Noticias Judiciales http://www.poderjudicial.es Noticias Judiciales es Copyright © Consejo General del Poder Judicial Wed, 07 Dec 2016 09:39:18 +0100 PoderJudicial 60 Wed, 07 Dec 2016 09:39:18 +0100 El Tribunal Supremo anula la designación de aspirantes a guías en el Congreso por falta de motivación en la valoración de méritos y entrevista http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=3dc7bf98e6ec8510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha anulado la designaci&oacute;n de dos aspirantes a plazas de gu&iacute;as en el Congreso de los Diputados al acreditarse que la comisi&oacute;n de selecci&oacute;n caus&oacute; indefensi&oacute;n a otra candidata, que no fue elegida, por aplicar de forma incorrecta las bases de la convocatoria y no motivar su actuaci&oacute;n en la fase de entrevista.</p> <p>La sentencia obliga a dicha comisi&oacute;n a desglosar la puntuaci&oacute;n atribuida a cada aspirante en la valoraci&oacute;n de m&eacute;ritos y a realizar de nuevo las entrevistas, aunque antes tendr&aacute; que fijar, y dar a conocer a los candidatos, los criterios establecidos para valorar la experiencia profesional y las funciones espec&iacute;ficas del puesto. Despu&eacute;s de explicar la puntuaci&oacute;n atribuida a cada aspirante, la comisi&oacute;n podr&aacute; hacer una nueva propuesta de contrataci&oacute;n de trabajadores para la provisi&oacute;n de las dos plazas de gu&iacute;as.</p> <p>El proceso de selecci&oacute;n constaba de un ejercicio te&oacute;rico, compuesto por 40 preguntas, otro de ingl&eacute;s dividido en tres ejercicios, una valoraci&oacute;n de m&eacute;ritos -conocimiento de franc&eacute;s mediante conversaci&oacute;n (calificaci&oacute;n de apto 5 puntos), servicios prestados en el Congreso de los Diputados como funcionario o personal laboral (0,15 puntos/mes hasta 10 puntos), experiencia previa en visitas guiadas (0,15 puntos/mes hasta 20 puntos) o poseer algunas titulaciones universitarias (7,5 puntos por cada licenciatura en Bellas Artes, Historia del Arte, Historia y Derecho, y 6 puntos por cada grado) y, por &uacute;ltimo, una entrevista personal a la que se llamar&iacute;a solamente a los aspirantes con m&aacute;s de 12,5 puntos en la fase de m&eacute;ritos y que calificar&iacute;a hasta con 20 puntos siendo necesarios al menos 5 para superarlas. La entrevista se centraba en la experiencia profesional de los aspirantes, las funciones espec&iacute;ficas del puesto convocado y serv&iacute;a adem&aacute;s para aclarar los documentos aportados para justificar los m&eacute;ritos.</p> <p>Tras la celebraci&oacute;n de las entrevistas, la comisi&oacute;n de selecci&oacute;n deliber&oacute; y, a propuesta de su presidente, vot&oacute; en secreto sobre los cinco aspirantes entrevistados: las dos aspirantes elegidas obtuvieron cinco puntos y el resto ninguna puntuaci&oacute;n.</p> <p>Una de las aspirantes que no super&oacute; la entrevista recurri&oacute; el nombramiento propuesto por la comisi&oacute;n de selecci&oacute;n, confirmada despu&eacute;s por la Mesa del Congreso, bas&aacute;ndose en que antes de la misma ella era la que ten&iacute;a mejor puntuaci&oacute;n, a mucha distancia de la tercera (14,75 puntos), en que no hab&iacute;a constancia del desarrollo de las entrevistas ni del curso de las deliberaciones y que tampoco se conoc&iacute;an los criterios para adjudicar las puntuaciones. Asimismo, denunciaba que no se le hab&iacute;a valorado de forma adecuada el ejercicio de franc&eacute;s por el que no consta que se le acreditara ning&uacute;n punto y que, adem&aacute;s, era Gu&iacute;a-Int&eacute;rprete del Patrimonio Nacional desde 1998 y que trabajaba en el Palacio Real.</p> <p>El Tribunal Supremo estima el recurso y concluye que &ldquo;el desconocimiento de los criterios observados por la comisi&oacute;n de selecci&oacute;n para aplicar la base d&eacute;cima de la convocatoria, la falta de motivaci&oacute;n de su decisi&oacute;n de excluir a la recurrente, junto a otras aspirantes, en esa &uacute;ltima fase del proceso selectivo y la ignorancia de las razones por las que las finalmente propuestas fueron consideradas id&oacute;neas para el puesto mientras que no lo fue la Sra. Ezquerra Serrano dibujan un escenario en el que, adem&aacute;s de la indefensi&oacute;n de la que se queja la demanda no se puede descartar la sombra de la arbitrariedad&rdquo;.</p> <p>De acuerdo con su jurisprudencia, la Sala indica que la necesaria motivaci&oacute;n de las decisiones de los tribunales calificadores o comisiones de selecci&oacute;n &ldquo;no se satisface con la emisi&oacute;n de una calificaci&oacute;n num&eacute;rica y que en los casos en que alg&uacute;n aspirante cuestione la que se le haya dado, bien por considerarla insuficiente en relaci&oacute;n con sus propios m&eacute;ritos o con el contenido de sus ejercicios, bien por comparaci&oacute;n con el trato dado a otros aspirantes, se debe explicar el camino seguido para la asignaci&oacute;n de la calificaci&oacute;n concedida&rdquo;.</p> <p>La Sala Tercera recuerda que los procesos selectivos se desarrollan bajo el principio de publicidad por lo que considera improcedente presentar la entrevista como un encuentro privado y afirma que tampoco es aceptable decir que carece de relevancia para la recurrente conocer el contenido de las otras entrevistas cuando puede servir para comprobar si se ha aplicado &ldquo;el mismo rasero a todos&rdquo;.</p> <p>Es m&aacute;s, se&ntilde;ala la sentencia, &ldquo;pugna con la exigencia de publicidad la votaci&oacute;n secreta que se llev&oacute; a cabo para decidir el resultado de la fase de entrevista. Las bases de modo alguno la amparan pues, cuando la tercera dice que las decisiones se tomar&aacute;n por mayor&iacute;a de votos de los miembros presentes, ni autoriza a proceder en secreto en ning&uacute;n momento del proceso selectivo ni, mucho menos, a la hora de decidir qui&eacute;nes superan y qui&eacute;nes no esa &uacute;ltima etapa&rdquo;.</p> <p>En efecto, concluye la Sala, &ldquo;sabemos que la comisi&oacute;n de selecci&oacute;n consider&oacute; que la recurrente no deb&iacute;a superar la fase de entrevista pero no es posible conocer por qu&eacute; ni tampoco por qu&eacute; entendi&oacute; lo contrario&rdquo; de las dos aspirantes propuestas para esas plazas.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=3dc7bf98e6ec8510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 05 Dec 2016 13:00:00 +0100 El Tribunal Supremo confirma las absoluciones en el caso de las dietas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=093606391bdc8510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la absoluci&oacute;n de los exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterr&aacute;neo (CAM) Roberto L&oacute;pez Abad y Juan Ram&oacute;n Avil&eacute;s Olmos de los delitos de apropiaci&oacute;n indebida y de administraci&oacute;n desleal en relaci&oacute;n con el cobro irregular de dietas y la concesi&oacute;n de pr&eacute;stamos.</p> <p>La sentencia desestima los recursos de casaci&oacute;n interpuestos por el Fondo de Garant&iacute;a de Dep&oacute;sitos y la Caja de Ahorros del Mediterr&aacute;neo contra el fallo de la Audiencia Nacional que acord&oacute; la absoluci&oacute;n de ambos.</p> <p>Para el Tribunal Supremo, en la sentencia recurrida &ldquo;no se declar&oacute; probado que la creaci&oacute;n de la Comisi&oacute;n de Seguimiento y Control de TIP no encontrara justificaci&oacute;n de ninguna clase en la actividad de la sociedad, y tampoco se declara probado que, una vez creada, no realizara trabajo ni labor alguna relacionada con sus competencias&rdquo;.</p> <p>&ldquo;No se afirma, pues, por esta Sala que la creaci&oacute;n de la Comisi&oacute;n de Seguimiento y Control de TIP tuviera finalidades leg&iacute;timas y que, por lo tanto, estuviera justificada, ni tampoco que desempe&ntilde;ara una funci&oacute;n &uacute;til que explicara su creaci&oacute;n. Sino que, m&aacute;s limitadamente, se constata que el Tribunal de instancia no declar&oacute; probado que no cumpliera funci&oacute;n alguna y que su &uacute;nica finalidad fuer aportar una justificaci&oacute;n formal al percibo ileg&iacute;timo de dietas no justificadas&rdquo;, subraya la sentencia.</p> <p>Respecto a las dietas percibidas, la Sala Segunda afirma que se declara probado que los acusados no tuvieron ninguna intervenci&oacute;n en la determinaci&oacute;n de su importe. En el caso del acusado L&oacute;pez Abad asegura que "nada se dice en los hechos probados acerca de la existencia de un acuerdo con quienes fijaron el importe de las dietas, ni siquiera que hubiera percibido algunas de las cuestionadas".</p> <p>En relaci&oacute;n con el otro acusado, Juan Ram&oacute;n Avil&eacute;s Olmos, indica que aunque se declara probado que percibi&oacute; unas determinadas cantidades en concepto de dietas, nada se dice sobre la existencia de un acuerdo con las personas que en los &oacute;rganos competentes establecieron su importe, situ&aacute;ndolo as&iacute; en la misma posici&oacute;n que ocupan quienes son considerados solamente part&iacute;cipes a t&iacute;tulo lucrativo.</p> <p>Sobre la participaci&oacute;n de &eacute;ste acusado en la concesi&oacute;n de pr&eacute;stamos a sociedades con las que estaba vinculado, la sentencia destaca que el pr&eacute;stamo a dicha empresa hab&iacute;a sido concedido mucho tiempo antes, en el a&ntilde;o 2008, procedi&eacute;ndose en el 2011 a su modificaci&oacute;n, mediante la aprobaci&oacute;n acordada por el Consejo de Administraci&oacute;n, al que no pertenec&iacute;a Juan Ram&oacute;n Avil&eacute;s. Aunque es cierto que era Presidente de la Comisi&oacute;n de Control, que ten&iacute;a que supervisar la actividad del Consejo, &ldquo;no se declara probado que esa Comisi&oacute;n interviniera con posterioridad acerca de esta concreta operaci&oacute;n, ni quienes asistieron a la sesi&oacute;n, ni cual fue el sentido del voto de cada uno de ellos, ni cual fue el resultado final. No puede establecerse, pues responsabilidad penal por dichos hechos&rdquo;, subraya la Sala.</p> <p>Del mismo modo, afirma que en los hechos probados tampoco que produjera un perjuicio a la CAM. La sentencia destaca que el hecho de conceder un pr&eacute;stamo a una sociedad, dentro del marco de la actividad de una entidad bancaria que act&uacute;a como prestamista, no supone un perjuicio para &eacute;sta, sino todo lo contrario si la operaci&oacute;n llega a buen fin.</p> <p>Por todo ello, concluye que el acusado no infringi&oacute; un deber de lealtad que probablemente conducir&iacute;a a la causaci&oacute;n de un perjuicio, aunque &eacute;ste no hubiera llegado a concretarse o a determinarse suficientemente.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=093606391bdc8510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 05 Dec 2016 09:40:00 +0100 El Tribunal Supremo ordena un nuevo juicio a un hombre condenado a nueve años prisión por violar a su expareja http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=295f438634ab8510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha anulado la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que conden&oacute; a un hombre a nueve a&ntilde;os de prisi&oacute;n por violar a su expareja porque en el juicio no se admitieron las pruebas que solicit&oacute;, entre ellas un documento que acreditar&iacute;a que al acusado le hab&iacute;an realizado una vasectom&iacute;a ocho d&iacute;as antes de la violaci&oacute;n.</p> <p>El Tribunal Supremo ha ordenado que se celebre un nuevo juicio, por un tribunal distinto al que dict&oacute; la sentencia recurrida, que declare pertinentes dos de las tres pruebas planteadas por la defensa del condenado: la incorporaci&oacute;n del escrito sobre la intervenci&oacute;n quir&uacute;rgica y de un plano de la vivienda de una testigo que declar&oacute; en la causa.&nbsp;Asimismo, el Supremo entiende que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva del acusado, provoc&aacute;ndole indefensi&oacute;n, en la valoraci&oacute;n que la Audiencia Provincial de Valencia hizo de otras pruebas que s&iacute; fueron admitidas.</p> <p>Mediante el informe de vasectom&iacute;a, en el que figuran como instrucciones a seguir tras la operaci&oacute;n que no realizara movimientos bruscos, el condenado quer&iacute;a demostrar que no se produjo ninguna agresi&oacute;n sexual y que las relaciones que mantuvo con su expareja s&oacute;lo pudieron ser consentidas, ya que ten&iacute;a la zona genital dolorida con puntos de sutura.</p> <p>En relaci&oacute;n con la segunda prueba -plano geogr&aacute;fico de la vivienda testigo- la defensa aleg&oacute; que pretend&iacute;a probar que la mujer que testific&oacute; en la causa no pudo ver ni o&iacute;r nada de lo ocurrido por lo que s&oacute;lo pudo conocer los hechos por el relato que le hizo la propia denunciante.