute;a Caballero M&aacute;rquez, y los funcionarios Manuela Serrano y Francisco Arjona; dos a&ntilde;os de c&aacute;rcel y cinco a&ntilde;os y tres meses de inhabilitaci&oacute;n para Manuel Garc&iacute;a Rodr&iacute;guez (funcionario de tributos del Ayuntamiento y persona que confeccionaba la costura de forma irregular para la Delegaci&oacute;n de Fiestas); cinco a&ntilde;os y tres meses de inhabilitaci&oacute;n para la mujer de &eacute;ste &uacute;ltimo, Josefa Moreno Rebollo; y dos a&ntilde;os y siete meses de inhabilitaci&oacute;n para el exinterventor Miguel Fuentes.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=38eec6f1de1e4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 24 May 2016 12:00:00 +0200 El Estado tendrá que indemnizar a una mujer que estuvo en prisión preventiva por un delito de homicidio que no existió http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=90fdc126c7dd4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Contencioso-administrativo ha condenado al Estado a pagar a una mujer una indemnizaci&oacute;n de 60.000 euros, en concepto de responsabilidad patrimonial por prisi&oacute;n preventiva, al considerar que estuvo 542 d&iacute;as encarcelada por un delito de homicidio que no existi&oacute;.</p> <p>La mujer fue absuelta por un jurado de la Audiencia Provincial de Madrid, decisi&oacute;n confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que consider&oacute; como &uacute;nico hecho probado que el fallecido se clav&oacute; accidentalmente el cuchillo en el pecho durante un forcejeo con la acusada.</p> <p>La sentencia del Tribunal Supremo concluye que al faltar la acci&oacute;n t&iacute;pica del delito de homicidio -debido a que el fallecimiento de la v&iacute;ctima se produjo al clavarse &eacute;l mismo un cuchillo en el pecho- la inexistencia del delito imputado determina, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala, la declaraci&oacute;n de responsabilidad patrimonial del Estado.</p> <p>Por este motivo, estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la recurrente y anula el fallo de la Audiencia Nacional que entendi&oacute; que no se daban los requisitos para indemnizar a la recurrente cuya absoluci&oacute;n se produjo por la inexistencia de pruebas de cargo suficientes contra ella. La misma sentencia rechaz&oacute; la petici&oacute;n indemnizatoria por error judicial y funcionamiento anormal de la administraci&oacute;n de justicia.</p> <p>La Sala Tercera indica que la sentencia recurrida incurre en incongruencia omisiva al ignorar el hecho declarado probado por el jurado y que fue la raz&oacute;n de la absoluci&oacute;n de la recurrente. Por todo ello, a&ntilde;ade que se trata de un caso de inexistencia del hecho imputado &ndash;inexistencia objetiva- o, lo que es lo mismo, de ausencia de imputaci&oacute;n por inexistencia del hecho delictivo.</p> <p>Adem&aacute;s de 1.054.656 euros por el tiempo que estuvo encarcelada, la v&iacute;ctima reclamaba 18.655 euros por lo que dej&oacute; de percibir al perder su trabajo, 12.169 euros por la p&eacute;rdida de la residencia legal en Espa&ntilde;a hasta que interpuso la reclamaci&oacute;n previa, 80.000 euros por da&ntilde;os psicol&oacute;gicos y 100.000 euros por da&ntilde;os morales y derecho al honor. De todas esas cantidades, la Sala Tercera reconoce el derecho de la mujer a cobrar 60.000 euros por prisi&oacute;n preventiva pero deja fuera los otros conceptos reclamados por la misma.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=90fdc126c7dd4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 23 May 2016 14:12:00 +0200 El Tribunal Supremo condena a tres años y medio de cárcel a una promotora inmobiliaria de Melilla http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=80875708c7cd4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a 3 a&ntilde;os y medio de c&aacute;rcel a una promotora inmobiliaria de Melilla por delito continuado de apropiaci&oacute;n indebida del dinero entregado por una veintena de cooperativistas para pagar diversos impuestos (unos 220.000 euros), que la mujer no dio a Hacienda. La mujer deber&aacute; adem&aacute;s indemnizar a la Cooperativa Limitada de Viviendas &ldquo;Melilla 97&rdquo; por el dinero del que se apropi&oacute;.</p> <p>La sentencia estima parcialmente el recurso de la acusada y reduce a 3 a&ntilde;os y medio la pena que inicialmente le impuso la Audiencia Provincial de M&aacute;laga (sede de Melilla), que fue de 6 a&ntilde;os y 2 meses de c&aacute;rcel, al considerar, de acuerdo con la Fiscal&iacute;a, que no proced&iacute;a aplicar las agravantes de especial relaci&oacute;n personal de los miembros de la cooperativa con la promotora, y de tratarse de vivienda habitual.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=80875708c7cd4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 23 May 2016 12:56:00 +0200 Anulada la sanción al Partido Aragonés por haber recibido donaciones anónimas http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=dbad61be41ec4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala III del Tribunal Supremo ha anulado el acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas, de 30 de abril de 2015, que impuso al Partido Aragon&eacute;s una multa de 164.960 euros por haber recibido donaciones an&oacute;nimas. La causa de la anulaci&oacute;n es que los hechos imputados a la formaci&oacute;n pol&iacute;tica estaban prescritos.</p> <p>La sentencia destaca que no es ajena a las dificultades de persecuci&oacute;n de determinadas infracciones y a la frustraci&oacute;n social que puede producir una soluci&oacute;n como la de este caso &ldquo;si se tiene en cuenta la gran preocupaci&oacute;n ciudadana existente sobre el problema de la financiaci&oacute;n irregular de los partidos pol&iacute;ticos&rdquo;.</p> <p>Por eso, destaca &ldquo;la extra&ntilde;eza que provoca que una regulaci&oacute;n de tanta transcendencia fuese inicialmente aprobada con esas importantes omisiones e imperfecciones (buena prueba de ello son las dos important&iacute;simas modificaciones a que ha sido sometida la Ley Org&aacute;nica 8/2007 en un breve espacio de tiempo)&rdquo;. Pero indica que &ldquo;no es posible subsanar esas carencias normativas con una labor de pura hermen&eacute;utica jur&iacute;dica cuando &eacute;sta resulta incompatible con lo que demandan determinadas garant&iacute;as que tienen, nada m&aacute;s y nada menos, el rango de derecho fundamental&rdquo;.</p> <p>La sentencia cuenta con el voto particular de uno de los siete magistrados que la han dictado, Jos&eacute; Manuel Sieira, partidario de haber confirmado la sanci&oacute;n.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=dbad61be41ec4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 20 May 2016 14:30:00 +0200 El Supremo rechaza el restablecimiento del “reequilibrio financiero” solicitado por la concesionaria de la autopista R2 por la caída del tráfico http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=6f474eca10ec4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Contencioso-administrativo ha rechazado el recurso de la mercantil &ldquo;Autopista del Henares, Sociedad An&oacute;nima, Concesionaria del Estado, Sociedad Unipersonal&rdquo; (HENARSA), en concurso voluntario, contra la desestimaci&oacute;n de la solicitud de restablecimiento del equilibrio econ&oacute;mico-financiero de la concesi&oacute;n para la construcci&oacute;n, conservaci&oacute;n y explotaci&oacute;n de la autopista de peaje R2 de Madrid a Guadalajara presentada en el registro general del Ministerio de Fomento el 28 de octubre de 2011.</p> <p>La sociedad recurrente, a quien fue adjudicada dicha obra, basaba su petici&oacute;n en la prolongada reducci&oacute;n del tr&aacute;fico en la autopista, y en consecuencia en los ingresos por peaje, provocada por la crisis econ&oacute;mica que se arrastra desde 2008, la no continuidad de las obras Madrid-Eje del Ebro, la ampliaci&oacute;n y mejora de la autov&iacute;a A2, y el retraso de la puesta en servicio del cierre norte de la M-50.</p> <p>El Supremo rechaza las pretensiones y argumenta que &ldquo;en el Plan econ&oacute;mico financiero elaborado por la recurrente, que determin&oacute; el otorgamiento de la concesi&oacute;n a su favor por constituir la oferta m&aacute;s ventajosa, existi&oacute; una valoraci&oacute;n excesiva en las estimaciones de tr&aacute;fico (muy superiores a todas las contenidas en el estudio elaborado por el Ministerio de Fomento seg&uacute;n el dictamen pericial elaborado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos) y de los ingresos por peaje, que se basaron exclusivamente y para todo el plazo de duraci&oacute;n de la concesi&oacute;n (inicialmente establecido en 24 a&ntilde;os) en variables propias de un escenario socio-econ&oacute;mico optimista, sin que a juicio de esta Sala pueda calificarse como imprevisible el cambio de tales circunstancias m&aacute;xime atendido el plazo dilatado de duraci&oacute;n de la concesi&oacute;n&rdquo;.</p> <p>Asimismo, resalta que la prueba practicada en el procedimiento acredita, en contra de lo alegado por la recurrente, que la autopista de peaje Madrid-Tudela no era un proyecto consolidado y de efectiva y pr&oacute;xima realizaci&oacute;n en el momento de la convocatoria y plazo final de presentaci&oacute;n de ofertas del concurso para la adjudicaci&oacute;n de la concesi&oacute;n administrativa para la construcci&oacute;n, conservaci&oacute;n y explotaci&oacute;n de la R2, autopista de peaje Madrid-Guadalajara, convocado por la Orden de 4 de febrero de 2000.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=6f474eca10ec4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 20 May 2016 14:10:00 +0200 El Supremo avala la regulación del cobro de derechos de autor a las bibliotecas municipales http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=6e25d3532bdc4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha declarado conforme a Derecho el Real Decreto 624/2014, de 18 de julio, por el que se desarrolla el derecho de remuneraci&oacute;n a los autores por los pr&eacute;stamos de sus obras en bibliotecas p&uacute;blicas de municipios de m&aacute;s de 5.000 habitantes y otros establecimientos accesibles al p&uacute;blico.</p> <p>El Supremo desestima el recurso del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares (Guadalajara), que consideraba que la regulaci&oacute;n contraven&iacute;a la directiva comunitaria en la materia. Dicha Corporaci&oacute;n cuestionaba la f&oacute;rmula establecida para calcular la cuant&iacute;a de la remuneraci&oacute;n a los autores, que tiene en cuenta el n&uacute;mero de obras sujetas a derechos de autor puestas a disposici&oacute;n del servicio de pr&eacute;stamo y el n&uacute;mero de usuarios de dicho servicio. Asimismo, reclamaba que deb&iacute;an haberse incluido entre las excepciones no sujetas a remuneraci&oacute;n las publicaciones oficiales y las obras de autores que renunciasen a su cobro, tal como sugiri&oacute; sin &eacute;xito el Ministerio de Hacienda.</p> <p>Para el Supremo, el Reglamento respeta la Ley que transpone la Directiva y no establece excepciones a la generaci&oacute;n de la remuneraci&oacute;n no reconocidas en la Ley ni establecidas en la Directiva y, en consecuen-cia, no infringe ni la Ley ni la Directiva. Explica que dado que ha de establecerse una remuneraci&oacute;n compensatoria del perjuicio, la base de la remuneraci&oacute;n han de ser las obras prestadas sujetas a derecho de autor, que es el que ha de ser compensado.</p> <p>La sentencia resalta que la Directiva comunitaria deja libertad a los Estados para fijar la remuneraci&oacute;n por los pr&eacute;stamos de las obras sujetas a derechos de autor en los citados establecimientos p&uacute;blicos, sin exceptuar obras, por lo que &ldquo;la Ley espa&ntilde;ola que la transpone no establece excepciones a las obras citadas, ni excluye, por ello, las publicaciones oficiales ni a las obras cuyos autores hayan renunciado a su remuneraci&oacute;n, y en los mismos t&eacute;rminos se pronuncia, en definitiva, el Real Decreto&rdquo;.</p> <p>La no inclusi&oacute;n de la exclusi&oacute;n relativa a las publicaciones oficiales no vulnera el art&iacute;culo 6.1 de la Directiva 2006/115/CE. Como apunta la codemandada (CEDRO), &ldquo;el tipo de establecimiento cuya actividad de pr&eacute;stamo constituye el hecho generador de la obligaci&oacute;n de pago de la remuneraci&oacute;n, se trata en su mayor parte de bibliotecas p&uacute;blicas de las que casi el 96% son bibliotecas cuya titularidad corresponde a las administraciones locales. Y de ellas la mayor parte son bibliotecas de peque&ntilde;os y medianos municipios, como Azuqueca de Henares. En ese tipo de establecimientos el p&uacute;blico toma en pr&eacute;stamo y se lleva a su casa, pr&aacute;cticamente en exclusiva, obras de narrativa y libros infantiles. La actividad de pr&eacute;stamo que se desarrolla en bibliotecas de centros educativos, en los que sin duda, se prestan otro tipo de obras muy diferentes, no genera esta remuneraci&oacute;n. Del mismo modo, tampoco la genera la mera consulta en Sala de cualquier tipo de biblioteca&rdquo;, explica la sentencia.</p> <p>Por lo tanto, el pr&eacute;stamo de publicaciones oficiales en establecimientos cuya actividad s&iacute; est&aacute; sujeta a remuneraci&oacute;n, si es que se produce, ser&iacute;a como mucho, meramente simb&oacute;lico. Recuerda adem&aacute;s que lo que no son objeto de propiedad intelectual son las disposiciones legales como tales -esto viene a colaci&oacute;n del ejemplo utilizado por el recurrente relativo al c&oacute;digo legislativo del BOE-, &ldquo;pero no puede pretender extenderse esa afirmaci&oacute;n a las ediciones u otras manifestaciones de esas mismas disposiciones, o a cualquier otra publicaci&oacute;n oficial que s&iacute; son objeto de derechos de propiedad intelectual&rdquo;.</p> <p>La resoluci&oacute;n se&ntilde;ala que los pr&eacute;stamos efectuados en las bibliotecas de entidades docentes en las que vierten, se reflejan y repercuten los trabajos de &ldquo;...Ios autores de la academia, las universidades...", no ge-neran obligaci&oacute;n alguna de pago de remuneraci&oacute;n.</p> <p>El Supremo destaca que el Real Decreto establece que &ldquo;la remuneraci&oacute;n se har&aacute; efectiva a trav&eacute;s de las entidades de gesti&oacute;n de los derechos de propiedad intelectual". Es decir, &ldquo;un sistema de gesti&oacute;n colectiva que no admite la toma en consideraci&oacute;n de decisiones aisladas de determinados autores. El hecho generador de la remuneraci&oacute;n -con las excepciones aplicables-, as&iacute; como la tarifa aplicable est&aacute;n definidos en la Reglamento, por tanto, si alg&uacute;n autor desea renunciar a la remuneraci&oacute;n, no existir&aacute; para &eacute;l obligaci&oacute;n a la percepci&oacute;n de la misma, pudiendo, a tal efecto, renunciar a su cobro&rdquo;.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=6e25d3532bdc4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 20 May 2016 13:45:00 +0200 El Supremo avala la ordenanza que prohíbe el nudismo en las playas urbanas de Cádiz http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=dbaed3532bdc4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala III del Tribunal Supremo ha avalado la Ordenanza municipal de uso y disfrute de las playas de C&aacute;diz, aprobada en el pleno del Ayuntamiento el 3 de julio de 2009, que proh&iacute;be la pr&aacute;ctica del nudismo en las playas que tengan la consideraci&oacute;n de urbanas, y lo permite en las clasificadas como naturales sin protecci&oacute;n especial siempre y cuando existiese una zona habilitada para ello. La misma Ordenanza tipifica como infracci&oacute;n administrativa leve la pr&aacute;ctica del nudismo en sus playas urbanas.</p> <p>El Supremo rechaza el recurso de la Federaci&oacute;n Espa&ntilde;ola de Naturismo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc&iacute;a, de 19 de diciembre de 2013, que ya aval&oacute; la capacidad del Ayuntamiento gaditano para establecer dichas limitaciones.</p> <p>El alto tribunal argumenta que la actitud personal consistente en estar desnudo en un espacio p&uacute;blico, como la playa, no constituye manifestaci&oacute;n del derecho fundamental a la libertad ideol&oacute;gica previsto en el art&iacute;culo 16 de la Constituci&oacute;n. Por eso, a&ntilde;ade, la entidad local puede limitar el ejercicio de tal actividad, prohibi&eacute;ndola y sancion&aacute;ndola administrativamente, por estar habilitada por la Ley Reguladora de las Bases de R&eacute;gimen Local y por afectar directa e inmediatamente a las relaciones de convivencia de inter&eacute;s local a las que esa norma se refiere.</p> <p>Resalta tambi&eacute;n el Supremo que la limitaci&oacute;n y la infracci&oacute;n previstas en la Ordenanza municipal recurrida no pueden reputarse discriminatorias, ni contrarias a los principios de legalidad y tipicidad. Y tampoco suponen el acogimiento de un concepto excluyente de familia, ni desconocen los avances sociales en el concepto de costumbres generalmente admitidas, ni, en fin, reintroducen en nuestro ordenamiento el delito de esc&aacute;ndalo p&uacute;blico.</p> <p>La Sala reproduce los argumentos ya esgrimidos frente a recursos contra ordenanzasde prohibici&oacute;n de nudismo referidos a Barcelona, Valladolid y la localidad de Castella-Platja de Aro.</p> <p>En el caso de C&aacute;diz, los dos art&iacute;culos de la Ordenanza de 2009 que afectan a este asunto se&ntilde;alan:</p> <p>&ldquo;Art&iacute;culo 14.- NORMAS GENERALES. La utilizaci&oacute;n del dominio p&uacute;blico mar&iacute;timo terrestre, ser&aacute; libre, p&uacute;bli-ca y gratuita, para los usos comunes y acordes con la naturaleza de aqu&eacute;l, tales como estar, pasear, ba&ntilde;ar-se, y otros semejantes que no requieran obras o instalaciones de ning&uacute;n tipo, y siempre que estas activida-des se realicen de acuerdo con lo dispuesto en las Leyes y Reglamentos y en la presente Ordenanza, sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Costas y su Reglamento sobre las reservas demaniales.</p> <p>No obstante, se proh&iacute;be la pr&aacute;ctica del nudismo en las playas que tengan la consideraci&oacute;n de urbanas.<br />En las playas clasificadas como naturales sin protecci&oacute;n especial, se podr&aacute; practicar el nudismo siempre y cuando exista una zona habilitada para ello&rdquo;.</p> <p>&ldquo;Art&iacute;culo 30.- TIPIFICACI&Oacute;N DE INFRACCIONES. Constituyen infracciones administrativas las acciones u omisiones tipificadas por la normativa sectorial espec&iacute;fica como incumplimiento de deberes, prohibiciones, limitaciones u obligaciones contenidas en las mismas. En defecto de normativa espec&iacute;fica y de acuerdo con lo establecido en los Art. 139 y siguientes de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernizaci&oacute;n del Gobierno Local, se efect&uacute;a la siguiente clasificaci&oacute;n de infracciones:</p> <p>1.- Se consideran infracciones leves:<br />(&hellip;)<br />La pr&aacute;ctica del nudismo en las playas catalogadas como urbanas&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=dbaed3532bdc4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 20 May 2016 12:47:00 +0200 El Tribunal Supremo investigará a Francesc Homs por la consulta del 9N http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=000a4931c58c4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Tribunal Supremo ha abierto el procedimiento contra el exconseller de la Presidencia y portavoz del Gobierno de Catalu&ntilde;a, Francesc Homs, por delitos de desobediencia, prevaricaci&oacute;n y malversaci&oacute;n.</p> <p>La Sala hace suyo el criterio del fiscal y considera que existen indicios para investigar la conducta del aforado en los actos de preparaci&oacute;n de la votaci&oacute;n convocada para el 9N.</p> <p>En l&iacute;nea con el fiscal, la Sala rechaza la pretensi&oacute;n del juez instructor de la querella, que envi&oacute; toda la causa al Tribunal Supremo. Bas&aacute;ndose en su propia doctrina, los magistrados acuerdan acotar su investigaci&oacute;n al aforado y que el resto se mantenga en el Tribunal Superior de Justicia de Catalu&ntilde;a.</p> <p>Se nombra magistrado instructor al magistrado Andr&eacute;s Palomo.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=000a4931c58c4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 19 May 2016 11:30:00 +0200 El Tribunal Supremo eleva a siete años de prisión la condena a un hombre por abusos sexuales a la hija de su socio http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=62eebd8f024c4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha elevado a siete a&ntilde;os de prisi&oacute;n la pena impuesta a un hombre condenado por abusar de la hija menor de edad de su socio durante cinco a&ntilde;os. La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca le conden&oacute; por un delito de abusos sexuales a tres a&ntilde;os y seis meses de prisi&oacute;n al aplicar, adem&aacute;s de la atenuante de dilaciones indebidas, la de "cuasi prescripci&oacute;n" -tiempo entre el hecho y la iniciaci&oacute;n del procedimiento en virtud de denuncia o querella- por haber transcurrido cinco a&ntilde;os desde el comienzo de las relaciones sexuales -2005- y la incoaci&oacute;n de la causa -2010-, adem&aacute;s de valorar la actitud de la v&iacute;ctima que dijo que ella no hubiera denunciado los hechos.</p> <p>La sentencia recurrida admiti&oacute; que no exist&iacute;a ning&uacute;n dato para afirmar que la tardanza en la interposici&oacute;n de la denuncia fuera estrat&eacute;gica, pero que tampoco pod&iacute;a pasarse por alto que la v&iacute;ctima lleg&oacute; a querer mantener cierta relaci&oacute;n con el acusado, pues una vez adquirida la madurez sexual pudo cortarla pidiendo ayuda a terceros que conoc&iacute;an los hechos -su amiga o su novio- y que, en una fecha pr&oacute;xima a la mayor&iacute;a de edad, su madre descubri&oacute; la relaci&oacute;n que su hija manten&iacute;a con el condenado.</p> <p>Sin embargo, la Sala Segunda retira la atenuante de "cuasi prescripci&oacute;n" al considerar que no hay ninguna maniobra dilatoria en la estrategia de la denuncia y que, aunque la menor muestra voluntad de no denunciar, el reproche de la tardanza en la denuncia hay que hacerlo a quienes deben velar por la integridad de la menor.</p> <p>En este sentido, a&ntilde;ade que los responsables de garantizar la indemnidad sexual de la v&iacute;ctima reaccionaron con rapidez al conocer los ataques a su hija y que transcurri&oacute; m&aacute;s tiempo desde el comienzo de las relaciones sexuales hasta su t&eacute;rmino que el que medi&oacute; entre su cese y la denuncia.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=62eebd8f024c4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 18 May 2016 17:17:00 +0200 El TS anula la expulsión de un ciudadano dominicano condenado por tráfico drogas cuya mujer e hija viven en España http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=6943b2095b3c4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de Espa&ntilde;a ha dejado sin efecto la decisi&oacute;n de la Secci&oacute;n I de la Audiencia Provincial de Zaragoza de sustituir la pena de cuatro a&ntilde;os de prisi&oacute;n impuesta a un ciudadano de nacionalidad dominicana, condenado por tr&aacute;fico de coca&iacute;na, por la de expulsi&oacute;n del territorio nacional durante cinco a&ntilde;os al considerar que el arraigo que tiene en Espa&ntilde;a, donde vive con su mujer y su hija, no aconsejan dicha medida.</p> <p>La sentencia indica que el &uacute;nico argumento que la sentencia recurrida aporta sobre el cambio acordado -expulsi&oacute;n por prisi&oacute;n- "tiene todos los aderezos de una medida represiva adoptada por su actuaci&oacute;n il&iacute;cita en Espa&ntilde;a". Del mismo modo, recuerda que la &uacute;ltima reforma del C&oacute;digo Penal, que fija por primera vez la conveniencia o no de la expulsi&oacute;n, establece que no proceder&aacute; la sustituci&oacute;n cuando a la vista de las circunstancias del hecho y las personales del autor, en particular su arraigo en Espa&ntilde;a, la expulsi&oacute;n resulte desproporcionada. La sentencia valora que el acusado lleva m&aacute;s de doce a&ntilde;os viviendo en nuestro pa&iacute;s, en Zaragoza, con una mujer de la Rep&uacute;blica Dominicana con la que tiene una ni&ntilde;a de tres a&ntilde;os que est&aacute; inscrita en el libro de familia.</p> <p>Tambi&eacute;n ha comprobado que tiene un hermano, con la nacionalidad espa&ntilde;ola, y una t&iacute;a carnal, y que ha trabajado con asiduidad al tiempo que ha atendido los gastos habituales de la familia. Por todo ello, concluye que concurre un cuadro de arraigo y una situaci&oacute;n personal que permiten afirmar que desde la perspectiva de la prevenci&oacute;n especial de la pena no aparenta en modo alguno que resulte aconsejable ni procedente que el acusado sea expulsado de Espa&ntilde;a.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=6943b2095b3c4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 18 May 2016 15:33:00 +0200 El Supremo confirma la pena a un detenido en Canarias por enaltecer la figura de Bin Laden en videos que subía a 'YouTube' http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=1329b2095b3c4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de un a&ntilde;o y seis meses de c&aacute;rcel a I. E. M., detenido en San Bartolom&eacute; de Tirajana (Gran Canaria), por delito de enaltecimiento del terrorismo, por subir una treintena de v&iacute;deos al canal &lsquo;YouTube&rsquo; en los que se exalta a Osama Bin Laden, a quien se nombra como &lsquo;El im&aacute;n de los imanes&rsquo;, y al yihadismo en general. El Supremo rechaza &iacute;ntegramente el recurso del acusado contra la sentencia de la Audiencia Nacional que le conden&oacute;.</p> <p>El alto tribunal avala la actuaci&oacute;n del juez Central de Instrucci&oacute;n n&uacute;mero 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, que llev&oacute; el caso, al dictar las intervenciones del tel&eacute;fono del acusado y otras personas, y descarta aplicar al caso la atenuante de dilaciones indebidas por el hecho de que hubiese un sobreseimiento parcial y provisional de la causa, posteriormente levantado.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=1329b2095b3c4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 18 May 2016 14:08:00 +0200 El Tribunal Supremo condena a un policía que endosó una multa de tráfico suya a una vecina de Miranda de Ebro (Burgos) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=accde0bfe63c4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala II del Tribunal Supremo ha condenado a un polic&iacute;a nacional, captado por un radar cuando conduc&iacute;a su veh&iacute;culo particular a 90 km/h por la Castellana, por identificar falsamente como conductora del coche a una vecina de la localidad de Miranda de Ebro. La sentencia le condena por delito de intento de estafa a 3 meses de prisi&oacute;n.</p> <p>El alto tribunal anula la condena por el delito de descubrimiento y revelaci&oacute;n de secretos, que tambi&eacute;n apreci&oacute; en primera instancia la Audiencia de Madrid, al no considerar probado que los datos de dicha mujer los obtuviese el acusado de las bases de datos que ten&iacute;a a su disposici&oacute;n como agente de Polic&iacute;a. Por ello, la pena se rebaja de 2 a&ntilde;os y medio de c&aacute;rcel, a tres meses.</p> <p>Los hechos ocurrieron a las 4:28 horas del 23 de marzo de 2011, cuando el agente, al volante de su turismo, fue detectado en el Paseo de la Castellana, de Madrid, por un radar est&aacute;tico circulando a velocidad excesiva (91 kil&oacute;metros por hora, cuando el l&iacute;mite, al ser casco urbano, era de 50 km/h. La infracci&oacute;n, de car&aacute;cter grave, llevaba aparejada 500 euros de multa y 6 puntos del carn&eacute;.</p> <p>Al ser requerido para identificar al conductor, hizo constar en el impreso oficial, por s&iacute; mismo u otra persona a instancia suya, el nombre y direcci&oacute;n de una vecina de Miranda de Ebro (Burgos), que en marzo de 2012 recibi&oacute; una notificaci&oacute;n de Tr&aacute;fico detallando la p&eacute;rdida de puntos, lo que destap&oacute; el enga&ntilde;o. La mujer, en el momento de la captaci&oacute;n por el radar de la infracci&oacute;n de velocidad, se encontraba en Burgos.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=accde0bfe63c4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 18 May 2016 13:24:00 +0200 El Supremo confirma la pena 296 años de cárcel a Alberdi Uranga y Narváez Goñi por el atentado de ETA en Madrid que costó la vida a dos TEDAX http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=a45dcfbc6beb4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 296 a&ntilde;os de c&aacute;rcel impuesta por la Audiencia Nacional a Itziar Alberdi Uranga y Juan Jes&uacute;s Narv&aacute;ez Go&ntilde;i por el atentado de ETA con paquete-bomba que cost&oacute; la vida el 12 de junio de 1991 en Madrid a dos miembros de los TEDAX (especialistas en desactivaci&oacute;n de explosivos de la Polic&iacute;a Nacional) que intentaban desactivar el artefacto.</p> <p>El Supremo rechaza los recursos de los dos condenados, que consideraban vulnerado su derecho a la presunci&oacute;n de inocencia, y remarca que la Audiencia realiz&oacute; inferencias plenamente racionales a partir de las pruebas existentes para basar la condena.</p> <p>Alberdi Uranga y Narv&aacute;ez Go&ntilde;i fueron condenados, cada uno, por dos delitos de asesinato; diez de asesinato frustrado, y otro de estragos. Adem&aacute;s, tendr&aacute;n que indemnizar, de forma solidaria con el ya condenado por estos hechos Jos&eacute; Luis Urrusolo Sistiaga, con 350.000 euros a cada de una de las familias de las dos v&iacute;ctimas mortales, y con diferentes cantidades a los diez heridos, y con 122.000 euros a la Polic&iacute;a por da&ntilde;os materiales en sus veh&iacute;culos y equipos.</p> <p>El atentado fue perpetrado por el &lsquo;comando Ekaitz&rsquo; de ETA dentro de una campa&ntilde;a contra empresas que participaban en la construcci&oacute;n de la autov&iacute;a de Leizar&aacute;n. El paquete-bomba iba dirigido a una constructora en Madrid, pero no pudo entregarse porque dicha empresa hab&iacute;a cambiado de direcci&oacute;n. El env&iacute;o fue devuelto entonces a los locales de la empresa de transporte, Servitrans, que comprob&oacute; que el remite era falso y avis&oacute; a la Polic&iacute;a.</p> <p>El Supremo se&ntilde;ala que &ldquo;desde la consideraci&oacute;n de que el atentado se perpetr&oacute; por el comando Ekaitz, integrado al menos por Urrusolo Sistiaga y Nav&aacute;ez Go&ntilde;i, la sentencia de instancia recoge la plena acreditaci&oacute;n de los hechos base con los que se concluye que Itziar Alberdi pertenec&iacute;a al comando Ekaitz y que no son otros que: a) haber firmado ella el contrato de arrendamiento del piso de Valencia que estaba a disposici&oacute;n del comando y b) que nueve meses despu&eacute;s de esa contrataci&oacute;n se constatara que su vinculaci&oacute;n con el comando no hab&iacute;a sido s&oacute;lo de arranque, sino permanente, habida cuenta que en el registro que se realiz&oacute; entonces, no s&oacute;lo se encontraron explosivos y documentaci&oacute;n de ETA, sino que se encontraron huellas de Jos&eacute; Luis Urrusolo, de Juan Jes&uacute;s Narv&aacute;ez y de ella misma&rdquo;.</p> <p>A&ntilde;ade que &ldquo;la acreditaci&oacute;n de que Itziar Alberdi se integraba de manera estable en el comando que ejecut&oacute; la acci&oacute;n delictiva y que lo estuvo durante el tiempo en que se perpetraron los asesinatos, refleja que su alegaci&oacute;n de que la lista de empresas de trasporte pudo realizarse por finalidades dom&eacute;sticas o que pudo venir motivada por otra finalidad diferente del env&iacute;o del explosivo, es una construcci&oacute;n que no resulta fundadamente atendible por el mero hecho de resultar materialmente factible&rdquo;.</p> <p>&ldquo;La anotaci&oacute;n de la recurrente &ndash;contin&uacute;a la resoluci&oacute;n, de la que ha sido ponente el magistrado Pablo Llarena-- en la que se referenciaba la agencia de transporte desde la que precisamente se efectu&oacute; el env&iacute;o y en la que se describ&iacute;a el itinerario y la duraci&oacute;n de la expedici&oacute;n que sigui&oacute; el paquete bomba, coincide con otros elementos que le conectan directamente con la planificaci&oacute;n y ejecuci&oacute;n del atentado, como son: a) su pertenencia al comando, b) que a su compa&ntilde;ero de comando, Jos&eacute; Luis Urrusolo Sistiaga, se le incautara una nota con el nombre, el cargo y la direcci&oacute;n empresarial del destinatario y c) que su tambi&eacute;n compa&ntilde;ero de comando, Juan Jes&uacute;s Narv&aacute;ez Go&ntilde;i, fuera quien particip&oacute; en la confecci&oacute;n del paquete explosivo remitido&rdquo;. &ldquo;De este modo, se revalida la inferencia del Tribunal de instancia como plenamente racional y acorde con el material probatorio aportado&rdquo;, concluye la sentencia.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=a45dcfbc6beb4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 17 May 2016 16:05:00 +0200 El Supremo ratifica la ordenanza municipal que prohíbe ir desnudo por Valladolid http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=f9c67c04b8eb4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Contencioso-administrativo del alto tribunal ha ratificado la Ordenanza Municipal de Protecci&oacute;n de la Convivencia Ciudadana y Prevenci&oacute;n de Actuaciones Antisociales del Ayuntamiento de Valladolid que proh&iacute;be ir desnudo en los espacios y v&iacute;as de uso p&uacute;blico, aunque ha anulado la expresi&oacute;n &ldquo;semidesnuda&rdquo; incluida en la misma por la indeterminaci&oacute;n del concepto.</p> <p>La sentencia considera que dicha prohibici&oacute;n de estar desnudo o transitar en ba&ntilde;ador no supone que se conculquen los derechos a la libertad ideol&oacute;gica, de pensamiento de creencias &ndash;art&iacute;culo 16 Constituci&oacute;n- como alega, entre otros motivos, la Federaci&oacute;n Espa&ntilde;ola de Naturismo en su recurso.</p> <p>En este sentido, afirma que no se puede compartir la idea de que &ldquo;estar desnudo&rdquo; en cualquier espacio p&uacute;blico constituya sin m&aacute;s la manifestaci&oacute;n externa de la libertad de pensamiento, ideas o creencias o&nbsp;que la desnudez misma deba ser entendida como un aut&eacute;ntico derecho ejercitable en todo lugar p&uacute;blico.</p> <p>Tambi&eacute;n a&ntilde;ade que tampoco puede defenderse la existencia de un derecho fundamental a deambular, transitar o estar en esos lugares &ldquo;en ba&ntilde;ador&rdquo;, &ldquo;pues no se alcanza a entender qu&eacute; libertad fundamental se ejercita, necesariamente, vestido con dicha prenda&rdquo;.</p> <p>La Sala Tercera afirma que con tal regulaci&oacute;n no se pretende establecer un concepto oficial de moral, ni imponerlo coercitivamente a quienes no lo comparten y, adem&aacute;s, subraya que se trata, simplemente, de asegurar unas condiciones de uso de los lugares p&uacute;blicos que re&uacute;nan unos m&iacute;nimos de aceptaci&oacute;n por los residentes y visitantes de la ciudad.</p> <p>Asimismo, considera que la Ordenanza municipal impugnada &ldquo;no condena, restringe o limita las creencias o las opiniones de los ciudadanos en relaci&oacute;n con el naturismo, sino que hace algo m&aacute;s simple: prohibir la desnudez en los lugares de uso p&uacute;blico general del territorio municipal y tipificar como infracci&oacute;n el incumplimiento de esa prohibici&oacute;n&rdquo;.</p> <p>Del mismo modo, reitera la doctrina de la Sala que establece que las Corporaciones Locales tienen competencia para prohibir que las personas vayan, est&eacute;n o transiten desnudas por los espacios p&uacute;blicos por estar legalmente habilitadas por la ley y no restringir con tal prohibici&oacute;n el ejercicio de derechos fundamentales.