Noticias Judiciales http://www.poderjudicial.es Noticias Judiciales es Copyright © Consejo General del Poder Judicial Thu, 30 Jun 2016 01:41:05 +0200 PoderJudicial 60 Thu, 30 Jun 2016 01:41:05 +0200 El Tribunal Supremo avala que las personas con discapacidad estén exentas del canon a los autores por los préstamos de sus obras http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=99be588550615510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala III del TS ha rechazado los recursos de cuatro entidades de derechos de autor (SGAE, CEDRO, VEGAP y DAMA) que reclamaban la nulidad del Real Decreto 624/2014, de 18 de julio, por el que se desarrolla el derecho de remuneraci&oacute;n a los autores por los pr&eacute;stamos de sus obras realizados en determinados establecimientos accesibles al p&uacute;blico, como las bibliotecas municipales de localidades con m&aacute;s de 5.000 habitantes. Subsidiariamente, los autores reclamaban la nulidad de dos de las exenciones del pago de la remuneraci&oacute;n que establece el Decreto: la de excluir del c&oacute;mputo para fijar este canon los pr&eacute;stamos realizados en beneficio de personas con discapacidad, y la exenci&oacute;n del pago a los servicios m&oacute;viles cuando realicen pr&eacute;stamos en municipios de menos de 5.000 habitantes.</p> <p>El Supremo destaca que el Real Decreto respeta la normativa y la jurisprudencia comunitaria a la hora de determinar la remuneraci&oacute;n, ya que la fijaci&oacute;n de su importe se ha vinculado a todos los elementos constitutivos del perjuicio causado al autor por el pr&eacute;stamo de sus obras sin necesidad de autorizaci&oacute;n, consider&aacute;ndose no solo la amplitud de la puesta a disposici&oacute;n a trav&eacute;s del n&uacute;mero de obras que ha sido objeto de pr&eacute;stamo, sino tambi&eacute;n el n&uacute;mero de usuarios inscritos en el establecimiento que han hecho uso efectivo del servicio de pr&eacute;stamo.</p> <p>En cuanto a la pretensi&oacute;n de los recurrentes de que se anule la exclusi&oacute;n de los pr&eacute;stamos a personas con discapacidad como generadores del derecho de remuneraci&oacute;n a los autores, la sentencia se&ntilde;ala que dicha exenci&oacute;n est&aacute; amparada por lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual y en la Ley de las bibliotecas.</p> <p>&ldquo;Entra dentro de los objetivos de Espa&ntilde;a en materia de promoci&oacute;n cultural, el establecimiento de beneficios que faciliten el acceso a la cultura a personas con discapacidad, que se aplica en concordancia y por analog&iacute;a al caso de los pr&eacute;stamos a que se refiere el art&iacute;culo 37 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, de manera que al no generar remuneraci&oacute;n los prestamos realizados a esta categor&iacute;a de personas en situaci&oacute;n desfavorecida se est&aacute; promoviendo el cumplimiento de la misi&oacute;n, principios y valores de las bibliotecas establecido en el art&iacute;culo 12 de la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas: garantizar el acceso de todos los ciudadanos a las bibliotecas con la finalidad de promover la difusi&oacute;n de la cultura, en condiciones de igualdad y, por tanto, sin discriminaci&oacute;n por raz&oacute;n, entre otras, de discapacidad&rdquo;, indica la resoluci&oacute;n.</p> <p>Tambi&eacute;n rechaza la sentencia la alegaci&oacute;n de los recurrentes de que deb&iacute;a anularse la exenci&oacute;n del pago de la remuneraci&oacute;n a los servicios m&oacute;viles de otras administraciones que realicen pr&eacute;stamos en municipios de menos de 5.000 habitantes. &ldquo;Lo cierto es que no es la titularidad del establecimiento la que determina la exenci&oacute;n en la citada Ley de Propiedad Intelectual, sino la prestaci&oacute;n de servicio en dichos Municipios. Por tanto, cualquiera que sea la titularidad p&uacute;blica del establecimiento m&oacute;vil, concurre el supuesto de hecho legal de la exenci&oacute;n cuando se presta el servicio en dichos Municipios, aunque el establecimiento m&oacute;vil prestador no le pertenezca&rdquo;, se&ntilde;ala la Sala.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=99be588550615510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES El Supremo confirma la absolución de dos directivos de un club de cannabis de Barcelona http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=57f3eb7b32c95510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la absoluci&oacute;n, dictada por la Audiencia de Barcelona, de dos directivos de un club de consumo compartido de cannabis de Barcelona, y rechaza el recurso de la Fiscal&iacute;a, que pretend&iacute;a que fuesen condenados por delito de tr&aacute;fico de drogas o favorecimiento de su consumo ilegal, y delito de asociaci&oacute;n il&iacute;cita. El Supremo absuelve al apreciar en la actuaci&oacute;n de los acusados un error de prohibici&oacute;n invencible (creencia de que actuaban dentro de la legalidad), derivado del informe de la Fiscal&iacute;a que no se opuso a la inscripci&oacute;n del club en el Registro de asociaciones al no apreciar indicios de delito en sus estatutos.</p> <p>La sentencia mantiene la absoluci&oacute;n del presidente y un segundo directivo de la Asociaci&oacute;n "Mar&iacute;a de Gracia Club", de Barcelona, que ten&iacute;a como fines seg&uacute;n sus Estatutos la creaci&oacute;n de un centro de reuni&oacute;n de gente consumidora de c&aacute;&ntilde;amo o tabaco, la investigaci&oacute;n gen&eacute;tica y el establecimiento de un club de fumadores, as&iacute; como la difusi&oacute;n cultural informando a los socios de las cuestiones relativas al c&aacute;&ntilde;amo.</p> <p>Dicha Asociaci&oacute;n present&oacute; sus Estatutos en el Registro de Asociaciones de la Generalitat de Catalunya y la Direcci&oacute;n General del Derecho y de Entidades Jur&iacute;dicas dispuso su inscripci&oacute;n en el Registro el 22 de Marzo de 2012, con el previo informe de la Fiscal&iacute;a Provincial de Barcelona, de fecha 1 de Febrero de 2012 que no resultaba desfavorable. La Audiencia de Barcelona dict&oacute; la absoluci&oacute;n considerando que se daban las condiciones de un consumo compartido no punible penalmente, lo que no es compartido por el Supremo, que absuelve por la existencia de error de prohibici&oacute;n invencible.</p> <p>El Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Joaqu&iacute;n Gim&eacute;nez, destaca que en este caso existe un hecho diferencial respecto a la sentencia del Pleno Jurisdiccional de la Sala, de 7 de Septiembre de 2015, que conden&oacute; a los responsables de otro club de cannabis de Bilbao, con la que la nueva sentencia no es contradictoria.</p> <p>Ese hecho diferencial se encuentra en que la Direcci&oacute;n General del Derecho y Entidades Jur&iacute;dicas de Catalunya, antes de acordar la inscripci&oacute;n en el Registro de Asociaciones de la Asociaci&oacute;n "Mar&iacute;a de Gracia Club", solicit&oacute; un informe del Ministerio Fiscal el cual el d&iacute;a 1 de Febrero de 2012 de manera inequ&iacute;voca aleg&oacute; que "tal y como aparecen expuestas y redactadas -las normas estatutarias- no es posible advertir una vocaci&oacute;n de favorecimiento y facilitaci&oacute;n del consumo ilegal de estupefacientes, no solo por no ser acordes con el resto de los fines anunciados sino tambi&eacute;n por los condicionamientos previstos para su realizaci&oacute;n (espacio no p&uacute;blico, reservado a socios, todos ellos mayores de edad...) Por tales razones, en este estado inicial de la vida de la Asociaci&oacute;n no es de apreciar la existencia de hechos constitutivos de delito&rdquo;, se&ntilde;alaba la Fiscal&iacute;a.</p> <p>Dicho informe de la Fiscal&iacute;a a&ntilde;ad&iacute;a que tales consideraciones no implicaban descartar que, si en el desarrollo de su actividad fueran realizados actos subsumibles en el art&iacute;culo 368 del C&oacute;digo Penal (tr&aacute;fico o promoci&oacute;n del consumo ilegal de drogas t&oacute;xicas), &ldquo;pueda entonces ser apreciada la existencia de un delito contra la salud p&uacute;blica".</p> <p>La Sala II entiende que, debido a ese informe de la Fiscal&iacute;a, concurre en el caso del club Mar&iacute;a de Gracia un error de prohibici&oacute;n invencible, que excluye la responsabilidad penal, ya que los directivos pensaban que actuaban de acuerdo a derecho. La sentencia expone que el presidente y el vocal de la Asociaci&oacute;n, al ver el informe del fiscal de 1 de febrero de 2012, no ten&iacute;an ninguna exigencia de indagar o buscar otra fuente fidedigna de informaci&oacute;n para asegurarse de la licitud de la misma. En este sentido, recuerda que dicho informe reconoce expl&iacute;citamente la legalidad de la Asociaci&oacute;n por lo que &ldquo;no se nos alcanza a qu&eacute; otra fuente de conocimiento m&aacute;s solvente podr&iacute;an/deber&iacute;an haber acudido los absueltos para salir de una duda que objetivamente no ten&iacute;an por la propia claridad y contundencia del informe referido&rdquo;.</p> <p>Asimismo, argumenta que si la finalidad de la Asociaci&oacute;n es la creaci&oacute;n de un centro de reuni&oacute;n de gente consumidora de c&aacute;&ntilde;amo, la creaci&oacute;n de espacios privados de personas fumadoras, si los socios deben firmar unos compromisos en la hoja de admisi&oacute;n, si se trata de crear un consumo responsable y no abusivo del c&aacute;&ntilde;amo, buscando una alternativa al mercado negro, con respeto a la legalidad vigente y sancionando con la expulsi&oacute;n de la Asociaci&oacute;n la comisi&oacute;n de actos delictivos de tr&aacute;fico de drogas, es evidente que las intervenciones policiales con ocupaci&oacute;n de dosis de marihuana a socios que la obtuvieron all&iacute;, o la incautaci&oacute;n en la propia sede, &ldquo;son actividades que representan la raz&oacute;n de ser de la Asociaci&oacute;n respecto de lo que el Ministerio Fiscal en su informe no efectu&oacute; ning&uacute;n reparo&rdquo;.</p> <p><strong>Doctrina del Pleno de la Sala</strong></p> <p>Por su parte, en el caso de la sentencia del Pleno de la Sala de septiembre de 2015, el tribunal apreci&oacute; un error de prohibici&oacute;n pero vencible, es decir, no inevitable, ya que en ese supuesto los acusados no hicieron nada por superar el error y disipar dudas sobre la licitud de su actividad. La existencia de error aunque vencible, supuso que hubiera una rebaja en las condenas en esa sentencia de Pleno.</p> <p>La sentencia insiste, por tanto, en que su decisi&oacute;n no supone una contradicci&oacute;n con lo resuelto en la sentencia del Pleno Jurisdiccional citado, al existir un hecho diferencial que justific&oacute; una soluci&oacute;n diferente a la acordada en dicho Pleno.</p> <p><strong>Voto particular a favor de la condena</strong></p> <p>La sentencia incluye el voto particular de uno de los cinco magistrados que la firman, Jos&eacute; Ram&oacute;n Soriano Soriano, en el que se&ntilde;ala que la conducta de los dos acusados es delictiva y que habr&iacute;a que condenarles por un delito de tr&aacute;fico de drogas de los que no causan grave da&ntilde;o a la salud, dada la concurrencia de un error vencible de prohibici&oacute;n, como ocurri&oacute; en la sentencia del Pleno Jurisdiccional que sent&oacute; doctrina.</p> <p>En su voto, indica que no se puede entender que los acusados creyeran firmemente que estaban desarrollando una actividad legal, penalmente hablando, aunque la sociedad pudiera desarrollar otras actividades distintas, que no integrar&iacute;an delito alguno. Adem&aacute;s, subraya, ni la cantidad de droga que manejaba la sociedad, ni el n&uacute;mero de socios (400), ni el cultivo ilegal a gran escala, ni la posibilidad de consumo en el exterior del club permiten dibujar un supuesto de creencia equivocada de un comportamiento ajustado a derecho.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=57f3eb7b32c95510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 29 Jun 2016 16:30:00 +0200 El Tribunal Supremo plantea cuestión de inconstitucionalidad contra doce artículos de la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=d3e8eb7b32c95510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>&nbsp;</p> <p>La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha dictado varios autos en los que plantea cuesti&oacute;n de inconstitucionalidad contra doce art&iacute;culos de la Ley 15/2012, de medidas fiscales para la sostenibilidad energ&eacute;tica, al tener dudas sobre la constitucionalidad de tres impuestos regulados en dicha norma: el Impuesto sobre el Valor de la Producci&oacute;n de Energ&iacute;a El&eacute;ctrica, el Impuesto sobre la Producci&oacute;n de Combustible Nuclear Gastado y Residuos Radioactivos, y el Impuesto sobre el Almacenamiento de Combustible Nuclear Gastado y Residuos Radioactivos.</p> <p>En los tres casos, la Sala tiene dudas sobre la finalidad medioambiental de dichos impuestos, que los magistrados entienden que podr&iacute;an estar gravando el mismo hecho imponible o la misma manifestaci&oacute;n de riqueza ya gravada por otros impuestos, por lo que creen que el Tribunal Constitucional debe dilucidar si vulneran el art&iacute;culo 31.1 de la Constituci&oacute;n, que se&ntilde;ala que &ldquo;todos contribuir&aacute;n al sostenimiento de los gastos p&uacute;blicos de acuerdo con su capacidad econ&oacute;mica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ning&uacute;n caso, tendr&aacute; alcance confiscatorio&rdquo;.</p> <p>El planteamiento de las cuestiones de inconstitucionalidad ha sido acordado por la Sala al examinar los recursos de UNESA (Asociaci&oacute;n Espa&ntilde;ola de Industria El&eacute;ctrica), Iberdrola y Endesa contra las &oacute;rdenes de Hacienda que establecen los modelos de dichos impuestos.</p> <p>En sus resoluciones, el Supremo destaca que los recurrentes pudieran tener raz&oacute;n al afirmar que la verdadera realidad perseguida con dichos impuestos es financiar el d&eacute;ficit tarifario.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=d3e8eb7b32c95510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 29 Jun 2016 14:40:00 +0200 El Tribunal Supremo fija que el vendedor puede repercutir el IBI al comprador desde la fecha de entrega de la propiedad http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=6f609f472a695510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha establecido como doctrina jurisprudencial que &ldquo;el art&iacute;culo 63.2 de la Ley de Haciendas Locales se ha de interpretar de forma que, en caso de ausencia de pacto en contrario, el vendedor que abone el IBI podr&aacute; repercutirlo sobre el comprador en proporci&oacute;n al tiempo que cada una de las partes haya ostentado la titularidad dominical y por el tiempo que sea&rdquo;.</p> <p>El Supremo da la raz&oacute;n a dos sociedades que vendieron el 16 de marzo de 2009 a otra compa&ntilde;&iacute;a 155 plazas de garaje en Madrid, y condena a esa &uacute;ltima entidad a pagar a los vendedores 8.562 euros del IBI correspondiente al periodo comprendido entre el 16 de marzo y el 31 de diciembre de 2009, impuesto de dicho a&ntilde;o que hab&iacute;a sido &iacute;ntegramente abonado por las sociedades vendedoras al serle reclamado por la autoridad tributaria.</p> <p>Los vendedores, a quien en primera instancia un Juzgado de Madrid les hab&iacute;a dado la raz&oacute;n, acudieron al Supremo despu&eacute;s de que la Audiencia de Madrid se pronunciara a favor de los compradores y rechazara que debieran pagar cantidad alguna a los vendedores por el IBI del a&ntilde;o 2009. Los recurrentes destacaron en su recurso ante el Supremo la existencia de jurisprudencia contradictoria de las audiencias provinciales sobre la materia, presentando sentencias que daban la raz&oacute;n al vendedor y otras, al comprador.</p> <p>En su sentencia, el Supremo resuelve que la regla general, en caso de ausencia de pacto en contrario, ser&aacute; que el vendedor que abone el IBI podr&aacute; repercutirlo sobre el comprador, en proporci&oacute;n al tiempo en que cada de una de las partes haya ostentado la titularidad dominical. Seg&uacute;n la Ley, el devengo del IBI anual corresponde al propietario en el momento del mismo, que coincide con el primer d&iacute;a del a&ntilde;o natural.</p> <p>Por tanto, en el pleito resuelto, el abono del IBI correspond&iacute;a a los vendedores, como titulares de la propiedad a 1 de enero de 2009, a&ntilde;o de la venta.</p> <p>No se pact&oacute; expresamente la repercusi&oacute;n del impuesto, y la venta se efectu&oacute; libre de cargas y grav&aacute;menes.<br />Cuando el art&iacute;culo 63.2 de la Ley de Haciendas Locales, establece que &ldquo;lo dispuesto en el apartado anterior ser&aacute; de aplicaci&oacute;n sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada conforme a las normas de derecho com&uacute;n&rdquo;, debe entenderse, se&ntilde;ala el Supremo, que el sujeto pasivo del impuesto, en este caso la vendedora, puede repercutirlo, sin necesidad de pacto.</p> <p>El tenor del art&iacute;culo 63.2 citado &ldquo;advierte de la posibilidad de repercusi&oacute;n, sin sujetarlo a pacto que lo permita, limit&aacute;ndose el precepto a establecer que el reparto del importe del impuesto se har&aacute; conforme a las normas de derecho com&uacute;n, que no son otras, en este caso, que las de la compraventa (art. 1445 y siguientes del C&oacute;digo Civil), en virtud de las cuales la compradora debe considerarse propietaria desde el momento de la entrega el 16 de marzo de 2009 (art. 609 del C&oacute;digo Civil)&rdquo;.</p> <p>Sin perjuicio de ello, el Supremo destaca que las partes podr&aacute;n pactar la imposibilidad de la repercusi&oacute;n, aunque la regla general, en caso de ausencia de pacto en contrario, ser&aacute; que el vendedor que abone el IBI podr&aacute; repercutirlo sobre el comprador, insiste la sentencia.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=6f609f472a695510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 28 Jun 2016 14:00:00 +0200 El Tribunal Supremo rechaza la solicitud de retasación de las fincas expropiadas para la ampliación del aeropuerto de Barajas http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2a05b32993695510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de AENA contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 8 de enero de 2015, en relaci&oacute;n con la solicitud de retasaci&oacute;n de fincas expropiadas para la ampliaci&oacute;n del aeropuerto de Madrid-Barajas.</p> <p>El Tribunal Supremo desestima las pretensiones de los propietarios de esas fincas expropiadas contra la resoluci&oacute;n del Subsecretario del Ministerio de Fomento de 12 de noviembre de 2010, por la que desestim&oacute; el recurso de alzada interpuesto por dichos recurrentes contra la desestimaci&oacute;n presunta de la solicitud de retasaci&oacute;n de las fincas expropiadas a aquellos con motivo del proyecto: "17-AENA/92 Aeropuerto de Madrid-Barajas. Expropiaci&oacute;n de terrenos para el desarrollo de nueva zona aeroportuaria. 1&ordf; fase. Pista de vuelo 01L-19R y calles de rodaje. B.- Plataforma de estacionamiento, edificio terminal y accesos".&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2a05b32993695510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 28 Jun 2016 12:39:00 +0200 El Supremo anula la pena de prisión a un profesor acusado de tocamientos a dos alumnas por encima de la ropa y le impone una multa http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=4683895d6b195510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Supremo anula la pena de 10 a&ntilde;os de prisi&oacute;n impuesta por la Audiencia de C&oacute;rdoba a un profesor de m&uacute;sica del conservatorio de Priego de C&oacute;rdoba por delito de abuso sexual, consistente en tocamientos por encima de la ropa a dos alumnas de 10 a&ntilde;os de edad, y establece en su lugar una pena de multa de 2.500 euros por entender que lo cometido debe tipificarse como dos faltas de vejaci&oacute;n injusta. Adem&aacute;s, el profesor deber&aacute; indemnizar con 6.000 euros a cada una de las alumnas, con responsabilidad civil subsidiaria de la Junta de Andaluc&iacute;a.</p> <p>En el presente caso, se&ntilde;ala la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Joaqu&iacute;n Gim&eacute;nez, &ldquo;nos encontramos con unos roces/tocamientos por encima de la ropa por la espalda, gl&uacute;teos y &oacute;rgano sexual de las menores, efectuados de forma epis&oacute;dica en el curso de la clase de guitarra que daba a ambas menores, sin que pueda precisarse la reiteraci&oacute;n de tales roces o tocamientos sin que exista prueba de que eran casi todos los d&iacute;as de clase. Al respecto nos remitimos a lo dicho por las menores a sus padres donde relatan unos hechos --id&eacute;nticos en lo esencial-- pero con una menor intensidad o reiteraci&oacute;n&rdquo;.</p> <p>A la hora de tipificar los hechos enjuiciados en la calificaci&oacute;n jur&iacute;dica procedente y en contra del criterio de la sentencia de instancia, el Supremo considera que, &ldquo;siendo reprochables penalmente, carecen de la consistencia y gravedad que vertebran el delito de abuso sexual por el que han sido condenados, debiendo estimarse como constitutivos de dos vejaciones continuadas injustas del art. 620-2&ordm; Cpenal, texto de la L.O. 5/2010 en vigor al tiempo de la ocurrencia de los hechos. Se est&aacute; en presencia de leves tocamientos externos a trav&eacute;s de la ropa de forma fugaz. Esta calificaci&oacute;n respeta el hecho probado de la sentencia&rdquo;.</p> <p>Adem&aacute;s, la Sala analiza la cuesti&oacute;n desde el punto de vista del principio de proporcionalidad que debe ser el "eje definidor de cualquier decisi&oacute;n judicial", directamente relacionado con el de merecimiento de pena por el disvalor afectado al bien jur&iacute;dico de la libertad sexual e intimidad de las menores. Para el Supremo dicho disvalor est&aacute; suficientemente compensado con la pena correspondiente a la vejaci&oacute;n cometida de acuerdo con la legalidad en vigor al tiempo de la comisi&oacute;n de tales hechos.</p> <p>&ldquo;Consideramos en este control casacional que la nueva calificaci&oacute;n de vejaci&oacute;n, sobre ser m&aacute;s correcta a la entidad de los hechos, es, en relaci&oacute;n a la respuesta penal mucho m&aacute;s respetuosa con el principio de proporcionalidad de la pena&rdquo;. A&ntilde;ade que exist&iacute;a desproporci&oacute;n en la pena impuesta en la instancia al recurrente, dos penas de cinco a&ntilde;os de prisi&oacute;n cada una.</p> <p>En su sentencia, el Supremo rechaza la alegaci&oacute;n del profesor de que se vulner&oacute; su presunci&oacute;n de inocencia, por falta de credibilidad de la declaraci&oacute;n de las dos menores, que fueron la prueba de cargo de las condenas. Entend&iacute;a el acusado que la declaraci&oacute;n de las dos chicas fue producto de &ldquo;un proceso de sugesti&oacute;n colectiva&rdquo;.<br />&ldquo;No existi&oacute; ninguna vulneraci&oacute;n de derechos fundamentales ni en concreto del derecho a la presunci&oacute;n de inocencia, ya que el recurrente fue condenado en virtud de prueba de cargo obtenida con todas las garant&iacute;as, que fue introducida en el Plenario, que fue suficiente desde las exigencias derivadas del derecho a la presunci&oacute;n de inocencia, y prueba que, en fin, fue razonada y razonablemente valorada&rdquo;, dice la sentencia.</p> <p>A&ntilde;ade que las dos chicas hicieron un relato espont&aacute;neo y coincidente en lo esencial -tocamientos o roces epis&oacute;dicos por encima de la ropa en hombros, gl&uacute;teos y en genitales-, a lo que no afecta que por parte de la Guardia Civil se hiciera una pregunta a una de las ni&ntilde;as sobre la frecuencia de los tocamientos que fue claramente sugestiva y no neutra, al instarle a que dijese si todos los d&iacute;as que ten&iacute;a clase se produc&iacute;an los hechos, a lo que la ni&ntilde;a contest&oacute; que s&iacute;.</p> <p>&ldquo;Esta Sala considera, en sinton&iacute;a con lo razonado en la sentencia de instancia, que las menores Y y X no mienten en lo referente a los roces por la espalda, gl&uacute;teos y zona genital provocados por el recurrente con ocasi&oacute;n de las clases de guitarra pero pueden haber distorsionado los mismos en relaci&oacute;n al n&uacute;mero de veces&rdquo;, expone la resoluci&oacute;n.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=4683895d6b195510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 27 Jun 2016 15:30:00 +0200 El Supremo confirma la condena a un policía de Fuerteventura que detuvo a un abogado que iba a denunciarle http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=b384b78d5e775510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado la condena por delitos de detenci&oacute;n ilegal, denuncia falsa y falta de lesiones a un polic&iacute;a local de Puerto del Rosario (Fuerteventura) por su actuaci&oacute;n con un ciudadano que se person&oacute; en Comisar&iacute;a para denunciarle por llamarle &ldquo;imb&eacute;cil&rdquo;.</p> <p>La pena incluye ocho a&ntilde;os de inhabilitaci&oacute;n absoluta, que conlleva la p&eacute;rdida definitiva de la condici&oacute;n de funcionario de la Polic&iacute;a Local de Puerto del Rosario y la imposibilidad de obtener dicho empleo p&uacute;blico durante ocho a&ntilde;os en cualquier cuerpo policial del Estado. Adem&aacute;s, tendr&aacute; que pagar una multa de 8.550 euros, e indemnizar con 10.210 euros a la v&iacute;ctima, que es un abogado que lleva m&aacute;s de 25 a&ntilde;os ejerciendo en Fuerteventura.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=b384b78d5e775510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 22 Jun 2016 13:50:00 +0200 El Tribunal Supremo confirma la condena a la Junta de Extremadura a devolver 11,7 millones de euros a Iberdrola http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=fac5bd1e05275510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Supremo ha confirmado la sentencia del TSJ de Extremadura que estim&oacute; el recurso contencioso-administrativo promovido por Iberdrola Generaci&oacute;n, S.A.U contra la resoluci&oacute;n adoptada el 12 de abril de 2012 por la Junta Econ&oacute;mico-Administrativa de la Comunidad Aut&oacute;noma de Extremadura.</p> <p>Esta resoluci&oacute;n administrativa de revisi&oacute;n declar&oacute; que no hab&iacute;a lugar a las reclamaciones acumuladas instadas por la mencionada compa&ntilde;&iacute;a frente a la desestimaci&oacute;n presunta (despu&eacute;s expresa, mediante resoluci&oacute;n aprobada el 19 de noviembre de 2010 por el Jefe de la Secci&oacute;n de Gesti&oacute;n Tributaria y Juego de la Consejer&iacute;a de Administraci&oacute;n P&uacute;blica y Hacienda de la Junta de Extremadura) de la solicitud de devoluci&oacute;n de ingresos indebidos y rectificaci&oacute;n de la autoliquidaci&oacute;n del impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente, correspondiente al ejercicio 2009, por importe de 11.766.266,10 euros.</p> <p>El Tribunal Constitucional, en 2015, declar&oacute; inconstitucionales varios art&iacute;culos de la Ley extreme&ntilde;a 7/1997, de 29 de mayo, de Medidas Fiscales sobre la Producci&oacute;n y Transporte de Energ&iacute;a que incidan sobre el Medio Ambiente, que son los aplicados en los actos administrativos que se encuentran en el origen de este proceso.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=fac5bd1e05275510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 21 Jun 2016 12:20:00 +0200 El Tribunal Supremo fija que las personas jurídicas de Derecho Público no son titulares del derecho al honor http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=18abbd1e05275510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha fijado como doctrina jurisprudencial que "las personas jur&iacute;dicas de Derecho p&uacute;blico no son titulares del derecho al honor que garantiza el art&iacute;culo 18.1 de la Constituci&oacute;n espa&ntilde;ola".</p> <p>La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Fernando Pantale&oacute;n Prieto, rechaza el recurso de un Ayuntamiento asturiano que reclamaba que se declarase una vulneraci&oacute;n de su derecho al honor a ra&iacute;z de las alegaciones que hizo un particular con motivo de un expediente administrativo abierto sobre una concesi&oacute;n, cuestionando la propia apertura al no existir estudio de impacto ambiental ni informe de sanidad y denunciando que se falsific&oacute; la autorizaci&oacute;n de carreteras.</p> <p>La Sala Primera se cuestion&oacute; de oficio si el Ayuntamiento, en cuanto persona jur&iacute;dica de Derecho P&uacute;blico, sin individualizar a sus miembros, era o no titular del derecho fundamental al honor, concluyendo que no.</p> <p>Los magistrados se han basado en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, al estimar que el honor tiene en la Constituci&oacute;n un significado personalista y que por ello resulta inadecuado hablar de honor de las instituciones p&uacute;blicas.</p> <p>Se adjunta nota de la Sala.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=18abbd1e05275510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 21 Jun 2016 12:00:00 +0200 El Tribunal Supremo se pronuncia sobre los efectos de la incomparecencia del procurador en el acto de la vista http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2b08ebdfb7d65510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha estimado un recurso por infracci&oacute;n procesal que conlleva la anulaci&oacute;n de las dos sentencias dictadas en primera y en segunda instancia en un caso en el que, estando las partes presentes, incluidos los demandantes asistidos de su abogado, la procuradora de &eacute;stos no compareci&oacute; por causas que ellos ignoraban.</p> <p>La juez de primera instancia tuvo a la parte actora por incomparecida y solo de practic&oacute; la prueba documental propuesta por la parte demandada, desestim&aacute;ndose la demanda. La Audiencia Provincial confirm&oacute; posteriormente la sentencia.</p> <p>Ahora, el Tribunal Supremo, en una resoluci&oacute;n de la que ha sido ponente el magistrado Antonio Salas Carceller, se&ntilde;ala que si bien el art&iacute;culo 432 de la Ley de Enjuiciamiento Civil es clara al requerir la presencia de procurador y letrado para tener por comparecida a una parte, vistas las circunstancias del caso la decisi&oacute;n adoptada por la juez de primera instancia resulta desproporcionada y contraria a los derechos constitucionales de tutela judicial y defensa en juicio.</p> <p>El alto tribunal se&ntilde;ala que la incomparecencia del procurador puede comportar consecuencias disciplinarias, pero que no ha de suponer la privaci&oacute;n al litigante de toda posibilidad de defensa en juicio cuando &eacute;l mismo est&aacute; presente y asistido por un abogado, pudiendo el juez instar a la parte a sustituir al ausente por otro procurador incluso sin necesidad de apoderamiento previo.</p> <p>Se adjunta nota de la Sala.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2b08ebdfb7d65510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 20 Jun 2016 13:00:00 +0200 El Supremo establece que la retribución por vacaciones debe incluir todos los conceptos retributivos ordinarios http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=062298e8cf855510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado dos sentencias sobre la retribuci&oacute;n aplicable al per&iacute;odo de vacaciones, a la vista de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Uni&oacute;n Europea (TJUE) en sus sentencias de 22 de mayo 2014 en el asunto C-139/12 &ldquo;Lock&rdquo; y de 12 de junio de 2014, en el asunto c-118/13 &ldquo;Bollacke&rdquo;. La Sala, rectificando anterior doctrina, considera que la retribuci&oacute;n normal o media que ha de ser abonada a los trabajadores durante su per&iacute;odo de descanso anual y que debe fijar la negociaci&oacute;n colectiva en cada caso, seg&uacute;n la normativa contenida en el art&iacute;culo 7.1 del Convenio 132 OIT y en el art&iacute;culo 7 de la Directiva 2003/88, ha de atender no obstante a la finalidad de descanso efectivo que tienen las vacaciones retribuidas y no puede disuadir o desincentivar su disfrute. Mientras duren las vacaciones anuales debe mantenerse la retribuci&oacute;n del trabajador, que debe continuar percibiendo la retribuci&oacute;n ordinaria.</p> <p>Es por ello que en el caso de las empresas de contact center considerado en la primera de las dos sentencias simult&aacute;neamente deliberadas, un concepto como el de comisiones y/o incentivos a la producci&oacute;n variables y percibido con cierta habitualidad por los trabajadores de dicho sector debe ser incluido en la retribuci&oacute;n normal o media a percibir durante sus vacaciones.</p> <p>En el segundo de los recursos, referido a la empresa Telef&oacute;nica M&oacute;viles Espa&ntilde;a SAU, la Sala estima que, de los tres conceptos controvertidos en el caso, el bonus de devengo anual en funci&oacute;n de objetivos es un concepto extraordinario y retribuye de por s&iacute; las vacaciones incluidas en el per&iacute;odo anual considerado, por lo que no se a&ntilde;ade al importe a percibir durante el per&iacute;odo vacacional. Por el contrario el complemento de carrera comercial es un concepto fijo de devengo mensual y el complemento de disponibilidad es obligatorio para el personal que presta servicios en unidades que requieran un mantenimiento u operaci&oacute;n permanente, por lo que ambos complementos deben ser incluidos en la retribuci&oacute;n a percibir durante las vacaciones. Esta &uacute;ltima sentencia cuenta con dos votos particulares concurrentes con el fallo pero que discrepan de la fundamentaci&oacute;n expuesta en la decisi&oacute;n mayoritaria.</p> <p><em><strong>Se adjunta comunicado de la Sala</strong></em>.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=062298e8cf855510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 16 Jun 2016 14:00:00 +0200 El TS condena a cuatro años de cárcel a un empresario por la explotación ilegal de una cantera que alteró el espacio protegido de Las Médulas (León) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=c1ac46aa00455510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Tribunal Supremo ha confirmado los cuatro a&ntilde;os de c&aacute;rcel al consejero delegado de la empresa que explot&oacute; ilegalmente durante diez a&ntilde;os una cantera de piedra caliza en Carucedo (Le&oacute;n), provocando la alteraci&oacute;n del paisaje del Espacio Natural de Las M&eacute;dulas, y realizando vertidos a un arroyo y un embalse.</p> <p>La resoluci&oacute;n ratifica la condena que la Audiencia de Le&oacute;n impuso al empresario, J.L.M.P., por delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. Adem&aacute;s, deber&aacute; pagar 475.000 euros a la Consejer&iacute;a de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y Le&oacute;n para actuaciones de restauraci&oacute;n en la citada cantera, denominada Pe&ntilde;a del Rego, situada en la zona perif&eacute;rica de protecci&oacute;n de Las M&eacute;dulas.</p> <p>La sentencia confirmada consider&oacute; de &ldquo;gravedad extrema&rdquo; la alteraci&oacute;n del paisaje del Espacio Natural de Las M&eacute;dulas provocada por la cantera, al crear artificialmente un inmenso p&aacute;ramo, a lo que se sum&oacute; los vertidos al cauce fluvial del arroyo Balado y el embalse de Pe&ntilde;arrubia procedentes de la escorrent&iacute;a de la explotaci&oacute;n obviando la balsa de decantaci&oacute;n instalada.</p> <p>El alto tribunal, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Andr&eacute;s Mart&iacute;nez Arrieta, rechaza todos los motivos del recurso planteado por J.L.M.P. Primero desestima su pretensi&oacute;n de que la responsabilidad penal deb&iacute;a corresponder en todo caso a la empresa y no a &eacute;l, recordando que en la fecha de los hechos &ndash;entre 1997 y 2009&mdash;no estaba en vigor el art&iacute;culo del C&oacute;digo Penal que establece la responsabilidad penal de las personas jur&iacute;dicas, pero que, por otra parte, la responsabilidad penal de la persona f&iacute;sica es independiente de la posible de la empresa.</p> <p>El Supremo subraya que al menos durante 10 a&ntilde;os, en los cuales el recurrente fue consejero delegado la empresa, la misma &ldquo;actu&oacute; sin licencia y sin evaluaci&oacute;n del impacto ambiental lo que era conocido por el acusado, como consejero delegado de una empresa que actuaba a cielo abierto en un paraje especialmente protegido&rdquo;.</p> <p>La sentencia indica que &ldquo;la licencia se pidi&oacute; en 2007 cuando era precisa desde a&ntilde;os antes&rdquo;, y el acusado conoc&iacute;a o deb&iacute;a conocer &ldquo;la causaci&oacute;n del riesgo y de da&ntilde;os ecol&oacute;gicos en el paisaje y con la realizaci&oacute;n de vertidos al arroyo y al embalse. Ese conocimiento del da&ntilde;o causado y de lo que deb&iacute;a realizar para impedir su causaci&oacute;n, junto a la omisi&oacute;n voluntaria de un actuar adecuado a la exigencia de la norma, convierte a su conducta en dolosa pues refleja una indiferencia a la producci&oacute;n del da&ntilde;o por parte de quien est&eacute; especialmente obligado a presenciar al bien jur&iacute;dico como agente responsable de una actuaci&oacute;n peligrosa sometida a especiales cautelas que el recurrente no lleg&oacute; a realizar&rdquo;.</p> <p>&ldquo;Dada la actividad arriesgada y las exigencias derivadas de la singularidad de la industria realizada no cabe arg&uuml;ir un desconocimiento de la normativa aplicable, pues la singularidad de la industria exige un estudio consciente de la normativa aplicable, precisamente para subvenir el riesgo especialmente protegido&rdquo;, agrega.</p> <p>Por &uacute;ltimo, el Supremo rechaza la alegaci&oacute;n de J.L.M.P de que se hab&iacute;a infringido el derecho a la igualdad en este caso, al haber sido absuelto por la Audiencia de Le&oacute;n el alcalde de Carucedo de un delito de prevaricaci&oacute;n ambiental. &ldquo;Mientras el acusado recurrente era el consejero delegado de una empresa respecto a la que el hecho probado refiere su inacci&oacute;n para no evitar el da&ntilde;o producido, el Alcalde absuelto, seg&uacute;n se declara probado, resolvi&oacute; una solicitud de licencia que fue otorgada tras los distintos asesoramientos requeridos y que obran en el expediente, licencia que fue finalmente revocada por la jurisdicci&oacute;n contencioso administrativa. Como se motiva en la sentencia la exigencia t&iacute;pica de una actuaci&oacute;n "a sabiendas" del tipo penal de la prevaricaci&oacute;n medioambiental impide la aplicaci&oacute;n de la norma penal objeto de la acusaci&oacute;n. El presupuesto f&aacute;ctico de uno y otro acusado es distinto por lo que no existe vulneraci&oacute;n del derecho fundamental a la igualdad&rdquo;.