</p> <p>La defensa tambi&eacute;n hab&iacute;a solicitado una tercera prueba para acreditar que su expareja actu&oacute; con &aacute;nimo de venganza que ha sido rechazada porque se produjo despu&eacute;s de los hechos juzgados.</p> <p><strong>Pruebas pertinentes que &ldquo;potencialmente podr&iacute;an modificar el sentido del fallo&rdquo;</strong></p> <p>La Audiencia Provincial de Valencia deneg&oacute; las tres pruebas bas&aacute;ndose en que no se hab&iacute;an pedido en tiempo y forma en el escrito de conclusiones provisionales, como es preceptivo en un procedimiento ordinario, sino que se pidieron -documental y testifical- cuando comenzaron las sesiones del juicio oral.</p> <p>Esas dos pruebas -informe vasectom&iacute;a y plano de situaci&oacute;n de la vivienda de la testigo-, subraya la Sala Segunda, &ldquo;fueron indebidamente rechazadas&rdquo;, frustrando con ello la capacidad del imputado a valerse de las pruebas necesarias, no s&oacute;lo para desvirtuar la pretensi&oacute;n acusatoria esgrimida por el Fiscal y la acusaci&oacute;n particular, sino para respaldar su propia hip&oacute;tesis exoneratoria.</p> <p>Por todo ello, concluye que esos dos documentos &ldquo;son pertinentes porque existe una relaci&oacute;n inmediata de su contenido con los hechos enjuiciados y adem&aacute;s su valoraci&oacute;n, que corresponde a la Sala de instancia, potencialmente podr&iacute;a modificar el sentido del fallo. En el primer caso, teniendo en cuenta el posible juicio de compatibilidad de la violencia descrita en los hechos y el estado post-operatorio del acusado, y el segundo para medir la realidad f&iacute;sica de la percepci&oacute;n por la testigo de los hechos declarados por la misma&rdquo;.</p> <p>&ldquo;La inadmisi&oacute;n de las mismas por razones meramente formales es improcedente&rdquo;, subraya el Tribunal Supremo que indica que est&aacute; fuera de dudas que en estos supuestos &ldquo;la prueba encaminada a demostrar la veracidad de la hip&oacute;tesis alternativa que ofrece la defensa frente a la imputaci&oacute;n formulada, no puede ser sistem&aacute;ticamente rechazada&rdquo;.</p> <p>El Tribunal Supremo se plantea si la Audiencia Provincial de Valencia en su motivaci&oacute;n f&aacute;ctica ha valorado los hechos teniendo en cuenta los argumentos de la defensa y de la acusaci&oacute;n o se la limitado &uacute;nicamente a aceptar los &uacute;ltimos.</p> <p>En este sentido, se&ntilde;ala que &ldquo;llama la atenci&oacute;n que se acoja el dictamen sobre estr&eacute;s post-traum&aacute;tico emitido un a&ntilde;o despu&eacute;s de los hechos sin aducir razonamiento alguno sobre el informe de la Unidad de Valoraci&oacute;n Integral de Violencia sobre la mujer del Instituto de Medicina Legal de Valencia, emitido poco despu&eacute;s de los hechos, en cuya conclusi&oacute;n tercera no se advierte da&ntilde;o ps&iacute;quico o de afectaci&oacute;n emocional compatible con la vivencia de una situaci&oacute;n altamente traum&aacute;tica o que se ha afrontado con gran estr&eacute;s subjetivo; de la misma forma que otros datos incorporados a dicho informe, que necesariamente la Audiencia ten&iacute;a que haber valorado expl&iacute;citamente sin perjuicio de que la conclusi&oacute;n final fuese o no la misma; de igual manera que la posible incidencia de la vasectom&iacute;a o la situaci&oacute;n de la vivienda de la testigo tambi&eacute;n de referencia; la compatibilidad de las lesiones descritas en el factum, varias escoraciones y ligeros eritemas, con la actividad sexual entre la pareja descrita por el recurrente y admitida como muy activa por la propia v&iacute;ctima; o el hecho de la denuncia anterior contra su exmarido que fue archivada finalmente&rdquo;.</p> <p>En s&iacute;ntesis, concluye la Sala Segunda, &ldquo;existe un acervo de argumentos defensivos basados en datos presentes en la causa de cuya valoraci&oacute;n la Audiencia no pod&iacute;a prescindir, lo que desde luego afecta a la tutela judicial efectiva sin indefensi&oacute;n del hoy recurrente&rdquo;.</p> <p>La sentencia recurrida, anulada ahora por el Tribunal Supremo, consider&oacute; probado que el condenado agredi&oacute; sexualmente a su expareja en el domicilio de &eacute;sta, donde a&uacute;n viv&iacute;a pese a que ten&iacute;an problemas de convivencia. Tras lo ocurrido, la v&iacute;ctima logr&oacute; salir de la casa y se fue a casa de unos amigos, que la vieron llorando, nerviosa, alterada y oliendo a alcohol, y, despu&eacute;s acudi&oacute; a comisar&iacute;a para presentar una denuncia. Seg&uacute;n los hechos probados, el condenado, por su parte, se puso en contacto con un polic&iacute;a a quien dijo que hab&iacute;a tenido problemas con su compa&ntilde;era. Tras ser detenido, reiter&oacute; su versi&oacute;n y que ten&iacute;a miedo a que su novia le denunciara por malos tratos.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=295f438634ab8510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 01 Dec 2016 13:20:00 +0100 El Tribunal Supremo anula la condena de dos años y medio de prisión a un empresario madrileño de salas de cine http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=7dabca0dd95b8510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha anulado la condena a dos a&ntilde;os y medio de prisi&oacute;n que la Audiencia Provincial de Madrid impuso a F.A.B.C.A., administrador de la empresa Dreams Cinema, por un delito societario continuado de falsedad. La sentencia considera que no hay datos suficientes que acrediten que el empresario falseara la contabilidad de la sociedad encargada de la gesti&oacute;n de los cines del Centro Comercial Palacio de Hielo de Madrid.</p> <p>Asimismo, se&ntilde;ala que en este caso no se ha acreditado la existencia de un perjuicio y de un perjudicado por lo que no puede dictarse una condena por dicho delito del art&iacute;culo 290 del C&oacute;digo Penal como la dictada por la sentencia recurrida. Para el Tribunal Supremo, ni la acusaci&oacute;n ejercida por Cine Premier ni el Ministerio Fiscal &ldquo;vinculan la irregularidad o simulaci&oacute;n contable a un concreto perjuicio de naturaleza patrimonial con expresi&oacute;n de qui&eacute;n y por qu&eacute; sufr&iacute;a o pod&iacute;a sufrir perjuicio&rdquo;.</p> <p>La falsedad, subraya la Sala Segunda, &ldquo;debe tener una eficacia causal, al menos en potencia, para generar un perjuicio. Y &eacute;ste debe ser necesariamente econ&oacute;mico, como cuida de precisar el tipo penal, que no se satisface cuando los perjuicios son de otra naturaleza&rdquo;.</p> <p>La sentencia indica que &ldquo;la falta de reflejo de la situaci&oacute;n real de la econom&iacute;a de la sociedad, o la ocultaci&oacute;n de la verdadera situaci&oacute;n, no se traduce, ni siquiera potencialmente, por s&iacute; sola en un perjuicio o detrimento patrimonial. No satisfar&iacute;a, a falta de &eacute;ste, el presupuesto t&iacute;pico&rdquo;, subraya la sentencia.</p> <p>En este caso, se&ntilde;ala la Sala, se hace referencia a que el comportamiento del acusado dio lugar a la declaraci&oacute;n de concurso culpable de dos sociedades, declaraci&oacute;n que afecta, en la terminolog&iacute;a legal al acusado. &ldquo;De ah&iacute; que, si se considera que el perjuicio ocasionado por el recurrente consisti&oacute; en tal declaraci&oacute;n de culpabilidad, es claro que no tendr&iacute;a trascendencia tipificante pues el acusado obviamente no es el perjudicado contemplado en el tipo penal&rdquo;, subraya el Tribunal Supremo.</p> <p>Por otra parte, afirma, que los hechos que dieron lugar a la declaraci&oacute;n de concurso culpable, &ldquo;no implican actos que puedan calificarse como falsos por m&aacute;s que se incurra en lo que se denominan, inespec&iacute;ficamente, irregularidades o insuficiencias en la articulaci&oacute;n de la contabilidad o incluso en su total omisi&oacute;n. Tales t&eacute;rminos son equ&iacute;vocos pues albergan tanto el concepto de falsedad como el de incorrecci&oacute;n valorativa. Y esa equivocidad descriptiva acarrea la consecuencia de no poder afirmarse concluyentemente la tipicidad penal&rdquo;.</p> <p>Los hechos probados recogidos en la sentencia recurrida describen que el acusado &ndash;ahora absuelto- , administrador de la sociedad Grupo Dreams Cinema alquil&oacute; a otra sociedad, que estaba presidida por su hermano, el local destinado a 15 salas de cine en el Centro Comercial Palacio de Hielo. El alquiler, por 25 a&ntilde;os, se articul&oacute; sobre dos contratos diferentes, uno sobre las salas de cine y otro sobre las taquillas. Los locales destinados a cine se arrendaron en bruto y la arrendataria ten&iacute;a que hacerse cargo de las obras de acondicionamiento y la dotaci&oacute;n del mobiliario. Desde el inicio del negocio, con las obras de adaptaci&oacute;n, y posteriormente con el funcionamiento efectivo de los cines, Grupo Dreams Cinema no pudo hacer frente a los enormes costes fijos, rentas, salarios de los trabajadores, y de financiaci&oacute;n. Todo ello produjo unas p&eacute;rdidas de m&aacute;s de tres millones de euros; circunstancia que unida a los resultados negativos de explotaci&oacute;n eran indicativos de una incertidumbre sobre la capacidad del grupo consolidado para continuar su actividad.</p> <p>La administraci&oacute;n llevada a cabo por el acusado era desordenada y opaca, sin contabilidad oficial. Como conoc&iacute;a la situaci&oacute;n de quiebra de la sociedad, y para evitar el concurso decidi&oacute; crear un apunte falso, en la contabilidad, denominado activaci&oacute;n del gasto, para compensar las p&eacute;rdidas. Grupo Dreams Cinema fue declarado en concurso de acreedores necesario y culpable el 11 de diciembre de 2006.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=7dabca0dd95b8510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 30 Nov 2016 14:50:00 +0100 El Tribunal Supremo confirma la sanción de un millón de euros al Banco Santander por infracción a la Ley de prevención del blanqueo http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2586653a94ba8510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala III del Tribunal Supremo ha confirmado una sanci&oacute;n de un mill&oacute;n de euros impuesta el 12 de junio de 2015 por el Consejo de Ministros al Banco de Santander, como sucesor universal de Banesto, por una falta muy grave prevista en la Ley de prevenci&oacute;n del blanqueo de capitales y financiaci&oacute;n del terrorismo, relativa a la falta de documentaci&oacute;n justificativa de operaciones de una cuenta bancaria de Vin&iacute;cola Soto, bodega del grupo Nueva Rumasa. Los movimientos de la cuenta, entre los a&ntilde;os 2007 y 2011, supusieron cargos por valor de 58 millones de euros, y abonos por la cuant&iacute;a similar, siendo la suma de importes cargados en la cuenta por el concepto &ldquo;Disposici&oacute;n efectivo en oficina&rdquo;, de 19,8 millones.</p> <p>Los recurrentes consideraban que Banesto cumpli&oacute; sustancialmente con las obligaciones de conservaci&oacute;n de documentos, por lo que no exist&iacute;a la infracci&oacute;n. Subsidiariamente, ped&iacute;an que la infracci&oacute;n se calificase de leve, al considerar que no exist&iacute;an indicios de blanqueo de capitales y que el incumplimiento era meramente ocasional o aislado.</p> <p>&ldquo;En el presente supuesto -contesta el Supremo-, no podemos hablar de un incumplimiento ocasional porque de la muestra se detectan 601 incumplimientos (225 en ingresos de cheques, 10 en cobros de cheques, 17 en transferencias y 349 en ingresos en efectivo). En particular, en ingresos en efectivo se analiza una muestra de 350 operaciones y en 349 de ellas no se tiene la documentaci&oacute;n preceptiva. Por lo tanto, no se puede hablar de una situaci&oacute;n ocasional, sino que en algunos tipos de operaciones se demuestra una situaci&oacute;n masiva, continuada y recurrente de incumplimiento&rdquo;. A&ntilde;ade que la muestra son m&aacute;s de 602 operaciones, por un importe de m&aacute;s de 50 millones de euros, con lo que no puede decirse que sea irrelevante.</p> <p>Respecto a los indicios delictivos de las operaciones, la sentencia destaca que los mismos est&aacute;n siendo objeto de una investigaci&oacute;n abierta en el Juzgado Central n&uacute;mero 5 de la Audiencia Nacional.</p> <p>Asimismo, la Sala considera proporcionada la sanci&oacute;n de 1 mill&oacute;n de euros, y rechaza la pretensi&oacute;n del banco de reducirla a 150.000 euros. Expone que est&aacute; en la zona de m&iacute;nimos, ya que la horquilla del tramo inferior en que se encuentra iba desde los 150.000 euros hasta los 83,5 millones de euros, y finalmente se ha fijado en un mill&oacute;n.