</p> <p>La sentencia estima parcialmente el recurso interpuesto por la Federaci&oacute;n Espa&ntilde;ola de Naturismo y anula la expresi&oacute;n que proh&iacute;be ir o estar en lugares p&uacute;blicos &ldquo;semidesnudo&rdquo; al considerar que no es posible determinar con un m&iacute;nimo grado de precisi&oacute;n las caracter&iacute;sticas concretas de la conducta que se sanciona. Por todo ello, considera que hubiera sido necesario un mayor esfuerzo de la Corporaci&oacute;n municipal para acotar el concepto y no dejar tan extraordinario margen de apreciaci&oacute;n en una materia que no se presenta con indiscutible claridad.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=f9c67c04b8eb4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 17 May 2016 14:35:00 +0200 El Supremo rechaza indemnizar a Caja Seguro Social de Panamá por un envenenamiento masivo en el país centroamericano en 2006 http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=9d100ec391eb4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de Caja del Seguro Social de Panam&aacute; que pretend&iacute;a que se declarase la responsabilidad patrimonial del Estado espa&ntilde;ol y de la Generalitat de Catalunya por la pretendida ausencia de una regulaci&oacute;n que hubiese impedido la exportaci&oacute;n a Panam&aacute; desde Espa&ntilde;a de 9.000 litros de un excipiente fabricado en China, que se us&oacute; para elaborar un jarabe para la tos y que provoc&oacute; un envenenamiento masivo en Panam&aacute;. La recurrente consideraba a Espa&ntilde;a responsable como Estado legislador, y a Catalunya por anormal funcionamiento en la ejecuci&oacute;n de sus competencias.</p> <p>La sentencia expone que en el verano de 2003, la empresa espa&ntilde;ola Resfer Internacional S.A. export&oacute; a Panam&aacute; 9.000 litros de excipiente fabricado en China, cuya finalidad deb&iacute;a ser la elaboraci&oacute;n de jarabe contra la tos.&nbsp;Dicha sustancia, sin embargo, era glicerina no apta para el consumo humano. El jarabe elaborado en Panam&aacute; con ese excipiente fue consumido en 2006 por pacientes en dicho pa&iacute;s, a ra&iacute;z de lo que muchos de ellos sufrieron insuficiencia renal y fallecieron.</p> <p>El Supremo inadmite el recurso de Caja del Seguro Social de Panam&aacute; por falta de legitimaci&oacute;n, al no constar su naturaleza ni funciones en el ordenamiento jur&iacute;dico paname&ntilde;o, ni por tanto su relaci&oacute;n con las personas afectadas por el envenenamiento.</p> <p>Pero adem&aacute;s del motivo formal por el que rechaza el recurso, recuerda que existe una resoluci&oacute;n judicial firme, dictada en las actuaciones penales sobre este asunto seguidas en Espa&ntilde;a, que es el auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 18 de julio de 2011, donde se afirma que la causa del envenenamiento masivo fue &ldquo;la manipulaci&oacute;n en Panam&aacute; del etiquetado y de la denominaci&oacute;n del producto; algo que es completamente ajeno a la actuaci&oacute;n de las autoridades espa&ntilde;olas. En los escritos de demanda y de conclusiones de la recurrente nada se dice sobre este extremo, de crucial importancia para la fundamentaci&oacute;n de su pretensi&oacute;n indemnizatoria&rdquo;. Y a&ntilde;ade que a esas conclusiones de hecho recogidas en el auto de la Audiencia Nacional &ldquo;debe ahora estarse&rdquo;.</p> <p>En cuanto a la falta de capacidad procesal y legitimaci&oacute;n activa de la recurrente, la sentencia explica que &ldquo;es insuficiente insinuar que el cometido de la Caja del Seguro Social de Panam&aacute; constituye un hecho notorio: en el ordenamiento jur&iacute;dico espa&ntilde;ol, el derecho extranjero debe ser objeto de prueba, tal como expresamente establece el art&iacute;culo 281.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Es obvio que ello incluye todas aquellas cuestiones que necesiten de calificaci&oacute;n jur&iacute;dica con arreglo a las normas jur&iacute;dicas de otro pa&iacute;s, como es la relativa a la naturaleza y funci&oacute;n de la Caja del Seguro Social de Panam&aacute;. As&iacute;, dado que este crucial extremo no ha sido acreditado, no consta que la recurrente re&uacute;na las condiciones legalmente exigidas (&hellip;) para ostentar capacidad procesal ante los &oacute;rganos judiciales del orden contencioso-administrativo&rdquo;.</p> <p>De todo ello resulta que concurre la circunstancia legal consistente en que el recurso contencioso-administrativo &laquo;se hubiera interpuesto por persona incapaz, no debidamente representada o no legitimada&raquo;. Ello determina, de conformidad con dicho precepto legal, la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo, sin que sea ya preciso examinar las otras objeciones esgrimidas contra la pretensi&oacute;n indemnizatoria de la recurrente.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=9d100ec391eb4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 17 May 2016 13:00:00 +0200 El Supremo establece que el Gobierno madrileño deberá compensar a la concesionaria de la M-45 por el coste de las expropiaciones http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=3b147c7fb9db4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala III del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de la Comunidad de Madrid contra el reconocimiento del derecho a la concesionaria de la carretera M-45, tramo N-II-Eje O&rsquo;Donnell, al reequilibrio financiero de la concesi&oacute;n derivado del mayor coste de las expropiaciones, fij&aacute;ndose la cuant&iacute;a del desequilibrio econ&oacute;mico de la concesi&oacute;n en 67,2 millones de euros a fecha 31 de diciembre de 2012.</p> <p>El Supremo confirma la sentencia del TSJ de Madrid, de 6 de junio de 2014, cuya parte dispositiva estableci&oacute;: &ldquo;Que desestimando las causas de inadmisi&oacute;n alegadas por el Letrado de la Comunidad de Madrid, debemos estimar y estimamos en parte el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la representaci&oacute;n procesal de la entidad mercantil Concesiones de Madrid S.A., contra la desestimaci&oacute;n presunta realizada por la Consejer&iacute;a de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid de las solicitudes realizadas mediante escritos de fecha 20 de diciembre de 2010, 26 de julio de 2011 y 20 de diciembre de 2011 de restablecimiento del equilibrio econ&oacute;mico financiero de la concesi&oacute;n de obra p&uacute;blica para la redacci&oacute;n del proyecto, construcci&oacute;n, conservaci&oacute;n y gesti&oacute;n de servicio p&uacute;blico de la nueva carretera M-45, tramo: N- II-Eje O&rsquo;Donnell. Resoluciones que anulamos por no ser conformes a derecho, declarando el derecho de la actora a obtener el reequilibrio econ&oacute;mico y financiero de la concesi&oacute;n por raz&oacute;n del mayor coste de las expropiaciones, fijando la cuant&iacute;a del desequilibrio econ&oacute;mico y financiero de la concesi&oacute;n en 67.298.264,29 euros a fecha 31 de diciembre de 2012, cantidad que habr&aacute; de ser incrementada en un 10,05% anual adicional hasta la fecha en que se produzca el restablecimiento del equilibrio econ&oacute;mico y financiero de la concesi&oacute;n para mantener la TIR del Proyecto, condenando a la demandada a compensar tal desequilibrio mediante cualquier forma de compensaci&oacute;n, a concertar entre las partes, de entre las previstas en los pliegos y en la legislaci&oacute;n vigente; sin costas&rdquo;.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=3b147c7fb9db4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 13 May 2016 16:50:00 +0200 El Supremo envía la causa contra la exdiputada Victoria Rosell al Tribunal Superior de Justicia de Canarias http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=0f4fe6f46d9a4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Supremo ha enviado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias la causa abierta a la magistrada y exdiputada de Podemos Victoria Rosell al constatar que ha dejado de ser diputada el pasado 3 de mayo, y a la vista de que la propia interesada ha solicitado dicha inhibici&oacute;n para ejercer su derecho de defensa y actuar de forma inmediata en el proceso penal abierto contra ella.</p> <p>En un auto, la Sala II recuerda que en otras causas especiales contra aforados ha optado por acordar la paralizaci&oacute;n provisional de las actuaciones, hasta constatar los presupuestos que determinaban la competencia, pero en este supuesto, ante la reiterada petici&oacute;n de la interesada, procede la inmediata remisi&oacute;n de la causa al TSJ de Canarias como &oacute;rgano jurisdiccional competente dada la condici&oacute;n de miembro de la carrera judicial de Rosell.</p> <p>La competencia del Supremo ven&iacute;a dada en exclusiva por la condici&oacute;n de diputada de Victoria Rosell. El pasado 25 de abril, la Sala II acord&oacute; admitir a tr&aacute;mite la querella planteada contra la exdiputada por el exministro Jos&eacute; Manuel Soria por delitos de retardo malicioso en la administraci&oacute;n de justicia, prevaricaci&oacute;n judicial y cohecho, y desestimar la querella en lo relativo a delitos de injurias y calumnias. Para llevar a cabo la investigaci&oacute;n nombr&oacute; instructor al magistrado de la misma Sala Juan Ram&oacute;n Berdugo.</p> <p>El auto explica que Rosell present&oacute; escrito el 3 de mayo (el mismo d&iacute;a en que dej&oacute; de ser diputada) solicitando al Supremo su inhibici&oacute;n en la causa y remisi&oacute;n de la misma al TSJ de Canarias. El 5 de mayo, la exdiputada present&oacute; otro escrito pidiendo el archivo de las actuaciones. Y el 11 de mayo, formaliz&oacute; un tercer escrito solicitando el archivo de actuaciones o su inmediata remisi&oacute;n al TSJ de Canarias, adjuntando certificaci&oacute;n del secretario general del Congreso que hace constar que Rosell hab&iacute;a perdido su condici&oacute;n de diputada el 3 de mayo.</p> <p>Por providencia de 10 de mayo, la Sala hab&iacute;a pedido al secretario de Gobierno del Supremo certificaci&oacute;n acreditativa de si Rosell formaba parte de la Diputaci&oacute;n Permanente del Congreso, y reclam&oacute; adem&aacute;s certificaci&oacute;n al secretario de la Junta Electoral Provincial de Las Palmas para verificar si Rosell figuraba como candidata en la actual convocatoria electoral.</p> <p>En su auto, dictado por una Sala formada por Manuel Marchena (presidente y ponente), Jos&eacute; Ram&oacute;n Soriano, Jos&eacute; Manuel Maza, Francisco Monterde y Ana Mar&iacute;a Ferrer, los magistrados explican que de las dos peticiones formuladas por Rosell &ndash;archivo o inhibici&oacute;n&mdash;la que procede es la segunda. La exdiputada hab&iacute;a argumentado para defender el archivo que el caso era id&eacute;ntico al de la querella formulada por ella contra el exministro Soria por injurias y calumnias, que el Supremo archiv&oacute; por la p&eacute;rdida de condici&oacute;n de aforado del querellado, tras dejar de ser ministro.</p> <p>El Supremo destaca que entre ambas causas s&iacute; existe una diferencia sustancial: en la querella de ella contra Soria, cuando &eacute;ste deja de ser ministro la Sala a&uacute;n no hab&iacute;a asumido su competencia, y en la segunda, la de Soria contra ella, ya se hab&iacute;a asumido la competencia y abierto investigaci&oacute;n por el auto de 25 de abril, antes de que Rosell perdiese su aforamiento.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=0f4fe6f46d9a4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 13 May 2016 14:00:00 +0200 El Tribunal Supremo anula la sanción a un guardia civil expedientado por la frase de presentación de su ‘whatsapp’ http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=57b67b4f3b9a4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha anulado la sanci&oacute;n de cuatro d&iacute;as de suspensi&oacute;n de funciones impuesta a un guardia civil al no acreditarse que las expresiones e im&aacute;genes que aparec&iacute;an en la presentaci&oacute;n de su &lsquo;whatsapp&rsquo; se refer&iacute;an a la nota baja que hab&iacute;a sacado su superior en el curso de la Escala de Oficiales de la Guardia Civil.</p> <p>Los hechos sancionados ocurrieron cuando el sargento comandante de Puesto de Cabra de Santo Cristo, en Ja&eacute;n, despu&eacute;s de recibir un&rsquo; whatsapp&rsquo; del citado agente sobre un servicio, le abri&oacute; un parte al tener la certeza de que las palabras que figuraban en su "estado" de&rsquo;whatsapp&rsquo; &ldquo;20 de 100?? 3,5 en psicolog&iacute;a? In&uacute;til&hellip;&rdquo;, con varios emoticonos de caras sonrientes, iban dirigidas "abiertamente" contra &eacute;l, que obtuvo una nota semejante, un 3,167, en la prueba de psicolog&iacute;a.</p> <p>El expediente disciplinario concluy&oacute; con la imposici&oacute;n de la mencionada sanci&oacute;n al guardia civil por una falta leve de desconsideraci&oacute;n o incorrecci&oacute;n con los superiores en el ejercicio de sus funciones o con ocasi&oacute;n de ellos; sanci&oacute;n confirmada por el Tribunal Militar en una sentencia que ha sido anulada ahora por la Sala Quinta.</p> <p>La Sala Quinta indica que el Tribunal Militar ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva y a la presunci&oacute;n de inocencia del recurrente al efectuar una valoraci&oacute;n no razonable del conjunto de la prueba, extrayendo conclusiones que no se compadecen con las reglas de la l&oacute;gica, la racionalidad y la sana cr&iacute;tica.</p> <p>Por un lado, considera que no pueden tenerse en cuenta las manifestaciones autoinculpatorias del agente sancionado ante el Capit&aacute;n Jefe de la Compa&ntilde;&iacute;a de Baeza, a la que pertenec&iacute;a el Puesto de Cabra de Santo Cristo, porque no se le inform&oacute; de su derecho a no declarar contra s&iacute; mismo y a no confesarse culpable.</p> <p>En este sentido, indica que se trata de una prueba irregularmente practicada que vulnera derechos fundamentales del expedientado que, ante la recriminaci&oacute;n de su superior, mostr&oacute; su arrepentimiento y afirm&oacute; que hab&iacute;a quitado inmediatamente el contenido del "estado" de su &lsquo;whatsapp&rsquo; al darse cuenta de que no hab&iacute;a actuado bien".</p> <p>Por otro lado, la sentencia se&ntilde;ala que en el listado con el resultado provisional de las pruebas &ndash;documento que obra en la causa- se aprecia que la nota que realmente sac&oacute; el sargento -3,167- no coincide con la del &ldquo;estado&rdquo; del&rsquo; whatsapp&rsquo; -3,5-, salvo que se acepte que el guardia civil los redonde&oacute; al alza, y que no puede atribuirse &uacute;nicamente a aquel.</p> <p>Tras esas precisiones, la Sala Quinta se&ntilde;ala que el parte disciplinario emitido por el sargento -incompleto y sin firmar- no refleja datos objetivos sino juicios, apreciaciones o valoraciones subjetivas que vierte quien lo emite y que carecen de valor probatorio y de eficacia para permitir imputar al guardia civil sancionado la falta leve por la que fue sancionado.</p> <p>La sentencia subraya que dicho parte, en el que el suboficial manifiesta su "certeza" de que la frase se dirig&iacute;a a &eacute;l, es la &uacute;nica prueba realmente existente de los hechos, cuya veracidad y exactitud no ha sido corroborada por el resto de la prueba testifical y documental, por lo que no puede considerarse prueba de cargo suficiente contra el guardia civil sancionado.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=57b67b4f3b9a4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 13 May 2016 13:16:00 +0200 El Supremo condena al Estado a pagar a Autopista del Sureste más de seis millones euros por sobrecostes en expropiaciones http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=e21a4ff9ff8a4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Tercera ha obligado al Estado a pagar a Autopista del Sureste, C.E.A., SA 6.761.122 euros, el importe de dos pr&eacute;stamos participativos, por el sobrecoste de las expropiaciones para la construcci&oacute;n de la autopista de peaje en el tramo de Alicante y Cartagena (tramo desde autov&iacute;a A7/ Alicante-Murcia).</p> <p>La sentencia concluye que la concesionaria no se encuentra sometida a procedimiento concursal por lo que no le afecta la prohibici&oacute;n de contratar y, aunque presentaba p&eacute;rdidas, justific&oacute; un incremento de capital social y el abono puntual de los intereses de un pr&eacute;stamo participativo anterior.</p> <p>Del mismo modo, afirma que lo m&aacute;s relevante es que ha justificado la obtenci&oacute;n de un pr&eacute;stamo mercantil para refinanciar su deuda, un hecho que permite en este caso no considerar ayuda estatal el pr&eacute;stamo antedicho, y que un inversor no p&uacute;blico ha considerado viable la actividad empresarial.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=e21a4ff9ff8a4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 13 May 2016 09:38:00 +0200 El Tribunal Supremo condena la censura previa por las empresas de los comunicados sindicales http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=e3ca23eb7a4a4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por Liberbank S.A. contra sentencia que declar&oacute; que una actuaci&oacute;n empresarial de bloqueo y censura de los comunicados sindicales en la intranet de la empresa constituye vulneraci&oacute;n de la libertad sindical y condena a cesar en ese comportamiento y a indemnizar al sindicato en 6.000 euros.</p> <p>La Sala respalda la libertad de expresi&oacute;n y difusi&oacute;n de comunicados a trav&eacute;s de la intranet empresarial como contenido esencial de la libertad sindical. Sobre el empresario pesa el deber de mantener al sindicato en el goce pac&iacute;fico de los instrumentos aptos para su acci&oacute;n sindical, siempre que tales medios existan, su utilizaci&oacute;n no perjudique la finalidad para la que fueron creados por la empresa y se respete la proporcionalidad de sacrificios.<br />En el presente caso en un acuerdo de conciliaci&oacute;n de 27 de diciembre de 2012, la empresa &ldquo;se compromete a publicar en la Intranet corporativa los comunicados emitidos por las Secciones Sindicales existentes en el banco sin ejercer el veto o control sobre la legalidad de los mismos y/o su veracidad o a si exceden de los l&iacute;mites informativos&rdquo;.</p> <p>El Tribunal Supremo parte de que no consta que la difusi&oacute;n de los comunicados rechazados perjudicase el sistema inform&aacute;tico y se trata de documentos que el sindicato desea hacer llegar a los trabajadores dentro de los fines que constitucionalmente le est&aacute;n asignados y que han de entenderse en sentido amplio, favoreciendo el ejercicio de tales derechos fundamentales.</p> <p>Se adjunta nota de la Sala.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=e3ca23eb7a4a4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 12 May 2016 13:16:00 +0200 El TS estima los recursos de Cataluña, Andalucía y Asturias contra el techo de déficit de las CCAA para 2013 http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=806a9df888be3510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Pleno de la Sala III del Tribunal Supremo ha estimado los recursos de Catalu&ntilde;a,&nbsp;Andaluc&iacute;a y Asturias contra el acuerdo del Consejo de Ministros, de 30 de agosto de&nbsp;2013, relativo a la distribuci&oacute;n entre las comunidades aut&oacute;nomas de r&eacute;gimen com&uacute;n de&nbsp;los objetivos generales de estabilidad presupuestaria y de deuda p&uacute;blica para el a&ntilde;o&nbsp;2013, que es anulado.</p> <p>Sin embargo, el Pleno rechaza los recursos de Catalu&ntilde;a y Andaluc&iacute;a contra el acuerdo&nbsp;de la misma fecha que estableci&oacute; la distribuci&oacute;n entre las comunidades de los objetivos&nbsp;de estabilidad presupuestaria y deuda p&uacute;blica para el trienio 2014-2016. El Pleno ha&nbsp;analizado cinco recursos formulados por cuatro comunidades aut&oacute;nomas (las tres&nbsp;citadas m&aacute;s Canarias). Las comunidades recurr&iacute;an cuatro acuerdos del Consejo de&nbsp;Ministros, del a&ntilde;o 2013, sobre esta materia.</p> <p>El primero de los acuerdos, de 28 de junio de 2013 (impugnado por las cuatro&nbsp;comunidades) fijaba los objetivos generales de estabilidad presupuestaria y deuda&nbsp;p&uacute;blica para el trienio 2014-2016. Los recursos de las comunidades contra este acuerdo&nbsp;se rechazan por falta de jurisdicci&oacute;n, en cuanto que esos objetivos fueron aprobados&nbsp;posteriormente por las Cortes Generales.</p> <p>El segundo acuerdo (recurrido tambi&eacute;n por las cuatro autonom&iacute;as citadas) es de 13 de&nbsp;julio de 2013, y fijaba los objetivos para el a&ntilde;o 2013. La decisi&oacute;n de la Sala ha sido&nbsp;inadmitir los recursos al entender que se trat&oacute; de un acto preparatorio de un acuerdo&nbsp;parlamentario, que no fue llevado a las Cortes Generales para su aprobaci&oacute;n y por tanto&nbsp;carece, seg&uacute;n los jueces, de eficacia jur&iacute;dica.</p> <p>El tercer acuerdo (recurrido por Catalu&ntilde;a, Andaluc&iacute;a y Asturias) es de 30 de agosto de&nbsp;2013, y fij&oacute; los objetivos de estabilidad y deuda para el a&ntilde;o 2013 para cada una de las&nbsp;comunidades aut&oacute;nomas. Los recursos son estimados, y se anula el acuerdo, al ser&nbsp;consecuencia del acuerdo de 13 de julio de 2013 que el Supremo ha considerado sin&nbsp;eficacia jur&iacute;dica.</p> <p>El cuarto acuerdo (impugnado por Catalu&ntilde;a y Andaluc&iacute;a), de la misma fecha 30 de&nbsp;agosto de 2013, establece la distribuci&oacute;n entre las comunidades de los objetivos para el&nbsp;trienio 2014-2016. En este caso se desestiman los recursos y se avala el acuerdo, al&nbsp;proceder del acuerdo del 28 de junio de 2013 que s&iacute; fue refrendado por las Cortes&nbsp;Generales.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=806a9df888be3510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 11 May 2016 15:00:00 +0200 El Tribunal Supremo condena al Estado a pagar 1,3 millones a la clínica Teknon por cobrarle IVA de más http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=b4640a0de5f94510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala III del Tribunal Supremo ha declarado el derecho de Teknon Healthcare, S.A., socio fundador de Centro M&eacute;dico Teknon de Barcelona, a ser indemnizada por el Estado en 1,3 millones de euros, m&aacute;s los intereses que correspondan, por responsabilidad patrimonial estatal derivada del incumplimiento del derecho comunitario en materia de IVA. En concreto, por incumplimiento de dos art&iacute;culos de la Sexta Directiva, de mayo de 1977, por el art&iacute;culo 79.5 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del IVA.</p> <p>El Supremo concluye que &ldquo;por parte del Reino de Espa&ntilde;a hubo una actuaci&oacute;n reiteradamente contraria al Derecho Europeo en la aplicaci&oacute;n de una norma que le constaba contraria al Derecho comunitario, y es que no pod&iacute;a ser desconocedora de la posible oposici&oacute;n del art&iacute;culo 79.5 de la Ley del IVA a la Sexta Directiva, ante todas las alegaciones que en tal sentido hizo la recurrente, pese a lo cual los &oacute;rganos administrativos competentes insistieron en mantener los actos administrativos recurridos por New Teknon S.A., aunque al mismo tiempo, por comunicaci&oacute;n cursada el 21 de junio de 2005, el Reino de Espa&ntilde;a solicit&oacute; autorizaci&oacute;n para establecer una medida de inaplicaci&oacute;n de las disposiciones de la Directiva 77/388/CEE, en relaci&oacute;n con la determinaci&oacute;n de la base imponible a efectos del IVA, lo que constituye un palmario reconocimiento de la situaci&oacute;n de infracci&oacute;n del Derecho comunitario, que a la luz de lo expuesto, hemos de reputar suficientemente caracterizada, por ser manifiesta y revestir indudable gravedad&rdquo;.</p> <p>A esta conclusi&oacute;n no obsta, indica la sentencia, que en otros litigios en que el Supremo ha analizado la existencia de infracci&oacute;n suficientemente caracterizada del derecho comunitario por el art&iacute;culo 79.5 de la Ley del IVA, en su redacci&oacute;n vigente hasta 2006, se haya llegado a declarar la inexistencia de una infracci&oacute;n manifiesta y grave, pues all&iacute; los recurrentes consintieron durante muchos a&ntilde;os la aplicaci&oacute;n de dicho art&iacute;culo, sin plantearse cuesti&oacute;n alguna sobre su licitud.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=b4640a0de5f94510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 11 May 2016 13:19:00 +0200 El Tribunal Supremo condena a IU por los comentarios ofensivos hacia un particular publicados en un foro de su web http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=35b471018f994510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha declarado la responsabilidad del partido pol&iacute;tico titular de una web en los comentarios ofensivos publicados en un foro abierto en dicha web. La sentencia confirma la condena a Izquierda Unida federal e IU de la Comunidad de Madrid a pagar una indemnizaci&oacute;n total de 10.000 euros por vulneraci&oacute;n del derecho al honor y la intimidad de M.A.P.R., por comentarios vertidos en la p&aacute;gina web &ldquo;iucolmenarviejoblog.wordpress.com&rdquo; despu&eacute;s de anunciarse que dicha persona concurr&iacute;a a las elecciones municipales de 2011 con el partido pol&iacute;tico &ldquo;Democracia Directa del Amor, la Sonrisa y el M&eacute;todo Cient&iacute;fico&rdquo;.</p> <p>La sentencia, que ratifica el pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Madrid, y desestima el recurso de IU federal, destaca que entre los comentarios incluidos en el foro de la web hab&iacute;a algunos en tono jocoso de cr&iacute;tica pol&iacute;tica a M.A.P.R. y su partido pol&iacute;tico, que s&iacute; que est&aacute;n amparados por la libertad de expresi&oacute;n, aunque se hagan en tono burlesco e hiriente.</p> <p>Pero que las expresiones contenidas en otros comentarios que califican a dicha persona de estafador, &ldquo;chorizo&rdquo; o &ldquo;sinverg&uuml;enza&rdquo;, sobrepasan el &aacute;mbito de la libertad de expresi&oacute;n, y suponen una intromisi&oacute;n en el derecho al honor, ya que, como ha dicho el alto tribunal en otras resoluciones, &ldquo;no existe un derecho al insulto constitucionalmente protegido&rdquo;.</p> <p>La Sala I destaca que la titular de una p&aacute;gina web, creadora del foro de debate abierto, debe extremar las precauciones y ejercer control sobre las opiniones y comentarios alojados, procurando la pronta retirada de aquellos que manifiesta e inequ&iacute;vocamente aparecieran como gravemente injuriosos.</p> <p>En este caso, prosigue la sentencia, IU hab&iacute;a adoptado las precauciones y el control en tanto que hab&iacute;a designado un moderador que filtraba el acceso a la web de los comentarios que hac&iacute;an terceras personas, permitiendo la publicaci&oacute;n de algunos (entre los que est&aacute;n los que resultaban injustificadamente ofensivos para el demandante) y denegando la publicaci&oacute;n de otros (entre los que estaban los favorables al demandante). &ldquo;No puede por tanto alegarse la dificultad de controlar el contenido de la p&aacute;gina web, porque el control exist&iacute;a. Y, con &laquo;conocimiento efectivo&raquo; del contenido de los comentarios y de su ilicitud, se publicaron comentarios con expresiones que, a simple vista, el moderador del foro de la p&aacute;gina web pod&iacute;a ver que resultaban difamatorias para el demandante y que no estaban relacionadas con el contenido de la informaci&oacute;n que se publicaba sobre el mismo, con relaci&oacute;n a la cual se realizaban los comentarios&rdquo;, explica la sentencia.</p> <p>La p&aacute;gina web &laquo;iucolmenarviejoblog.wordpress.com&raquo; contaba con sistemas de control, detecci&oacute;n o moderaci&oacute;n de su contenido. En ese sentido, la sentencia reitera que comentarios favorables al demandante fueron censurados, mientras que permanecieron publicados los que resultaban ofensivos. Por tanto, tales controles no funcionaron adecuadamente desde la perspectiva de la protecci&oacute;n de los derechos fundamentales de los afectados. &ldquo;Es correcta la afirmaci&oacute;n de la Audiencia de que se debi&oacute; reaccionar frente a los comentarios ofensivos y prohibir el acceso de los mismos a la p&aacute;gina, nada de lo cual hizo la responsable de la web, a trav&eacute;s del moderador que design&oacute;, pese a ser conocedor de las expresiones difundidas a trav&eacute;s del foro, como lo demuestra la &laquo;moderaci&oacute;n&raquo; (en realidad, negativa a publicarlo) del mensaje enviado por el demandante&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=35b471018f994510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 10 May 2016 14:13:00 +0200 El Tribunal Supremo concede la custodia compartida a un hombre absuelto del delito de maltrato http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=cb4ce3934b584510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Primera del Tribunal Supremo ha estimado la petici&oacute;n de un hombre que reclam&oacute; la custodia compartida de su hija tras ser absuelto por la v&iacute;a penal de la denuncia de malos tratos y amenazas que interpuso contra &eacute;l su pareja. Con anterioridad se hab&iacute;an archivado otras diligencias penales en las que la mujer denunciaba al hombre por abuso contra la menor, resoluci&oacute;n que fue confirmada por la Audiencia Provincial bas&aacute;ndose en la pericial de los expertos del Juzgado y exploraciones de la menor, llevadas a cabo por el juez de Instrucci&oacute;n.<br />El Supremo se&ntilde;ala que la absoluci&oacute;n penal del delito de maltrato denunciado por uno de los c&oacute;nyuges respecto del otro es un cambio de circunstancias a los efectos del art&iacute;culo 90.3 del C&oacute;digo Civil, que debe valorarse ante una petici&oacute;n de custodia compartida de los hijos.</p> <p>La sentencia estima el recurso de un hombre que reclam&oacute; la modificaci&oacute;n de medidas acordadas en la sentencia de divorcio de su mujer, que atribuy&oacute; a &eacute;sta la custodia de la hija menor de edad de ambos. En el momento de dictarse esa sentencia de divorcio por un Juzgado de El Ejido (13 de junio de 2011), hab&iacute;a una denuncia de la madre contra el padre por malos tratos que hab&iacute;a dado lugar a la incoaci&oacute;n de causa penal.</p> <p>El alto tribunal estima el recurso del padre y otorga en este caso la custodia compartida, en inter&eacute;s del menor, al apreciarse un cambio significativo de las circunstancias que se tuvieron en cuenta cuando se adopt&oacute; el anterior sistema de custodia, que ya inclu&iacute;a un r&eacute;gimen de visitas al padre -todos los martes y jueves y fines de semana alternos-.</p> <p>As&iacute;, tiene en cuenta el informe de la psic&oacute;loga del Juzgado que aconsej&oacute; en diciembre de 2010 el sistema de custodia compartida, y otro informe, &eacute;ste de febrero de 2014 y elaborado por una psic&oacute;loga propuesta por el padre, que consideraba ese sistema como el m&aacute;s id&oacute;neo. Ambas profesionales oyeron a la menor e informaron sobre la misma.</p> <p>Tambi&eacute;n indica que la menor ten&iacute;a 5 a&ntilde;os de edad cuando se dict&oacute; la sentencia de divorcio, y que ahora tiene 10, un incremento de edad que "constituye en s&iacute; mismo una variable que aconseja un contacto m&aacute;s intenso con los dos progenitores". Adem&aacute;s, el Supremo recuerda que tras la sentencia de divorcio se ha modificado la jurisprudencia, de modo que ahora el alto tribunal considera la custodia compartida el sistema normal salvo excepciones.</p> <p>Y como tercer aspecto, "no menos importante a la hora de valorar el cambio de circunstancias" desde la sentencia de divorcio, el Supremo se&ntilde;ala que el padre fue absuelto del delito de maltrato habitual y amenazas por los que le denunci&oacute; la esposa.</p> <p>"Dicha absoluci&oacute;n -dice el Supremo- constituye un cambio significativo de las circunstancias, dado que fue uno de los elementos que motivaron la denegaci&oacute;n de la custodia compartida". Por todo ello, se establece en este caso el sistema de custodia de compartida "dada la capacitaci&oacute;n de los padres, su implicaci&oacute;n, la vinculaci&oacute;n de la hija con ambos progenitores y la proximidad de los domicilios".</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=cb4ce3934b584510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 06 May 2016 13:25:00 +0200 El Tribunal Supremo confirma sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Extremadura sobre la adjudicación de emisoras http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=4f0d5e8c44584510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La sentencia &nbsp;confirma la anulaci&oacute;n de la adjudicaci&oacute;n de 21 emisoras - de un total de 41- que hab&iacute;a solicitado Radio Interior en el concurso abierto para la concesi&oacute;n de la explotaci&oacute;n del servicio p&uacute;blico de radiodifusi&oacute;n sonora en ondas m&eacute;tricas con &nbsp;modulaci&oacute;n de frecuencia, de emisoras privadas de car&aacute;cter comercial. </p> <p>La Sala de lo Contencioso-Administrativo desestima los recursos de casaci&oacute;n interpuestos por Radio Popular (COPE), Cartera de Medios, Sociedad Espa&ntilde;ola de Radiodifusi&oacute;n (SER) y Zafra TV Producciones Audiovisuales y ratifica el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que acord&oacute; anular la citada adjudicaci&oacute;n al considerar que se produjo una dejaci&oacute;n de funciones de la mesa de Contrataci&oacute;n, adem&aacute;s de una motivaci&oacute;n insuficiente en la aplicaci&oacute;n de los criterios de valoraci&oacute;n previstos en el Pliego que estaban referidos a la Programaci&oacute;n y a la Pluralidad de la Oferta Informativa. La sentencia obliga a que el &oacute;rgano competente de la Junta de Extremadura resuelva el concurso en lo que se refiere a las 21 emisoras anuladas de acuerdo con las bases y los criterios del concurso, &nbsp;valorando tambi&eacute;n los criterios de adjudicaci&oacute;n de Programaci&oacute;n y pluralidad de la oferta informativa.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=4f0d5e8c44584510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 06 May 2016 11:00:00 +0200 El Tribunal Supremo obliga a indemnizar a un brigada del Ejército del Aire arrestado por no querer brindar por el rey http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=68b473aa13b74510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha confirmado la anulaci&oacute;n por prescripci&oacute;n de la sanci&oacute;n disciplinaria de un mes y un d&iacute;a de arresto impuesta a un brigada del Ej&eacute;rcito de Aire por una falta grave cometida al decir que no brindaba por el Rey el d&iacute;a de su onom&aacute;stica, aunque, finalmente, acab&oacute; alzando su copa por su Majestad junto al resto del Destacamento de Alhucemas.</p> <p>La sentencia desestima el recurso de casaci&oacute;n interpuesto por el abogado del Estado y ratifica el fallo del Tribunal Militar Central que anul&oacute; la citada sanci&oacute;n y estableci&oacute; que se indemnizara al suboficial por los da&ntilde;os morales derivados del cumplimiento de la misma en el Establecimiento Disciplinario Militar de Ceuta.</p> <p>En este sentido, fij&oacute; que la cuant&iacute;a de la indemnizaci&oacute;n ser&iacute;a la suma del importe de la dieta en territorio nacional por cada d&iacute;a que estuvo privado indebidamente de libertad, adem&aacute;s de otra cantidad determinada en el tr&aacute;mite de ejecuci&oacute;n de sentencia por otros da&ntilde;os o perjuicios que haya podido sufrir a consecuencia del castigo.</p> <p>De acuerdo con la sentencia recurrida, la Sala Quinta del Tribunal Supremo indica que cuando se notific&oacute; al expedientado dicha sanci&oacute;n, el 17 de septiembre de 2013, &eacute;sta ya hab&iacute;a prescrito al haberse agotado el plazo de seis meses que establece el R&eacute;gimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas para la caducidad de las faltas graves.