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=c1ac46aa00455510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 15 Jun 2016 15:16:00 +0200 Condenada a 13 años de prisión una pareja empleada de una funeraria que planificó asesinar a un empresario http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=10e8c31fd7945510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Tribunal Supremo ha condenado a un total de 13 a&ntilde;os de c&aacute;rcel a un hombre y una mujer, que eran amantes y empleados de una funeraria, por concertarse para asesinar al suegro del hombre, que era un importante empresario. El plan criminal se frustr&oacute; porque la persona a la que encargaron organizar el asesinato se lo cont&oacute; a la Polic&iacute;a.</p> <p>La mujer, Ana Bel&eacute;n E.G., es condenada a 8 a&ntilde;os de prisi&oacute;n, por dos delitos de proposici&oacute;n de asesinato, ya que en su caso se ha probado que no s&oacute;lo encarg&oacute; acabar con la vida del suegro de su amante sino tambi&eacute;n con la de otro compa&ntilde;ero de trabajo con quien manten&iacute;a una relaci&oacute;n afectiva. La pena es de 4 a&ntilde;os por cada uno de los dos delitos.</p> <p>Por su parte, el hombre, Jes&uacute;s M.P.-P., es condenado a 5 a&ntilde;os de c&aacute;rcel por un delito de proposici&oacute;n de asesinato, el de su suegro, siendo de aplicaci&oacute;n en su caso la agravante de parentesco.</p> <p>El Supremo aprecia parcialmente los recursos de ambos acusados contra la sentencia de primera instancia, dictada por la Audiencia de Madrid, que impuso 10 a&ntilde;os de c&aacute;rcel a la mujer y 6 a&ntilde;os al hombre. El motivo es la estimaci&oacute;n de la atenuante de dilaciones indebidas (los hechos ocurrieron en 2008 y principios de 2009), por lo que se reduce la pena en un a&ntilde;o por cada uno de los delitos, de modo que se le imponen a la acusada cuatro a&ntilde;os de prisi&oacute;n por cada una de las proposiciones de asesinato y cinco a&ntilde;os al acusado por su proposici&oacute;n delictiva.<br />El alto tribunal rechaza la aplicaci&oacute;n de la figura del delito provocado al no quedar probado que la iniciativa en la decisi&oacute;n homicida de los acusados la llevara la persona que se habr&iacute;a de encargar de materializar los delitos de asesinato y que acab&oacute; denunciando los hechos a la polic&iacute;a.</p> <p>Asimismo, se desestima el recurso de casaci&oacute;n del suegro del acusado (acusador particular) por no darse los supuestos necesarios para imputarle a su yerno dos proposiciones de asesinato en lugar de una, ni tampoco los requisitos para las agravaciones punitivas que interesa para ambos acusados.</p> <p>Seg&uacute;n los hechos probados de la sentencia, Ana Bel&eacute;n y Jes&uacute;s comenzaron una relaci&oacute;n sentimental en el a&ntilde;o 2008, cuando se conocieron en el trabajo, que los dos desempe&ntilde;aban como empleados de la Funeraria Servisa. La acusada estaba casada, y manten&iacute;a, al tiempo que la relaci&oacute;n extramatrimonial con el acusado, una tercera relaci&oacute;n afectiva con otro compa&ntilde;ero de trabajo, que desconoc&iacute;a su relaci&oacute;n con aqu&eacute;l.</p> <p>El acusado estaba igualmente casado; disfrutando por raz&oacute;n de tal matrimonio, del alto nivel econ&oacute;mico del padre de su mujer, quien le minusvaloraba ya desde el noviazgo, consider&aacute;ndole sin preparaci&oacute;n ni formaci&oacute;n, de manera que para mantenerle apartado de sus propios negocios, le hizo firmar, previamente a la celebraci&oacute;n del matrimonio con su hija, el r&eacute;gimen econ&oacute;mico de separaci&oacute;n de bienes. &ldquo;Lo que no impidi&oacute;, pese al resentimiento del acusado, que &eacute;ste disfrutara la solvencia econ&oacute;mica de la esposa, conforme a su exclusivo inter&eacute;s, manejando el dinero de aqu&eacute;lla, que plenamente confiada en su marido no comprobaba extremo alguno referido a esta cuesti&oacute;n, como tampoco sospechaba de la relaci&oacute;n extramatrimonial que &eacute;l manten&iacute;a con la acusada, a la que la esposa conoc&iacute;a simplemente como una compa&ntilde;era de trabajo&rdquo;, seg&uacute;n se&ntilde;ala la resoluci&oacute;n.</p> <p>La amante, a trav&eacute;s de su relaci&oacute;n con Jes&uacute;s, &ldquo;se beneficiaba de la desahogada posici&oacute;n econ&oacute;mica de la mujer de su amante, disfrutando de viajes y estancias en hoteles, que el acusado cargaba a la cuenta de regalos de su boda con aqu&eacute;lla, o del pago de algunos de sus gastos ordinarios, tales como repostaje de gasolina, su compra diaria, o el pago de los recibos de la l&iacute;nea telef&oacute;nica que el acusado le procur&oacute;, solo para hablar con &eacute;l&rdquo;.</p> <p>&ldquo;Sabedores los acusados de que, a trav&eacute;s de la mujer de aqu&eacute;l podr&iacute;an seguir manejando el dinero del suegro, animados por el rencor que Jes&uacute;s Moreno sent&iacute;a hacia su suegro, y que su amante interioriz&oacute; como propio a lo largo de su relaci&oacute;n afectiva, idearon acabar con la vida de &eacute;ste, en la creencia de que de esta manera, la hija y esposa del acusado acceder&iacute;a a su parte de patrimonio&rdquo;, a&ntilde;aden los hechos probados.</p> <p>A tal fin, en el mes de septiembre de 2008 y durante los cuatro meses posteriores, Ana Bel&eacute;n contact&oacute; telef&oacute;nicamente con otro hombre, a quien conoc&iacute;a desde hac&iacute;a a&ntilde;os, &ldquo;con quien manten&iacute;a una fluida relaci&oacute;n incluso con connotaciones sexuales&rdquo;, y de quien ella pensaba que ten&iacute;a contactos con personas que pod&iacute;an acabar con la vida de otros. Entonces le manifest&oacute; su deseo, as&iacute; como el plan que hab&iacute;a tramado con Jes&uacute;s, de acabar con la vida del suegro, para disfrutar con su amante, de los beneficios de las empresas de aqu&eacute;l. Igualmente, le hizo saber su determinaci&oacute;n de matar a su otro amante en la funeraria, de quien dijo que le acosaba sexualmente, a&ntilde;adiendo que deber&iacute;a ser el primero en morir, porque podr&iacute;a llegar a sospechar que, ella y Jes&uacute;s Moreno, ten&iacute;an algo que ver en la muerte del empresario.</p> <p>El hombre contactado para realizar el crimen recibi&oacute; dinero de los acusados como adelanto, y Ana Bel&eacute;n le dio tambi&eacute;n datos sobre los dos objetivos, como veh&iacute;culo que usaban, horarios oficina o domicilio, y un juego de llaves de la vivienda del empresario. Sin embargo, lo que hizo el 26 de enero de 2009 fue contactar con la comisar&iacute;a de Polic&iacute;a de Alcal&aacute; de Henares y denunciar los hechos.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=10e8c31fd7945510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 13 Jun 2016 13:00:00 +0200 El Supremo limita el control de transparencia en los contratos hipotecarios a los no consumidores http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=d4b8745922a35510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Primera del Tribunal Supremo, reunida en Pleno, ha resuelto desestimar el recurso de casaci&oacute;n interpuesto contra una sentencia dictada por la Secci&oacute;n 4&ordf; de la Audiencia Provincial de A Coru&ntilde;a, con fecha 29 de mayo de 2014.</p> <p>La demandante, que hab&iacute;a suscribi&oacute; un contrato de pr&eacute;stamo con garant&iacute;a hipotecaria con la finalidad de financiar la adquisici&oacute;n de un local para la instalaci&oacute;n de una oficina de farmacia, formul&oacute; una demanda contra la entidad bancaria, en la que solicit&oacute; la nulidad de la cl&aacute;usula de limitaci&oacute;n del inter&eacute;s variable (cl&aacute;usula suelo) incluida en el contrato. La sentencia de primera instancia estim&oacute; parcialmente la demanda y orden&oacute; la eliminaci&oacute;n de la cl&aacute;usula litigiosa del contrato celebrado entre las partes.</p> <p>Interpuesto recurso de apelaci&oacute;n por la entidad prestamista, la Audiencia Provincial lo estim&oacute; tras confirmar la calificaci&oacute;n de la demandante como no consumidora y de la cl&aacute;usula analizada como una condici&oacute;n general de la contrataci&oacute;n. Consider&oacute; que la informaci&oacute;n ofrecida a la prestataria hab&iacute;a sido suficiente, que no se trataba de una cl&aacute;usula ilegible, ambigua e incomprensible, y que el denominado segundo control de transparencia &uacute;nicamente era aplicable en contratos con consumidores.</p> <p>En la sentencia analizada, de la que ha sido ponente el magistrado Pedro Jos&eacute; Vela Torres, la sala recuerda que tiene declarado que el control de transparencia supone que no pueden utilizarse cl&aacute;usulas que, pese a que gramaticalmente sean comprensibles y est&eacute;n redactadas en caracteres legibles, impliquen inopinadamente una alteraci&oacute;n del objeto del contrato o del equilibrio econ&oacute;mico sobre el precio y la prestaci&oacute;n, que pueda pasar inadvertida al adherente medio.</p> <p>Se adjunta nota informativa de la Sala.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=d4b8745922a35510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 10 Jun 2016 13:17:00 +0200 El Tribunal Supremo anula las condenas a los exresponsables del Palau de la Música http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2aca99429d435510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha anulado las condenas a un a&ntilde;o de prisi&oacute;n impuestas por la Audiencia Provincial de Barcelona a los exresponsables del Palau de la M&uacute;sica F&eacute;lix Millet y Jordi Montull por un delito de tr&aacute;fico de influencias en el caso del &lsquo;hotel Palau&rsquo;.</p> <p>El alto tribunal ha estimado los recursos interpuestos por los dos condenados y desestimado los recursos del fiscal, de la fundaci&oacute;n privada Orfe&oacute; Catal&aacute; Palau de la M&uacute;sica Catalana y de la Asociaci&oacute;n de Vecinos para la Revitalizaci&oacute;n del Casco Antiguo de Barcelona contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que, adem&aacute;s, absolvi&oacute; a la anterior c&uacute;pula de Urbanismo de Barcelona.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2aca99429d435510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 09 Jun 2016 13:40:00 +0200 El TS anula el acuerdo de las Juntas de Gipuzkoa contra la colocación de la bandera española http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=028b1294d0b25510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala III ha anulado el acuerdo de 14 de diciembre de 2011 de las Juntas Generales de Gipuzkoa que se mostraba disconforme con la obligaci&oacute;n de colocar la bandera espa&ntilde;ola en la sede de la Diputaci&oacute;n Foral de Gipuzkoa por entender que era una imposici&oacute;n inadmisible.</p> <p>Se adjunta nota informativa de la Sala.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=028b1294d0b25510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 07 Jun 2016 15:42:00 +0200 El Tribunal Supremo condena a dos años y medio de cárcel a una abogada que se apropió del patrimonio de su tía octogenaria http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=a356e9d8dba25510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala II del Tribunal Supremo ha condenado a dos a&ntilde;os y medio de c&aacute;rcel a una abogada que se apropi&oacute; del patrimonio de su t&iacute;a octogenaria ingresada en una residencia de la tercera edad en Tenerife que le hab&iacute;a encomendado la administraci&oacute;n de sus bienes, alcanzando la cuant&iacute;a defraudada la suma de 222.635 euros. Es considerada autora de un delito continuado de apropiaci&oacute;n indebida en la modalidad agravada por el valor de la defraudaci&oacute;n.</p> <p>El Supremo reduce los cuatro a&ntilde;os de prisi&oacute;n que impuso inicialmente la Audiencia de Tenerife a la acusada al apreciar, de acuerdo con la Fiscal&iacute;a, la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas en el proceso, que se refiere a unos hechos que comenzaron en 2005, cuando la anciana sufri&oacute; una ca&iacute;da en su domicilio de La Laguna y se vio obligada a ingresar en una residencia, otorgando un poder notarial general en favor de dos sobrinas, siendo desde entonces la acusada quien administr&oacute; de facto su patrimonio.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=a356e9d8dba25510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 07 Jun 2016 15:05:00 +0200 El Supremo condena a dos años de cárcel a un empresario de Zaragoza por la emisión de gases contaminantes en una planta tecnológica http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=f52de3eacf425510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de dos a&ntilde;os de c&aacute;rcel para un empresario zaragozano por la expulsi&oacute;n a la atm&oacute;sfera de gases contaminantes procedentes de frigor&iacute;ficos que eran triturados en una planta tecnol&oacute;gica en Zaragoza.</p> <p>El Supremo ratifica la inhabilitaci&oacute;n especial del empresario durante tres a&ntilde;os para el ejercicio de la profesi&oacute;n de gestor de residuos y confirma la pena de un a&ntilde;o de c&aacute;rcel para el encargado de la planta por el mismo delito.</p> <p>Tribunal Supremo resuelve con esta sentencia el recurso presentado por ambos condenados contra la sentencia dictada por la Secci&oacute;n VI de la Audiencia Provincial de Zaragoza, el 19 de noviembre de 2015, causa seguida por delitos contra el medio ambiente y recursos naturales.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=f52de3eacf425510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 06 Jun 2016 12:00:00 +0200 El Supremo confirma la sanción y liquidación del impuesto de dos millones de euros al constructor Enrique Ortiz correspondientes a su yate http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=d38a05029f015510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado una sanci&oacute;n de Hacienda de 860.341 euros a la empresa del constructor Enrique Ortiz, as&iacute; como la liquidaci&oacute;n, por importe de 1,2 millones de euros, del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, ejercicio 2008, correspondientes a su yate &lsquo;Elena&rsquo;, de 36 metros de eslora.</p> <p>El Supremo ratifica la sentencia de la Audiencia Nacional que desestim&oacute; las reclamaciones econ&oacute;mico-administrativas deducidas contra los acuerdos de liquidaci&oacute;n y de imposici&oacute;n de sanci&oacute;n, dictados por la Dependencia de Control Tributario y Aduanero de la Delegaci&oacute;n Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Estatal de Administraci&oacute;n Tributaria, por el concepto del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, ejercicio 2008, por importes respectivos de 1.234.584,16 euros y de 860.341 euros.</p> <p>La Inspecci&oacute;n levant&oacute; acta de disconformidad en relaci&oacute;n con el Buque &lsquo;Elena&rsquo; de la marca Benetti, modelo Classic 120 HIN, 110, de 36,6 metros de eslora, por su utilizaci&oacute;n en actividades de navegaci&oacute;n privada de recreo en el &aacute;mbito territorial de aplicaci&oacute;n del Impuesto Especial sobre determinados Medios de Transporte, sin haber solicitado la primera matriculaci&oacute;n definitiva en Espa&ntilde;a dentro del plazo de los 30 d&iacute;as siguientes al inicio de su utilizaci&oacute;n.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=d38a05029f015510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 02 Jun 2016 14:20:00 +0200 El Tribunal Supremo avala el Real Decreto y la Orden ministerial que regulan las instalaciones de energía renovable y los parámetros retributivos http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=197a7d6623e05510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha dictado tres sentencias desestimatorias de sendos recursos promovidos contra el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producci&oacute;n de energ&iacute;a el&eacute;ctrica a partir de fuentes de energ&iacute;a renovables, cogeneraci&oacute;n y residuos, y contra la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los par&aacute;metros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producci&oacute;n de energ&iacute;a.</p> <p>Las tres sentencias rechazan los recursos y cuentan con dos votos particulares firmados por 3 magistrados.</p> <p>Se adjunta nota informativa de la Sala.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=197a7d6623e05510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 02 Jun 2016 09:00:00 +0200 El Tribunal Supremo confirma la condena de un año prisión a un empresario de Algete (Madrid) por delito contra el medio ambiente http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=a63693e40ab05510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a un a&ntilde;o de prisi&oacute;n y multa de 3.650 euros al due&ntilde;o de una empresa de Algete, que se dedicaba al tratamiento y recubrimiento de metales, por los vertidos de l&iacute;quidos procedentes de dicha actividad, que superaron en m&aacute;s de diez veces lo permitido, produciendo un grave da&ntilde;o al medio ambiente.</p> <p>Los hechos probados recogen que el empresario condenado no ten&iacute;a licencia municipal para ejercer la citada actividad -en una parcela de 9000 metros situada en el t&eacute;rmino municipal de dicha localidad- ni autorizaci&oacute;n de la Confederaci&oacute;n Hidrogr&aacute;fica del Tajo ni estaba inscrito en el Registro de Establecimientos de la Comunidad de Madrid. Las instalaciones de la empresa eran obsoletas, empleando una maquinaria y un sistema de evacuaci&oacute;n de residuos y de depuraci&oacute;n de aguas con notables deficiencias que no pod&iacute;an evitar los vertidos.</p> <p>La sentencia subraya que en el caso de los metales pesados se hac&iacute;an en una arqueta que no recog&iacute;a todo lo que se derramaba al exterior con el peligro de que pudieran llegar al agua y por la cadena tr&oacute;fica o alimentaria, dar problemas de tipo renal, y por el cromo, producir c&aacute;ncer de pulm&oacute;n. A pesar de las inspecciones que se le hicieron desde el 2002, el empresario condenado, que conoc&iacute;a las deficiencias y las infracciones cometidas, continu&oacute; con su actividad hasta 2010.</p> <p>La Sala Segunda desestima el recurso de casaci&oacute;n interpuesto por el fiscal, que hab&iacute;a pedido que se impusiera al condenado una pena de cinco a&ntilde;os y seis meses de prisi&oacute;n, por el tipo agravado de riesgo de grave perjuicio para la salud. La sentencia afirma que una condena por el citado tipo agravado supondr&iacute;a una violaci&oacute;n del principio acusatorio al no haberse formulado acusaci&oacute;n espec&iacute;fica y concreta por tal delito que generar&iacute;a indefensi&oacute;n al condenado.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=a63693e40ab05510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 01 Jun 2016 14:29:00 +0200 El Tribunal Supremo condena a Brugal a indemnizar con 28,6 millones a su exdistribuidora en España http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=0cf393e40ab05510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Civil del TS ha condenado a Brugal &amp; Co a pagar una indemnizaci&oacute;n por clientela de 28,6 millones de euros a la empresa Diego Zamora, S.A., tras la rescisi&oacute;n unilateral en 2008 del contrato de distribuci&oacute;n en exclusiva de su ron en Espa&ntilde;a y Andorra que ten&iacute;a firmada la primera con la segunda.</p> <p>La sentencia recuerda que la indemnizaci&oacute;n por clientela viene contemplada en el art&iacute;culo 28.1 de la Ley de Contrato de Agencia, que establece que cuando se extinga el contrato, sea por tiempo determinado o indefinido, el agente que hubiese aportado nuevos clientes al empresario o incrementado sensiblemente sus operaciones con la clientela preexistente, tendr&aacute; derecho a una indemnizaci&oacute;n si su actividad anterior pudiera continuar produciendo ventajas sustanciales al empresario y resulta equitativamente procedente por la existencia de pactos de limitaci&oacute;n de competencia, por las comisiones que pierda o dem&aacute;s circunstancias que concurran.</p> <p>Tras la demanda de Diego Zamora, S.A. contra Brugal, en la que ped&iacute;a indemnizaciones por diferentes conceptos por hasta 375 millones de euros, el Juzgado de Primera Instancia n&uacute;mero 72 de Madrid resolvi&oacute; que proced&iacute;a indemnizaci&oacute;n &uacute;nicamente por el concepto de inversiones no amortizadas, de 13,6 millones de euros, rechazando las solicitadas por el concepto de da&ntilde;os y perjuicios y clientela. Tambi&eacute;n desestim&oacute; las peticiones de Brugal, que adem&aacute;s de pedir que se desestimaran las reclamaciones de Diego Zamora S.A., consideraba que dicha sociedad le deb&iacute;a pagar 8,5 millones de euros por el incumplimiento de pagar gastos de publicidad.</p> <p>Apelada esa sentencia a la Audiencia de Madrid por ambas partes, &eacute;sta estableci&oacute; que s&iacute; proced&iacute;a la indemnizaci&oacute;n por clientela, que fij&oacute; en 28,6 millones de euros, y revoc&oacute; la concedida por inversiones no amortizadas, adem&aacute;s de mantener el rechazo a las pretensiones de Brugal de ser indemnizada.</p> <p>La sentencia del Supremo rechaza los recursos de ambas partes y confirma el fallo de la Audiencia de Madrid. Recuerda que en febrero de 1996, Brugal firm&oacute; con Zamora Distribuci&oacute;n de Bebidas, S.L. (Zadibe) por el que la primera designaba a la segunda como distribuidora en exclusiva para Espa&ntilde;a y Andorra de sus productos. En 2002, Zadibe cedi&oacute; el contrato a Diego Zamora, S.A. con pleno consentimiento de Brugal.</p> <p>Asimismo, se destaca que &ldquo;a partir de la distribuci&oacute;n del Ron Brugal en Espa&ntilde;a por Zadibe y Diego Zamora, donde no era una marca conocida, dicha bebida alcoh&oacute;lica pas&oacute; a alcanzar una cuota de mercado en el a&ntilde;o 2008 del 20,4%, representando un 82% de las ventas de la Compa&ntilde;&iacute;a Brugal&rdquo;. El 8 de febrero de 2008, Diego Zamora, S.A. recibi&oacute; un burofax de Brugal, por el que se daba por terminado el contrato de distribuci&oacute;n.</p> <p>Entre otros puntos, Brugal rechazaba el c&aacute;lculo de la indemnizaci&oacute;n por clientela realizado en la sentencia, al se&ntilde;alar que se hab&iacute;an tenido en cuenta los datos econ&oacute;micos sobre las ventas realizadas por Zadibe, el distribuidor exclusivo hasta 2002, y no s&oacute;lo por Diego Zamora, que lo fue hasta 2008.<br />El alto tribunal recuerda que la Audiencia de Madrid consider&oacute; probado que Zadibe siempre constituy&oacute; el departamento o brazo comercial de Diego Zamora, de manera que ambas sociedades formaban una unidad patrimonial; as&iacute; como que la posici&oacute;n contractual de Zadibe fue cedida a Diego Zamora con el consentimiento de Brugal; y que el concedente nunca distingui&oacute; si el distribuidor era Zadibe o Diego Zamora.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=0cf393e40ab05510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 01 Jun 2016 14:15:00 +0200 El Tribunal Supremo condena a CAF a pagar 10,6 millones a otra empresa por el retraso en la entrega de nueve locomotoras http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=045b898d57605510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Tribunal Supremo ha condenado a la empresa constructora de ferrocarriles CAF, S.A., a pagar 10,6 millones de euros a Ferrocarriles del Suroeste, S.A. (FESUR) al dar por resuelto el contrato de compraventa de nueve locomotoras por el retraso en el cumplimiento de los plazos de entrega. Del dinero total que tendr&aacute; que abonar CAF a FESUR, 9,1 millones de euros corresponden a la restituci&oacute;n del importe pagado anticipadamente por la compradora (FESUR), que era un 30 por ciento del precio total del contrato, de 30,5 millones de euros. A esa cantidad de 9,1 millones se suman 1,5 millones de euros en concepto de indemnizaciones por: da&ntilde;os derivados de los costes incurridos por la celebraci&oacute;n de contratos de leasing (1 mill&oacute;n de euros), por la celebraci&oacute;n de contratos de financiaci&oacute;n (442.000 euros) y contratos de pr&eacute;stamos (34.800 euros).</p> <p>El Supremo estima el recurso de casaci&oacute;n de FESUR contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Guip&uacute;zcoa, que dio la raz&oacute;n a CAF al considerar la plena vigencia del contrato de fabricaci&oacute;n y suministro de las nueve nueve locomotoras BITRAC CC 3600, firmado el 4 de septiembre de 2007.</p> <p>El alto tribunal entiende que s&iacute; debe considerarse resuelto el contrato, como reclam&oacute; en 2010 FESUR ante el retraso de diez meses en la entrega de los bienes, que el Supremo juzga &ldquo;muy considerable&rdquo; en las exigencias propias del tr&aacute;fico mercantil, teniendo en cuenta que CAF no s&oacute;lo incumpli&oacute; los plazos de entrega inicialmente previstos, sino tambi&eacute;n los incluidos en su propia propuesta de reprogramaci&oacute;n del calendario de entregas (que FESUR no acept&oacute;).</p> <p>El Supremo confirma el pronunciamiento que hizo inicialmente el Juzgado de Primera Instancia n&uacute;mero 4 de Tolosa (Guip&uacute;zcoa), que ya dio la raz&oacute;n a FESUR, aunque lo corrige al considerar que no procede condenar adem&aacute;s a CAF a indemnizar con 1,5 millones de euros adicionales por el concepto de liquidaciones de contratos de cobertura de tipos de inter&eacute;s, ni al pago de 1,6 millones por penalizaci&oacute;n por retraso en la entrega de las locomotoras.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=045b898d57605510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 31 May 2016 13:00:00 +0200 El Tribunal Supremo obliga a la Junta de CyL a pagar 200.000 euros a un niño que sufre parálisis cerebral por daños sufridos durante el parto http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=a10e842799505510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha condenado a la Comunidad Aut&oacute;noma de Castilla y Le&oacute;n, y solidariamente a Z&uacute;rich Insurance PLC Espa&ntilde;a, a pagar 200.000 euros, en concepto de responsabilidad patrimonial, por los da&ntilde;os y perjuicios derivados de las graves lesiones sufridas por un beb&eacute; durante el parto. La sentencia estima el recurso de casaci&oacute;n interpuesto por los padres contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le&oacute;n que confirm&oacute; la orden de la Consejer&iacute;a de Sanidad denegando la indemnizaci&oacute;n. El Tribunal Supremo anula dicha sentencia que concluy&oacute; que la actuaci&oacute;n m&eacute;dica fue correcta y ajustada a lex artis.</p> <p>Los hechos ocurrieron en el Hospital General de Yag&uuml;e de Burgos, donde la madre, que estaba en la semana 41, ingres&oacute; para un parto inducido. A las 9,30 de la ma&ntilde;ana del d&iacute;a 3 de noviembre de 2006, la trasladaron a la sala de dilataci&oacute;n tras romper la bolsa de forma espont&aacute;nea. Durante seis horas de parto inducido - entre 10,15 horas hasta 16,21 horas- el patr&oacute;n de frecuencia fetal fue normal, pero seg&uacute;n los hechos probados, a las 16,48 se produjo el primer signo de compromiso fetal al sufrir una bradicardia de unos 6 minutos de duraci&oacute;n con latido cardiaco menor de 100 por minuto. Sobre las 17,10 horas, sufri&oacute; una nueva bradicardia y, al constatar que se hab&iacute;a producido un desprendimiento precoz de placenta, se realiza a la madre una ces&aacute;rea de urgencia a las 17,19 horas. El ni&ntilde;o sufre par&aacute;lisis cerebral esp&aacute;stica, retraso psicomotor y s&iacute;ndrome de West.</p> <p>La Sala Tercera en su sentencia afirma que de la prueba pericial se deduce que el episodio de bradicardia a las 16,48 horas, que dur&oacute; siete minutos o siete minutos y medio con latido cardiaco de menos de 100 por minuto, fue el primer signo de compromiso fetal. A&ntilde;ade que la decisi&oacute;n de no practicar la ces&aacute;rea entonces, y continuar con el parto -inducido-, supuso para la madre, pero sobre todo para el beb&eacute;, "una grave p&eacute;rdida de oportunidad terap&eacute;utica de evitar un desenlace tan grave como el que se produjo como consecuencia de la hip&oacute;xia padecida por el feto". Lo que s&iacute; se puede afirmar con certeza es que era una opci&oacute;n perfectamente indicada al caso, que con un porcentaje de probabilidades muy alto habr&iacute;a evitado o aminorado la situaci&oacute;n de asfixia perinatal del feto y las severas complicaciones neurol&oacute;gicas que sufre el ni&ntilde;o, subraya la sentencia. Asimismo, considera que la p&eacute;rdida de oportunidad que sufri&oacute; el beb&eacute; es consecuencia directa de la decisi&oacute;n terap&eacute;utica que adoptaron los ginec&oacute;logos y personal sanitario que atendieron el parto.</p> <p>Los padres solicitaban una indemnizaci&oacute;n de 350.000 euros, m&aacute;s una renta vitalicia de 3000 euros mensuales, o en caso de no fijarse cantidad alguna por este extremo, elevar la indemnizaci&oacute;n a 550.000 euros. Sin embargo, la Sala obliga a la Comunidad Aut&oacute;noma a pagar una cantidad inferior porque considera que no son indemnizables los gastos por adaptaci&oacute;n de vivienda y de veh&iacute;culo al no haberse acreditado la efectiva realizaci&oacute;n de los mismos.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=a10e842799505510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 31 May 2016 09:00:00 +0200 El Supremo rechaza la ampliación del campo de golf ‘El Plantío’ de Alicante http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=b7dd65098fce4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>Tres sentencias de la Sala de lo Contencioso-administrativo han avalado la anulaci&oacute;n del acuerdo del Gobierno valenciano que autoriz&oacute;, en mayo de 2010, la ampliaci&oacute;n del campo de golf de El Plant&iacute;o en Alicante.</p> <p>Las sentencias rechazan los recursos de la Generalitat valenciana y de la sociedad El Plant&iacute;o Golf Resort, S.L., contra la resoluci&oacute;n del Tribunal Superior de Justicia de Valencia que anul&oacute;, por ser contrario a derecho, el acuerdo del Consell de 7 de mayo de 2010 que aprob&oacute; la ordenaci&oacute;n urban&iacute;stica y declaraci&oacute;n de inter&eacute;s comunitario (DIC) relativa a la atribuci&oacute;n de uso y aprovechamiento solicitado por la mercantil Royal Class Report, S.L., para la actuaci&oacute;n integral &lsquo;Green Valley Golf Resort&rdquo;, adjudic&aacute;ndose a la mercantil &ldquo;El Plant&iacute;o Golf Resort, S.L.&rdquo;.</p> <p>El citado acuerdo fue anulado por el TSJ valenciano a instancias de Federaci&oacute;n de Ecologistas en Acci&oacute;n del Pa&iacute;s Valenciano, Esquerra Unida-EUPV, y varios particulares.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=b7dd65098fce4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 26 May 2016 14:30:00 +0200 El Supremo rechaza dos recursos para compensar a las concesionarias de las autopistas R2 y R4 por el sobrecoste de las expropiaciones http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=df3622edfcce4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Contencioso-administrativo ha rechazado, en dos sentencias, los recursos de las sociedades Henarsa (concesionaria de la autopista radial de Madrid R2) y Autopista Madrid Sur Concesionaria Espa&ntilde;ola, S.A. (concesionaria de la R4) contra la denegaci&oacute;n por parte del Gobierno, entre 2011 y 2013, de varios pr&eacute;stamos participativos por el sobrecoste de las expropiaciones.</p> <p>Seg&uacute;n se especifica en la sentencia relativa a Henarsa, esta sociedad reclamaba que la Administraci&oacute;n fuese condenada a abonarle dichos pr&eacute;stamos por un total de 97,8 millones de euros m&aacute;s intereses.</p> <p>Las dos sociedades, en sus recursos, basaban su petici&oacute;n de pr&eacute;stamos participativos en la Disposici&oacute;n Adicional 41 de la Ley 26/2009, de Presupuestos Generales del Estado, para 2010, que reconoce a las concesionarias de una serie de autopistas, entre las que se inclu&iacute;a las suyas, un derecho al reequilibrio financiero de la concesi&oacute;n, derivado de la ruptura de la econom&iacute;a del contrato producida por sobrecoste de las expropiaciones.</p> <p>La decisi&oacute;n del Supremo se basa en que la disposici&oacute;n adicional 41 de la Ley 26/2009 no prev&eacute; que empresas concesionarias en situaci&oacute;n de concurso pueda ser beneficiarias de uno de estos cr&eacute;ditos participativos (definidos como instrumentos de financiaci&oacute;n ventajosos).</p> <p>Las dos sentencias cuentan con votos particulares de 3 de los 7 magistrados que formaron el tribunal, partidarios de haber estimado los recursos y dado la raz&oacute;n a las sociedades concesionarias.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=df3622edfcce4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 26 May 2016 14:00:00 +0200 El Tribunal Supremo condena al BBVA a indemnizar a un cliente por hacer una transferencia a su nombre sin comprobar la autenticidad de la firma http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=e16581c57a7e4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Civil ha condenado al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria a devolver 117.249,25 euros a un cliente por realizar una transferencia a su nombre sin comprobar la autenticidad de la firma del fax que se recibi&oacute; en una sucursal de la entidad bancaria ordenando la operaci&oacute;n.</p> <p>La sentencia considera que el banco no despleg&oacute; toda la diligencia profesional exigible a una entidad bancaria en sus deberes de gesti&oacute;n y custodia de una cuenta corriente al no llamar por tel&eacute;fono al titular de la misma para cerciorarse de la veracidad de la citada orden de transferencia.</p> <p>A&ntilde;ade que en este caso la comprobaci&oacute;n de la firma por parte del banco resulta m&aacute;s evidenciada no s&oacute;lo por lo dispuesto en el art&iacute;culo 255 del C&oacute;digo de Comercio que impone al comisionista el deber de consultar al comitente "en lo no previsto y prescrito expresamente", sino tambi&eacute;n por las circunstancias que se dieron.<br />Tiene en cuenta que el titular de la cuenta, antes de la orden de transferencia, s&oacute;lo efectuaba ingresos y no retiraba fondos, que la citada orden se realiz&oacute; por un medio no habitual como es el fax y que presentaba claras irregularidades en el nombre del beneficiario y en su n&uacute;mero de cuenta, y adem&aacute;s no aportaba los datos de identificaci&oacute;n del ordenante.</p> <p>Del mismo modo, se&ntilde;ala que el contrato que firmaron ambas partes para la apertura del Libret&oacute;n BBVA no contemplaba este medio de pago. La cl&aacute;usula segunda del mismo, relativa a la utilizaci&oacute;n de la cuenta, establec&iacute;a que s&oacute;lo ser&aacute; disponible a trav&eacute;s de los medios que las partes convengan. La cl&aacute;usula tres recog&iacute;a que las &oacute;rdenes emitidas a distancia por el titular, o remitidas por el banco a aqu&eacute;l, por telegrama, tel&eacute;fono, telefax y cualquier otro medio telem&aacute;tico ser&aacute;n cumplimentadas &uacute;nicamente cuando vengan acompa&ntilde;adas de las claves, requisitos t&eacute;cnicos o indicaciones previamente establecidas.</p> <p>Los hechos considerados probados ocurrieron en 2005 cuando en una oficina del BBVA de la calle Gran V&iacute;a de Madrid se recibi&oacute; un fax, aparentemente del titular de la cuenta, ordenando la transferencia por importe de 116.898 euros a favor de una sociedad. El banco realiz&oacute; la operaci&oacute;n a pesar de que la orden no ten&iacute;a membrete ni datos de identificaci&oacute;n del ordenante y tampoco recog&iacute;a con exactitud el nombre de la empresa beneficiaria y su n&uacute;mero de cuenta; datos que fueron corregidos por la entidad al tratarse a su vez de un cliente suyo.</p> <p>El juzgado de instancia sentenci&oacute; que hubo negligencia por parte del banco y deneg&oacute; la prueba pericial caligr&aacute;fica solicitada por el cliente porque era imposible realizarla al tratarse de un fax recibido por la sucursal del que s&oacute;lo hab&iacute;a copia.</p> <p>La Audiencia Provincial de Madrid, en cambio, dio la raz&oacute;n a la entidad bancaria y mantuvo que la &uacute;nica forma de acreditar que la firma no correspond&iacute;a al titular, y que se hab&iacute;a incumplido el contrato, era haber practicado una pericial.</p> <p>La Sala de lo Civil estima el recurso extraordinario por infracci&oacute;n procesal interpuesto contra dicha sentencia por el titular de la cuenta en el que alega que la sentencia recurrida hace recaer en &eacute;l, de forma indebida, la carga de probar la falsedad de la firma inserta en el fax pese a no existir un original de la supuesta orden de transferencia.</p> <p>De acuerdo con su doctrina, la sentencia indica que es incorrecta y desproporcionada la imputaci&oacute;n al cliente de los efectos negativos de la falta de la prueba que hace la Audiencia Provincial de Madrid, ya que no tuvo ninguna oportunidad de disponibilidad y facilidad probatoria sobre este hecho, pues aunque solicit&oacute; la pericial caligr&aacute;fica no ten&iacute;a el original que era necesario para practicarla con cierto grado de garant&iacute;a.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=e16581c57a7e4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 25 May 2016 16:00:00 +0200 Condenada la responsable de una academia de inglés de Valencia por engañar a una universidad escocesa http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=b33f7d7a747e4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a tres a&ntilde;os y seis meses de prisi&oacute;n a una profesora de ingl&eacute;s que administraba una academia valenciana, por estafar a una universidad escocesa.</p> <p>Seg&uacute;n la sentencia, la docente enga&ntilde;&oacute; a la Universidad de St. Andrews, en Edimburgo, con la organizaci&oacute;n de cursos de ingl&eacute;s para estudiantes espa&ntilde;oles durante al menos dos a&ntilde;os.</p> <p>La condenada envi&oacute; alumnos espa&ntilde;oles a este centro educativo escoc&eacute;s, pero no abon&oacute; la totalidad de los importes de los cursos concertados, bajo el pretexto de que las estancias correspond&iacute;an a un convenio firmado entre su academia y el Ayuntamiento de Valencia, quien no hab&iacute;a abonado el dinero conveniado.</p> <p>El Tribunal Supremo confirma as&iacute; la sentencia de la Secci&oacute;n Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia, que tambi&eacute;n contempla una indemnizaci&oacute;n de m&aacute;s de 300.000 euros para la universidad estafada.