</p> <p>&ldquo;Si atendemos a los n&uacute;meros absolutos, la sanci&oacute;n de un mill&oacute;n de euros no puede considerarse desproporcionada si se tiene en cuenta que: 1&ordm;) Las operaciones donde se han detectado irregularidades suman decenas de millones de euros. 2&ordm;) Estas operaciones presentan una relaci&oacute;n directa con un proceso penal. 3&ordm;) Que el incumplimiento de las obligaciones de conservaci&oacute;n puede afectar negativamente a la acci&oacute;n penal, al determinar la inexistencia de elementos probatorios&rdquo;, indica la sentencia.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2586653a94ba8510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 28 Nov 2016 12:30:00 +0100 El Tribunal Supremo rechaza que la regulación del complemento por antigüedad del personal laboral de Madrid sea discriminatorio http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=c3e28ef9f2b98510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala IV del Tribunal Supremo ha estimado un recurso de la Comunidad de Madrid y ha avalado, por no ser discriminatorio ni para los trabajadores temporales ni para los eventuales que pasan a ser fijos, el art&iacute;culo del convenio colectivo para el Personal Laboral de la Comunidad (periodo 2004-2007) que no computa, a efectos de antig&uuml;edad, la prestaci&oacute;n de servicios discontinuos si el plazo entre un contrato y el siguiente rebasa los tres meses, comput&aacute;ndose en tal caso los servicios posteriores a la &uacute;ltima interrupci&oacute;n superior a tres meses.</p> <p>Para el Supremo, &ldquo;nada impide que el convenio se&ntilde;ale que no se tendr&aacute;n en cuenta las rupturas del v&iacute;nculo contractual superiores a tres meses siempre y cuando tal r&eacute;gimen se aplique de modo igual a todos los trabajadores que hayan estado vinculados a la empresa mediante diversos contratos de trabajo, con independencia de la naturaleza temporal de los mismos&rdquo;. Por ello, la cl&aacute;usula cuestionada &ldquo;ni puede consagrar una diferencia de trato ni la consagra de hecho&rdquo;.</p> <p>El Supremo ha revocado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 24 de junio de 2015, que estim&oacute; el recurso de varios sindicatos y decret&oacute; la nulidad, por discriminatorio, del art&iacute;culo 37.7 del citado convenio colectivo, que establece que a los trabajadores eventuales que pasen a formar parte de la plantilla de personal laboral fijo, se les computar&aacute;n los servicios prestados en la Comunidad de Madrid, a efectos de antig&uuml;edad, salvo que la prestaci&oacute;n de sus servicios hubiera tenido en alg&uacute;n momento soluci&oacute;n de continuidad por m&aacute;s de tres meses consecutivos, en cuyo caso s&oacute;lo se computar&aacute;n los servicios posteriores a la &uacute;ltima interrupci&oacute;n superior a tres meses.</p> <p>La Sala de lo Social del Supremo, en sentencia dictada por unanimidad, subraya: &ldquo;En definitiva, pues, la cl&aacute;usula controvertida no resulta contraria al principio de igualdad de trato ni contiene discriminaci&oacute;n alguna en la medida en que fija esa interrupci&oacute;n de tres meses como par&aacute;metro de diferenciaci&oacute;n para el c&oacute;mputo del periodo de servicios. Lo que podr&iacute;a resultar contrario a ese principio b&aacute;sico de igualdad ser&iacute;a que a los temporales no se les computaran los servicios en la misma medida que a los eventuales que pasen a fijos o que a &eacute;stos se les aplicaran medidas distintas de las que se apliquen en su caso a los primeros. No existe acreditaci&oacute;n fehaciente de que en la pr&aacute;ctica la empresa est&eacute; llevando a cabo una interpretaci&oacute;n o aplicaci&oacute;n contraria en perjuicio de alguno de los dos colectivos sometidos aqu&iacute; a la comparaci&oacute;n&rdquo;</p> <p>La sentencia tambi&eacute;n indica que, con arreglo al art&iacute;culo 15.6 del Estatuto de los Trabajadores y a la Directiva 199/70, por la que se aprueba el Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duraci&oacute;n determinada, &ldquo;los trabajadores con contratos temporales tendr&aacute;n los mismos derechos que los de duraci&oacute;n indefinida&rdquo;, por lo que &ldquo;el reconocimiento de un complemento salarial ligado a la prestaci&oacute;n de servicios por un determinado periodo de tiempo no puede venir condicionado a la naturaleza temporal o indefinida del contrato de trabajo. Si el convenio reconoce tal complemento, todos los trabajadores habr&aacute;n de poder acceder al lucro del mismo llegado el tiempo m&iacute;nimo exigido para ello&rdquo;.</p> <p>&ldquo;Sucede &ndash;agrega la sentencia-- que en el caso de los contratados mediante contratos temporales puede darse la circunstancia de que aquella prestaci&oacute;n de servicios se haya visto interrumpida entre la finalizaci&oacute;n de un contrato y la celebraci&oacute;n de otro. Esta circunstancia, puede darse tambi&eacute;n en el caso de los trabajadores que, habiendo iniciado su relaci&oacute;n con la empresa mediante contrataci&oacute;n temporal, hayan pasado a suscribir un contrato por tiempo indefinido. En ambos supuestos, el respeto al principio de igualdad de trato exigir&aacute; que el tratamiento que se haga de las situaciones de discontinuidad en la prestaci&oacute;n de servicios resulte homog&eacute;neo, pues la diferencia en la soluci&oacute;n nunca podr&iacute;a justificarse en la circunstancia de que el segundo de los colectivos ha adquirido la condici&oacute;n de indefinido&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=c3e28ef9f2b98510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 25 Nov 2016 13:16:00 +0100 El Pleno de la Sala II del TS rechaza la aplicación automática de atenuante para delitos de terrorismo a miembros de grupos 'satélite' http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=4ebac2f9bf698510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, reunida en Pleno no jurisdiccional, ha aprobado hoy un acuerdo que dispone que la atenuaci&oacute;n para delitos de terrorismo introducida en la reforma legal de marzo de 2015 para casos "de menor gravedad" no es aplicable de forma autom&aacute;tica &ldquo;por el mero hecho de que el sector de la organizaci&oacute;n en que se integra el acusado no utilice armas o explosivos ni realice atentados terroristas&rdquo;, sino que es necesaria una evaluaci&oacute;n caso por caso por parte de los jueces y tribunales.</p> <p>En esa evaluaci&oacute;n de cada caso concreto se tendr&aacute;n que tener en cuenta los siguientes criterios: &ldquo;Para la aplicaci&oacute;n de esta atenuaci&oacute;n podr&aacute; tomarse en consideraci&oacute;n el dato de si la rama de la organizaci&oacute;n terrorista en la que se integra el acusado o condenado es precisamente aquella que realiza de modo efectivo la acci&oacute;n armada o atentado violentos, o una de las organizaciones dependientes que se integran en el entramado de la organizaci&oacute;n armada para cooperar con sus fines. En este &uacute;ltimo caso habr&aacute; de valorarse tanto la actividad que realiza el acusado o condenado dentro de la organizaci&oacute;n, grupo o sector en el que se integra, como la relevancia o entidad de las funciones o misiones que desarrolla este sector de la organizaci&oacute;n dentro del conjunto del entramado terrorista&rdquo;.</p> <p>El Pleno de la Sala se ha reunido para fijar criterios la aplicaci&oacute;n del nuevo p&aacute;rrafo 4&ordm; del art&iacute;culo 579 bis del C&oacute;digo Penal, introducido en la reforma operada por la Ley Org&aacute;nica 2/2015, de 30 de marzo. Dicho p&aacute;rrafo se&ntilde;ala que &ldquo;los jueces y tribunales, motivadamente, atendiendo a las circunstancias concretas, podr&aacute;n imponer tambi&eacute;n la pena inferior en uno o dos grados a la se&ntilde;alada en este Cap&iacute;tulo para el delito de que se trate, cuando el hecho sea objetivamente de menor gravedad, atendidos el medio empleado o el resultado producido&rdquo;. El cap&iacute;tulo de que se trata es el VII, referido a las organizaciones y grupos terroristas y a los delitos de terrorismo.</p> <p>En su acuerdo, adoptado sin votos en contra aunque dos magistrados se han abstenido, el Supremo subraya que &ldquo;en ning&uacute;n caso pueda estimarse que el mero hecho de que el sector de la organizaci&oacute;n en que se integra el acusado no utilice armas o explosivos ni realice atentados terroristas, determine por si solo la aplicaci&oacute;n de la atenuaci&oacute;n, siendo necesario evaluar caso por caso los criterios anteriormente se&ntilde;alados&rdquo;.</p> <p>El acuerdo recuerda que el nuevo p&aacute;rrafo del art&iacute;culo 579 bis del C&oacute;digo Penal, aprobado en la reforma legal de 2015, constituye una norma penal m&aacute;s favorable aplicable tanto a los hechos enjuiciados tras su entrada en vigor, como a los ya sentenciados, bien por la v&iacute;a de la casaci&oacute;n o bien mediante la revisi&oacute;n de sentencias cuando las condenas sean firmes, y est&eacute;n ejecut&aacute;ndose.</p> <p>Como se establece expresamente en el texto de la misma, esta atenuaci&oacute;n es aplicable a todos los delitos previstos en el Cap&iacute;tulo VII, referido a las organizaciones y grupos terroristas y a los delitos de terrorismo, incluidos los delitos de promoci&oacute;n o participaci&oacute;n en organizaci&oacute;n o grupo terrorista sancionados en el art. 572.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=4ebac2f9bf698510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 24 Nov 2016 16:30:00 +0100 El Supremo declara ajustado a derecho el ERE del ayuntamiento de Estepona http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=6e631bad06698510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc&iacute;a que hab&iacute;a declarado ajustado a derecho el despido colectivo de 176 trabajadores del Ayuntamiento de Estepona por concurrir causas econ&oacute;micas y organizativas.</p> <p>Se adjunta comunicado de la Sala.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=6e631bad06698510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 24 Nov 2016 14:35:00 +0100 Confirmada la pena de dos años de cárcel a la exalcaldesa de La Pobla de Farnals (Valencia) por cohecho http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=c81fe97947198510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de dos a&ntilde;os de c&aacute;rcel por delito de cohecho impuesta por la Audiencia de Valencia a la exalcaldesa de La Pobla de Farnals Natividad Garc&iacute;a Castellar y al exsecretario del Ayuntamiento de Canet de Berenguer Jos&eacute; Antonio Sancho Sempere.</p> <p>El Supremo rechaza tanto los recursos de los acusados como el de la Fiscal&iacute;a, que consideraba que debieron ser condenados tambi&eacute;n por delitos de prevaricaci&oacute;n, malversaci&oacute;n y falsedad en documento mercantil, y ped&iacute;a adem&aacute;s la condena por cohecho de la entidad Academia Valenciana de Juristas.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=c81fe97947198510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 23 Nov 2016 15:15:00 +0100 El Supremo determina que el vendedor de la espada de El Cid por 1,5 millones era su propietario exclusivo http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=5f1be97947198510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de Jos&eacute; Ram&oacute;n Su&aacute;rez-Otero Velluti, marqu&eacute;s de Falces, y determina que era el titular por herencia de la espada "Tizona", atribuida a El Cid Campeador, y como tal pod&iacute;a disponer &iacute;ntegramente de la misma, como as&iacute; hizo al venderla en 2008 a un grupo de empresas y una fundaci&oacute;n por el precio de 1,5 millones de euros. Los adquirentes la donaron a la comunidad de Castilla y Le&oacute;n.</p> <p>La sentencia revoca las anteriores dictadas por el Juzgado de Primera Instancia n&uacute;mero 72 de Madrid y por la Audiencia de Madrid, que dieron la raz&oacute;n a las hijas de un matrimonio que fue declarado en 1987 heredero universal por un marqu&eacute;s de Falces antecesor del actual y tio suyo, Pedro Velluti de Murga. Tanto el Juzgado como la Audiencia consideraron que de la espada eran cotitulares el actual marqu&eacute;s de Falces y las hijas del citado matrimonio (que reclamaban la mitad del precio de la espada, es decir, 750.000 euros),</p> <p>La Sala determina que Jos&eacute; Ram&oacute;n Su&aacute;rez-Otero Velluti "devino propietario exclusivo de la espada Tizona pues, sin necesidad de cualesquiera otras consideraciones y atendidendo a la justificaci&oacute;n m&aacute;s evidente de su dominio, le pertenec&iacute;a por donaci&oacute;n de su madre do&ntilde;a Olga que a su vez era titular de tal derecho, en cualquier caso, al haberlo obtenido por prescripci&oacute;n adquisitiva o usucapi&oacute;n en cuanto hab&iacute;a sido poseedora exclusiva de la espada en concepto de due&ntilde;a durante m&aacute;s de los seis a&ntilde;os que al efecto exige el art&iacute;culo 1955 del C&oacute;digo Civil".