</p> <p>Los hechos ocurrieron el 22 de junio de 2012, cuando un teniente, entonces omandante militar del destacamento de Alhucemas, le dijo a un sargento que preparara un vino con motivo de la onom&aacute;stica del rey Juan Carlos I.</p> <p>El brigada sancionado replic&oacute; que eso ya no se llevaba y el mando le contest&oacute; que all&iacute; s&iacute; se celebrar&iacute;a. Dos d&iacute;as despu&eacute;s, el d&iacute;a de San Juan, el teniente se percat&oacute; de que el militar no se encontraba en la formaci&oacute;n con todo el destacamento para entrar en el comedor y, como fue imposible localizarlo por tel&eacute;fono, fue a buscarle al despacho, comunic&aacute;ndole que ten&iacute;a cinco minutos para bajar. Al llegar all&iacute;, el suboficial expedientado dijo que &eacute;l ten&iacute;a lealtad a Espa&ntilde;a y a la bandera, pero que no brindaba por el rey, aunque despu&eacute;s levant&oacute; su copa por el jefe del Estado y se march&oacute; del comedor.</p> <p>Por estos hechos, el 12 de septiembre de 2012 se abri&oacute; al militar un expediente disciplinario, que acab&oacute; con la resoluci&oacute;n sancionadora el 13 de septiembre de 2013 por una falta grave del art&iacute;culo 32 del R&eacute;gimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas (emitir o tolerar manifiesta y p&uacute;blicamente expresiones contrarias, realizar actos irrespetuosos o adoptar actitud de menosprecio contra la Corona). Meses antes, se inici&oacute; un procedimiento penal que fue archivado, decisi&oacute;n que fue comunicada al instructor.</p> <p>La sentencia indica que la autoridad disciplinaria puede incoar y tramitar un expediente sancionador y que no est&aacute; obligada a suspenderlo aunque tenga conocimiento de que se ha iniciado un procedimiento penal por los mismos hechos, se&ntilde;alando que no puede resolverlo antes de que acabe &eacute;ste &uacute;ltimo.</p> <p>En este caso, subraya la Sala, la autoridad disciplinaria conoci&oacute; la apertura del procedimiento penal y en lugar de esperar a que &eacute;ste terminase y se lo comunicaran, opt&oacute; por incoar el expediente disciplinario y tramitarlo, sin llegar a suspenderlo justificadamente antes de que le fuera notificado el auto de archivo. De ese modo, concluye que el plazo legalmente establecido para su tramitaci&oacute;n no qued&oacute; interrumpido por la existencia de actuaciones penales y continu&oacute; corriendo hasta agotar el plazo de tres meses fijado para su instrucci&oacute;n.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=68b473aa13b74510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 04 May 2016 12:57:00 +0200 El Tribunal Supremo rechaza la petición de la SGAE de levantar cautelarmente la prohibición de cobrar el canon por conciertos http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=1cdc15c517674510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha rechazado la pretensi&oacute;n de la SGAE de que se levantase cautelarmente la prohibici&oacute;n que le impuso en noviembre de 2014 la Comisi&oacute;n Nacional de la Competencia de cobrar el 10 por ciento de la taquilla de los conciertos.</p> <p>La SGAE tiene recurrida ante la Audiencia Nacional la resoluci&oacute;n de Competencia -que adem&aacute;s de la prohibici&oacute;n de continuar con las pr&aacute;cticas que provocaron la sanci&oacute;n, impuso una multa a la sociedad de autores de 3,1 millones de euros- y solicit&oacute; que, hasta que no se resuelva sobre el fondo de su recurso, se suspendiese cautelarmente la prohibici&oacute;n de cobrar la tarifa.</p> <p>Argumentaba que una eventual sentencia estimatoria favorable a la SGAE ser&iacute;a ineficaz porque no podr&iacute;a volver a la tarifa actual ni recuperar el dinero no cobrado dada la fragilidad de las empresas promotoras de conciertos, que van desapareciendo del mercado con rapidez.</p> <p>El Supremo rechaza dichos argumentos y resalta que, en este supuesto, &ldquo;adem&aacute;s de concurrir intereses p&uacute;blicos derivados de la observancia del Derecho de la Competencia, se advierte que hay intereses de terceros que merecen protecci&oacute;n, que resultar&iacute;an gravemente afectados si eventualmente se adoptase la medida cautelar de suspensi&oacute;n de la ejecutividad de la orden de intimaci&oacute;n, al tener que seguir soportando la aplicaci&oacute;n de tarifas del 10 por ciento sobre sus ingresos que la resoluci&oacute;n de la Comisi&oacute;n Nacional de los Mercados y la Competencia considera excesivas, tal como aduce la defensa letrada de la Asociaci&oacute;n de Promotores Musicales (APM) en su escrito de oposici&oacute;n, frustr&aacute;ndose la finalidad de dicha resoluci&oacute;n de tratar de impedir que se perpet&uacute;en conductas abusivas en la aplicaci&oacute;n de tarifas&rdquo;.</p> <p>De esta forma, el alto tribunal ratifica la decisi&oacute;n anterior de la Audiencia Nacional de denegar la suspensi&oacute;n cautelar pedida por la SGAE. La Audiencia Nacional tambi&eacute;n se decant&oacute; a favor del inter&eacute;s general, &ldquo;que exige evitar que se produzca una explotaci&oacute;n abusiva de la posici&oacute;n de dominio que en el mercado mantiene la entidad sancionada, y que se perpet&uacute;e el cobro de tarifas calificadas como &ldquo;no equitativas y excesivas&rdquo;; inter&eacute;s que debe prevalecer frente al particular de la recurrente&rdquo;.</p> <p>Del mismo modo, destac&oacute; que &ldquo;la fragilidad de las empresas promotoras de los conciertos que invoca la actora abunda en la idea de que debe considerarse su inter&eacute;s como especialmente necesitado de amparo cautelar al resultar especialmente sensibles a la exigencia de tarifas excesivas o desproporcionadas&rdquo;.</p> <p>La Asociaci&oacute;n de Promotores Musicales reclam&oacute; que no se aceptara la suspensi&oacute;n pedida por la SGAE y, subsidiariamente, que se impusiera a la sociedad de autores una cauci&oacute;n de 54,1 millones de euros para cubrir los perjuicios que podr&iacute;an causarse a los promotores de conciertos.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=1cdc15c517674510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 03 May 2016 13:57:00 +0200 El Supremo señala que observar una vivienda con prismáticos sin autorización judicial vulnera la inviolabilidad del domicilio http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=339bdb0f23674510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala II del Tribunal Supremo ha establecido que la observaci&oacute;n de una vivienda con prism&aacute;ticos por parte de la Polic&iacute;a sin autorizaci&oacute;n judicial vulnera la inviolabilidad del domicilio. El Supremo anula la condena de c&aacute;rcel por tr&aacute;fico de drogas impuesta a dos personas por la Audiencia de Ourense al considerar il&iacute;cita la principal prueba de cargo contra ellos, que fue la actividad observada por la Polic&iacute;a en el interior de un domicilio mediante prism&aacute;ticos. Los dos acusados son absueltos por el alto tribunal.<br />En sentencia de la que ha sido ponente el presidente de la Sala, Manuel Marchena, el Supremo se pronuncia por primera vez sobre la incidencia en el derecho a la inviolabilidad del domicilio (art&iacute;culo 18.2 de la Constituci&oacute;n) de la observaci&oacute;n mediante prism&aacute;ticos por agentes de Polic&iacute;a del interior de un domicilio. En ese sentido, indica que la protecci&oacute;n constitucional de esa inviolabilidad, cuando los agentes utilizan instrumentos &oacute;pticos que convierten la lejan&iacute;a en proximidad, no puede ser neutralizada con el argumento de que el propio morador no ha colocado obst&aacute;culos que impidan la visi&oacute;n exterior. El domicilio como recinto constitucionalmente protegido no deja de ser domicilio cuando las cortinas no se hallan debidamente cerradas, como ocurr&iacute;a en este caso.<br />La expectativa de intimidad no desaparece por el hecho de que el titular o usuario de la vivienda no refuerce los elementos de exclusi&oacute;n asociados a cualquier inmueble. Interpretar que unas persianas no bajadas o unas cortinas no corridas por el morador transmiten una autorizaci&oacute;n impl&iacute;cita para la observaci&oacute;n del interior del inmueble, encierra el riesgo de debilitar de forma irreparable el contenido material del derecho a la inviolabilidad domiciliaria.</p> <p>A&ntilde;ade el Supremo que la protecci&oacute;n frente a la incursi&oacute;n en un domicilio debe abarcar, ahora m&aacute;s que nunca, tanto la entrada f&iacute;sica del intruso como la intromisi&oacute;n virtual. La revoluci&oacute;n tecnol&oacute;gica ofrece sofisticados instrumentos de intrusi&oacute;n que obligan a una interpretaci&oacute;n funcional del art&iacute;culo 18.2 de la Constituci&oacute;n. La existencia de drones, cuya tripulaci&oacute;n a distancia permite una ilimitada capacidad de intromisi&oacute;n en recintos domiciliarios abiertos es s&oacute;lo uno de los m&uacute;ltiples ejemplos imaginables.</p> <p>Pero incluso para el caso en que se entendiera que los supuestos de falta de presencia f&iacute;sica por parte de los agentes en el domicilio investigado deben ser protegidos conforme al concepto general de intimidad que ofrece el art&iacute;culo 18.1 de la Constituci&oacute;n, lo cierto es que en el presente caso no consta la existencia de ning&uacute;n fin constitucionalmente leg&iacute;timo que, por razones de urgencia, permitiera sacrificar la intimidad del sospechoso.</p> <p>Y se vulnera esa prohibici&oacute;n cuando sin autorizaci&oacute;n judicial y para sortear los obst&aacute;culos propios de la tarea de fiscalizaci&oacute;n, se recurre a un utensilio &oacute;ptico que permite ampliar las im&aacute;genes y salvar la distancia entre el observante y lo observado, concluye la sentencia.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=339bdb0f23674510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 03 May 2016 13:05:00 +0200 El Supremo destaca que los no funcionarios pueden prevaricar o malversar por inducción http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=749acbf8de164510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala II del Tribunal Supremo ha reducido de cinco a&ntilde;os y medio de prisi&oacute;n a dos a&ntilde;os y nueve meses la condena impuesta al exsenador del Partido Independiente de Lanzarote (PIL) Dimas Mart&iacute;n Mart&iacute;n por los pagos con fondos p&uacute;blicos que el Ayuntamiento de Arrecife y la empresa Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa) hicieron al exviceconsejero canario de Justicia Francisco Jos&eacute; Rodr&iacute;guez Batllori a cambios de unos supuestos servicios de asesoramiento que en realidad nunca se prestaron.</p> <p>El motivo de la disminuci&oacute;n de la pena de c&aacute;rcel es la absoluci&oacute;n de uno de los dos delitos de malversaci&oacute;n de caudales p&uacute;blicos (el referido a la empresa Inalsa) por los que fue condenado en primera instancia por la Audiencia de Las Palmas, aunque se le mantiene la condena por dos delitos de prevaricaci&oacute;n y otro de malversaci&oacute;n (el del Ayuntamiento de Arrecife), destacando el Supremo que fue un &ldquo;caso claro de arbitrariedad, en el sentido de acto contrario a la Justicia, la raz&oacute;n y las leyes, dictado s&oacute;lo por la voluntad y el capricho&rdquo;. El Supremo rechaza la alegaci&oacute;n del exsenador de que los delitos de prevaricaci&oacute;n o malversaci&oacute;n s&oacute;lo pueden ser cometidos por funcionarios, y confirma su condena como inductor de los mismos.</p> <p>A Rodr&iacute;guez Batllori, el Supremo le condena a la misma pena de dos a&ntilde;os y nueve meses de c&aacute;rcel, frente a los 7 a&ntilde;os y 3 meses que le impuso la Audiencia de Las Palmas en primera instancia. En su caso, adem&aacute;s de absolverle del delito de malversaci&oacute;n referido a la empresa Inalsa, le retira adem&aacute;s la condena por falsedad en documento mercantil al no estar acreditado que las minutas que presentaba para cobrar por servicios no prestados fuesen documentos mercantiles, cuya falsedad es la que fue objeto de acusaci&oacute;n y condena por el tribunal de instancia.</p> <p>Los hechos probados confirmados por el Supremo relatan que Dimas Mart&iacute;n y Rodr&iacute;guez Batllori (&eacute;ste funcionario p&uacute;blico entonces de la Comunidad aut&oacute;noma de Canarias) se concertaron a principios de 2008 para que el segundo se beneficiara de forma indebida y sin contraprestaci&oacute;n alguna de fondos p&uacute;blicos de la isla de Lanzarote. Para cumplir sus prop&oacute;sitos, se valieron de concejales del PIL en Arrecife (el de Hacienda, Jos&eacute; Miguel Rodr&iacute;guez S&aacute;nchez, condenado a 1 a&ntilde;o de prisi&oacute;n, y la de Personal, Mar&iacute;a Luisa Blanco Caraballo, condenada a 8 a&ntilde;os y medio de inhablitaci&oacute;n), as&iacute; como de la consejera delegada y el gerente de Inalsa, Pl&aacute;cida Guerra y Rafael Elorrieta, cuya condena queda ahora en 8 a&ntilde;os y medio de inhabilitaci&oacute;n por prevaricaci&oacute;n al haberse anulado el de malversaci&oacute;n de caudales p&uacute;blicos.</p> <p>El motivo de la absoluci&oacute;n de todos los afectados por el delito de malversaci&oacute;n de caudales p&uacute;blicos respecto a la empresa Inalsa es que no ha quedado probado que los dos supuestos autores de la malversaci&oacute;n (la consejera delegada y el gerente de la sociedad) tuvieran a su cargo los caudales p&uacute;blicos que recibi&oacute; Rodr&iacute;guez Batllori, por lo que no se cumple el requisito previsto en el art&iacute;culo 432.1 del C&oacute;digo Penal de que la sustracci&oacute;n de efectos p&uacute;blicos se haga por quien los tienen a su cargo por raz&oacute;n de sus funciones. Ese requisito s&iacute; se dio en relaci&oacute;n a la malversaci&oacute;n en el Ayuntamiento de Arrecife, ya que uno de los condenados, el concejal de Hacienda, deb&iacute;a firmar las salidas del dinero.</p> <p>El Supremo rechaza en su sentencia el argumento de la defensa de Dimas Mart&iacute;n de que no pod&iacute;a ser autor de los delitos de prevaricaci&oacute;n y malversaci&oacute;n de caudales p&uacute;blicos porque esos delitos s&oacute;lo pueden ser cometidos por funcionario p&uacute;blico o autoridad, y &eacute;l en el momento de los hechos no era ni lo uno ni lo otro.</p> <p>Contra dicha alegaci&oacute;n, el alto tribunal recuerda que, de acuerdo a su reiterada jurisprudencia, el sujeto que no es funcionario p&uacute;blico puede ser part&iacute;cipe en delitos de prevaricaci&oacute;n y malversaci&oacute;n cometidos por funcionarios, ya sea en la condici&oacute;n de inductor o de cooperador necesario. Y Mart&iacute;n ha sido condenado como inductor de resoluciones arbitrarias dictadas por quienes s&iacute; eran funcionarios p&uacute;blicos.</p> <p>&ldquo;En los hechos que se declaran probados queda perfectamente descrito que fue el ahora recurrente, por su ascendencia sobre los otros acusados, quien determin&oacute; e hizo nacer en ellos la resoluci&oacute;n criminal, resoluci&oacute;n que nunca hubiese surgido de no ser por la instigaci&oacute;n del ahora recurrente&rdquo;, a&ntilde;ade la resoluci&oacute;n, de la que ha sido ponente el magistrado Carlos Granados.</p> <p>En la sentencia tambi&eacute;n se subraya que Dimas Mart&iacute;n Mart&iacute;n, condenado con anterioridad por otros asuntos, &ldquo;era perfecto conocedor&rdquo; de las influencias que ten&iacute;a Francisco Rodr&iacute;guez-Batllori en atenci&oacute;n a los cargos desempe&ntilde;ados en el Gobierno de Canarias, y que las mismas le pod&iacute;an reportar beneficios en su situaci&oacute;n penitenciaria, &ldquo;habiendo realizado, efectivamente, el acusado (Rodr&iacute;guez Batllori) gestiones para la consecuci&oacute;n del tercer grado penitenciario a Dimas Mart&iacute;n&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=749acbf8de164510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 29 Apr 2016 14:45:00 +0200 El TS archiva la causa de la exalcaldesa de Jerez y diputada María José García-Pelayo http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=cb69cbf8de164510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Tribunal Supremo ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa contra la ex alcaldesa de Jerez y diputada del PP Maria Jos&eacute; Garc&iacute;a-Pelayo en la pieza separada de G&uuml;rtel-Fitur por falta de indicios de responsabilidad penal en la actuaci&oacute;n de la entonces alcaldesa.</p> <p>Los hechos investigados se acotan al a&ntilde;o 2004, en relaci&oacute;n con determinados contratos administrativos para el desarrollo de FITUR de aquel a&ntilde;o, as&iacute; como otros expedientes para llevar a cabo actos en la Plaza Mayor de Madrid.</p> <p>El instructor en su auto no cuestiona la posible relevancia penal de los hechos investigados, ante el c&uacute;mulo de indicios que apuntan, seg&uacute;n explica en su resoluci&oacute;n, que la asignaci&oacute;n de esos contratos se hizo de forma voluntarista; fue una decisi&oacute;n arbitraria adoptada &ldquo; al margen de todo procedimiento legal, beneficiando a unas concretas empresas &ndash; tres- que resultaron adjudicatarias en virtud de una decisi&oacute;n tomada, sin respeto a los procedimientos y garant&iacute;as administrativas&rdquo;. El car&aacute;cter absolutamente irregular de aquella contrataci&oacute;n, seg&uacute;n el instructor, radica en la constataci&oacute;n de que la decisi&oacute;n de adjudicar los contratos a las tres empresas fue anterior a los propios expedientes, que se tramitaron despu&eacute;s de la celebraci&oacute;n de la Feria de Turismo.<br />Despu&eacute;s de exponer los hechos presuntamente delictivos, el juez analiza si existen indicios racionales y consistentes contra la entonces alcaldesa para concluir que no se le puede atribuir una conducta dolosa. El magistrado, tras constatar que la eficacia jur&iacute;dica de las decisiones est&aacute; ligada a la firma de la alcaldesa, descarta que lo hiciera a sabiendas de su arbitrariedad.</p> <p>El auto cita dos sentencias de la Sala de lo Penal que establecen que el delito de prevaricaci&oacute;n exige probatoriamente algo m&aacute;s que la pura constataci&oacute;n de la firma en una resoluci&oacute;n objetivamente arbitraria e injusta. El juez considera obvio que en determinados &aacute;mbitos tanto administrativos como empresariales se ha de operar con un principio de confianza en la labor de los escalones previos al &aacute;mbito estrictamente decisional, por lo que no es exigible que el alcalde de un ayuntamiento como el de Jerez, contraste y coteje con cada expediente todas y cada una de las decisiones o acuerdos que firma.</p> <p>En definitiva, el auto califica de &ldquo;cre&iacute;ble&rdquo; el testimonio de la investigada sobre su desconocimiento de &ldquo; toda esa trastienda de la que emana un fuerte aroma a irregularidades, tr&aacute;fico de influencias o decisiones opacas y, dicho castizamente, caciquiles, resultan no s&oacute;lo muy veros&iacute;miles sino adem&aacute;s sugestivas de acomodarse a lo m&aacute;s probable&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=cb69cbf8de164510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 29 Apr 2016 14:35:00 +0200 El Tribunal Supremo anula dos requisitos del Decreto de ITV de Cataluña y la convocatoria de 2010 http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=895771ae0bc54510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha declarado nulos dos art&iacute;culos del Decreto 45/2010, de 30 de marzo, de Catalu&ntilde;a, por el que se aprueba el Plan territorial de nuevas estaciones de ITV en dicha comunidad aut&oacute;noma para el periodo 2010-2014, por establecer restricciones a la libertad comunitaria de establecimiento contrarias al art&iacute;culo 49 del Tratado de Funcionamiento de la UE, al no haberse demostrado la necesidad y proporcionalidad de las mismas. Las dos restricciones anuladas son la de una cuota m&aacute;xima de mercado de las empresas solicitantes y la de distancia m&iacute;nima de compatibilidad entre estaciones de una misma empresa.</p> <p>En concreto, se declaran nulos los art&iacute;culos 74 y 75 del Decreto. El primero se&ntilde;ala que para optar a la autorizaci&oacute;n de apertura de una estaci&oacute;n de ITV, la empresa o grupo de empresas solicitante no puede poseer una cuota de mercado superior al 50 por ciento. Y el segundo art&iacute;culo anulado, establec&iacute;a una distancia m&iacute;nima que no pod&iacute;a rebasarse entre la estaci&oacute;n para la que una empresa ped&iacute;a autorizaci&oacute;n y las ya autorizadas a la misma empresa o grupo de empresas.</p> <p>El Supremo estima el recurso de varias empresas contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, de 25 de abril de 2012, que hab&iacute;a anulado en su integridad el Decreto 45/2010. A continuaci&oacute;n, resolviendo el recurso contencioso originario contra dicho Decreto presentado por la sociedad OCA Inspecci&oacute;n T&eacute;cnica de Veh&iacute;culos, declara nulos los art&iacute;culos 74 y 75 del Decreto.<br />Seg&uacute;n la sentencia del Supremo, &ldquo;el establecimiento de una cuota m&aacute;xima de mercado no parece guardar relaci&oacute;n alguna con el fomento de la seguridad vial, y en cuanto al fin de asegurar la calidad del servicio y en &uacute;ltima instancia la protecci&oacute;n de los consumidores, debe tenerse en cuenta (&hellip;) que el contenido del procedimiento de ITV est&aacute; armonizado en el &aacute;mbito de la UE, pues la Directiva 2009/40 establece las normas y m&eacute;todos m&iacute;nimos comunitarios para la inspecci&oacute;n t&eacute;cnica, y en el &aacute;mbito estatal, el RD 2042/1994 efect&uacute;a una regulaci&oacute;n detallada de los tipos y frecuencias de las inspecciones t&eacute;cnicas a que han de someterse los veh&iacute;culos matriculados en Espa&ntilde;a, por lo que cabe esperar un mismo nivel de calidad de las prestaciones, sin que tampoco apreciamos en este caso justificada la concurrencia del requisito de necesidad y adecuaci&oacute;n de la medida para garantizar la realizaci&oacute;n del objetivo que persigue&rdquo;.</p> <p>En relaci&oacute;n a las distancias m&iacute;nimas de compatibilidad entre estaciones de una misma empresa, la sentencia del TS recuerda que, en su exposici&oacute;n de motivos, el Decreto 45/2010 justifica la medida en la finalidad de evitar que &ldquo;por razones puramente de rentabilidad del servicio la oferta se concentre excesivamente en una determinada zona, en detrimento de otras &aacute;reas del territorio que por tener un parque m&oacute;vil m&aacute;s reducido queden sin cobertura con el consecuente perjuicio para las personas usuarias&rdquo;. Pero, seg&uacute;n el Supremo, la medida carece de aptitud por s&iacute; misma para cumplir ese objetivo de otorgar cobertura de servicios de ITV a las zonas con parque m&oacute;vil reducido, pues como advierte el Tribunal de Justicia de la UE, esas distancias m&iacute;nimas no se establecen entre estaciones de ITV de empresas competidoras, sino entre instalaciones de una misma empresa o grupo de empresas.</p> <p>En una segunda sentencia, el Supremo anula la Orden IUE/279/2010 de Catalunya que abri&oacute; la convocatoria y aprob&oacute; las bases de concurso p&uacute;blico para acceder a la autorizaci&oacute;n de nuevas estaciones de ITV prevista en el Plan territorial incluido en el Decreto 45/2010. El motivo es que la Orden aplic&oacute; los preceptos del Decreto que han sido declarados nulos: cuota m&aacute;xima de mercado y distancias m&iacute;nimas de compatibilidad.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=895771ae0bc54510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 28 Apr 2016 15:08:00 +0200 El Tribunal Supremo da la razón a una mujer que pidió cese del uso de su imagen desnuda en medios de contenido erótico http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=25c571ae0bc54510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Primera del Tribunal Supremo ha resuelto un recurso de casaci&oacute;n en el que se planteaba tanto la nulidad de un contrato por el que una persona ced&iacute;a las im&aacute;genes a una empresa como la intromisi&oacute;n en los derechos a la imagen y al honor de esa misma persona por la difusi&oacute;n de dichas im&aacute;genes en medios de contenido er&oacute;tico.</p> <p>La demandante hab&iacute;a celebrado en el a&ntilde;o 2008 un contrato para promocionar su imagen, realiz&aacute;ndose a tales efectos un reportaje fotogr&aacute;fico. Tras constatar que las fotograf&iacute;as hab&iacute;an sido publicadas en una revista digital de contenido er&oacute;tico, resolvi&oacute; el contrato. En el contrato se conten&iacute;a una cl&aacute;usula que autorizaba la utilizaci&oacute;n de la imagen cedida incluso despu&eacute;s de finalizado el v&iacute;nculo contractual, por lo que las im&aacute;genes siguieron utiliz&aacute;ndose pese a diversos requerimientos de la demandante para que cesase en su uso.</p> <p>En primera instancia se estim&oacute; la demanda por nulidad del contrato de cesi&oacute;n de derechos y de vulneraci&oacute;n de los derechos fundamentales al honor y a la propia imagen. Posteriormente, la Audiencia Provincial de Alicante revoc&oacute; esta sentencia y declar&oacute; &uacute;nicamente que la cl&aacute;usula del contrato que permit&iacute;a el uso de la imagen de la demandante sin l&iacute;mite temporal era nula por abusiva.</p> <p>La Audiencia consider&oacute; que no se hab&iacute;an vulnerado el honor ni la imagen de la demandante porque estaba probado que la demandante ten&iacute;a cabal conocimiento de los circuitos en que iban a distribuirse las fotograf&iacute;as.<br />En la sentencia notificada ahora por la Sala Primera del Supremo, de la que ha sido ponente su presidente, Francisco Mar&iacute;n Cast&aacute;n, se estima parcialmente el recurso de casaci&oacute;n de la demandante.</p> <p>En primer lugar, la resoluci&oacute;n desestima la pretensi&oacute;n de nulidad del contrato por entender que no existi&oacute; ni dolo ni error en la contrataci&oacute;n, cuya finalidad de promoci&oacute;n de su imagen en el &aacute;mbito de los contenidos er&oacute;ticos quedaba evidenciada por las actuaciones de la demandante y el propio contenido del contrato. Al no ser el destino de las im&aacute;genes diferente del contratado, la Sala entiende que no se vulner&oacute; su derecho al honor.</p> <p>Sin embargo, el Tribunal Supremo s&iacute; estima el recurso al resolver la cuesti&oacute;n jur&iacute;dica de la intromisi&oacute;n en el derecho a la imagen por haberse difundido las fotograf&iacute;as difundidas despu&eacute;s de que la demandante comunicara a la demandada la revocaci&oacute;n de su consentimiento.</p> <p>La Audiencia Provincial consider&oacute; que la cl&aacute;usula controvertida era nula por abusiva, pero no declar&oacute; vulnerado el derecho a la imagen de la demandante. El Tribunal Supremo, en cambio, s&iacute; aprecia intromisi&oacute;n ileg&iacute;tima en el derecho a la imagen por dos razones: la primera, que la demandante revoc&oacute; su consentimiento dentro del plazo establecido en el propio contrato; la segunda, que aunque no hubiese sido as&iacute;, la ley permite la revocaci&oacute;n del consentimiento en cualquier momento.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=25c571ae0bc54510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 28 Apr 2016 15:00:00 +0200 El TS anula la sentencia que condenó al hermano de exalcalde de Manises (Valencia) y envía el caso a la Audiencia Nacional http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=d9f79ff2a7754510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha anulado la sentencia de la Audiencia de Valencia, de 2 de junio de 2015, que conden&oacute; a dos a&ntilde;os de c&aacute;rcel a Carlos Crespo Calatrava por delito de blanqueo de capitales en una pieza desgajada del caso Emarsa, y establece que la competencia para el enjuiciamiento de dicho acusado es la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, al juzgarse en este caso un delito cometido por ciudadano espa&ntilde;ol en el extranjero.</p> <p>El Supremo ha estimado as&iacute; el recurso planteado por el acusado, que es hermano del exalcalde de Manises Enrique Crespo. La sentencia recuerda que la propia Fiscal&iacute;a, en el tr&aacute;mite de cuestiones previas del juicio celebrado en la Audiencia de Valencia, pidi&oacute; la inhibici&oacute;n a favor de la Audiencia Nacional.</p> <p>Los hechos, en s&iacute;ntesis, se refieren a que el recurrente, junto con su hermano Enrique, a la saz&oacute;n Alcalde de Manises, efectuaron el d&iacute;a 27 de Diciembre de 2007 un viaje al Principado de Andorra y all&iacute; Carlos Crespo abri&oacute; una cuenta en la entidad Banca Privada de Andorra, confiriendo a su hermano Enrique poderes amplios para gestionar y operar con la expresada cuenta.</p> <p>El recurrente, como titular de la misma, permiti&oacute; que en la misma se efectuasen en las fechas de 27 de Diciembre de 2007, 12 de Enero de 2008, 22 de Enero de 2008 y 11 de Octubre de 2008, diversas imposiciones en efectivo, concretadas en el hecho probado por un total de 350.000 euros obteniendo una rentabilidad de 7.019'50 euros.</p> <p>El d&iacute;a 7 de Mayo de 2009, seg&uacute;n los hechos probados por la Audiencia valenciana, el recurrente orden&oacute; una transferencia bancaria de 300.000 euros en favor de una c/c cuyo titular es la mercantil "Iguaz&uacute; Falls Corporation", representada en Andorra por un residente en dicho pa&iacute;s. El dinero transferido fue retirado en efectivo y entregado al recurrente, quien, adem&aacute;s, los d&iacute;as 5 de Agosto y 15 de Noviembre de 2015 efectu&oacute; dos reintegros en efectivo por un total de 57.019'50 euros (el resto que quedaba), ordenando seguidamente la cancelaci&oacute;n de la cuenta. Se desconoce el destino de los fondos expresados.</p> <p>Por tanto, se tratar&iacute;a de un presunto delito cometido por un espa&ntilde;ol fuera del territorio nacional, para cuyo enjuiciamiento tiene competencia exclusiva la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=d9f79ff2a7754510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 27 Apr 2016 15:20:00 +0200 El Tribunal Supremo confirma la nulidad de la Modificación Puntual del PGOU de Villanueva Pardillo (Madrid) por falta de evaluación del impacto ambiental http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=be069ff2a7754510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad de la Modificaci&oacute;n Puntual del Plan General de Ordenaci&oacute;n Urbana de Villanueva del Pardillo, aprobado provisionalmente por dicho Ayuntamiento en abril de 2012 y definitivamente por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en agosto de 2013.</p> <p>La sentencia desestima los recursos de casaci&oacute;n interpuestos por Plataforma de Instalaciones Comerciales S.A., el Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo y la Comunidad de Madrid contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que revoc&oacute; la citada Modificaci&oacute;n por carecer de evaluaci&oacute;n de impacto ambiental.</p> <p>De acuerdo con ese criterio, la Sala Tercera indica que aun cuando se trate de una modificaci&oacute;n menor y comprenda una escasa superficie, podr&iacute;a afectar al medio ambiente al reclasificar suelo r&uacute;stico protegido en suelo urbanizable y no haberse procedido en lo que establece la ley sobre evaluaci&oacute;n de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.</p> <p>La sentencia subraya que es "harto" discutible que se trate de una zona de reducidas dimensiones en cuanto afecta a 38.000 metros cuadrados aproximadamente de un municipio que cuenta con 200 hect&aacute;reas de suelo urbanizado. En este sentido, afirma que con dicha Modificaci&oacute;n se quiere, seg&uacute;n los propios recurrentes admiten, transformar en suelo urbanizable 36.575,59 metros cuadrados de suelo no urbanizable com&uacute;n y 1.198,46 metros cuadrados de suelo no urbanizable de Protecci&oacute;n de Espacios de Inter&eacute;s Paisaj&iacute;stico, de modo que tal modificaci&oacute;n no cabe considerarla una modificaci&oacute;n menor, de acuerdo con su definici&oacute;n legal.</p> <p>Por ese motivo, concluye que la Modificaci&oacute;n Puntual puede tener efectos significativos en el medio ambiente y que debi&oacute; someterse a evaluaci&oacute;n de impacto ambiental, dado que el informe de an&aacute;lisis ambiental realizado al amparo del art&iacute;culo 21 de la Ley 272002 no cubre las exigencias procedimentales para este tipo de actuaciones con clara influencia ambiental y, adem&aacute;s, afecta en parte a suelo protegido cuya desclasificaci&oacute;n no puede realizarse a trav&eacute;s de una valoraci&oacute;n t&eacute;cnica, tal y como se hace en este caso.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=be069ff2a7754510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 27 Apr 2016 14:48:00 +0200 El Tribunal Supremo denuncia la restricción de derechos de las víctimas españolas por la reforma de la justicia universal http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=93619ff2a7754510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha subrayado la &ldquo;restricci&oacute;n sustancial y extrema&rdquo; de los derechos de los espa&ntilde;oles v&iacute;ctimas de genocidios en el extranjero provocada por la reforma del principio de justicia universal realizada por la Ley Org&aacute;nica 1/2014.</p> <p>En la resoluci&oacute;n, referida a la causa abierta en la Audiencia Nacional contra varios exagentes de las SS por genocidio a v&iacute;ctimas espa&ntilde;oles de tres campos de concentraci&oacute;n nazi, se destaca que &ldquo;la nueva regulaci&oacute;n del principio de justicia universal con respecto a los delitos de genocidio, lesa humanidad y cr&iacute;menes de guerra ha procedido a una restricci&oacute;n tan sustancial del derecho de los ciudadanos espa&ntilde;oles v&iacute;ctimas de tales delitos en el extranjero, que excluye de forma extrema su acceso a la jurisdicci&oacute;n para defender sus derechos dentro del territorio espa&ntilde;ol, dadas las escas&iacute;simas posibilidades de que uno de los presuntos autores resida habitualmente en Espa&ntilde;a&rdquo;.</p> <p>El auto, del que ha sido ponente el magistrado Alberto Jorge Barreiro, califica como &ldquo;la gran contradicci&oacute;n sustancial de la reforma&rdquo;, &ldquo;el hecho de que mientras que los delitos m&aacute;s graves del Derecho penal internacional -lesa humanidad, genocidio y cr&iacute;menes de guerra- son desplazados fuera de la competencia de la jurisdicci&oacute;n espa&ntilde;ola, excepto para los supuestos de rar&iacute;simas excepciones anteriormente expuestas; en cambio, s&iacute; cabr&iacute;a encuadrar en el &aacute;mbito de nuestra jurisdicci&oacute;n los delitos de segundo grado del Derecho Penal internacional, aunque tambi&eacute;n con unas restricciones que no se daban en la Ley Org&aacute;nica 1/2009, y mucho menos en la 6/1985&rdquo;.</p> <p>En ese sentido, resalta que &ldquo;el criterio de la nacionalidad espa&ntilde;ola de la v&iacute;ctima (principio de personalidad pasiva), que ha quedado excluido para los delitos m&aacute;s graves o de primer grado, s&iacute; se admite como v&iacute;nculo para la aplicaci&oacute;n de la jurisdicci&oacute;n espa&ntilde;ola para algunos de los graves delitos del segundo nivel: contra la integridad moral, desaparici&oacute;n forzada, trata de seres humanos, terrorismo, contra la libertad e indemnidad sexual, falsificaci&oacute;n de productos m&eacute;dicos y delitos que supongan una amenaza para la salud p&uacute;blica. Ahora bien, se exige a mayores que el imputado se encuentre en territorio espa&ntilde;ol, requisito que s&oacute;lo se excluye en los cuatro &uacute;ltimos delitos que se acaban de citar&rdquo;.