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=b33f7d7a747e4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 25 May 2016 12:45:00 +0200 Anulada la sanción al Partido Aragonés por haber recibido donaciones anónimas http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=dbad61be41ec4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala III del Tribunal Supremo ha anulado el acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas, de 30 de abril de 2015, que impuso al Partido Aragon&eacute;s una multa de 164.960 euros por haber recibido donaciones an&oacute;nimas. La causa de la anulaci&oacute;n es que los hechos imputados a la formaci&oacute;n pol&iacute;tica estaban prescritos.</p> <p>La sentencia destaca que no es ajena a las dificultades de persecuci&oacute;n de determinadas infracciones y a la frustraci&oacute;n social que puede producir una soluci&oacute;n como la de este caso &ldquo;si se tiene en cuenta la gran preocupaci&oacute;n ciudadana existente sobre el problema de la financiaci&oacute;n irregular de los partidos pol&iacute;ticos&rdquo;.</p> <p>Por eso, destaca &ldquo;la extra&ntilde;eza que provoca que una regulaci&oacute;n de tanta transcendencia fuese inicialmente aprobada con esas importantes omisiones e imperfecciones (buena prueba de ello son las dos important&iacute;simas modificaciones a que ha sido sometida la Ley Org&aacute;nica 8/2007 en un breve espacio de tiempo)&rdquo;. Pero indica que &ldquo;no es posible subsanar esas carencias normativas con una labor de pura hermen&eacute;utica jur&iacute;dica cuando &eacute;sta resulta incompatible con lo que demandan determinadas garant&iacute;as que tienen, nada m&aacute;s y nada menos, el rango de derecho fundamental&rdquo;.</p> <p>La sentencia cuenta con el voto particular de uno de los siete magistrados que la han dictado, Jos&eacute; Manuel Sieira, partidario de haber confirmado la sanci&oacute;n.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=dbad61be41ec4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 20 May 2016 14:30:00 +0200 El Supremo avala la ordenanza que prohíbe el nudismo en las playas urbanas de Cádiz http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=dbaed3532bdc4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala III del Tribunal Supremo ha avalado la Ordenanza municipal de uso y disfrute de las playas de C&aacute;diz, aprobada en el pleno del Ayuntamiento el 3 de julio de 2009, que proh&iacute;be la pr&aacute;ctica del nudismo en las playas que tengan la consideraci&oacute;n de urbanas, y lo permite en las clasificadas como naturales sin protecci&oacute;n especial siempre y cuando existiese una zona habilitada para ello. La misma Ordenanza tipifica como infracci&oacute;n administrativa leve la pr&aacute;ctica del nudismo en sus playas urbanas.</p> <p>El Supremo rechaza el recurso de la Federaci&oacute;n Espa&ntilde;ola de Naturismo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc&iacute;a, de 19 de diciembre de 2013, que ya aval&oacute; la capacidad del Ayuntamiento gaditano para establecer dichas limitaciones.</p> <p>El alto tribunal argumenta que la actitud personal consistente en estar desnudo en un espacio p&uacute;blico, como la playa, no constituye manifestaci&oacute;n del derecho fundamental a la libertad ideol&oacute;gica previsto en el art&iacute;culo 16 de la Constituci&oacute;n. Por eso, a&ntilde;ade, la entidad local puede limitar el ejercicio de tal actividad, prohibi&eacute;ndola y sancion&aacute;ndola administrativamente, por estar habilitada por la Ley Reguladora de las Bases de R&eacute;gimen Local y por afectar directa e inmediatamente a las relaciones de convivencia de inter&eacute;s local a las que esa norma se refiere.</p> <p>Resalta tambi&eacute;n el Supremo que la limitaci&oacute;n y la infracci&oacute;n previstas en la Ordenanza municipal recurrida no pueden reputarse discriminatorias, ni contrarias a los principios de legalidad y tipicidad. Y tampoco suponen el acogimiento de un concepto excluyente de familia, ni desconocen los avances sociales en el concepto de costumbres generalmente admitidas, ni, en fin, reintroducen en nuestro ordenamiento el delito de esc&aacute;ndalo p&uacute;blico.</p> <p>La Sala reproduce los argumentos ya esgrimidos frente a recursos contra ordenanzasde prohibici&oacute;n de nudismo referidos a Barcelona, Valladolid y la localidad de Castella-Platja de Aro.</p> <p>En el caso de C&aacute;diz, los dos art&iacute;culos de la Ordenanza de 2009 que afectan a este asunto se&ntilde;alan:</p> <p>&ldquo;Art&iacute;culo 14.- NORMAS GENERALES. La utilizaci&oacute;n del dominio p&uacute;blico mar&iacute;timo terrestre, ser&aacute; libre, p&uacute;bli-ca y gratuita, para los usos comunes y acordes con la naturaleza de aqu&eacute;l, tales como estar, pasear, ba&ntilde;ar-se, y otros semejantes que no requieran obras o instalaciones de ning&uacute;n tipo, y siempre que estas activida-des se realicen de acuerdo con lo dispuesto en las Leyes y Reglamentos y en la presente Ordenanza, sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Costas y su Reglamento sobre las reservas demaniales.</p> <p>No obstante, se proh&iacute;be la pr&aacute;ctica del nudismo en las playas que tengan la consideraci&oacute;n de urbanas.<br />En las playas clasificadas como naturales sin protecci&oacute;n especial, se podr&aacute; practicar el nudismo siempre y cuando exista una zona habilitada para ello&rdquo;.</p> <p>&ldquo;Art&iacute;culo 30.- TIPIFICACI&Oacute;N DE INFRACCIONES. Constituyen infracciones administrativas las acciones u omisiones tipificadas por la normativa sectorial espec&iacute;fica como incumplimiento de deberes, prohibiciones, limitaciones u obligaciones contenidas en las mismas. En defecto de normativa espec&iacute;fica y de acuerdo con lo establecido en los Art. 139 y siguientes de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernizaci&oacute;n del Gobierno Local, se efect&uacute;a la siguiente clasificaci&oacute;n de infracciones:</p> <p>1.- Se consideran infracciones leves:<br />(&hellip;)<br />La pr&aacute;ctica del nudismo en las playas catalogadas como urbanas&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=dbaed3532bdc4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 20 May 2016 12:47:00 +0200 El Tribunal Supremo investigará a Francesc Homs por la consulta del 9N http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=000a4931c58c4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Tribunal Supremo ha abierto el procedimiento contra el exconseller de la Presidencia y portavoz del Gobierno de Catalu&ntilde;a, Francesc Homs, por delitos de desobediencia, prevaricaci&oacute;n y malversaci&oacute;n.</p> <p>La Sala hace suyo el criterio del fiscal y considera que existen indicios para investigar la conducta del aforado en los actos de preparaci&oacute;n de la votaci&oacute;n convocada para el 9N.</p> <p>En l&iacute;nea con el fiscal, la Sala rechaza la pretensi&oacute;n del juez instructor de la querella, que envi&oacute; toda la causa al Tribunal Supremo. Bas&aacute;ndose en su propia doctrina, los magistrados acuerdan acotar su investigaci&oacute;n al aforado y que el resto se mantenga en el Tribunal Superior de Justicia de Catalu&ntilde;a.</p> <p>Se nombra magistrado instructor al magistrado Andr&eacute;s Palomo.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=000a4931c58c4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 19 May 2016 11:30:00 +0200 El Supremo confirma la pena a un detenido en Canarias por enaltecer la figura de Bin Laden en videos que subía a 'YouTube' http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=1329b2095b3c4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de un a&ntilde;o y seis meses de c&aacute;rcel a I. E. M., detenido en San Bartolom&eacute; de Tirajana (Gran Canaria), por delito de enaltecimiento del terrorismo, por subir una treintena de v&iacute;deos al canal &lsquo;YouTube&rsquo; en los que se exalta a Osama Bin Laden, a quien se nombra como &lsquo;El im&aacute;n de los imanes&rsquo;, y al yihadismo en general. El Supremo rechaza &iacute;ntegramente el recurso del acusado contra la sentencia de la Audiencia Nacional que le conden&oacute;.</p> <p>El alto tribunal avala la actuaci&oacute;n del juez Central de Instrucci&oacute;n n&uacute;mero 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, que llev&oacute; el caso, al dictar las intervenciones del tel&eacute;fono del acusado y otras personas, y descarta aplicar al caso la atenuante de dilaciones indebidas por el hecho de que hubiese un sobreseimiento parcial y provisional de la causa, posteriormente levantado.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=1329b2095b3c4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 18 May 2016 14:08:00 +0200 El Tribunal Supremo condena a un policía que endosó una multa de tráfico suya a una vecina de Miranda de Ebro (Burgos) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=accde0bfe63c4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala II del Tribunal Supremo ha condenado a un polic&iacute;a nacional, captado por un radar cuando conduc&iacute;a su veh&iacute;culo particular a 90 km/h por la Castellana, por identificar falsamente como conductora del coche a una vecina de la localidad de Miranda de Ebro. La sentencia le condena por delito de intento de estafa a 3 meses de prisi&oacute;n.</p> <p>El alto tribunal anula la condena por el delito de descubrimiento y revelaci&oacute;n de secretos, que tambi&eacute;n apreci&oacute; en primera instancia la Audiencia de Madrid, al no considerar probado que los datos de dicha mujer los obtuviese el acusado de las bases de datos que ten&iacute;a a su disposici&oacute;n como agente de Polic&iacute;a. Por ello, la pena se rebaja de 2 a&ntilde;os y medio de c&aacute;rcel, a tres meses.</p> <p>Los hechos ocurrieron a las 4:28 horas del 23 de marzo de 2011, cuando el agente, al volante de su turismo, fue detectado en el Paseo de la Castellana, de Madrid, por un radar est&aacute;tico circulando a velocidad excesiva (91 kil&oacute;metros por hora, cuando el l&iacute;mite, al ser casco urbano, era de 50 km/h. La infracci&oacute;n, de car&aacute;cter grave, llevaba aparejada 500 euros de multa y 6 puntos del carn&eacute;.</p> <p>Al ser requerido para identificar al conductor, hizo constar en el impreso oficial, por s&iacute; mismo u otra persona a instancia suya, el nombre y direcci&oacute;n de una vecina de Miranda de Ebro (Burgos), que en marzo de 2012 recibi&oacute; una notificaci&oacute;n de Tr&aacute;fico detallando la p&eacute;rdida de puntos, lo que destap&oacute; el enga&ntilde;o. La mujer, en el momento de la captaci&oacute;n por el radar de la infracci&oacute;n de velocidad, se encontraba en Burgos.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=accde0bfe63c4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 18 May 2016 13:24:00 +0200 El Supremo confirma la pena 296 años de cárcel a Alberdi Uranga y Narváez Goñi por el atentado de ETA en Madrid que costó la vida a dos TEDAX http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=a45dcfbc6beb4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 296 a&ntilde;os de c&aacute;rcel impuesta por la Audiencia Nacional a Itziar Alberdi Uranga y Juan Jes&uacute;s Narv&aacute;ez Go&ntilde;i por el atentado de ETA con paquete-bomba que cost&oacute; la vida el 12 de junio de 1991 en Madrid a dos miembros de los TEDAX (especialistas en desactivaci&oacute;n de explosivos de la Polic&iacute;a Nacional) que intentaban desactivar el artefacto.</p> <p>El Supremo rechaza los recursos de los dos condenados, que consideraban vulnerado su derecho a la presunci&oacute;n de inocencia, y remarca que la Audiencia realiz&oacute; inferencias plenamente racionales a partir de las pruebas existentes para basar la condena.</p> <p>Alberdi Uranga y Narv&aacute;ez Go&ntilde;i fueron condenados, cada uno, por dos delitos de asesinato; diez de asesinato frustrado, y otro de estragos. Adem&aacute;s, tendr&aacute;n que indemnizar, de forma solidaria con el ya condenado por estos hechos Jos&eacute; Luis Urrusolo Sistiaga, con 350.000 euros a cada de una de las familias de las dos v&iacute;ctimas mortales, y con diferentes cantidades a los diez heridos, y con 122.000 euros a la Polic&iacute;a por da&ntilde;os materiales en sus veh&iacute;culos y equipos.</p> <p>El atentado fue perpetrado por el &lsquo;comando Ekaitz&rsquo; de ETA dentro de una campa&ntilde;a contra empresas que participaban en la construcci&oacute;n de la autov&iacute;a de Leizar&aacute;n. El paquete-bomba iba dirigido a una constructora en Madrid, pero no pudo entregarse porque dicha empresa hab&iacute;a cambiado de direcci&oacute;n. El env&iacute;o fue devuelto entonces a los locales de la empresa de transporte, Servitrans, que comprob&oacute; que el remite era falso y avis&oacute; a la Polic&iacute;a.</p> <p>El Supremo se&ntilde;ala que &ldquo;desde la consideraci&oacute;n de que el atentado se perpetr&oacute; por el comando Ekaitz, integrado al menos por Urrusolo Sistiaga y Nav&aacute;ez Go&ntilde;i, la sentencia de instancia recoge la plena acreditaci&oacute;n de los hechos base con los que se concluye que Itziar Alberdi pertenec&iacute;a al comando Ekaitz y que no son otros que: a) haber firmado ella el contrato de arrendamiento del piso de Valencia que estaba a disposici&oacute;n del comando y b) que nueve meses despu&eacute;s de esa contrataci&oacute;n se constatara que su vinculaci&oacute;n con el comando no hab&iacute;a sido s&oacute;lo de arranque, sino permanente, habida cuenta que en el registro que se realiz&oacute; entonces, no s&oacute;lo se encontraron explosivos y documentaci&oacute;n de ETA, sino que se encontraron huellas de Jos&eacute; Luis Urrusolo, de Juan Jes&uacute;s Narv&aacute;ez y de ella misma&rdquo;.</p> <p>A&ntilde;ade que &ldquo;la acreditaci&oacute;n de que Itziar Alberdi se integraba de manera estable en el comando que ejecut&oacute; la acci&oacute;n delictiva y que lo estuvo durante el tiempo en que se perpetraron los asesinatos, refleja que su alegaci&oacute;n de que la lista de empresas de trasporte pudo realizarse por finalidades dom&eacute;sticas o que pudo venir motivada por otra finalidad diferente del env&iacute;o del explosivo, es una construcci&oacute;n que no resulta fundadamente atendible por el mero hecho de resultar materialmente factible&rdquo;.</p> <p>&ldquo;La anotaci&oacute;n de la recurrente &ndash;contin&uacute;a la resoluci&oacute;n, de la que ha sido ponente el magistrado Pablo Llarena-- en la que se referenciaba la agencia de transporte desde la que precisamente se efectu&oacute; el env&iacute;o y en la que se describ&iacute;a el itinerario y la duraci&oacute;n de la expedici&oacute;n que sigui&oacute; el paquete bomba, coincide con otros elementos que le conectan directamente con la planificaci&oacute;n y ejecuci&oacute;n del atentado, como son: a) su pertenencia al comando, b) que a su compa&ntilde;ero de comando, Jos&eacute; Luis Urrusolo Sistiaga, se le incautara una nota con el nombre, el cargo y la direcci&oacute;n empresarial del destinatario y c) que su tambi&eacute;n compa&ntilde;ero de comando, Juan Jes&uacute;s Narv&aacute;ez Go&ntilde;i, fuera quien particip&oacute; en la confecci&oacute;n del paquete explosivo remitido&rdquo;. &ldquo;De este modo, se revalida la inferencia del Tribunal de instancia como plenamente racional y acorde con el material probatorio aportado&rdquo;, concluye la sentencia.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=a45dcfbc6beb4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 17 May 2016 16:05:00 +0200 El Supremo ratifica la ordenanza municipal que prohíbe ir desnudo por Valladolid http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=f9c67c04b8eb4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Contencioso-administrativo del alto tribunal ha ratificado la Ordenanza Municipal de Protecci&oacute;n de la Convivencia Ciudadana y Prevenci&oacute;n de Actuaciones Antisociales del Ayuntamiento de Valladolid que proh&iacute;be ir desnudo en los espacios y v&iacute;as de uso p&uacute;blico, aunque ha anulado la expresi&oacute;n &ldquo;semidesnuda&rdquo; incluida en la misma por la indeterminaci&oacute;n del concepto.</p> <p>La sentencia considera que dicha prohibici&oacute;n de estar desnudo o transitar en ba&ntilde;ador no supone que se conculquen los derechos a la libertad ideol&oacute;gica, de pensamiento de creencias &ndash;art&iacute;culo 16 Constituci&oacute;n- como alega, entre otros motivos, la Federaci&oacute;n Espa&ntilde;ola de Naturismo en su recurso.</p> <p>En este sentido, afirma que no se puede compartir la idea de que &ldquo;estar desnudo&rdquo; en cualquier espacio p&uacute;blico constituya sin m&aacute;s la manifestaci&oacute;n externa de la libertad de pensamiento, ideas o creencias o&nbsp;que la desnudez misma deba ser entendida como un aut&eacute;ntico derecho ejercitable en todo lugar p&uacute;blico.</p> <p>Tambi&eacute;n a&ntilde;ade que tampoco puede defenderse la existencia de un derecho fundamental a deambular, transitar o estar en esos lugares &ldquo;en ba&ntilde;ador&rdquo;, &ldquo;pues no se alcanza a entender qu&eacute; libertad fundamental se ejercita, necesariamente, vestido con dicha prenda&rdquo;.</p> <p>La Sala Tercera afirma que con tal regulaci&oacute;n no se pretende establecer un concepto oficial de moral, ni imponerlo coercitivamente a quienes no lo comparten y, adem&aacute;s, subraya que se trata, simplemente, de asegurar unas condiciones de uso de los lugares p&uacute;blicos que re&uacute;nan unos m&iacute;nimos de aceptaci&oacute;n por los residentes y visitantes de la ciudad.</p> <p>Asimismo, considera que la Ordenanza municipal impugnada &ldquo;no condena, restringe o limita las creencias o las opiniones de los ciudadanos en relaci&oacute;n con el naturismo, sino que hace algo m&aacute;s simple: prohibir la desnudez en los lugares de uso p&uacute;blico general del territorio municipal y tipificar como infracci&oacute;n el incumplimiento de esa prohibici&oacute;n&rdquo;.</p> <p>Del mismo modo, reitera la doctrina de la Sala que establece que las Corporaciones Locales tienen competencia para prohibir que las personas vayan, est&eacute;n o transiten desnudas por los espacios p&uacute;blicos por estar legalmente habilitadas por la ley y no restringir con tal prohibici&oacute;n el ejercicio de derechos fundamentales.</p> <p>La sentencia estima parcialmente el recurso interpuesto por la Federaci&oacute;n Espa&ntilde;ola de Naturismo y anula la expresi&oacute;n que proh&iacute;be ir o estar en lugares p&uacute;blicos &ldquo;semidesnudo&rdquo; al considerar que no es posible determinar con un m&iacute;nimo grado de precisi&oacute;n las caracter&iacute;sticas concretas de la conducta que se sanciona. Por todo ello, considera que hubiera sido necesario un mayor esfuerzo de la Corporaci&oacute;n municipal para acotar el concepto y no dejar tan extraordinario margen de apreciaci&oacute;n en una materia que no se presenta con indiscutible claridad.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=f9c67c04b8eb4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 17 May 2016 14:35:00 +0200 El Supremo envía la causa contra la exdiputada Victoria Rosell al Tribunal Superior de Justicia de Canarias http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=0f4fe6f46d9a4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Supremo ha enviado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias la causa abierta a la magistrada y exdiputada de Podemos Victoria Rosell al constatar que ha dejado de ser diputada el pasado 3 de mayo, y a la vista de que la propia interesada ha solicitado dicha inhibici&oacute;n para ejercer su derecho de defensa y actuar de forma inmediata en el proceso penal abierto contra ella.</p> <p>En un auto, la Sala II recuerda que en otras causas especiales contra aforados ha optado por acordar la paralizaci&oacute;n provisional de las actuaciones, hasta constatar los presupuestos que determinaban la competencia, pero en este supuesto, ante la reiterada petici&oacute;n de la interesada, procede la inmediata remisi&oacute;n de la causa al TSJ de Canarias como &oacute;rgano jurisdiccional competente dada la condici&oacute;n de miembro de la carrera judicial de Rosell.</p> <p>La competencia del Supremo ven&iacute;a dada en exclusiva por la condici&oacute;n de diputada de Victoria Rosell. El pasado 25 de abril, la Sala II acord&oacute; admitir a tr&aacute;mite la querella planteada contra la exdiputada por el exministro Jos&eacute; Manuel Soria por delitos de retardo malicioso en la administraci&oacute;n de justicia, prevaricaci&oacute;n judicial y cohecho, y desestimar la querella en lo relativo a delitos de injurias y calumnias. Para llevar a cabo la investigaci&oacute;n nombr&oacute; instructor al magistrado de la misma Sala Juan Ram&oacute;n Berdugo.</p> <p>El auto explica que Rosell present&oacute; escrito el 3 de mayo (el mismo d&iacute;a en que dej&oacute; de ser diputada) solicitando al Supremo su inhibici&oacute;n en la causa y remisi&oacute;n de la misma al TSJ de Canarias. El 5 de mayo, la exdiputada present&oacute; otro escrito pidiendo el archivo de las actuaciones. Y el 11 de mayo, formaliz&oacute; un tercer escrito solicitando el archivo de actuaciones o su inmediata remisi&oacute;n al TSJ de Canarias, adjuntando certificaci&oacute;n del secretario general del Congreso que hace constar que Rosell hab&iacute;a perdido su condici&oacute;n de diputada el 3 de mayo.</p> <p>Por providencia de 10 de mayo, la Sala hab&iacute;a pedido al secretario de Gobierno del Supremo certificaci&oacute;n acreditativa de si Rosell formaba parte de la Diputaci&oacute;n Permanente del Congreso, y reclam&oacute; adem&aacute;s certificaci&oacute;n al secretario de la Junta Electoral Provincial de Las Palmas para verificar si Rosell figuraba como candidata en la actual convocatoria electoral.</p> <p>En su auto, dictado por una Sala formada por Manuel Marchena (presidente y ponente), Jos&eacute; Ram&oacute;n Soriano, Jos&eacute; Manuel Maza, Francisco Monterde y Ana Mar&iacute;a Ferrer, los magistrados explican que de las dos peticiones formuladas por Rosell &ndash;archivo o inhibici&oacute;n&mdash;la que procede es la segunda. La exdiputada hab&iacute;a argumentado para defender el archivo que el caso era id&eacute;ntico al de la querella formulada por ella contra el exministro Soria por injurias y calumnias, que el Supremo archiv&oacute; por la p&eacute;rdida de condici&oacute;n de aforado del querellado, tras dejar de ser ministro.</p> <p>El Supremo destaca que entre ambas causas s&iacute; existe una diferencia sustancial: en la querella de ella contra Soria, cuando &eacute;ste deja de ser ministro la Sala a&uacute;n no hab&iacute;a asumido su competencia, y en la segunda, la de Soria contra ella, ya se hab&iacute;a asumido la competencia y abierto investigaci&oacute;n por el auto de 25 de abril, antes de que Rosell perdiese su aforamiento.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=0f4fe6f46d9a4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 13 May 2016 14:00:00 +0200 El Supremo condena al Estado a pagar a Autopista del Sureste más de seis millones euros por sobrecostes en expropiaciones http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=e21a4ff9ff8a4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Tercera ha obligado al Estado a pagar a Autopista del Sureste, C.E.A., SA 6.761.122 euros, el importe de dos pr&eacute;stamos participativos, por el sobrecoste de las expropiaciones para la construcci&oacute;n de la autopista de peaje en el tramo de Alicante y Cartagena (tramo desde autov&iacute;a A7/ Alicante-Murcia).</p> <p>La sentencia concluye que la concesionaria no se encuentra sometida a procedimiento concursal por lo que no le afecta la prohibici&oacute;n de contratar y, aunque presentaba p&eacute;rdidas, justific&oacute; un incremento de capital social y el abono puntual de los intereses de un pr&eacute;stamo participativo anterior.</p> <p>Del mismo modo, afirma que lo m&aacute;s relevante es que ha justificado la obtenci&oacute;n de un pr&eacute;stamo mercantil para refinanciar su deuda, un hecho que permite en este caso no considerar ayuda estatal el pr&eacute;stamo antedicho, y que un inversor no p&uacute;blico ha considerado viable la actividad empresarial.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=e21a4ff9ff8a4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 13 May 2016 09:38:00 +0200 El Tribunal Supremo condena la censura previa por las empresas de los comunicados sindicales http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=e3ca23eb7a4a4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por Liberbank S.A. contra sentencia que declar&oacute; que una actuaci&oacute;n empresarial de bloqueo y censura de los comunicados sindicales en la intranet de la empresa constituye vulneraci&oacute;n de la libertad sindical y condena a cesar en ese comportamiento y a indemnizar al sindicato en 6.000 euros.</p> <p>La Sala respalda la libertad de expresi&oacute;n y difusi&oacute;n de comunicados a trav&eacute;s de la intranet empresarial como contenido esencial de la libertad sindical. Sobre el empresario pesa el deber de mantener al sindicato en el goce pac&iacute;fico de los instrumentos aptos para su acci&oacute;n sindical, siempre que tales medios existan, su utilizaci&oacute;n no perjudique la finalidad para la que fueron creados por la empresa y se respete la proporcionalidad de sacrificios.<br />En el presente caso en un acuerdo de conciliaci&oacute;n de 27 de diciembre de 2012, la empresa &ldquo;se compromete a publicar en la Intranet corporativa los comunicados emitidos por las Secciones Sindicales existentes en el banco sin ejercer el veto o control sobre la legalidad de los mismos y/o su veracidad o a si exceden de los l&iacute;mites informativos&rdquo;.</p> <p>El Tribunal Supremo parte de que no consta que la difusi&oacute;n de los comunicados rechazados perjudicase el sistema inform&aacute;tico y se trata de documentos que el sindicato desea hacer llegar a los trabajadores dentro de los fines que constitucionalmente le est&aacute;n asignados y que han de entenderse en sentido amplio, favoreciendo el ejercicio de tales derechos fundamentales.</p> <p>Se adjunta nota de la Sala.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=e3ca23eb7a4a4510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 12 May 2016 13:16:00 +0200 El Tribunal Supremo condena al Estado a pagar 1,3 millones a la clínica Teknon por cobrarle IVA de más http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=b4640a0de5f94510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala III del Tribunal Supremo ha declarado el derecho de Teknon Healthcare, S.A., socio fundador de Centro M&eacute;dico Teknon de Barcelona, a ser indemnizada por el Estado en 1,3 millones de euros, m&aacute;s los intereses que correspondan, por responsabilidad patrimonial estatal derivada del incumplimiento del derecho comunitario en materia de IVA. En concreto, por incumplimiento de dos art&iacute;culos de la Sexta Directiva, de mayo de 1977, por el art&iacute;culo 79.5 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del IVA.</p> <p>El Supremo concluye que &ldquo;por parte del Reino de Espa&ntilde;a hubo una actuaci&oacute;n reiteradamente contraria al Derecho Europeo en la aplicaci&oacute;n de una norma que le constaba contraria al Derecho comunitario, y es que no pod&iacute;a ser desconocedora de la posible oposici&oacute;n del art&iacute;culo 79.5 de la Ley del IVA a la Sexta Directiva, ante todas las alegaciones que en tal sentido hizo la recurrente, pese a lo cual los &oacute;rganos administrativos competentes insistieron en mantener los actos administrativos recurridos por New Teknon S.A., aunque al mismo tiempo, por comunicaci&oacute;n cursada el 21 de junio de 2005, el Reino de Espa&ntilde;a solicit&oacute; autorizaci&oacute;n para establecer una medida de inaplicaci&oacute;n de las disposiciones de la Directiva 77/388/CEE, en relaci&oacute;n con la determinaci&oacute;n de la base imponible a efectos del IVA, lo que constituye un palmario reconocimiento de la situaci&oacute;n de infracci&oacute;n del Derecho comunitario, que a la luz de lo expuesto, hemos de reputar suficientemente caracterizada, por ser manifiesta y revestir indudable gravedad&rdquo;.</p> <p>A esta conclusi&oacute;n no obsta, indica la sentencia, que en otros litigios en que el Supremo ha analizado la existencia de infracci&oacute;n suficientemente caracterizada del derecho comunitario por el art&iacute;culo 79.5 de la Ley del IVA, en su redacci&oacute;n vigente hasta 2006, se haya llegado a declarar la inexistencia de una infracci&oacute;n manifiesta y grave, pues all&iacute; los recurrentes consintieron durante muchos a&ntilde;os la aplicaci&oacute;n de dicho art&iacute;culo, sin plantearse cuesti&oacute;n alguna sobre su licitud.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=b4640a0de5f94510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 11 May 2016 13:19:00 +0200 El Tribunal Supremo concede la custodia compartida a un hombre absuelto del delito de maltrato http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=cb4ce3934b584510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Primera del Tribunal Supremo ha estimado la petici&oacute;n de un hombre que reclam&oacute; la custodia compartida de su hija tras ser absuelto por la v&iacute;a penal de la denuncia de malos tratos y amenazas que interpuso contra &eacute;l su pareja. Con anterioridad se hab&iacute;an archivado otras diligencias penales en las que la mujer denunciaba al hombre por abuso contra la menor, resoluci&oacute;n que fue confirmada por la Audiencia Provincial bas&aacute;ndose en la pericial de los expertos del Juzgado y exploraciones de la menor, llevadas a cabo por el juez de Instrucci&oacute;n.<br />El Supremo se&ntilde;ala que la absoluci&oacute;n penal del delito de maltrato denunciado por uno de los c&oacute;nyuges respecto del otro es un cambio de circunstancias a los efectos del art&iacute;culo 90.3 del C&oacute;digo Civil, que debe valorarse ante una petici&oacute;n de custodia compartida de los hijos.</p> <p>La sentencia estima el recurso de un hombre que reclam&oacute; la modificaci&oacute;n de medidas acordadas en la sentencia de divorcio de su mujer, que atribuy&oacute; a &eacute;sta la custodia de la hija menor de edad de ambos. En el momento de dictarse esa sentencia de divorcio por un Juzgado de El Ejido (13 de junio de 2011), hab&iacute;a una denuncia de la madre contra el padre por malos tratos que hab&iacute;a dado lugar a la incoaci&oacute;n de causa penal.</p> <p>El alto tribunal estima el recurso del padre y otorga en este caso la custodia compartida, en inter&eacute;s del menor, al apreciarse un cambio significativo de las circunstancias que se tuvieron en cuenta cuando se adopt&oacute; el anterior sistema de custodia, que ya inclu&iacute;a un r&eacute;gimen de visitas al padre -todos los martes y jueves y fines de semana alternos-.</p> <p>As&iacute;, tiene en cuenta el informe de la psic&oacute;loga del Juzgado que aconsej&oacute; en diciembre de 2010 el sistema de custodia compartida, y otro informe, &eacute;ste de febrero de 2014 y elaborado por una psic&oacute;loga propuesta por el padre, que consideraba ese sistema como el m&aacute;s id&oacute;neo. Ambas profesionales oyeron a la menor e informaron sobre la misma.</p> <p>Tambi&eacute;n indica que la menor ten&iacute;a 5 a&ntilde;os de edad cuando se dict&oacute; la sentencia de divorcio, y que ahora tiene 10, un incremento de edad que "constituye en s&iacute; mismo una variable que aconseja un contacto m&aacute;s intenso con los dos progenitores". Adem&aacute;s, el Supremo recuerda que tras la sentencia de divorcio se ha modificado la jurisprudencia, de modo que ahora el alto tribunal considera la custodia compartida el sistema normal salvo excepciones.</p> <p>Y como tercer aspecto, "no menos importante a la hora de valorar el cambio de circunstancias" desde la sentencia de divorcio, el Supremo se&ntilde;ala que el padre fue absuelto del delito de maltrato habitual y amenazas por los que le denunci&oacute; la esposa.</p> <p>"Dicha absoluci&oacute;n -dice el Supremo- constituye un cambio significativo de las circunstancias, dado que fue uno de los elementos que motivaron la denegaci&oacute;n de la custodia compartida". Por todo ello, se establece en este caso el sistema de custodia de compartida "dada la capacitaci&oacute;n de los padres, su implicaci&oacute;n, la vinculaci&oacute;n de la hija con ambos progenitores y la proximidad de los domicilios".</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=cb4ce3934b584510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 06 May 2016 13:25:00 +0200 El Tribunal Supremo rechaza la petición de la SGAE de levantar cautelarmente la prohibición de cobrar el canon por conciertos http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=1cdc15c517674510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha rechazado la pretensi&oacute;n de la SGAE de que se levantase cautelarmente la prohibici&oacute;n que le impuso en noviembre de 2014 la Comisi&oacute;n Nacional de la Competencia de cobrar el 10 por ciento de la taquilla de los conciertos.</p> <p>La SGAE tiene recurrida ante la Audiencia Nacional la resoluci&oacute;n de Competencia -que adem&aacute;s de la prohibici&oacute;n de continuar con las pr&aacute;cticas que provocaron la sanci&oacute;n, impuso una multa a la sociedad de autores de 3,1 millones de euros- y solicit&oacute; que, hasta que no se resuelva sobre el fondo de su recurso, se suspendiese cautelarmente la prohibici&oacute;n de cobrar la tarifa.</p> <p>Argumentaba que una eventual sentencia estimatoria favorable a la SGAE ser&iacute;a ineficaz porque no podr&iacute;a volver a la tarifa actual ni recuperar el dinero no cobrado dada la fragilidad de las empresas promotoras de conciertos, que van desapareciendo del mercado con rapidez.</p> <p>El Supremo rechaza dichos argumentos y resalta que, en este supuesto, &ldquo;adem&aacute;s de concurrir intereses p&uacute;blicos derivados de la observancia del Derecho de la Competencia, se advierte que hay intereses de terceros que merecen protecci&oacute;n, que resultar&iacute;an gravemente afectados si eventualmente se adoptase la medida cautelar de suspensi&oacute;n de la ejecutividad de la orden de intimaci&oacute;n, al tener que seguir soportando la aplicaci&oacute;n de tarifas del 10 por ciento sobre sus ingresos que la resoluci&oacute;n de la Comisi&oacute;n Nacional de los Mercados y la Competencia considera excesivas, tal como aduce la defensa letrada de la Asociaci&oacute;n de Promotores Musicales (APM) en su escrito de oposici&oacute;n, frustr&aacute;ndose la finalidad de dicha resoluci&oacute;n de tratar de impedir que se perpet&uacute;en conductas abusivas en la aplicaci&oacute;n de tarifas&rdquo;.</p> <p>De esta forma, el alto tribunal ratifica la decisi&oacute;n anterior de la Audiencia Nacional de denegar la suspensi&oacute;n cautelar pedida por la SGAE. La Audiencia Nacional tambi&eacute;n se decant&oacute; a favor del inter&eacute;s general, &ldquo;que exige evitar que se produzca una explotaci&oacute;n abusiva de la posici&oacute;n de dominio que en el mercado mantiene la entidad sancionada, y que se perpet&uacute;e el cobro de tarifas calificadas como &ldquo;no equitativas y excesivas&rdquo;; inter&eacute;s que debe prevalecer frente al particular de la recurrente&rdquo;.</p> <p>Del mismo modo, destac&oacute; que &ldquo;la fragilidad de las empresas promotoras de los conciertos que invoca la actora abunda en la idea de que debe considerarse su inter&eacute;s como especialmente necesitado de amparo cautelar al resultar especialmente sensibles a la exigencia de tarifas excesivas o desproporcionadas&rdquo;.</p> <p>La Asociaci&oacute;n de Promotores Musicales reclam&oacute; que no se aceptara la suspensi&oacute;n pedida por la SGAE y, subsidiariamente, que se impusiera a la sociedad de autores una cauci&oacute;n de 54,1 millones de euros para cubrir los perjuicios que podr&iacute;an causarse a los promotores de conciertos.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=1cdc15c517674510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 03 May 2016 13:57:00 +0200 El TS archiva la causa de la exalcaldesa de Jerez y diputada María José García-Pelayo http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=cb69cbf8de164510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Tribunal Supremo ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa contra la ex alcaldesa de Jerez y diputada del PP Maria Jos&eacute; Garc&iacute;a-Pelayo en la pieza separada de G&uuml;rtel-Fitur por falta de indicios de responsabilidad penal en la actuaci&oacute;n de la entonces alcaldesa.</p> <p>Los hechos investigados se acotan al a&ntilde;o 2004, en relaci&oacute;n con determinados contratos administrativos para el desarrollo de FITUR de aquel a&ntilde;o, as&iacute; como otros expedientes para llevar a cabo actos en la Plaza Mayor de Madrid.</p> <p>El instructor en su auto no cuestiona la posible relevancia penal de los hechos investigados, ante el c&uacute;mulo de indicios que apuntan, seg&uacute;n explica en su resoluci&oacute;n, que la asignaci&oacute;n de esos contratos se hizo de forma voluntarista; fue una decisi&oacute;n arbitraria adoptada &ldquo; al margen de todo procedimiento legal, beneficiando a unas concretas empresas &ndash; tres- que resultaron adjudicatarias en virtud de una decisi&oacute;n tomada, sin respeto a los procedimientos y garant&iacute;as administrativas&rdquo;. El car&aacute;cter absolutamente irregular de aquella contrataci&oacute;n, seg&uacute;n el instructor, radica en la constataci&oacute;n de que la decisi&oacute;n de adjudicar los contratos a las tres empresas fue anterior a los propios expedientes, que se tramitaron despu&eacute;s de la celebraci&oacute;n de la Feria de Turismo.<br />Despu&eacute;s de exponer los hechos presuntamente delictivos, el juez analiza si existen indicios racionales y consistentes contra la entonces alcaldesa para concluir que no se le puede atribuir una conducta dolosa. El magistrado, tras constatar que la eficacia jur&iacute;dica de las decisiones est&aacute; ligada a la firma de la alcaldesa, descarta que lo hiciera a sabiendas de su arbitrariedad.</p> <p>El auto cita dos sentencias de la Sala de lo Penal que establecen que el delito de prevaricaci&oacute;n exige probatoriamente algo m&aacute;s que la pura constataci&oacute;n de la firma en una resoluci&oacute;n objetivamente arbitraria e injusta. El juez considera obvio que en determinados &aacute;mbitos tanto administrativos como empresariales se ha de operar con un principio de confianza en la labor de los escalones previos al &aacute;mbito estrictamente decisional, por lo que no es exigible que el alcalde de un ayuntamiento como el de Jerez, contraste y coteje con cada expediente todas y cada una de las decisiones o acuerdos que firma.