</p> <p>"Es as&iacute; --a&ntilde;ade la sentencia-- porque cuando fallece su hermano don Pedro en el a&ntilde;o 1987, queda do&ntilde;a Olga como &uacute;nica depositante de la espada que hab&iacute;a sido de su padre don Jos&eacute; Mar&iacute;a Velluti Zibikouski y, aunque ello ni siquiera es necesario para la prescripci&oacute;n extraordinaria que se consum&oacute; a su favor, incluso cabr&iacute;a deducir su buena fe por entender que la titularidad de la espada estaba de alg&uacute;n modo vinculada al marquesado de Falces y no pod&iacute;a pasar &ndash;ni siquiera en parte- a ser de titularidad de personas extra&ntilde;as a la familia, lo que ven&iacute;a corroborado adem&aacute;s por el hecho de que su hermano don Pedro no hiciera menci&oacute;n en su testamento a la existencia de la espada".</p> <p>"Pero aunque no fuera as&iacute;, como se ha repetido, bastaba el transcurso de seis a&ntilde;os desde el fallecimiento de don Pedro para que se consumara la usucapi&oacute;n a favor de su hermana do&ntilde;a Olga &ndash;madre del demandado- ya que no cabe duda de que posey&oacute; a t&iacute;tulo de due&ntilde;a durante todo ese tiempo &ndash;en que las demandantes y sus padres ignoraban que la espada hab&iacute;a pertenecido en todo o en parte a su causante don Pedro- y buena prueba de ello es que el Museo del Ej&eacute;rcito como poseedor inmediato &ndash;ella lo era con car&aacute;cter mediato- se dirigi&oacute; en todo momento exclusivamente a su esposo &ndash;reconociendo el dominio de ella- para cualquier gesti&oacute;n relacionada con la Tizona. En definitiva cabe afirmar que la usucapi&oacute;n extraordinaria se consum&oacute; a favor de do&ntilde;a Olga por el transcurso de seis a&ntilde;os desde del fallecimiento de don Pedro, por tanto con efecto desde el 18 de marzo de 1993, y en consecuencia desde ese momento pod&iacute;a disponer &iacute;ntegramente de la espada y, en consecuencia, donarla a su hijo don Jos&eacute; Ram&oacute;n, como efectivamente hizo".</p> <p>"El art&iacute;culo 609 C&oacute;digo Civil --recuerda el Supremo-- incluye la prescripci&oacute;n adquisitiva o usucapi&oacute;n como modo de adquisici&oacute;n de la propiedad que tiene lugar por la posesi&oacute;n de la cosa durante el tiempo marcado por la ley, con la concurrencia de los dem&aacute;s requisitos que se exigen en cada supuesto. Concretamente, en el caso de los bienes muebles el art&iacute;culo 1955 dispone que el dominio de tales bienes se prescribe por la posesi&oacute;n no interrumpida de tres a&ntilde;os con buena fe y tambi&eacute;n por la posesi&oacute;n no interrumpida de seis a&ntilde;os, sin necesidad de ninguna otra condici&oacute;n; aunque l&oacute;gicamente dicha posesi&oacute;n ha de ser en todo caso en concepto de due&ntilde;o en el sentido a que se refiere el art&iacute;culo 436, pues el siguiente art&iacute;culo 447 dispone que s&oacute;lo la posesi&oacute;n que se adquiere y se disfruta en concepto de due&ntilde;o puede servir para adquirir el dominio.</p> <p>"La possessio ad usucapionem no requiere necesariamente un contacto f&iacute;sico directo con la cosa ya que, en ocasiones, coexisten dos posesiones distintas sobre un mismo objeto, que reciben la denominaci&oacute;n de posesi&oacute;n mediata y posesi&oacute;n inmediata. Esta &uacute;ltima es la del sujeto que detenta materialmente la cosa, y la posesi&oacute;n mediata es, sin embargo, una posesi&oacute;n sin contacto material pero reconocida por el detentador o poseedor inmediato. Por tanto se ha de afirmar la existencia de posesi&oacute;n mediata por parte de do&ntilde;a Olga Velluti y, posteriormente, de su hijo don Jos&eacute; Ram&oacute;n &ndash;demandado- mientras la espada se encontraba depositada en el Museo del Ej&eacute;rcito".</p> <p>Tras su paso por el Museo del Ej&eacute;rcito en Madrid, en 2007, la "Tizona" fue depositada por el marqu&eacute;s de Falces en el Museo de Burgos en 2007, un a&ntilde;o antes de su venta.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=5f1be97947198510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 23 Nov 2016 15:00:00 +0100 El Tribunal Supremo avala la renovación de las Comisiones legales del CGPJ en 2015 http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=1cc4181495d88510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Tercera del Tribunal Supremo, reunida en Pleno,&nbsp; ha acordado rechazar el recurso presentado por las vocales del Consejo General del Poder Judicial Roser Bach, Victoria Cinto, Clara Mart&iacute;nez de Careaga y Concepci&oacute;n S&aacute;ez contra el&nbsp; acuerdo n&uacute;mero 4 del Pleno que el &oacute;rgano constitucional celebr&oacute; el 29 de enero de 2015, por el que se&nbsp; renovaron los miembros&nbsp; integrantes de varias Comisiones legales.</p> <p>Como cuesti&oacute;n previa, la Sala ha abordado si el recurso era admisible. Por 17 votos a 14 los magistrados han entendido que s&iacute; lo era y que por tanto el asunto deb&iacute;a ser estudiado.</p> <p>Una vez dirimidas las cuestiones previas, la Sala ha entrado en el fondo del recurso para analizar y debatir los tres puntos planteados por las recurrentes.</p> <p>Los dos primeros se basaban en posibles irregularidades de procedimiento que invalidar&iacute;an el acuerdo por el que se renovaron las comisiones del Consejo en 2015. La Sala ha rechazado estas dos cuestiones por 26 votos a 4.</p> <p>El tercer punto del recurso se centraba en la rotaci&oacute;n anual de vocales entre las distintas Comisiones. Seg&uacute;n las recurrentes, deber&iacute;a hacerse una renovaci&oacute;n integra cada a&ntilde;o de la&nbsp; Comisi&oacute;n Permanente. La Sala ha rechazado esta cuesti&oacute;n por 17 votos a 13. El texto &iacute;ntegro de la sentencia se conocer&aacute; en los pr&oacute;ximos d&iacute;as.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=1cc4181495d88510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 23 Nov 2016 08:00:00 +0100 El Tribunal Supremo confirma el archivo de la causa abierta por delitos de torturas en Guantánamo http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=b6eafa06f2c88510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado el auto de la Audiencia Nacional que declar&oacute; el sobreseimiento de la causa seguida en dicho &oacute;rgano judicial por delito de torturas y otros en la base de Guant&aacute;namo, por falta de jurisdicci&oacute;n de los tribunales espa&ntilde;oles de acuerdo a los requisitos exigidos por la reforma de la jurisdicci&oacute;n universal del a&ntilde;o 2014. El Supremo desestima los recursos planteados por varias particulares y por asociaciones de derechos humanos de Berl&iacute;n y Nueva York, y la Asociaci&oacute;n Pro Dignidad de los Presos y Presas de Espa&ntilde;a.</p> <p>El Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Carlos Granados, avala la decisi&oacute;n de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de decretar la conclusi&oacute;n del sumario sin procesamientos, y el sobreseimiento de la causa, al no cumplirse los requisitos legales que permiten extender la jurisdicci&oacute;n espa&ntilde;ola a delitos ocurridos fuera de Espa&ntilde;a, de acuerdo a la reforma sobre la justicia universal.</p> <p>&ldquo;No existe dato o elemento alguno que permita sostener que ciudadanos espa&ntilde;oles hubiesen intervenido en los presuntos hechos delictivos que se dicen cometidos en ese campo de prisioneros, por lo que es de reiterar, una vez m&aacute;s, que no se cumplen los requisitos legales que extienden la jurisdicci&oacute;n espa&ntilde;ola a delitos ocurridos fuera de nuestro territorio&rdquo;, indican los magistrados.</p> <p>&ldquo;En el caso que nos ocupa, es obvio que el objetivo de la investigaci&oacute;n es lo ocurrido en un campo de prisioneros ubicado en un lugar muy alejado del territorio nacional, sobre el que Espa&ntilde;a no tiene ning&uacute;n tipo de jurisdicci&oacute;n.</p> <p>Quienes estaban al mando de ese campo de prisioneros no son espa&ntilde;oles ni tampoco lo son quienes tomaron la decisi&oacute;n de establecerlo o fueron responsables de las pr&aacute;cticas que all&iacute; se realizaron&rdquo;, indica la sentencia.<br />A&ntilde;ade la Sala que se dicen cometidos delitos de tortura por parte de determinados sujetos, no espa&ntilde;oles, y en el extranjero, por lo que es de aplicar lo dispuesto, en la redacci&oacute;n actual, en el art 23. 4&ordm; de la LOPJ, &ldquo;en el que se establece que ser&aacute; competente la jurisdicci&oacute;n espa&ntilde;ola para conocer de los hechos cometidos por espa&ntilde;oles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, seg&uacute;n la ley espa&ntilde;ola, como alguno de los siguientes delitos cuando se cumplan las condiciones expresadas: a) Genocidio, lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, siempre que el procedimiento se dirija contra un espa&ntilde;ol o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en Espa&ntilde;a, o contra un extranjero que se encontrara en Espa&ntilde;a y cuya extradici&oacute;n hubiera sido denegada por las autoridades espa&ntilde;olas; b) Delitos de tortura y contra la integridad moral de los art&iacute;culos 174 a 177 del C&oacute;digo Penal, cuando: 1.&ordm; el procedimiento se dirija contra un espa&ntilde;ol; o, 2.&ordm; la v&iacute;ctima tuviera nacionalidad espa&ntilde;ola en el momento de comisi&oacute;n de los hechos y la persona a la que se impute la comisi&oacute;n del delito se encuentre en territorio espa&ntilde;ol&rdquo;.</p> <p>La Sala recuerda que el modelo inicial de la Ley Org&aacute;nica del Poder Judicial consagraba un sistema de Jurisdicci&oacute;n universal absoluta e incondicionada. &ldquo;Pero este sistema, con independencia de la opini&oacute;n particular que pueda sostenerse sobre &eacute;l, no viene impuesto imperativamente con car&aacute;cter general por los Tratados Internacionales o por el Derecho Internacional Penal consuetudinario, ni tampoco viene impuesto espec&iacute;ficamente por la Convenci&oacute;n de Ginebra para los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado&rdquo;, por lo que &ldquo;el Legislador puede limitarlo, como lo ha hecho la Ley Org&aacute;nica 1/2014, a supuestos en que el procedimiento se dirija contra un espa&ntilde;ol o contra un ciudadano extranjero que se encuentre en Espa&ntilde;a, sin que esta limitaci&oacute;n constituya una violaci&oacute;n de la Convenci&oacute;n de Ginebra.&rdquo;</p> <p>Por ello, &ldquo;y para que quede claro en &eacute;ste y en otros procedimientos con similar fundamento, conforme a la vigente Ley Org&aacute;nica 1/2014, los Tribunales espa&ntilde;oles carecen de jurisdicci&oacute;n para investigar y enjuiciar delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado cometidos en el extranjero, salvo en los supuestos en que el procedimiento se dirija contra un espa&ntilde;ol o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en Espa&ntilde;a, o contra un extranjero que se encontrara en Espa&ntilde;a y cuya extradici&oacute;n hubiera sido denegada por las autoridades espa&ntilde;olas. Sin que pueda extenderse dicha jurisdicci&oacute;n &ldquo;in absentia&rdquo; en funci&oacute;n de la nacionalidad de la v&iacute;ctima o de cualquier otra circunstancia&rdquo;.</p> <p>La sentencia subraya que la Ley Org&aacute;nica 1/2014, &ldquo;aun cuando ha acogido una modalidad muy restrictiva de Jurisdicci&oacute;n Universal que contrasta con la regulaci&oacute;n anterior que hab&iacute;a convertido a nuestro pa&iacute;s en un polo de atracci&oacute;n en esta materia, no vulnera lo dispuesto en los Tratados ni en la pr&aacute;ctica judicial internacional, y se acoge a la exclusi&oacute;n de la Jurisdicci&oacute;n Universal &ldquo;in absentia&rdquo; que constituye el modelo m&aacute;s generalizado en los pa&iacute;ses de nuestro entorno&rdquo;.</p> <p>Los ahora recurrentes, por &uacute;ltimo, se refieren a que pudieran estar implicados agentes espa&ntilde;oles. Para el Supremo, &ldquo;los recurrentes cambian de estrategia e indican que no es improbable que en los hechos ocurridos en Guant&aacute;namo hubiesen participado por acci&oacute;n u omisi&oacute;n ciudadanos espa&ntilde;oles y que resultaba obligado investigar esa posibilidad por remota que parezca, y el Ministerio Fiscal se&ntilde;ala que ese argumento no es de recibo ya que cualquier investigaci&oacute;n penal debe procurar la determinaci&oacute;n de los hechos delictivos que se hayan realizado y las personas que resulten autoras de los mismos, pero ello debe hacerse con criterios s&oacute;lidos y no meramente especulativos&rdquo;.