</p> <p>Para el Supremo, no puede extra&ntilde;ar que incluso el propio Ministerio Fiscal, al formular alegaciones sobre la procedencia del sobreseimiento, sugiriese la valoraci&oacute;n por la Audiencia Nacional de la posibilidad de plantear cuesti&oacute;n de inconstitucionalidad respecto al art&iacute;culo 23.4.a) de la Ley 1/2014, que es el que dispone que ser&aacute; competente la jurisdicci&oacute;n espa&ntilde;ola para conocer de los hechos cometidos por espa&ntilde;oles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, seg&uacute;n la ley espa&ntilde;ola, como delitos de genocidio, lesa humanidad o contra personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, siempre que el procedimiento se dirija contra un espa&ntilde;ol o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en Espa&ntilde;a, o contra un extranjero que se encontrara en Espa&ntilde;a y cuya extradici&oacute;n hubiera sido denegada por las autoridades espa&ntilde;olas.</p> <p>La petici&oacute;n fiscal reclamaba que se valorase si aquella norma puede vulnerar derechos constitucionales, en concreto el derecho a la tutela judicial efectiva de las v&iacute;ctimas espa&ntilde;olas del genocidio nazi y el art&iacute;culo 53.1 de la Constituci&oacute;n, as&iacute; como el principio de igualdad del art&iacute;culo 14. El planteamiento de la cuesti&oacute;n de constitucionalidad era propugnado por las acusaciones particular y popular en la causa.</p> <p>Sin embargo, el Supremo no entra en analizar las razones que pudieran concurrir para plantear la cuesti&oacute;n de inconstitucionalidad ya que, en este caso, tanto la propia parte querellante, en nombre de las v&iacute;ctimas, como la Fiscal&iacute;a, sostienen que los cinco exagentes procesados en su d&iacute;a por la Audiencia han fallecido, por lo que no consta ning&uacute;n imputado contra quien dirigir la acci&oacute;n penal. As&iacute;, a&ntilde;ade el auto, &ldquo;se carecer&iacute;a de base procesal para proseguir ahondando en la presente causa tanto con miras a obtener una interpretaci&oacute;n de las nuevas normas acorde con la Constituci&oacute;n, como con el fin de acudir a la v&iacute;a de plantear una posible cuesti&oacute;n de inconstitucionalidad&rdquo;.</p> <p>En cualquier caso, como en las actuaciones no hay certificaci&oacute;n de los fallecimientos de dos de los procesados, si bien la propia parte querellante, en nombre de las v&iacute;ctimas, alega que se ha producido, como tambi&eacute;n aparece como hecho notorio en redes sociales, lo que procede es avalar los claros indicios de esos fallecimientos, y si se confirman, dictar el sobreseimiento libre de la causa. Por ello, el Supremo deja sin efecto el auto de archivo dictado el 15 de diciembre de 2014 por la Audiencia Nacional para que se verifiquen esos fallecimientos, y dictarse en su caso el sobreseimiento libre.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=93619ff2a7754510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 27 Apr 2016 14:30:00 +0200 El TS admite a trámite la querella del exministro Soria contra la diputada de Podemos Victoria Rosell http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=9899ca6232254510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha acordado admitir a tr&aacute;mite la querella que interpuso el exministro de Industria Jose Manuel Soria contra la diputada de Podemos y magistrada en excedencia Victoria Rosell por delitos de retardo malicioso en la administraci&oacute;n de justicia, prevaricaci&oacute;n y cohecho cuando era titular del Juzgado de Instrucci&oacute;n n&uacute;mero 8 de Las Palmas de Gran Canaria.</p> <p>El tribunal ha rechazado investigar los otros dos delitos -de injurias y de calumnias- que figuraban en la querella, al valorar que la expresiones vertidas por Rosell contra Soria ven&iacute;an amparadas por la libertad de expresi&oacute;n que prevalece sobre el honor o dignidad, en especial cuando los afectados son titulares de cargos p&uacute;blicos.</p> <p>La Sala adopta la decisi&oacute;n de investigar los hechos relacionados con la demora en la tramitaci&oacute;n de las diligencias previas 644/2014, atribuidos a Rosell cuando era&nbsp; titular del Juzgado grancanario.</p> <p>Una&nbsp; vez que los magistrados han recabado la documentaci&oacute;n que consideraban oportuna para determinar su propia competencia, as&iacute; como la relevancia penal de los hechos, explican en su auto de admisi&oacute;n que se tendr&aacute;n que practicar las diligencias necesarias con el fin de concluir o descartar si la demora en la tramitaci&oacute;n "estuvo relacionada con el deseo de favorecer las relaciones comerciales&rdquo; entre la pareja de Rosell y el empresario imputado en aquellas diligencias.</p> <p>El auto, del que ha sido ponente el presidente de la Sala, Manuel Marchena, explica que la fase de investigaci&oacute;n que ahora comienza deber&aacute; dilucidar si las distintas resoluciones dictadas en el marco de aquellas diligencias, m&aacute;s all&aacute; de su cobertura formal, incluso de su aparente procedencia, "no eran sino el veh&iacute;culo para la consecuci&oacute;n del objetivo de la se&ntilde;ora Rosell, que seg&uacute;n el querellante buscaba enriquecer a su pareja".&nbsp;</p> <p>En definitiva, seg&uacute;n el tribunal, se trata de afirmar o excluir si bajo la dilatada tramitaci&oacute;n de aquel proceso se escond&iacute;a un distanciamiento tal del principio de imparcialidad que las decisiones adoptadas "no habr&iacute;an sido sino una coartada llamada a camuflar el irreparable quebranto de los principios y deberes estatuarios que legitiman el ejercicio de la funci&oacute;n jurisdiccional".&nbsp;</p> <p>El auto de la Sala se basa, adem&aacute;s de en la querella, en los documentos solicitados por el tribunal, como el informe remitido por el Promotor de la Acci&oacute;n Disciplinaria, cronol&oacute;gicamente anterior a los nuevos datos aportados en la ampliaci&oacute;n de la querella, as&iacute; como en los testimonios de la declaraci&oacute;n prestada por el imputado en las diligencias previas 644/2014, en la que se aludi&oacute; a la existencia de pagos continuados a la pareja de la diputada, hechos por los que se investigar&aacute; un delito de cohecho.</p> <p>El instructor de la causa ser&aacute; el magistrado Juan Ram&oacute;n Berdugo.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=9899ca6232254510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 26 Apr 2016 13:40:00 +0200 El TS rechaza la demanda de la hija de un hombre al que un libro sobre el maquis tacha de “chaquetero” http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=c5f5e90ae0d44510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Primera del Tribunal Supremo, en una sentencia de la que ha sido ponente su presidente, Francisco Mar&iacute;n Cast&aacute;n, ha desestimado el recurso de casaci&oacute;n interpuesto contra una resoluci&oacute;n de la Audiencia Provincial de Cantabria que, a su vez, confirm&oacute; el pronunciamiento de otra dictada en primera instancia que desestimaba la pretensi&oacute;n de una mujer de que los demandados fueran condenados como autores de una intromisi&oacute;n en el honor de su padre fallecido.</p> <p>La intromisi&oacute;n ileg&iacute;tima consist&iacute;a, a juicio de la demandante, en determinados testimonios recogidos en un libro de investigaci&oacute;n hist&oacute;rica sobre los huidos, maquis y guerrilleros en el norte de Espa&ntilde;a durante la Guerra Civil y la posguerra.</p> <p>La demanda se dirigi&oacute; contra el autor del libro, la editora, Universidad de Cantabria (Publican-Ediciones de la Universidad de Cantabria), y la persona que, entrevistada como otras muchas por el autor del libro, le relat&oacute; lo que recordaba de esa &eacute;poca y que, fallecida durante el curso del proceso, ha sido sucedida en &eacute;ste por sus tres hijos.</p> <p>En concreto, la demanda centraba la intromisi&oacute;n ileg&iacute;tima en las dos siguientes expresiones:-&laquo;El hermano era un chaquetero. Quer&iacute;a entregar a su hermano, as&iacute; ganaba &eacute;l honores&raquo;, que en el texto se atribu&iacute;a a la codemandada, y &laquo;Mi hermano est&aacute; en el monte porque yo no tengo una pistola&raquo;, frase atribuida al padre de la demandante en relaci&oacute;n a su hermano, seg&uacute;n el testimonio de una persona que no fue demandada.</p> <p>La Sala Primera considera que el testimonio prestado por la persona no demandada es confuso, que la expresi&oacute;n &laquo;mi hermano est&aacute; en el monte porque yo no tengo una pistola&raquo; no significa inequ&iacute;vocamente que la pistola fuese a emplearla precisamente contra su hermano.</p> <p>Asimismo, considera que el testimonio de la codemandada s&iacute; es inequ&iacute;voco en cuanto a la intenci&oacute;n del &laquo;otro hermano&raquo; de &laquo;entregar a su hermano&raquo; porque &laquo;as&iacute; ganaba honores&raquo;, pero tambi&eacute;n que la intenci&oacute;n de un hermano de &laquo;entregar&raquo; a otro no supone necesariamente la de causarle un perjuicio, pues tambi&eacute;n puede implicar la de evitarle el perjuicio de permanecer huido y en el monte indefinidamente.</p> <p>Al no existir en las manifestaciones o testimonios que la demanda y el recurso consideran ofensivos una imputaci&oacute;n directa al padre de la demandante de querer la muerte u otro grave mal para su hermano, la sentencia recurrida no infringe las normas que se citan en el motivo y se ajusta a la doctrina del Tribunal Constitucional, a la jurisprudencia de la Sala y a la regla contenida en el art&iacute;culo 8.1 de la LO 1/1982, de protecci&oacute;n civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, cuando dispone que &laquo;no se reputar&aacute;, con car&aacute;cter general, intromisiones ileg&iacute;timas&hellip; cuando predomine un inter&eacute;s hist&oacute;rico, cient&iacute;fico o cultural relevante&raquo;.</p> <p>El m&eacute;todo seguido por el autor, consistente en recoger los testimonios de quienes vivieron personalmente los hechos, es conocido y aceptado por la historiograf&iacute;a desde antiguo, por lo que obligarle a la incorporaci&oacute;n de otros testimonios ser&iacute;a tanto como incidir directamente en su libertad de investigaci&oacute;n a partir de un improcedente juicio de los tribunales sobre la verdad hist&oacute;rica.</p> <p>Los pasajes del libro objeto de enjuiciamiento, que deben valorarse en relaci&oacute;n con la totalidad de su texto, con la materia tratada y con el periodo hist&oacute;rico investigado, reflejan que una de las consecuencias m&aacute;s dolorosas de la Guerra Civil fue el enfrentamiento en el seno de las familias y entre los vecinos de un mismo pueblo por razones ideol&oacute;gicas, con heridas que tardan en curar pero que los tribunales no pueden cerrar imponiendo una sola verdad hist&oacute;rica.</p> <p>Desde este punto de vista, es un indiscutible valor del libro transmitir esa dolorosa realidad como rememoraci&oacute;n hist&oacute;rica de algo que no deber&iacute;a volver a suceder.</p> <p>La Sala tambi&eacute;n afirma, en relaci&oacute;n &uacute;nicamente con la demandada que tach&oacute; de &ldquo;chaquetero&rdquo; al padre de la demandante, que aunque la palabra &laquo;chaquetero&raquo; tenga un sentido ciertamente peyorativo, en este caso debe considerarse amparada por la libertad de expresi&oacute;n de esa demandada en virtud tanto del contexto en el que se pronunci&oacute;, como de los datos comprobados de que durante la Guerra Civil el padre de la demandante sirvi&oacute; en el Ej&eacute;rcito de la Rep&uacute;blica pero luego desempe&ntilde;&oacute; el cargo de presidente de la junta vecinal de Bejes, lo que refleja objetivamente el hecho de un cambio de bando.</p> <p>En suma, el alto tribunal concluye que aunque sea totalmente comprensible la voluntad de la demandante de defender la memoria de su padre, las dolorosas consecuencias de la Guerra Civil entre familias y vecinos de un mismo pueblo no pueden impedir las investigaciones hist&oacute;ricas que las constaten mediante la recogida de testimonios de quienes vivieron personalmente los hechos ni exigir que sean los tribunales los que fijen definitivamente la verdad hist&oacute;rica.</p> <p><em><strong>Se adjunta nota de la Sala.</strong></em></p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=c5f5e90ae0d44510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 25 Apr 2016 13:40:00 +0200 El Tribunal Supremo procesa al senador de Bildu Iñaki Goioaga por integración en ETA http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=aa17a6b898d34510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo Miguel Colmenero ha dictado auto de procesamiento contra el senador de EH Bildu I&ntilde;aki Goioaga Llano por delito de integraci&oacute;n en organizaci&oacute;n terrorista o, subsidiariamente, de colaboraci&oacute;n con organizaci&oacute;n terrorista, al apreciar indicios de que formaba parte del grupo de abogados que contribu&iacute;a a mantener a los presos de ETA bajo la disciplina y la estructura de dicha organizaci&oacute;n.</p> <p>Seg&uacute;n el auto, Goioaga, &ldquo;al igual que los dem&aacute;s integrantes del grupo, desarrollaba una participaci&oacute;n activa mediante las visitas en los centros penitenciarios a los presos que permanec&iacute;an en la &oacute;rbita de ETA, y conoc&iacute;a por ello que su aportaci&oacute;n a la transmisi&oacute;n, en dos direcciones, de las consignas de la organizaci&oacute;n terrorista a los presos y de las inquietudes o posiciones de &eacute;stos a aquella, contribu&iacute;a a mantener a los presos en el marco ideol&oacute;gico, bajo la disciplina y en la estructura de ETA, como resulta indiciariamente del contenido de los documentos antes mencionados y de su participaci&oacute;n conjunta en las visitas a los presos internos en los distintos centros penitenciarios&rdquo;.</p> <p>El juez Colmenero, instructor de la causa especial abierta a Goioaga por estos hechos, acuerda su libertad provisional sin fianza pero con obligaci&oacute;n de comparecer los d&iacute;as 1 y 15 de cada mes ante el Juzgado de Guardia que corresponda a su domicilio, y le requiere el pasaporte. Adem&aacute;s, le impone una fianza de 6.000 euros para garantizar las posibles responsabilidades pecuniarias que pudieran corresponderle, y le cita para el pr&oacute;ximo 28 de abril para recibirle declaraci&oacute;n indagatoria.</p> <p>El instructor considera indiciariamente acreditado que, en el marco del llamado &ldquo;Frente de C&aacute;rceles&rdquo; de ETA, &ldquo;se ha desarrollado una estructura de car&aacute;cter permanente dirigida a prestar continuadamente a los presos relacionados con ETA distintas clases de asistencia, tales como jur&iacute;dica, m&eacute;dica o sanitaria, social y econ&oacute;mica, etc., siempre bajo las directrices de ETA, que se transmiten a trav&eacute;s de distintos &oacute;rganos, tales como los llamados KT o Grupo de Coordinaci&oacute;n, y KG o Espacio o N&uacute;cleo de Coordinaci&oacute;n. Estas actividades se financian desde la organizaci&oacute;n Herrira, bajo el control de ETA, abonando los gastos y las retribuciones derivadas de esa asistencia&rdquo;.</p> <p>A&ntilde;ade que dentro de esa estructura se conforma un grupo de abogados que funciona a trav&eacute;s, al menos, de dos cooperativas de Abogados, una con sede en Hernani y otra en Bilbao, letrados que &ldquo;atienden a aquellos presos y bajo la apariencia de asistencia jur&iacute;dica, que tambi&eacute;n les prestan, les transmiten consignas procedentes de la direcci&oacute;n de ETA, con la finalidad de mantener su cohesi&oacute;n como integrantes de la banda y presentar hacia el exterior, especialmente frente al Gobierno democr&aacute;tico de Espa&ntilde;a, una posici&oacute;n com&uacute;n, excluyendo iniciativas, actitudes y reivindicaciones individuales, no solo en cuestiones estrictamente jur&iacute;dicas relativas a su situaci&oacute;n penal y penitenciaria, en las que se impone a los presos prescindir de sus intereses individuales, sino tambi&eacute;n en asuntos de &iacute;ndole pol&iacute;tica, o pol&iacute;tico-penitenciaria, con la pretensi&oacute;n final consistente en que la presencia de ETA en el planteamiento y posible soluci&oacute;n de esas cuestiones, que la organizaci&oacute;n terrorista considera pendientes, deba ser tenida en cuenta&rdquo;.</p> <p>El auto subraya que cuando alguno de los presos decide p&uacute;blicamente desvincularse de la organizaci&oacute;n terrorista la asistencia prestada por el grupo de abogados cesa en todos sus aspectos por orden de la direcci&oacute;n de ETA. En ese sentido, &ldquo;no constan visitas de los letrados integrados en ese grupo de abogados al centro penitenciario de Nanclares de Oca (&Aacute;lava), donde se encuentran los presos de ETA que han abandonado la disciplina de la organizaci&oacute;n terrorista&rdquo;.</p> <p>Ese grupo de abogados, llamados en diferente documentaci&oacute;n incautada con los t&eacute;rminos &ldquo;bertsolaris&rdquo;, &ldquo;margolaris&rdquo;, &ldquo;abokatuak&rdquo;, &ldquo;colectivo de abogados&rdquo; o &ldquo;BL&rdquo;, celebraba reuniones en las que se preparaban y organizaban las llamadas &ldquo;rondas&rdquo;, consistentes en visitas a diferentes centros penitenciarios, que luego llevaban a cabo realiz&aacute;ndose generalmente por dos letrados, en el curso de las cuales recib&iacute;an informaci&oacute;n de los presos y transmit&iacute;an a &eacute;stos diferentes directrices emanadas de la direcci&oacute;n de la organizaci&oacute;n terrorista. Con el resultado de esas reuniones los letrados elaboraban unas fichas en cuyo contenido aparec&iacute;an aspectos que superaban lo meramente jur&iacute;dico, tales como referencias a la situaci&oacute;n pol&iacute;tica o al planteamiento de lucha.</p> <p>Seg&uacute;n expone el auto, de ese grupo de abogados forma parte I&ntilde;aki Goioaga , &ldquo;quien al menos en los a&ntilde;os 2012, 2013 y 2014 &ndash;se&ntilde;ala el auto-- asisti&oacute; a alguna de esas reuniones y llev&oacute; a cabo posteriormente las visitas previstas en ellas a los centros penitenciarios asignados, entrevist&aacute;ndose con distintos internos con el contenido y finalidad referidas.</p> <p>El auto del magistrado se&ntilde;ala que los anteriores hechos revisten inicialmente las caracter&iacute;sticas de un delito de integraci&oacute;n en organizaci&oacute;n terrorista, que, en la fecha de los hechos, el art&iacute;culo 571 del C&oacute;digo Penal castigaba con la pena de prisi&oacute;n de seis a doce a&ntilde;os, e inhabilitaci&oacute;n especial para empleo o cargo p&uacute;blico.<br />En todo caso, y con car&aacute;cter subsidiario de lo anteriormente se&ntilde;alado, el juez indica que la actuaci&oacute;n del aforado pudiera constituir un delito de colaboraci&oacute;n con organizaci&oacute;n terrorista. El auto concreta los documentos y archivos inform&aacute;ticos en los que se basan los indicios, junto al testimonio de un testigo protegido.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=aa17a6b898d34510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 22 Apr 2016 13:00:00 +0200 El TS condena al Ayuntamiento Madrid a pagar 4 millones de euros por expropiar una finca para ejecutar el Plan Parcial Paseo de la Dirección http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=84ef06ff5d834510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Contencioso-administrativo ha condenado al Ayuntamiento de Madrid a pagar 4.081.580,28 euros a la mercantil &Aacute;rbol Cero y a los propietarios de una finca expropiada para la ejecuci&oacute;n del Plan Parcial APR 06.02 Paseo de la Direcci&oacute;n.</p> <p>La sentencia ha anulado el fallo dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que fij&oacute; el precio de expropiaci&oacute;n en 947.224,90 euros para la citada finca, identificada con el n&uacute;mero 94 en el proyecto.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=84ef06ff5d834510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 21 Apr 2016 15:03:00 +0200 El Tribunal Supremo avala el testamento de un anciano a un convento de monjas de Huesca al no probarse que le diesen asistencia espiritual http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=df836adb61834510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Civil ha avalado el testamento de un anciano a favor de las monjas del Hogar Padre Saturnino L&oacute;pez Novoa de la Congregaci&oacute;n de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados en Huesca al no acreditarse que le prestasen asistencia espiritual.</p> <p>Tras su muerte, algunos parientes del fallecido, que hab&iacute;an heredado varios legados, pidieron la nulidad del testamento porque entendieron que se hab&iacute;a otorgado cuando el anciano no ten&iacute;a capacidad de testar. En su demanda invocaron la aplicaci&oacute;n del C&oacute;digo Civil catal&aacute;n &ndash;art&iacute;culo 412-5c- que proh&iacute;be heredar al religioso que ha asistido al testador durante su &uacute;ltima enfermedad, as&iacute; como el orden, la comunidad, la instituci&oacute;n o la confesi&oacute;n religiosa a la que aquel pertenece.</p> <p>El juzgado de primera instancia rechaz&oacute; la demanda, al igual que la Audiencia Provincial de Huesca. En su sentencia afirmaba que la Congregaci&oacute;n de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados era una entidad religiosa cuyo principal cometido era la asistencia en la citada residencia de la tercera edad desde su inscripci&oacute;n en el Registro de Establecimientos Residenciales para la Tercera Edad en 1980.</p> <p>Por ese motivo, concluy&oacute; que el anciano y las religiosas hab&iacute;an suscrito un contrato de prestaci&oacute;n asistencial en el citado centro por lo que si se inhabilitaba para heredar a las monjas s&oacute;lo por su condici&oacute;n religiosa, y no por la finalidad de su existencia, se les estar&iacute;a discriminando respecto de otras entidades laicas de car&aacute;cter asistencial. Del mismo modo, valor&oacute; que el testamento se hab&iacute;a otorgado tres meses antes de que el anciano falleciera y no durante su &uacute;ltima enfermedad.</p> <p>La Sala de lo Civil considera acertada esa interpretaci&oacute;n y afirma que este caso se enmarca dentro de la prestaci&oacute;n de servicios asistenciales &ndash;art&iacute;culo 412-5 apartado 2- c&oacute;digo civil catal&aacute;n- y, por tanto, no puede aplicarse la causa de inhabilidad procesal &ndash;art&iacute;culo 412-5.1c- del c&oacute;digo civil catal&aacute;n.</p> <p>La sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Eduardo Baena Ruiz, indica que con esa prohibici&oacute;n, recogida en el derecho desde el siglo XVIII, se quiere garantizar la total libertad dispositiva del testador evit&aacute;ndole sugestiones o captaciones en un trance que le hace vulnerable a las presiones de quien, por raz&oacute;n de su ministerio, puede ejercer una gran influencia en el &aacute;nimo del enfermo.</p> <p>Pero, al mismo tiempo, precisa que dicha prohibici&oacute;n ha de ser interpretada con criterio restrictivo y que &uacute;nicamente puede ser aplicada si el testamento se hizo por el testador durante su &uacute;ltima enfermedad y si el sacerdote favorecido le hubiese confesado en ella. Se trataba, seg&uacute;n una sentencia de 1928, de &ldquo;reprimir, evitar, y en su caso, sancionar la corrupci&oacute;n humana, que adue&ntilde;&aacute;ndose de lo m&aacute;s sagrado inspiraba a muchos confesores olvidados de su conciencia, a inducir con varias sugestiones a los penitentes, y lo que es m&aacute;s, a los que est&aacute;n en art&iacute;culo de muerte, a que les dejen sus herencias&rdquo;.</p> <p>La sentencia recuerda que &ldquo;el periodo sospechoso de la posible captaci&oacute;n de voluntad debe enmarcarse en la &uacute;ltima enfermedad grave del testador, en donde en peligro de su vida se confes&oacute; y otorg&oacute; el respectivo testamento, quedando fuera de este periodo sospechoso, en principio, aquellos testamentos otorgados durante los trastornos leves o enfermedades cr&oacute;nicas que pudieran afectar al testador&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=df836adb61834510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 21 Apr 2016 12:50:00 +0200 El Tribunal Supremo confirma la condena de dos años y tres meses de cárcel para un hombre por falsedad de moneda http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=6f25f6fac7534510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de dos a&ntilde;os y tres meses de prisi&oacute;n impuesta por la Audiencia Provincial de Sevilla (Secci&oacute;n Primera) por un delito de falsificaci&oacute;n de moneda al haber intervenido al acusado C.C.C. 49 billetes de 20 euros con numeraci&oacute;n X02525020414 y un billete de 20 euros con numeraci&oacute;n V0847192200, con apariencia de aut&eacute;nticos y con los que hubiera podido obtener una ganancia de 1.000 euros si hubiera podido ponerlos en circulaci&oacute;n.</p> <p>Para la imposici&oacute;n de la pena ha tenido en cuenta la circunstancia de no ser el acusado delincuente primario y &ldquo;la incertidumbre que genera en el tr&aacute;fico mercantil, y en la vida cotidiana de los ciudadanos, conductas como la enjuiciada&rdquo;.</p> <p>Los magistrados ha llegado al convencimiento que no se trataba de un poseedor de billetes falsos con buena fe -lo que supondr&iacute;a que previamente hab&iacute;a sido enga&ntilde;ado-, tanto por -seg&uacute;n se se&ntilde;ala en la sentencia- las circunstancias que concurrieron en la intervenci&oacute;n de los billetes (escondidos en los calzoncillos), como por las caracter&iacute;sticas de los mismos: con una numeraci&oacute;n repetida, y porque el acusado ofreci&oacute; una explicaci&oacute;n sobre su origen que, por su vaguedad e imprecisi&oacute;n, no resultaba cre&iacute;ble.</p> <p>El C&oacute;digo Penal se&ntilde;ala que aunque se hubieran recibido sin saberlo moneda o billetes falsos -lo que no ha sucedido en los hechos enjuiciados-, se comete un delito por quien los distribuya despu&eacute;s de constarle su falsedad, castigado con la pena de prisi&oacute;n de tres a seis meses o multa de seis a veinticuatro meses. No obstante, si el valor aparente de los billetes no excediera de 400 euros, se impondr&aacute; la pena de multa de uno a tres meses.</p> <p>Se adjunta la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=6f25f6fac7534510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 21 Apr 2016 09:00:00 +0200 Confirmadas las condenas a cinco personas por estafa en la recolección de naranjas en Valencia http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=dd445efa69334510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=dd445efa69334510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 20 Apr 2016 16:11:00 +0200 El Tribunal Supremo obliga a readmitir a un profesor del Conservatorio de Danza de la Comunidad de Madrid http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=50d5c55f64e24510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala IV ha condenado a la Consejer&iacute;a de Educaci&oacute;n de la Comunidad de Madrid a readmitir inmediatamente a un cantaor flamenco como profesor del Conservatorio de Danza de la Comunidad, al declarar nulo su despido en julio de 2012 por considerar vulnerada la garant&iacute;a de indemnidad del trabajador. El Supremo determina que el despido es nulo y no s&oacute;lo improcedente, como consider&oacute; el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por lo que ordena la readmisi&oacute;n inmediata y el pago de los salarios de tramitaci&oacute;n que procedan.</p> <p>La garant&iacute;a de indemnidad supone, de acuerdo a la doctrina del Supremo, que la empresa no puede adoptar medidas de represalia derivadas de las actuaciones del trabajador (judiciales o preparatorias de esas acciones judiciales) encaminadas a obtener la tutela de sus derechos.</p> <p>En este caso, el demandante tuvo sucesivos contratos administrativos temporales desde octubre de 2005 y hasta 2012 por parte de la Consejer&iacute;a de Educaci&oacute;n de la Comunidad de Madrid como profesor de cantaor flamenco del Conservatorio de Danza. En dos ocasiones, fue despedido por la Consejer&iacute;a, siendo declarados improcedentes los dos despidos por sentencias firmes previa declaraci&oacute;n de la laboralidad de la relaci&oacute;n.</p> <p>Habiendo suscrito un nuevo contrato temporal el 5 de septiembre de 2011, en las mismas condiciones que los anteriores, tambi&eacute;n de r&eacute;gimen de derecho administrativo, y que finalizaba el 30 de diciembre de 2012, Obreg&oacute;n remiti&oacute; un burofax el 20 de junio de 2012 indicando que si se proced&iacute;a a extinguir su relaci&oacute;n laboral el 1 de julio de 2012, la extinci&oacute;n ser&iacute;a nula o improcedente.</p> <p>Para el Supremo, &ldquo;no s&oacute;lo carece de causa cierta la extinci&oacute;n del &uacute;ltimo contrato, antes de su terminaci&oacute;n, dado que &eacute;ste al igual que los anteriores, se revela como fraudulento, sino que debe declararse la nulidad del despido as&iacute; producido, sin que pueda admitirse la argumentaci&oacute;n de la sentencia recurrida, que (&hellip;) rechaza la garant&iacute;a de indemnidad&rdquo;, porque, comparando el caso con el de otro profesor despedido del mismo conservatorio, no hab&iacute;a existido una amenaza externa por parte de la directora del centro.</p> <p>Ci&ntilde;&eacute;ndose a la cuesti&oacute;n de si hubo o no vulneraci&oacute;n de la garant&iacute;a de indemnidad, seg&uacute;n la sentencia el trabajador &ldquo;ha acreditado indicios suficientes para producir el desplazamiento a la Administraci&oacute;n empleadora de la carga de probar que, no obstante esa apariencia o sospecha de vulneraci&oacute;n de la referida garant&iacute;a, el cese se produjo por motivos leg&iacute;timos y ajenos a todo m&oacute;vil atentatorio de derechos fundamentales&rdquo;.</p> <p>Sin embargo, la Consejer&iacute;a se limit&oacute; a insistir en la legalidad de la contrataci&oacute;n administrativa &ndash;frente al reiterado criterio judicial contrario sentado en los contratos anteriores--; y aun cuando no conste la existencia de una amenaza externa expresa, es claro que ante los hechos declarados probados, la demandada deber&iacute;a haber acreditado la razonabilidad y proporcionalidad de la medida adoptada y su car&aacute;cter absolutamente ajeno a todo prop&oacute;sito atentatorio de derechos fundamentales, &ldquo;lo que en modo alguno ha llevado a cabo&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=50d5c55f64e24510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 19 Apr 2016 14:30:00 +0200 El Tribunal Supremo confirma la condena a Santander Consumer a pagar a 230 usuarios por incumplimiento http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=fad70bc885914510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala I del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a Santander Consumer Establecimiento Financiero de Cr&eacute;dito a devolver diferentes cantidades a 230 personas por incumplimiento del servicio de mantenimiento de su veh&iacute;culo que contrataron con la &ldquo;f&oacute;rmula Otaysa&rdquo;, con financiaci&oacute;n de dicha entidad financiera. La comercializaci&oacute;n de dicho producto fue fruto de un contrato firmado en 1997 entre Otaysa Turismos e Hispamer Servicios Financieros, &eacute;sta &uacute;ltima absorbida posteriormente por Santander Consumer.</p> <p>El Supremo confirma la sentencia dictada el 28 de octubre de 2013 por la Audiencia de Madrid al rechazar la pretensi&oacute;n de Santander Consumer de que no pod&iacute;a aplicarse al caso la Ley de Cr&eacute;dito al Consumo, porque los pr&eacute;stamos superaban el l&iacute;mite de 18.040 euros. El alto tribunal ratifica el criterio de la Audiencia de que no se alcanzaba esa cifra tope porque deb&iacute;a distinguirse la parte del pr&eacute;stamo concedida para atender reparaciones y servicios de la otorgada para la compra del veh&iacute;culo.</p> <p>As&iacute;, la sentencia se&ntilde;ala que cuando las &ldquo;relaciones o actos de consumo resulten claramente diferenciables, por su naturaleza y objeto, caso que nos ocupa, en donde la financiaci&oacute;n da cobertura a la transmisi&oacute;n de un bien (compra del veh&iacute;culo), a una prestaci&oacute;n de servicios (mantenimiento del veh&iacute;culo) y al pago del seguro y comisiones derivadas; la funci&oacute;n tuitiva de la norma se proyecta espec&iacute;ficamente sobre cada diferenciado acto de consumo a los efectos de su &aacute;mbito de aplicaci&oacute;n. De no ser as&iacute; en estos casos, la norma resultar&iacute;a dif&iacute;cilmente aplicable por exceder el l&iacute;mite m&aacute;ximo establecido a tal efecto (3 millones de pesetas)&rdquo;.</p> <p>&ldquo;De ah&iacute; que el &uacute;ltimo inciso del art&iacute;culo 2.1.a) aluda expresamente a &lsquo;la adquisici&oacute;n de un mismo bien o servicio&rsquo; y no a varios bienes o a servicios distintos. Por lo que aunque el pr&eacute;stamo concedido fuese formalmente documentado en un &uacute;nico contrato, no obstante, no escapa de la aplicaci&oacute;n de la norma en atenci&oacute;n a la cuant&iacute;a reclamada por el concreto y diferenciado servicio que result&oacute; incumplido&rdquo;.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=fad70bc885914510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 15 Apr 2016 13:45:00 +0200 El Tribunal Supremo pospone un recurso de cláusulas suelo hasta que el TJUE sentencie sobre el alcance de la retroactividad de su nulidad http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=06525e16d3414510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Primera del Tribunal Supremo ha suspendido la tramitaci&oacute;n del recurso de una entidad bancaria en materia de cl&aacute;usula suelo de una hipoteca hasta que el Tribunal de Justicia de la Uni&oacute;n Europea (TJUE) se pronuncie sobre los efectos de la declaraci&oacute;n de nulidad de dichas cl&aacute;usulas, en concreto sobre el alcance de la retroactividad de dicha nulidad.</p> <p>El recurso suspendido fue interpuesto por Unicaja contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Ja&eacute;n, de 10 de julio de 2014, que dio la raz&oacute;n a dos clientes anulando su cl&aacute;usula suelo con la citada entidad, y condenando a &eacute;sta a devolver lo indebidamente cobrado sin tener como tope la fecha de mayo de 2013, se&ntilde;alada por el Tribunal Supremo en su sentencia sobre este asunto.</p> <p>El Tribunal de Justicia de la Uni&oacute;n Europea tiene fijada para el pr&oacute;ximo 26 de abril la vista de una cuesti&oacute;n prejudicial planteada por un Juzgado de lo Mercantil de Granada para conocer si se ajusta a la normativa comunitaria moderar los efectos retroactivos de la nulidad de una cl&aacute;usula suelo.</p> <p>Los dos clientes de Unicaja a los que dio la raz&oacute;n la Audiencia de Ja&eacute;n pidieron al Supremo que suspendiese el recurso de la entidad bancaria -cuya deliberaci&oacute;n se fij&oacute; inicialmente para el pr&oacute;ximo 4 de mayo- hasta que se pronuncie sobre la retroactividad el Tribunal de Justicia de la UE. Tanto el banco como la Fiscal&iacute;a se opusieron a dicha petici&oacute;n.</p> <p>Sin embargo, el alto tribunal accede a la suspensi&oacute;n porque la cuesti&oacute;n jur&iacute;dica planteada en el recurso interpuesto por Unicaja Banco S.A. est&aacute; directamente relacionada con la cuesti&oacute;n prejudicial que debe resolver el alto tribunal europeo, &ldquo;pues en el recurso se solicita la aplicaci&oacute;n de la doctrina de esta Sala sobre efectos de la declaraci&oacute;n de nulidad de la cl&aacute;usula suelo, interpretaci&oacute;n que est&aacute; siendo cuestionada a la luz de la normativa comunitaria ante el TJUE&rdquo;.</p> <p>Adem&aacute;s, el Supremo recuerda que contra la sentencia que debe dictar no cabe interponer recurso alguno en v&iacute;a judicial, y subraya la cercan&iacute;a de la fecha se&ntilde;alada para la vista ante el tribunal europeo y, consiguientemente, de la sentencia que haya de dictarse, por lo que la suspensi&oacute;n temporal del proceso no se prev&eacute; extensa, y no se causa un perjuicio relevante a las partes.