</p> <p>En definitiva, el auto califica de &ldquo;cre&iacute;ble&rdquo; el testimonio de la investigada sobre su desconocimiento de &ldquo; toda esa trastienda de la que emana un fuerte aroma a irregularidades, tr&aacute;fico de influencias o decisiones opacas y, dicho castizamente, caciquiles, resultan no s&oacute;lo muy veros&iacute;miles sino adem&aacute;s sugestivas de acomodarse a lo m&aacute;s probable&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=cb69cbf8de164510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 29 Apr 2016 14:35:00 +0200 El TS anula la sentencia que condenó al hermano de exalcalde de Manises (Valencia) y envía el caso a la Audiencia Nacional http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=d9f79ff2a7754510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha anulado la sentencia de la Audiencia de Valencia, de 2 de junio de 2015, que conden&oacute; a dos a&ntilde;os de c&aacute;rcel a Carlos Crespo Calatrava por delito de blanqueo de capitales en una pieza desgajada del caso Emarsa, y establece que la competencia para el enjuiciamiento de dicho acusado es la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, al juzgarse en este caso un delito cometido por ciudadano espa&ntilde;ol en el extranjero.</p> <p>El Supremo ha estimado as&iacute; el recurso planteado por el acusado, que es hermano del exalcalde de Manises Enrique Crespo. La sentencia recuerda que la propia Fiscal&iacute;a, en el tr&aacute;mite de cuestiones previas del juicio celebrado en la Audiencia de Valencia, pidi&oacute; la inhibici&oacute;n a favor de la Audiencia Nacional.</p> <p>Los hechos, en s&iacute;ntesis, se refieren a que el recurrente, junto con su hermano Enrique, a la saz&oacute;n Alcalde de Manises, efectuaron el d&iacute;a 27 de Diciembre de 2007 un viaje al Principado de Andorra y all&iacute; Carlos Crespo abri&oacute; una cuenta en la entidad Banca Privada de Andorra, confiriendo a su hermano Enrique poderes amplios para gestionar y operar con la expresada cuenta.</p> <p>El recurrente, como titular de la misma, permiti&oacute; que en la misma se efectuasen en las fechas de 27 de Diciembre de 2007, 12 de Enero de 2008, 22 de Enero de 2008 y 11 de Octubre de 2008, diversas imposiciones en efectivo, concretadas en el hecho probado por un total de 350.000 euros obteniendo una rentabilidad de 7.019'50 euros.</p> <p>El d&iacute;a 7 de Mayo de 2009, seg&uacute;n los hechos probados por la Audiencia valenciana, el recurrente orden&oacute; una transferencia bancaria de 300.000 euros en favor de una c/c cuyo titular es la mercantil "Iguaz&uacute; Falls Corporation", representada en Andorra por un residente en dicho pa&iacute;s. El dinero transferido fue retirado en efectivo y entregado al recurrente, quien, adem&aacute;s, los d&iacute;as 5 de Agosto y 15 de Noviembre de 2015 efectu&oacute; dos reintegros en efectivo por un total de 57.019'50 euros (el resto que quedaba), ordenando seguidamente la cancelaci&oacute;n de la cuenta. Se desconoce el destino de los fondos expresados.</p> <p>Por tanto, se tratar&iacute;a de un presunto delito cometido por un espa&ntilde;ol fuera del territorio nacional, para cuyo enjuiciamiento tiene competencia exclusiva la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=d9f79ff2a7754510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 27 Apr 2016 15:20:00 +0200 El Tribunal Supremo confirma la nulidad de la Modificación Puntual del PGOU de Villanueva Pardillo (Madrid) por falta de evaluación del impacto ambiental http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=be069ff2a7754510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad de la Modificaci&oacute;n Puntual del Plan General de Ordenaci&oacute;n Urbana de Villanueva del Pardillo, aprobado provisionalmente por dicho Ayuntamiento en abril de 2012 y definitivamente por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en agosto de 2013.</p> <p>La sentencia desestima los recursos de casaci&oacute;n interpuestos por Plataforma de Instalaciones Comerciales S.A., el Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo y la Comunidad de Madrid contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que revoc&oacute; la citada Modificaci&oacute;n por carecer de evaluaci&oacute;n de impacto ambiental.</p> <p>De acuerdo con ese criterio, la Sala Tercera indica que aun cuando se trate de una modificaci&oacute;n menor y comprenda una escasa superficie, podr&iacute;a afectar al medio ambiente al reclasificar suelo r&uacute;stico protegido en suelo urbanizable y no haberse procedido en lo que establece la ley sobre evaluaci&oacute;n de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.</p> <p>La sentencia subraya que es "harto" discutible que se trate de una zona de reducidas dimensiones en cuanto afecta a 38.000 metros cuadrados aproximadamente de un municipio que cuenta con 200 hect&aacute;reas de suelo urbanizado. En este sentido, afirma que con dicha Modificaci&oacute;n se quiere, seg&uacute;n los propios recurrentes admiten, transformar en suelo urbanizable 36.575,59 metros cuadrados de suelo no urbanizable com&uacute;n y 1.198,46 metros cuadrados de suelo no urbanizable de Protecci&oacute;n de Espacios de Inter&eacute;s Paisaj&iacute;stico, de modo que tal modificaci&oacute;n no cabe considerarla una modificaci&oacute;n menor, de acuerdo con su definici&oacute;n legal.</p> <p>Por ese motivo, concluye que la Modificaci&oacute;n Puntual puede tener efectos significativos en el medio ambiente y que debi&oacute; someterse a evaluaci&oacute;n de impacto ambiental, dado que el informe de an&aacute;lisis ambiental realizado al amparo del art&iacute;culo 21 de la Ley 272002 no cubre las exigencias procedimentales para este tipo de actuaciones con clara influencia ambiental y, adem&aacute;s, afecta en parte a suelo protegido cuya desclasificaci&oacute;n no puede realizarse a trav&eacute;s de una valoraci&oacute;n t&eacute;cnica, tal y como se hace en este caso.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=be069ff2a7754510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 27 Apr 2016 14:48:00 +0200 El TS rechaza la demanda de la hija de un hombre al que un libro sobre el maquis tacha de “chaquetero” http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=c5f5e90ae0d44510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Primera del Tribunal Supremo, en una sentencia de la que ha sido ponente su presidente, Francisco Mar&iacute;n Cast&aacute;n, ha desestimado el recurso de casaci&oacute;n interpuesto contra una resoluci&oacute;n de la Audiencia Provincial de Cantabria que, a su vez, confirm&oacute; el pronunciamiento de otra dictada en primera instancia que desestimaba la pretensi&oacute;n de una mujer de que los demandados fueran condenados como autores de una intromisi&oacute;n en el honor de su padre fallecido.</p> <p>La intromisi&oacute;n ileg&iacute;tima consist&iacute;a, a juicio de la demandante, en determinados testimonios recogidos en un libro de investigaci&oacute;n hist&oacute;rica sobre los huidos, maquis y guerrilleros en el norte de Espa&ntilde;a durante la Guerra Civil y la posguerra.</p> <p>La demanda se dirigi&oacute; contra el autor del libro, la editora, Universidad de Cantabria (Publican-Ediciones de la Universidad de Cantabria), y la persona que, entrevistada como otras muchas por el autor del libro, le relat&oacute; lo que recordaba de esa &eacute;poca y que, fallecida durante el curso del proceso, ha sido sucedida en &eacute;ste por sus tres hijos.</p> <p>En concreto, la demanda centraba la intromisi&oacute;n ileg&iacute;tima en las dos siguientes expresiones:-&laquo;El hermano era un chaquetero. Quer&iacute;a entregar a su hermano, as&iacute; ganaba &eacute;l honores&raquo;, que en el texto se atribu&iacute;a a la codemandada, y &laquo;Mi hermano est&aacute; en el monte porque yo no tengo una pistola&raquo;, frase atribuida al padre de la demandante en relaci&oacute;n a su hermano, seg&uacute;n el testimonio de una persona que no fue demandada.</p> <p>La Sala Primera considera que el testimonio prestado por la persona no demandada es confuso, que la expresi&oacute;n &laquo;mi hermano est&aacute; en el monte porque yo no tengo una pistola&raquo; no significa inequ&iacute;vocamente que la pistola fuese a emplearla precisamente contra su hermano.</p> <p>Asimismo, considera que el testimonio de la codemandada s&iacute; es inequ&iacute;voco en cuanto a la intenci&oacute;n del &laquo;otro hermano&raquo; de &laquo;entregar a su hermano&raquo; porque &laquo;as&iacute; ganaba honores&raquo;, pero tambi&eacute;n que la intenci&oacute;n de un hermano de &laquo;entregar&raquo; a otro no supone necesariamente la de causarle un perjuicio, pues tambi&eacute;n puede implicar la de evitarle el perjuicio de permanecer huido y en el monte indefinidamente.</p> <p>Al no existir en las manifestaciones o testimonios que la demanda y el recurso consideran ofensivos una imputaci&oacute;n directa al padre de la demandante de querer la muerte u otro grave mal para su hermano, la sentencia recurrida no infringe las normas que se citan en el motivo y se ajusta a la doctrina del Tribunal Constitucional, a la jurisprudencia de la Sala y a la regla contenida en el art&iacute;culo 8.1 de la LO 1/1982, de protecci&oacute;n civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, cuando dispone que &laquo;no se reputar&aacute;, con car&aacute;cter general, intromisiones ileg&iacute;timas&hellip; cuando predomine un inter&eacute;s hist&oacute;rico, cient&iacute;fico o cultural relevante&raquo;.</p> <p>El m&eacute;todo seguido por el autor, consistente en recoger los testimonios de quienes vivieron personalmente los hechos, es conocido y aceptado por la historiograf&iacute;a desde antiguo, por lo que obligarle a la incorporaci&oacute;n de otros testimonios ser&iacute;a tanto como incidir directamente en su libertad de investigaci&oacute;n a partir de un improcedente juicio de los tribunales sobre la verdad hist&oacute;rica.</p> <p>Los pasajes del libro objeto de enjuiciamiento, que deben valorarse en relaci&oacute;n con la totalidad de su texto, con la materia tratada y con el periodo hist&oacute;rico investigado, reflejan que una de las consecuencias m&aacute;s dolorosas de la Guerra Civil fue el enfrentamiento en el seno de las familias y entre los vecinos de un mismo pueblo por razones ideol&oacute;gicas, con heridas que tardan en curar pero que los tribunales no pueden cerrar imponiendo una sola verdad hist&oacute;rica.</p> <p>Desde este punto de vista, es un indiscutible valor del libro transmitir esa dolorosa realidad como rememoraci&oacute;n hist&oacute;rica de algo que no deber&iacute;a volver a suceder.</p> <p>La Sala tambi&eacute;n afirma, en relaci&oacute;n &uacute;nicamente con la demandada que tach&oacute; de &ldquo;chaquetero&rdquo; al padre de la demandante, que aunque la palabra &laquo;chaquetero&raquo; tenga un sentido ciertamente peyorativo, en este caso debe considerarse amparada por la libertad de expresi&oacute;n de esa demandada en virtud tanto del contexto en el que se pronunci&oacute;, como de los datos comprobados de que durante la Guerra Civil el padre de la demandante sirvi&oacute; en el Ej&eacute;rcito de la Rep&uacute;blica pero luego desempe&ntilde;&oacute; el cargo de presidente de la junta vecinal de Bejes, lo que refleja objetivamente el hecho de un cambio de bando.</p> <p>En suma, el alto tribunal concluye que aunque sea totalmente comprensible la voluntad de la demandante de defender la memoria de su padre, las dolorosas consecuencias de la Guerra Civil entre familias y vecinos de un mismo pueblo no pueden impedir las investigaciones hist&oacute;ricas que las constaten mediante la recogida de testimonios de quienes vivieron personalmente los hechos ni exigir que sean los tribunales los que fijen definitivamente la verdad hist&oacute;rica.</p> <p><em><strong>Se adjunta nota de la Sala.</strong></em></p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=c5f5e90ae0d44510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 25 Apr 2016 13:40:00 +0200 El Tribunal Supremo procesa al senador de Bildu Iñaki Goioaga por integración en ETA http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=aa17a6b898d34510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo Miguel Colmenero ha dictado auto de procesamiento contra el senador de EH Bildu I&ntilde;aki Goioaga Llano por delito de integraci&oacute;n en organizaci&oacute;n terrorista o, subsidiariamente, de colaboraci&oacute;n con organizaci&oacute;n terrorista, al apreciar indicios de que formaba parte del grupo de abogados que contribu&iacute;a a mantener a los presos de ETA bajo la disciplina y la estructura de dicha organizaci&oacute;n.</p> <p>Seg&uacute;n el auto, Goioaga, &ldquo;al igual que los dem&aacute;s integrantes del grupo, desarrollaba una participaci&oacute;n activa mediante las visitas en los centros penitenciarios a los presos que permanec&iacute;an en la &oacute;rbita de ETA, y conoc&iacute;a por ello que su aportaci&oacute;n a la transmisi&oacute;n, en dos direcciones, de las consignas de la organizaci&oacute;n terrorista a los presos y de las inquietudes o posiciones de &eacute;stos a aquella, contribu&iacute;a a mantener a los presos en el marco ideol&oacute;gico, bajo la disciplina y en la estructura de ETA, como resulta indiciariamente del contenido de los documentos antes mencionados y de su participaci&oacute;n conjunta en las visitas a los presos internos en los distintos centros penitenciarios&rdquo;.</p> <p>El juez Colmenero, instructor de la causa especial abierta a Goioaga por estos hechos, acuerda su libertad provisional sin fianza pero con obligaci&oacute;n de comparecer los d&iacute;as 1 y 15 de cada mes ante el Juzgado de Guardia que corresponda a su domicilio, y le requiere el pasaporte. Adem&aacute;s, le impone una fianza de 6.000 euros para garantizar las posibles responsabilidades pecuniarias que pudieran corresponderle, y le cita para el pr&oacute;ximo 28 de abril para recibirle declaraci&oacute;n indagatoria.</p> <p>El instructor considera indiciariamente acreditado que, en el marco del llamado &ldquo;Frente de C&aacute;rceles&rdquo; de ETA, &ldquo;se ha desarrollado una estructura de car&aacute;cter permanente dirigida a prestar continuadamente a los presos relacionados con ETA distintas clases de asistencia, tales como jur&iacute;dica, m&eacute;dica o sanitaria, social y econ&oacute;mica, etc., siempre bajo las directrices de ETA, que se transmiten a trav&eacute;s de distintos &oacute;rganos, tales como los llamados KT o Grupo de Coordinaci&oacute;n, y KG o Espacio o N&uacute;cleo de Coordinaci&oacute;n. Estas actividades se financian desde la organizaci&oacute;n Herrira, bajo el control de ETA, abonando los gastos y las retribuciones derivadas de esa asistencia&rdquo;.</p> <p>A&ntilde;ade que dentro de esa estructura se conforma un grupo de abogados que funciona a trav&eacute;s, al menos, de dos cooperativas de Abogados, una con sede en Hernani y otra en Bilbao, letrados que &ldquo;atienden a aquellos presos y bajo la apariencia de asistencia jur&iacute;dica, que tambi&eacute;n les prestan, les transmiten consignas procedentes de la direcci&oacute;n de ETA, con la finalidad de mantener su cohesi&oacute;n como integrantes de la banda y presentar hacia el exterior, especialmente frente al Gobierno democr&aacute;tico de Espa&ntilde;a, una posici&oacute;n com&uacute;n, excluyendo iniciativas, actitudes y reivindicaciones individuales, no solo en cuestiones estrictamente jur&iacute;dicas relativas a su situaci&oacute;n penal y penitenciaria, en las que se impone a los presos prescindir de sus intereses individuales, sino tambi&eacute;n en asuntos de &iacute;ndole pol&iacute;tica, o pol&iacute;tico-penitenciaria, con la pretensi&oacute;n final consistente en que la presencia de ETA en el planteamiento y posible soluci&oacute;n de esas cuestiones, que la organizaci&oacute;n terrorista considera pendientes, deba ser tenida en cuenta&rdquo;.</p> <p>El auto subraya que cuando alguno de los presos decide p&uacute;blicamente desvincularse de la organizaci&oacute;n terrorista la asistencia prestada por el grupo de abogados cesa en todos sus aspectos por orden de la direcci&oacute;n de ETA. En ese sentido, &ldquo;no constan visitas de los letrados integrados en ese grupo de abogados al centro penitenciario de Nanclares de Oca (&Aacute;lava), donde se encuentran los presos de ETA que han abandonado la disciplina de la organizaci&oacute;n terrorista&rdquo;.</p> <p>Ese grupo de abogados, llamados en diferente documentaci&oacute;n incautada con los t&eacute;rminos &ldquo;bertsolaris&rdquo;, &ldquo;margolaris&rdquo;, &ldquo;abokatuak&rdquo;, &ldquo;colectivo de abogados&rdquo; o &ldquo;BL&rdquo;, celebraba reuniones en las que se preparaban y organizaban las llamadas &ldquo;rondas&rdquo;, consistentes en visitas a diferentes centros penitenciarios, que luego llevaban a cabo realiz&aacute;ndose generalmente por dos letrados, en el curso de las cuales recib&iacute;an informaci&oacute;n de los presos y transmit&iacute;an a &eacute;stos diferentes directrices emanadas de la direcci&oacute;n de la organizaci&oacute;n terrorista. Con el resultado de esas reuniones los letrados elaboraban unas fichas en cuyo contenido aparec&iacute;an aspectos que superaban lo meramente jur&iacute;dico, tales como referencias a la situaci&oacute;n pol&iacute;tica o al planteamiento de lucha.</p> <p>Seg&uacute;n expone el auto, de ese grupo de abogados forma parte I&ntilde;aki Goioaga , &ldquo;quien al menos en los a&ntilde;os 2012, 2013 y 2014 &ndash;se&ntilde;ala el auto-- asisti&oacute; a alguna de esas reuniones y llev&oacute; a cabo posteriormente las visitas previstas en ellas a los centros penitenciarios asignados, entrevist&aacute;ndose con distintos internos con el contenido y finalidad referidas.</p> <p>El auto del magistrado se&ntilde;ala que los anteriores hechos revisten inicialmente las caracter&iacute;sticas de un delito de integraci&oacute;n en organizaci&oacute;n terrorista, que, en la fecha de los hechos, el art&iacute;culo 571 del C&oacute;digo Penal castigaba con la pena de prisi&oacute;n de seis a doce a&ntilde;os, e inhabilitaci&oacute;n especial para empleo o cargo p&uacute;blico.<br />En todo caso, y con car&aacute;cter subsidiario de lo anteriormente se&ntilde;alado, el juez indica que la actuaci&oacute;n del aforado pudiera constituir un delito de colaboraci&oacute;n con organizaci&oacute;n terrorista. El auto concreta los documentos y archivos inform&aacute;ticos en los que se basan los indicios, junto al testimonio de un testigo protegido.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=aa17a6b898d34510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 22 Apr 2016 13:00:00 +0200 El Tribunal Supremo avala el testamento de un anciano a un convento de monjas de Huesca al no probarse que le diesen asistencia espiritual http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=df836adb61834510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Civil ha avalado el testamento de un anciano a favor de las monjas del Hogar Padre Saturnino L&oacute;pez Novoa de la Congregaci&oacute;n de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados en Huesca al no acreditarse que le prestasen asistencia espiritual.</p> <p>Tras su muerte, algunos parientes del fallecido, que hab&iacute;an heredado varios legados, pidieron la nulidad del testamento porque entendieron que se hab&iacute;a otorgado cuando el anciano no ten&iacute;a capacidad de testar. En su demanda invocaron la aplicaci&oacute;n del C&oacute;digo Civil catal&aacute;n &ndash;art&iacute;culo 412-5c- que proh&iacute;be heredar al religioso que ha asistido al testador durante su &uacute;ltima enfermedad, as&iacute; como el orden, la comunidad, la instituci&oacute;n o la confesi&oacute;n religiosa a la que aquel pertenece.</p> <p>El juzgado de primera instancia rechaz&oacute; la demanda, al igual que la Audiencia Provincial de Huesca. En su sentencia afirmaba que la Congregaci&oacute;n de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados era una entidad religiosa cuyo principal cometido era la asistencia en la citada residencia de la tercera edad desde su inscripci&oacute;n en el Registro de Establecimientos Residenciales para la Tercera Edad en 1980.</p> <p>Por ese motivo, concluy&oacute; que el anciano y las religiosas hab&iacute;an suscrito un contrato de prestaci&oacute;n asistencial en el citado centro por lo que si se inhabilitaba para heredar a las monjas s&oacute;lo por su condici&oacute;n religiosa, y no por la finalidad de su existencia, se les estar&iacute;a discriminando respecto de otras entidades laicas de car&aacute;cter asistencial. Del mismo modo, valor&oacute; que el testamento se hab&iacute;a otorgado tres meses antes de que el anciano falleciera y no durante su &uacute;ltima enfermedad.</p> <p>La Sala de lo Civil considera acertada esa interpretaci&oacute;n y afirma que este caso se enmarca dentro de la prestaci&oacute;n de servicios asistenciales &ndash;art&iacute;culo 412-5 apartado 2- c&oacute;digo civil catal&aacute;n- y, por tanto, no puede aplicarse la causa de inhabilidad procesal &ndash;art&iacute;culo 412-5.1c- del c&oacute;digo civil catal&aacute;n.</p> <p>La sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Eduardo Baena Ruiz, indica que con esa prohibici&oacute;n, recogida en el derecho desde el siglo XVIII, se quiere garantizar la total libertad dispositiva del testador evit&aacute;ndole sugestiones o captaciones en un trance que le hace vulnerable a las presiones de quien, por raz&oacute;n de su ministerio, puede ejercer una gran influencia en el &aacute;nimo del enfermo.</p> <p>Pero, al mismo tiempo, precisa que dicha prohibici&oacute;n ha de ser interpretada con criterio restrictivo y que &uacute;nicamente puede ser aplicada si el testamento se hizo por el testador durante su &uacute;ltima enfermedad y si el sacerdote favorecido le hubiese confesado en ella. Se trataba, seg&uacute;n una sentencia de 1928, de &ldquo;reprimir, evitar, y en su caso, sancionar la corrupci&oacute;n humana, que adue&ntilde;&aacute;ndose de lo m&aacute;s sagrado inspiraba a muchos confesores olvidados de su conciencia, a inducir con varias sugestiones a los penitentes, y lo que es m&aacute;s, a los que est&aacute;n en art&iacute;culo de muerte, a que les dejen sus herencias&rdquo;.</p> <p>La sentencia recuerda que &ldquo;el periodo sospechoso de la posible captaci&oacute;n de voluntad debe enmarcarse en la &uacute;ltima enfermedad grave del testador, en donde en peligro de su vida se confes&oacute; y otorg&oacute; el respectivo testamento, quedando fuera de este periodo sospechoso, en principio, aquellos testamentos otorgados durante los trastornos leves o enfermedades cr&oacute;nicas que pudieran afectar al testador&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=df836adb61834510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 21 Apr 2016 12:50:00 +0200 Confirmadas las condenas a cinco personas por estafa en la recolección de naranjas en Valencia http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=dd445efa69334510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=dd445efa69334510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 20 Apr 2016 16:11:00 +0200 El Tribunal Supremo confirma la condena a Santander Consumer a pagar a 230 usuarios por incumplimiento http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=fad70bc885914510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala I del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a Santander Consumer Establecimiento Financiero de Cr&eacute;dito a devolver diferentes cantidades a 230 personas por incumplimiento del servicio de mantenimiento de su veh&iacute;culo que contrataron con la &ldquo;f&oacute;rmula Otaysa&rdquo;, con financiaci&oacute;n de dicha entidad financiera. La comercializaci&oacute;n de dicho producto fue fruto de un contrato firmado en 1997 entre Otaysa Turismos e Hispamer Servicios Financieros, &eacute;sta &uacute;ltima absorbida posteriormente por Santander Consumer.</p> <p>El Supremo confirma la sentencia dictada el 28 de octubre de 2013 por la Audiencia de Madrid al rechazar la pretensi&oacute;n de Santander Consumer de que no pod&iacute;a aplicarse al caso la Ley de Cr&eacute;dito al Consumo, porque los pr&eacute;stamos superaban el l&iacute;mite de 18.040 euros. El alto tribunal ratifica el criterio de la Audiencia de que no se alcanzaba esa cifra tope porque deb&iacute;a distinguirse la parte del pr&eacute;stamo concedida para atender reparaciones y servicios de la otorgada para la compra del veh&iacute;culo.</p> <p>As&iacute;, la sentencia se&ntilde;ala que cuando las &ldquo;relaciones o actos de consumo resulten claramente diferenciables, por su naturaleza y objeto, caso que nos ocupa, en donde la financiaci&oacute;n da cobertura a la transmisi&oacute;n de un bien (compra del veh&iacute;culo), a una prestaci&oacute;n de servicios (mantenimiento del veh&iacute;culo) y al pago del seguro y comisiones derivadas; la funci&oacute;n tuitiva de la norma se proyecta espec&iacute;ficamente sobre cada diferenciado acto de consumo a los efectos de su &aacute;mbito de aplicaci&oacute;n. De no ser as&iacute; en estos casos, la norma resultar&iacute;a dif&iacute;cilmente aplicable por exceder el l&iacute;mite m&aacute;ximo establecido a tal efecto (3 millones de pesetas)&rdquo;.</p> <p>&ldquo;De ah&iacute; que el &uacute;ltimo inciso del art&iacute;culo 2.1.a) aluda expresamente a &lsquo;la adquisici&oacute;n de un mismo bien o servicio&rsquo; y no a varios bienes o a servicios distintos. Por lo que aunque el pr&eacute;stamo concedido fuese formalmente documentado en un &uacute;nico contrato, no obstante, no escapa de la aplicaci&oacute;n de la norma en atenci&oacute;n a la cuant&iacute;a reclamada por el concreto y diferenciado servicio que result&oacute; incumplido&rdquo;.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=fad70bc885914510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 15 Apr 2016 13:45:00 +0200 El Tribunal Supremo pospone un recurso de cláusulas suelo hasta que el TJUE sentencie sobre el alcance de la retroactividad de su nulidad http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=06525e16d3414510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Primera del Tribunal Supremo ha suspendido la tramitaci&oacute;n del recurso de una entidad bancaria en materia de cl&aacute;usula suelo de una hipoteca hasta que el Tribunal de Justicia de la Uni&oacute;n Europea (TJUE) se pronuncie sobre los efectos de la declaraci&oacute;n de nulidad de dichas cl&aacute;usulas, en concreto sobre el alcance de la retroactividad de dicha nulidad.</p> <p>El recurso suspendido fue interpuesto por Unicaja contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Ja&eacute;n, de 10 de julio de 2014, que dio la raz&oacute;n a dos clientes anulando su cl&aacute;usula suelo con la citada entidad, y condenando a &eacute;sta a devolver lo indebidamente cobrado sin tener como tope la fecha de mayo de 2013, se&ntilde;alada por el Tribunal Supremo en su sentencia sobre este asunto.</p> <p>El Tribunal de Justicia de la Uni&oacute;n Europea tiene fijada para el pr&oacute;ximo 26 de abril la vista de una cuesti&oacute;n prejudicial planteada por un Juzgado de lo Mercantil de Granada para conocer si se ajusta a la normativa comunitaria moderar los efectos retroactivos de la nulidad de una cl&aacute;usula suelo.</p> <p>Los dos clientes de Unicaja a los que dio la raz&oacute;n la Audiencia de Ja&eacute;n pidieron al Supremo que suspendiese el recurso de la entidad bancaria -cuya deliberaci&oacute;n se fij&oacute; inicialmente para el pr&oacute;ximo 4 de mayo- hasta que se pronuncie sobre la retroactividad el Tribunal de Justicia de la UE. Tanto el banco como la Fiscal&iacute;a se opusieron a dicha petici&oacute;n.</p> <p>Sin embargo, el alto tribunal accede a la suspensi&oacute;n porque la cuesti&oacute;n jur&iacute;dica planteada en el recurso interpuesto por Unicaja Banco S.A. est&aacute; directamente relacionada con la cuesti&oacute;n prejudicial que debe resolver el alto tribunal europeo, &ldquo;pues en el recurso se solicita la aplicaci&oacute;n de la doctrina de esta Sala sobre efectos de la declaraci&oacute;n de nulidad de la cl&aacute;usula suelo, interpretaci&oacute;n que est&aacute; siendo cuestionada a la luz de la normativa comunitaria ante el TJUE&rdquo;.</p> <p>Adem&aacute;s, el Supremo recuerda que contra la sentencia que debe dictar no cabe interponer recurso alguno en v&iacute;a judicial, y subraya la cercan&iacute;a de la fecha se&ntilde;alada para la vista ante el tribunal europeo y, consiguientemente, de la sentencia que haya de dictarse, por lo que la suspensi&oacute;n temporal del proceso no se prev&eacute; extensa, y no se causa un perjuicio relevante a las partes.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=06525e16d3414510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 14 Apr 2016 13:22:00 +0200 El Tribunal Supremo archiva la querella de Manos Limpias contra Pablo Iglesias e Iñigo Errejón http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=b441e85460014510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha archivado la querella interpuesta por el sindicato Manos Limpias contra Pablo Iglesias Turri&oacute;n e I&ntilde;igo Errej&oacute;n Galv&aacute;n por no ser los hechos constitutivos de il&iacute;cito penal en algunos de los supuestos relatados en la misma y por carecer de elementos acreditativos iniciales m&iacute;nimos en los restantes.</p> <p>En relaci&oacute;n con los hechos relativos al aforado Pablo Iglesias Turri&oacute;n, subraya el auto, son coincidentes con los incluidos en la querella interpuesta por el sindicato contra el mismo querellado, el 4 de febrero de 2015, que fue inadmitida por no ser los hechos constitutivos de delito. La Sala acuerda su archivo porque la actual querella se basa en los mismos hechos y los mismos delitos, sin aportar datos nuevos que pudieran justificar un pronunciamiento distinto.</p> <p>En el caso del aforado I&ntilde;igo Errej&oacute;n Galv&aacute;n, a&ntilde;ade que los hechos denunciados se han investigado en el expediente disciplinario incoado por la Universidad de M&aacute;laga y el instructor consider&oacute; que pod&iacute;an ser considerados como dos faltas disciplinarias por no haber desarrollado el trabajo de acuerdo con los t&eacute;rminos y cl&aacute;usulas establecidas en el contrato suscrito por ambas partes y por no haber solicitado la compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas durante la vigencia de dicho contrato. Dichos hechos, subraya el auto, m&aacute;s all&aacute; del reproche &eacute;tico y la ilicitud disciplinaria, no pueden ser constitutivos de un delito de estafa.</p> <p>Los magistrados afirman que la imputaci&oacute;n de un delito contra la Seguridad Social al mismo aforado por su relaci&oacute;n laboral con Podemos se basa en suposiciones de parte sin apoyo alguno y, adem&aacute;s, las cifras indicadas no podr&iacute;an ser nunca constitutivas de tal delito.</p> <p>Sobre el informe P.I.S.A., recogido en informaciones period&iacute;sticas, la Sala recuerda que la mera publicaci&oacute;n de informaciones en los medios de comunicaci&oacute;n no puede justificar sin m&aacute;s, la apertura de un procedimiento penal para la investigaci&oacute;n de los hechos descritos si la denuncia o querella que los incorpora no aporta alg&uacute;n indicio accesible y racional de su comisi&oacute;n. Tambi&eacute;n indica que tampoco pueden cumplir esa funci&oacute;n las afirmaciones de la querellante que no est&eacute;n m&iacute;nimamente avaladas por alg&uacute;n elemento objetivo que apoye su verosimilitud.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=b441e85460014510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 13 Apr 2016 16:28:00 +0200 El TS reconoce una indemnización de ocho millones de euros a una empresa de autobuses por el retraso en la concesión de una línea solicitada en 1978 http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=c12f1c5e43a04510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha condenado al Estado a pagar a Autobuses Pamplona-Madrid, S.L. una indemnizaci&oacute;n de 8.154.963,94 millones de euros, en concepto de responsabilidad patrimonial, por la demora en la concesi&oacute;n del servicio regular de transporte de carretera, de car&aacute;cter permanente y uso general, Madrid-Pamplona, por Burgos y Logro&ntilde;o, con prolongaci&oacute;n a la frontera francesa de Arnegui, que hab&iacute;a solicitado el 30 de noviembre de 1978.</p> <p>La sentencia declara la indemnizaci&oacute;n por lucro cesante -ganancias dejadas de obtener como consecuencia de haberse privado a la recurrente de la explotaci&oacute;n de la concesi&oacute;n Pamplona-Logro&ntilde;o-Madrid- y rechaza la responsabilidad patrimonial posterior a la concesi&oacute;n en 2008 y hasta su finalizaci&oacute;n por la modificaci&oacute;n de las concesiones de otras empresas de tramos coincidentes que supuso a la citada empresa la obtenci&oacute;n de menores ingresos.</p> <p>La Sala Tercera estima el recurso de casaci&oacute;n interpuesto por la citada empresa contra la sentencia de la Audiencia Nacional que confirm&oacute; la resoluci&oacute;n del ministerio de Fomento, de 21 de diciembre de 2011, que rechaz&oacute; su petici&oacute;n de indemnizaci&oacute;n de Autobuses-Pamplona, S.L. por el lucro cesante sufrido debido a las dilaciones que se hab&iacute;an producido en la tramitaci&oacute;n de su solicitud. La sentencia recurrida consider&oacute; que la acci&oacute;n hab&iacute;a prescrito porque la recurrente hab&iacute;a presentado su petici&oacute;n once a&ntilde;os despu&eacute;s de la denegaci&oacute;n de su primera solicitud y seis a&ntilde;os despu&eacute;s de la segunda. Adem&aacute;s, entendi&oacute; que no se hab&iacute;a producido ning&uacute;n da&ntilde;o efectivo a la entidad al no ostentar la concesi&oacute;n, concluyendo que su reclamaci&oacute;n era un sue&ntilde;o de ganancia de beneficio o lucro que no pod&iacute;a compensarse.</p> <p>En cambio, la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Juan Carlos Trillo Alonso, indica que la reclamaci&oacute;n por la demora en la tramitaci&oacute;n de la solicitud &ldquo;no se basa en una mera expectativa no resarcible y s&iacute; en un perjuicio real y efectivo derivado de la imposibilidad de la explotaci&oacute;n por el retraso de la administraci&oacute;n en el reconocimiento de la concesi&oacute;n, solo imputable a la actitud por ella mantenida, reiteradamente desautorizada por sucesivas sentencias que ponen de manifiesto la procedencia de la tramitaci&oacute;n del procedimiento con la primera solicitud y en concurrencia con las circunstancias que ya en dicho momento debieron propiciar el otorgamiento de la concesi&oacute;n, de manera que se justifica un perjuicio real y efectivo por lucro cesante&rdquo;</p> <p>Del mismo modo, sostiene que el c&oacute;mputo del plazo de prescripci&oacute;n hay que situarlo en la fecha que se le otorg&oacute; definitivamente la concesi&oacute;n, el 22 de diciembre de 2008, por lo que cuando present&oacute; el escrito de reclamaci&oacute;n -23 de diciembre de 2009- no hab&iacute;a prescrito el derecho. De acuerdo con el criterio de la Sala, indica que la acci&oacute;n de responsabilidad patrimonial s&oacute;lo puede ejercitarse desde el momento en que resulta posible conocer en sus dimensiones f&aacute;cticas y jur&iacute;dicas el alcance de los perjuicios producidos para reitera que hasta la fecha en que obtiene la concesi&oacute;n no lo conoce y no pod&iacute;a reclamar.</p> <p>La sentencia incluye un voto particular de la magistrada In&eacute;s Huerta Garicano que defiende la desestimaci&oacute;n del recurso interpuesto por la empresa recurrente.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=c12f1c5e43a04510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 12 Apr 2016 14:00:00 +0200 El Tribunal Supremo anula el PGOU de El Campello (Alicante) por falta de estudio económico-financiero http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=a5e37c101d304510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Tribunal Supremo ha anulado el Plan General de Ordenaci&oacute;n Urbana de El Campello (Alicante) por falta de estudio econ&oacute;mico-financiero. La Sala de lo Contencioso-administrativo concluye que este documento y la memoria de sostenibilidad econ&oacute;mica son exigibles conforme a los citados preceptos del ordenamiento jur&iacute;dico estatal y a la doctrina jurisprudencial, aunque el ordenamiento urban&iacute;stico de la Comunidad Aut&oacute;noma Valenciana no lo exija expresamente.</p> <p>La sentencia anula el fallo dictado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana confirmando la resoluci&oacute;n de la Comisi&oacute;n Territorial de Urbanismo que aprob&oacute; definitivamente el PGOU &lsquo;El Campello&rsquo;, a excepci&oacute;n de los sectores S-5, S-6 y S-7.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=a5e37c101d304510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 11 Apr 2016 09:00:00 +0200 El TS desestima un recurso del Colegio de Periodistas de Cataluña sobre el acceso a dependencias judiciales http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=af0cb371c8ae3510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha desestimado por unanimidad, el recurso que present&oacute; el Colegio de Periodistas de Catalu&ntilde;a contra el acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Catalu&ntilde;a de 14 de enero de 2014 que regul&oacute; el acceso de los medios a las dependencias de los &oacute;rganos judiciales.</p> <p>En aquel acuerdo, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior catal&aacute;n prohibi&oacute; el acceso de las c&aacute;maras de televisi&oacute;n a los pasillos de la sedes judiciales.</p> <p>El Tribunal Supremo considera que esas limitaciones no conculcan el derecho a la informaci&oacute;n, como argumentaban los recurrentes. La sentencia recoger&aacute; pronunciamientos sobre la materia del propio Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=af0cb371c8ae3510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 06 Apr 2016 10:00:00 +0200 El Tribunal Supremo anula el nombramiento del presidente del TSJ de Murcia http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2c5a5756d15e3510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha anulado el nombramiento como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de Miguel Pasqual del Riquelme, acordado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial el 29 de enero de 2015.