</p> <p>Los recurrentes se&ntilde;alan que, durante los d&iacute;as 22 y 23 de julio de 2002, dos funcionarios de polic&iacute;a espa&ntilde;oles, acompa&ntilde;ados de un representante diplom&aacute;tico, estuvieron en ese campo de prisioneros de Guant&aacute;namo con el fin de interrogar a dos de las personas all&iacute; internadas. De eso no se pueden derivar las consecuencias que se postulan en el motivo. En ning&uacute;n momento las personas interrogadas han manifestado que en el curso de dicha diligencia, ni en otra cualquiera, los funcionarios espa&ntilde;oles les hicieran objeto de ninguna pr&aacute;ctica cuestionable. &ldquo;No existe, pues, la m&aacute;s m&iacute;nima sospecha de que los funcionarios espa&ntilde;oles desplazados a Guant&aacute;namo cometieran en dicho lugar y en ese tiempo ning&uacute;n atisbo de irregularidad&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=b6eafa06f2c88510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 22 Nov 2016 15:50:00 +0100 El Tribunal Supremo confirma la sanción de tres años de suspensión impuesta al magistrado Santiago Vidal http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=29fc8b06f3098510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Tercera del Tribunal Supremo, reunida en Pleno, ha confirmado la sanci&oacute;n de tres a&ntilde;os de suspensi&oacute;n que el Consejo General del Poder Judicial impuso el 26 de febrero de 2015 al magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona Santiago Vidal como autor de una falta muy grave consistente en la ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales.</p> <p>La Sala ha acordado por 21 votos a 11 desestimar el recurso interpuesto por Vidal contra la decisi&oacute;n del &oacute;rgano de gobierno de los jueces.</p> <p>La sentencia se conocer&aacute; en los pr&oacute;ximos d&iacute;as, junto con el voto particular de los magistrados que han quedado en minor&iacute;a, partidarios de estimar el recurso de Vidal.</p> <p>El 26 de febrero de 2015, el Pleno del CGPJ acord&oacute;, por 12 votos a 9, imponer una sanci&oacute;n de 3 a&ntilde;os de suspensi&oacute;n al magistrado como responsable de una infracci&oacute;n disciplinaria muy grave prevista en el art&iacute;culo 417.14 de la Ley Org&aacute;nica del Poder Judicial (ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales).</p> <p>Antes de proceder a la determinaci&oacute;n de la sanci&oacute;n, el Pleno hab&iacute;a excluido por asentimiento &ndash;sin necesidad de votaci&oacute;n- una de las dos faltas muy graves de las que tanto el Promotor de la Acci&oacute;n Disciplinaria como la Fiscal&iacute;a consideraban autor a Vidal: la prevista en el art&iacute;culo 417.6 de la LOPJ (vulneraci&oacute;n del deber de observancia del r&eacute;gimen de incompatibilidades).</p> <p>El relato de hechos f&aacute;cticos en el que se bas&oacute; la sanci&oacute;n -realizado por el ponente de la resoluci&oacute;n, el vocal del CGPJ y magistrado del Tribunal Supremo Rafael Fern&aacute;ndez Valverde- fue respaldado asimismo por 12 votos a 9 en una votaci&oacute;n previa.</p> <p>Con anterioridad, el Pleno ha sometido a votaci&oacute;n diversas cuestiones:</p> <p>La relativa al procedimiento &ndash;si el Promotor de la Acci&oacute;n Disciplinaria debi&oacute; remitir su propuesta de sanci&oacute;n a la Comisi&oacute;n Disciplinaria y no al Pleno- fue desestimada por 12 votos a 9.</p> <p>El Pleno tambi&eacute;n rechaz&oacute; las alegaciones realizadas por el expedientado referidas a la caducidad del expediente disciplinario -por 13 votos a 8- y a la indefensi&oacute;n por denegaci&oacute;n de prueba &ndash;por 14 votos a 7-.<br />Tanto el Promotor de la Acci&oacute;n Disciplinaria como la Fiscal&iacute;a hab&iacute;an solicitado que se impusiera a Vidal la sanci&oacute;n de separaci&oacute;n de la carrera judicial.</p> <p>El Promotor de la Acci&oacute;n Disciplinaria acord&oacute; el 29 de abril de 2014, a la vista de las informaciones publicadas en esa fecha acerca de la participaci&oacute;n de Santiago Vidal en la elaboraci&oacute;n de una Constituci&oacute;n Catalana, incoar una informaci&oacute;n previa ante la posible relevancia disciplinaria de los hechos.</p> <p>El 9 de octubre de 2014, el Promotor acord&oacute; la incoaci&oacute;n de un expediente disciplinario a Vidal al considerar que los hechos apreciados durante la fase de informaci&oacute;n previa pod&iacute;an constituir una falta muy grave de ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales por vulneraci&oacute;n del deber b&aacute;sico de fidelidad a la Constituci&oacute;n y al ordenamiento jur&iacute;dico (art&iacute;culo 417.14 de la LOPJ) y una falta muy grave de vulneraci&oacute;n del deber de observancia del r&eacute;gimen de incompatibilidades (art&iacute;culo 417.6 de la LOPJ).</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=29fc8b06f3098510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 21 Nov 2016 18:00:00 +0100 El Tribunal Supremo condena a seis años prisión a un policía que robó la cocaína que custodiaba del hospital Gregorio Marañón http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=216efe903d688510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala II del Tribunal Supremo ha condenado a seis a&ntilde;os de prisi&oacute;n por delito contra la salud p&uacute;blica a un polic&iacute;a encargado en el hospital Gregorio Mara&ntilde;&oacute;n, de Madrid, de la custodia de las capsulas de droga que expulsan de su organismo los detenidos en el aeropuerto de Madrid-Barajas conocidos como &ldquo;boleros&rdquo;. El funcionario del Cuerpo Nacional de Polic&iacute;a se apropi&oacute; de 55 de esas capsulas, con un peso neto de 377 gramos, con el fin de entreg&aacute;rselas a otro acusado que iba a encargarse de su venta.</p> <p>El Supremo confirma la condena que la Audiencia de Madrid impuso al principal acusado, el polic&iacute;a Jos&eacute; Manuel H.T., como autor de un delito contra la salud p&uacute;blica de tenencia de coca&iacute;na para el tr&aacute;fico en la modalidad agravada de prevalerse del ejercicio de la funci&oacute;n p&uacute;blica para ejecutar los hechos (art&iacute;culo 369.1&ordf; del C&oacute;digo Penal).</p> <p>Sin embargo, el Supremo estima parcialmente el recurso del polic&iacute;a y anula la condena a seis meses de prisi&oacute;n que la Audiencia le impuso por delito de malversaci&oacute;n de caudales p&uacute;blicos del art&iacute;culo 432 del C&oacute;digo Penal.</p> <p>La absoluci&oacute;n por este segundo delito se fundamenta en que la aplicaci&oacute;n al acusado del subtipo agravado del art&iacute;culo 369.1&ordf; del C&oacute;digo Penal, ya comprende en este caso el injusto penalizado en el art&iacute;culo 432 del C&oacute;digo Penal; de manera que la punici&oacute;n conjunta de ambas conductas entra&ntilde;ar&iacute;a una infracci&oacute;n del principio &lsquo;non bis in &iacute;dem&rsquo; (que impide sancionar m&aacute;s de una vez un mismo hecho).</p> <p>Respecto al otro acusado, Paul Alexander P.P., se mantiene su condena de tres a&ntilde;os de c&aacute;rcel por un delito contra la salud p&uacute;blica. Era la persona encargada de vender la sustancia que el funcionario policial extrajo del centro hospitalario. Adem&aacute;s se le intervino en su domicilio una peque&ntilde;a cantidad de coca&iacute;na y los instrumentos id&oacute;neos para dedicarse al tr&aacute;fico de la referida sustancia.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=216efe903d688510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 21 Nov 2016 13:38:00 +0100 El TS rechaza la suspensión cautelar del Real Decreto que regula las reválidas en ESO y Bachillerato http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=43592cbb56778510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala III del Tribunal Supremo ha desestimado la suspensi&oacute;n cautelar del Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, que regula las evaluaciones finales de Educaci&oacute;n Secundaria Obligatoria (ESO) y de Bachillerato, conocidas como &lsquo;rev&aacute;lidas&rsquo;. En dos autos, la Sala rechaza la pretensi&oacute;n de suspensi&oacute;n cautelar del Real Decreto formulada por las comunidades aut&oacute;nomas de Extremadura y Arag&oacute;n.</p> <p>Ambas comunidades tienen planteado recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 310/2016, al que acompa&ntilde;aron la petici&oacute;n de medida cautelar de suspensi&oacute;n del mismo mientras se resuelven sus recursos, ya que argumentaban que su aplicaci&oacute;n les supondr&aacute; importantes perjuicios (entre ellos de desembolso econ&oacute;mico) que ser&iacute;an de imposible reparaci&oacute;n si finalmente el Supremo les da la raz&oacute;n y estima sus recursos.</p> <p>Entre otros argumentos, la Sala no comparte que exista riesgo de perjuicio irreparable para esas comunidades ya que el Real Decreto prev&eacute; realizar las evaluaciones al final del curso escolar 2016/2017, por lo que hay tiempo para que, con la suficiente antelaci&oacute;n, el alto tribunal resuelva los dos recursos.</p> <p>En cuanto a las alegaciones relacionadas con el coste que supondr&aacute; la realizaci&oacute;n de las evaluaciones y los eventuales perjuicios que comportar&iacute;an para el profesorado, los alumnos y sus familias, el tribunal se&ntilde;ala que carecen de acreditaci&oacute;n efectiva.</p> <p>Para el Supremo, no procede adoptar en este momento la medida cautelar que solicitan las dos comunidades porque ni han puesto de manifiesto la concurrencia de una apariencia de buen derecho susceptible de justificar la suspensi&oacute;n que pretende ni tampoco ha justificado que la vigencia del Real Decreto origine perjuicios de imposible o dif&iacute;cil reparaci&oacute;n.</p> <p>Respecto de la apariencia de buen derecho, los autos recuerdan que se ha considerado procedente fundamentar en ella una medida cautelar en la fase inicial del proceso como la que se ha pedido, solo cuando el recurso se dirija contra actos de mera aplicaci&oacute;n de disposiciones declaradas nulas, en los casos en que la actuaci&oacute;n cuestionada sea sustancialmente id&eacute;ntica a otra que ya fue jurisdiccionalmente anulada o en los que la nulidad de la actuaci&oacute;n impugnada sea apreciable &lsquo;ictu oculi&rsquo;.</p> <p>&ldquo;Como resulta evidente &ndash;dice el Supremo, nada de esto sucede en la presente ocasi&oacute;n. Desde luego, la pendencia de recursos de inconstitucionalidad contra los preceptos legales en virtud de los cuales se ha dictado el Real Decreto 310/2016 no es equiparable a ninguna de las circunstancias indicadas. Su impugnaci&oacute;n ante el Tribunal Constitucional por varias Comunidades Aut&oacute;nomas no aporta por s&iacute; sola una singular apariencia de buen derecho.</p> <p>Vale tanto a estos efectos como la falta de impugnaci&oacute;n por otras Comunidades Aut&oacute;nomas. Es decir, sirve para constatar la existencia de una controversia pero no para cualificar la posici&oacute;n de quien pretende la adopci&oacute;n de la medida cautelar&rdquo;.</p> <p>Tambi&eacute;n se&ntilde;ala la Sala que la jurisprudencia sigue un criterio muy estricto a la hora de suspender cautelarmente disposiciones generales.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=43592cbb56778510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 18 Nov 2016 13:30:00 +0100 El Supremo rechaza cambiar el orden de los apellidos de un menor inscrito con el primer apellido materno http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2a17172254778510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Pleno de Sala Primera del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de una madre que inscribi&oacute; a sus dos hijos con el primer apellido materno por ser la &uacute;nica filiaci&oacute;n reconocida en ese momento (uno de ellos falleci&oacute; d&iacute;as despu&eacute;s de nacer).</p> <p>La sentencia de instancia estim&oacute; la demanda de reclamaci&oacute;n de la paternidad no matrimonial del padre y desestim&oacute; la pretensi&oacute;n de la madre de mantener como primer apellido el suyo, por considerar, en s&iacute;ntesis, que habi&eacute;ndose presentado la demanda de reclamaci&oacute;n de la paternidad apenas transcurridos cuatro meses y medio desde el nacimiento no pod&iacute;a sostenerse el uso social, escolar y familiar del apellido por los menores.