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=06525e16d3414510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 14 Apr 2016 13:22:00 +0200 El Tribunal Supremo archiva la querella de Manos Limpias contra Pablo Iglesias e Iñigo Errejón http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=b441e85460014510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha archivado la querella interpuesta por el sindicato Manos Limpias contra Pablo Iglesias Turri&oacute;n e I&ntilde;igo Errej&oacute;n Galv&aacute;n por no ser los hechos constitutivos de il&iacute;cito penal en algunos de los supuestos relatados en la misma y por carecer de elementos acreditativos iniciales m&iacute;nimos en los restantes.</p> <p>En relaci&oacute;n con los hechos relativos al aforado Pablo Iglesias Turri&oacute;n, subraya el auto, son coincidentes con los incluidos en la querella interpuesta por el sindicato contra el mismo querellado, el 4 de febrero de 2015, que fue inadmitida por no ser los hechos constitutivos de delito. La Sala acuerda su archivo porque la actual querella se basa en los mismos hechos y los mismos delitos, sin aportar datos nuevos que pudieran justificar un pronunciamiento distinto.</p> <p>En el caso del aforado I&ntilde;igo Errej&oacute;n Galv&aacute;n, a&ntilde;ade que los hechos denunciados se han investigado en el expediente disciplinario incoado por la Universidad de M&aacute;laga y el instructor consider&oacute; que pod&iacute;an ser considerados como dos faltas disciplinarias por no haber desarrollado el trabajo de acuerdo con los t&eacute;rminos y cl&aacute;usulas establecidas en el contrato suscrito por ambas partes y por no haber solicitado la compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas durante la vigencia de dicho contrato. Dichos hechos, subraya el auto, m&aacute;s all&aacute; del reproche &eacute;tico y la ilicitud disciplinaria, no pueden ser constitutivos de un delito de estafa.</p> <p>Los magistrados afirman que la imputaci&oacute;n de un delito contra la Seguridad Social al mismo aforado por su relaci&oacute;n laboral con Podemos se basa en suposiciones de parte sin apoyo alguno y, adem&aacute;s, las cifras indicadas no podr&iacute;an ser nunca constitutivas de tal delito.</p> <p>Sobre el informe P.I.S.A., recogido en informaciones period&iacute;sticas, la Sala recuerda que la mera publicaci&oacute;n de informaciones en los medios de comunicaci&oacute;n no puede justificar sin m&aacute;s, la apertura de un procedimiento penal para la investigaci&oacute;n de los hechos descritos si la denuncia o querella que los incorpora no aporta alg&uacute;n indicio accesible y racional de su comisi&oacute;n. Tambi&eacute;n indica que tampoco pueden cumplir esa funci&oacute;n las afirmaciones de la querellante que no est&eacute;n m&iacute;nimamente avaladas por alg&uacute;n elemento objetivo que apoye su verosimilitud.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=b441e85460014510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 13 Apr 2016 16:28:00 +0200 El Supremo acuerda varias diligencias antes de decidir sobre la querella del ministro Soria contra la diputada Victoria Rosell http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=791846aa1df04510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Supremo ha acordado practicar varias diligencias, con car&aacute;cter previo a resolver sobre si admite o no a tr&aacute;mite la querella formulada por el ministro Jos&eacute; Manuel Soria contra la diputada de Podemos Victoria Rosell, a quien acusa entre otros delitos de retardo malicioso en la administraci&oacute;n de justicia, prevaricaci&oacute;n y cohecho, en la tramitaci&oacute;n de una querella siendo ella titular del Juzgado de Instrucci&oacute;n n&uacute;mero 8 de Las Palmas de Gran Canaria. De conformidad con el art&iacute;culo 410 de la Ley Org&aacute;nica del Poder Judicial, que configura un procedimiento previo a la admisi&oacute;n de querellas contra jueces y magistrados, la Sala ha tomado esta decisi&oacute;n ante la gravedad de las imputaciones realizadas contra Victoria Rosell &ldquo;por m&aacute;s que hasta ahora s&oacute;lo tengan un sost&eacute;n puramente hipot&eacute;tico o coyuntural&rdquo;.</p> <p>En un auto, la Sala requiere al magistrado instructor que sustituy&oacute; a Rosell en la tramitaci&oacute;n de las diligencias previas 644/2014, seguidas en el Juzgado de Instrucci&oacute;n n&uacute;mero 8 de Las Palmas de Gran Canaria, un informe sobre todos aquellos extremos que hayan resultado determinantes del actual estado de las actuaciones, con indicaci&oacute;n de las vicisitudes e incidencias que hayan podido afectar a la duraci&oacute;n del proceso. Asimismo, pide al letrado de la Administraci&oacute;n de Justicia del mismo Juzgado testimonio &iacute;ntegro de las declaraciones prestadas en concepto de imputado/investigado por Miguel Angel Ram&iacute;rez (empresario y presidente de la Uni&oacute;n Deportiva Las Palmas).</p> <p>Por &uacute;ltimo, solicita al Consejo General del Poder Judicial, en concreto al Promotor de la Acci&oacute;n Disciplinaria, testimonio &iacute;ntegro de las diligencias informativas 51/2016 resueltas mediante el acuerdo de fecha 12 de febrero de 2016 (que archiv&oacute; dichas diligencias abiertas a la juez Rosell).</p> <p>El ministro Soria se querell&oacute; inicialmente contra Rosell por delitos de calumnias e injurias, por unas manifestaciones a los medios de comunicaci&oacute;n que el primero atribu&iacute;a a la segunda en las que habr&iacute;a dicho que la apertura de diligencias informativas por la Fiscal&iacute;a de Las Palmas eran &ldquo;&hellip;un intento de Jos&eacute; Manuel Soria y el PP para neutraliza a un rival pol&iacute;tico&rdquo;. Luego present&oacute; varios escritos ampliatorios de la querella, seg&uacute;n relata el auto del Supremo, por delitos de retardo malicioso, prevaricaci&oacute;n y cohecho, en los que hizo referencia a la declaraci&oacute;n prestada por Miguel Angel Ram&iacute;rez ante el juez de Instrucci&oacute;n n&uacute;mero 8 de Las Palmas en la que, seg&uacute;n los medios de comunicaci&oacute;n, se afirm&oacute; la existencia de un contacto empresarial prolongado en el tiempo entre el declarante y Carlos Sosa, compa&ntilde;ero sentimental de Rosell.</p> <p>La Fiscal&iacute;a pidi&oacute; inicialmente la inadmisi&oacute;n de la querella, por no ser los hechos indiciariamente constitutivos de delito, y present&oacute; un segundo informe, a ra&iacute;z de las ampliaciones de querella, insistiendo en el archivo de las actuaciones y en que los escritos ampliatorios se basaban en la reproducci&oacute;n de informaciones period&iacute;sticas. No obstante, consideraba oportuno remitir testimonio de la documentaci&oacute;n aportada al Consejo General del Poder Judicial &ldquo;a los efectos oportunos&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=791846aa1df04510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 13 Apr 2016 15:30:00 +0200 El Tribunal Supremo confirma las indemnizaciones por daños físicos y morales a 22 pasajeros españoles del ‘Costa Concordia’ http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=20f673a101f04510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a Costa Crociere a pagar indemnizaciones por da&ntilde;os f&iacute;sicos y morales a 22 pasajeros espa&ntilde;oles del barco italiano Costa Concordia, que naufrag&oacute; el 13 de enero de 2012 frente a la isla italiana de Giglio.</p> <p>La empresa propietaria del buque tendr&aacute; que abonar 12.000 euros por da&ntilde;os morales a cada uno de ellos por la zozobra, ansiedad, angustia y el estr&eacute;s que vivieron la noche del naufragio del buque en aguas italianas. Adem&aacute;s, los 17 viajeros que sufrieron lesiones recibir&aacute;n una cantidad adicional fijada en los informes m&eacute;dicos-legales aportados por Costa Crociere.</p> <p>La sentencia desestima el recurso interpuesto por la Asociaci&oacute;n de Afectados Espa&ntilde;oles por el Costa Concordia 2012 que solicitaba un total de 1.320.000 euros (60.000 euros por cada pasajero).</p> <p>La Sala de lo Civil ratifica la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que entendi&oacute; que hab&iacute;a que valorar los da&ntilde;os morales de forma independiente, y sin previa acreditaci&oacute;n, por la dif&iacute;cil situaci&oacute;n vivida por los pasajeros durante el naufragio. Al mismo tiempo, en los da&ntilde;os f&iacute;sicos, descont&oacute; el 10 por ciento del factor de correcci&oacute;n. Con su fallo, corrigi&oacute; al juzgado de Primera Instancia que reconoci&oacute; 330.000 euros -15.000 euros por cada uno de los 22 pasajeros espa&ntilde;oles- por todos los conceptos &ndash;da&ntilde;os f&iacute;sicos, ps&iacute;quicos y morales- de acuerdo con el Baremo de accidentes de circulaci&oacute;n.</p> <p>La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Fernando Pantale&oacute;n Prieto, comparte la decisi&oacute;n de la Audiencia Provincial de Madrid y considera que fue acertada al tratar por igual a todos los pasajeros, concedi&eacute;ndoles la indemnizaci&oacute;n por da&ntilde;os morales.</p> <p>En este sentido, se refiere al uso del Baremo de accidentes de circulaci&oacute;n, con criterios no vinculantes, en casos distintos a los accidentes de tr&aacute;fico como en casos de negligencia m&eacute;dica. En esta sentencia complementa su doctrina estableciendo que la utilizaci&oacute;n de dichas reglas como criterios orientadores, es decir, para cuantificar las indemnizaciones por los perjuicios causados a las personas como consecuencia del da&ntilde;o corporal no ocasionado por un hecho de la circulaci&oacute;n, no excluye la indemnizaci&oacute;n por separado de los da&ntilde;os morales que no sean consecuencia del referido da&ntilde;o corporal; requisito, &eacute;ste &uacute;ltimo, que elimina por hip&oacute;tesis la posibilidad de una doble indemnizaci&oacute;n por el da&ntilde;o moral.</p> <p>Sin embargo, la Sala de lo Civil considera que la Audiencia no acert&oacute; al excluir o restar de las indemnizaciones cuantificadas seg&uacute;n el Baremo el factor corrector del 10 por ciento aplicado en los mencionados informes aportados por Costa Crociere. Pese a ello, la sentencia aclara que no cambia la sentencia recurrida en ese extremo porque la asociaci&oacute;n recurrente no lo hab&iacute;a solicitado en su recurso.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=20f673a101f04510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 13 Apr 2016 15:00:00 +0200 El TS reconoce una indemnización de ocho millones de euros a una empresa de autobuses por el retraso en la concesión de una línea solicitada en 1978 http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=c12f1c5e43a04510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha condenado al Estado a pagar a Autobuses Pamplona-Madrid, S.L. una indemnizaci&oacute;n de 8.154.963,94 millones de euros, en concepto de responsabilidad patrimonial, por la demora en la concesi&oacute;n del servicio regular de transporte de carretera, de car&aacute;cter permanente y uso general, Madrid-Pamplona, por Burgos y Logro&ntilde;o, con prolongaci&oacute;n a la frontera francesa de Arnegui, que hab&iacute;a solicitado el 30 de noviembre de 1978.</p> <p>La sentencia declara la indemnizaci&oacute;n por lucro cesante -ganancias dejadas de obtener como consecuencia de haberse privado a la recurrente de la explotaci&oacute;n de la concesi&oacute;n Pamplona-Logro&ntilde;o-Madrid- y rechaza la responsabilidad patrimonial posterior a la concesi&oacute;n en 2008 y hasta su finalizaci&oacute;n por la modificaci&oacute;n de las concesiones de otras empresas de tramos coincidentes que supuso a la citada empresa la obtenci&oacute;n de menores ingresos.</p> <p>La Sala Tercera estima el recurso de casaci&oacute;n interpuesto por la citada empresa contra la sentencia de la Audiencia Nacional que confirm&oacute; la resoluci&oacute;n del ministerio de Fomento, de 21 de diciembre de 2011, que rechaz&oacute; su petici&oacute;n de indemnizaci&oacute;n de Autobuses-Pamplona, S.L. por el lucro cesante sufrido debido a las dilaciones que se hab&iacute;an producido en la tramitaci&oacute;n de su solicitud. La sentencia recurrida consider&oacute; que la acci&oacute;n hab&iacute;a prescrito porque la recurrente hab&iacute;a presentado su petici&oacute;n once a&ntilde;os despu&eacute;s de la denegaci&oacute;n de su primera solicitud y seis a&ntilde;os despu&eacute;s de la segunda. Adem&aacute;s, entendi&oacute; que no se hab&iacute;a producido ning&uacute;n da&ntilde;o efectivo a la entidad al no ostentar la concesi&oacute;n, concluyendo que su reclamaci&oacute;n era un sue&ntilde;o de ganancia de beneficio o lucro que no pod&iacute;a compensarse.</p> <p>En cambio, la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Juan Carlos Trillo Alonso, indica que la reclamaci&oacute;n por la demora en la tramitaci&oacute;n de la solicitud &ldquo;no se basa en una mera expectativa no resarcible y s&iacute; en un perjuicio real y efectivo derivado de la imposibilidad de la explotaci&oacute;n por el retraso de la administraci&oacute;n en el reconocimiento de la concesi&oacute;n, solo imputable a la actitud por ella mantenida, reiteradamente desautorizada por sucesivas sentencias que ponen de manifiesto la procedencia de la tramitaci&oacute;n del procedimiento con la primera solicitud y en concurrencia con las circunstancias que ya en dicho momento debieron propiciar el otorgamiento de la concesi&oacute;n, de manera que se justifica un perjuicio real y efectivo por lucro cesante&rdquo;</p> <p>Del mismo modo, sostiene que el c&oacute;mputo del plazo de prescripci&oacute;n hay que situarlo en la fecha que se le otorg&oacute; definitivamente la concesi&oacute;n, el 22 de diciembre de 2008, por lo que cuando present&oacute; el escrito de reclamaci&oacute;n -23 de diciembre de 2009- no hab&iacute;a prescrito el derecho. De acuerdo con el criterio de la Sala, indica que la acci&oacute;n de responsabilidad patrimonial s&oacute;lo puede ejercitarse desde el momento en que resulta posible conocer en sus dimensiones f&aacute;cticas y jur&iacute;dicas el alcance de los perjuicios producidos para reitera que hasta la fecha en que obtiene la concesi&oacute;n no lo conoce y no pod&iacute;a reclamar.</p> <p>La sentencia incluye un voto particular de la magistrada In&eacute;s Huerta Garicano que defiende la desestimaci&oacute;n del recurso interpuesto por la empresa recurrente.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=c12f1c5e43a04510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 12 Apr 2016 14:00:00 +0200 El Tribunal Supremo anula el PGOU de El Campello (Alicante) por falta de estudio económico-financiero http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=a5e37c101d304510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Tribunal Supremo ha anulado el Plan General de Ordenaci&oacute;n Urbana de El Campello (Alicante) por falta de estudio econ&oacute;mico-financiero. La Sala de lo Contencioso-administrativo concluye que este documento y la memoria de sostenibilidad econ&oacute;mica son exigibles conforme a los citados preceptos del ordenamiento jur&iacute;dico estatal y a la doctrina jurisprudencial, aunque el ordenamiento urban&iacute;stico de la Comunidad Aut&oacute;noma Valenciana no lo exija expresamente.</p> <p>La sentencia anula el fallo dictado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana confirmando la resoluci&oacute;n de la Comisi&oacute;n Territorial de Urbanismo que aprob&oacute; definitivamente el PGOU &lsquo;El Campello&rsquo;, a excepci&oacute;n de los sectores S-5, S-6 y S-7.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=a5e37c101d304510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 11 Apr 2016 09:00:00 +0200 El Supremo fija la cantidad de dinero a devolver en el caso de que se anule un contrato por turnos de bienes inmuebles de uso turístico http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=715c4cb70b5f3510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha abordado las consecuencias de la nulidad de un contrato de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles por falta de determinaci&oacute;n del objeto y de la duraci&oacute;n.</p> <p>La sentencia reitera su doctrina sobre la nulidad radical de los mismos en esas circunstancias, pero declara que, aunque la ley obliga a devolver la totalidad del dinero pagado, tambi&eacute;n ha de valorarse el tiempo que los afectados disfrutaron de los alojamientos que el contrato les ofrec&iacute;a, motivo por el que "el reintegro de las cantidades satisfechas no ha de ser total sino proporcional al tiempo que deb&iacute;a restar de vigencia teniendo en cuenta la duraci&oacute;n legal m&aacute;xima de cincuenta a&ntilde;os".</p> <p>En el caso resuelto, la sentencia establece que a los recurrentes, que hab&iacute;an disfrutado 11 a&ntilde;os de los alojamientos, se les devuelvan 6.973,98 libras esterlinas por los 39 a&ntilde;os no disfrutados y no la cantidad total de 8.941 libras esterlinas que hab&iacute;an desembolsado.</p> <p>Se adjunta nota de la Sala.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=715c4cb70b5f3510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 08 Apr 2016 14:00:00 +0200 El TS confirma la condena a Google a indemnizar a un particular por no retirar datos personales del buscador http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=7b0e9df888be3510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a Google Spain a pagar una indemnizaci&oacute;n de 8.000 euros a un hombre por vulnerar su derecho a la protecci&oacute;n de datos personales al no retirar del buscador la informaci&oacute;n sobre el indulto que se le concedi&oacute; en 1999, a pesar de que el afectado lo hab&iacute;a solicitado.</p> <p>El Pleno de la Sala Primera ha decidido que el tratamiento, en el a&ntilde;o 2010, de los datos personales del afectado sobre el indulto, concedido en 1999 por un delito cometido en 1981, en un motor de b&uacute;squeda en Internet como es Google, una vez que solicit&oacute; su cancelaci&oacute;n, debe considerarse il&iacute;cito por inadecuado y desproporcionado a la finalidad del tratamiento de los datos, a causa del plazo transcurrido desde que sucedieron los hechos.</p> <p>La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Rafael Saraz&aacute;, desestima la alegaci&oacute;n de Google Spain de considerar a la sociedad matriz Google Inc &uacute;nica responsable del tratamiento de los datos. En este sentido, afirma que esa soluci&oacute;n supondr&iacute;a en la pr&aacute;ctica un serio obst&aacute;culo para la efectividad de los derechos fundamentales porque el afectado se ver&iacute;a obligado a litigar contra la sociedad matriz, que tiene su domicilio social en California, con los elevados gastos y dilaciones que supondr&iacute;a.</p> <p>Sobre esta misma cuesti&oacute;n, la Sala de lo Civil ha tenido en cuenta las recientes sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este mismo tribunal, que estimaron la falta de legitimaci&oacute;n alegada por Google Spain. Concluye que no tienen efecto prejudicial sobre el recurso que resuelve la Sala de lo Civil por la existencia de distintos criterios rectores en las distintas jurisdicciones y por la diversidad de las normativas que se aplican por unas y otras.</p> <p>La sentencia realiza una ponderaci&oacute;n entre el ejercicio de la libertad de informaci&oacute;n y el respecto a los derechos al honor y a la intimidad cuando la informaci&oacute;n se refiere a un indulto por un delito que afecta negativamente a la reputaci&oacute;n del afectado. En esa ponderaci&oacute;n, considera que hay un inter&eacute;s p&uacute;blico en que la sociedad est&eacute; informada de forma adecuada sobre los indultos concedidos por el gobierno, la identidad de los afectados y los delitos cometidos. Dicho inter&eacute;s p&uacute;blico, seg&uacute;n la Sala, justifica el tratamiento inicial de los datos que supone indexar las p&aacute;ginas web donde se publican los indultos y se muestran en la p&aacute;gina de resultados de un buscador generalista de Internet.</p> <p>Sin embargo, indica la sentencia, transcurrido un plazo razonable, deja de ser l&iacute;cito porque es inadecuado para la finalidad con la que se hizo el tratamiento. En este caso, subraya que el da&ntilde;o provocado a los derechos al honor y a la intimidad del afectado, es desproporcionado en relaci&oacute;n al inter&eacute;s p&uacute;blico que ampara el tratamiento de esos datos, cuando no es una persona de relevancia p&uacute;blica, ni los hechos presentan un inter&eacute;s hist&oacute;rico.</p> <p>Se adjunta nota informativa de la Sala.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=7b0e9df888be3510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 06 Apr 2016 16:10:00 +0200 El TS rechaza que los vigilantes de seguridad privada en Cataluña se identifiquen sólo en catalán http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=835c9df888be3510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala III del Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad del art&iacute;culo 1 de la Orden de la Generalitat de Catalu&ntilde;a, de 17 de enero de 2012, que estableci&oacute; que el distintivo de los vigilantes de seguridad privada que ejercen sus funciones en dicha comunidad aut&oacute;noma deb&iacute;a estar escrito en catal&aacute;n, es decir, como &ldquo;vigilant de seguretat&rdquo; o &ldquo;vigilant d&rsquo;explosiuis&rdquo;.</p> <p>El Supremo ha examinado si la previsi&oacute;n contenida en el art&iacute;culo primero de la Orden, en cuya virtud en el distintivo de los vigilantes de seguridad que ejercen sus funciones en Catalu&ntilde;a &ldquo;en la parte superior del anverso del distintivo tiene que figurar la expresi&oacute;n en catal&aacute;n &ldquo;vigilant de seguretat&rdquo; o la de &ldquo;vigilant d&acute;explosiuis&rdquo;, seg&uacute;n corresponda&rdquo;, est&aacute; o no amparada por las competencias ling&uuml;&iacute;sticas que ostenta la Generalitat de Catalu&ntilde;a en virtud de la previsi&oacute;n contenida en el art. 6 del Estatuto de Catalu&ntilde;a.</p> <p>El alto tribunal rechaza el recurso de la Generalitat contra la sentencia del TSJ de Catalu&ntilde;a, de 27 de diciembre de 2013, que estim&oacute; un recurso de la Delegaci&oacute;n del Gobierno en Catalu&ntilde;a y anul&oacute; dicho art&iacute;culo 1 de la Orden.<br />El Supremo recuerda que el Estado tiene competencia exclusiva para regular la prestaci&oacute;n de servicios de seguridad por empresas privadas y sobre su personal al formar parte del n&uacute;cleo esencial de la competencia exclusiva en materia de seguridad p&uacute;blica atribuida al Estado por el art. 149.1.29 de la Constituci&oacute;n. El 1 de febrero de 2011, el Ministerio del Interior dict&oacute; una Orden sobre personal de seguridad privada, en cuyo Anexo IX se dispone en cuanto a la forma de sus distintivos que &ldquo;1. El distintivo ser&aacute; de forma ovalada y apaisada, de 8 cm de ancho por 6 cm. de alto, en fondo blanco, conforme al modelo contenido en este anexo. En la parte superior del anverso, figurar&aacute; la expresi&oacute;n de &laquo;VIGILANTE DE SEGURIDAD&raquo; o &laquo;VIGILANTE DE EXPLOSIVOS&raquo;, debiendo llevar grabado en la parte inferior el n&uacute;mero de la habilitaci&oacute;n. Las letras y n&uacute;meros ser&aacute;n de color rojo&rdquo;.</p> <p>La sentencia a&ntilde;ade, en relaci&oacute;n a la actividad de los vigilantes de seguridad privada, que &ldquo;ni se trata de una actividad administrativa ni una empresa p&uacute;blica o concesionaria de un servicio p&uacute;blico, sino una actividad complementaria y subordinada respecto a las de seguridad p&uacute;blica prestada por empresas privadas&rdquo;.</p> <p>&ldquo;De modo que &ndash;explican los magistrados-- la Generalitat carec&iacute;a de competencia sectorial para regular la actividad de seguridad privada y tampoco por raz&oacute;n de su competencia en materia ling&uuml;&iacute;stica pod&iacute;a incidir en esta materia, ajena por completo al uso y normalizaci&oacute;n del catal&aacute;n en los t&eacute;rminos fijados por la ley catalana de normalizaci&oacute;n ling&uuml;&iacute;stica y mucho menos para sustituir los distintivos fijados por la normativa estatal por una regulaci&oacute;n que pretende desplazar el uso del castellano, tal y como dispone la norma estatal al regular los distintivos de los vigilantes de seguridad privada, por su versi&oacute;n en catal&aacute;n&rdquo;. En ese sentido, recuerda que la Orden de la Generalitat &ldquo;prescinde de la utilizaci&oacute;n del distintivo en castellano para implantar tan solo la identificaci&oacute;n de los vigilantes privados en catal&aacute;n&rdquo;.</p> <p>&ldquo;En este caso subraya el Supremo- no se trata de regular la cooficialidad del uso del catal&aacute;n sino simplemente de sustituir la placa identificativa de tales vigilantes, redactada en castellano, por su versi&oacute;n en catal&aacute;n, sin que tal previsi&oacute;n tenga acomodo en las disposiciones legales sobre normalizaci&oacute;n ling&uuml;&iacute;stica antes rese&ntilde;adas&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=835c9df888be3510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 06 Apr 2016 16:04:00 +0200 El Supremo rechaza que la emisión de un programa con cámara oculta que le costó el cargo a un exjefe policial atentara su honor http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=8872de2744be3510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala I del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por el exjefe de la Polic&iacute;a Municipal de Valdemorillo (Madrid) para conseguir que se declarase la intromisi&oacute;n en su honor de Cuatro por la emisi&oacute;n de unos reportajes televisivos mediante la t&eacute;cnica de c&aacute;mara oculta que le costaron el puesto en noviembre de 2011. El Supremo rechaza la existencia de vulneraci&oacute;n del honor del expolic&iacute;a y destaca que la cr&iacute;tica recogida en los reportajes fue &ldquo;plenamente tolerable&rdquo; y adem&aacute;s result&oacute; &ldquo;socialmente &uacute;til&rdquo; a la vista de la reacci&oacute;n inmediata del Ayuntamiento destituy&eacute;ndole como jefe de la Polic&iacute;a Local.</p> <p>Tampoco acepta el Supremo la petici&oacute;n del expolic&iacute;a para que se elevara la indemnizaci&oacute;n, de 10.000 euros, que la Audiencia de Madrid impuso a Mediaset por entender que s&iacute; hab&iacute;a sido vulnerado el derecho a la intimidad y la propia imagen del polic&iacute;a, al usarse el sistema de c&aacute;mara oculta en la conversaci&oacute;n con &eacute;l, que fue grabado sin su consentimiento. Mediaset no recurri&oacute; al Supremo su condena por dicha vulneraci&oacute;n del derecho a la intimidad, raz&oacute;n por la que el Supremo no se pronuncia sobre ello.</p> <p>En la sentencia, y en relaci&oacute;n al rechazo a que el reportaje vulnerase el honor del polic&iacute;a, se destaca que las expresiones vertidas acerca del polic&iacute;a en el programa de investigaci&oacute;n emitido por la cadena de televisi&oacute;n, en concreto &ldquo;cacique, trapicheo, sheriff, deshonestidad&rdquo;, son consecuencia de lo manifestado por &eacute;l mismo, en la conversaci&oacute;n mantenida con &eacute;l, en la que se autocalifica de &ldquo;el jefe&rdquo; y &ldquo;el que manda&rdquo; con independencia de quien sea el alcalde.</p> <p>&ldquo;Ni desde la literalidad de las palabras ni en relaci&oacute;n con el contenido propio de &eacute;stas y de las dem&aacute;s expresiones alegadas ninguna puede calificarse de insultante, vejatoria o injuriosa en s&iacute; misma, con relaci&oacute;n a las ideas expuestas a partir de la propia definici&oacute;n personal del interesado&rdquo;, se&ntilde;ala el Supremo.</p> <p>Agrega que &ldquo;lo narrado en el reportaje, en aquellos otros aspectos en que pudieran ser atentatorios al derecho al honor del demandante, no son rumores carentes de toda constataci&oacute;n, o meras invenciones o insinuaciones sin una comprobaci&oacute;n previa de su realidad, sino fruto de una informaci&oacute;n contrastada y diligente, como es el caso del supuesto tr&aacute;fico de animales ex&oacute;ticos, que el actor vende o vend&iacute;a, aunque niegue el calificativo de ex&oacute;ticos (canarios); de la tarjeta para el repostaje de determinados coches, aunque que se tratara de hechos ocurridos hace tres a&ntilde;os y que fueron objeto de sanci&oacute;n administrativa; de la ropa falsificada, en el que el sr. H se hab&iacute;a identificado como Jefe de la Polic&iacute;a ofreci&eacute;ndose a facilitar dicha ropa y la persona que lo vende. Y de la venta de puntos de carnet de conducir, que no niega (&ldquo;de causa antigua&rdquo; y sin &ldquo;ninguna relaci&oacute;n con su actividad profesional&rdquo;)&rdquo;.</p> <p>&ldquo;En este contexto la ponderaci&oacute;n efectuada es absolutamente correcta pues aunque el reportaje afectara a la reputaci&oacute;n del demandante, su contenido no era impertinente ni innecesario para la exposici&oacute;n de una cr&iacute;tica plenamente tolerable frente a quien, como encargado de aplicar la ley, estaba obligado a un comportamiento social y &eacute;ticamente fuera de toda duda o sospecha, con independencia de la mayor o menor gravedad de la infracci&oacute;n denunciada, y que, adem&aacute;s, result&oacute; socialmente &uacute;til vista la reacci&oacute;n inmediata del Ayuntamiento de Valdemorillo y la consiguiente p&eacute;rdida de la jefatura de la polic&iacute;a local&rdquo;, concluye.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=8872de2744be3510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 06 Apr 2016 13:25:00 +0200 El TS desestima un recurso del Colegio de Periodistas de Cataluña sobre el acceso a dependencias judiciales http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=af0cb371c8ae3510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha desestimado por unanimidad, el recurso que present&oacute; el Colegio de Periodistas de Catalu&ntilde;a contra el acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Catalu&ntilde;a de 14 de enero de 2014 que regul&oacute; el acceso de los medios a las dependencias de los &oacute;rganos judiciales.</p> <p>En aquel acuerdo, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior catal&aacute;n prohibi&oacute; el acceso de las c&aacute;maras de televisi&oacute;n a los pasillos de la sedes judiciales.</p> <p>El Tribunal Supremo considera que esas limitaciones no conculcan el derecho a la informaci&oacute;n, como argumentaban los recurrentes. La sentencia recoger&aacute; pronunciamientos sobre la materia del propio Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=af0cb371c8ae3510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 06 Apr 2016 10:00:00 +0200 El TS confirma las condenas a prisión de tres personas, con ideología cercana a Falange, por acciones contra la Memoria Histórica en Navarra http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2521905dd36e3510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Tribunal Supremo ha confirmado las condenas de entre un a&ntilde;o y medio y los dos a&ntilde;os de prisi&oacute;n a tres personas, con ideolog&iacute;a cercana a los postulados de Falange, por realizar acciones contra la Memoria Hist&oacute;rica en varios pueblos de Navarra. La sentencia ratifica el fallo de la Audiencia Nacional que conden&oacute; a J.I.I.S, conocido como &ldquo;el barbas&rdquo; y &ldquo;pater&rdquo;, a dos a&ntilde;os de prisi&oacute;n y a J.L.M. y a B.P.I. a un a&ntilde;o y seis meses de prisi&oacute;n por un delito de amenazas no condicionales a colectivo concreto con la atenuante de dilaciones indebidas.</p> <p>La sentencia recurrida consider&oacute; probado que los tres condenados se pusieron de acuerdo para realizar una serie de acciones con la intenci&oacute;n concreta de que cualquier manifestaci&oacute;n p&uacute;blica de la Memoria Hist&oacute;rica generara en sus leg&iacute;timos promotores un miedo respecto a su sentimiento de tranquilidad.</p> <p>Con este objetivo, seg&uacute;n los hechos probados, la tarde del 19 de agosto de 2009, J.I.I.S rompi&oacute; la placa existente en el monumento &ldquo;Homenaje a los esclavos del franquismo&rdquo; en el alto de Igal en el t&eacute;rmino municipal de Vidangoz. Despu&eacute;s, acompa&ntilde;ado de los otros dos condenados, hicieron en un veh&iacute;culo propiedad del Ayuntamiento de Orkoyen, utilizado por un alguacil, la pintada &ldquo;Julio kontuz, mira debajo&rdquo; y Zerri comunista&rdquo; junto a un yugo y unas flechas. La misma noche pintaron una placa de la calle Dolores Ibarruri del mismo Ayuntamiento con la bandera de Espa&ntilde;a. Posteriormente rompieron la escultura y las placas del monolito en recuerdo de los comunistas fugados del &ldquo;Fuerte de San Crist&oacute;bal&rdquo; en 1938 y realizaron pintadas en el monte Ezkaba. Acto seguido, se fueron al cementerio de Berrioplano donde pintaron la tapia con expresiones destinadas a menoscabar la realizaci&oacute;n de actos de reconocimiento de la memoria hist&oacute;rica. Desde all&iacute; se desplazaron al cementerio de Aizoain, donde rompieron la placa en memoria de los fusilados del Fuerte de San Crist&oacute;bal, y, por &uacute;ltimo, realizaron distintas pintadas en la fachada principal del Ayuntamiento de Arbizu relativas al asesinato de republicanos en 1936, advirtiendo al alcalde y a los concejales &ldquo;hoy se os vigila, ma&ntilde;ana os matamos&rdquo;.</p> <p>La sentencia de la Sala de lo Penal indica que lo que se desprende de las pruebas existentes es que como resultado de unas interceptaciones telef&oacute;nicas, cuya legitimidad no se cuestiona, la Guardia Civil estableci&oacute; un dispositivo de vigilancia y seguimiento, de cuya ejecuci&oacute;n y resultado los agentes que lo pusieron en pr&aacute;ctica informaron, primero al juzgado, con el env&iacute;o del atestado correspondiente, y luego en la vista oral.</p> <p>Por dicha intervenci&oacute;n, subraya la sentencia, se tiene constancia de los desplazamientos que hicieron los tres condenados en la madrugada del 19 al 20 de agosto de 2009 y de los que hay constancia testifical por los funcionarios que realizaron los seguimientos. En este sentido, afirma que el testimonio de los mismos es concluyente porque revela que los tres implicados en la causa fueron vistos en el momento de reunirse y despu&eacute;s desplaz&aacute;ndose juntos a todos los lugares que figuran en los hechos probados, y en los que, en expresiva coincidencia temporal con su presencia en cada uno de ellos, se ocasionaron los destrozos en elementos dedicados a la conmemoraci&oacute;n de algunas v&iacute;ctimas de la dictadura franquista. Asimismo, destaca que hay otras pruebas como el plano de rutas incautado en el domicilio de uno de ellos o los botes de spray de pintura negra encontrados en el coche de otro.</p> <p>Por todo ello concluye que el conjunto de elementos de juicio es abrumador. &ldquo;La correlaci&oacute;n entre los da&ntilde;os registrados y los desplazamientos del recurrente y de sus acompa&ntilde;antes es de la mayor elocuencia. La coherencia del significado de tales acciones y la ideolog&iacute;a de los tres implicados resulta asimismo manifiesta. Las comunicaciones telef&oacute;nicas, dado el contexto en que se produjeron, tienen como interpretaci&oacute;n m&aacute;s racional la que ha hecho la sala. El plano con el itinerario al que acaba de aludirse, abunda en id&eacute;ntico sentido. Y los botes de pintura son los utilizados para hacer pintadas como las de la causa&rdquo;.</p> <p>A&ntilde;ade que de tan rico cuadro probatorio se deduce la existencia de multiplicidad de indicios, procedentes de una pluralidad de fuentes, que guardan entre si una patente relaci&oacute;n de compatibilidad y que convergen de manera inequ&iacute;voca sobre los condenados y, adem&aacute;s, precisamente sobre las acciones de que se trata, producidas todas en la reducida franja temporal y que es en la que se produjeron los movimientos de los aludidos.</p> <p>La sentencia confirma el pago de una indemnizaci&oacute;n por da&ntilde;os morales al alcalde y a tres concejales del Ayuntamiento de Arbizu y al alguacil de Orcoyen de 1000 euros a cada uno de ellos por las amenazas de muerte vertidas en las pintadas, adem&aacute;s de cerca de 4.000 euros por los destrozos causados con sus actos.