</p> <p>Por 18 votos a 15, los magistrados han declarado nulo el nombramiento al entender que su motivaci&oacute;n fue insuficiente o defectuosa.</p> <p>El Tribunal Supremo estima as&iacute; el recurso planteado por la magistrada Pilar Alonso Saura, quien opt&oacute; al puesto junto a Miguel Pascual del Riquelme y un tercer candidato pero no result&oacute; elegida.</p> <p>Esta magistrada solicit&oacute; adem&aacute;s que, en caso de estimarse su recurso, el Pleno la designara para el puesto al que aspiraba, petici&oacute;n que el Tribunal Supremo ha rechazado por 28 votos a 5.</p> <p>Cinco magistrados de la Sala Tercera se han abstenido de intervenir en el debate y votaci&oacute;n de este asunto por razones justificadas.&nbsp;Ahora, el Pleno del CGPJ tendr&aacute; que pronunciarse de nuevo sobre este nombramiento.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2c5a5756d15e3510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 04 Apr 2016 21:30:00 +0200 El TS reduce a tres años y nueve meses de cárcel la condena a dos policías de Getafe (Madrid) por homicidio http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=ada7c2bdb01e3510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Tribunal Supremo ha reducido a tres a&ntilde;os y nueve meses de prisi&oacute;n la condena a dos polic&iacute;as municipales de Getafe (Madrid) que dispararon contra un veh&iacute;culo que desatendi&oacute; la orden de detenerse tras una persecuci&oacute;n, resultando un ocupante muerto y el otro herido, al apreciar la eximente incompleta de cumplimiento del deber.&nbsp;Asimismo, absuelve a un tercer polic&iacute;a local de Getafe, &Oacute;scar Daniel C.U., que tambi&eacute;n hab&iacute;a sido condenado, por no constar que sus disparos se dirigieran a la zona del veh&iacute;culo donde estaban los ocupantes.</p> <p>La Audiencia de Madrid conden&oacute; a cada uno de los tres polic&iacute;as a un total de 15 a&ntilde;os de prisi&oacute;n (10 a&ntilde;os por homicidio consumado, y 5 a&ntilde;os por homicidio intentado), al no apreciar ninguna atenuante o eximente en su actuaci&oacute;n. El Supremo condena a 3 a&ntilde;os y 9 meses (2 a&ntilde;os y medio por el homicidio consumado, y 1 a&ntilde;o y 3 meses, por el intentado) a dos de ellos, Antonio Miguel G.M., e Ismael G-M G-V, absolviendo al tercero, &Oacute;scar Daniel C.U.</p> <p>Para el Supremo, evidentemente no puede apreciarse la concurrencia de la eximente completa de cumplimiento del deber porque &ldquo;falta la necesaria proporcionalidad entre el uso de las facultades que las fuerzas del orden p&uacute;blico tienen atribuidas, incluido el uso de sus armas de fuego, para cumplir su funci&oacute;n de preservar la seguridad de los ciudadanos, y el hecho de abrir fuego, con clara posibilidad de causar lesiones, e incluso la muerte, a los sospechosos de la comisi&oacute;n de un delito objeto de persecuci&oacute;n como el de referencia&rdquo;.</p> <p>&ldquo;No puede, por tanto, aceptarse ni justificarse, en modo alguno, la conducta (&hellip;) hasta el punto de eximirle por completo de responsabilidad respecto de la muerte y lesiones causadas, por el exceso cometido en el uso de sus armas frente a quienes hu&iacute;an de &eacute;l y sus compa&ntilde;eros en un veh&iacute;culo que, seg&uacute;n comunicaciones precedentes, hab&iacute;a sido sustra&iacute;do&rdquo;.</p> <p>Sin embargo, s&iacute; que aprecia un supuesto de atenuaci&oacute;n, en concreto como eximente incompleta, de cumplimiento del deber, &ldquo;toda vez que concurren elementos esenciales de la eximente completa, en concreto el hecho de que los funcionarios policiales actuaron en el ejercicio de sus funciones y cumpliendo con su deber, aunque lo hicieran de forma censurablemente excesiva, respondiendo a la actitud desobediente de quienes desoyeron sus &oacute;rdenes para que se detuvieran&rdquo;.</p> <p>A&ntilde;aden los magistrados que el veh&iacute;culo en el que transitaban constaba como sustra&iacute;do y as&iacute; mismo hab&iacute;an sido requeridos por otro compa&ntilde;ero de los acusados, libre de servicio, &ldquo;que cre&iacute;a, al parecer equivocadamente, haber visto c&oacute;mo alg&uacute;n tiempo antes los fugados introduc&iacute;an a la fuerza en el autom&oacute;vil a una tercera persona que ya no fue vista posteriormente en el interior del mismo, y, como se ha dicho, desobedeciendo las &oacute;rdenes de detenerse, as&iacute; como realizando peligrosas maniobras llegando incluso, seg&uacute;n el &ldquo;factum&rdquo; de la recurrida, a estar a punto de atropellar a uno de los agentes que fue arrojado al suelo al intentar &eacute;ste sujetar la manilla de apertura del veh&iacute;culo e, incluso, escapando velozmente por una direcci&oacute;n prohibida, con lo que ello supon&iacute;a tambi&eacute;n de generaci&oacute;n de peligro para quienes circularan correctamente, en sentido contrario, por la misma&rdquo;.</p> <p>El Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Jos&eacute; Manuel Maza, confirma que hubo delitos de homicidio con dolo eventual, al excluir completamente la posibilidad de que fuese s&oacute;lo un comportamiento imprudente &ldquo;habida cuenta, de que el dato de la direcci&oacute;n y reiteraci&oacute;n de los disparos impide considerar que se tratase, tan s&oacute;lo, de una falta de diligencia en el uso de las armas de fuego empleadas, revelando una clara y repetida intenci&oacute;n de alcanzar a los que eran objetivo de dichos disparos o, cuando menos, asumiendo tal resultado&rdquo;. Tambi&eacute;n rechaza la aplicaci&oacute;n de las atenuantes de confesi&oacute;n y reparaci&oacute;n de los perjuicios.</p> <p>En cuanto a la absoluci&oacute;n del tercer polic&iacute;a, &Oacute;scar Daniel, se debe a que &ldquo;no puede afirmarse, con certeza alguna, que los disparos efectuados por el recurrente no fueran de los dirigidos a lugares del veh&iacute;culo que, por su altura y localizaci&oacute;n, no supon&iacute;an riesgo alguno para sus ocupantes, lo que hubiera estado dentro de una correcta actuaci&oacute;n policial encaminada a conseguir que los ocupantes del coche de autos dieran cumplimiento a las &oacute;rdenes de los funcionarios policiales, intimid&aacute;ndoles pero sin ocasionar ning&uacute;n tipo de riesgo para su vida o integridad f&iacute;sica&rdquo;.</p> <p>La Sala II ratifica la indemnizaci&oacute;n de 108.846 euros que los condenados tendr&aacute;n que pagar a la madre del fallecido, y de 17,994 euros al hombre que result&oacute; herido. Se establece la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de Getafe y la directa de Segurcaixa.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=ada7c2bdb01e3510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 04 Apr 2016 15:34:00 +0200 El Tribunal Supremo confirma la condena de 3 años al exgerente de la Fundación Asce de geriátricos http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=dc80c8d97fbc3510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a tres a&ntilde;os de c&aacute;rcel para el exgerente contable de la Fundaci&oacute;n Asce -que gestiona residencias de ancianos- Juan Antonio Gonz&aacute;lez Mangas por delitos continuados de apropiaci&oacute;n indebida y falsedad de certificados, as&iacute; como a pagar una indemnizaci&oacute;n de 247.000 euros a la Fundaci&oacute;n.</p> <p>El alto tribunal tambi&eacute;n confirma la condena a dos a&ntilde;os de prisi&oacute;n a su mujer, Isabel Rubio Mu&ntilde;oz, por apropiaci&oacute;n indebida, y al pago de una indemnizaci&oacute;n a la Fundaci&oacute;n de 163.000 euros.</p> <p>El recurrente y condenado en primera instancia por la Audiencia Provincial de Madrid, en su condici&oacute;n de gerente y contable de la asociaci&oacute;n perjudicada, confeccion&oacute; las n&oacute;minas de los trabajadores de dicha asociaci&oacute;n, y la suya propia, pero en relaci&oacute;n a su n&oacute;mina no efectuaba descuento alguno por IRPF. Adem&aacute;s, ingres&oacute; en sus cuentas talones de la asociaci&oacute;n y, finalmente, confeccion&oacute; -y se cobraron- n&oacute;minas en favor de su esposa e hija cuando ninguna de ellas trabajaba para la asociaci&oacute;n como asalariada.</p> <p>En cuanto a las falsificaciones de los dos certificados de la Hacienda P&uacute;blica y de la Seguridad Social efectuados por el condenado, lo fueron en fechas de 28 de Marzo de 2008 y 12 de Enero de 2008, y por tanto fue correcta la decisi&oacute;n de la Audiencia madrile&ntilde;a de aplicar la legalidad anterior a la reforma de la L.O. 7/2012, m&aacute;s beneficiosa que la exigible tras la vigencia de dicha Ley.</p> <p>El Supremo rechaza que se produjese una falsificaci&oacute;n de fotocopia, ya que el recurrente confeccion&oacute; &iacute;ntegramente, seg&uacute;n el modelo oficial, unos certificados de la Seguridad Social y de la Hacienda P&uacute;blica.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=dc80c8d97fbc3510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 31 Mar 2016 12:00:00 +0200 El Supremo archiva la querella contra el magistrado que decretó prisión para los dos titiriteros durante las fiestas de Carnaval de Madrid http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=a33736e9f27c3510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha archivado la querella presentada por el partido pol&iacute;tico Contrapoder contra el magistrado del Juzgado Central de Instrucci&oacute;n n&uacute;mero 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, por un presunto delito de prevaricaci&oacute;n que habr&iacute;a cometido al decretar la prisi&oacute;n provisional y sin fianza de los dos titiriteros, de la Compa&ntilde;&iacute;a T&iacute;teres desde Abajo, que representaban la obra "La Bruja y Don Crist&oacute;bal" durante las fiestas de Carnaval en la plaza Canal Isabel II de Madrid. La citada querella tambi&eacute;n iba dirigida contra el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, y la fiscal Carmen Monfort March.</p> <p>El auto, del que ha sido ponente el magistrado Francisco Monterde, concluye que no existe atisbo de delito en la comparecencia prevista en el art&iacute;culo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ni en el auto acordando la prisi&oacute;n de los dos detenidos. Del mismo modo, afirma que en este caso es evidente que el auto se ha dictado por quien era competente y ten&iacute;a facultades legalmente establecidas para ello.</p> <p>La Sala indica que se pusieron a disposici&oacute;n del juez en plazo legal unos detenidos a los que se les atribu&iacute;a varios delitos graves, cuyos indicios de existencia estim&oacute; concurrente el auto de prisi&oacute;n. Asimismo, se&ntilde;ala que no hay motivos para pensar que la resoluci&oacute;n dictada se apartara de los m&eacute;todos usuales de interpretaci&oacute;n jur&iacute;dica ni para apreciar dolo o culpa grave en el juez o los fiscales. A&ntilde;ade que en todo caso las medidas cautelares, por ser provisionales, pueden finalizar, como en el supuesto analizado, si cambian los presupuestos y circunstancias en que se adoptaron. En este sentido, recuerda que en este caso se produjo la puesta en libertad de los dos actores en d&iacute;as posteriores.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=a33736e9f27c3510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 30 Mar 2016 15:33:00 +0200 El TS confirma la desestimación de la demanda de los sindicatos contra las medidas de flexibilidad interna ofrecidas por Coca-Cola http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=a67ca516232c3510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Nacional que rechaz&oacute; la demanda interpuesta por los sindicatos contra las medidas de flexibilidad interna -movilidad geogr&aacute;fica, modificaci&oacute;n sustancial e inaplicaci&oacute;n de convenio- ofrecidas por Coca Cola a los trabajadores como alternativa voluntaria al despido colectivo de 2014.</p> <p>La sentencia aprecia la existencia de cosa juzgada porque lo planteado por los sindicatos en sus recursos ya se resolvi&oacute; en la sentencia que declar&oacute; nulo el ERE de Coca Cola dictada por la Audiencia Nacional el 12 de junio de 2014 y confirmada por el Tribunal Supremo el 20 de abril de 2015.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=a67ca516232c3510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 29 Mar 2016 16:00:00 +0200 El Supremo confirma la validez de un contrato de alquiler de un local ubicado en una calle en obras http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=010f6017e5cb3510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo, en una sentencia cuyo ponente ha sido el Magistrado Francisco Javier Arroyo Fiestas, ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, que hab&iacute;a declarado la subsistencia del contrato de arrendamiento del local de negocio suscrito entre las partes, y condenaba a los demandados, arrendatarios, a satisfacer solidariamente la cantidad de 42.214,72 euros.</p> <p>En el procedimiento de juicio ordinario, la arrendadora del local de negocio ped&iacute;a en su demanda que se declarase la subsistencia del contrato de arrendamiento de un local de negocio del centro de Sevilla, y se condenase a la parte demandada a continuar dando cumplimiento a las estipulaciones del contrato, y por tanto se condenase a los arrendatarios al pago de las rentas que se han devengado, y todas las que se devenguen durante la tramitaci&oacute;n de la sentencia.</p> <p>Se adjunta nota informativa de la Sala de lo Civil.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=010f6017e5cb3510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 28 Mar 2016 13:30:00 +0200 El Tribunal Supremo avala la custodia de los hijos a una madre enferma leve de Parkinson http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=c5f9bb118bbb3510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Tribunal Supremo ha avalado que una madre con Parkinson leve tenga la guardia y custodia de sus dos hijos menores (actualmente de 9 a&ntilde;os de edad). El alto tribunal rechaza el recurso del padre, que pretend&iacute;a que se le atribuyese a &eacute;l la custodia y se la retirasen a su exmujer alegando que padec&iacute;a un cuadro psiqui&aacute;trico y psicol&oacute;gico complicado, as&iacute; como la citada enfermedad degenerativa, y que por ello no se ocupaba adecuadamente de los ni&ntilde;os.</p> <p>El alto tribunal confirma los pronunciamientos de un Juzgado de Primera Instancia de El Puerto de Santa Mar&iacute;a y de la Audiencia de C&aacute;diz, que otorgaron la guardia y custodia a la madre, de profesi&oacute;n visitadora m&eacute;dica, al llegar a la conclusi&oacute;n de que la enfermedad de Parkinson que padece se encuentra en estado leve y controlada, no impidi&eacute;ndole hacerse cargo de sus hijos, sin perjuicio de lo que resulte de su posterior evoluci&oacute;n.</p> <p>En cuanto a la existencia de una manifestaci&oacute;n ansioso-depresiva en la madre, seg&uacute;n dictamen obrante en la causa, la sentencia explica, primero, que no consta que sea consustancial al Parkinson, y, segundo, que es un cuadro que se da con relativa frecuencia tras las rupturas matrimoniales y no inhabilita para desarrollar la labor como madre, como se deduce del informe psicosocial elaborado por los peritos judiciales. El Supremo concluye que &ldquo;no consta causa alguna que haga desmerecer a la madre en su potencialidad como educadora de sus hijos&rdquo;.</p> <p>En cuanto a la petici&oacute;n subsidiaria del padre, de profesi&oacute;n teniente de nav&iacute;o de la Armada, de que se concediese la guardia y custodia compartida a ambos progenitores, el Supremo se&ntilde;ala que no puede plantearse la cuesti&oacute;n porque el recurrente, en el acto del juicio, renunci&oacute; a la misma, manteniendo exclusivamente la petici&oacute;n de custodia a su favor.</p> <p>En cualquier caso, el alto tribunal se&ntilde;ala que para la adopci&oacute;n del sistema de custodia compartida se requiere una m&iacute;nima capacidad de di&aacute;logo, para no perjudicar el inter&eacute;s del menor, &ldquo;y en el presente caso no se puede pretender un sistema compartido de custodia cuando las partes se relacionan solo por medio de SMS y de sus letrados, lo que abocar&iacute;a al fracaso de este sistema que requiere un m&iacute;nimo de colaboraci&oacute;n que aparque la hostilidad y apueste por el di&aacute;logo y los acuerdos&rdquo;.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=c5f9bb118bbb3510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 23 Mar 2016 12:00:00 +0100 El Tribunal Supremo estima el recurso de Ecologistas en Acción y amplía el registro de especies invasoras http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=a507e522a5983510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Supremo ha estimado parcialmente un recurso de Ecologistas en Acci&oacute;n y ha ampliado el Cat&aacute;logo espa&ntilde;ol de Especies Ex&oacute;ticas Invasoras, incluyendo entre otras especies a la carpa com&uacute;n y a la trucha arco iris. Asimismo, anula las excepciones de la normativa que permit&iacute;an la caza o pesca de algunas de estas especies, la comercializaci&oacute;n de otras (cangrejo rojo) o las explotaciones de cr&iacute;a del vis&oacute;n americano.</p> <p>La Sala III del alto tribunal estima parcialmente el recurso de CODA-Ecologistas en Acci&oacute;n, la Sociedad Espa&ntilde;ola de Ornitolog&iacute;a y la Asociaci&oacute;n para el Estudio y Mejora de los Salm&oacute;nidos, contra el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Cat&aacute;logo espa&ntilde;ol de Especies Ex&oacute;ticas Invasoras.</p> <p>La sentencia anula la exclusi&oacute;n del Cat&aacute;logo, y por tanto ordena su inclusi&oacute;n, de la carpa com&uacute;n, la trucha arco iris, el alga comestible wakame, la pataca o tupinambo y el hongo quitridio. La decisi&oacute;n se basa en informes cient&iacute;ficos del CSIC y otros expertos que prueban el car&aacute;cter invasor y la amenaza grave que suponen sobre las especies aut&oacute;ctonas, el medio ambiente y los h&aacute;bitats y ecosistemas. Algunas de estas especies ya estaban incluidas en el listado de las 100 especies ex&oacute;ticas invasoras m&aacute;s da&ntilde;inas del mundo, seg&uacute;n la Uni&oacute;n Internacional para la Conservaci&oacute;n de la Naturaleza.</p> <p>La inclusi&oacute;n en este Cat&aacute;logo conlleva la prohibici&oacute;n gen&eacute;rica de posesi&oacute;n, transporte, tr&aacute;fico y comercio de ejemplares vivos o muertos, incluyendo el comercio exterior.</p> <p>Asimismo, el Supremo establece la inclusi&oacute;n en el cat&aacute;logo de la poblaci&oacute;n murciana del b&oacute;vido conocido como arru&iacute; (Ammotragus lervia), que los demandantes se&ntilde;alaban que fue introducida en la sierra murciana de Espu&ntilde;a en 1970 por su inter&eacute;s cineg&eacute;tico como trofeo debido a su notable cornamenta. El Supremo rechaza que pueda ser excluido por raz&oacute;n del lugar o provincia de su originaria introducci&oacute;n, o de la fecha de introducci&oacute;n, cuando no se han acreditado circunstancias relativas al h&aacute;bitat o ecosistemas que s&iacute; podr&iacute;an valorarse.</p> <p>De las especies por cuya inclusi&oacute;n en el Cat&aacute;logo abogaban los demandantes, el Supremo no comparte s&oacute;lo la del Hucho hucho, o salm&oacute;n del Danubio, al no existir una evidencia cient&iacute;fica contrastada acerca de la consideraci&oacute;n de este pez como especie ex&oacute;tica invasora, contando con datos como sus dificultades de adaptaci&oacute;n al medio y su localizaci&oacute;n geogr&aacute;fica restringida al r&iacute;o Tormes.</p> <p>Adem&aacute;s, la sentencia anula diversas disposiciones adicionales y transitorias del Real Decreto que reconocen o facilitan actividades empresariales o deportivas en relaci&oacute;n con especies catalogadas, prohibidas con car&aacute;cter general e incondicional en el art&iacute;culo 61.3 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.</p> <p>De ese modo, se anula el apartado segundo de la disposici&oacute;n adicional sexta, en cuanto permit&iacute;a la autorizaci&oacute;n de explotaciones de cr&iacute;a de visi&oacute;n americano, o la disposici&oacute;n adicional quinta, que posibilitaba la comercializaci&oacute;n del cangrejo rojo, al que califica como especie invasora con acreditada constataci&oacute;n cient&iacute;fica sobre su car&aacute;cter da&ntilde;ino.</p> <p>Tambi&eacute;n se anula la disposici&oacute;n transitoria segunda, ya que &ldquo;se trata de una disposici&oacute;n transitoria que no es, en rigor, transitoria, sino que provee un r&eacute;gimen prolongado de disfrute de determinadas situaciones, por tiempo indefinido, en favor de actividades cineg&eacute;ticas o pisc&iacute;colas que son leg&iacute;timas en su ejercicio, pero que no pueden prevalecer frente a los valores superiores que se tratan de preservar con el Cat&aacute;logo de previsi&oacute;n legal, de suerte que ser&aacute; legal, incluso encomiable y susceptible de protecci&oacute;n la caza y la pesca, cuando no se haga objeto de ellas especies catalogadas, que lo son por sus perniciosos efectos sobre el medio ambiente y, en especial, sobre las especies aut&oacute;ctonas y los h&aacute;bitats y ecosistemas&rdquo;.</p> <p>&ldquo;Est&aacute; en la naturaleza de las cosas que la caza y la pesca, lejos de servir a los fines de erradicaci&oacute;n de las especies catalogadas, m&aacute;s bien determinan su mantenimiento indefinido, cuando no la agravaci&oacute;n, del status quo actual, dificultando, si no haciendo imposible, su erradicaci&oacute;n, que es un objetivo inequ&iacute;voco de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad&rdquo;, a&ntilde;ade.</p> <p>Como demandados en el proceso figuraban, adem&aacute;s de la Administraci&oacute;n General del Estado, la Asociaci&oacute;n Espa&ntilde;ola de Black-Bass y la Federaci&oacute;n Espa&ntilde;ola de Pesca y Casting.</p> <p>En varios de los casos, la exclusi&oacute;n del Cat&aacute;logo de las especies ahora consideradas invasoras por el Supremo fue acordada a solicitud de las comunidades aut&oacute;nomas afectadas.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=a507e522a5983510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 18 Mar 2016 13:19:00 +0100 El TS avala el RD de 2013 que regula el reparto estatal de subvenciones con cargo al 0,7 % del IRPF porque no invade competencias autonómicas http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=0feb478f4b483510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de la Generalitat de Catalunya contra el Real Decreto 536/2013, de 12 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones estatales destinadas a la realizaci&oacute;n de programas de inter&eacute;s general con cargo a la asignaci&oacute;n tributaria del 0,7 % del IRPF destinado a fines sociales en el &aacute;mbito de la Secretar&iacute;a de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. El Supremo concluye que el Real Decreto no supone una extralimitaci&oacute;n del Estado en sus competencias.</p> <p>La sentencia explica que dicho Real Decreto se dict&oacute; en ejecuci&oacute;n del Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigaci&oacute;n, el desarrollo y la innovaci&oacute;n. En este texto legal se prev&eacute;n los ejes para la determinaci&oacute;n de los programas a desarrollar mediante el otorgamiento de subvenciones estatales; ejes que comprenden las siguientes actividades: atenci&oacute;n a personas con necesidades educativas o de inserci&oacute;n laboral, fomento de la seguridad ciudadana y prevenci&oacute;n de la delincuencia. As&iacute;, el Real Decreto 536/2013 regula las bases a que deber&aacute; ajustarse la convocatoria y el otorgamiento de esas subvenciones.</p> <p>Asimismo, el Supremo recuerda que, en sentencia de 21 de mayo de 2015, estim&oacute; un recurso de la Generalitat en relaci&oacute;n a otro Real Decreto, el 535/2014, por el que se establec&iacute;an las bases reguladoras para la concesi&oacute;n de subvenciones a entidades del Tercer Sector de &aacute;mbito estatal colaboradoras de la Secretar&iacute;a de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, un Real Decreto que fue anulado por invasi&oacute;n de competencias auton&oacute;micas, y que tambi&eacute;n desarrollaba el Real Decreto-Ley 7/2013.</p> <p>El Supremo establece que el Real Decreto 536/2014, impugnado ahora, no invade competencias de la Generalitat, ya que &ldquo;las subvenciones cuyas bases reguladoras se establecen en esta &uacute;ltima disposici&oacute;n general no tienen por finalidad financiar gastos de funcionamiento, sino actividades prestacionales sustantivas, tales como la atenci&oacute;n a personas con necesidades educativas o de inserci&oacute;n laboral, el fomento de la seguridad ciudadana y la prevenci&oacute;n de la delincuencia&rdquo;.</p> <p>&ldquo;Dista de ser evidente que esas actividades &ndash;que, como se dej&oacute; indicado m&aacute;s arriba, vienen ya previstas por el Real Decreto-ley 7/2013- sean subsumibles en la asistencia social, mencionada en el art. 148.1.20 de la Constituci&oacute;n entre las competencias que en todo caso pueden corresponder a las Comunidades Aut&oacute;nomas&rdquo;, a&ntilde;ade.</p> <p>La Sala insiste en que, para aspirar a las subvenciones contempladas en el Real Decreto 536/2013, no basta que se trate de programas relativos a necesidades educativas, integraci&oacute;n laboral, seguridad ciudadana o prevenci&oacute;n de la delincuencia, sino que es preciso adem&aacute;s que concurra alguna de las circunstancias que justifican la competencia ejecutiva de la Administraci&oacute;n General del Estado: &ldquo;que la materia contemplada en el programa sea en s&iacute; misma de competencia ejecutiva del Estado; que haya un elemento de supraterritorialidad, en el sentido de que la finalidad perseguida no pueda alcanzarse adecuadamente en el estricto &aacute;mbito auton&oacute;mico; o que la ejecuci&oacute;n estatal sea imprescindible para la efectividad de la legislaci&oacute;n b&aacute;sica de Estado&rdquo;.</p> <p>&ldquo;Es evidente que en presencia de alguna de estas circunstancias no cabe dudar de la competencia ejecutiva del Estado en materia de convocatoria y otorgamiento de subvenciones: as&iacute;, dado que el Real Decreto 536/2013 s&oacute;lo es aplicable si se da alguna de dichas circunstancias, hay que concluir que no asiste la raz&oacute;n a la recurrente cuando le reprocha extralimitaci&oacute;n competencial&rdquo;, concluye la sentencia.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=0feb478f4b483510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 17 Mar 2016 14:50:00 +0100 El Supremo confirma la anulación del acuerdo de la constitución de la sociedad Teletaxi Madrid http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=0ee430c967483510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha confirmado la anulaci&oacute;n del acuerdo de la Junta Directiva de la Federaci&oacute;n Profesional del Taxi de Madrid, adoptado el 10 de junio de 2010, de constituci&oacute;n de la sociedad limitada denominada Teletaxi Madrid Servicios SL, anulando la escritura de constituci&oacute;n de la sociedad y su inscripci&oacute;n en el Registro Mercantil.</p> <p>El Supremo rechaza el recurso de la Federaci&oacute;n y confirma las sentencias de la Audiencia de Madrid y del Juzgado de Primera Instancia n&uacute;mero 36 de Madrid, que estimaron una demanda de tres socios de la citada Federaci&oacute;n contra dicho acuerdo de constituci&oacute;n de Teletaxi Madrid.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=0ee430c967483510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 17 Mar 2016 13:56:00 +0100 El TS plantea cuestión prejudicial al TJUE sobre el impuesto de grandes superficies de Cataluña, Aragón y Asturias http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=aaa8d7060ef73510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha planteado en varios autos cuesti&oacute;n prejudicial al Tribunal de Justicia de la Uni&oacute;n Europea para aclarar las dudas sobre la adecuaci&oacute;n del impuesto sobre grandes establecimientos comerciales existente en Catalu&ntilde;a, Asturias y Arag&oacute;n al Tratado de Funcionamiento de la Uni&oacute;n Europea.</p> <p>La petici&oacute;n de elevar cuesti&oacute;n al Tribunal de Justicia de la Uni&oacute;n Europea estaba incluida en los recursos de la Asociaci&oacute;n Nacional de Grandes Empresas de Distribuci&oacute;n (ANGED) contra las sentencias de los tribunales superiores de Justicia de Catalu&ntilde;a, Asturias y Arag&oacute;n en relaci&oacute;n a dichos impuestos.</p> <p>La tramitaci&oacute;n de esos recursos queda suspendida hasta que responda el alto tribunal europeo.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=aaa8d7060ef73510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 16 Mar 2016 16:00:00 +0100 El Tribunal Supremo confirma las condenas de dos policías nacionales por torturar a un detenido en la Jefatura de Palma http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=db3c24eb07473510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p><br />La Sala de lo Penal del alto tribunal ha confirmado las condenas impuestas a dos polic&iacute;as nacionales por torturar a un detenido en el s&oacute;tano de la Jefatura Superior de la Polic&iacute;a de Palma en 2009.</p> <p>La sentencia desestima el recurso de casaci&oacute;n interpuesto por el inspector condenado y ratifica el fallo de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca que le impuso tres a&ntilde;os de prisi&oacute;n y nueve a&ntilde;os de inhabilitaci&oacute;n por un delito de torturas graves y una multa de 360 euros por una falta de lesiones. En cambio, el otro condenado, un subinspector, ve reducida de tres a dos a&ntilde;os de prisi&oacute;n y de nueve a ocho a&ntilde;os de inhabilitaci&oacute;n la pena por un delito de torturas omisivas y resulta absuelto de la falta de lesiones.</p> <p>Seg&uacute;n los hechos probados, el inspector condenado tuvo un altercado con la v&iacute;ctima, despu&eacute;s de cenar y hacer botell&oacute;n con un grupo de compa&ntilde;eros. Aunque estaba fuera de servicio se empe&ntilde;&oacute; en ir a la Jefatura para "leerle la cartilla", pese a que le dijeron que el detenido no era suyo. Aun as&iacute;, se traslad&oacute; a las dependencias policiales donde coincidi&oacute; con el subinspector condenado que estaba al tanto de lo ocurrido en el "Sarandonga". La sentencia relata que el inspector, adem&aacute;s de agredir a D.G., simul&oacute; su ejecuci&oacute;n coloc&aacute;ndole en la sien la pistola del subinspector y dispar&aacute;ndole hasta en tres ocasiones. La agresi&oacute;n acab&oacute; cuando otro polic&iacute;a, alertado por los gritos que proced&iacute;an del s&oacute;tano, baj&oacute; corriendo y vio al inspector encima del detenido d&aacute;ndole pu&ntilde;etazos y al subinspector de pie, inm&oacute;vil, sin impedir lo que estaba ocurriendo en ese momento.</p> <p>La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Antonio del Moral, indica que s&oacute;lo desde su posici&oacute;n de inspector de polic&iacute;a destinado en esa Comisar&iacute;a se puede concebir un episodio como el que motiva la condena y ese hecho es un signo claro de un abuso que fluye del mismo relato, ya que durante la agresi&oacute;n hace gala de su condici&oacute;n. No es relevante, subraya la sentencia, que el detenido no hubiese sido oficialmente puesto a su disposici&oacute;n. Lo decisivo es que estaba a merced suya en las dependencias policiales. En este sentido, afirma que es abusar del cargo acudir por motivos personales al centro de trabajo pese a estar franco de servicio para conseguir que el detenido quede de hecho a su disposici&oacute;n y aprovechar esa situaci&oacute;n para darle el escarmiento en el que estaba empe&ntilde;ado y que ya hab&iacute;a anunciado antes en la sala de fiestas.</p> <p>Asimismo, resalta que es evidente el prop&oacute;sito de "escarmiento" que mov&iacute;a al acusado" que con su conducta, sometiendo a la v&iacute;ctima al propio capricho y llegando a provocar su llanto desesperado ante la idea de una muerte inminente que le es anunciada con credibilidad, afect&oacute; a su integridad moral. A&ntilde;ade que al decir que iba a ir a la Jefatura a leerle la cartilla, seg&uacute;n la sentencia, con esa expresi&oacute;n que "significa lo que significa", desde luego no anuncia el prop&oacute;sito de leer los derechos o que le quer&iacute;a amonestar severamente.</p> <p>En el caso del subinspector, la sentencia sostiene que ha sido condenado porque "no hizo nada y pudo hacerlo" para evitar la agresi&oacute;n como se desprende del relato de otros presentes y de su actitud posterior. De hecho se&ntilde;ala que su pasividad fue fruto de una decisi&oacute;n consciente y, si no premeditada, s&iacute; al menos, asumida en aqu&eacute;l momento lo que es suficiente para que le sea reprochable la conducta omisiva.</p> <p>La sentencia explica que al subinspector se le rebaja la pena de prisi&oacute;n y la de inhabillitaci&oacute;n porque no merece la misma pena quien ha protagonizado la acci&oacute;n agresora, que es superior jer&aacute;rquico, y ha causado lesiones; y quien, sin concierto previo, se limita a no impedir esa conducta a quien es su mando.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=db3c24eb07473510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 11 Mar 2016 18:00:00 +0100 El Supremo dice que excluir a los hijos extramatrimoniales de la sucesión de un título nobiliario no vulnera el principio de igualdad http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=f0792b21a8653510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha estimado los recursos de casaci&oacute;n interpuestos por los demandados en un caso de conflicto en la sucesi&oacute;n de un t&iacute;tulo nobiliario cuya carta de concesi&oacute;n ordenaba la sucesi&oacute;n exclusivamente a favor de los hijos y descendientes de leg&iacute;timo matrimonio.</p> <p>En una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Antonio Salas Carcelles, el alto tribunal, siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional sobre los t&iacute;tulos nobiliarios en relaci&oacute;n con el principio de igualdad (STC 126/1997) considera que corresponder&iacute;a en su caso al poder legislativo, no al judicial, equiparar los hijos extramatrimoniales a los matrimoniales, como en su momento hizo la Ley 33/2006, de 30 de octubre, de igualdad del hombre y la mujer en el orden de sucesi&oacute;n de los t&iacute;tulos nobiliarios, suprimiendo las diferencias por raz&oacute;n de sexo.</p> <p>La resoluci&oacute;n constata, al tiempo de dictarse la citada ley, el legislador era consciente tambi&eacute;n de la existencia de tratamiento diferenciado por raz&oacute;n del origen matrimonial o extramatrimonial, sin que estimase oportuno legislar sobre ello. La Sala, as&iacute;, concluye que no le corresponde suplantar la labor del poder legislativo.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=f0792b21a8653510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 08 Mar 2016 15:15:00 +0100 El uso de la marca “Champin” no infringe la denominación de origen “Champagne”, según el Tribunal Supremo http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=bc78f97ff2153510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Civil ha confirmado que el uso de la marca &ldquo;Champin&rdquo; para comercializar una bebida gaseosa infantil de frutas del bosque y fresas no constituye una infracci&oacute;n de la denominaci&oacute;n de origen &ldquo;Champagne&rdquo; por parte de la empresa Industrias Espadafor, titular de la mencionada marca.</p> <p>La sentencia rechaza el recurso de casaci&oacute;n interpuesto por el Comit&eacute; Interprofessionel Du Vin de Champagne y ratifica el fallo de la Audiencia Provincial de Granada que no apreci&oacute; causa de nulidad de la marca &ldquo;Champin&rdquo; ni actos de competencia desleal, en contra de lo que sostuvo el juzgado de lo mercantil de Granada al estimar la demanda de dicho Comit&eacute;.</p> <p>La Sala Primera considera que Industrias Espadafor ha utilizado su marca denominativa &ldquo;Champin&rdquo; como la tiene registrada, para una bebida infantil gaseosa con sabor a frutas, producto ajeno a los vinos amparados por la denominaci&oacute;n de origen &ldquo;Champagne&rdquo; y a cualquiera de los protegidos por el Reglamento (CE) 1234/2007.</p> <p>Del mismo modo, indica que la evocaci&oacute;n que el uso del signo &ldquo;Champin&rdquo; puede generar respecto del &ldquo;Champagne&rdquo; es tenue e irrelevante. Sobre todo, subraya la sentencia, porque en este caso no se genera la conexi&oacute;n mental en el consumidor que perjudique la finalidad perseguida con la denominaci&oacute;n de origen, y tampoco constituye un aprovechamiento indebido de su reputaci&oacute;n.</p> <p>Asimismo, la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Ignacio S&aacute;nchez Gargallo, afirma que la marca &ldquo;Champin&rdquo; no induce a pensar a los consumidores que su bebida ha sido elaborada a partir de champagne o que sea un producto derivado del mismo o que comparta con &eacute;l algunas de sus caracter&iacute;sticas principales. A&ntilde;ade que a ello contribuye de manera decisiva la singularidad de los productos objeto de protecci&oacute;n por la denominaci&oacute;n de origen y su disparidad respecto a aquellos para los que est&aacute; registrada la marca denunciada, que impide que pueda generarse aquella idea err&oacute;nea sobre su calidad o procedencia.</p> <p>La Sala de lo Civil concluye que la empresa demandada no est&aacute; usando la denominaci&oacute;n de origen, sino una marca denominativa que no es tan semejante como para que su empleo para los productos a los que se aplica se aproveche del prestigio del &ldquo;Champagne&rdquo;. Seg&uacute;n la sentencia el empleo simult&aacute;neo del mismo envase que los vinos espumosos y de aguja, y no exclusivo del &ldquo;Champagne&rdquo;, tampoco supone un aprovechamiento de la reputaci&oacute;n ajena.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=bc78f97ff2153510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 07 Mar 2016 14:00:00 +0100 El Tribunal Supremo rechaza que unos abuelos condenados a pagar la pensión de su nieta paguen además gastos extras http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=cb0ce0ecdd053510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Supremo rechaza que los abuelos tengan obligaci&oacute;n de pagar los gastos extraordinarios de una nieta por la insolvencia de sus padres. La Sala Civil rechaza el recurso de una madre que pretend&iacute;a que los cuatro abuelos de su hija, los dos paternos y los dos maternos, que fueron condenados ya en 2014 a pasar una pensi&oacute;n de alimentos de esa nieta, deban pagar adem&aacute;s sus clases de m&uacute;sica y otros gastos extraordinarios.