</p> <p>Ahora, el Supremo estima el recurso de casaci&oacute;n de la madre, fundado sustancialmente en el principio del inter&eacute;s superior de los menores, y se&ntilde;ala que en este caso procede mantener el primer apellido materno, pues no se ha acreditado ninguna circunstancia que, siempre bajo el inter&eacute;s superior del menor, aconseje el cambio del apellido con el que aparece identificado desde la inscripci&oacute;n de su nacimiento.</p> <p>Se adjunta nota informativa de la Sala.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2a17172254778510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 18 Nov 2016 13:20:00 +0100 El Supremo anula el Plan General de Ordenación Urbana de Santander http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2f38b46ce2868510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala III del Tribunal Supremo ha anulado el Plan General de Ordenaci&oacute;n Urbana de Santander aprobado el 17 de septiembre de 2010 por la Comisi&oacute;n Regional de Ordenaci&oacute;n del Territorio y Urbanismo, al estimar un recurso de la Asociaci&oacute;n para la Defensa de los Recursos Naturales (ARCA).</p> <p>La sentencia estima uno de los motivos del recurso de ARCA, en concreto el relativo a la insuficiencia de recursos h&iacute;dricos suficientes para la poblaci&oacute;n sin la utilizaci&oacute;n del denominado Bitrasvase (Proyecto de Abastecimiento de Aguas a Santander), que fue anulado a su vez por sentencia del Supremo de 18 de diciembre de 2013.&nbsp;El Supremo entiende que el resto de argumentaciones del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en este proceso, que aval&oacute; el PGOU, eran acertadas, pero que en el citado aspecto de los recursos h&iacute;dricos no lo es.</p> <p>El Supremo discrepa de la consideraci&oacute;n que el TSJ c&aacute;ntabro &ldquo;realiza, con una indebida extralimitaci&oacute;n, en el sentido de entender que la raz&oacute;n de decidir de la sentencia del TS de 18 de diciembre de 2013 -seg&uacute;n se dice, motivaci&oacute;n de la evaluaci&oacute;n de impacto ambiental del proyecto de Bitrasvase- &ldquo;es susceptible de ser subsanada y corregida, sin considerarlo una mera formalidad&rdquo;. Obvio es que ser&aacute; en la ejecuci&oacute;n de aquella sentencia, el &oacute;rgano competente de su ejecuci&oacute;n -a la saz&oacute;n, la Sala de la Audiencia Nacional- el que tendr&aacute;, en su caso, que pronunciarse sobre la ejecuci&oacute;n de la STS de 18 de septiembre de 2013&rdquo;.</p> <p><span>&ldquo;M&aacute;s, con independencia de ello -a&ntilde;ade el alto tribunal-, lo cierto es -aunque por una circunstancia &nbsp;&ldquo;externa&rdquo; al PGOU- que &eacute;ste debe de ser anulado, as&iacute; como la Resoluci&oacute;n aprobatoria del mismo. Anulados el proyecto y la obra del Bitrasvase por el Tribunal Supremo, la existencia de recursos h&iacute;dricos para la ciudad de Santander queda en entredicho, y, su suficiencia, en modo alguno acreditada, con vulneraci&oacute;n del art&iacute;culo 25.4 del TRLA (Texto refundido de la Ley de Aguas). </span></p> <p><span>No sirve la voluntariosa argumentaci&oacute;n de la Sala de instancia, desde un l&oacute;gico planteamiento estrictamente procesal, con fundamento de que la nulidad jurisdiccional del Bitrasvase es una cuesti&oacute;n nueva no planteada en el momento procesal oportuno de la demanda, pues, la insuficiencia de los recursos h&iacute;dricos, como la misma Sala reconoce, siempre fue esgrimida por la recurrente, bien desde la perspectiva de la insuficiencia, bien desde la perspectiva de la afectaci&oacute;n a los LICs de los que procede el agua&rdquo;.</span></p> <p><span>Por ello, el Supremo estima este concreto motivo, &ldquo;porque la cuesti&oacute;n -sin duda- planteada, y, en concreto, la suficiencia de los recursos h&iacute;dricos, ha sido una cuesti&oacute;n suficientemente debatida, y su insuficiencia, como consecuencia de un previo pronunciamiento jurisdiccional -que en modo alguno puede ser obviado-, claramente acreditada; incluso, como la sentencia reconoce, las partes tuvieron la oportunidad de pronunciarse sobre la incidencia del pronunciamiento jurisdiccional de referencia por cuanto el mismo afectaba a la nulidad de pleno derecho de un proyecto y una obra, directamente vinculada el tema de fondo debatido en el recurso contencioso administrativo relativo a la suficiencia de los recursos h&iacute;dricos de Santander&rdquo;.&nbsp;</span></p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2f38b46ce2868510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 15 Nov 2016 14:35:00 +0100 El Tribunal Supremo condena a una cadena de televisión por emitir la imagen de una víctima de violencia de género, grabada en un juicio http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=7cdfaec04e768510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha condenado a Radiotelevisi&oacute;n de la Regi&oacute;n de Murcia a indemnizar con 25.000 euros a una mujer, v&iacute;ctima de violencia de g&eacute;nero, por vulnerar su derecho a la intimidad y a la propia imagen, por haber emitido en un informativo un conjunto de datos que permit&iacute;an identificarla, como eran la imagen de su rostro, su nombre de pila y la localidad de los hechos.</p> <p>El Supremo, en sentencia de la que sido ponente el presidente de la Sala I, Francisco Mar&iacute;n Cast&aacute;n, ha estudiado el conflicto entre la libertad de informaci&oacute;n y los derechos a la intimidad y a la propia imagen. La mujer consider&oacute; vulnerados sus derechos por el contenido de dos informativos de la televisi&oacute;n murciana emitidos el 16 de junio de 2009, donde se inform&oacute; del juicio oral que se segu&iacute;a en aquellas fechas contra la expareja de la mujer por delitos de malos tratos y otros, de los que ella era v&iacute;ctima.</p> <p>El Juzgado de Primera Instancia n&uacute;mero 10 de Murcia desestim&oacute; &iacute;ntegramente la demanda de la mujer, argumentando que la noticia y la imagen de la demandante se obtuvieron en la vista del juicio oral y p&uacute;blico del caso, acto al que accedi&oacute; la televisi&oacute;n demandada, y que la mujer, como acusaci&oacute;n particular, no solicit&oacute; ninguna medida restrictiva de la publicidad del juicio. La Audiencia de Murcia confirm&oacute; que el Juzgado hab&iacute;a hecho una adecuada ponderaci&oacute;n del derecho de la televisi&oacute;n a comunicar una informaci&oacute;n veraz en un juicio por hechos de indudable inter&eacute;s p&uacute;blico, aunque accedi&oacute; a la petici&oacute;n de la mujer de que se retirara de la web de la televisi&oacute;n los contenidos relativos a su imagen y datos, toda vez que ella hab&iacute;a exteriorizado su negativa a que permanecieran los mismos.</p> <p>El Supremo ha estimado el recurso de la mujer y condenado a la televisi&oacute;n por vulnerar su intimidad e imagen. Destaca que no se discute el inter&eacute;s de la informaci&oacute;n cuestionada ni el derecho de la cadena televisiva demandada a emitir im&aacute;genes grabadas durante el acto del juicio oral de la causa penal, ya que no consta ninguna limitaci&oacute;n al respecto acordada por el &oacute;rgano judicial.</p> <p>A&ntilde;ade que el &uacute;nico punto controvertido es si la identificaci&oacute;n de la demandante como v&iacute;ctima de los delitos enjuiciados en dicha causa penal, mediante primeros planos de su rostro y la menci&oacute;n de su nombre de pila y lugar de residencia, estaba tambi&eacute;n comprendida en el derecho fundamental de la cadena de televisi&oacute;n demandada a transmitir informaci&oacute;n veraz o, por el contrario, quedaba limitada por los derechos fundamentales de la demandante a su intimidad personal y a su propia imagen.</p> <p>En ese sentido, la Sala recuerda que , en relaci&oacute;n con las actuaciones y procedimientos sobre violencia de g&eacute;nero, el art. 63 de la Ley Org&aacute;nica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protecci&oacute;n Integral contra la Violencia de G&eacute;nero, establece una protecci&oacute;n reforzada de la intimidad de las v&iacute;ctimas, &ldquo;en especial, sus datos personales, los de sus descendientes y los de cualquier otra persona que est&eacute; bajo su guarda o custodia&rdquo; (apdo.1), facultando a los jueces para &ldquo;acordar, de oficio o a instancia de parte, que las vistas se desarrollen a puerta cerrada y que las actuaciones sean reservadas&rdquo; (apdo.2).</p> <p><strong>Victimizaci&oacute;n secundaria</strong></p> <p>&ldquo;La circunstancia &ndash;a&ntilde;ade el Supremo- de que en el presente caso el &oacute;rgano judicial no acordara esas medidas y la demandante tampoco las solicitara, ni por s&iacute; misma ni mediante su abogado, omisiones que la sentencia recurrida considera relevantes para no apreciar una intromisi&oacute;n ileg&iacute;tima en la intimidad y la imagen de la recurrente, no puede entenderse como una habilitaci&oacute;n incondicionada a los medios que los eximiera de agotar la diligencia debida en el tratamiento de la informaci&oacute;n ponderando el da&ntilde;o que pod&iacute;an infligir a la v&iacute;ctima mediante la llamada &laquo;victimizaci&oacute;n secundaria&raquo;, que en este caso consisti&oacute; en superponer al da&ntilde;o directamente causado por el delito el derivado de la exposici&oacute;n p&uacute;blica de su imagen y su intimidad al declarar en el acto del juicio oral&rdquo;.</p> <p>En definitiva, para el alto tribunal, &ldquo;la cadena de televisi&oacute;n demandada debi&oacute; actuar con la prudencia del profesional diligente y evitar la emisi&oacute;n de im&aacute;genes que representaban a la recurrente en primer plano, bien absteni&eacute;ndose de emitir las correspondientes tomas, bien utilizando procedimientos t&eacute;cnicos para difuminar sus rasgos e impedir su reconocimiento. De igual modo, tambi&eacute;n debi&oacute; evitar la menci&oacute;n de su nombre de pila, porque este dato, insuficiente por s&iacute; solo para constituir intromisi&oacute;n ileg&iacute;tima, pas&oacute; a ser relevante al pronunciarse en pantalla simult&aacute;neamente con la imagen de la demandante y a&ntilde;adirse la menci&oacute;n de su localidad de residencia, datos todos ellos innecesarios para la esencia del contenido de la informaci&oacute;n, como demuestran las noticias sobre el mismo juicio publicadas al d&iacute;a siguiente en otros medios&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=7cdfaec04e768510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 15 Nov 2016 13:50:00 +0100 El Tribunal Supremo anula la condena de asesinato a dos ‘latin kings’ por falta de fiabilidad en la rueda de reconocimiento http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=f2e7f81ae8768510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Supremo anula las condenas de 15 a&ntilde;os de c&aacute;rcel a dos miembros de la banda &lsquo;Latin Kings&rsquo; por dos intentos de asesinato en una pelea con los &ldquo;Trinitarios&rdquo; en Barcelona en diciembre de 2009, por la falta de fiabilidad de su identificaci&oacute;n por un testigo protegido en una rueda de reconocimiento celebrada m&aacute;s de un a&ntilde;o despu&eacute;s de los hechos.</p> <p>La Sala s&iacute; confirma los 15 a&ntilde;os de c&aacute;rcel que la Audiencia de Barcelona impuso a un tercer acusado de los mismos dos intentos de asesinato, ya que en el caso de esta persona s&iacute; hubo prueba de cargo suficiente, plural y s&oacute;lida, incluido su reconocimiento con seguridad por otro testigo protegido que le conoc&iacute;a desde hac&iacute;a a&ntilde;os de su barrio.</p> <p>El Supremo mantiene adem&aacute;s las condenas de 1 a&ntilde;o de c&aacute;rcel a los tres acusados citados, as&iacute; como a otros cinco integrantes de los &lsquo;Latin Kings&rsquo;, como autores de un delito de asociaci&oacute;n il&iacute;cita. La sentencia rechaza el argumento de uno de ellos, que no cuestionaba su pertenencia a dicha banda, sino que defend&iacute;a que se trataba de una asociaci&oacute;n de car&aacute;cter cultural y no un grupo violento dedicado a cometer delitos. El alto tribunal destaca que, en los hechos probados de la sentencia, se describe la historia de los &lsquo;Latin Kings&rsquo; en Barcelona y sus actividades il&iacute;citas, incluidos los ataques a grupos rivales como los Trinitarios.</p> <p>En lo que afecta a la anulaci&oacute;n de las dos condenas por asesinato intentado, el Supremo destaca adem&aacute;s la ineficacia del testimonio prestado por el testigo protegido, ya que la Audiencia barcelonesa no razon&oacute; el motivo excepcional por el que deb&iacute;a ser a la vez testigo oculto a todas las partes (nadie pudo verle) y an&oacute;nimo, ya que ni la defensa ni el resto de partes conoci&oacute; su identidad.