</p> <p>La Sala Segunda s&oacute;lo estima parcialmente el recurso de uno de los tres condenados en relaci&oacute;n con las costas que se fijan para cada uno de ellos en 1/14 en lugar del 1/7 de la sentencia de la Audiencia Nacional.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2521905dd36e3510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 05 Apr 2016 14:50:00 +0200 El Supremo ordena demoler las obras de rehabilitación del edificio del Conde de Fenosa (A Coruña) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=5f1f992ec06e3510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala III del Tribunal Supremo ha ordenado la demolici&oacute;n de las obras de rehabilitaci&oacute;n del edificio del Conde de Fenosa, de A Coru&ntilde;a, para su restituci&oacute;n a la situaci&oacute;n en que estaba antes de la rehabilitaci&oacute;n autorizada en 1997 por un acuerdo del Ayuntamiento coru&ntilde;&eacute;s que fue anulado en sentencia de 20 de diciembre de 2001.</p> <p>La sentencia anula dos autos del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de 2015, en cuanto desestimaron las pretensiones encaminadas a que continuase la ejecuci&oacute;n de la referida sentencia de fecha 20 de diciembre de 2001, y ordena "que prosiga la ejecuci&oacute;n de &eacute;sta en sus propios t&eacute;rminos mediante la demolici&oacute;n de las obras de rehabilitaci&oacute;n ejecutadas al amparo de la licencia municipal anulada en la citada sentencia para que el edificio en cuesti&oacute;n quede en la situaci&oacute;n en que se encontraba antes del otorgamiento de aqu&eacute;lla&rdquo;.</p> <p>Asimismo, el Supremo declara en el fallo de la sentencia &ldquo;que no procede actuaci&oacute;n administrativa alguna cuya finalidad sea eludir el cumplimiento de la indicada sentencia pronunciada por la Sala de instancia con fecha 20 de diciembre de 2001&rdquo;.</p> <p>Dicha sentencia del Tribunal Superior de Galicia, de fecha 20 de diciembre de 2001, estim&oacute; el recurso contencioso-administrativo interpuesto por una demandante en cuanto dirigido contra el apartado segundo del Acuerdo de 10 -11 -97 del Ayuntamiento de A Coru&ntilde;a por el que se otorg&oacute; licencia para la rehabilitaci&oacute;n del inmueble sito en el n&ordm; 2 de la calle Fernando Mac&iacute;as para ser destinado a viviendas y locales comerciales, acto que fue anulado por ser contrario a derecho, &ldquo;por lo que deber&aacute; procederse a su demolici&oacute;n&rdquo;. El Supremo confirm&oacute; en marzo de 2006 ese fallo al rechazar el recurso de la inmobiliaria Fadesa.</p> <p>La ejecuci&oacute;n de la sentencia de diciembre de 2001 ha dado lugar a varios incidentes, entre ellos el auto dictado por el TSX de Galicia, el 2 de abril de 2013, que declar&oacute; la imposibilidad material de ejecuci&oacute;n de la sentencia, auto que fue revocado por el Supremo el 8 de julio de 2014 se&ntilde;alando que &ldquo;no concurre la causa de imposibilidad material de ejecutar dicha sentencia alegada por el Ayuntamiento de A Coru&ntilde;a&rdquo;.</p> <p>Tras esa decisi&oacute;n del Supremo, la representaci&oacute;n de la demandante inicial reclam&oacute; al Tribunal Superior gallego que, entre otros actos de ejecuci&oacute;n, estableciese un plazo improrrogable de seis meses para iniciar la demolici&oacute;n de las obras de rehabilitaci&oacute;n amparadas en la licencia anulada por la sentencia de 20 de diciembre de 2001.</p> <p>El alto tribunal de Galicia accedi&oacute; a fijar un plazo de seis meses al Ayuntamiento coru&ntilde;&eacute;s para redactar y aprobar el proyecto t&eacute;cnico de demolici&oacute;n, pero rechaz&oacute; indicar que esas obras tuviesen que tener, &ldquo;como resultado &uacute;ltimo inexcusable, la restituci&oacute;n del edificio al estado que presentaba antes de su rehabilitaci&oacute;n&rdquo;.</p> <p>En su sentencia, el Supremo constata primero que la sentencia de 20 de diciembre de 2001 contin&uacute;a, catorce a&ntilde;os despu&eacute;s, sin haber sido cumplida en sus propios t&eacute;rminos, como marca la Ley, debido a los distintos incidentes promovidos por la propia Administraci&oacute;n municipal obligada al cumplimiento de la misma.</p> <p>El TS se&ntilde;ala que el TSXG no cumple la Ley cuando declara que la demolici&oacute;n no debe tener como resultado la restituci&oacute;n del edificio al estado anterior a su rehabilitaci&oacute;n, &ldquo;a pesar de que la licencia de rehabilitaci&oacute;n fue anulada por aquella vieja sentencia firme de fecha 20 de diciembre de 2001, en la que, adem&aacute;s, se orden&oacute; expresamente la demolici&oacute;n de las obras amparadas en ella, y, hasta ahora, no han prosperado ninguno de los incidentes planteados por imposibilidad legal ni material de ejecutarla&rdquo;.</p> <p>Y a&ntilde;ade: &ldquo;Hay que recordar a la Sala de instancia que si se hubiese procedido a ejecutar la sentencia cuando ella misma declar&oacute; que no concurr&iacute;a imposibilidad legal de hacerlo, no se hubiese demorado tal ejecuci&oacute;n hasta haberse aprobado distintas modificaciones del planeamiento urban&iacute;stico so pretexto del <em>ius variandi</em> de la Administraci&oacute;n, cuando ello ha podido encubrir una decidida voluntad de no cumplirla&rdquo;.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=5f1f992ec06e3510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 05 Apr 2016 13:00:00 +0200 El Tribunal Supremo anula el nombramiento del presidente del TSJ de Murcia http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2c5a5756d15e3510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha anulado el nombramiento como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de Miguel Pasqual del Riquelme, acordado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial el 29 de enero de 2015.</p> <p>Por 18 votos a 15, los magistrados han declarado nulo el nombramiento al entender que su motivaci&oacute;n fue insuficiente o defectuosa.</p> <p>El Tribunal Supremo estima as&iacute; el recurso planteado por la magistrada Pilar Alonso Saura, quien opt&oacute; al puesto junto a Miguel Pascual del Riquelme y un tercer candidato pero no result&oacute; elegida.</p> <p>Esta magistrada solicit&oacute; adem&aacute;s que, en caso de estimarse su recurso, el Pleno la designara para el puesto al que aspiraba, petici&oacute;n que el Tribunal Supremo ha rechazado por 28 votos a 5.</p> <p>Cinco magistrados de la Sala Tercera se han abstenido de intervenir en el debate y votaci&oacute;n de este asunto por razones justificadas.&nbsp;Ahora, el Pleno del CGPJ tendr&aacute; que pronunciarse de nuevo sobre este nombramiento.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2c5a5756d15e3510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 04 Apr 2016 21:30:00 +0200 El TS reduce a tres años y nueve meses de cárcel la condena a dos policías de Getafe (Madrid) por homicidio http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=ada7c2bdb01e3510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Tribunal Supremo ha reducido a tres a&ntilde;os y nueve meses de prisi&oacute;n la condena a dos polic&iacute;as municipales de Getafe (Madrid) que dispararon contra un veh&iacute;culo que desatendi&oacute; la orden de detenerse tras una persecuci&oacute;n, resultando un ocupante muerto y el otro herido, al apreciar la eximente incompleta de cumplimiento del deber.&nbsp;Asimismo, absuelve a un tercer polic&iacute;a local de Getafe, &Oacute;scar Daniel C.U., que tambi&eacute;n hab&iacute;a sido condenado, por no constar que sus disparos se dirigieran a la zona del veh&iacute;culo donde estaban los ocupantes.</p> <p>La Audiencia de Madrid conden&oacute; a cada uno de los tres polic&iacute;as a un total de 15 a&ntilde;os de prisi&oacute;n (10 a&ntilde;os por homicidio consumado, y 5 a&ntilde;os por homicidio intentado), al no apreciar ninguna atenuante o eximente en su actuaci&oacute;n. El Supremo condena a 3 a&ntilde;os y 9 meses (2 a&ntilde;os y medio por el homicidio consumado, y 1 a&ntilde;o y 3 meses, por el intentado) a dos de ellos, Antonio Miguel G.M., e Ismael G-M G-V, absolviendo al tercero, &Oacute;scar Daniel C.U.</p> <p>Para el Supremo, evidentemente no puede apreciarse la concurrencia de la eximente completa de cumplimiento del deber porque &ldquo;falta la necesaria proporcionalidad entre el uso de las facultades que las fuerzas del orden p&uacute;blico tienen atribuidas, incluido el uso de sus armas de fuego, para cumplir su funci&oacute;n de preservar la seguridad de los ciudadanos, y el hecho de abrir fuego, con clara posibilidad de causar lesiones, e incluso la muerte, a los sospechosos de la comisi&oacute;n de un delito objeto de persecuci&oacute;n como el de referencia&rdquo;.</p> <p>&ldquo;No puede, por tanto, aceptarse ni justificarse, en modo alguno, la conducta (&hellip;) hasta el punto de eximirle por completo de responsabilidad respecto de la muerte y lesiones causadas, por el exceso cometido en el uso de sus armas frente a quienes hu&iacute;an de &eacute;l y sus compa&ntilde;eros en un veh&iacute;culo que, seg&uacute;n comunicaciones precedentes, hab&iacute;a sido sustra&iacute;do&rdquo;.</p> <p>Sin embargo, s&iacute; que aprecia un supuesto de atenuaci&oacute;n, en concreto como eximente incompleta, de cumplimiento del deber, &ldquo;toda vez que concurren elementos esenciales de la eximente completa, en concreto el hecho de que los funcionarios policiales actuaron en el ejercicio de sus funciones y cumpliendo con su deber, aunque lo hicieran de forma censurablemente excesiva, respondiendo a la actitud desobediente de quienes desoyeron sus &oacute;rdenes para que se detuvieran&rdquo;.</p> <p>A&ntilde;aden los magistrados que el veh&iacute;culo en el que transitaban constaba como sustra&iacute;do y as&iacute; mismo hab&iacute;an sido requeridos por otro compa&ntilde;ero de los acusados, libre de servicio, &ldquo;que cre&iacute;a, al parecer equivocadamente, haber visto c&oacute;mo alg&uacute;n tiempo antes los fugados introduc&iacute;an a la fuerza en el autom&oacute;vil a una tercera persona que ya no fue vista posteriormente en el interior del mismo, y, como se ha dicho, desobedeciendo las &oacute;rdenes de detenerse, as&iacute; como realizando peligrosas maniobras llegando incluso, seg&uacute;n el &ldquo;factum&rdquo; de la recurrida, a estar a punto de atropellar a uno de los agentes que fue arrojado al suelo al intentar &eacute;ste sujetar la manilla de apertura del veh&iacute;culo e, incluso, escapando velozmente por una direcci&oacute;n prohibida, con lo que ello supon&iacute;a tambi&eacute;n de generaci&oacute;n de peligro para quienes circularan correctamente, en sentido contrario, por la misma&rdquo;.</p> <p>El Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Jos&eacute; Manuel Maza, confirma que hubo delitos de homicidio con dolo eventual, al excluir completamente la posibilidad de que fuese s&oacute;lo un comportamiento imprudente &ldquo;habida cuenta, de que el dato de la direcci&oacute;n y reiteraci&oacute;n de los disparos impide considerar que se tratase, tan s&oacute;lo, de una falta de diligencia en el uso de las armas de fuego empleadas, revelando una clara y repetida intenci&oacute;n de alcanzar a los que eran objetivo de dichos disparos o, cuando menos, asumiendo tal resultado&rdquo;. Tambi&eacute;n rechaza la aplicaci&oacute;n de las atenuantes de confesi&oacute;n y reparaci&oacute;n de los perjuicios.</p> <p>En cuanto a la absoluci&oacute;n del tercer polic&iacute;a, &Oacute;scar Daniel, se debe a que &ldquo;no puede afirmarse, con certeza alguna, que los disparos efectuados por el recurrente no fueran de los dirigidos a lugares del veh&iacute;culo que, por su altura y localizaci&oacute;n, no supon&iacute;an riesgo alguno para sus ocupantes, lo que hubiera estado dentro de una correcta actuaci&oacute;n policial encaminada a conseguir que los ocupantes del coche de autos dieran cumplimiento a las &oacute;rdenes de los funcionarios policiales, intimid&aacute;ndoles pero sin ocasionar ning&uacute;n tipo de riesgo para su vida o integridad f&iacute;sica&rdquo;.</p> <p>La Sala II ratifica la indemnizaci&oacute;n de 108.846 euros que los condenados tendr&aacute;n que pagar a la madre del fallecido, y de 17,994 euros al hombre que result&oacute; herido. Se establece la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de Getafe y la directa de Segurcaixa.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=ada7c2bdb01e3510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 04 Apr 2016 15:34:00 +0200 El Tribunal Supremo anula la autorización previa a la planta regasificadora de Mugardos (A Coruña) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=776fc2bdb01e3510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala III del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de la Plataforma de Vecinos O Cruceiro de Meh&aacute; y anula la resoluci&oacute;n de 3 de junio de 2002 de la Direcci&oacute;n General de Pol&iacute;tica Energ&eacute;tica, confirmada por el subsecretario de Econom&iacute;a el 6 de noviembre de 2003, que otorg&oacute; a Regasificadora del Noroste, S.A. (REGANOSA) autorizaci&oacute;n administrativa previa para la instalaci&oacute;n de una planta de recepci&oacute;n, almacenamiento y regasificaci&oacute;n de Gas Natural Licuado en Mugardos (A Coru&ntilde;a).</p> <p>Para el Supremo, tanto la resoluci&oacute;n que otorg&oacute; la autorizaci&oacute;n administrativa como la sentencia que la ratifica (dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid) incurren en vulneraci&oacute;n del art&iacute;culo 67.2.c/ de la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos, ya que en el momento en el que se otorg&oacute; la autorizaci&oacute;n no exist&iacute;a una ordenaci&oacute;n urban&iacute;stica a la que pudiera considerarse acomodado (modificaci&oacute;n del Plan General de Mugardos aprobado en enero de 2003, declarada posteriormente nula en mayo de 2012 por sentencia del propio Supremo).</p> <p>El alto tribunal agrega que &ldquo;a tal conclusi&oacute;n no se opone el hecho de que con posterioridad al dictado de la sentencia recurrida resultase aprobada, por Orden de la Consejer&iacute;a de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructura de la Xunta de Galicia de 12 de junio de 2012, una nueva modificaci&oacute;n puntual del Plan General de Murgados para la adecuaci&oacute;n de usos de regasificaci&oacute;n en el suelo industrial de Punta Promontorio (publicada en el Diario Oficial de Galicia de 20 de junio de 2012); y tampoco altera nuestra conclusi&oacute;n el que el recurso contencioso-administrativo dirigido contra esta modificaci&oacute;n del planeamiento haya sido desestimado por sentencia de la Secci&oacute;n 2&ordf; de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 23 de diciembre de 2015 (recurso 4661/2012) que ha sido aportada a las actuaciones&rdquo;.</p> <p>&ldquo;Se trata &ndash;expone el Supremo-- de hechos posteriores a la presentaci&oacute;n de la solicitud y a la resoluci&oacute;n administrativa que otorg&oacute; la autorizaci&oacute;n, y posteriores tambi&eacute;n a la sentencia recurrida. Tales hechos sobrevenidos habr&aacute;n de ser tenidos en cuenta, sin duda, a la hora de resolver sobre una nueva solicitud que se presente, que habr&aacute; de ser examinada atendiendo a los datos concurrentes y al r&eacute;gimen jur&iacute;dico existente en el momento de su presentaci&oacute;n; pero aquellos hechos sobrevenidos con posterioridad a la sentencia recurrida de ninguna manera desvirt&uacute;an la constataci&oacute;n que hemos dejado expuesta, esto es, que en el momento de presentaci&oacute;n de la solicitud, lo mismo que cuando se otorg&oacute; la autorizaci&oacute;n y cuando se dict&oacute; la sentencia recurrida, no exist&iacute;a un instrumento de ordenaci&oacute;n urban&iacute;stica que sirviese de respaldo a la instalaci&oacute;n para la que se ped&iacute;a la autorizaci&oacute;n&rdquo;.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=776fc2bdb01e3510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 04 Apr 2016 14:00:00 +0200 El Tribunal Supremo confirma la condena de 23 años de cárcel a un hombre que mató a su novia en Venezuela en verano de 2009 http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=4cc8cd2dea1d3510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala II confirma la pena de 23 a&ntilde;os de c&aacute;rcel impuesta por la Audiencia Nacional a A.I.Z., un hombre con la doble nacionalidad espa&ntilde;ola y venezolana, por el asesinato de su novia cometido en Venezuela en el verano de 2009. La chica muri&oacute; cinco d&iacute;as despu&eacute;s de recibir una paliza y ser quemada con gasolina por el acusado.</p> <p>El Supremo avala, como plenamente justificada y no vulneradora del derecho a un proceso con todas las garant&iacute;as, la utilizaci&oacute;n de la videoconferencia para que declarasen desde Venezuela en el juicio todos los testigos y peritos, ya que la Ley prev&eacute; usar este m&eacute;todo en casos donde la comparecencia personal suponga dificultad y un alto coste. F&iacute;sicamente en Espa&ntilde;a, en la sala de vistas de la Audiencia Nacional, estuvieron el acusado, su abogado, el fiscal, la acusaci&oacute;n particular y el tribunal.</p> <p>Asimismo, la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Joaqu&iacute;n Gim&eacute;nez, rechaza la pretensi&oacute;n del acusado de deslegitimar la prueba de cargo en su contra alegando la inseguridad jur&iacute;dica existente en su pa&iacute;s, y citando para ello el caso del opositor encarcelado Leopoldo L&oacute;pez Mendoza.</p> <p>Para el alto tribunal, el intento de conectar la supuesta insuficiencia de la prueba con la inseguridad jur&iacute;dica de Venezuela debe ser rechazado de plano. &ldquo;El recurrente trata de introducir una reflexi&oacute;n de tipo pol&iacute;tico con la intenci&oacute;n de deslegitimar toda la prueba que se llev&oacute; a cabo a trav&eacute;s de videoconferencia, se trata de un juicio de valor --realmente de desvalor-- que se agota con la sola enunciaci&oacute;n. Tal pretensi&oacute;n no puede ser admitida, por la propia naturaleza pol&iacute;tica de la denuncia, y porque en relaci&oacute;n a este proceso, consta en la sentencia sometida al presente control casacional que la colaboraci&oacute;n de la Fiscal&iacute;a de Venezuela fue total&rdquo;.</p> <p>La Sala II subraya que las pruebas contra A.I.Z. &ndash;su propia declaraci&oacute;n que tuvo contradicciones graves, y los testimonios de vecinos, amigos, familiares, los m&eacute;dicos, el resultado de las inspecciones, y el intento del acusado de borrar pruebas, as&iacute; como su propia huida a Espa&ntilde;a&mdash;superan con claridad &ldquo;el doble est&aacute;ndar de la l&oacute;gica y de la suficiencia probatoria exigible a todo pronunciamiento condenatorio&rdquo;.</p> <p>El Supremo s&iacute; estima parcialmente el recurso de A.I.Z. en relaci&oacute;n a la condena de 1 a&ntilde;o y medio de prisi&oacute;n que se le impuso por delito de malos tratos habituales, pena que queda revocada, debido a que la Fiscal&iacute;a no incluy&oacute; dicho delito en su querella (s&oacute;lo acus&oacute; de asesinato) por lo que no es posible condenarle por el mismo, aunque fuese introducido despu&eacute;s del juicio en las conclusiones definitivas del Ministerio P&uacute;blico.</p> <p>Tras la huida del acusado a Espa&ntilde;a, se rechaz&oacute; la extradici&oacute;n solicitada por Venezuela al no dar garant&iacute;as dicho pa&iacute;s de la efectividad del principio de reciprocidad. La competencia de los tribunales espa&ntilde;oles para juzgar el hecho imputado al recurrente, al encontrarse en Espa&ntilde;a, y ser constitutivo de delito tanto en Venezuela como en Espa&ntilde;a, viene avalada por la concurrencia de los tres requisitos del art&iacute;culo 23.2 de la Ley Org&aacute;nica del Poder Judicial, uno de los cuales es la presentaci&oacute;n de querella por la Fiscal&iacute;a, como as&iacute; se produjo.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=4cc8cd2dea1d3510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 01 Apr 2016 14:00:00 +0200 El Tribunal Supremo anula el Programa de Equivalentes Terapéuticos de Ias cárceles http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=45baa89044cc3510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala III del Tribunal Supremo ha anulado parcialmente la instrucci&oacute;n del Ministerio del Interior, de 30 de septiembre de 2011, sobre prescripci&oacute;n de medicamentos en los centros penitenciarios. La sentencia estima un recurso del Consejo General de Colegios Oficiales de M&eacute;dicos y decreta la nulidad de los art&iacute;culos 4 y 5 de la referida Instrucci&oacute;n, en cuanto permit&iacute;a la sustituci&oacute;n de los medicamentos prescritos por otros de &lsquo;diferente composici&oacute;n&rdquo; y &ldquo;diferente estructura qu&iacute;mica original&rdquo;, aunque de &ldquo;similar mecanismo de acci&oacute;n&rdquo;.</p> <p>La sentencia establece que el Programa de Equivalentes Terap&eacute;uticos que fija la Instrucci&oacute;n no est&aacute; contemplado en la Ley 29/2006, de 26 de junio, de garant&iacute;as y uso racional en los medicamentos y productos sanitarios, que se&ntilde;ala &ldquo;con claridad que la posibilidad de que el farmac&eacute;utico sustituya el medicamento prescrito por el m&eacute;dico por otro diferente se admite con car&aacute;cter excepcional y que &ldquo;en todo caso&rdquo;, el medicamento de sustituci&oacute;n &ldquo;deber&aacute; tener igual composici&oacute;n, forma farmac&eacute;utica, v&iacute;a de administraci&oacute;n y dosificaci&oacute;n&rdquo; que el medicamento prescrito, debiendo adem&aacute;s informarse en todo caso al paciente sobre la sustituci&oacute;n llevada a cabo&rdquo;.</p> <p>&ldquo;Tales limitaciones &ndash;destaca el Supremo-- no han sido observadas en el caso que nos ocupa, pues la Instrucci&oacute;n impugnada en el proceso &ndash;y que la Sala de instancia (TSJ de Madrid) ha considerado ajustada a derecho- contempla la posibilidad de sustituci&oacute;n en t&eacute;rminos considerablemente m&aacute;s laxos que la norma legal&rdquo;.</p> <p>En contra de lo considerado por el Tribunal Superior de Madrid, el Supremo se&ntilde;ala que &ldquo;ni la pol&iacute;tica de racionalizaci&oacute;n del gasto p&uacute;blico ni la singularidad del contexto penitenciario a la que alude la Sala de instancia son t&iacute;tulos suficientes para que ese concreto &aacute;mbito, y en virtud de una Instrucci&oacute;n como la aqu&iacute; controvertida, pueda permitirse la sustituci&oacute;n de los medicamentos prescritos por el m&eacute;dico en unos t&eacute;rminos menos estrictos que los fijados en la Ley con car&aacute;cter general&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=45baa89044cc3510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 31 Mar 2016 13:00:00 +0200 El Tribunal Supremo confirma la condena de 3 años al exgerente de la Fundación Asce de geriátricos http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=dc80c8d97fbc3510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a tres a&ntilde;os de c&aacute;rcel para el exgerente contable de la Fundaci&oacute;n Asce -que gestiona residencias de ancianos- Juan Antonio Gonz&aacute;lez Mangas por delitos continuados de apropiaci&oacute;n indebida y falsedad de certificados, as&iacute; como a pagar una indemnizaci&oacute;n de 247.000 euros a la Fundaci&oacute;n.</p> <p>El alto tribunal tambi&eacute;n confirma la condena a dos a&ntilde;os de prisi&oacute;n a su mujer, Isabel Rubio Mu&ntilde;oz, por apropiaci&oacute;n indebida, y al pago de una indemnizaci&oacute;n a la Fundaci&oacute;n de 163.000 euros.</p> <p>El recurrente y condenado en primera instancia por la Audiencia Provincial de Madrid, en su condici&oacute;n de gerente y contable de la asociaci&oacute;n perjudicada, confeccion&oacute; las n&oacute;minas de los trabajadores de dicha asociaci&oacute;n, y la suya propia, pero en relaci&oacute;n a su n&oacute;mina no efectuaba descuento alguno por IRPF. Adem&aacute;s, ingres&oacute; en sus cuentas talones de la asociaci&oacute;n y, finalmente, confeccion&oacute; -y se cobraron- n&oacute;minas en favor de su esposa e hija cuando ninguna de ellas trabajaba para la asociaci&oacute;n como asalariada.</p> <p>En cuanto a las falsificaciones de los dos certificados de la Hacienda P&uacute;blica y de la Seguridad Social efectuados por el condenado, lo fueron en fechas de 28 de Marzo de 2008 y 12 de Enero de 2008, y por tanto fue correcta la decisi&oacute;n de la Audiencia madrile&ntilde;a de aplicar la legalidad anterior a la reforma de la L.O. 7/2012, m&aacute;s beneficiosa que la exigible tras la vigencia de dicha Ley.</p> <p>El Supremo rechaza que se produjese una falsificaci&oacute;n de fotocopia, ya que el recurrente confeccion&oacute; &iacute;ntegramente, seg&uacute;n el modelo oficial, unos certificados de la Seguridad Social y de la Hacienda P&uacute;blica.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=dc80c8d97fbc3510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 31 Mar 2016 12:00:00 +0200 El Supremo archiva la querella contra el magistrado que decretó prisión para los dos titiriteros durante las fiestas de Carnaval de Madrid http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=a33736e9f27c3510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha archivado la querella presentada por el partido pol&iacute;tico Contrapoder contra el magistrado del Juzgado Central de Instrucci&oacute;n n&uacute;mero 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, por un presunto delito de prevaricaci&oacute;n que habr&iacute;a cometido al decretar la prisi&oacute;n provisional y sin fianza de los dos titiriteros, de la Compa&ntilde;&iacute;a T&iacute;teres desde Abajo, que representaban la obra "La Bruja y Don Crist&oacute;bal" durante las fiestas de Carnaval en la plaza Canal Isabel II de Madrid. La citada querella tambi&eacute;n iba dirigida contra el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, y la fiscal Carmen Monfort March.</p> <p>El auto, del que ha sido ponente el magistrado Francisco Monterde, concluye que no existe atisbo de delito en la comparecencia prevista en el art&iacute;culo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ni en el auto acordando la prisi&oacute;n de los dos detenidos. Del mismo modo, afirma que en este caso es evidente que el auto se ha dictado por quien era competente y ten&iacute;a facultades legalmente establecidas para ello.</p> <p>La Sala indica que se pusieron a disposici&oacute;n del juez en plazo legal unos detenidos a los que se les atribu&iacute;a varios delitos graves, cuyos indicios de existencia estim&oacute; concurrente el auto de prisi&oacute;n. Asimismo, se&ntilde;ala que no hay motivos para pensar que la resoluci&oacute;n dictada se apartara de los m&eacute;todos usuales de interpretaci&oacute;n jur&iacute;dica ni para apreciar dolo o culpa grave en el juez o los fiscales. A&ntilde;ade que en todo caso las medidas cautelares, por ser provisionales, pueden finalizar, como en el supuesto analizado, si cambian los presupuestos y circunstancias en que se adoptaron. En este sentido, recuerda que en este caso se produjo la puesta en libertad de los dos actores en d&iacute;as posteriores.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=a33736e9f27c3510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 30 Mar 2016 15:33:00 +0200 El TS no ve delito en la cesión transitoria de senadores del PSOE a ERC y DiL http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=52d936e9f27c3510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha archivado la querella que Manos Limpias interpuso contra el secretario general del PSOE, Pedro S&aacute;nchez, y varios senadores de dicho partido, ERC y Democracia i Llibertat (DiL), por presunto delito de fraude de subvenciones y ayudas p&uacute;blicas, derivado de la cesi&oacute;n transitoria de dos senadores socialistas a cada uno de dichos partidos o coaliciones para que formasen grupo parlamentario en la C&aacute;mara Alta.</p> <p>De acuerdo con la Fiscal&iacute;a, el Supremo rechaza la querella porque "los hechos narrados tienen amparo en el Reglamento del Senado&rdquo;.</p> <p>As&iacute;, el art&iacute;culo 27.1 establece que &ldquo;cada grupo parlamentario estar&aacute; compuesto, al menos, de diez senadores. Ning&uacute;n Senador podr&aacute; formar parte de m&aacute;s de un Grupo parlamentario&rdquo;, prohibici&oacute;n que no impide conforme al art&iacute;culo 29 la libertad de los Senadores de incorporarse a un grupo: &ldquo;Podr&aacute;n incorporarse a los diversos grupos parlamentarios creados, los Senadores que expresen su voluntad de hacerlo as&iacute; mediante escrito dirigido a la Presidencia de la C&aacute;mara. Este escrito deber&aacute; llevar el visto bueno del Portavoz del Grupo correspondiente&rdquo;.</p> <p>Por &uacute;ltimo, existe la posibilidad de cambiarse de grupo, seg&uacute;n el art&iacute;culo 30.3: &ldquo; Los Senadores que por cualquier causa dejen de pertenecer a un Grupo parlamentario de denominaci&oacute;n espec&iacute;fica, quedar&aacute;n autom&aacute;ticamente incorporados al Grupo Mixto, salvo que en el plazo de tres d&iacute;as se adscribieran a otros Grupos ya constituidos. El portavoz del Grupo Mixto, o el de cualquiera de estos &uacute;ltimos dar&aacute; cuenta de las incorporaciones que se produzcan al Presidente de la C&aacute;mara&rdquo;.</p> <p>"Siendo por otro lado notorio que la C&aacute;mara ha admitido la constituci&oacute;n de los grupos expresados por el querellante en su querella, disipa toda m&iacute;nima duda de existencia de delito alguno", se&ntilde;ala el auto de archivo.<br />En cuanto a la subvenci&oacute;n, el Supremo indica que el art&iacute;culo 34 establece que &ldquo;el Senado facilitar&aacute; a los Grupos parlamentarios una subvenci&oacute;n cuya cuant&iacute;a se fijara en funci&oacute;n del n&uacute;mero de sus componentes y, adem&aacute;s, un complemento fijo igual para todos", y a&ntilde;ade que se trata de una subvenci&oacute;n enmarcada en el &aacute;mbito de la autonom&iacute;a presupuestaria de la que gozan las C&aacute;maras que es el desarrollo del art&iacute;culo 72.1 de la Constituci&oacute;n: &ldquo;Las C&aacute;maras establecen sus propios Reglamentos, aprueban aut&oacute;nomamente sus presupuestos&hellip;&rdquo;.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=52d936e9f27c3510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 30 Mar 2016 13:10:00 +0200 El Tribunal Supremo confirma la clasificación de Es Guix (Palma de Mallorca) como suelo rústico http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=70698e50d71e3510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casaci&oacute;n interpuesto por el Ayuntamiento de Escorca (Palma de Mallorca) y ha ratificado el fallo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares que confirm&oacute; la decisi&oacute;n del Pleno del Consejo Insular de Mallorca de desclasificar como urbano el suelo de Es Guix en el t&eacute;rmino municipal de Escorca y clasificarlo como suelo r&uacute;stico (acuerdo de Pleno, de 3 de junio de 2010, de aprobaci&oacute;n definitiva de la modificaci&oacute;n n&uacute;mero 1 del Plan Territorial Insular de Mallorca).</p> <p>La sentencia destaca que la Memoria justificativa de la modificaci&oacute;n detallaba que el n&uacute;cleo Es Guix, clasificado como suelo urbano por las normas Subsidiarias del municipio de Escorca, no hab&iacute;a completado del todo su urbanizaci&oacute;n y no hab&iacute;a iniciado ninguna edificaci&oacute;n. A&ntilde;ade que, parad&oacute;jicamente, se trata de una zona de enorme valor medioambiental y paisaj&iacute;stico, con masas boscosas de gran inter&eacute;s ecol&oacute;gico en su interior y rodeado de zonas formalmente clasificadas como &Aacute;reas Rurales de Inter&eacute;s Paisaj&iacute;stico y ANEI de Alto Nivel de Protecci&oacute;n. Por este motivo, considera que la modificaci&oacute;n del PTI era necesaria para devolver a la zona, que se encuentra dentro de la Serra Tramuntana, la clasificaci&oacute;n de suelo r&uacute;stico protegido, que nunca deb&iacute;a haber perdido, eliminando las expectativas de desarrollo urban&iacute;stico actualmente existentes.</p> <p>La Sala afirma que, en cualquier caso, aunque se reconociera que algunos de los servicios pudieran existir en los terrenos litigiosos, los mismos eran insuficientes y se realizaron de forma ilegal. Por todo ello, recuerda que "la vinculaci&oacute;n a la realidad a la hora de clasificar el suelo urbano no puede ser de tal naturaleza que se imponga al planificador incluso en aquellos casos en que los servicios o la consolidaci&oacute;n de la edificaci&oacute;n sean ilegales, procediendo, en tales casos, que la Administraci&oacute;n urban&iacute;stica ejerza sus potestades de restauraci&oacute;n del orden urban&iacute;stico y de disciplina urban&iacute;stica, en lugar de aceptar a ciegas o mantener la urbanizaci&oacute;n ilegal".</p> <p>Asimismo, a&ntilde;ade que la operaci&oacute;n urban&iacute;stica impugnada est&aacute; basada en unos hechos determinantes, la ausencia de los requisitos legalmente exigidos para que los terrenos ostenten la condici&oacute;n de suelo urbano, cuya apreciaci&oacute;n se impone a la mera voluntad administrativa, por lo que al actuar as&iacute; la administraci&oacute;n urban&iacute;stica se ha ajustado a la legalidad.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=70698e50d71e3510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 30 Mar 2016 12:00:00 +0200 El TS confirma la desestimación de la demanda de los sindicatos contra las medidas de flexibilidad interna ofrecidas por Coca-Cola http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=a67ca516232c3510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Nacional que rechaz&oacute; la demanda interpuesta por los sindicatos contra las medidas de flexibilidad interna -movilidad geogr&aacute;fica, modificaci&oacute;n sustancial e inaplicaci&oacute;n de convenio- ofrecidas por Coca Cola a los trabajadores como alternativa voluntaria al despido colectivo de 2014.</p> <p>La sentencia aprecia la existencia de cosa juzgada porque lo planteado por los sindicatos en sus recursos ya se resolvi&oacute; en la sentencia que declar&oacute; nulo el ERE de Coca Cola dictada por la Audiencia Nacional el 12 de junio de 2014 y confirmada por el Tribunal Supremo el 20 de abril de 2015.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=a67ca516232c3510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 29 Mar 2016 16:00:00 +0200 El Tribunal Supremo da validez a las cartas de despido individuales derivadas del ERE pactado de Bankia http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=3b9ed1a4dc1c3510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha dictado sentencia en un recurso de casaci&oacute;n para unificaci&oacute;n de doctrina en la que ha resuelto una cuesti&oacute;n relevante en el marco de un proceso de despido individual derivado del despido colectivo de Bankia.</p> <p>Tras un proceso de negociaci&oacute;n con la representaci&oacute;n legal de los trabajadores, Bankia alcanz&oacute; el 8 de febrero de 2013 un acuerdo para proceder al despido colectivo de un m&aacute;ximo de 4.500 trabajadores, que se llevar&iacute;a a cabo mediante adhesi&oacute;n a un programa de bajas indemnizadas, as&iacute; como mediante la designaci&oacute;n directa de la empresa, pudiendo en este caso y de ser necesario proceder a la amortizaci&oacute;n de puestos de trabajo en el n&uacute;mero que se estimara y aplicando los criterios de baremaci&oacute;n incluidos en el citado acuerdo para la determinaci&oacute;n de las personas afectadas por tal medida.</p> <p>Una vez notificada la decisi&oacute;n de despido a los trabajadores concretos afectados, se formularon por &eacute;stos numerosos pleitos individuales, planteando b&aacute;sicamente dos cuestiones: si en la carta de despido que se les hab&iacute;a entregado deb&iacute;an consignarse los criterios de selecci&oacute;n que a ellos les afectaban y si deb&iacute;a darse copia de dicha carta a los representantes de los trabajadores. En definitiva, el debate consist&iacute;a en determinar si cuando tiene lugar el despido individual derivado de un despido colectivo, en el caso con acuerdo, la carta de despido debe contener todos y cada uno de los requisitos contemplados en el art&iacute;culo 53 del Estatuto de los Trabajadores, que regula los requisitos de forma del despido por causas objetivas.