</p> <p>El alto tribunal desestima el recurso de la madre de la menor y ratifica el fallo de la Audiencia de Provincial de Gij&oacute;n y del Juzgado de Primera Instancia n&uacute;mero 11 de la misma localidad. Este &uacute;ltimo fue quien el 27 de mayo de 2014 estim&oacute; parcialmente una demanda de la madre y conden&oacute; a los cuatro abuelos a pagar una pensi&oacute;n de alimentos a la nieta (actualmente de 12 a&ntilde;os de edad) por importe total de 250 euros mensuales, de los cuales 135 euros deb&iacute;an ser satisfechos por los abuelos paternos, y 115 por los maternos. La Audiencia Provincial s&oacute;lo corrigi&oacute; la decisi&oacute;n en el sentido de que la pensi&oacute;n deb&iacute;a pagarse desde la fecha de interposici&oacute;n de la demanda y dentro de los cinco primeros d&iacute;as de cada mes.</p> <p>Dicha sentencia fue recurrida en casaci&oacute;n ante el Supremo por la madre, quien est&aacute; impedida para trabajar por minusval&iacute;a, y que percibe una pensi&oacute;n no contributiva de 357,70 euros mensuales y 24,25 euros de la Seguridad Social por cada uno de sus tres hijos. El marido es insolvente absoluto y tiene una enfermedad que le impide incorporarse al mercado laboral.</p> <p>La mujer, que destac&oacute; en su recurso al Supremo que su caso era el primero en Espa&ntilde;a que declaraba el derecho de una menor a percibir pensi&oacute;n de alimentos de sus cuatro abuelos, alegaba que tambi&eacute;n deb&iacute;an tener cabida en dicha acci&oacute;n los gastos extraordinarios, en concreto las clases de m&uacute;sica y de apoyo de su hija.</p> <p>En la sentencia recurrida no se condena al pago de los gastos extraordinarios, debido a que los mismos s&oacute;lo se recogen en el art&iacute;culo 93 del C&oacute;digo Civil para las relaciones entre padres e hijos, pero no para el caso de abuelos con nietos, relaci&oacute;n &eacute;sta que tiene su regulaci&oacute;n en el art&iacute;culo 142 del C&oacute;digo Civil, para el sustento, habitaci&oacute;n, vestido y asistencia m&eacute;dica.</p> <p>El Supremo recuerda que los gastos extraordinarios que reclama la madre (m&uacute;sica y apoyo) no son estrictamente parte de los derivados de la educaci&oacute;n de la menor, la que asiste a un colegio p&uacute;blico y como tal gratuito. &ldquo;Es comprensible el deseo de la madre de afrontar la satisfacci&oacute;n de dichos gastos, pero es de reconocer que el art&iacute;culo 142 del C. Civil, no los impone a los abuelos, los que vienen condenados al pago de alimentos, en la proporci&oacute;n que puedan atenderlos, dada su condici&oacute;n de jubilados y edad avanzada de los mismos&rdquo;, agrega la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Francisco Javier Arroyo Fiestas.</p> <p>&ldquo;Los gastos extraordinarios que se reclaman no tienen cabida legal en la relaci&oacute;n de abuelos-nietos, sin perjuicio, como se declara en la sentencia recurrida, por remisi&oacute;n a la del Juzgado, que en ocasiones proceder&aacute;n los gastos extraordinarios si tienen relaci&oacute;n con los conceptos recogidos en el art&iacute;culo 142 del C&oacute;digo Civil, a los que antes hicimos referencia (sustento, habitaci&oacute;n, vestido y asistencia m&eacute;dica)&rdquo;, dice el Supremo.</p> <p>&ldquo;En conclusi&oacute;n -se&ntilde;ala la sentencia- los abuelos tienen obligaci&oacute;n de afrontar los gastos que generen sus nietos, ante la insolvencia de los padres, de acuerdo con lo establecido en el art&iacute;culo 142 del C&oacute;digo Civil y con respeto estricto del principio de proporcionalidad&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=cb0ce0ecdd053510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 07 Mar 2016 12:40:00 +0100 El TS fija los requisitos para la utilización de marcas registradas como ‘keywords’ en buscadores de internet http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=11b908976a733510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Civil ha establecido que pueden utilizarse marcas registradas como palabra clave o &lsquo;keywords&rsquo; en un buscador de internet siempre y cuando su uso no menoscabe la funci&oacute;n indicadora del origen de la misma, ni su funci&oacute;n econ&oacute;mica. La sentencia precisa que tambi&eacute;n tiene que resultar claro para un usuario medio de internet que los productos o servicios publicitados no proceden del titular de la marca o de una empresa econ&oacute;micamente vinculada; y de no ser as&iacute;, se indique bajo qu&eacute; circunstancia se venden productos de una determinada marca a trav&eacute;s de una p&aacute;gina web distinta a la oficial para evitar el riesgo de confusi&oacute;n.</p> <p>La sentencia aborda el problema planteado por Maherlo Ib&eacute;rica, una empresa dedicada a la venta al p&uacute;blico y a distancia de zapatos con alza, que tiene registradas dos marcas comunitarias cuya graf&iacute;a corresponde a los t&eacute;rminos &ldquo;masaltos&rdquo; y &ldquo;masaltos.com&rdquo;. La citada empresa demand&oacute; a Charlet, empresa competidora, por haber seleccionado como palabras clave los signos "masaltos" y "masaltos.com" en el servicio remunerado de referenciaci&oacute;n &lsquo;adwords&rsquo; de Google.es para que, en el caso de que coincidan con los t&eacute;rminos introducidos por los usuarios de internet en el buscador, aparezca a partir del a&ntilde;o 2011, como enlace patrocinado en la parte superior de los resultados naturales de b&uacute;squeda, el siguiente anuncio: aumentar su altura de 7 cm/berttulli-zapatos.es. Zapatos con plantillas para aumentar la altura. <a href="http://www.bertulli-zapatos.es">www.bertulli-zapatos.es</a>.</p> <p>La Audiencia Provincial de Alicante, al igual que la sentencia de primera instancia, rechaz&oacute; la demanda y concluy&oacute; que la contrataci&oacute;n por la demandada &ndash;Charlet- de los signos id&eacute;nticos a los elementos denominativos de las marcas indicadas de la demandante &ndash;Maherlo Ib&eacute;rica- como keywords no vulnera las funciones de la marca: indicaci&oacute;n del origen, publicidad e inversi&oacute;n.</p> <p>De acuerdo con dichas sentencias y con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Uni&oacute;n Europea, la Sala Primera desestima el recurso de casaci&oacute;n de la citada empresa y concluye que el derecho de exclusiva de la marca no es absoluto y que tal uso &uacute;nicamente ser&aacute; considerado infracci&oacute;n de marca cuando el uso de la marca ajena se haga con el fin de identificar un determinado producto o servicio.<br />Del mismo modo, rechaza el argumento de Maherlo Ib&eacute;rica de que 63 internautas (de 5.510 que introdujeron el t&eacute;rmino litigioso en el buscador) compraron productos de la demandada porque pensaban que adquir&iacute;an productos de la demandante.<br />La sentencia se&ntilde;ala que, una vez que el buscador de internet redirige al usuario al anuncio concreto, lo que hay que examinar son los t&eacute;rminos de dicho anuncio y en este caso no aparecen las marcas &ldquo;masaltos&rdquo; ni &ldquo;masaltos.com&rdquo;. Por consiguiente, la ausencia de dichos t&eacute;rminos, seg&uacute;n la Sala, indica claramente a los consumidores que se trata de empresas distintas y competidoras, respet&aacute;ndose la funci&oacute;n de indicaci&oacute;n del origen de la marca. Asimismo, a&ntilde;ade que la redirecci&oacute;n a la p&aacute;gina de la demandada genera la sensaci&oacute;n cierta de que productos similares (zapatos con alzas) los fabrican y venden distintas empresas que compiten entre s&iacute; en el mismo segmento de mercado.</p> <p>Asimismo, destaca que tampoco se ha producido vulneraci&oacute;n de la doctrina jurisprudencial sobre las facultades del titular de la marca, cuyo derecho no es absoluto, estando sometido a determinadas limitaciones. A&ntilde;ade que el derecho de exclusiva consustancial a la marca llevado a sus &uacute;ltimas consecuencias puede originar disfunciones en el mercado al restarle transparencia y al lesionar los leg&iacute;timos intereses de los competidores, por servir de obst&aacute;culo para su desempe&ntilde;o comercial il&iacute;cito.</p> <p>La Sala Primera se&ntilde;ala, adem&aacute;s, que las palabras clave que usa Charlet en internet no coinciden exactamente con las marcas mixtas registradas por Maherlo Ib&eacute;rica, que combinan los t&eacute;rminos &ldquo;masaltos&rdquo; o &ldquo;masaltos.com&rdquo; con una apariencia gr&aacute;fica ascendente para evocar el aumento de estatura.</p> <p>Los magistrados tambi&eacute;n rechazan el motivo sobre la existencia de jurisprudencia contradictoria de la Audiencia Provinciales sobre este asunto. En este sentido, inciden en que el caso planteado en este recurso es distinto a los resueltos por las Audiencias Provinciales de Madrid y Granada que s&iacute; apreciaron infracci&oacute;n de marca porque la empresa demandada no s&oacute;lo hab&iacute;a registrado como palabras clave los t&eacute;rminos &ldquo;masaltos&rdquo; y &ldquo;masaltos.com&rdquo;, sino que los mismos tambi&eacute;n aparec&iacute;an en la p&aacute;gina web a la que redirig&iacute;a el anuncio.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=11b908976a733510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 02 Mar 2016 16:13:00 +0100 El Tribunal Supremo condena a un hombre a cuatro años de cárcel por provocar un incendio forestal con una bengala en Cartagena http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=bd81f89ad3233510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado cuatro a&ntilde;os de c&aacute;rcel para un hombre que provoc&oacute; un incendio de 10 hect&aacute;reas en espacio natural protegido en Cartagena (Murcia) al tirar una bengala para se&ntilde;alar d&oacute;nde se encontraba a unos amigos con los que hab&iacute;a quedado para avistar ovnis. El suceso se produjo en la madrugada del 10 al 11 de junio de 2012.</p> <p>El Supremo confirma la pena impuesta por la Secci&oacute;n Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia, con sede en Cartagena, que estableci&oacute; tambi&eacute;n que el acusado debe pagar una indemnizaci&oacute;n de 51.658 euros a la Comunidad Aut&oacute;noma de Murcia. La resoluci&oacute;n establece que, por imprudencia grave, cometi&oacute; un delito de incendio forestal con peligro para la vida o integridad de las personas y afectaci&oacute;n a espacio natural protegido (Sierra de la Muela-Cabo Ti&ntilde;oso).</p> <p>Las sentencias y autos del Tribunal Supremo se difunden desde esta Oficina de Comunicaci&oacute;n a efectos informativos, no estando autorizada su inclusi&oacute;n en ning&uacute;n Fichero o Base de Datos, en aplicaci&oacute;n de lo dispuesto en la legislaci&oacute;n sobre protecci&oacute;n de datos.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=bd81f89ad3233510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 01 Mar 2016 14:15:00 +0100 El Tribunal Supremo condena por primera vez a Catalunya Banc por la venta de preferentes http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=1db347c203d23510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Primera del Tribunal Supremo, en la primera sentencia que ha dictado sobre las participaciones preferentes de Catalunya Banc, condena a la entidad a devolver 122.647 euros a dos clientes por incumplimiento del deber de informaci&oacute;n sobre los productos financieros complejos que le impon&iacute;a la directiva comunitaria Mifid e incluso la legislaci&oacute;n anterior a esa normativa.</p> <p>El tribunal anula la sentencia sobre el caso dictada por la Audiencia de Zaragoza, que dio la raz&oacute;n al banco, y confirma la del Juzgado de Primera Instancia n&uacute;mero 1 de Zaragoza, que estim&oacute; &iacute;ntegramente la demanda de los dos clientes.</p> <p>Catalunya Banc es condenado a devolver a los demandantes 122.647 euros correspondientes a participaciones preferentes, deuda subordinada y dep&oacute;sitos estructurados, cuant&iacute;a a la que se deber&aacute; descontar las cantidades que hayan llegado a cobrar dichos clientes por esos productos.</p> <p>En relaci&oacute;n a las preferentes, el Supremo destaca que es un producto de inversi&oacute;n complejo y de riesgo elevado, que puede generar rentabilidad, pero tambi&eacute;n p&eacute;rdidas en el capital invertido, situ&aacute;ndose, a los efectos de prelaci&oacute;n de cr&eacute;ditos, &ldquo;y frente a lo que su nombre pueda err&oacute;neamente hacer interpretar, inmediatamente detr&aacute;s de todos los acreedores, subordinados o no, de la entidad de cr&eacute;dito emisora o de la dominante del grupo o subgrupo consolidable de entidades de cr&eacute;dito y delante de los accionistas ordinarios y, en su caso, de los cuota-part&iacute;cipes&rdquo;.</p> <p>El Supremo destaca que la informaci&oacute;n suministrada por &ldquo;Caixa Catalunya&rdquo; a los demandantes no puede calificarse como suficiente y no se ajusta a los par&aacute;metros exigidos por la normativa que entonces estaba vigente.</p> <p><strong>Informaci&oacute;n equivocada</strong></p> <p>&ldquo;Ni siquiera la informaci&oacute;n que aparec&iacute;a en las &oacute;rdenes de compra de los productos &ndash;se&ntilde;ala la sentencia--, prerredactadas por la entidad financiera, era adecuada, puesto que no se explicaba cu&aacute;l era la naturaleza de los productos adquiridos, no se identificaba adecuadamente al emisor de las participaciones preferentes, los datos que se conten&iacute;an ofrec&iacute;an una informaci&oacute;n equivocada, o cuanto menos equ&iacute;voca, sobre la naturaleza de los productos (como era la del plazo, cuando en realidad se trataba de participaciones perpetuas), y no se informaba sobre sus riesgos&rdquo;.</p> <p>El alto tribunal, en una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Pedro Jos&eacute; Vela Torres, se&ntilde;ala que &ldquo;las empresas de inversi&oacute;n deb&iacute;an actuar en el ejercicio de sus actividades con imparcialidad y buena fe, sin anteponer los intereses propios a los de sus clientes, en beneficio de &eacute;stos y del buen funcionamiento del mercado, realizando sus operaciones con cuidado y diligencia, seg&uacute;n las estrictas instrucciones de sus clientes, solicitando de sus clientes informaci&oacute;n sobre su situaci&oacute;n financiera, experiencia inversora y objetivos de inversi&oacute;n&rdquo;.</p> <p>A&ntilde;ade que &ldquo;quien ha sufrido el error merece en este caso la protecci&oacute;n del ordenamiento jur&iacute;dico puesto que confi&oacute; en la informaci&oacute;n que le suministraba quien estaba legalmente obligado a un grado muy elevado de exactitud, veracidad y defensa de los intereses de su clientela en el suministro de informaci&oacute;n sobre los productos de inversi&oacute;n cuya contrataci&oacute;n ofertaba y asesoraba&rdquo;.</p> <p>Para el Supremo, &ldquo;el hecho de tener un patrimonio considerable, o que los clientes hubieran realizado algunas inversiones previas no los convierte tampoco en clientes expertos, puesto que no se ha probado que en esos casos se diera a los demandantes una informaci&oacute;n adecuada para contratar el producto con conocimiento y asunci&oacute;n de los riesgos de una inversi&oacute;n compleja y sin garant&iacute;as. La contrataci&oacute;n de algunos productos de inversi&oacute;n con el asesoramiento de Caixa Catalunya, sin que la entidad pruebe que la informaci&oacute;n que dio a los clientes fue mejor que la que suministr&oacute; en el caso objeto del recurso, y en concreto, que fue la exigida por la normativa del mercado de valores, solo puede indicar la reiteraci&oacute;n de la entidad financiera en su conducta incorrecta, no el car&aacute;cter experto de los clientes&rdquo;.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=1db347c203d23510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 29 Feb 2016 15:24:00 +0100 El Tribunal Supremo aprecia por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=14a847c203d23510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Pleno de la Sala II del Tribunal Supremo ha apreciado, por primera vez, la responsabilidad penal de las personas jur&iacute;dicas y confirma las condenas impuestas por la Audiencia Nacional a tres empresas por su participaci&oacute;n en delitos contra la salud p&uacute;blica, en concreto en el tr&aacute;fico de m&aacute;s de 6.000 kilos de coca&iacute;na escondida en maquinaria objeto de importaci&oacute;n y exportaci&oacute;n entre Espa&ntilde;a y Venezuela. En relaci&oacute;n a una de las empresas, modifica la pena excluyendo la disoluci&oacute;n de la misma debido a que cuenta con una plantilla de m&aacute;s de cien personas que no tienen que sufrir los graves perjuicios de dicha medida, pero confirma que la sociedad debe pagar una multa de 775 millones de euros.</p> <p>La sentencia explica los requisitos para apreciar la responsabilidad de las empresas de acuerdo al art&iacute;culo 31 bis del C&oacute;digo Penal. En primer t&eacute;rmino, como presupuesto inicial, debe constatarse la comisi&oacute;n de delito por una persona f&iacute;sica que sea integrante de la persona jur&iacute;dica (en este caso eran administradores de hecho o de derecho).</p> <p>Y en segundo t&eacute;rmino, que las empresas hayan incumplido su obligaci&oacute;n de establecer medidas de vigilancia y control para evitar la comisi&oacute;n de delitos. &ldquo;As&iacute;, la determinaci&oacute;n del actuar de la persona jur&iacute;dica, relevante a efectos de la afirmaci&oacute;n de su responsabilidad penal, ha de establecerse a partir del an&aacute;lisis acerca de si el delito cometido por la persona f&iacute;sica en el seno de aqu&eacute;lla, ha sido posible o facilitado por la ausencia de una cultura de respeto al derecho como fuente de inspiraci&oacute;n de la actuaci&oacute;n de su estructura organizativa e independiente de la de cada una de las personas jur&iacute;dicas que la integran, que habr&iacute;a de manifestarse en alguna clase de formas concretas de vigilancia y control del comportamiento de sus directivos y subordinados jer&aacute;rquicos tendentes a la evitaci&oacute;n de la comisi&oacute;n por &eacute;stos de los delitos&rdquo;, se&ntilde;ala la sentencia.</p> <p>En su sentencia, aunque lo descartan en este caso, los magistrados advierten de situaciones futuras donde puedan producirse conflictos de intereses procesales entre las personas f&iacute;sicas acusadas del delito y las personas jur&iacute;dicas que sean representadas por esas mismas personas f&iacute;sicas, lo que podr&iacute;a originar una conculcaci&oacute;n efectiva del derecho de defensa de la empresa. En ese sentido, pide a los jueces y tribunales que intenten evitar riesgos de ese tipo para proteger el derecho de defensa de la persona jur&iacute;dica. Asimismo, sugiere al legislador que &ldquo;remedie normativamente&rdquo; este tipo de situaciones.</p> <p>La resoluci&oacute;n diferencia entre la empresa con actividad real y las que califica como sociedades &ldquo;pantalla&rdquo;, carentes de cualquier actividad l&iacute;cita y creadas exclusivamente para la comisi&oacute;n de hechos delictivos. Estas, seg&uacute;n la sentencia, han de ser consideradas al margen del r&eacute;gimen de responsabilidad penal del art&iacute;culo 31 bis CP, sin perjuicio de que en el caso de autos se considere de utilidad mantener las penas de disoluci&oacute;n y multa impuestas.</p> <p>La sentencia cuenta con el voto particular concurrente de 7 de los 15 magistrados que formaron el Pleno, que comparte el fallo de la resoluci&oacute;n pero discrepa de parte de la doctrina que recoge. As&iacute;, considera que, en el caso de las personas jur&iacute;dicas, altera las reglas probatorias aplicables con car&aacute;cter general para la apreciaci&oacute;n de circunstancias eximentes, estableciendo que las acusaciones acrediten el hecho negativo de la no concurrencia de instrumentos eficaces para la prevenci&oacute;n de delitos. En opini&oacute;n de estos magistrados, &ldquo;no procede constituir a las personas jur&iacute;dicas en un modelo privilegiado de excepci&oacute;n en materia probatoria&rdquo;, sino que corresponde a la persona jur&iacute;dica alegar la concurrencia de dichos instrumentos, y aportar una base racional para que pueda ser constatada la disposici&oacute;n de los mismos.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=14a847c203d23510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 29 Feb 2016 14:20:00 +0100 El Tribunal Supremo confirma las condenas a seis piratas somalíes que dispararon contra un atunero vasco en 2012 http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=e93362742ec23510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha confirmado las condenas a 16 a&ntilde;os y medio de c&aacute;rcel para seis piratas somal&iacute;es que en 2012 dispararon a un atunero vizca&iacute;no frente a las costas de Somalia, y destaca que para consumar el delito de pirater&iacute;a mar&iacute;tima no se requiere el apoderamiento del buque atacado, sino que basta cometer una atentado contra las personas, el cargamento o los bienes que se hallen a bordo de esas embarcaciones.</p> <p>El 10 de octubre de 2012, siguiendo un plan preconcebido, los seis acusados dispararon con fusiles de asalto Ak-47 desde la embarcaci&oacute;n que ocupaban al atunero de bandera espa&ntilde;ola &ldquo;Izurdia&rdquo;, que faenaba en aguas del &Iacute;ndico.</p> <p>El personal de seguridad privada a bordo del buque vizca&iacute;na repeli&oacute; la agresi&oacute;n y consigui&oacute; despu&eacute;s de media hora abortar el asalto, en el que no hubo heridos. Al d&iacute;a siguiente, un buque de guerra holand&eacute;s, integrado en la Operaci&oacute;n Atalanta de la Uni&oacute;n Europea, de prevenci&oacute;n frente a la pirater&iacute;a, detuvo a los atacantes tras una persecuci&oacute;n ya que &eacute;stos no se deten&iacute;an.</p> <p>La Audiencia Nacional conden&oacute; a los seis piratas por tres delitos: 11 a&ntilde;os de c&aacute;rcel por pirater&iacute;a (art&iacute;culo 616.ter del C&oacute;digo Penal), 1 a&ntilde;o y medio por resistirse a la detenci&oacute;n (art&iacute;culo 616.quater) y 4 a&ntilde;os de c&aacute;rcel por delito de pertenencia a grupo criminal.</p> <p>En una sentencia de la que ha sido ponente el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, el Supremo rechaza los recursos de los condenados y subraya que el delito de pirater&iacute;a admite distintas formas comisivas.</p> <p>&ldquo;La primera de ellas exigir&iacute;a la destrucci&oacute;n, el da&ntilde;o o el apoderamiento de un buque u otro tipo de embarcaci&oacute;n o plataforma en el mar. Para la segunda, bastar&iacute;a el atentado contra las personas, cargamento o bienes que se hallen a bordo de aquellas embarcaciones. En este caso, ya fuera el atentado contra las personas o bienes simplemente instrumental para la ejecuci&oacute;n del acto de destrucci&oacute;n o apoderamiento, ya fuera el fin &uacute;nico perseguido por los piratas, el delito quedar&iacute;a consumado&rdquo;, se&ntilde;ala la resoluci&oacute;n.</p> <p>Los magistrados a&ntilde;aden que ni el art. 616 ter del C&oacute;digo Penal, ni el 101 de la Convenci&oacute;n Montego Bay, condicionan la consumaci&oacute;n del delito de pirater&iacute;a a que el acto depredatorio llegue a realizarse, despojando a su titular del buque, o que &eacute;ste quede inservible para la navegaci&oacute;n a la que habitualmente se dedica.</p> <p>Respecto a la pertenencia a grupo criminal, la Sala destaca que formaban &ldquo;un colectivo armado que hace de la pirater&iacute;a su medio de vida, que localiza su actividad criminal en un espacio geogr&aacute;fico muy determinado &ndash;frente a las costas de Somalia- que selecciona sus objetivos conforme a una metodolog&iacute;a que se repite en uno y otro caso, que emplea armas de alto poder destructivo, telecomunicaciones de &uacute;ltima generaci&oacute;n, medios de escalo para el abordaje, motores fuera borda y, en fin, un grupo en el que est&aacute;n perfectamente distribuidos los espacios funcionales de cada integrante&rdquo;.</p> <p>La sentencia tambi&eacute;n defiende la denominada &ldquo;pericial de inteligencia&rdquo; que realizaron para la causa miembros del Cuerpo Nacional de Polic&iacute;a: &ldquo;La sofistificaci&oacute;n de los medios empleados para la intercomunicaci&oacute;n de los integrantes de esas bandas u organizaciones, las habituales t&eacute;cnicas de encriptaci&oacute;n y, en fin, la constante tendencia a la clandestinidad, son razones suficientes para admitir una prueba pericial cuyo objeto sea ofrecer al Juez, al Fiscal y al resto de las partes, una explicaci&oacute;n detallada de la "pr&aacute;ctica" que anima la actividad delictiva de esas y de otras organizaciones delictivas&rdquo;, dice el Supremo.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=e93362742ec23510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 29 Feb 2016 13:30:00 +0100 EL TS confirma la condena a dos empleados de banco por no repartir con la limpiadora de la sucursal el premio del ‘cuponazo’ que compartían http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=e98bad9cc9813510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal ha confirmado la condena a dos empleados de un banco de Palencia a un a&ntilde;o de prisi&oacute;n a cada uno por apropiarse de la parte del premio perteneciente a la limpiadora de la entidad bancaria con la que jugaban todos los viernes un cup&oacute;n de la ONCE que result&oacute; premiado cuando ella estaba de vacaciones. Los dos condenados tendr&aacute;n que pagar de forma conjunta y solidaria una indemnizaci&oacute;n de 33.333 euros, la tercera parte de los 100.000 euros del premio, a la mujer como copropietaria del billete.</p> <p>Seg&uacute;n los hechos probados, los dos empleados del banco, junto a la limpiadora, compraban entre los tres un cup&oacute;n para el sorteo del &ldquo;cuponazo&rdquo; que se celebra los viernes. De los tres euros que costaba el cup&oacute;n, cada uno pagaba un euro, y si alguno estaba de vacaciones, los otros pagaban el importe y despu&eacute;s el ausente pagaba su parte. De forma verbal, acordaron que si alg&uacute;n d&iacute;a tocaba el billete se repartir&iacute;an el premio en proporci&oacute;n a su participaci&oacute;n.</p> <p>Una semana despu&eacute;s de que la limpiadora comenzara sus vacaciones, el d&iacute;a 7 de septiembre de 2012, el cup&oacute;n que los otros dos hab&iacute;an comprado en su ausencia result&oacute; premiado con 100.000 euros, cantidad que cobraron &iacute;ntegramente los dos condenados, incluida la cantidad que correspond&iacute;a a su compa&ntilde;era, a quien le ocultaron el premio. Cuando la limpiadora se enter&oacute; y reclam&oacute; su parte, ambos negaron cualquier pacto de compra conjunta y se negaron a entregarle el dinero.</p> <p>La Sala de lo Penal desestima el recurso de casaci&oacute;n interpuesto por uno de los condenados &ndash;la otra persona condenada no recurri&oacute;- contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Palencia confirmada ahora por el Tribunal Supremo. En su recurso, argument&oacute; que no hab&iacute;a pacto con la mujer, que compraba el cup&oacute;n de forma independiente.</p> <p>Sin embargo, los magistrados concluyen que &ldquo;entre los acusados y la perjudicada exist&iacute;a un pacto verbal para la adquisici&oacute;n conjunta todos los viernes del &ldquo;cuponazo&rdquo;, aportando cada uno de ellos un euro, siendo el reparto del hipot&eacute;tico premio proporcional a dicha cantidad (un tercio del premio)&rdquo;.</p> <p>La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado C&aacute;ndido Conde-Pumpido, destaca que se trata de un pacto verbal con datos suficientes para concluir la obligaci&oacute;n de los acusados de repartir el premio. En consecuencia, la conducta del acusado de no repartirlo con una de las personas que participaban en la compra conjunta del mismo es constitutiva del delito de apropiaci&oacute;n indebida.</p> <p>Asimismo, la Sala de lo Penal concluye que la Audiencia Provincial de Palencia dict&oacute; su condena con indicios de gran consistencia como la declaraci&oacute;n de la perjudicada, del vendedor de los cupones de la ONCE y de una empleada del banco, que pas&oacute; un d&iacute;a por dicha sucursal, que declar&oacute; que vio a los tres comprando el cup&oacute;n.</p> <p>La sentencia concede mayor credibilidad al vendedor de la ONCE frente al testimonio de otra empleada del banco &ndash;testigo de la defensa del recurrente- que afirm&oacute; que la limpiadora compraba al mismo tiempo que los acusados su propio cup&oacute;n. En este sentido, afirma que no solo por la falta de relaciones de compa&ntilde;erismo del vendedor con los acusados, sino por ser el testigo directo de la forma de proceder durante un a&ntilde;o; quien de forma rotunda afirm&oacute; que los implicados &uacute;nicamente adquir&iacute;an un cup&oacute;n &ndash;no dos como afirman los acusados- siendo abonado el mismo a partes iguales por los tres&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=e98bad9cc9813510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 25 Feb 2016 14:38:00 +0100 Condenado a 20 años de cárcel un profesor de kárate por abusar de un niño de 9 años y distribuir pornografía infantil en internet http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=167ef795b5313510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Tribunal Supremo ha condenado a 20 a&ntilde;os de c&aacute;rcel a un profesor de k&aacute;rate de Tenerife por violar a un ni&ntilde;o de 9 a&ntilde;os y distribuir pornograf&iacute;a infantil en internet de menores de muy corta edad e incluso beb&eacute;s.</p> <p>La sentencia aumenta de 18 a 20 a&ntilde;os la condena al acusado, respecto a las penas que le impuso la Audiencia de Tenerife en mayo de 2015, al estimar un recurso de la Fiscal&iacute;a por inaplicaci&oacute;n indebida, en el delito de distribuci&oacute;n de pornograf&iacute;a infantil a trav&eacute;s de internet, de la agravante derivada del tipo de escenas entre adultos y ni&ntilde;os que se mostraban en los archivos compartidos por el acusado.</p> <p>La sentencia destaca que el contenido del material pornogr&aacute;fico, tal como se describe en la sentencia de la Audiencia de Tenerife, &ldquo;es claramente expresivo de un brutal ejercicio de violencia sexual por parte de adultos sobre ni&ntilde;os&rdquo;. La agresi&oacute;n sexual al menor de 9 a&ntilde;os se produjo en 2013 en un gimnasio propiedad del acusado.</p> <p>La sentencia de la Audiencia de Tenerife declar&oacute; adem&aacute;s prescrita la responsabilidad penal del acusado en otros tres delitos continuados de abuso sexual que cometi&oacute; sobre tres hermanas menores de edad en la d&eacute;cada de los 90, cuando era conductor de guagua infantil.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=167ef795b5313510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 24 Feb 2016 14:15:00 +0100 El Tribunal Supremo confirma las condenas a exdirigentes del PSC por tráfico de influencias en un nombramiento http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=0b0e2bca7f213510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala II ha confirmado las condenas de 1 a&ntilde;o y 4 meses de c&aacute;rcel y multa de 60.000 euros al exsecretario de Organizaci&oacute;n del PSC Daniel Fern&aacute;ndez Gonz&aacute;lez y al exalcalde de Sabadell Manuel Bustos Garrido, del mismo partido, por influir para que se otorgara un puesto directivo por concurso p&uacute;blico a una persona pol&iacute;ticamente af&iacute;n en el Ayuntamiento de Montcada y Reixac (Barcelona), en mayo de 2012.</p> <p>Asimismo, se ratifica la misma condena por el mismo delito de tr&aacute;fico de influencias que a los dos anteriores a Francisco Bustos Garrido, hermano de Manuel y, en el momento de los hechos, primer secretario de la Agrupaci&oacute;n del Vall&eacute;s Occidental Sud del PSC, mientras que a la exalcaldesa de Montxada y Reixac Mar&iacute;a Elena P&eacute;rez Garc&iacute;a se le impone una pena de 7 a&ntilde;os de inhabilitaci&oacute;n para empleo o cargo p&uacute;blico electivo de cualquier clase en la Administraci&oacute;n local, por un delito de prevaricaci&oacute;n, al considerarse probado que para satisfacer los deseos de su superior en el PSC nombr&oacute; para el puesto a la persona que le hab&iacute;an planteado Fern&aacute;ndez y Bustos, que era Carmina Llum&agrave;, pareja sentimental de un estrecho colaborador de Manuel Bustos y que hab&iacute;a ocupado ya puestos relevantes en administraciones p&uacute;blicas afines al PSC.</p> <p>Para nombrar a esta persona, seg&uacute;n los hechos probados de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalu&ntilde;a ahora confirmada, la exalcaldesa convenci&oacute; a los consultores que hab&iacute;an hecho las pruebas del concurso p&uacute;blico para que cambiaran su informe inicial, que se&ntilde;alaba que LLum&agrave; no era apta para el puesto y que la &uacute;nica apta era otra candidata.</p> <p>En sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Perfecto Andr&eacute;s Ib&aacute;&ntilde;ez, el Supremo desestima &iacute;ntegramente los recurso de Fern&aacute;ndez y Manuel Bustos, y de los de Francisco Bustos y Mar&iacute;a Elena P&eacute;rez Garc&iacute;a s&oacute;lo acepta que ninguno de los cuatro acusados debi&oacute; ser condenado al pago de las costas procesales correspondientes a la acusaci&oacute;n popular en la causa. Por ello, corrige la sentencia en el &uacute;nico aspecto de anular esa condena en costas a la acci&oacute;n popular.</p> <p>La resoluci&oacute;n avala los razonamientos del Tribunal Superior de Justicia de Catalu&ntilde;a para fundar las condenas, en particular lo relativo a las pruebas documentales, incluido el expediente municipal sobre el proceso de selecci&oacute;n cuestionado, y al contenido de las intervenciones telef&oacute;nicas, que el Supremo califica &ldquo;de una expresividad incuestionable, por la calidad de sus protagonistas, por el momento y la cadencia temporal con que se produjeron y por su contenido&rdquo;. En las conversaciones interceptadas hablan Fern&aacute;ndez y los hermanos Bustos.</p> <p>En cuanto al reproche que hace Daniel Fern&aacute;ndez en su recurso a que el TSJ de Catalu&ntilde;a no hab&iacute;a valorado en detalle las pruebas testificales, el Supremo se&ntilde;ala: &ldquo;Aparte de que en la sentencia hay concretas referencias a los elementos de juicio derivados de aqu&eacute;llas, resulta que estos no son, en rigor, m&aacute;s directos que los de fuente documental y los aportados por las interceptaciones telef&oacute;nicas, todos los cuales est&aacute;n inequ&iacute;vocamente referidos al hecho principal objeto de imputaci&oacute;n. Con la relevante particularidad de que estos &uacute;ltimos carecen del menor sesgo, en el sentido de que no pudieron sufrir ninguna interferencia derivada de la existencia del proceso ni de alguna estrategia de defensa, y cuentan, por ello, con una autenticidad y una fiabilidad paradigm&aacute;ticas, bien apreciadas por la sala de instancia&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=0b0e2bca7f213510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 24 Feb 2016 12:40:00 +0100 El TS confirma que Hacienda debe devolver 3,1 millones de euros de IVA a la Universidad de Salamanca http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=dbbf772992d03510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala III del Tribunal Supremo ha confirmado el derecho de la Universidad de Salamanca a la devoluci&oacute;n adicional por parte de Hacienda de 3,1 millones de euros, m&aacute;s intereses, por las deducciones al IVA correspondientes a los materiales adquiridos para proyectos de investigaci&oacute;n entre los a&ntilde;os 2002 y 2004.</p> <p>&nbsp;El alto tribunal ratifica as&iacute; la sentencia de la Secci&oacute;n Tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJCyL, de 21 de marzo de 2014, declarando el derecho de la Universidad de Salamanca a que por la Administraci&oacute;n Tributaria se dicte un nuevo acuerdo que declare su derecho a una devoluci&oacute;n adicional de 3.130.841,17 euros, m&aacute;s intereses.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=dbbf772992d03510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 23 Feb 2016 09:00:00 +0100 El Supremo no considera que la web calatravanonoscalla.com atente al honor del arquitecto http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=1ab0540390903510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala I del Tribunal Supremo ha rechazado que la p&aacute;gina web calatravanonoscalla.com, de Esquerra Unida del Pa&iacute;s Valenci&aacute;, vulnere el honor del arquitecto. El tribunal ha desestimado el recurso de Santiago Calatrava contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que confirm&oacute; que lo &uacute;nico atentatorio contra el honor del arquitecto de dicha web era su t&iacute;tulo inicial, &ldquo;calatravatelaclava.com&rdquo;, pero no el contenido. Y a&ntilde;ade que en el nuevo nombre, calatravanonoscalla.com, &ldquo;no concurren las razones que motivaron el pronunciamiento condenatorio consentido por el partido pol&iacute;tico demandado, puesto que &ldquo;no nos calla&rdquo; es una expresi&oacute;n claramente diferente de &ldquo;te la clava&rdquo;, y hace referencia a la oposici&oacute;n del partido demandado a cesar en las cr&iacute;ticas a la actuaci&oacute;n del demandante que se conten&iacute;an en la p&aacute;gina web objeto de la demanda&rdquo;.</p> <p>El origen del pleito arranca con una demanda de Santiago Calatrava contra Esquerra Unida por la web &ldquo;calatravanoslaclava.com&rdquo;. El arquitecto consideraba que tanto el t&iacute;tulo como su contenido atentaban contra su honor, por lo que ped&iacute;a su cierre y una indemnizaci&oacute;n de 600.000 euros.</p> <p>Primero el Juzgado de Primera Instancia n&uacute;mero 12 de Valencia, y despu&eacute;s la Audiencia de Valencia, coincidieron en que lo &uacute;nico que pod&iacute;a considerarse atentatorio era el nombre de la web, pero no su contenido, amparado por la libertad de expresi&oacute;n, y conden&oacute; a Esquerra Unida a pagar una indemnizaci&oacute;n de 30.000 euros a Calatrava.</p> <p>La sentencia de la Audiencia de Valencia s&oacute;lo fue recurrida al Supremo por el arquitecto, no por Esquerra Unida, motivo por el que el alto tribunal no se pronuncia sobre si fue o no correcto determinar que el nombre de la web &ldquo;calatravanoslaclava.com&rdquo; era atentatorio.</p> <p>Respecto al contenido de la p&aacute;gina, el Supremo rechaza la pretensi&oacute;n de Calatrava de que se considerase tambi&eacute;n atentatorio contra &eacute;l. &ldquo;La libertad de expresi&oacute;n comprende la cr&iacute;tica de la conducta de otro aun cuando sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a aquel contra quien se dirige, pues as&iacute; lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el esp&iacute;ritu de apertura, sin los cuales no existe sociedad democr&aacute;tica&rdquo;, se&ntilde;ala la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Rafael Saraz&aacute; Jimena.