</p> <p>&ldquo;Se est&aacute; ante un supuesto en que no s&oacute;lo se le ha privado a la defensa de conocer la identidad del principal testigo de cargo, impidi&eacute;ndoles as&iacute; verificar la credibilidad y fiabilidad de sus manifestaciones, sino que adem&aacute;s el testimonio fue practicado sin que el testigo pudiera ser visto ni percibido por ninguna de las partes. Se trata por tanto de un testigo an&oacute;nimo y oculto, con la doble limitaci&oacute;n que ello implica para la validez y eficacia del testimonio&rdquo;, indica la sentencia.</p> <p>&ldquo;A lo cual debe a&ntilde;adirse que tampoco la Sala ha expuesto en la sentencia las razones que pudieran justificar tal grado de excepcionalidad en la limitaci&oacute;n del derecho fundamental a un proceso con todas las garant&iacute;as. Todo viene a constatar que se est&aacute; ante un testigo mayor de edad y no se han especificado amenazas ni conminaciones por parte de los acusados o personas allegadas a &eacute;stos&rdquo;, agrega.</p> <p>El suceso que fue juzgado en este caso ocurri&oacute; en la noche del 10 de diciembre de 2009 en la Plaza Joan Riera, de Barcelona, cuando un grupo de &lsquo;Latin Kings&rsquo; atac&oacute; a unos &ldquo;Trinitarios&rdquo;, en revancha por unos hechos anteriores. Dos j&oacute;venes recibieron varias pu&ntilde;aladas y s&oacute;lo salvaron la vida porque tuvieron asistencia m&eacute;dica urgente.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=f2e7f81ae8768510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 15 Nov 2016 13:00:00 +0100 El Tribunal Supremo considera nulo el despido de una profesora de religión casada con un divorciado http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=888708d27f168510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Social del Tribunal Supremo considera despido nulo por violaci&oacute;n de derechos fundamentales la falta de llamamiento para el curso escolar 2012-2013 de la profesora de religi&oacute;n Resurrecci&oacute;n Galera Ramos. Considera que esa acci&oacute;n tiene los s&iacute;ntomas de ser una represalia por el pleito judicial que ella emprendi&oacute; once a&ntilde;os antes por su exclusi&oacute;n como profesora para el curso 2001-2002 tras casarse en 2000 con un divorciado. El Tribunal le concedi&oacute; su amparo en 2011 y aquel primer despido se declar&oacute; nulo.</p> <p>El Supremo estima ahora el recurso de la mujer en relaci&oacute;n a su exclusi&oacute;n del curso 2012-13, y condena a los demandados por la profesora (Ministerio de Educaci&oacute;n, Consejer&iacute;a de Educaci&oacute;n andaluza y Obispado de Almer&iacute;a) a readmitirla y pagarle los salarios de tramitaci&oacute;n que se devenguen hasta que la readmisi&oacute;n tenga lugar.</p> <p>El alto tribunal destaca que vuelve a producirse una vulneraci&oacute;n de sus derechos fundamentales con &ldquo;la exclusi&oacute;n de la lista del personal a contratar&rdquo;, porque, &ldquo;tras once a&ntilde;os pleiteando por el despido (&hellip;), despido declarado, finalmente, nulo por violaci&oacute;n de derechos fundamentales, cuando llega el momento de reanudar el contrato indefinido a tiempo parcial existente, conforme a los art&iacute;culos 12-3 del ET y 4 del RD 696/2007, se niega esa reanudaci&oacute;n sin motivar, cual requiere el art. 7-b) del citado Real Decreto&rdquo;.</p> <p>&ldquo;La existencia del procedimiento anterior durante once a&ntilde;os, proceso en el que se consideraron vulnerados derechos como el de igualdad y no discriminaci&oacute;n, libertad religiosa, intimidad y otros, constitu&iacute;a un indicio suficiente de la continuidad en la violaci&oacute;n de los derechos fundamentales que se hab&iacute;a sancionado en el anterior proceso, m&aacute;xime cuando el nuevo despido se produjo, pr&aacute;cticamente, sin soluci&oacute;n de continuidad, lo que constitu&iacute;a, igualmente, un s&iacute;ntoma de una represalia contraria al principio de tutela judicial efectiva del que deriva "la garant&iacute;a de indemnidad" que consiste en el derecho a no ser represaliado por el ejercicio de acciones judiciales&rdquo;, indica el Supremo.</p> <p>Que a&ntilde;ade que &ldquo;la existencia de esos indicios y sospechas obligaba a la demandada a probar que su proceder estaba fundado en razones justas y objetivas, que era ajeno a todo prop&oacute;sito de revancha y que con &eacute;l no se pretend&iacute;a burlar la ley. Esta prueba no se ha logrado: ni se ha intentado probar causa que justificara ese proceder, ni la decisi&oacute;n del obispado fue motivada, cual requieren el art. 7 del RD 696/2007 y nuestra jurisprudencia&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=888708d27f168510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 14 Nov 2016 10:00:00 +0100 El Tribunal Supremo anula la regulación del ‘canon digital’ con cargo a los Presupuestos Generales del Estado por ser contraria al derecho de la UE http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=0f0c4ff14e258510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha anulado el Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de pago de la compensaci&oacute;n equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, conocido como &lsquo;canon digital&rsquo;,&nbsp; por ser contrario al derecho de la UE, tal como estableci&oacute; el Tribunal de Justicia de la Uni&oacute;n Europea (TJUE) en sentencia del pasado 9 de junio.</p> <p>El Supremo recuerda que el TJUE consider&oacute; que un sistema de compensaci&oacute;n equitativa con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, como el espa&ntilde;ol, no era necesariamente contrario a la Directiva 2001/29/CE, pero inmediatamente impon&iacute;a una condici&oacute;n: que el coste efectivo pesase exclusivamente sobre los usuarios de la copia privada, y que en ning&uacute;n caso pod&iacute;an serlo, por definici&oacute;n, las personas jur&iacute;dicas. Dado que la regulaci&oacute;n espa&ntilde;ola de la compensaci&oacute;n equitativa no prev&eacute; medio alguno de que se cumpla dicha condici&oacute;n, la sentencia del TJUE declar&oacute; tajantemente la incompatibilidad de dicha regulaci&oacute;n con el derecho de la Uni&oacute;n Europea.</p> <p>La sentencia, de la que ha sido ponente el presidente de la Sala, Luis D&iacute;ez-Picazo, rechaza la pretensi&oacute;n del abogado del Estado de suspender el procedimiento hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso planteado contra el art&iacute;culo 1 de la Ley de Propiedad Intelectual de 2014, que hizo suya la regulaci&oacute;n por Decreto-Ley de 2011 del actual &lsquo;canon digital&rsquo; con cargo a los Presupuestos.</p> <p>El Supremo destaca que &ldquo;si una norma jur&iacute;dica nacional es contraria al derecho de la Uni&oacute;n Europea, ha de ser inaplicada independientemente de que adem&aacute;s pueda ser inconstitucional. El deber que pesa sobre todos los &oacute;rganos judiciales nacionales de inaplicar &ndash;por s&iacute; solos, sin plantear previamente cuesti&oacute;n alguna al propio Tribunal Constitucional- las normas jur&iacute;dicas nacionales contrarias al derecho de la Uni&oacute;n Europea es una exigencia dimanante del principio de primac&iacute;a de &eacute;ste&rdquo;.</p> <p>De acuerdo a lo establecido en la sentencia del TJUE de junio de este a&ntilde;o, tanto la Ley 21/2014 sobre propiedad intelectual como el Decreto-Ley de 2011 deben ser inaplicados, lo que determina la nulidad del Real Decreto de 2012 que regul&oacute; el procedimiento de pago con cargo a los Presupuestos, ya que este &uacute;ltimo queda sin fundamento legal efectivo.</p> <p>La sentencia estima parcialmente el recurso de tres entidades de gesti&oacute;n de derechos audiovisuales (EGEMA, DAMA y VEGAP), a quienes el Supremo reconoce inter&eacute;s leg&iacute;timo frente a lo pretendido por el abogado del Estado. &ldquo;Incluso admitiendo a efectos argumentativos que la anulaci&oacute;n del Real Decreto 1657/2012 no condujera a un incremento del importe global de la compensaci&oacute;n equitativa, ello no significar&iacute;a que las demandantes carezcan de inter&eacute;s leg&iacute;timo en su pretensi&oacute;n anulatoria de la mencionada disposici&oacute;n reglamentaria: es evidente que combaten el sistema de compensaci&oacute;n equitativa con cargo a los Presupuestos Generales del Estado&rdquo;.</p> <p>A&ntilde;ade la sentencia que &ldquo;es claro que lo hacen por entender que con tal sistema sus ingresos son inferiores que con el preexistente sistema de compensaci&oacute;n equitativa por canon; y es claro, en fin, que el Real Decreto 1657/2012 es una pieza importante &ndash;si no clave- del sistema contra el que las demandantes luchan. Dadas todas estas circunstancias, no cabe negarles legitimaci&oacute;n&rdquo;.</p> <p>La resoluci&oacute;n concreta que el recurso contencioso-administrativo debe ser estimado en lo relativo a la impugnaci&oacute;n del Real Decreto 1657/2012 en su conjunto, no siendo preciso pronunciarse sobre las distintas pretensiones subsidiarias formuladas en el escrito de demanda, ya que la nulidad del Real Decreto 1657/2012 en su conjunto hace innecesario examinar concretos preceptos del mismo.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=0f0c4ff14e258510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 11 Nov 2016 11:45:00 +0100 El Supremo confirma la pena de 92 años prisión al miembro de ETA que intentó matar al Rey en el Guggenheim de Bilbao http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=640b262a77e48510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 91 a&ntilde;os y 11 meses de c&aacute;rcel al miembro de ETA Eneko Gogeaskoetxea Arronategui por el intento de atentado contra el entonces Rey Juan Carlos I en la inauguraci&oacute;n del Museo Guggenheim de Bilbao en octubre de 1997, en el que los terroristas mataron a un miembro de la Ertzaintza que les sorprendi&oacute; cuando intentaban descargar en la zona unas jardineras que conten&iacute;an las granadas con las que iban a cometer la acci&oacute;n.</p> <p>El Supremo confirma &iacute;ntegramente la sentencia de la Audiencia Nacional de 6 de mayo de este a&ntilde;o, que consider&oacute; a Gogeaskoetxea autor de un delito contra la Corona en grado de conspiraci&oacute;n, otro de homicidio, dos de detenci&oacute;n ilegal, coacciones, dep&oacute;sito de armas de guerra, tenencia il&iacute;cita de arma corta y falsificaci&oacute;n de documento oficial.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=640b262a77e48510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 10 Nov 2016 15:47:00 +0100 El Tribunal Supremo confirma la pena de siete años cárcel a Rodríguez-Toubes por estafar 38 millones a un matrimonio de Llucmajor (Mallorca) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=50d16f60ffd48510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado la pena de siete a&ntilde;os de c&aacute;rcel por delito de estafa agravada para Luis Rodr&iacute;guez-Toubes Rosell&oacute;, por enga&ntilde;ar a un matrimonio de Llucmajor (Mallorca) y conseguir que le donase 15 inmuebles valorados en 38,9 millones de euros. El Supremo destaca que Rodr&iacute;guez-Toubes practic&oacute; una modalidad de estafa conocida como &lsquo;contrato o negocio criminalizado&rsquo;, convenciendo a la pareja, de escasa preparaci&oacute;n, para figurar como titular fiduciario de la quincena de fincas para tener apariencia de solvencia en otras operaciones inmobiliarias que se compromet&iacute;a a hacer en nombre de ellos, pero en realidad no ten&iacute;a intenci&oacute;n alguna de cumplir con lo convenido y devolverles las fincas.</p> <p>Aparte de ratificar la nulidad de las donaciones logradas por el acusado, &eacute;ste es condenado a pagar 389.154 euros al matrimonio estafado. El Supremo solo modifica la sentencia dictada en primera instancia por la Audiencia de Mallorca en la determinaci&oacute;n de la cuant&iacute;a de la que debe responder la madre de Rodr&iacute;guez-Toubes como responsable civil a t&iacute;tulo lucrativo, que establece en 355.657 euros en vez de los 389.154 euros que se&ntilde;al&oacute; la Audiencia. El motivo es que no est&aacute; claro que 30.000 euros de esta &uacute;ltima cantidad, cobrados por su hijo por la venta de una de las casas, fuese ingresada en su patrimonio.</p> <p>Permanece inalterada la pena de 6 meses de prisi&oacute;n y multa de 240.000 euros para el constructor Antonio Garau Pou por delito de blanqueo de capitales por imprudencia, ya que dicho acusado no recurri&oacute; su condena.