</p> <p>En el recurso resuelto ahora, formulado por Bankia, seis de los trabajadores de esta empresa hab&iacute;an planteado la cuesti&oacute;n relativa a la suficiencia de las cartas de despido recibidas, pero s&oacute;lo en lo tocante a la falta de fijaci&oacute;n en la carta de los criterios de baremaci&oacute;n que se les hab&iacute;a aplicado, y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid les hab&iacute;a dado la raz&oacute;n confirmando la sentencia de instancia en lo esencial, declarando la improcedencia de los despidos con derecho a las indemnizaciones oportunas.</p> <p>Al estudiar el asunto, la Sala Cuarta ha considerado que la cuesti&oacute;n debatida en autos se reduc&iacute;a a decidir si se ajusta a derecho -en t&eacute;rminos de suficiencia- el contenido de la carta de despido individual comunicada a los trabajadores afectados por el proceso de despido colectivo.</p> <p>La Sala recuerda que, tras la reforma laboral de 2012, el Estatuto de los Trabajadores se&ntilde;ala expresamente que &ldquo;el empresario podr&aacute; notificar los despidos individualmente a los trabajadores afectados, lo que deber&aacute; realizar conforme a lo establecido en el art&iacute;culo 53.1 de esta ley&rdquo;, pero considera tambi&eacute;n que la existencia de un proceso negociador debe tener alguna relevancia y permite atenuar el formalismo, precisamente porque ese proceso va precedido de documentadas negociaciones entre la empresa y la representaci&oacute;n de los trabajadores.</p> <p>As&iacute;, la sentencia concluye que &ldquo;parece razonable entender que en la comunicaci&oacute;n individual del despido colectivo no es necesaria la reproducci&oacute;n de los criterios de selecci&oacute;n fijados o acordados durante las negociaciones&rdquo; y por semejantes consideraciones tambi&eacute;n se excluye &ldquo;la necesidad de que en la referida comunicaci&oacute;n se lleve a cabo la justificaci&oacute;n individualizada del cese que se comunica, con detallada referencia a la singular aplicaci&oacute;n de los criterios de selecci&oacute;n utilizados en el proceso de despido colectivo de que se trate.&rdquo;</p> <p>La Sala, en definitiva, estima el recurso de Bankia y casa y anula la sentencia recurrida, desestimando la demanda de despido de los trabajadores. La sentencia cuenta con un voto particular discrepante firmado por varios magistrados.</p> <p>Se adjunta nota informativa de la Sala.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=3b9ed1a4dc1c3510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 29 Mar 2016 12:30:00 +0200 El Supremo confirma la validez de un contrato de alquiler de un local ubicado en una calle en obras http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=010f6017e5cb3510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo, en una sentencia cuyo ponente ha sido el Magistrado Francisco Javier Arroyo Fiestas, ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, que hab&iacute;a declarado la subsistencia del contrato de arrendamiento del local de negocio suscrito entre las partes, y condenaba a los demandados, arrendatarios, a satisfacer solidariamente la cantidad de 42.214,72 euros.</p> <p>En el procedimiento de juicio ordinario, la arrendadora del local de negocio ped&iacute;a en su demanda que se declarase la subsistencia del contrato de arrendamiento de un local de negocio del centro de Sevilla, y se condenase a la parte demandada a continuar dando cumplimiento a las estipulaciones del contrato, y por tanto se condenase a los arrendatarios al pago de las rentas que se han devengado, y todas las que se devenguen durante la tramitaci&oacute;n de la sentencia.</p> <p>Se adjunta nota informativa de la Sala de lo Civil.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=010f6017e5cb3510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 28 Mar 2016 13:30:00 +0200 El Tribunal Supremo avala la custodia de los hijos a una madre enferma leve de Parkinson http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=c5f9bb118bbb3510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Tribunal Supremo ha avalado que una madre con Parkinson leve tenga la guardia y custodia de sus dos hijos menores (actualmente de 9 a&ntilde;os de edad). El alto tribunal rechaza el recurso del padre, que pretend&iacute;a que se le atribuyese a &eacute;l la custodia y se la retirasen a su exmujer alegando que padec&iacute;a un cuadro psiqui&aacute;trico y psicol&oacute;gico complicado, as&iacute; como la citada enfermedad degenerativa, y que por ello no se ocupaba adecuadamente de los ni&ntilde;os.</p> <p>El alto tribunal confirma los pronunciamientos de un Juzgado de Primera Instancia de El Puerto de Santa Mar&iacute;a y de la Audiencia de C&aacute;diz, que otorgaron la guardia y custodia a la madre, de profesi&oacute;n visitadora m&eacute;dica, al llegar a la conclusi&oacute;n de que la enfermedad de Parkinson que padece se encuentra en estado leve y controlada, no impidi&eacute;ndole hacerse cargo de sus hijos, sin perjuicio de lo que resulte de su posterior evoluci&oacute;n.</p> <p>En cuanto a la existencia de una manifestaci&oacute;n ansioso-depresiva en la madre, seg&uacute;n dictamen obrante en la causa, la sentencia explica, primero, que no consta que sea consustancial al Parkinson, y, segundo, que es un cuadro que se da con relativa frecuencia tras las rupturas matrimoniales y no inhabilita para desarrollar la labor como madre, como se deduce del informe psicosocial elaborado por los peritos judiciales. El Supremo concluye que &ldquo;no consta causa alguna que haga desmerecer a la madre en su potencialidad como educadora de sus hijos&rdquo;.</p> <p>En cuanto a la petici&oacute;n subsidiaria del padre, de profesi&oacute;n teniente de nav&iacute;o de la Armada, de que se concediese la guardia y custodia compartida a ambos progenitores, el Supremo se&ntilde;ala que no puede plantearse la cuesti&oacute;n porque el recurrente, en el acto del juicio, renunci&oacute; a la misma, manteniendo exclusivamente la petici&oacute;n de custodia a su favor.</p> <p>En cualquier caso, el alto tribunal se&ntilde;ala que para la adopci&oacute;n del sistema de custodia compartida se requiere una m&iacute;nima capacidad de di&aacute;logo, para no perjudicar el inter&eacute;s del menor, &ldquo;y en el presente caso no se puede pretender un sistema compartido de custodia cuando las partes se relacionan solo por medio de SMS y de sus letrados, lo que abocar&iacute;a al fracaso de este sistema que requiere un m&iacute;nimo de colaboraci&oacute;n que aparque la hostilidad y apueste por el di&aacute;logo y los acuerdos&rdquo;.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=c5f9bb118bbb3510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 23 Mar 2016 12:00:00 +0100 El TS condena a una sala de fiestas de Madrid a indemnizar a un cliente que pisó un cristal roto en la zona de acceso a los baños http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=4961bb118bbb3510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala I del Tribunal Supremo ha condenado a la sala Macumba (Madrid) a indemnizar con 10.973 euros a un cliente que pis&oacute; un cristal roto en la zona de acceso a los ba&ntilde;os de la sala de fiestas, que le atraves&oacute; la zapatilla y se le clav&oacute; en la planta del pie izquierdo. El hombre sufri&oacute; lesiones de las que tard&oacute; en curar noventa d&iacute;as, y le quedaron como secuelas talalgia postraum&aacute;tica, cicatriz dolorosa y cojera.</p> <p>El Supremo anula la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que apreci&oacute; que la reclamaci&oacute;n contra la discoteca estaba prescrita, es decir, que se present&oacute; fuera del plazo legal para hacerlo, y destaca que esa prescripci&oacute;n fue interrumpida por la formulaci&oacute;n de denuncia penal. Los hechos ocurrieron a las 4.30 horas de la madrugada del 9 de noviembre de 2008, y la denuncia penal se present&oacute; el 3 de julio de 2009, siendo definitivamente archivada el 10 de marzo de 2010. El hombre formul&oacute; su demanda civil contra Macumba el 8 de marzo de 2011.</p> <p>El alto tribunal explica que no hubo prescripci&oacute;n y confirma la resoluci&oacute;n que adopt&oacute; en primera instancia la juez n&uacute;mero 13 de Madrid, que estableci&oacute; la indemnizaci&oacute;n en 10.973 euros.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=4961bb118bbb3510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 22 Mar 2016 13:00:00 +0100 El Supremo confirma la sanción de 2,65 millones a Gas Natural por deslealtad con sus competidores http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=8030bb118bbb3510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala III del Tribunal Supremo ha confirmado la sanci&oacute;n de 2,65 millones de euros que el Consejo de la Comisi&oacute;n Nacional de la Competencia impuso en julio de 2011 a Gas Natural Comercia SDG, SL, por la realizaci&oacute;n entre mayo y septiembre de 2009 de una campa&ntilde;a de informaci&oacute;n a sus clientes que fue desleal con sus competidores.</p> <p>La campa&ntilde;a consisti&oacute; en el env&iacute;o de unos 5 millones de cartas a sus consumidores dom&eacute;sticos y pymes, misivas que dec&iacute;an, entre otras cosas: "En los &uacute;ltimos meses algunos de nuestros clientes nos han expresado un cierto malestar derivado de la visita inesperada de agentes comerciales no pertenecientes a Gas Natural. Estos comerciales, utilizando nuestro nombre o el de otras compa&ntilde;&iacute;as energ&eacute;ticas, ofrecen cambiar de compa&ntilde;&iacute;a comercializadora de gas de forma r&aacute;pida y f&aacute;cil. La normativa vigente facilita al m&aacute;ximo el cambio de comercializadora. Y es justo esta facilidad la que aprovechan dichos comerciales para atraer clientes a otras compa&ntilde;&iacute;as, ofreci&eacute;ndoles facturar en condiciones aparentemente m&aacute;s ventajosas, asegur&aacute;ndoles, adem&aacute;s, que es Gas Natural quien sigue responsabiliz&aacute;ndose del servicio.</p> <p>Estas actividades comerciales son completamente ajenas a nuestra compa&ntilde;&iacute;a. Ni la garant&iacute;a, ni la atenci&oacute;n, ni el servicio que le pueden ofrecer, est&aacute;n avalados por Gas Natural. Por este motivo, y con el &uacute;nico objetivo de que pueda seguir disfrutando de las m&aacute;ximas garant&iacute;as de servicio, confort y tranquilidad a los que usted y su familia est&aacute;n acostumbrados por ser clientes de Gas Natural, le recomendamos que tome una serie de precauciones&hellip;&rdquo;<br />Para el Supremo, la carta, en los t&eacute;rminos que estaba redactada y tomando en consideraci&oacute;n que el mercado del gas se encontraba en un proceso de liberalizaci&oacute;n, se refer&iacute;a claramente a los agentes comerciales de la compa&ntilde;&iacute;as competidoras que pretend&iacute;an convencer a sus clientes para que cambiasen de compa&ntilde;&iacute;a, &ldquo;instando a sus clientes a que no confiasen en los mismos ni en las ofertas que les presentasen, insinuando la falta de seriedad y enga&ntilde;o de estas ofertas con la finalidad que permaneciesen con Gas Natural.</p> <p>El alto tribunal subraya que &ldquo;los t&eacute;rminos vagos y confusos en los que se le informa sobre los servicios que estar&iacute;a obligada a prestar, en caso de cambio de compa&ntilde;&iacute;a, induce a pensar al consumidor medio que, en caso de que optase por el cambio de compa&ntilde;&iacute;a, Gas Natural se desvincular&iacute;a de la prestaci&oacute;n del servicio del suministro, afirmaci&oacute;n esta que no responde a la realidad, pues seg&uacute;n el art&iacute;culo 10 del Real Decreto 1434/2002 seguir&iacute;a estando obligada a operar y mantener las redes de distribuci&oacute;n y proceder a la lectura de contadores de los consumidores conectados a sus instalaciones, sin que del texto de esta misiva se desprendiese que tan solo se estaba refiriendo, como ahora sostiene, a la falta de prestaci&oacute;n del servicio de atenci&oacute;n del cliente y los servicios relacionados con la comercializaci&oacute;n&rdquo;.</p> <p>En conclusi&oacute;n, a&ntilde;ade la sentencia, &ldquo;el mensaje induc&iacute;a al enga&ntilde;o en torno a los servicios que Gas Natural seguir&iacute;a estando obligada a prestar al consumidor, aunque &eacute;ste se cambiase de compa&ntilde;&iacute;a. Ninguna relevancia puede concederse al hecho de que el remitente de la carta fuera la empresa Gas Natural Comercial y no Gas Natural Distribuci&oacute;n, pues, trat&aacute;ndose de empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial, no es posible exigir al consumidor medio la captaci&oacute;n de estas sutilezas y de ah&iacute; extraer la conclusi&oacute;n en raz&oacute;n a la distribuci&oacute;n competencial entre dichas empresas que tan solo se estaba refiriendo a los servicios comerciales y no a los de distribuci&oacute;n, pues el consumidor, a falta de toda otra especificaci&oacute;n o aclaraci&oacute;n, tan solo percibe que el remitente es la compa&ntilde;&iacute;a Gas Natural, con la que ten&iacute;a contratado el suministro del gas, la que le indica que si cambia de compa&ntilde;&iacute;a ni la garant&iacute;a, ni la atenci&oacute;n &ldquo;ni el servicio&rdquo; estaban avalados por la misma&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=8030bb118bbb3510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 21 Mar 2016 12:00:00 +0100 El Tribunal Supremo estima el recurso de Ecologistas en Acción y amplía el registro de especies invasoras http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=a507e522a5983510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Supremo ha estimado parcialmente un recurso de Ecologistas en Acci&oacute;n y ha ampliado el Cat&aacute;logo espa&ntilde;ol de Especies Ex&oacute;ticas Invasoras, incluyendo entre otras especies a la carpa com&uacute;n y a la trucha arco iris. Asimismo, anula las excepciones de la normativa que permit&iacute;an la caza o pesca de algunas de estas especies, la comercializaci&oacute;n de otras (cangrejo rojo) o las explotaciones de cr&iacute;a del vis&oacute;n americano.</p> <p>La Sala III del alto tribunal estima parcialmente el recurso de CODA-Ecologistas en Acci&oacute;n, la Sociedad Espa&ntilde;ola de Ornitolog&iacute;a y la Asociaci&oacute;n para el Estudio y Mejora de los Salm&oacute;nidos, contra el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Cat&aacute;logo espa&ntilde;ol de Especies Ex&oacute;ticas Invasoras.</p> <p>La sentencia anula la exclusi&oacute;n del Cat&aacute;logo, y por tanto ordena su inclusi&oacute;n, de la carpa com&uacute;n, la trucha arco iris, el alga comestible wakame, la pataca o tupinambo y el hongo quitridio. La decisi&oacute;n se basa en informes cient&iacute;ficos del CSIC y otros expertos que prueban el car&aacute;cter invasor y la amenaza grave que suponen sobre las especies aut&oacute;ctonas, el medio ambiente y los h&aacute;bitats y ecosistemas. Algunas de estas especies ya estaban incluidas en el listado de las 100 especies ex&oacute;ticas invasoras m&aacute;s da&ntilde;inas del mundo, seg&uacute;n la Uni&oacute;n Internacional para la Conservaci&oacute;n de la Naturaleza.</p> <p>La inclusi&oacute;n en este Cat&aacute;logo conlleva la prohibici&oacute;n gen&eacute;rica de posesi&oacute;n, transporte, tr&aacute;fico y comercio de ejemplares vivos o muertos, incluyendo el comercio exterior.</p> <p>Asimismo, el Supremo establece la inclusi&oacute;n en el cat&aacute;logo de la poblaci&oacute;n murciana del b&oacute;vido conocido como arru&iacute; (Ammotragus lervia), que los demandantes se&ntilde;alaban que fue introducida en la sierra murciana de Espu&ntilde;a en 1970 por su inter&eacute;s cineg&eacute;tico como trofeo debido a su notable cornamenta. El Supremo rechaza que pueda ser excluido por raz&oacute;n del lugar o provincia de su originaria introducci&oacute;n, o de la fecha de introducci&oacute;n, cuando no se han acreditado circunstancias relativas al h&aacute;bitat o ecosistemas que s&iacute; podr&iacute;an valorarse.</p> <p>De las especies por cuya inclusi&oacute;n en el Cat&aacute;logo abogaban los demandantes, el Supremo no comparte s&oacute;lo la del Hucho hucho, o salm&oacute;n del Danubio, al no existir una evidencia cient&iacute;fica contrastada acerca de la consideraci&oacute;n de este pez como especie ex&oacute;tica invasora, contando con datos como sus dificultades de adaptaci&oacute;n al medio y su localizaci&oacute;n geogr&aacute;fica restringida al r&iacute;o Tormes.</p> <p>Adem&aacute;s, la sentencia anula diversas disposiciones adicionales y transitorias del Real Decreto que reconocen o facilitan actividades empresariales o deportivas en relaci&oacute;n con especies catalogadas, prohibidas con car&aacute;cter general e incondicional en el art&iacute;culo 61.3 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.</p> <p>De ese modo, se anula el apartado segundo de la disposici&oacute;n adicional sexta, en cuanto permit&iacute;a la autorizaci&oacute;n de explotaciones de cr&iacute;a de visi&oacute;n americano, o la disposici&oacute;n adicional quinta, que posibilitaba la comercializaci&oacute;n del cangrejo rojo, al que califica como especie invasora con acreditada constataci&oacute;n cient&iacute;fica sobre su car&aacute;cter da&ntilde;ino.</p> <p>Tambi&eacute;n se anula la disposici&oacute;n transitoria segunda, ya que &ldquo;se trata de una disposici&oacute;n transitoria que no es, en rigor, transitoria, sino que provee un r&eacute;gimen prolongado de disfrute de determinadas situaciones, por tiempo indefinido, en favor de actividades cineg&eacute;ticas o pisc&iacute;colas que son leg&iacute;timas en su ejercicio, pero que no pueden prevalecer frente a los valores superiores que se tratan de preservar con el Cat&aacute;logo de previsi&oacute;n legal, de suerte que ser&aacute; legal, incluso encomiable y susceptible de protecci&oacute;n la caza y la pesca, cuando no se haga objeto de ellas especies catalogadas, que lo son por sus perniciosos efectos sobre el medio ambiente y, en especial, sobre las especies aut&oacute;ctonas y los h&aacute;bitats y ecosistemas&rdquo;.</p> <p>&ldquo;Est&aacute; en la naturaleza de las cosas que la caza y la pesca, lejos de servir a los fines de erradicaci&oacute;n de las especies catalogadas, m&aacute;s bien determinan su mantenimiento indefinido, cuando no la agravaci&oacute;n, del status quo actual, dificultando, si no haciendo imposible, su erradicaci&oacute;n, que es un objetivo inequ&iacute;voco de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad&rdquo;, a&ntilde;ade.</p> <p>Como demandados en el proceso figuraban, adem&aacute;s de la Administraci&oacute;n General del Estado, la Asociaci&oacute;n Espa&ntilde;ola de Black-Bass y la Federaci&oacute;n Espa&ntilde;ola de Pesca y Casting.</p> <p>En varios de los casos, la exclusi&oacute;n del Cat&aacute;logo de las especies ahora consideradas invasoras por el Supremo fue acordada a solicitud de las comunidades aut&oacute;nomas afectadas.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=a507e522a5983510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 18 Mar 2016 13:19:00 +0100 El TS avala el RD de 2013 que regula el reparto estatal de subvenciones con cargo al 0,7 % del IRPF porque no invade competencias autonómicas http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=0feb478f4b483510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de la Generalitat de Catalunya contra el Real Decreto 536/2013, de 12 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones estatales destinadas a la realizaci&oacute;n de programas de inter&eacute;s general con cargo a la asignaci&oacute;n tributaria del 0,7 % del IRPF destinado a fines sociales en el &aacute;mbito de la Secretar&iacute;a de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. El Supremo concluye que el Real Decreto no supone una extralimitaci&oacute;n del Estado en sus competencias.</p> <p>La sentencia explica que dicho Real Decreto se dict&oacute; en ejecuci&oacute;n del Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigaci&oacute;n, el desarrollo y la innovaci&oacute;n. En este texto legal se prev&eacute;n los ejes para la determinaci&oacute;n de los programas a desarrollar mediante el otorgamiento de subvenciones estatales; ejes que comprenden las siguientes actividades: atenci&oacute;n a personas con necesidades educativas o de inserci&oacute;n laboral, fomento de la seguridad ciudadana y prevenci&oacute;n de la delincuencia. As&iacute;, el Real Decreto 536/2013 regula las bases a que deber&aacute; ajustarse la convocatoria y el otorgamiento de esas subvenciones.</p> <p>Asimismo, el Supremo recuerda que, en sentencia de 21 de mayo de 2015, estim&oacute; un recurso de la Generalitat en relaci&oacute;n a otro Real Decreto, el 535/2014, por el que se establec&iacute;an las bases reguladoras para la concesi&oacute;n de subvenciones a entidades del Tercer Sector de &aacute;mbito estatal colaboradoras de la Secretar&iacute;a de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, un Real Decreto que fue anulado por invasi&oacute;n de competencias auton&oacute;micas, y que tambi&eacute;n desarrollaba el Real Decreto-Ley 7/2013.</p> <p>El Supremo establece que el Real Decreto 536/2014, impugnado ahora, no invade competencias de la Generalitat, ya que &ldquo;las subvenciones cuyas bases reguladoras se establecen en esta &uacute;ltima disposici&oacute;n general no tienen por finalidad financiar gastos de funcionamiento, sino actividades prestacionales sustantivas, tales como la atenci&oacute;n a personas con necesidades educativas o de inserci&oacute;n laboral, el fomento de la seguridad ciudadana y la prevenci&oacute;n de la delincuencia&rdquo;.</p> <p>&ldquo;Dista de ser evidente que esas actividades &ndash;que, como se dej&oacute; indicado m&aacute;s arriba, vienen ya previstas por el Real Decreto-ley 7/2013- sean subsumibles en la asistencia social, mencionada en el art. 148.1.20 de la Constituci&oacute;n entre las competencias que en todo caso pueden corresponder a las Comunidades Aut&oacute;nomas&rdquo;, a&ntilde;ade.</p> <p>La Sala insiste en que, para aspirar a las subvenciones contempladas en el Real Decreto 536/2013, no basta que se trate de programas relativos a necesidades educativas, integraci&oacute;n laboral, seguridad ciudadana o prevenci&oacute;n de la delincuencia, sino que es preciso adem&aacute;s que concurra alguna de las circunstancias que justifican la competencia ejecutiva de la Administraci&oacute;n General del Estado: &ldquo;que la materia contemplada en el programa sea en s&iacute; misma de competencia ejecutiva del Estado; que haya un elemento de supraterritorialidad, en el sentido de que la finalidad perseguida no pueda alcanzarse adecuadamente en el estricto &aacute;mbito auton&oacute;mico; o que la ejecuci&oacute;n estatal sea imprescindible para la efectividad de la legislaci&oacute;n b&aacute;sica de Estado&rdquo;.</p> <p>&ldquo;Es evidente que en presencia de alguna de estas circunstancias no cabe dudar de la competencia ejecutiva del Estado en materia de convocatoria y otorgamiento de subvenciones: as&iacute;, dado que el Real Decreto 536/2013 s&oacute;lo es aplicable si se da alguna de dichas circunstancias, hay que concluir que no asiste la raz&oacute;n a la recurrente cuando le reprocha extralimitaci&oacute;n competencial&rdquo;, concluye la sentencia.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=0feb478f4b483510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 17 Mar 2016 14:50:00 +0100 El Supremo confirma la anulación del acuerdo de la constitución de la sociedad Teletaxi Madrid http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=0ee430c967483510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha confirmado la anulaci&oacute;n del acuerdo de la Junta Directiva de la Federaci&oacute;n Profesional del Taxi de Madrid, adoptado el 10 de junio de 2010, de constituci&oacute;n de la sociedad limitada denominada Teletaxi Madrid Servicios SL, anulando la escritura de constituci&oacute;n de la sociedad y su inscripci&oacute;n en el Registro Mercantil.</p> <p>El Supremo rechaza el recurso de la Federaci&oacute;n y confirma las sentencias de la Audiencia de Madrid y del Juzgado de Primera Instancia n&uacute;mero 36 de Madrid, que estimaron una demanda de tres socios de la citada Federaci&oacute;n contra dicho acuerdo de constituci&oacute;n de Teletaxi Madrid.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=0ee430c967483510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 17 Mar 2016 13:56:00 +0100 El TS plantea cuestión de inconstitucionalidad para que los menores transexuales puedan optar a la rectificación registral http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=4ce3115723483510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Tribunal Supremo ha planteado cuesti&oacute;n de inconstitucionalidad en relaci&oacute;n con el art&iacute;culo 1 de la Ley 3/ 2007 que regula la rectificaci&oacute;n en el registro del sexo y nombre de las personas. El Pleno de la Sala Primera alberga dudas de que ese art&iacute;culo n&uacute;mero 1, por el que se exige la mayor&iacute;a de edad para solicitar el cambio en el registro, puede conculcar derechos fundamentales de los menores de edad.</p> <p>&nbsp;El Pleno ha analizado el caso de un menor de edad que este mes cumplir&aacute; 14 a&ntilde;os y que al nacer fue inscrito con sexo y nombre de mujer pero que desde muy peque&ntilde;o se sinti&oacute; var&oacute;n y prefiri&oacute; usar un nombre masculino. En su demanda, presentada por sus padres relata episodios donde se hace patente la diferencia entre el sexo que le fue asignado al nacer y el sexo que " siente" como suyo, situaciones que le provocan sufrimiento y humillaci&oacute;n.</p> <p>&nbsp;La Sala ha valorado que se trata de un menor con suficiente madurez y que realiza una petici&oacute;n seria por encontrarse en una situaci&oacute;n estable de transexualidad.</p> <p>&nbsp;El auto de la Sala analiza la evoluci&oacute;n de su propia doctrina sobre la materia, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, as&iacute; como las resoluciones, recomendaciones e informes de las instituciones internacionales sobre el reconocimiento de la transexualidad. Se env&iacute;a auto&nbsp; y nota informativa de la Sala.</p> <p>Se adjunta nota informativa y auto.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=4ce3115723483510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 17 Mar 2016 12:50:00 +0100 El TS absuelve a una empresa condenada por estafa en la venta de un piso sin haber sido imputada previamente en la causa http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=302fd7060ef73510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal ha absuelto por indefensi&oacute;n a una empresa que fue condenada por un delito de estafa en la venta de un piso sin haber sido imputada previamente en la causa. La sentencia estima el recurso de casaci&oacute;n interpuesto por la mercantil contra la sentencia de la Audiencia Provincial de C&aacute;ceres que la conden&oacute; al pago de una multa de 24.000 euros y al cierre de la oficina desde la que operaba en C&aacute;ceres, bajo el nombre de Vipr&eacute;s Inmobiliaria, durante seis meses. La misma sentencia conden&oacute; al propietario de la inmobiliaria y a otra persona m&aacute;s a dos a&ntilde;os de prisi&oacute;n por el mismo delito cometido tras cobrar una doble comisi&oacute;n &ndash;al comprador y al vendedor- por la operaci&oacute;n sin que lo supieran los afectados; condena que ahora se reduce a un a&ntilde;o de prisi&oacute;n.</p> <p>La sociedad condenada &ndash;Anjuma G.i. S. L.- aleg&oacute; indefensi&oacute;n en su recurso porque no hab&iacute;a sido imputada de manera formal en la causa, enter&aacute;ndose de su participaci&oacute;n a trav&eacute;s de un escrito de conclusiones provisionales, y su representante legal no hab&iacute;a sido escuchado durante la instrucci&oacute;n criminal.</p> <p>En su segunda sentencia sobre la responsabilidad penal de las entidades jur&iacute;dicas, la Sala Segunda establece que la imposici&oacute;n de penas a las personas jur&iacute;dicas &ndash;multa, disoluci&oacute;n y p&eacute;rdida definitiva de su personalidad jur&iacute;dica, suspensi&oacute;n, clausura de sus locales y establecimientos, inhabilitaci&oacute;n e intervenci&oacute;n judicial- exige del fiscal el mismo esfuerzo probatorio que le es requerido para justificar la procedencia de cualquier otra pena cuando &eacute;sta tenga como destinataria a una persona f&iacute;sica. En este sentido, rechaza que el proceso penal discurra con una doble v&iacute;a probatoria: una, la prueba de la acci&oacute;n de la persona f&iacute;sica y otra, la declaraci&oacute;n de responsabilidad penal de la personalidad jur&iacute;dica.</p> <p>Asimismo, explica que la responsabilidad de los entes colectivos, no puede afirmarse a partir de la simple acreditaci&oacute;n del hecho delictivo atribuido a la persona f&iacute;sica. Sobre todo porque &eacute;sta no es responsable penalmente de todos y cada uno de los delitos cometidos en el ejercicio de actividades sociales y en su beneficio directo o indirecto por las personas f&iacute;sicas del art&iacute;culo 31 bis 1 b. S&oacute;lo responde cuando se hayan &ldquo;incumplido gravemente los deberes de supervisi&oacute;n, vigilancia y control de su actividad, atendidas las circunstancias del caso&rdquo;.</p> <p>La sentencia, de la que ha sido ponente el presidente Manuel Marchena, indica que en la medida en que el defecto estructural en los modelos de gesti&oacute;n, vigilancia y supervisi&oacute;n constituye el fundamento de la responsabilidad del delito corporativo, la vigencia del derecho a la presunci&oacute;n de inocencia impone que el fiscal acredite la concurrencia de un incumplimiento grave de los deberes de supervisi&oacute;n. Todo ello, se&ntilde;ala la sentencia, sin perjuicio de que la persona jur&iacute;dica que est&eacute; siendo investigada se valga de los medios probatorios que estime oportuno &ndash;pericial, documental, testifical- para demostrar su correcto funcionamiento desde la perspectiva del cumplimiento de la legalidad.</p> <p>En contra de lo que sostiene el fiscal, la Sala afirma que la vigencia de algunos de los principios estructurales del proceso penal no puede pasar a un segundo plano, cuando se opte por un modelo de responsabilidad vicarial. En este sentido, se&ntilde;ala que &ldquo;la responsabilidad de las personas jur&iacute;dicas s&oacute;lo puede declararse despu&eacute;s de un proceso con todas las garant&iacute;as&rdquo; y la imposici&oacute;n de cualquiera de las penas &ndash;que no medidas- previstas en el art&iacute;culo 33.7. del C&oacute;digo Penal, s&oacute;lo puede ser el desenlace de una actividad jurisdiccional sometida a los principios y garant&iacute;as que legitiman la actuaci&oacute;n del ius puniendi&rdquo;. A&ntilde;ade que la opci&oacute;n por el modelo vicarial es tan leg&iacute;tima como cualquier otra, pero no autoriza a degradar a la condici&oacute;n de formalismos la vigencia de los principios llamados a limitar la capacidad punitiva del Estado.</p> <p>La sentencia concluye que la pena impuesta a la persona jur&iacute;dica s&oacute;lo puede apoyarse en la previa declaraci&oacute;n como probado de un hecho delictivo propio. Nuestro sistema, subraya la Sala, no puede acoger f&oacute;rmulas de responsabilidad del otro, aunque ese otro sea un ente ficticio sometido, hasta hace bien poco, a otras formas de responsabilidad.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=302fd7060ef73510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 16 Mar 2016 17:00:00 +0100 El TS plantea cuestión prejudicial al TJUE sobre el impuesto de grandes superficies de Cataluña, Aragón y Asturias http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=aaa8d7060ef73510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha planteado en varios autos cuesti&oacute;n prejudicial al Tribunal de Justicia de la Uni&oacute;n Europea para aclarar las dudas sobre la adecuaci&oacute;n del impuesto sobre grandes establecimientos comerciales existente en Catalu&ntilde;a, Asturias y Arag&oacute;n al Tratado de Funcionamiento de la Uni&oacute;n Europea.</p> <p>La petici&oacute;n de elevar cuesti&oacute;n al Tribunal de Justicia de la Uni&oacute;n Europea estaba incluida en los recursos de la Asociaci&oacute;n Nacional de Grandes Empresas de Distribuci&oacute;n (ANGED) contra las sentencias de los tribunales superiores de Justicia de Catalu&ntilde;a, Asturias y Arag&oacute;n en relaci&oacute;n a dichos impuestos.</p> <p>La tramitaci&oacute;n de esos recursos queda suspendida hasta que responda el alto tribunal europeo.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=aaa8d7060ef73510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 16 Mar 2016 16:00:00 +0100 El TS estima el recurso de Google Spain contra reclamaciones de ‘derecho al olvido’ por no gestionar el motor de búsqueda http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=269e3a8c2c973510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha anulado las resoluciones de la Agencia Espa&ntilde;ola de Protecci&oacute;n de Datos (AEPD) que declararon, resolviendo diversos procedimientos de tutela de derecho (&lsquo;derecho al olvido&rsquo;), que Google Spain debi&oacute; proceder a la exclusi&oacute;n de las informaciones relativas a los declarantes e impedir su captaci&oacute;n por el motor de b&uacute;squeda Google.</p> <p>La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional rechaz&oacute; la impugnaci&oacute;n de esas resoluciones por parte de Google Spain, pero el alto tribunal considera que corresponde al responsable del tratamiento de los datos personales &ldquo;garantizar que el tratamiento se ajusta a los principios y condiciones de la normativa reguladora y asumir las correspondientes obligaciones al respecto&rdquo; y que es el gestor del motor de b&uacute;squeda &ndash;Google Inc., la central de Google- el que determina los fines y los medios de esta actividad y, por lo tanto, el responsable de ese tratamiento.</p> <p>En consecuencia, el Supremo declara la nulidad de las resoluciones de la AEPD, en cuanto se dictan en un procedimiento dirigido contra Google Spain, que no es responsable del tratamiento de datos ni, por lo tanto, est&aacute; sujeta al cumplimiento de las obligaciones declaradas en tales resoluciones &ndash;que la normativa impone al responsable del tratamiento- frente a los interesados.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=269e3a8c2c973510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 15 Mar 2016 11:30:00 +0100 El Supremo anula la sanción a un guardia civil por protestar contra la demolición de una casa en Becerreá (Lugo) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=8691e5dbc3473510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Quinta, de lo Militar, ha anulado la sanci&oacute;n impuesta a un guardia civil que fue expedientado por, supuestamente, protestar contra la demolici&oacute;n de una casa en Becerre&aacute; (Lugo), y que fue considerado autor de una falta grave de "observancia de conductas gravemente contrarias a la dignidad de la Guardia Civil". El guardia recurri&oacute; al Supremo contra la sentencia del Tribunal Militar Central, que confirm&oacute; la sanci&oacute;n impuesta por la Guardia Civil.</p> <p>El Tribunal Militar Central consider&oacute; probado que el 16 de enero de 2013, la Polic&iacute;a adscrita a la comunidad aut&oacute;noma de Galicia hab&iacute;a montado un dispositivo para cumplir una orden de demolici&oacute;n de una vivienda unifamiliar en la localidad de Becerre&aacute; (Lugo); lo que hab&iacute;a sido autorizado por una resoluci&oacute;n judicial. Como hab&iacute;a un veh&iacute;culo mal estacionado que imped&iacute;a el acceso de la maquinaria que deb&iacute;a pasar para poder efectuar el derribo de la vivienda, el Inspector de Polic&iacute;a jefe del operativo, solicit&oacute; la colaboraci&oacute;n de la Guardia Civil mediante una llamada a la Comandancia de Lugo.