</p> <p>&ldquo;En materias tales como la contrataci&oacute;n p&uacute;blica y la realizaci&oacute;n de costosas obras p&uacute;blicas, hay que admitir la existencia de una cr&iacute;tica robusta y desinhibida, pues su cercenamiento podr&iacute;a suponer un riesgo para la salud democr&aacute;tica. Esta cr&iacute;tica tiene unos m&aacute;rgenes m&aacute;s amplios cuando es realizada por actores institucionales del debate p&uacute;blico, como es en este caso un partido pol&iacute;tico o sus parlamentarios, sin perjuicio de que el p&uacute;blico destinatario de las opiniones expresadas por estos pueda tener en cuenta el dato del origen de las expresiones vertidas en el debate p&uacute;blico, como indicativas de su mayor o menor neutralidad&rdquo;, a&ntilde;ade la resoluci&oacute;n.</p> <p>&ldquo;En suma &ndash;concluye el Supremo--, si lo que se pretend&iacute;a era denunciar el despilfarro de las administraciones p&uacute;blicas, lo elevado de los honorarios cobrados por el demandante con cargo al erario p&uacute;blico, la existencia de favoritismo, de irregularidades en la contrataci&oacute;n, de obras defectuosas, retrasadas, de proyectos pagados que ni siquiera hab&iacute;an empezado a ejecutarse, la localizaci&oacute;n de las empresas del demandante de forma que los impuestos no se pagaran en Espa&ntilde;a, etc., no puede considerarse excesivo ni desproporcionado el recurso a la utilizaci&oacute;n de frases o expresiones como las indicadas, las cuales, lejos de resultar inequ&iacute;vocamente</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=1ab0540390903510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 22 Feb 2016 16:00:00 +0100 El TS establece que el Estado deberá indemnizar a los perjudicados por las cantidades abonadas durante la vigencia del 'céntimo sanitario' http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=a75f6bb7259f2510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Supremo establece que las indemnizaciones por el &lsquo;c&eacute;ntimo sanitario&rsquo; que debe pagar la Administraci&oacute;n General del Estado son la suma, en relaci&oacute;n a cada perjudicado, de todas las cantidades que abon&oacute; durante la vigencia de dicho impuesto contrario al derecho de la Uni&oacute;n Europea, que entr&oacute; en vigor en 2002, y que reclam&oacute; en su recurso contencioso-administrativo.</p> <p>La Sala III del alto tribunal subraya que en este caso, el plazo para reclamar se inici&oacute; al dictarse la sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni&oacute;n Europea, de 27 de febrero de 2014, que declar&oacute; que la Ley espa&ntilde;ola que cre&oacute; el impuesto hab&iacute;a vulnerado el Derecho de la UE.</p> <p>En las dos primeras sentencias dictadas sobre esta materia -cuyo fallo estimatorio se avanz&oacute; el pasado 26 de enero-, el Supremo recoge otras tres bases para fijar las indemnizaciones, las dos primeras para evitar un enriquecimiento injusto. As&iacute;, la segunda base es que de la cuant&iacute;a a cobrar se descontar&aacute;n las cantidades que, en el momento de efectuarse el pago de la indemnizaci&oacute;n por responsabilidad, el recurrente ya hubiera percibido por devoluci&oacute;n de ingresos indebidos respecto del mismo impuesto y ejercicios.</p> <p>En tercer lugar, tambi&eacute;n podr&aacute; minorarse por las cantidades que el recurrente ya hubiera percibido por las devoluciones del tramo auton&oacute;mico respecto del gas&oacute;leo profesional, respecto de ese mismo impuesto y ejercicios.</p> <p>La cuarta base se&ntilde;ala que se abonar&aacute;n los intereses legales de la cantidad correspondiente desde el d&iacute;a de la presentaci&oacute;n de la reclamaci&oacute;n hasta la fecha de la notificaci&oacute;n de la respectiva sentencia del Tribunal Supremo. Tras estas dos sentencias, de contenido similar y que condenan al Estado a pagar indemnizaciones de entre 73.000 y 92.800 euros a dos empresas, el alto tribunal tiene que resolver m&aacute;s de 4.000 recursos sobre el mismo asunto.</p> <p>Las dos sentencias del Supremo, de las que ha sido ponente la magistrada Mar&iacute;a del Pilar Teso Gamella, estiman los recursos de &ldquo;Transportes Mu&ntilde;iz S.L.&rdquo; y de &ldquo;Empresa Freire S.L.&rdquo;, respectivamente, contra los acuerdos del Consejo de Ministros, de febrero de 2015, que denegaron su reclamaci&oacute;n por responsabilidad patrimonial del Estado legislador debido a los da&ntilde;os que les origin&oacute; la aplicaci&oacute;n del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de determinados Hidrocarburos, conocido como &ldquo;c&eacute;ntimo sanitario&rdquo;, que estuvo en vigor desde el 1 de enero de 2002 hasta el 1 de enero de 2013, y que fue declarado contrario al derecho comunitario en sentencia en febrero de 2014.</p> <p><strong>Violaci&oacute;n suficientemente caracterizada</strong></p> <p>La cuesti&oacute;n medular para estimar o no los recursos, y reconocer las correspondientes indemnizaciones, era determinar si la infracci&oacute;n del Derecho comunitario fue una &ldquo;violaci&oacute;n suficientemente caracterizada&rdquo;, y el Supremo aprecia que s&iacute; lo fue porque, al tiempo de la implantaci&oacute;n del impuesto, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uni&oacute;n Europea y &ldquo;las uniformes e insistentes&rdquo; comunicaciones de las autoridades comunitarias a las espa&ntilde;olas, pon&iacute;an de manifiesto que dicho impuesto no se ajustaba a lo dispuesto en el art&iacute;culo 3.2 de la Directiva 92/12/CEE. &ldquo;De modo que la violaci&oacute;n del Derecho Comunitario ten&iacute;a el grado de claridad suficiente para ser considerada como suficientemente caracterizada&rdquo;, se&ntilde;alan las sentencias.</p> <p>&ldquo;Cuando entra en vigor, en 2002, el controvertido impuesto, creado mediante Ley 24/2001, las autoridades espa&ntilde;olas eran conscientes, o deber&iacute;an haberlo sido (lo que significa que no puede ser un error jur&iacute;dico de car&aacute;cter excusable), que dicho impuesto no se ajustaba a lo dispuesto por el art&iacute;culo 3.2 de la Directiva 92/12/CEE&rdquo;, concluye el Supremo.</p> <p>El motivo de que vulnerase la normativa comunitaria fue que &eacute;sta requiere que este tipo de impuestos indirectos tengan una &ldquo;finalidad espec&iacute;fica&rdquo; y no presupuestaria, de modo que su objeto por s&iacute; mismo no sea financiar una trasferencia del Estado a las Comunidades Aut&oacute;nomas, como aqu&iacute; suced&iacute;a, sino que hubiese sido preciso que los rendimientos del impuesto se destinaran a garantizar la protecci&oacute;n de la salud y del medioambiente para disminuir los costes sociales y medioambientales ocasionados o vinculados, espec&iacute;ficamente, al consumo de los hidrocarburos gravados, lo que no ocurri&oacute;.</p> <p><strong>Relaci&oacute;n de causalidad directa y exclusiva</strong></p> <p>El Supremo tambi&eacute;n se&ntilde;ala que, en contra por lo sostenido por la Administraci&oacute;n, &ldquo;la relaci&oacute;n de causalidad es directa porque la parte recurrente ha sufrido un da&ntilde;o de car&aacute;cter econ&oacute;mico, que es antijur&iacute;dico porque no tiene el deber de soportar, derivado de una actuaci&oacute;n de los poderes p&uacute;blicos, que se concreta en la aplicaci&oacute;n de una norma legal contraria al Derecho de la Uni&oacute;n Europea, cuando entre ambos elementos media un v&iacute;nculo causal. Y es de car&aacute;cter directo porque la aprobaci&oacute;n de la Ley 24/2001, que crea el impuesto, y los sucesivos actos de aplicaci&oacute;n, generan un da&ntilde;o econ&oacute;mico en forma de repercusi&oacute;n derivada de las sucesivas liquidaciones tributarias. Sin lo primero, esa actuaci&oacute;n de los poderes p&uacute;blicos, no se hubiera producido lo segundo, el da&ntilde;o o perjuicio econ&oacute;mico. De ah&iacute; su car&aacute;cter necesario&rdquo;.</p> <p>La relaci&oacute;n de causalidad es exclusiva toda vez que el da&ntilde;o ocasionado al recurrente deriva de la aplicaci&oacute;n de una ley estatal, la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que alumbra el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de determinados Hidrocarburos. &ldquo;No se trata de determinar, a los efectos que ahora enjuiciamos, qu&eacute; Administraci&oacute;n o Administraciones se han beneficiado de los rendimientos de dicho impuesto, sino qu&eacute; Administraci&oacute;n o Administraciones son responsables de su implantaci&oacute;n.</p> <p>Y si bien es cierto que la configuraci&oacute;n del impuesto permite que junto al tipo estatal, se aprueben tipos impositivos adicionales por las Comunidades Aut&oacute;nomas, y as&iacute; lo hicieron algunas, lo cierto es que es la citada Ley 24/2001 la que establece un dise&ntilde;o y estructura del impuesto contrario al Derecho de la Uni&oacute;n Europea. Es el art&iacute;culo 9 de la Ley 24/2001 el que trasgrede el art&iacute;culo 3.2 de la Directiva de impuestos especiales armonizados, dando lugar al ingreso de cantidades econ&oacute;micas por la aplicaci&oacute;n de un impuesto, cuya invalidez ha sido declarada. Manteni&eacute;ndose en vigor durante m&aacute;s de diez a&ntilde;os, sin que fuera derogado por qui&eacute;n ten&iacute;a la competencia para hacerlo&rdquo;, explica la resoluci&oacute;n.</p> <p>Aclara que lo examinado es la legalidad de una denegaci&oacute;n de reclamaci&oacute;n por responsabilidad patrimonial y no de una devoluci&oacute;n de ingresos indebidos, pues &eacute;sta &uacute;ltima, efectivamente, se presenta ante la Administraci&oacute;n que ha recibido el ingreso indebido, mientras que en el caso de la responsabilidad patrimonial es ante la Administraci&oacute;n autora de la actuaci&oacute;n que causa el da&ntilde;o que debe ser reparado.</p> <p><strong>Voto particular</strong></p> <p>Las sentencias cuentan con sendos votos particulares del magistrado Jos&eacute; Luis Requero Ib&aacute;&ntilde;ez, que discrepa de sus cinco compa&ntilde;eros del tribunal que ha dictado las resoluciones, y considera que debieron desestimarse los recursos por considerar que la vulneraci&oacute;n de la norma comunitaria que supuso el &lsquo;c&eacute;ntimo sanitario&rsquo; no fue &ldquo;suficientemente caracterizada&rdquo;, es decir, que no fue un incumplimiento suficientemente grave o manifiesto por parte de Espa&ntilde;a.</p> <p>&ldquo;Cabe concluir -seg&uacute;n este magistrado- que, efectivamente, Espa&ntilde;a cre&oacute; un impuesto no armonizado cuya compatibilidad con las exigencias del art&iacute;culo 3.2 de la Directiva 92/12/CEE eran dudosas, y las posturas favorables y desfavorables eran defendibles, al margen de cu&aacute;l fuese m&aacute;s convincente. Finalmente ser&aacute; el TJUE quien zanje el debate avanzando &ndash;y concretando- en la interpretaci&oacute;n e integraci&oacute;n del concepto &ldquo;finalidad espec&iacute;fica&rdquo; exigible a los impuestos especiales no armonizados. Ahora bien, lo que de convincente hay en esa doctrina no lleva a que la postura contraria, mantenida durante m&aacute;s de diez a&ntilde;os, haya dado lugar a una infracci&oacute;n de la norma comunitaria suficientemente caracterizada, es decir, que con su mantenimiento se haya incurrido en una infracci&oacute;n grave, manifiesta, intencionada e inexcusable de la Directiva 92/12/CEE&rdquo;.</p> <p>A ello a&ntilde;ade &ldquo;la dificultad de exigir como finalidad especifica unas pol&iacute;ticas de fomento de determinadas energ&iacute;as y que desincentiven el uso de hidrocarburos, algo complejo en comparaci&oacute;n con tributos que graven el tabaco o el alcohol, a lo que se a&ntilde;ade el reparto competencial entre el Estado y Comunidades Aut&oacute;nomas en cuanto que el primero promulga la ley creadora del impuesto y las segundas las pol&iacute;ticas objeto de financiaci&oacute;n. Que en el procedimiento prejudicial no se probase o no hubiese constancia de las mismas habr&aacute; llevado a una interpretaci&oacute;n de la norma comunitaria de la que se deduce que la norma espa&ntilde;ola no se ajusta a la misma, que la incumple, pero no da pie a considerar que ese incumplimiento sea grave y manifiesto&rdquo;.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=a75f6bb7259f2510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 19 Feb 2016 13:00:00 +0100 El TS señala que la custodia compartida no exime del pago de la pensión de alimentos si hay desproporción en los ingresos de los padres http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=b0eec5e0324f2510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Tribunal Supremo ha declarado que el sistema de custodia compartida de los hijos no exime del pago de una pensi&oacute;n de alimentos si existe desproporci&oacute;n entre los ingresos de ambos c&oacute;nyuges. La Sala I ha examinado el caso de una pareja divorciada en la provincia de Sevilla, y confirma que el padre debe pasar una pensi&oacute;n a su exmujer para la manutenci&oacute;n de sus dos hijas menores, ya que la progenitora no percibe salario ni rendimiento alguno, y adem&aacute;s rechaza que esa pensi&oacute;n pueda limitarse temporalmente (como hizo el Juzgado de Primera Instancia que estudi&oacute; el asunto, que fij&oacute; el l&iacute;mite en dos a&ntilde;os), &ldquo;pues los menores no pueden quedar al socaire de que la madre pueda o no encontrar trabajo&rdquo;, m&aacute;s all&aacute; de que posteriormente pueda haber modificaciones si existe variaci&oacute;n sustancial de las circunstancias (art&iacute;culo 91 del C&oacute;digo Civil).</p> <p>El alto tribunal, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Francisco Javier Arroyo Fiestas, estima parcialmente el recurso del padre contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla y concede la custodia compartida de las hijas. El Supremo se&ntilde;ala que, de acuerdo a la sentencia recurrida, ambos progenitores tienen capacidad para educar a los hijos, y el sistema de custodia compartida, seg&uacute;n la jurisprudencia del alto tribunal, es el deseable cuando sea posible, en contra de lo que considera la Audiencia sevillana al estimar que la custodia compartida es, de facto, un sistema excepcional que exige una acreditaci&oacute;n especial.</p> <p>El Supremo otorga la custodia compartida porque, en este caso, fomenta la integraci&oacute;n del menor con ambos padres, evita el sentimiento de p&eacute;rdida, no cuestiona la idoneidad de los progenitores, y estimula la cooperaci&oacute;n de los padres en beneficio de los menores.</p> <p>Sin embargo, la sentencia no acepta la petici&oacute;n del padre de que, al adoptarse el sistema de custodia compartida, ya no es necesario el pago de alimentos, pues cada progenitor se deber&iacute;a hacer cargo de los mismos durante el periodo que tenga la custodia.</p> <p>El Juzgado de Primera Instancia n&uacute;mero 7 de Sevilla estableci&oacute; la custodia compartida, as&iacute; como una pensi&oacute;n de alimentos de 350 euros mensuales que deber&iacute;a pagar el padre durante 2 a&ntilde;os (plazo que el juez consideraba prudencial para que la mujer accediese al mercado laboral, debiendo a partir de entonces cada progenitor hacerse cargo de los alimentos de los hijos en los periodos en que est&eacute;n a su cargo). Asimismo, dicho Juzgado fij&oacute; una pensi&oacute;n compensatoria de 150 euros a pagar por el padre a la madre durante 2 a&ntilde;os.</p> <p>La Audiencia de Sevilla, estimando un recurso de la madre, declar&oacute; que la guardia y custodia le correspond&iacute;a a ella, mantuvo la pensi&oacute;n de alimentos de 350 euros mensuales pero sin limitaci&oacute;n temporal, y elev&oacute; de 2 a 3 a&ntilde;os el periodo de vigencia de la pensi&oacute;n compensatoria.</p> <p>Finalmente, la soluci&oacute;n del Supremo es: establecer la custodia compartida, dejar la pensi&oacute;n de alimentos sin limitaci&oacute;n temporal y mantener en 3 a&ntilde;os la pensi&oacute;n compensatoria. La Sala subraya que una limitaci&oacute;n temporal tiene sentido en una pensi&oacute;n compensatoria, como est&iacute;mulo en la b&uacute;squeda de ocupaci&oacute;n laboral, pero no tiene cabida en los alimentos a los hijos.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=b0eec5e0324f2510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 18 Feb 2016 13:00:00 +0100 El Supremo confirma la pena de un año de prisión para el joven que realizó una pintada apoyando a ETA en una calle de Navarra http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=a3d89e6b5cfe2510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala II ha confirmado la condena de un a&ntilde;o de c&aacute;rcel que la Audiencia Nacional impuso a Julen Ibarrola P&eacute;rez por delito de enaltecimiento del terrorismo por realizar una pintada en una calle de Lesaka (Navarra) consistente en un dibujo de un hacha rodeada por una serpiente (anagrama de ETA) y un texto en euskera que en castellano significa: &ldquo;Estamos orgullosos de vuestra lucha. Viva vosotros, el pueblo est&aacute; con vosotros&rdquo;. La sentencia cuenta con dos votos particulares.</p> <p>La resoluci&oacute;n, de la que ha sido ponente el magistrado Jos&eacute; Ram&oacute;n Soriano, destaca que la pintada fue &ldquo;perfectamente destacada y advertible&rdquo; y se realiz&oacute; &ldquo;en una calle, importante o no, pero concurrida por gran cantidad de personas, porque esos d&iacute;as coincid&iacute;an con las fiestas de San Ferm&iacute;n. Por tanto, aunque se tratara de una calle no c&eacute;ntrica de la poblaci&oacute;n, las personas que por all&iacute; transitaban eran abundantes durante las fiestas, por lo que todas ellas pudieron percatarse de las expresiones objeto de la pintada&rdquo;.</p> <p>A&ntilde;ade que &ldquo;el tipo penal, por otra parte, no exige ni un grado determinado de difusi&oacute;n, o un m&iacute;nimo de personas que pueden llegar a conocer el mensaje. El hecho probado evidencia que la pintada era susceptible de ser conocida y lo fue por muchas personas. La nota de publicidad concurri&oacute; en el hecho, ya que la "pintada" era lo suficientemente grande y llamativa, hasta el punto que hac&iacute;a imposible que pasara desapercibida para la gente que por all&iacute; transitaba&rdquo;.</p> <p>Entiende adem&aacute;s que &ldquo;las expresiones eran inequ&iacute;vocas y ensalzaban a los miembros de una organizaci&oacute;n terrorista, con conciencia y en circunstancias que iban a llegar al conocimiento de gran n&uacute;mero de personas&rdquo;. &ldquo;Las expresiones objeto de la pintada, todas en s&iacute; mismas consideradas, expresan ideas inequ&iacute;vocas de enaltecimiento de la banda terrorista ETA y de sus integrantes&rdquo;, y adem&aacute;s, las frases escritas quedaban encerradas en un recuadro, trazado por el autor indicativo de que lo escrito, se consideraba concluso.</p> <p><strong>Votos particulares</strong></p> <p>Frente a la tesis de la mayor&iacute;a de los 5 magistrados del tribunal, dos de ellos han emitido votos particulares. As&iacute;, el magistrado Perfecto Andr&eacute;s Ib&aacute;&ntilde;ez expone que cuando Ibarrola hizo la pintada (5 de julio de 2014) ETA &ldquo;llevaba tiempo sin realizar actos terroristas y, en la consideraci&oacute;n p&uacute;blica, aun sin haberse disuelto, habr&iacute;a desistido de cometerlos&rdquo;.</p> <p>&ldquo;Pues bien &ndash;a&ntilde;ade el voto--, siendo as&iacute;, la &uacute;nica &ldquo;lucha&rdquo;, a la saz&oacute;n en vigor, era la sostenida por los presos de aquella; de manera que lo rotulado podr&iacute;a muy bien ser la simple manifestaci&oacute;n de una adhesi&oacute;n moral al activismo de esos etarras privados de libertad, que, es notorio, animan todo un movimiento en pro de la mejora de su r&eacute;gimen carcelario&rdquo;. Es una hip&oacute;tesis que este magistrado considera muy plausible, y que a su entender no est&aacute; contemplada en el art&iacute;culo 578 del C&oacute;digo Penal (enaltecimiento del terrorismo) por el que ha sido condenado el acusado.</p> <p>Por su parte, el segundo voto particular, del magistrado Andr&eacute;s Palomo del Arco, se&ntilde;ala que de apreciarse en la pintada un delito de enaltecimiento del terrorismo s&oacute;lo podr&iacute;a haber sido aplicado en grado de tentativa, ya que el autor fue sorprendido por la Polic&iacute;a Foral cuando &ldquo;estaba realizando&rdquo; la pintada, y por tanto &eacute;sta no hab&iacute;a llegado a un n&uacute;mero significativo de personas. De acuerdo a la jurisprudencia del tribunal, recuerda este magistrado, la acci&oacute;n de enaltecer ha de realizarse por cualquier medio de expresi&oacute;n o difusi&oacute;n que otorgue cierta publicidad, como puede ser un peri&oacute;dico, un acto p&uacute;blico o un lugar con numerosa concurrencia.</p> <p>&ldquo;No puede predicarse que el enaltecimiento hubiera sido &ldquo;p&uacute;blico&rdquo;; que hubiera tenido un m&iacute;nimo de difusi&oacute;n; o al menos no obra en la narraci&oacute;n de hechos probados, sin que sea factible su integraci&oacute;n con elementos factuales contenidos en la fundamentaci&oacute;n jur&iacute;dica, que se limitan a indicar la afluencia de gente a las fiestas locales, pero no que en el lugar de la pintada a la hora que se hizo hubiera concurrencia de personas, ni siquiera viandantes ocasionales&rdquo;, argumenta este voto particular.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=a3d89e6b5cfe2510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 17 Feb 2016 16:00:00 +0100 El TS aumenta la condena a un sacerdote que se apropió de dinero de una fundación y absuelve a su pareja http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=171abab875ae2510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala II del Tribunal Supremo ha aumentado la condena a un sacerdote jubilado, A.M.R, por apropiaci&oacute;n indebida de 43.000 euros de la cuenta de la Fundaci&oacute;n de la que era presidente, y absuelve a la mujer que era su pareja sentimental y secretaria de la misma Fundaci&oacute;n, que hab&iacute;a sido condenada por la Audiencia Provincial de Burgos como c&oacute;mplice, al considerar que no hay datos suficientes para su condena en los hechos probados.</p> <p>En sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Jos&eacute; Manuel Maza, el Supremo eleva, al estimar el recurso de la Fiscal&iacute;a, de 1 a&ntilde;o y 6 meses a 1 a&ntilde;o y 9 meses la condena al cura jubilado que realiz&oacute; los cargos por la citada cantidad contra una cuenta de la Fundaci&oacute;n &ldquo;Padre Crist&oacute;bal Figuero&rdquo;, mientras la presidi&oacute; (2009-2011) para atender gastos de &eacute;l y su pareja, y sin comunicar ni aportar a la Fundaci&oacute;n justificaci&oacute;n alguna.</p> <p>De otro lado, estima tambi&eacute;n el recurso de la pareja del sacerdote, A.I.Z.A., que era secretaria de la misma Fundaci&oacute;n y en el mismo periodo, y anula su condena a 4 meses de prisi&oacute;n como c&oacute;mplice del procesado, por resultar insuficiente para condenarla la escueta descripci&oacute;n de los hechos probados: &ldquo;Siendo todo conocido por la acusada A.I.Z.A., sin que &eacute;sta, en su condici&oacute;n de secretaria de la Fundaci&oacute;n, pusiese objeci&oacute;n a ello, ni tampoco en conocimiento de los dem&aacute;s miembros de la misma.&rdquo;</p> <p>Para el Supremo &ldquo;el mero conocimiento de los hechos no supone contribuci&oacute;n alguna a su comisi&oacute;n, en tanto que si lo que la Audiencia le atribuye es la participaci&oacute;n mediante una comisi&oacute;n por omisi&oacute;n, prevista en el art&iacute;culo 11 del C&oacute;digo Penal, semejante atribuci&oacute;n de responsabilidad hubiere requerido una suficiente explicaci&oacute;n, que en este caso es del todo inexistente, por parte del Tribunal &ldquo;a quo&rdquo; acerca de la obligada &ldquo;posici&oacute;n de garante&rdquo; que pudiere ostentar en relaci&oacute;n con los actos realizados por el presidente de la Fundaci&oacute;n, lo que, por otra parte, hubiera debido conducir, caso de existir tal obligaci&oacute;n en los t&eacute;rminos necesarios para ello, a una implicaci&oacute;n propia de la autor&iacute;a, no de la complicidad&rdquo;.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=171abab875ae2510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 16 Feb 2016 15:00:00 +0100 El Supremo ordena repetir un juicio por violación a un menor por vulneración de imparcialidad http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=d7bd228b12ae2510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Tribunal Supremo ha ordenado repetir el juicio a un hombre por violar a su hijo de 8 a&ntilde;os, al haberse contaminado el tribunal al dictar el auto de procesamiento del acusado. Por vulneraci&oacute;n del derecho al juez imparcial en su vertiente objetiva, la Sala II anula la primera sentencia condenatoria, dictada por la Secci&oacute;n Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva, que impuso al padre una condena de 14 a&ntilde;os y 3 meses de c&aacute;rcel por delito continuado de agresi&oacute;n sexual.</p> <p>En sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Juli&aacute;n S&aacute;nchez Melgar, el alto tribunal se&ntilde;ala a las distintas secciones de las audiencias provinciales que deben cruzarse este tipo de asuntos, para que unas resuelvan los recursos relativos a la instrucci&oacute;n sumarial y otras se encarguen del enjuiciamiento. Y en los casos de Secci&oacute;n &uacute;nica, a&ntilde;ade, tienen que arbitrarse los medios org&aacute;nicos necesarios para que sean otros magistrados quienes enjuicien las causas, sin haber tomado contacto invalidante con la instrucci&oacute;n sumarial.</p> <p>Destaca que la repetici&oacute;n del juicio, que deber&aacute; realizarse ante un tribunal formado por diferentes magistrados a los que dictaron la primera sentencia, no supondr&aacute; una victimizaci&oacute;n secundaria del menor, pues el tribunal utiliz&oacute; la grabaci&oacute;n de su exploraci&oacute;n como prueba preconstituida, lo que de nuevo puede repetirse, sin que, por lo dem&aacute;s, este aspecto haya generado motivo alguno de impugnaci&oacute;n por la defensa del acusado.</p> <p>La sentencia explica que los jueces de la Audiencia de Huelva, en el an&aacute;lisis jur&iacute;dico que plasmaron en el auto de confirmaci&oacute;n del auto de procesamiento, no solamente hicieron suya toda la argumentaci&oacute;n f&aacute;ctica del instructor en donde se referenciaban pormenorizadamente los indicios en que se fundamentaba el juicio provisional de culpabilidad, &ldquo;sino destacan, en tal resoluci&oacute;n judicial, la pluralidad de indicios concurrentes, as&iacute; como se da cuenta del contenido (&laquo;as&iacute; se deduce&raquo;, se&ntilde;alan textualmente) de las declaraciones del denunciante y del menor, objeto de los abusos o agresiones sexuales, as&iacute; como la documental y los informes forenses de credibilidad&rdquo;.</p> <p>&ldquo;La doctrina de nuestro Tribunal Constitucional y la del TEDH impiden que magistrados que han tomado dicho conocimiento de la instrucci&oacute;n, con la entidad y caracter&iacute;sticas de lo puesto de manifiesto, puedan entrar a enjuiciar una causa penal sin haber perdido la garant&iacute;a de la imparcialidad objetiva, que es la primera caracter&iacute;stica de todo juicio que se celebre con todas las garant&iacute;as, exigencia constitucional proclamada en el art. 24.2 de nuestra Carta Magna&rdquo;, indica la sentencia.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=d7bd228b12ae2510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 16 Feb 2016 14:00:00 +0100 El Tribunal Supremo deniega un recurso de revisión de dos sentencias dictadas en 1940 por falta legitimación http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=c85d9ccfb94e2510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala II ha dictado un auto que, por falta de legitimaci&oacute;n de la recurrente, y sin entrar en el fondo del asunto, deniega la autorizaci&oacute;n para presentar un recurso de revisi&oacute;n contra dos sentencias de 1940 que condenaron al pago de una multa de 300.000 pesetas a un responsable pol&iacute;tico del Partido Izquierda Republicana, Javier Domezain Ch&aacute;varri. Las sentencias fueron dictadas por el Tribunal Regional de Responsabilidades Pol&iacute;ticas de Pamplona, que impuso en primera instancia la incautaci&oacute;n de sus bienes, y a continuaci&oacute;n por el Tribunal Nacional de Responsabilidades Pol&iacute;ticas, que cambi&oacute; esa incautaci&oacute;n por una multa de 300.000 pesetas.</p> <p>El Supremo, de acuerdo con la Fiscal&iacute;a, estima que la recurrente, sobrina nieta de Domezain Ch&aacute;varri, carece de legitimaci&oacute;n para presentar el recurso de revisi&oacute;n de acuerdo al art&iacute;culo 955 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. A&ntilde;ade que, al haber fallecido ya el condenado, y ser la pretensi&oacute;n la rehabilitaci&oacute;n de la memoria del difunto, la promovente podr&iacute;a ser su esposa, ascendiente o descendiente del mismo, y sin embargo quien pide autorizaci&oacute;n para recurrir es la nieta de la hermana del condenado.</p> <p>El auto se&ntilde;ala que ni de acuerdo a la Ley de Memoria Hist&oacute;rica de 2007, en la que se basa el recurso para revisar las citadas sentencias de 1940, cabr&iacute;a encajar la legitimaci&oacute;n de la recurrente, ya que otorga el derecho a la declaraci&oacute;n de reparaci&oacute;n y reconocimiento personal en caso de personas fallecidas al c&oacute;nyuge o persona ligada por an&aacute;loga relaci&oacute;n de afectividad, sus ascendientes, sus descendientes, y sus colaterales hasta el segundo grado.</p> <p>Ante la falta de legitimaci&oacute;n de la recurrente, el Supremo no entra a resolver el fondo del asunto, incluidas las dudas planteadas por la Fiscal&iacute;a sobre si la competencia corresponder&iacute;a mejor a la jurisdicci&oacute;n contencioso-administrativo, y no a la penal, debido a la naturaleza y composici&oacute;n de los tribunales de responsabilidades pol&iacute;ticas creados por la aplicaci&oacute;n de la Ley de Responsabilidades Pol&iacute;ticas en 1939.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=c85d9ccfb94e2510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 15 Feb 2016 12:15:00 +0100 El TS rebaja de seis a tres años de prisión la condena impuesta a Juan Antonio Roca por malversación de caudales públicos http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=f223b1fd3a3e2510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal ha rebajado de 6 a 3 a&ntilde;os de prisi&oacute;n la condena impuesta a Juan Antonio Roca por un delito continuado de malversaci&oacute;n de caudales p&uacute;blicos en relaci&oacute;n con el caso Saqueo II y mantiene la indemnizaci&oacute;n de 37 millones de euros que tendr&aacute; que abonar de forma solidaria junto a otros condenados.</p> <p>La sentencia ha estimado parcialmente los recursos de casaci&oacute;n interpuestos por el exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella y algunos de los condenados, as&iacute; como por el ministerio Fiscal, contra la sentencia de la Audiencia Nacional, que ha sido corregida por el Tribunal Supremo.</p> <p>La nueva sentencia de la Sala Segunda modifica la recurrida en tres cuestiones: la fijaci&oacute;n de penas -que son inferiores a las impuestas en varios de los condenados-, la absoluci&oacute;n de dos de ellos por falta de prueba y por prescripci&oacute;n del delito, adem&aacute;s de la modificaci&oacute;n de la responsabilidad civil fijada en la misma (afecta a Pedro Manuel Rom&aacute;n Zurdo y Francisco Jos&eacute; Alarc&oacute;n Echevarr&iacute;a.</p> <p>La rebaja de la pena de prisi&oacute;n tambi&eacute;n afecta a Juli&aacute;n Mu&ntilde;oz, Pedro Rom&aacute;n Zurdo, Modesto Francisco de As&iacute;s y Mar&iacute;a Pedoria Cruz-Conde, cuyas condenas pasan de 6 a 5 a&ntilde;os por el mismo delito continuado de malversaci&oacute;n.</p> <p>La sentencia explica que las nuevas penas son respetuosas con el principio de proporcionalidad, adecuadas a la gravedad de los hechos y al grado de culpabilidad, y tienen en cuenta la anterior condena que les fue impuesta por el mismo delito &ndash;malversaci&oacute;n continuada de caudales p&uacute;blicos- en el caso Saqueo I. Sobre este &uacute;ltimo aspecto, se&ntilde;ala que las distintas acciones podr&iacute;an haberse enjuiciado como un &uacute;nico delito continuado en un &uacute;nico juicio.</p> <p>Por este mismo motivo, otros siete condenados ven reducidas sus condenas y dos, Jos&eacute; Antonio Andrade Jurado y de Antonio Romero Ramos, han sido absueltos.</p> <p>La Sala de lo Penal explica que los condenados son alcaldes, concejales del Ayuntamiento de Marbella y gerentes de empresas p&uacute;blicas municipales que se utilizaron para a trav&eacute;s de ellas, desviar fondos p&uacute;blicos municipales a otras finalidades privadas.</p> <p>Asimismo, indica que los gestores deben actuar con la transparencia y claridad que exige el manejo de caudales p&uacute;blicos, y ante la acreditaci&oacute;n de no haberse destinado al fin p&uacute;blico previsto, deben justificar de forma cumplida la p&eacute;rdida, destrucci&oacute;n o sustracci&oacute;n de los mismos, o la entrega de tales fondos.<br />Nada de ello, subraya la sentencia, aparece en relaci&oacute;n a la actuaci&oacute;n de los condenados, que en modo alguno han acreditado la justificaci&oacute;n de su destino p&uacute;blico ni dado explicaci&oacute;n de su destino.</p> <p>La sentencia explica que, entre los a&ntilde;os 91 a 99, los concejales del Ayuntamiento de Marbella, a iniciativa del alcalde, decidieron gestionar los servicios municipales a trav&eacute;s de sociedades mercantiles participadas &iacute;ntegramente con capital p&uacute;blico. Los concejales del GIL dispusieron de los fondos y patrimonio municipales en su propio beneficio y en perjuicio del erario p&uacute;blico, mediante &oacute;rdenes de pago, transferencias o disponiendo de los bienes municipales, con la intervenci&oacute;n de Juan Antonio Roca, y otro condenado que no es concejal, como gerentes de sociedades municipales. En total, los condenados realizaron 93 operaciones, vali&eacute;ndose de las citadas sociedades para derivar fondos p&uacute;blicos en el propio beneficio de las personas concernidas.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=f223b1fd3a3e2510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 12 Feb 2016 17:45:00 +0100 El Supremo rechaza el recurso del abogado del Estado contra el pago a los jueces de los días de descanso no disfrutados http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2dc15319a65d2510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Tribunal Supremo ha rechazado un recurso del abogado del Estado contra el reconocimiento de pagos a los jueces por los d&iacute;as de descanso no disfrutados tras las guardias. El recurso de casaci&oacute;n en inter&eacute;s de Ley planteado por el abogado del Estado se dirigi&oacute; contra una sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo n&uacute;mero 4, que conden&oacute; a la Administraci&oacute;n a abonar a un juez 6.600 euros por el concepto citado.</p> <p>El abogado del Estado argument&oacute; que la sentencia aplicaba una doctrina err&oacute;nea y que representaba un grave da&ntilde;o para el inter&eacute;s general, ya que podr&iacute;a acarrear &ldquo;reconocer una indemnizaci&oacute;n a todos los jueces que han hecho guardias por los d&iacute;as de descanso que no han disfrutado despu&eacute;s de su realizaci&oacute;n&rdquo;, y la &ldquo;aplicaci&oacute;n de esta doctrina no s&oacute;lo podr&iacute;a producirse por la interposici&oacute;n de nuevos recursos, sino tambi&eacute;n mediante la extensi&oacute;n de efectos de la sentencia recurrida&rdquo;.</p> <p>El abogado del Estado calcul&oacute;, teniendo en cuenta s&oacute;lo las guardias anuales de 24 y 48 horas, que la cuant&iacute;a de estas indemnizaciones pod&iacute;a ascender a 1,6 millones de euros anuales, lo que multiplicado por 4 (al ser 4 a&ntilde;os el plazo ordinario de prescripci&oacute;n de reclamaciones ante la Administraci&oacute;n) representar&iacute;a un total de 6,7 millones.</p> <p>En su sentencia, la Sala III del Supremo destaca que &ldquo;la parte recurrente no aporta dato alguno respecto de las guardias semanales, sobre las que recae precisamente la sentencia recurrida, ni tampoco en relaci&oacute;n a las guardias de disponibilidad permanente. &Uacute;nicamente cuantifica las guardias de 24 y de 48 horas, pero incluyendo las cifras de Madrid y de Barcelona, que representan un 43,47% del total y en relaci&oacute;n con la cuales la normativa espa&ntilde;ola ya contemplaba la posibilidad del d&iacute;a de descanso a la conclusi&oacute;n de la guardia&rdquo;.</p> <p>&ldquo;Y, adem&aacute;s -a&ntilde;ade- desde el Acuerdo de 13 de octubre (de 2013) del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, ya est&aacute; extendida la posibilidad del d&iacute;a de descanso tras el servicio de guardia o la correspondiente compensaci&oacute;n horaria, para todos los Jueces y Magistrados que presten dicho servicio, lo que imposibilitar&aacute; de futuro recursos con id&eacute;ntica pretensi&oacute;n&rdquo;.</p> <p>El alto tribunal concluye que &ldquo;no cabe estimar la concurrencia del grave da&ntilde;o para el inter&eacute;s general&rdquo; que defiende el abogado del Estado, &ldquo;dado que no se ha acreditado suficientemente el alcance del posible efecto multiplicador de la doctrina contenida en la sentencia impugnada, ni la entidad de la cuant&iacute;a a que pudiera ascender el eventual perjuicio econ&oacute;mico, ni el n&uacute;mero aproximado de posibles afectados&rdquo;.</p> <p>Adem&aacute;s, se&ntilde;ala que, &ldquo;al haber sido reconocido en el a&ntilde;o 2013 el d&iacute;a de descanso posterior al servicio de guardia, dif&iacute;cilmente se va a producir el efecto multiplicador de persistencia en el futuro de una doctrina eventualmente err&oacute;nea, la cual s&oacute;lo podr&iacute;a considerarse susceptible de proyecci&oacute;n para supuestos en los que resultase de aplicaci&oacute;n la antigua normativa, los cuales no han sido cuantificados, con una m&iacute;nima precisi&oacute;n, por la parte recurrente. no siendo posible apreciar la gravedad del da&ntilde;o que pueda ocasionarse a la Administraci&oacute;n&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2dc15319a65d2510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 12 Feb 2016 14:15:00 +0100 El TS obliga a los propietarios a costear el soterramiento de la vía férrea incluido en el Plan de Prolongación de la Castellana (Madrid) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=1e3f7e77470d2510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala III del Tribunal Supremo ha confirmado que los propietarios del sector deben costear el soterramiento de la v&iacute;a f&eacute;rrea incluido en el Plan de Prolongaci&oacute;n de la Castellana, pero no la nueva l&iacute;nea de Metro que se prev&eacute; en el mismo Plan. El alto tribunal ha rechazado, por un lado, los recursos del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid, que quer&iacute;an que los propietarios asumieran tambi&eacute;n el coste de la nueva l&iacute;nea de Metro, y, por otro lado, el recurso planteado por la Junta de Compensaci&oacute;n Industrial Fuencarral-Malmea, que consideraba que los propietarios no deb&iacute;an pagar tampoco el soterramiento de las v&iacute;as del tren.