</p> <p>Al llegar la patrulla de la Guardia Civil, el Inspector de Polic&iacute;a jefe del operativo solicit&oacute; la colaboraci&oacute;n de la misma al objeto de denunciar el veh&iacute;culo que imped&iacute;a la maniobra. Sin embargo, el Guardia Civil Ram&oacute;n Vicente P.R., miembro de la Patrulla desplazada al lugar, "le dijo que por qu&eacute; no lo hac&iacute;an ellos, a lo que el Inspector le contest&oacute; que era competencia de la Guardia Civil. El Guardia Civil le contest&oacute; que entendiese la situaci&oacute;n ya que lleva muchos a&ntilde;os residiendo en la localidad y que era una situaci&oacute;n dif&iacute;cil. La Patrulla de la Guardia Civil abandon&oacute; el lugar. El Inspector de Polic&iacute;a llam&oacute; por tel&eacute;fono al Centro Operativo de Servicios (COS) de Lugo en solicitud de identificaci&oacute;n de los agentes de la Patrulla de la Guardia Civil", a&ntilde;aden los hechos probados.</p> <p>El relato contin&uacute;a as&iacute;: "Por circunstancias ajenas a lo narrado se suspendi&oacute; el derribo de la vivienda. Una vez finalizado el operativo, se personaron dos Patrullas de la Guardia Civil en el lugar donde se encontraba la vivienda que iba a ser demolida. Encontr&aacute;ndose presentes en el lugar el Jefe Provincial de la "Agencia de Protecci&oacute;n de la Legalidad Urban&iacute;stica" (APLU) en Lugo, agentes policiales adscritos a la Comunidad Aut&oacute;noma y varios vecinos; el Guardia Civil P.R., miembro de una de las Patrullas que se hab&iacute;an presentado en el lugar, que se encontraba en ejercicio de funciones y vest&iacute;a de uniforme, pregunt&oacute; qui&eacute;n hab&iacute;a dado la orden de derribo, a lo que le fue contestado que la APLU sobre la base de una resoluci&oacute;n judicial. Ante ello el Guardia Civil P.R. en tono alto que pudo ser escuchado por las personas all&iacute; presentes, se expres&oacute; en t&eacute;rminos como "esto es una verg&uuml;enza. &iquest;por qu&eacute; van a tirar esa casa? ".</p> <p>El Supremo estima el recurso del agente, revoca la sentencia de instancia y anula las sanciones, al considerar que no hay prueba suficiente de los hechos. As&iacute;, destaca que la patrulla de la Guardia Civil s&iacute; que abri&oacute; un expediente de infracci&oacute;n sobre el coche que la Polic&iacute;a auton&oacute;mica sosten&iacute;a que imped&iacute;a el derribo. Y respecto a la supuesta frase pronunciada "esto es una verg&uuml;enza, &iquest;por qu&eacute; van a tirar esa casa?", el Supremo se&ntilde;ala que ning&uacute;n vecino la oy&oacute; y s&oacute;lo sostienen que la oyeron el inspector denunciante y otros dos polic&iacute;as, aunque a estos dos &uacute;ltimos no se les pregunt&oacute; si se la atribu&iacute;an al guardia civil sancionado.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=8691e5dbc3473510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 14 Mar 2016 09:00:00 +0100 El Tribunal Supremo confirma las condenas de dos policías nacionales por torturar a un detenido en la Jefatura de Palma http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=db3c24eb07473510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p><br />La Sala de lo Penal del alto tribunal ha confirmado las condenas impuestas a dos polic&iacute;as nacionales por torturar a un detenido en el s&oacute;tano de la Jefatura Superior de la Polic&iacute;a de Palma en 2009.</p> <p>La sentencia desestima el recurso de casaci&oacute;n interpuesto por el inspector condenado y ratifica el fallo de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca que le impuso tres a&ntilde;os de prisi&oacute;n y nueve a&ntilde;os de inhabilitaci&oacute;n por un delito de torturas graves y una multa de 360 euros por una falta de lesiones. En cambio, el otro condenado, un subinspector, ve reducida de tres a dos a&ntilde;os de prisi&oacute;n y de nueve a ocho a&ntilde;os de inhabilitaci&oacute;n la pena por un delito de torturas omisivas y resulta absuelto de la falta de lesiones.</p> <p>Seg&uacute;n los hechos probados, el inspector condenado tuvo un altercado con la v&iacute;ctima, despu&eacute;s de cenar y hacer botell&oacute;n con un grupo de compa&ntilde;eros. Aunque estaba fuera de servicio se empe&ntilde;&oacute; en ir a la Jefatura para "leerle la cartilla", pese a que le dijeron que el detenido no era suyo. Aun as&iacute;, se traslad&oacute; a las dependencias policiales donde coincidi&oacute; con el subinspector condenado que estaba al tanto de lo ocurrido en el "Sarandonga". La sentencia relata que el inspector, adem&aacute;s de agredir a D.G., simul&oacute; su ejecuci&oacute;n coloc&aacute;ndole en la sien la pistola del subinspector y dispar&aacute;ndole hasta en tres ocasiones. La agresi&oacute;n acab&oacute; cuando otro polic&iacute;a, alertado por los gritos que proced&iacute;an del s&oacute;tano, baj&oacute; corriendo y vio al inspector encima del detenido d&aacute;ndole pu&ntilde;etazos y al subinspector de pie, inm&oacute;vil, sin impedir lo que estaba ocurriendo en ese momento.</p> <p>La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Antonio del Moral, indica que s&oacute;lo desde su posici&oacute;n de inspector de polic&iacute;a destinado en esa Comisar&iacute;a se puede concebir un episodio como el que motiva la condena y ese hecho es un signo claro de un abuso que fluye del mismo relato, ya que durante la agresi&oacute;n hace gala de su condici&oacute;n. No es relevante, subraya la sentencia, que el detenido no hubiese sido oficialmente puesto a su disposici&oacute;n. Lo decisivo es que estaba a merced suya en las dependencias policiales. En este sentido, afirma que es abusar del cargo acudir por motivos personales al centro de trabajo pese a estar franco de servicio para conseguir que el detenido quede de hecho a su disposici&oacute;n y aprovechar esa situaci&oacute;n para darle el escarmiento en el que estaba empe&ntilde;ado y que ya hab&iacute;a anunciado antes en la sala de fiestas.</p> <p>Asimismo, resalta que es evidente el prop&oacute;sito de "escarmiento" que mov&iacute;a al acusado" que con su conducta, sometiendo a la v&iacute;ctima al propio capricho y llegando a provocar su llanto desesperado ante la idea de una muerte inminente que le es anunciada con credibilidad, afect&oacute; a su integridad moral. A&ntilde;ade que al decir que iba a ir a la Jefatura a leerle la cartilla, seg&uacute;n la sentencia, con esa expresi&oacute;n que "significa lo que significa", desde luego no anuncia el prop&oacute;sito de leer los derechos o que le quer&iacute;a amonestar severamente.</p> <p>En el caso del subinspector, la sentencia sostiene que ha sido condenado porque "no hizo nada y pudo hacerlo" para evitar la agresi&oacute;n como se desprende del relato de otros presentes y de su actitud posterior. De hecho se&ntilde;ala que su pasividad fue fruto de una decisi&oacute;n consciente y, si no premeditada, s&iacute; al menos, asumida en aqu&eacute;l momento lo que es suficiente para que le sea reprochable la conducta omisiva.</p> <p>La sentencia explica que al subinspector se le rebaja la pena de prisi&oacute;n y la de inhabillitaci&oacute;n porque no merece la misma pena quien ha protagonizado la acci&oacute;n agresora, que es superior jer&aacute;rquico, y ha causado lesiones; y quien, sin concierto previo, se limita a no impedir esa conducta a quien es su mando.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=db3c24eb07473510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 11 Mar 2016 18:00:00 +0100 Confirmada la pena de 20 años de cárcel a un padre por intentar asesinar a sus dos hijos dejando un barreño con lejía y salfumán en el cuarto donde dormían http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=4612c2fe5d373510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 20 a&ntilde;os de c&aacute;rcel que la Audiencia Provincial de Balears impuso a un hombre por intentar asesinar a sus dos hijos, de 6 y 21 a&ntilde;os de edad, dejando un barre&ntilde;o con lej&iacute;a y salfum&aacute;n en el cuarto donde dorm&iacute;an. La Sala rechaza el recurso del acusado y ratifica que actu&oacute; con dolo homicida y no con la mera intenci&oacute;n de lesionar.</p> <p>La sentencia resalta la doneidad de los productos qu&iacute;micos utilizados por el acusado para producir la muerte de sus hijos y generar por tanto el peligro concreto para la vida, peligro que conoc&iacute;a y asum&iacute;a el recurrente, as&iacute; como su probable materializaci&oacute;n, a tenor de la forma en que planific&oacute; los hechos y el contexto familiar en que oper&oacute;.</p> <p>Se trata, para el Supremo, de dos tentativas de asesinato &ldquo;id&oacute;neas y acabadas, por lo que no cabe reducir la pena en dos grados, como se pretend&iacute;a en el recurso.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=4612c2fe5d373510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 11 Mar 2016 15:45:00 +0100 El TS confirma la nulidad, por falta de habilitación legal, del control de legalidad de los notarios en los préstamos hipotecarios http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=260b483bfcb53510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad del art&iacute;culo 30.3 y 4 de la Orden del Ministerio de Econom&iacute;a y Hacienda de transparencia y protecci&oacute;n del cliente de servicios bancarios por falta de habilitaci&oacute;n legal para regular la competencia del control de legalidad de los notarios, que pueden denegar la autorizaci&oacute;n de los pr&eacute;stamos hipotecarios o la inscripci&oacute;n de alguna de sus cl&aacute;usulas cuando no cumplan con la legalidad vigente.</p> <p>La sentencia indica que es necesaria una norma de rango legal que d&eacute; cobertura a las previsiones recogidas en la mencionada Orden que no s&oacute;lo otorga la funci&oacute;n de control notarial, sino que adem&aacute;s establece que la decisi&oacute;n ser&aacute; recurrible ante la Direcci&oacute;n General de los Registros y del Notariado.</p> <p>La Sala Tercera rechaza los recursos de casaci&oacute;n interpuestos por el abogado del Estado y el Consejo General del Notariado y ratifica el fallo de la Audiencia Nacional, que a su vez estim&oacute; el recurso interpuesto por el Colegio de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, anulando los citados preceptos.</p> <p>El abogado del Estado defendi&oacute; en su recurso, entre otros motivos, que el notario es un funcionario p&uacute;blico que en su tarea de dar fe conforme a las leyes tiene un deber gen&eacute;rico de controlar todos los documentos por &eacute;l autorizados. Por su parte, el Consejo General del Notariado argument&oacute; que los preceptos anulados no tienen como objeto introducir un control de legalidad, sino proteger a los consumidores y a los usuarios en el mercado hipotecario.</p> <p>Sin embargo, la Sala Tercera afirma que del tenor literal de los preceptos cuestionados se concluye que establecen dicho control de legalidad del notario sobre las operaciones de pr&eacute;stamo en las que interviene, lo que le permite denegar la autorizaci&oacute;n del mismo o de algunas de sus cl&aacute;usulas.</p> <p>La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Diego C&oacute;rdoba Castroverde, considera que no se trata de cuestionar la oportunidad, procedencia o incluso la conveniencia de que el notario pueda ejercer esa funci&oacute;n de control, sino si esta competencia est&aacute; amparada o no, cuando resulte necesario, en una norma de rango legal.</p> <p>La sentencia rechaza que los preceptos impugnados tengan cobertura legal en la Ley del Notariado, la Ley de Econom&iacute;a Sostenible, la Ley de Defensa de los Consumidores o la Ley de Medidas para reforzar la protecci&oacute;n a los deudores hipotecarios, reestructuraci&oacute;n de deuda y alquiler social. Tambi&eacute;n concluye que corresponde al legislador, y no a un departamento ministerial determinado, la aprobaci&oacute;n de los preceptos ahora anulados por falta de cobertura legal.</p> <p>Asimismo, reconoce la legitimidad activa para recurrir del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, a quienes no se puede considerar como simples terceros ajenos a la materia regulada en dichos preceptos.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=260b483bfcb53510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 09 Mar 2016 15:50:00 +0100 El Tribunal Supremo condena al exteniente de alcalde Pedro Zurdo a pagar 14,6 millones al ayuntamiento Marbella http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=5c602b21a8653510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala III del Supremo ha reducido de 56,5 millones de euros a 14,6 millones la condena econ&oacute;mica al exteniente de alcalde de Marbella Pedro Zurdo Rom&aacute;n por los perjuicios contables causados a la Corporaci&oacute;n en la etapa 1994-1998, en la que tuvo a Jes&uacute;s Gil y Gil como mandatario. El motivo de la reducci&oacute;n es la prescripci&oacute;n de parte de la responsabilidad estimada por el Tribunal de Cuentas en relaci&oacute;n a dicho exresponsable.</p> <p>La sentencia del Supremo ha examinado la sentencia dictada por el Tribunal de Cuentas el 11 de abril de 2013, que analiz&oacute; el caso de Marbella desde el punto de vista contable (no penal o administrativo) en relaci&oacute;n al perjuicio causado a las arcas municipales por responsabilidad contable de quienes dirig&iacute;an el ayuntamiento. La sentencia no modifica la cuant&iacute;a total del perjuicio que se considera ocasionado a la Corporaci&oacute;n, que es de 81,1 millones de euros, ni tampoco la condena a pagar el total de esa cifra a cuatro hijos de Jes&uacute;s Gil y Gil (Jes&uacute;s, Miguel &Aacute;ngel, &Oacute;scar y Mar&iacute;a &Aacute;ngeles) como herederos suyos, al ser declarados responsables contables directos.</p> <p>La sentencia del Tribunal de Cuentas s&oacute;lo fue recurrida por el ayuntamiento de Marbella, que reclamaba un aumento de la cuant&iacute;a del perjuicio, y cuyo recurso se ha rechazado, y por Pedro Rom&aacute;n Zurdo, a quien se declara responsable contable directo pero no de 56,5 millones del total del perjuicio sino de 14,6 millones.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=5c602b21a8653510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 08 Mar 2016 15:50:00 +0100 El Supremo dice que excluir a los hijos extramatrimoniales de la sucesión de un título nobiliario no vulnera el principio de igualdad http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=f0792b21a8653510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha estimado los recursos de casaci&oacute;n interpuestos por los demandados en un caso de conflicto en la sucesi&oacute;n de un t&iacute;tulo nobiliario cuya carta de concesi&oacute;n ordenaba la sucesi&oacute;n exclusivamente a favor de los hijos y descendientes de leg&iacute;timo matrimonio.</p> <p>En una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Antonio Salas Carcelles, el alto tribunal, siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional sobre los t&iacute;tulos nobiliarios en relaci&oacute;n con el principio de igualdad (STC 126/1997) considera que corresponder&iacute;a en su caso al poder legislativo, no al judicial, equiparar los hijos extramatrimoniales a los matrimoniales, como en su momento hizo la Ley 33/2006, de 30 de octubre, de igualdad del hombre y la mujer en el orden de sucesi&oacute;n de los t&iacute;tulos nobiliarios, suprimiendo las diferencias por raz&oacute;n de sexo.</p> <p>La resoluci&oacute;n constata, al tiempo de dictarse la citada ley, el legislador era consciente tambi&eacute;n de la existencia de tratamiento diferenciado por raz&oacute;n del origen matrimonial o extramatrimonial, sin que estimase oportuno legislar sobre ello. La Sala, as&iacute;, concluye que no le corresponde suplantar la labor del poder legislativo.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=f0792b21a8653510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 08 Mar 2016 15:15:00 +0100 El Tribunal Supremo anula la liquidación y la sanción de Hacienda de 1,3 millones de euros al exfutbolista Iván de la Peña http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=85e410a330653510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala III del Supremo ha anulado la liquidaci&oacute;n y sanci&oacute;n de Hacienda al exfutbolista Iv&aacute;n de la Pe&ntilde;a por 1,3 millones de euros por los IRPF de 1998 y 2001, al considerar prescritas las actuaciones inspectoras. El alto tribunal estima dos recursos del exjugador contra sendas sentencias de la Audiencia Nacional referidas a la actuaci&oacute;n de Hacienda en este caso, que en el caso del IRPF de 1998 concluy&oacute; con una liquidaci&oacute;n de 525.921 euros de cuota m&aacute;s 144.176 de sanci&oacute;n; y en el de 2001, con una liquidaci&oacute;n de 678.213 euros.</p> <p>Las actuaciones inspectoras a De la Pe&ntilde;a por parte de la Dependencia Regional de Inspecci&oacute;n de Catalu&ntilde;a se iniciaron por comunicaci&oacute;n de 8 de mayo de 2003, y finalizaron por acuerdo de 8 de agosto de 2006, es decir, que tuvieron una duraci&oacute;n de 1.187 d&iacute;as.</p> <p>El Supremo estima las alegaciones de De la Pe&ntilde;a en el sentido de que Hacienda le achac&oacute; de forma injustificada dilaciones o entorpecimiento en la inspecci&oacute;n, por lo que con la duraci&oacute;n de la Inspecci&oacute;n se incumpli&oacute; el plazo m&aacute;ximo para que &eacute;sta sea efectuada que se recoge en el art&iacute;culo 29 de la ley 1/1998, de Derechos y Garant&iacute;as de los Contribuyentes, y que en este caso el propio Tribunal Econ&oacute;mico Regional calcul&oacute; en 1.015 d&iacute;as, lo que se super&oacute; con los 1.187 en que se prolongaron las actuaciones.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=85e410a330653510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 08 Mar 2016 14:30:00 +0100 El Supremo condena a Parque Warner a pagar 321.450 euros por utilizar una música sin permiso http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=659bf97ff2153510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Civil del Tribunal Supremo ha confirmado la condena al Parque de la Warner de San Mart&iacute;n de la Vega (Madrid) al pago de una indemnizaci&oacute;n de 321.450 euros a la Asociaci&oacute;n de Gesti&oacute;n de Derechos Intelectuales (AGEDI) y la Asociaci&oacute;n de Artistas e Int&eacute;rpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gesti&oacute;n de Espa&ntilde;a (AIE) por el uso p&uacute;blico de fonogramas en el parque tem&aacute;tico sin autorizaci&oacute;n de los artistas y productores entre 2002 y 2008.</p> <p>El alto tribunal confirma el fallo de la Audiencia Provincial de Madrid (secci&oacute;n 28&ordf;) de 13 de septiembre de 2013.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=659bf97ff2153510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 07 Mar 2016 14:15:00 +0100 El uso de la marca “Champin” no infringe la denominación de origen “Champagne”, según el Tribunal Supremo http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=bc78f97ff2153510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Civil ha confirmado que el uso de la marca &ldquo;Champin&rdquo; para comercializar una bebida gaseosa infantil de frutas del bosque y fresas no constituye una infracci&oacute;n de la denominaci&oacute;n de origen &ldquo;Champagne&rdquo; por parte de la empresa Industrias Espadafor, titular de la mencionada marca.</p> <p>La sentencia rechaza el recurso de casaci&oacute;n interpuesto por el Comit&eacute; Interprofessionel Du Vin de Champagne y ratifica el fallo de la Audiencia Provincial de Granada que no apreci&oacute; causa de nulidad de la marca &ldquo;Champin&rdquo; ni actos de competencia desleal, en contra de lo que sostuvo el juzgado de lo mercantil de Granada al estimar la demanda de dicho Comit&eacute;.</p> <p>La Sala Primera considera que Industrias Espadafor ha utilizado su marca denominativa &ldquo;Champin&rdquo; como la tiene registrada, para una bebida infantil gaseosa con sabor a frutas, producto ajeno a los vinos amparados por la denominaci&oacute;n de origen &ldquo;Champagne&rdquo; y a cualquiera de los protegidos por el Reglamento (CE) 1234/2007.</p> <p>Del mismo modo, indica que la evocaci&oacute;n que el uso del signo &ldquo;Champin&rdquo; puede generar respecto del &ldquo;Champagne&rdquo; es tenue e irrelevante. Sobre todo, subraya la sentencia, porque en este caso no se genera la conexi&oacute;n mental en el consumidor que perjudique la finalidad perseguida con la denominaci&oacute;n de origen, y tampoco constituye un aprovechamiento indebido de su reputaci&oacute;n.</p> <p>Asimismo, la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Ignacio S&aacute;nchez Gargallo, afirma que la marca &ldquo;Champin&rdquo; no induce a pensar a los consumidores que su bebida ha sido elaborada a partir de champagne o que sea un producto derivado del mismo o que comparta con &eacute;l algunas de sus caracter&iacute;sticas principales. A&ntilde;ade que a ello contribuye de manera decisiva la singularidad de los productos objeto de protecci&oacute;n por la denominaci&oacute;n de origen y su disparidad respecto a aquellos para los que est&aacute; registrada la marca denunciada, que impide que pueda generarse aquella idea err&oacute;nea sobre su calidad o procedencia.</p> <p>La Sala de lo Civil concluye que la empresa demandada no est&aacute; usando la denominaci&oacute;n de origen, sino una marca denominativa que no es tan semejante como para que su empleo para los productos a los que se aplica se aproveche del prestigio del &ldquo;Champagne&rdquo;. Seg&uacute;n la sentencia el empleo simult&aacute;neo del mismo envase que los vinos espumosos y de aguja, y no exclusivo del &ldquo;Champagne&rdquo;, tampoco supone un aprovechamiento de la reputaci&oacute;n ajena.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=bc78f97ff2153510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 07 Mar 2016 14:00:00 +0100 El Tribunal Supremo rechaza que unos abuelos condenados a pagar la pensión de su nieta paguen además gastos extras http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=cb0ce0ecdd053510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Supremo rechaza que los abuelos tengan obligaci&oacute;n de pagar los gastos extraordinarios de una nieta por la insolvencia de sus padres. La Sala Civil rechaza el recurso de una madre que pretend&iacute;a que los cuatro abuelos de su hija, los dos paternos y los dos maternos, que fueron condenados ya en 2014 a pasar una pensi&oacute;n de alimentos de esa nieta, deban pagar adem&aacute;s sus clases de m&uacute;sica y otros gastos extraordinarios.</p> <p>El alto tribunal desestima el recurso de la madre de la menor y ratifica el fallo de la Audiencia de Provincial de Gij&oacute;n y del Juzgado de Primera Instancia n&uacute;mero 11 de la misma localidad. Este &uacute;ltimo fue quien el 27 de mayo de 2014 estim&oacute; parcialmente una demanda de la madre y conden&oacute; a los cuatro abuelos a pagar una pensi&oacute;n de alimentos a la nieta (actualmente de 12 a&ntilde;os de edad) por importe total de 250 euros mensuales, de los cuales 135 euros deb&iacute;an ser satisfechos por los abuelos paternos, y 115 por los maternos. La Audiencia Provincial s&oacute;lo corrigi&oacute; la decisi&oacute;n en el sentido de que la pensi&oacute;n deb&iacute;a pagarse desde la fecha de interposici&oacute;n de la demanda y dentro de los cinco primeros d&iacute;as de cada mes.</p> <p>Dicha sentencia fue recurrida en casaci&oacute;n ante el Supremo por la madre, quien est&aacute; impedida para trabajar por minusval&iacute;a, y que percibe una pensi&oacute;n no contributiva de 357,70 euros mensuales y 24,25 euros de la Seguridad Social por cada uno de sus tres hijos. El marido es insolvente absoluto y tiene una enfermedad que le impide incorporarse al mercado laboral.</p> <p>La mujer, que destac&oacute; en su recurso al Supremo que su caso era el primero en Espa&ntilde;a que declaraba el derecho de una menor a percibir pensi&oacute;n de alimentos de sus cuatro abuelos, alegaba que tambi&eacute;n deb&iacute;an tener cabida en dicha acci&oacute;n los gastos extraordinarios, en concreto las clases de m&uacute;sica y de apoyo de su hija.</p> <p>En la sentencia recurrida no se condena al pago de los gastos extraordinarios, debido a que los mismos s&oacute;lo se recogen en el art&iacute;culo 93 del C&oacute;digo Civil para las relaciones entre padres e hijos, pero no para el caso de abuelos con nietos, relaci&oacute;n &eacute;sta que tiene su regulaci&oacute;n en el art&iacute;culo 142 del C&oacute;digo Civil, para el sustento, habitaci&oacute;n, vestido y asistencia m&eacute;dica.</p> <p>El Supremo recuerda que los gastos extraordinarios que reclama la madre (m&uacute;sica y apoyo) no son estrictamente parte de los derivados de la educaci&oacute;n de la menor, la que asiste a un colegio p&uacute;blico y como tal gratuito. &ldquo;Es comprensible el deseo de la madre de afrontar la satisfacci&oacute;n de dichos gastos, pero es de reconocer que el art&iacute;culo 142 del C. Civil, no los impone a los abuelos, los que vienen condenados al pago de alimentos, en la proporci&oacute;n que puedan atenderlos, dada su condici&oacute;n de jubilados y edad avanzada de los mismos&rdquo;, agrega la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Francisco Javier Arroyo Fiestas.</p> <p>&ldquo;Los gastos extraordinarios que se reclaman no tienen cabida legal en la relaci&oacute;n de abuelos-nietos, sin perjuicio, como se declara en la sentencia recurrida, por remisi&oacute;n a la del Juzgado, que en ocasiones proceder&aacute;n los gastos extraordinarios si tienen relaci&oacute;n con los conceptos recogidos en el art&iacute;culo 142 del C&oacute;digo Civil, a los que antes hicimos referencia (sustento, habitaci&oacute;n, vestido y asistencia m&eacute;dica)&rdquo;, dice el Supremo.</p> <p>&ldquo;En conclusi&oacute;n -se&ntilde;ala la sentencia- los abuelos tienen obligaci&oacute;n de afrontar los gastos que generen sus nietos, ante la insolvencia de los padres, de acuerdo con lo establecido en el art&iacute;culo 142 del C&oacute;digo Civil y con respeto estricto del principio de proporcionalidad&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=cb0ce0ecdd053510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 07 Mar 2016 12:40:00 +0100 El TS rechaza el recurso de la federación de centros docentes católicos contra la reserva de plazas para alumnos con necesidad de apoyo http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=8af13b46bc143510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala III del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de la Federaci&oacute;n Espa&ntilde;ola de Religiosos de la Ense&ntilde;anza-Titulares de Centros Cat&oacute;licos (FERE-CECA) contra la Orden 1240/2013, de 17 de abril, de la Consejer&iacute;a de Educaci&oacute;n, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, que regula el procedimiento de admisi&oacute;n de alumnos en centros sostenidos con fondos p&uacute;blicos, de educaci&oacute;n infantil, primaria, especial, secundaria obligatoria y bachillerato.</p> <p>Los recurrentes impugnaban el art&iacute;culo 14.3 de la Orden, que dice: &ldquo;Las Direcciones de &Aacute;rea Territorial podr&aacute;n determinar el n&uacute;mero de plazas reservadas para alumnos con necesidad espec&iacute;fica de apoyo educativo o necesidades de compensaci&oacute;n educativa que deber&aacute;n mantenerse sin modificaci&oacute;n, con el fin de facilitar la escolarizaci&oacute;n de dichos alumnos durante el proceso extraordinario de su admisi&oacute;n&rdquo;.</p> <p>Consideraban que ello vulneraba el art&iacute;culo 87.2 de la Ley Org&aacute;nica de Educaci&oacute;n, que establece: "Para facilitar la escolarizaci&oacute;n y garantizar el derecho a la educaci&oacute;n del alumnado con necesidad espec&iacute;fica de apoyo educativo, las Administraciones educativas podr&aacute;n reservarle hasta el final del per&iacute;odo de preinscripci&oacute;n y matr&iacute;cula una parte de las plazas de los centros p&uacute;blicos y privados concertados".</p> <p>De ese modo, seg&uacute;n la federaci&oacute;n recurrente la Ley impon&iacute;a un l&iacute;mite temporal a la reserva de plazas para los alumnos con necesidades espec&iacute;ficas de apoyo, tal como se desprende del inciso &ldquo;hasta el final del per&iacute;odo de preinscripci&oacute;n y matr&iacute;cula&rdquo;; l&iacute;mite temporal que, sin embargo, desaparece en el art&iacute;culo 14.3 de la Orden 1240/2013, que establece una reserva indefinida incompatible con lo previsto en la ley. Sosten&iacute;a, adem&aacute;s, que ello redunda en perjuicio del resto de los alumnos interesados en ser admitidos en cada centro, ya que ven disminuido el n&uacute;mero de plazas disponibles.</p> <p>El Supremo, de acuerdo con la sentencia recurrida del TSJ de Madrid, se&ntilde;ala que la de la federaci&oacute;n recurrente no es la &uacute;nica interpretaci&oacute;n posible de la Ley de Educaci&oacute;n. &ldquo;En &eacute;ste no se indica cu&aacute;l es la duraci&oacute;n del plazo de preinscripci&oacute;n y matr&iacute;cula, ni cu&aacute;ndo comienza y termina. Y tampoco concreta si se trata de un &uacute;nico plazo o de dos, es decir, uno de preinscripci&oacute;n y otro de matr&iacute;cula. En este contexto, no puede tacharse de err&oacute;neo el razonamiento central de la sentencia impugnada cuando dice:&nbsp;</p> <p>&lsquo;En este apartado no podemos acoger las alegaciones de la parte recurrente ya que la LOE en su art&iacute;culo 84.2, hace referencia al periodo de &ndash;preinscripci&oacute;n y matr&iacute;cula-, unidas por la conjunci&oacute;n copulativa &ldquo;y&rdquo;, de lo que se infiere que dichas plazas deben reservarse con posibilidad de matr&iacute;cula y hasta la finalizaci&oacute;n de dicho periodo, quedando conformado dicho plazo de reserva, de tal manera, que los alumnos afectados, si los hubiere, puedan matricularse. Deducimos, por tanto, que el plazo que se establece en la LOE incluye no s&oacute;lo el plazo ordinario de admisi&oacute;n, sino el posterior extraordinario, si concurriera la circunstancia para alg&uacute;n alumno, lo cual parece razonable, si se tiene en cuenta que ser&aacute;, una vez que se confeccionen las &ndash;listas definitivas de admisi&oacute;n-, cuando se proceda a la matriculaci&oacute;n de los alumnos en los centros. Se desprende de lo expuesto que el art&iacute;culo impugnado, no contraviene la jerarqu&iacute;a normativa y, por ende, debe desestimarse&rsquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=8af13b46bc143510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 04 Mar 2016 14:47:00 +0100 El Tribunal Supremo ordena a la Comunidad de Madrid a devolver un archivo requisado en la Guerra Civil http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2e59b91689143510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Supremo ha ordenado a la Comunidad de Madrid &ldquo;realizar los actos necesarios para proceder&rdquo; a la devoluci&oacute;n inmediata del archivo requisado en 1939 al ge&oacute;grafo Gonzalo de Reparaz en su domicilio de Madrid por la Delegaci&oacute;n de Estado para la Recuperaci&oacute;n de Documentos creada por el r&eacute;gimen franquista.</p> <p>La Sala III, en una sentencia de la que ha sido ponente la magistrada Mar&iacute;a del Pilar Teso Gamella, estima el recurso de la nieta de Reparaz y anula las resoluciones de la Viceconsejer&iacute;a de Cultura de la Comunidad madrile&ntilde;a y del Ministerio de Cultura que desestimaron su petici&oacute;n de devoluci&oacute;n de los documentos y libros requisados a su abuelo, reconociendo el derecho de la recurrente a la devoluci&oacute;n de su archivo familiar. De la &ldquo;entrega inmediata&rdquo; debe ocuparse la Comunidad de Madrid.</p> <p>El Supremo da la raz&oacute;n a Mar&iacute;a del Carmen Reparaz Zamora en el sentido de que el silencio administrativo dado por la Comunidad de Madrid a su petici&oacute;n ten&iacute;a car&aacute;cter positivo y no negativo, es decir, que supon&iacute;a conceder lo solicitado. La Comunidad aleg&oacute; que el Real Decreto 2134/2008, de 26 de diciembre, que regul&oacute; el procedimiento a seguir para la restituci&oacute;n a particulares de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil, establec&iacute;a que el silencio administrativo a las peticiones era negativo: si en cuatro meses no se contestaba al interesado, &eacute;ste deb&iacute;a entender desestimada su solicitud.</p> <p>Sin embargo, el alto tribunal destaca que ello choca con la Ley que regula el silencio administrativo, que se&ntilde;ala en su art&iacute;culo 43.2 que &ldquo;los interesados podr&aacute;n entender estimadas por silencio administrativo sus solicitudes en todos los casos, salvo que una norma con rango de Ley o norma de Derecho comunitario europeo establezca lo contrario&rdquo;. Es decir, que el Real Decreto, con rango reglamentario y no legal, no pod&iacute;a establecer una excepci&oacute;n al silencio administrativo positivo. Por ello, cuando se produjo la resoluci&oacute;n de la Comunidad de Madrid confirmando la desestimaci&oacute;n de la solicitud de Reparaz, ya se hab&iacute;a producido de hecho la estimaci&oacute;n de la misma por silencio administrativo positivo.</p> <p>La sentencia se&ntilde;ala que a esa conclusi&oacute;n no puede oponerse que se trate de un derecho de petici&oacute;n del art&iacute;culo 29.1 de la Constituci&oacute;n, &ldquo;porque no lo es, entre otras razones, porque tiene un procedimiento dise&ntilde;ado legal y reglamentariamente al efecto&rdquo;.</p> <p>Tampoco cabe oponer que las dos administraciones, la auton&oacute;mica y la central, se declarasen sucesivamente no competentes sobre la solicitud, &ldquo;bloqueando el acceso a la justicia de la recurrente&rdquo;. En ese sentido, recuerda que la Comunidad de Madrid, aunque tard&iacute;amente, es decir, en 2010, expres&oacute; su voluntad de participar en el procedimiento de restituci&oacute;n regulado en el Real Decreto de 2008</p> <p>La sentencia relata que la parte recurrente solicit&oacute; el archivo familiar requisado a su abuelo en el domicilio de Madrid, en 1939, por la Delegaci&oacute;n del Estado para la Recuperaci&oacute;n de Documentos (DERD) creada en 1938, con sede en Salamanca, que era el &oacute;rgano administrativo creado para la recopilaci&oacute;n de documentaci&oacute;n relacionada con personas e instituciones vinculadas a la oposici&oacute;n al r&eacute;gimen franquista, con el fin de &ldquo;suministrar al Estado informaci&oacute;n referente a la actuaci&oacute;n de sus enemigos&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2e59b91689143510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 04 Mar 2016 13:45:00 +0100 El Tribunal Supremo ratifica la sentencia que declaró ilegal una regasificadora en el puerto de El Musel (Gijón) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=29b11c9511143510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado los recursos del abogado del Estado y de Enag&aacute;s contra la sentencia del TSJ de Asturias que, a instancias de un recurso de Los Verdes de Asturias, anul&oacute; la autorizaci&oacute;n de Industria a Enag&aacute;s para la construcci&oacute;n de la planta regasificadora en el puerto de El Musel, en Gij&oacute;n, por vulnerar la distancia m&iacute;nima de 2.000 metros respecto a n&uacute;cleos de poblaci&oacute;n agrupada (como los de Muselin, en Gij&oacute;n, o Xivares, en Carre&ntilde;o).</p> <p>Ello est&aacute; prohibido por el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, que era de aplicaci&oacute;n cuando se inici&oacute; en 2006 el proceso administrativo de autorizaci&oacute;n de la instalaci&oacute;n.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=29b11c9511143510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 04 Mar 2016 11:45:00 +0100