</p> <p>El alto tribunal ratifica la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 8 de noviembre de 2013, que declar&oacute; la nulidad del Plan Parcial de Reforma Interior para el desarrollo de la &ldquo;Prolongaci&oacute;n de la Castellana&rdquo;, aprobado por acuerdo del Ayuntamiento de Madrid de 30 de marzo de 2011, en el concreto aspecto referido al coste de la nueva l&iacute;nea de Metro, que se rechaza que sea obligaci&oacute;n de los propietarios, manteni&eacute;ndose que s&iacute; les corresponde asumir el coste relativo al cubrimiento de las v&iacute;as f&eacute;rreas del complejo Chamart&iacute;n.</p> <p><strong>L&iacute;nea de Metro</strong></p> <p>En relaci&oacute;n al primer aspecto (l&iacute;nea Metro), las obras, con un coste total de ejecuci&oacute;n de 207 millones seg&uacute;n el recurso, consisten en la construcci&oacute;n de una nueva l&iacute;nea de Metro, que enlaza la actual L&iacute;nea n&uacute;mero 10 -desde el final del tramo ya existente- con una estaci&oacute;n de cercan&iacute;as intermodal entre Metro-Cercan&iacute;as y Empresa Municipal de Transportes, incluyendo la ejecuci&oacute;n de un parking disuasorio para veh&iacute;culos privados, cochera de estacionamiento en la cabecera de la nueva L&iacute;nea 10, as&iacute; como la construcci&oacute;n de cinco nuevas estaciones en este tramo o prolongaci&oacute;n.</p> <p>El Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Rafael Fern&aacute;ndez Valverde, destaca que la prolongaci&oacute;n de la L&iacute;nea del Metro &ldquo;ordena estructuralmente la ciudad en su conjunto -en concreto, la extiende y la agranda hacia el Norte-, y no puede ser conceptuada como una mera dotaci&oacute;n &ldquo;local&rdquo; limitada a una ordenaci&oacute;n pormenorizada de una zona, cuya funcionalidad y zona de incidencia quedar&iacute;a circunscrita al &aacute;mbito correspondiente a las personas residentes en un &aacute;rea o sector concreto. Estamos, pues, ante un sistema general (o dotaci&oacute;n p&uacute;blica de car&aacute;cter general) y no ante un sistema local (o dotaci&oacute;n p&uacute;blica local)&rdquo;.</p> <p>&ldquo;Tal sistema general &ndash;a&ntilde;ade- se caracteriza por tener su proyecci&oacute;n, incidencia o influencia en todo el &aacute;mbito municipal de Madrid, y no queda limitado, por la funcionalidad expresada, al &aacute;mbito del APR 08.03 &ldquo;Prolongaci&oacute;n de la Castellana&rdquo;, en el que f&iacute;sicamente se ubica. Ello lleva como consecuencia que el coste de su obtenci&oacute;n deba de ser distribuido -por los mecanismos adecuados- entre toda la poblaci&oacute;n, y no ser atribuido exclusivamente a los propietarios de la zona. Como quiera, pues, que la nueva l&iacute;nea de Metro, como sistema general al servicio de la ciudad, favorece a la poblaci&oacute;n general, obvio es que las cargas que supone no deben asumirlas con exclusividad los propietarios de la zona&rdquo;.</p> <p><strong>Soterramiento de la v&iacute;a f&eacute;rrea</strong></p> <p>Respecto a las obras de soterramiento y cubrimiento de las v&iacute;as ferroviarias que parten de la actual Estaci&oacute;n de Chamart&iacute;n (cuyo coste, seg&uacute;n el recurrente, es de 822,1 millones de euros &ndash;equivalentes al 42,74% de la carga urbanizadora, que se sit&uacute;a en 1.923 millones de euros-), el Supremo rechaza la pretensi&oacute;n de que su coste no sea asumido por los propietarios del sector.</p> <p>&ldquo;Las v&iacute;as tren que parten de la Estaci&oacute;n de Chamart&iacute;n exist&iacute;an -y existen- con anterioridad a la actuaci&oacute;n urban&iacute;stica proyectada, y, el terreno donde las mismas se ubican tan s&oacute;lo -con exclusividad, pues- se ocupaba por la mismas v&iacute;as. Ahora, tras la actuaci&oacute;n urban&iacute;stica, el mismo espacio (si bien situado en una cota inferior, tras su soterramiento) va a seguir siendo ocupado por la v&iacute;as del tren y el resto de las infraestructuras ferroviarias, pero, al mismo tiempo, ahora, se va a ocupar tambi&eacute;n la superficie que se sit&uacute;a sobre el soterramiento de las v&iacute;as, en una especie de duplicaci&oacute;n del citado espacio&rdquo;.</p> <p>&ldquo;Por tanto, con tal operaci&oacute;n de soterramiento y cubrimiento, no se crea ex novo una nueva infraestructura de la ciudad (pues las v&iacute;as ya existan), sino que con la misma -con tal duplicaci&oacute;n por superposici&oacute;n de espacios- se aprovecha la ciudad existente para la obtenci&oacute;n -mediante el proceso de urbanizaci&oacute;n- de espacios con la finalidad de contribuir al cumplimiento de los deberes urban&iacute;sticos de cesi&oacute;n y urbanizaci&oacute;n, que, en exclusiva, a los propietarios del Sector corresponde&rdquo;, argumenta la sentencia.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=1e3f7e77470d2510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 11 Feb 2016 15:40:00 +0100 El Tribunal Supremo anula la convocatoria de una plaza en el Tribunal de Cuentas adjudicada al hermano de un consejero http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=0d0c7e77470d2510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha anulado la convocatoria para la provisi&oacute;n del puesto de Subdirector T&eacute;cnico del Tribunal de Cuentas al constatar que se modificaron los requisitos establecidos en una convocatoria anterior para facilitar la adjudicaci&oacute;n de la citada plaza por el sistema de libre designaci&oacute;n al hermano de un consejero y no al candidato m&aacute;s id&oacute;neo para su desempe&ntilde;o.</p> <p>Un letrado del Tribunal de Cuentas recurri&oacute; la nueva convocatoria del puesto de trabajo, de 26 de septiembre de 2013 y pidi&oacute; su nulidad argumentando que se hab&iacute;an modificado las condiciones de la misma para favorecer a E.M.G., hermano de un consejero de la instituci&oacute;n.</p> <p>La sentencia considera fundada la &ldquo;desviaci&oacute;n de poder&rdquo; denunciada por el recurrente y aprecia una "finalidad torcida" en la convocatoria con la que se pretend&iacute;a, mediante la descripci&oacute;n del puesto de trabajo que se efect&uacute;a, facilitar su adjudicaci&oacute;n al aspirante elegido para la misma.</p> <p>Del mismo modo, afirma que son datos especialmente elocuentes de esa finalidad desviada que en la convocatoria impugnada se prescindi&oacute;, sin justificaci&oacute;n, de las exigencias de dominio de los idiomas ingl&eacute;s y franc&eacute;s y de otros perfiles t&eacute;cnicos de la plaza; y destaca los intentos de excluir de la misma a funcionarios de Cuerpos propios del Tribunal de Cuentas, con un perfil profesional m&aacute;s pr&oacute;ximo a las exigencias del citado puesto. Asimismo, se&ntilde;ala la designaci&oacute;n previa en comisi&oacute;n de servicios para un puesto del Tribunal de Cuentas de E.M.G., perteneciente a un cuerpo funcionarial ajeno a dicha instituci&oacute;n, prescindiendo de los funcionarios del propio Tribunal.</p> <p>A todo ello, subraya la sentencia, hay que sumar los intentos frustrados de modificar por la inadecuada v&iacute;a de la rectificaci&oacute;n de errores la convocatoria inicial, de 7 de marzo de 2013, de dejarla sin efecto, y de dejar desierta la plaza controvertida; as&iacute; como la ausencia de una explicaci&oacute;n de esas decisiones, tanto en la respuesta del Tribunal de Cuentas en el actual proceso jurisdiccional como en el expediente administrativo remitido.</p> <p>Con todos esos datos, la Sala de lo Contencioso-administrativo concluye que hay una base objetiva para asumir como la convicci&oacute;n m&aacute;s razonable que &ldquo;la nueva convocatoria estuvo dirigida a suprimir los obst&aacute;culos que frente a otros aspirantes pudiera tener E.M.G. para obtener la plaza objeto de discusi&oacute;n".</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=0d0c7e77470d2510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 11 Feb 2016 14:42:00 +0100 El TS descarta que hubiera prevaricación y malversación por parte de Imbroda en el reparto de publicidad institucional de Melilla http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=fe121e2363bc2510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala II rechaza abrir una causa penal al presidente de Melilla y senador del PP Juan Jos&eacute; Imbroda Ortiz por delitos de prevaricaci&oacute;n y malversaci&oacute;n de caudales p&uacute;blicos, en relaci&oacute;n a convenios de colaboraci&oacute;n que firm&oacute; con diferentes medios informativos a fin de proveerse la ciudad aut&oacute;noma de publicidad institucional. El asunto ha sido estudiado por el Supremo a ra&iacute;z de una exposici&oacute;n razonada que elev&oacute; el Juzgado de Instrucci&oacute;n n&uacute;mero 3 de Melilla. De acuerdo con la Fiscal&iacute;a, el Supremo ha dictado auto de sobreseimiento libre de las actuaciones al estimar que los hechos no constituyen il&iacute;cito penal alguno.</p> <p>Al examinar el posible delito de prevaricaci&oacute;n, el Supremo indica que se fundamentar&iacute;a en que el aforado suscribi&oacute; (personalmente en la mayor&iacute;a de las ocasiones, y en otras encomendando tal labor a un tercero, por orden directa suya) un n&uacute;mero indeterminado de convenios de colaboraci&oacute;n con distintos medios de comunicaci&oacute;n locales, sin ajustarse a las prescripciones de la Ley reguladora de la contrataci&oacute;n p&uacute;blica. Y a&ntilde;ade que es factible que una omisi&oacute;n del procedimiento pueda dar lugar a un delito de prevaricaci&oacute;n.</p> <p>Sin embargo, en el caso examinado, no resulta &ldquo;evidente ni patente&rdquo; el procedimiento concreto que se puede haber soslayado, ya que est&aacute; en discusi&oacute;n qu&eacute; naturaleza jur&iacute;dica tienen los convenios de colaboraci&oacute;n concertados entre las administraciones y los medios de comunicaci&oacute;n, que poseen perfiles de convenio, contrato y subvenci&oacute;n p&uacute;blica al mismo tiempo, existiendo una reconocida laguna de regulaci&oacute;n normativa que el Tribunal de Cuentas denuncia en su informe sobre fiscalizaci&oacute;n de los contratos de publicidad y comunicaci&oacute;n institucional suscritos por las principales entidades locales durante los a&ntilde;os 2005, 2006 y 2007. &ldquo;Es pues evidente que para el Tribunal de Cuentas, la variedad (de fondo y forma) de contratos fiscalizados, lo &uacute;nico que aconseja es una &lsquo;homogenizaci&oacute;n de la regulaci&oacute;n de la materia&rsquo;, pero en modo alguno la criminalizaci&oacute;n de los contratos hasta ahora celebrados&rdquo;, se&ntilde;ala el auto.</p> <p>&ldquo;No corresponde a esta Sala determinar cu&aacute;l es la naturaleza del contrato y el procedimiento que debi&oacute; seguirse, ya que no es la jurisdicci&oacute;n competente, pero s&iacute; es factible afirmar que precisamente la disparidad de criterios sobre normas jur&iacute;dicas y procedimiento aplicable elimina los indicios de una posible prevaricaci&oacute;n&rdquo;, indica la Sala, que descarta una contradicci&oacute;n grosera y patente con el Derecho basada en una omisi&oacute;n palmaria de tr&aacute;mites de procedimiento.</p> <p>Y en cuanto a la malversaci&oacute;n de caudales p&uacute;blicos, la Sala se&ntilde;ala que no existe tal delito &ldquo;pues la redacci&oacute;n de esos contratos no ha supuesto sustracci&oacute;n o consentimiento de sustracci&oacute;n de bienes o caudales p&uacute;blicos, sino simple cumplimiento de los contratos celebrados, al margen de sus posibles irregularidades administrativas subsanables en la v&iacute;a contenciosa&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=fe121e2363bc2510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 10 Feb 2016 16:10:00 +0100 El Supremo estima parcialmente revisar la sentencia que condenó a un ciudadano holandés por tres delitos de violación en Málaga http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=cea01e2363bc2510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha estimado parcialmente el recurso de revisi&oacute;n interpuesto por un ciudadano holand&eacute;s contra la sentencia de la Audiencia Provincial&nbsp;de M&aacute;laga que le conden&oacute; por tres violaciones, entre otros delitos, a 15 a&ntilde;os y 6 meses de prisi&oacute;n.</p> <p>La sentencia de la Sala Segunda anula la pena de 6 a&ntilde;os y 6 meses de c&aacute;rcel impuesta al condenado por un delito de agresi&oacute;n sexual y otro de lesiones a M.A.C.A. y mantiene el resto de pronunciamientos de la sentencia recurrida en los otros dos casos: un total de 9 a&ntilde;os de prisi&oacute;n por agresi&oacute;n sexual, lesiones y robo a otras dos mujeres.</p> <p>El ciudadano holand&eacute;s solicit&oacute; la revisi&oacute;n de su condena bas&aacute;ndose en un informe de la Polic&iacute;a Cient&iacute;fica que apuntaba a que el verdadero autor de la agresi&oacute;n sexual y de las lesiones a A.C.A. era un ciudadano brit&aacute;nico, condenado en su pa&iacute;s por la violaci&oacute;n y el homicidio de una joven. Dicho informe revelaba que en los restos celulares de un peine de carey se hab&iacute;a obtenido una mezcla de, al menos, dos perfiles gen&eacute;ticos, compatibles para los marcadores analizados, con el perfil de un preso en Reino Unido, y una de las v&iacute;ctimas de las violaciones ocurridas en Fuengirola en 2003.</p> <p>Los magistrados indican que los resultados de las nuevas pruebas gen&eacute;ticas aportan datos nuevos y posteriores a la sentencia y, en este sentido, afirman que la prueba de ADN tiene un car&aacute;cter t&eacute;cnico e identificador de superior valor que las pruebas en que la sentencia de la Audiencia Provincial se bas&oacute; y que era la declaraci&oacute;n de una vecina que reconoci&oacute; en el juicio al acusado sin duda alguna &ldquo;como al hombre al que vio ese d&iacute;a en las inmediaciones de su domicilio&rdquo;.</p> <p>De acuerdo con el Ministerio Fiscal, la Sala indica que se encuentra ante una nueva prueba , el resultado de las pruebas de ADN realizadas sobre los perfiles gen&eacute;ticos hallados, que con una t&eacute;cnica m&aacute;s precisa y avanzada permite una mayor certeza en la identificaci&oacute;n que en este caso excluye la participaci&oacute;n del acusado en el delito de agresi&oacute;n sexual cometido en la persona de A.C.A. lo que evidencia su inocencia, sin perjuicio de que se incoe causa contra el condenado en Reino Unido.</p> <p>El Supremo remite testimonio a la Audiencia de M&aacute;laga a los efectos legales oportunos. Tambi&eacute;n acuerda que por el Juzgado de Instrucci&oacute;n que corresponda se instruya de nuevo la causa sobre los delitos de violaci&oacute;n y lesiones a M.A.C.A.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=cea01e2363bc2510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 10 Feb 2016 16:00:00 +0100 El Supremo rechaza el recurso del expresidente de Pescanova contra la sanción de 300.000 euros http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=d6c49af3c9ac2510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala III del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso del expresidente de Pescanova Manuel Fern&aacute;ndez de Sousa-Faro en relaci&oacute;n a la sanci&oacute;n de 300.000 euros que el Ministerio de Econom&iacute;a le impuso el 10 de enero de 2014 "por el incumplimiento, como consejero, de sus deberes de comunicaci&oacute;n y difusi&oacute;n de participaciones significativas en Pescanova S.A", lo que fue calificado como infracci&oacute;n muy grave, tipificada en el art&iacute;culo 99, letra p), en relaci&oacute;n con el art&iacute;culo 53, ambos de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.</p> <p>El Supremo rechaza el recurso de casaci&oacute;n para la unificaci&oacute;n de doctrina que present&oacute; Fern&aacute;ndez de Sousa-Faro, en el que ped&iacute;a al alto tribunal que ordenase a la CNMV la suspensi&oacute;n del procedimiento sancionador hasta la firmeza de la resoluci&oacute;n penal que recaiga en la causa sobre Pescanova que se sigue en el Juzgado Central de Instrucci&oacute;n n&uacute;mero 5 de la Audiencia Nacional, as&iacute; como la devoluci&oacute;n de las cantidades ingresadas como consecuencia de la citada resoluci&oacute;n del Ministerio de Econom&iacute;a y Competitividad.</p> <p>El Supremo rechaza la pretensi&oacute;n y confirma la decisi&oacute;n de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, que aval&oacute; la sanci&oacute;n. El recurrente reclamaba la unificaci&oacute;n de doctrina en relaci&oacute;n a cuatro sentencias del propio Supremo, donde s&iacute; se hab&iacute;a suspendido un proceso sancionador administrativo a la espera de la resoluci&oacute;n de procesos penales.</p> <p>Sin embargo, el alto tribunal se&ntilde;ala que el recurso del expresidente de Pescanova no puede prosperar al no concurrir los presupuestos necesarios de identidad entre la sentencia impugnada y las cuatro sentencias de contraste esgrimidas por el recurrente, ya que en estas cuatro &uacute;ltimas la Sala consider&oacute; que en el proceso penal se investigaban hechos que si no eran los mismos eran imposibles de separar de los que eran objeto de la sanci&oacute;n, mientras que en la sanci&oacute;n de Fern&aacute;ndez de Sousa, la Audiencia subraya "la independencia entre el hecho que origina el procedimiento administrativo, que fue -seg&uacute;n se ha repetido- el incumplimiento de la obligaci&oacute;n de un consejero de comunicar e informar de las participaciones significativas, y los hechos por los que se siguen las diligencias penales por los presuntos delitos de falseamiento de informaci&oacute;n financiera, falseamiento de cuentas anuales y uso de informaci&oacute;n relevante".</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=d6c49af3c9ac2510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 10 Feb 2016 13:10:00 +0100 El Tribunal Supremo confirma la legalidad del nombramiento de Cosidó como director general de la Policía http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=e169f3b2c4ca2510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la legalidad del nombramiento de Ignacio Cosid&oacute; como Director General de la Polic&iacute;a aunque no sea funcionario de carrera. La sentencia desestima el recurso presentado por un inspector del Cuerpo Nacional de la Polic&iacute;a contra la resoluci&oacute;n del Consejo de Ministros que inadmiti&oacute; la solicitud de declaraci&oacute;n de nulidad de pleno derecho del citado nombramiento por considerarlo carente de fundamento.</p> <p>En su recurso, alegaba que el Director General de la Polic&iacute;a deb&iacute;a ser nombrado entre funcionarios de carrera, condici&oacute;n que no reun&iacute;a Ignacio C&oacute;sido (profesor asociado), y que, de acuerdo con el Estatuto B&aacute;sico del Empleado P&uacute;blico, la provisi&oacute;n de la plaza ten&iacute;a que hacerse mediante una convocatoria p&uacute;blica al tratarse de un &oacute;rgano directivo.</p> <p>La Sala explica que el nombramiento de Cosid&oacute; se hizo conforme a lo previsto en la Ley 6/1997 de organizaci&oacute;n y funcionamiento de la Administraci&oacute;n General del Estado y el Real Decreto 1887/2011 por el que se establece la estructura org&aacute;nica b&aacute;sica de los departamentos ministeriales, as&iacute; como el Real Decreto 400/2012 por el que se desarrolla la estructura org&aacute;nica b&aacute;sica del Ministerio del Interior.</p> <p>La Secci&oacute;n S&eacute;ptima se&ntilde;ala que el r&eacute;gimen de nombramiento del Director General de la Polic&iacute;a &ndash;y el del Director General de la Guardia Civil- no es el mismo al que est&aacute;n sujetos con car&aacute;cter general los Directores Generales. En este sentido, afirma que ha de ser nombrado del mismo modo que los Secretarios Generales, que tienen el rango de Subsecretario, y, por tanto, no es necesario que sea funcionario de carrera, sino que su designaci&oacute;n responda solamente a criterios de competencia profesional y experiencia. Del mismo modo, precisa que la equiparaci&oacute;n del rango entre el Director General de la Polic&iacute;a con el de Subsecretario se limita al plano formal y no al funcional porque los cometidos de un cargo y otro son distintos.</p> <p>Asimismo, la sentencia indica que el Director General de la Polic&iacute;a no forma parte del personal directivo al que se refiere el art&iacute;culo 13 del Estatuto B&aacute;sico del Empleado P&uacute;blico y, por tanto, la provisi&oacute;n del cargo no requiere una convocatoria p&uacute;blica. Afirma que ese puesto no supone el desarrollo de funciones directivas profesionales sino la titularidad de la Direcci&oacute;n General correspondiente, la gesti&oacute;n de las &aacute;reas funcionales del departamento ministerial que tiene asignadas y el ejercicio de las funciones asignadas por la ley.</p> <p>La sentencia incluye un voto particular firmado por el magistrado Jos&eacute; D&iacute;az Delgado, al que se adhiere el magistrado Jorge Rodr&iacute;guez Zapata, que era partidario de inadmitir el recurso contencioso-administrativo por falta de legitimaci&oacute;n del recurrente.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=e169f3b2c4ca2510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 04 Feb 2016 13:45:00 +0100 El TS concede la pensión de viudedad por violencia de género a una mujer cuyo marido fue absuelto http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=1485b305efba2510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Tribunal Supremo ha concedido la pensi&oacute;n de viudedad por violencia de g&eacute;nero a una mujer cuyo marido fue absuelto de esta acusaci&oacute;n. El art&iacute;culo 174.2 de la Ley General de la Seguridad Social permite reconocer pensi&oacute;n de viudedad a la v&iacute;ctima de violencia de g&eacute;nero que se separ&oacute; o divorci&oacute; mediando esa circunstancia.</p> <p>La Sala de lo Social del Supremo establece en una sentencia que en supuestos de separaci&oacute;n o divorcio anteriores a la Ley Org&aacute;nica 1/2004, de Protecci&oacute;n Integral frente a la Violencia de G&eacute;nero, &ldquo;la existencia de denuncias por actos constitutivos de violencia de g&eacute;nero constituye un serio indicio de que la misma ha existido, aunque a&ntilde;ade que &ldquo;sin que ello suponga que estamos ante un medio de prueba plena sino que ha de contextualizarse con el resto de la cr&oacute;nica judicial de lo acaecido&rdquo;.</p> <p>De acuerdo a esa doctrina, el alto tribunal estima el recurso de una mujer a quien reconoce el derecho a percibir la pensi&oacute;n de viudedad de un hombre del que se separ&oacute; cuando era v&iacute;ctima de maltrato por su parte, condenando al Instituto Social de la Marina -que gestiona la Seguridad Social de los trabajadores del mar- al abono de la misma.</p> <p>En 1995, la mujer denunci&oacute; a su marido por maltrato ante la Guardia Civil de Vilagarc&iacute;a de Arousa (Pontevedra), pero el Juzgado de Instrucci&oacute;n le absolvi&oacute; ese mismo a&ntilde;o porque finalmente ella retir&oacute; la acusaci&oacute;n. En 1998 se separaron, a&ntilde;o en que volvi&oacute; a denunciar a su marido, siendo condenado &eacute;ste por una falta de amenazas, aunque no hacia ella, sino hacia un hijo de ambos. El hombre muri&oacute; en 2010.</p> <p>El Supremo se&ntilde;ala que, en la realidad social de 1995, cuando se plante&oacute; la primera denuncia por maltrato, las manifestaciones de la demandante constitu&iacute;an un importante indicio de que estaba siendo violentada por su esposo, lo que en este caso se ve reforzado por otros datos como la sentencia condenatoria por amenazas al hijo o la desatenci&oacute;n del hombre al sostenimiento de la econom&iacute;a familiar, hechos que son compatibles con la situaci&oacute;n de maltrato denunciada por la mujer en varias ocasiones.</p> <p>Por ello, anula la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que deneg&oacute; la pensi&oacute;n, y confirma la del Juzgado de lo Social n&uacute;mero 4 de Pontevedra, que declar&oacute; el derecho de la mujer a percibirla.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=1485b305efba2510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 04 Feb 2016 13:15:00 +0100 El Tribunal Supremo confirma la anulación de la adquisición de acciones de Bankia en su salida a Bolsa http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=c07509c6796a2510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>Como ya se adelant&oacute; el pasado 27 de enero, el Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha resuelto dos recursos de Bankia contra la anulaci&oacute;n de la adquisici&oacute;n de sus acciones con ocasi&oacute;n de la Oferta P&uacute;blica de Suscripci&oacute;n de acciones de 2011.</p> <p>Las dos demandas fueron interpuestas por peque&ntilde;os inversores del tramo minorista que hab&iacute;an adquirido las acciones por consejo de empleados de la entidad.</p> <p>La Sala ha rechazado que la causa penal pendiente ante la Audiencia&nbsp;Nacional pueda paralizar las acciones individuales en v&iacute;a civil. La Sala parte de la doctrina del Tribunal Constitucional y explica que, aunque el tribunal penal no llegue a apreciar delito, el proceso civil no estar&iacute;a condicionado por ello: la valoraci&oacute;n probatoria y los principios que inspiran el proceso penal suponen unas exigencias diferentes de las del proceso civil, en que se ejercitan derechos privados. Los demandantes no deben soportar demoras excesivas por la previsible complejidad y duraci&oacute;n del procedimiento penal, pues afectar&iacute;a a su propio derecho a la tutela judicial efectiva.</p> <p>La Sala considera, igualmente, que ninguna de las dos sentencias incurre en infracciones procesales al valorar la situaci&oacute;n financiera de Bankia o al determinar los hechos que se han considerado notorios.</p> <p>La Sala entiende que el nexo causal existente entre la grave inexactitud del folleto de la OPS y el error padecido por los demandantes &ndash;peque&ntilde;os inversores que, a diferencia de lo que puede ocurrir con inversores m&aacute;s cualificados, carecen de otros medios de obtener informaci&oacute;n sobre los datos econ&oacute;micos relevantes para tomar la decisi&oacute;n de comprar las acciones- est&aacute; suficientemente razonado en las sentencias.</p> <p>Por &uacute;ltimo, las sentencias consideran que, en el caso de los peque&ntilde;os inversores, resultan compatibles las acciones espec&iacute;ficas de resarcimiento que concede la normativa del mercado de valores con las acciones de nulidad por error en el consentimiento.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=c07509c6796a2510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 04 Feb 2016 10:30:00 +0100 El Supremo confirma la pena de 32 años cárcel a Beinat Aguinagalde por asesinato del exconcejal Isaías Carrasco http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=d43409c6796a2510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de 32 a&ntilde;os de c&aacute;rcel para el miembro de ETA Beinat Aguinagalde Ugartemendia por el asesinato del exconcejal del PSE en Mondrag&oacute;n Isa&iacute;as Carrasco, cometido el 7 de marzo de 2008 en dicha localidad guipuzcoana. El alto tribunal rechaza el recurso de Aguinagalde contra la sentencia de la Audiencia Nacional, de 24 de junio de 2015, que le impuso dicha condena por delitos de asesinato terrorista, tenencia de armas de fuego y da&ntilde;os. La sentencia destaca que el testimonio de la principal testigo de cargo, que realiz&oacute; un reconocimiento fotogr&aacute;fico del terrorista, no fue ni dubitativo ni contradictorio ni insuficiente.</p> <p>Respecto a la alegaci&oacute;n del condenado de que no hubo una aut&eacute;ntica rueda de reconocimiento, el Supremo argumenta: &ldquo;Hacer de la pr&aacute;ctica de esa rueda el signo distintivo del respeto al derecho a un proceso con todas las garant&iacute;as supone apartarse del genuino significado procesal de esa diligencia y, sobre todo, de la interpretaci&oacute;n jurisprudencial de aquel precepto. El reconocimiento en rueda no puede ser convertido en el presupuesto sine qua non para la validez constitucional del juicio de autor&iacute;a. Los jueces de instancia han valorado la identificaci&oacute;n inicial a partir de un reconocimiento fotogr&aacute;fico realizado en dependencias policiales, reconocimiento luego reiterado en fase sumarial, ante el Juez de instrucci&oacute;n, con una alteraci&oacute;n del orden y la composici&oacute;n de las fotograf&iacute;as que fueron exhibidas al testigo. Y, lo que es decisivo, despu&eacute;s de un interrogatorio cruzado en el plenario, mediante el que el Fiscal y las partes pudieron preguntar cu&aacute;ntos extremos tuvieron por conveniente en defensa de sus respectivas tesis&rdquo;.</p> <p>En una primera sentencia, de 26 de junio de 2014, la Audiencia Nacional absolvi&oacute; a Aguinagalde, pero el Supremo, estimando el recurso de las acusaciones, orden&oacute; a la Audiencia que repitiese el juicio por no haberse valorado la prueba de cargo consistente en el testimonio de los testigos presenciales. Tras ese nuevo juicio, la Audiencia dict&oacute; el 24 de junio de 2015 la sentencia condenatoria, con una pena de 32 a&ntilde;os de prisi&oacute;n, ratificada ahora por el Supremo.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=d43409c6796a2510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 03 Feb 2016 12:30:00 +0100 El Tribunal Supremo estima un recurso de Interviú por la publicación de un reportaje sobre un turista sexual en Camboya http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=d182879d302a2510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha estimado el recurso planteado por la revista Intervi&uacute; en relaci&oacute;n a un reportaje titulado "Conserje en Menorca, pederasta en Camboya. El primer turista sexual espa&ntilde;ol a la c&aacute;rcel". El Supremo anula la sentencia de la Audiencia de Mallorca que hab&iacute;a condenado a la revista y varios de sus periodistas a pagar una indemnizaci&oacute;n de 6.000 euros por vulneraci&oacute;n al honor del protagonista de esa noticia, en concreto, por la utilizaci&oacute;n de la palabra 'pederasta' en el titular.</p> <p>El alto tribunal se&ntilde;ala que "los periodistas se atuvieron a los datos objetivos procedentes de fuentes serias y fiables disponibles en el momento en que la noticia se produjo, y la informaci&oacute;n finalmente publicada se corresponde con la realidad de los hechos y no queda limitada por el resultado del procedimiento penal, porque si fuera as&iacute; se restringir&iacute;a el derecho a la libertad de informaci&oacute;n impidiendo informar de este tipo de hechos hasta que no recayera sentencia penal firme".</p> <p>"La noticia, en definitiva, se corresponde con los datos de los que un informador diligente pod&iacute;a disponer, es de inter&eacute;s general y veraz y no sobrepasa el fin informativo que se pretende que sea d&aacute;ndole un car&aacute;cter injurioso, denigrante o desproporcionado. Es lo que es y no lo que el demandante quiere que sea", agrega la sentencia, que adem&aacute;s condena a pagar las costas del proceso a la persona que demand&oacute; a la revista.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=d182879d302a2510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 02 Feb 2016 14:30:00 +0100 El Tribunal Supremo rechaza el recurso de UTECA contra el Real Decreto que regula la telepromoción http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=f0d4c48503d82510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Contencioso-administrativo ha desestimado el recurso interpuesto por la Uni&oacute;n de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA) contra el Real Decreto 21/2014 que modific&oacute; la Ley General de la Comunicaci&oacute;n Audiovisual por el que se regula la telepromoci&oacute;n.</p> <p>En su recurso, UTECA solicit&oacute; la nulidad de la nueva regulaci&oacute;n de las telepromociones que estableci&oacute; la duraci&oacute;n m&iacute;nima de estos mensajes en dos minutos y no en cuarenta y cinco segundos. La sentencia se&ntilde;ala que la peculiar naturaleza, contenido y forma de elaboraci&oacute;n, presentaci&oacute;n y emisi&oacute;n de las telepromociones requiere necesariamente de una duraci&oacute;n del mensaje mayor que la t&iacute;pica de los spots; un dato que permite diferenciar una forma de comunicaci&oacute;n de la otra.</p> <p>En este sentido, afirma que el reglamento espa&ntilde;ol, dictado en cumplimiento de la condena a Espa&ntilde;a por el Tribunal de Justicia de la Uni&oacute;n Europea -sentencia 24 noviembre de 2011-, tome esos dos minutos como duraci&oacute;n m&iacute;nima de las telepromociones no puede considerarse en modo alguno arbitrario, sino como una opci&oacute;n razonable y fundada. Seg&uacute;n la sentencia, la regulaci&oacute;n reglamentaria cuestionada no es incompatible de forma insalvable con la regla legal que establece que el conjunto de las telepromociones no superar&aacute; los 36 minutos al d&iacute;a ni los 3 minutos por hora de reloj.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=f0d4c48503d82510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 29 Jan 2016 14:00:00 +0100 El TS confirma los 20 años de cárcel para el joven de Palma que mató a su madre golpeándola con una mancuerna y asfixiándola con un cable http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=a19651e3d0382510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Tribunal Supremo ha confirmado la pena de 20 a&ntilde;os de c&aacute;rcel al joven que mat&oacute; a su madre en Palma golpe&aacute;ndola con una mancuerna y asfixi&aacute;ndola con un cable, y subraya su &ldquo;falta de humanidad&rdquo;. Ratifica tambi&eacute;n tres a&ntilde;os de c&aacute;rcel para el viudo de la v&iacute;ctima por delito de maltrato habitual a su mujer, y subraya c&oacute;mo esas agresiones continuas del padre a la madre fueron &ldquo;el perverso aprendizaje que fue recibiendo el hijo&rdquo;.</p> <p>El alto tribunal, en sentencia del que ha sido ponente el magistrado Joaqu&iacute;n Gim&eacute;nez, rechaza el recurso del asesino y considera proporcional la pena impuesta por la gravedad de los hechos y el grado de culpabilidad, &ldquo;esta &uacute;ltima especialmente llamativa por la falta de humanidad apreciada en el recurrente para con su madre, as&iacute; como una reiteraci&oacute;n de su actividad hasta que acab&oacute; con la vida de aqu&eacute;lla, acreditado en las tres secuencias consecutivas que finalmente acabaron con su vida ya que como se recoge en los hechos probados primero la arroj&oacute; al suelo con violencia, dej&aacute;ndole boca abajo, herida y aturdida, para seguidamente tras desplazarse a otra habitaci&oacute;n de la casa, coger una mancuerna de tres kilos, y golpearla con ella en la cabeza, ocasion&aacute;ndole un traumatismo craneoencef&aacute;lico, para a continuaci&oacute;n rematar su acci&oacute;n -y aqu&iacute; el t&eacute;rmino tiene su propio sentido literal- tras hacerse con un cable el&eacute;ctrico enroll&aacute;ndolo al y cuello y apretarlo hasta estrangularla por asfixia mec&aacute;nica&rdquo;.</p> <p>Tambi&eacute;n rechaza el tribunal rebajar la condena por el hecho de que el joven tuviese &ldquo;apenas 18 a&ntilde;os&rdquo; en el momento de los hechos, como aleg&oacute; en su recurso, y recuerda que la edad del autor del delito, una vez superado el l&iacute;mite de la jurisdicci&oacute;n de menores --hasta los 18 a&ntilde;os&mdash;&ldquo;no puede operar influyendo en la culpabilidad del autor del delito en clave atenuatoria. Dicho m&aacute;s claramente, se es o no mayor de edad desde la perspectiva penal y no cabe una mayor&iacute;a de edad incompleta&rdquo;.</p> <p>Respecto al padre, indica que el maltrato y agresi&oacute;n continuado del recurrente a su esposa, y del que existen datos suficientes para declararlo, &ldquo;constituyeron el perverso aprendizaje que fue recibiendo el hijo, y del que tambi&eacute;n hay testimonios estremecedores en el diario de la fallecida y del que como bot&oacute;n de muestra podemos citar las expresiones del diario recogidas en la sentencia de apelaci&oacute;n y en la de primera instancia, dichas por el hijo a su madre:</p> <p>"....Me dijo pap&aacute; que solo te necesitamos para que nos sirvan....".<br />"....Hija de puta, te voy a poner lej&iacute;a en el agua cuando tenga 18 a&ntilde;os, te ir&aacute;s de mi casa, me dijo pap&aacute; que solo te necesitamos para hacer de criada, t&uacute; eres solo eso, tu obligaci&oacute;n es servirme, gracias que tienes una casa y comida gratis....".</p> <p>&ldquo;Es evidente &ndash;indica el Supremo-- que el recurrente no solo convirti&oacute; su relaci&oacute;n con su mujer en una situaci&oacute;n de dominaci&oacute;n y de miedo, sino que transmiti&oacute; esos disvalores a su propio hijo, quien libre y acr&iacute;ticamente los acept&oacute; y los llev&oacute; a efecto de la forma tr&aacute;gica descrita&rdquo;.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=a19651e3d0382510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 27 Jan 2016 14:15:00 +0100 El Tribunal Supremo rechaza dos recursos de Bankia contra la anulación de la adquisición de sus acciones en su salida a Bolsa http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=dcbf51e3d0382510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, constituida en Pleno, ha resuelto dos recursos de BANKIA contra la anulaci&oacute;n de la adquisici&oacute;n de sus acciones con ocasi&oacute;n de la Oferta P&uacute;blica de Suscripci&oacute;n de acciones de 2011.</p> <p>La Sala ha desestimado todos los motivos de los recursos, ha rechazado que la causa penal pendiente ante la Audiencia Nacional pueda paralizar las reclamaciones individuales en v&iacute;a civil y ha confirmado que hubo error en el consentimiento por parte de los adquirentes debido a las graves inexactitudes del folleto de la oferta p&uacute;blica.</p> <p>&nbsp;El texto definitivo de las sentencias se dar&aacute; a conocer una vez terminada su redacci&oacute;n.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=dcbf51e3d0382510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 27 Jan 2016 14:00:00 +0100