</p> <p>Los hechos declarados probados consisten, en s&iacute;ntesis, en que el acusado Luis Rodriguez-Toubes Rossell&oacute;, aprovechando el prestigio social que de antiguo ven&iacute;a disfrutando su familia en el t&eacute;rmino municipal de Llucmajor (Mallorca), en el que su abuelo hab&iacute;a sido un m&eacute;dico de reconocida solvencia social y profesional, y sabedor de la credulidad, escasa preparaci&oacute;n y enorme patrimonio de sus vecinos, el matrimonio afectado, se ofreci&oacute; para gestionarles la adquisici&oacute;n de dos viviendas contiguas a su casa de la playa en S' Estanyol, por las que ten&iacute;an sumo inter&eacute;s y consigui&oacute;, con diversos pretextos, que para aparentar la solvencia que dec&iacute;a precisar para conseguir la hipoteca necesaria para realizar dicha adquisici&oacute;n, le donasen en sucesivas escrituras p&uacute;blicas un total de quince inmuebles, valorados en 38.968.291,83 euros, incluyendo su propio domicilio en Llucmajor.</p> <p>La sentencia del Supremo, de la que ha sido ponente el magistrado C&aacute;ndido Conde-Pumpido Tour&oacute;n, explica que el acusado se comprometi&oacute; con el matrimonio perjudicado para actuar de forma reservada como mandatario suyo en la adquisici&oacute;n de una serie de propiedades inmobiliarias con el fin de ocultar la identidad de los verdaderos compradores y obtener un mejor precio, as&iacute; como en la solicitud de cr&eacute;ditos bancarios destinados a la financiaci&oacute;n de estas compras, convenci&eacute;ndoles de la conveniencia de figurar asimismo como titular fiduciario de una serie de fincas, que le donar&iacute;an para simular una suficiencia solvencia y facilitar as&iacute; las operaciones inmobiliarias y de financiaci&oacute;n, con el compromiso de no utilizar los t&iacute;tulos de propiedad con otro fin (lo que los contratantes denominaban &ldquo;meter los t&iacute;tulos en un caj&oacute;n&rdquo;) y devolverles la titularidad de las fincas una vez consumadas las operaciones inmobiliarias previstas.</p> <p>Lo que constituye la estafa, como negocio jur&iacute;dico criminalizado, es que el acusado enga&ntilde;&oacute; a los donantes porque no ten&iacute;a intenci&oacute;n alguna de cumplir lo convenido y devolverles las fincas. As&iacute;, disimul&oacute; su verdadera intenci&oacute;n, su genuino prop&oacute;sito de no cumplir las prestaciones a las que verbalmente se obligaba, que constitu&iacute;an la base del negocio, y como consecuencia de ello la parte contraria, desconocedora de tal prop&oacute;sito, cumpli&oacute; lo pactado y realiz&oacute; una serie de actos de disposici&oacute;n de los que se lucr&oacute; y benefici&oacute; el acusado, que no ten&iacute;a intenci&oacute;n alguna de devolver las fincas sino de aprovechar el traspaso patrimonial mediante escritura p&uacute;blica para hacerlas suyas de manera definitiva.</p> <p>El condenado recibi&oacute; las fincas a trav&eacute;s de una serie de donaciones simuladas (simulaciones relativas), que disimulaban un acuerdo de fiducia fundado en la confianza y en la buena fe de ambas partes (&lsquo;Fiducia cun amico&rsquo;), para la conservaci&oacute;n de los bienes a disposici&oacute;n de sus propietarios, que continuaron en la posesi&oacute;n de los mismos, siguiendo en la pr&aacute;ctica actuando como verdaderos propietarios, figurando el condenado como titular formal o aparente, pero sin intenci&oacute;n real de devolverlos.</p> <p>La Sala II del Supremo ha establecido que la "fiducia cun amico" en la que el transmitente conserva la propiedad, es un t&iacute;tulo de los que producen obligaci&oacute;n de conservar y devolver el bien o activo patrimonial recibido, que en caso de quebrantamiento de la relaci&oacute;n de confianza a trav&eacute;s de la acci&oacute;n t&iacute;pica de apropiaci&oacute;n del bien, es h&aacute;bil para fundamentar la responsabilidad por apropiaci&oacute;n indebida. Y en casos como el presente, en los que la acci&oacute;n t&iacute;pica no consiste en la apropiaci&oacute;n &ldquo; a posteriori&rdquo;, sino en el enga&ntilde;o previo para obtener los bienes con el pretexto de mantenerlos a disposici&oacute;n de los titulares reales y devolverlos una vez cumplida la finalidad convenida, pero sin intenci&oacute;n alguna de cumplir esta obligaci&oacute;n de devoluci&oacute;n, nos encontramos ante un delito de estafa, ya que el desplazamiento patrimonial se ha conseguido induciendo a error a los titulares de los bienes recibidos.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=50d16f60ffd48510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 10 Nov 2016 13:50:00 +0100 El Tribunal Supremo confirma que el 'discurso del odio' en redes sociales no está amparado por la libertad expresión http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=f9e4ae147fd38510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado un a&ntilde;o y medio de prisi&oacute;n e inhabilitaci&oacute;n absoluta por 10 a&ntilde;os para Aitor Cuervo Taboada por delito de enaltecimiento del terrorismo y menosprecio a sus v&iacute;ctimas, por el contenido de una serie de mensajes que subi&oacute; a sus cuentas en las redes sociales Facebook y Twitter en el a&ntilde;o 2013. La sentencia hace un an&aacute;lisis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y el propio Supremo sobre el denominado &lsquo;discurso del odio&rsquo; (alabanza o justificaci&oacute;n de actos terroristas), y destaca que comportamientos de ese tenor no merecen la cobertura de derechos fundamentales como la libertad de expresi&oacute;n o ideol&oacute;gica &ldquo;pues el terrorismo constituye la m&aacute;s grave vulneraci&oacute;n de los derechos humanos de la comunidad que lo sufre&rdquo;.</p> <p>Entre los 13 mensajes que se destacan en los hechos probados de la sentencia de la Audiencia Nacional, que queda ahora ratificada, figuran los siguientes: "A m&iacute; no me da pena alguna Miguel &Aacute;ngel Blanco me da pena la familia desahuciada por el banco", "Dos noticias, una buena y una mala: La buena, en La Carolina (Ja&eacute;n) le han quemado el coche a un concejal pepero. La mala, el pepero no estaba dentro...", "Si al final Aznar regresa de pleno a la pol&iacute;tica activa, espero que ETA lo haga tambi&eacute;n, para equilibrar la balanza", o "Tengo la botella de champ&aacute;n preparada para el d&iacute;a que se retome la lucha armada, la idea de la muerte o el exilio no me asusta cuando se trata de pelear por una batalla justa".</p> <p>Al aplicar al caso concreto la jurisprudencia sobre el &lsquo;discurso del odio&rsquo;, el Supremo rechaza el recurso del acusado, que aleg&oacute; que la Audiencia Nacional no hab&iacute;a sopesado las detalladas explicaciones sobre cada de una de las frases que hab&iacute;a realizado en el acto del juicio.</p> <p>&ldquo;Objetivamente las frases encierran esa carga ofensiva para algunas v&iacute;ctimas y laudatoria y estimuladora del terrorismo que a nadie escapa. Las explicaciones a posteriori no tienen capacidad para desvirtuarlas. No est&aacute;n presentes en el mensaje que es percibido por sus numerosos receptores sin esas modulaciones o disculpas adicionales. Y eso necesariamente era captado por el recurrente&rdquo;, contesta el alto tribunal.</p> <p>&ldquo;Ciertamente en ocasiones &ndash;a&ntilde;ade la resoluci&oacute;n-- probar la inocencia se convierte en una tarea imposible (probatio diab&oacute;lica) pero no tanto porque el Tribunal imponga una carga desmesurada e improcedente, sino porque los hechos aparecen con tal evidencia que se torna tarea herc&uacute;lea desmontarla. El delincuente in fraganti tropieza con un muro insorteable para convencer de su supuesta inocencia al Tribunal. Pero eso es as&iacute; no por una aplicaci&oacute;n indebida de las reglas sobre la carga de la prueba sino por la misma forma de aparici&oacute;n del suceso. En delitos de expresi&oacute;n en que el mensaje, objetivamente punible, ha quedado fijado, una vez aceptada la autor&iacute;a, se complica evidentemente la posibilidad de eludir la condena. Nada reprochable ha de verse en ello. Los hechos han sido probados y ciertamente desde ah&iacute; se hace muy dif&iacute;cil encontrar una disculpa razonable que sea convincente&rdquo;.</p> <p>La sentencia rechaza adem&aacute;s aplicar al caso el nuevo art&iacute;culo 579 bis del C&oacute;digo Penal, que permite una rebaja de condena a la vista de la gravedad de los hechos, medio empleado y resultado producido. &ldquo;No se dan los presupuestos para semejante devaluaci&oacute;n de la gravedad de conducta, a la vista de la pluralidad de mensajes y la dualidad de modalidades t&iacute;picas abarcada&rdquo;, es decir, que hay mensajes tanto de enaltecimiento del terrorismo como de humillaci&oacute;n a las v&iacute;ctimas.</p> <p><strong>Humillaci&oacute;n a las v&iacute;ctimas, morfolog&iacute;a de delito p&uacute;blico</strong></p> <p>En relaci&oacute;n a las modalidades del delito, el Supremo destaca que el de enaltecimiento del terrorismo exig&iacute;a publicidad, ("... por cualquier medio de expresi&oacute;n p&uacute;blica o difusi&oacute;n..."), y que no suced&iacute;a as&iacute; con el tipo de humillaci&oacute;n a las v&iacute;ctimas ("... o la realizaci&oacute;n de actos que entra&ntilde;en descredito, menosprecio o humillaci&oacute;n de las v&iacute;ctimas...").<br />&ldquo;Esta segunda figura reviste una naturaleza m&aacute;s privada: afecta directamente al honor de las v&iacute;ctimas de acciones terroristas por el hecho de serlo; aunque tambi&eacute;n sin duda golpea sentimientos de solidaridad de la comunidad que en todo delito de terrorismo percibe un ataque a la convivencia pac&iacute;fica construida entre todos&rdquo;, explica la sentencia.</p> <p>Esa humillaci&oacute;n supone una lesi&oacute;n a su dignidad humana, &ldquo;violada con el menosprecio que emana del comportamiento querido, directa o indirectamente, por el sujeto activo. Con esa configuraci&oacute;n la ofensa privada, aislada a una sola persona, puede dar lugar al delito que aqu&iacute; se tipifica, sin perjuicio de que tambi&eacute;n pueda observarse su concurrencia en el caso de una pluralidad de afectados y de que sociol&oacute;gica y criminol&oacute;gicamente la afectaci&oacute;n tiende a trascender la esfera individual repercutiendo en sentimientos y valores colectivos lo que otorga a la infracci&oacute;n la morfolog&iacute;a de delito p&uacute;blico a diferenciaci&oacute;n del delito de injurias con el que guarda alg&uacute;n parentesco (las palabras "menosprecio" o "descr&eacute;dito" traen a la memoria el art. 457 CP 1973 con su cl&aacute;sica definici&oacute;n de injurias)&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=f9e4ae147fd38510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 04 Nov 2016 12:30:00 +0100 El Supremo ratifica el internamiento en un centro psiquiátrico al asesino de dos niños en Parla (Madrid) en 2012 http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=07f5de5638a18510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado el internamiento en un centro psiqui&aacute;trico por un periodo no superior a 40 a&ntilde;os al autor del asesinato de dos ni&ntilde;os, y el intento de asesinato de la madre y la bisabuela de dichos menores, perpetrados en Parla (Madrid) en noviembre de 2012. El Supremo ratifica la aplicaci&oacute;n al caso de la eximente completa de anomal&iacute;a o alteraci&oacute;n ps&iacute;quica del art&iacute;culo 20.1 del C&oacute;digo Penal, que hizo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que revoc&oacute; la sentencia dictada en primera instancia por un tribunal del jurado, que entendi&oacute; que dicha eximente era incompleta e impuso una condena de 30 a&ntilde;os de c&aacute;rcel.</p> <p>La resoluci&oacute;n del TSJ de Madrid ahora confirmada se basa en el informe sobre imputabilidad del acusado realizado por los psiquiatras forenses, que indicaba que el acusado padece una enfermedad mental de esquizofrenia paranoide con ideaci&oacute;n delirante, de larga evoluci&oacute;n, sin tratamiento previo y que carece de la capacidad de comprender y actuar conforme a esa compresi&oacute;n, concluyendo que la realizaci&oacute;n de los hechos estuvo afectada por una ideaci&oacute;n delirante que afect&oacute; de forma plena a las bases de la imputabilidad.</p> <p>Por ello, apreciaron una situaci&oacute;n de delirio cuya &uacute;nica conclusi&oacute;n solo puede ser la de una plena anulaci&oacute;n de la base de la imputabilidad, y al respecto los propios psic&oacute;logos en el juicio oral calificaron el trastorno delirante persecutorio como "trastorno de la realidad muy grave que afecta a toda su esfera y que es muy grave".</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=07f5de5638a18510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 31 Oct 2016 14:11:00 +0100 El Tribunal Supremo plantea cuestión prejudicial al TJUE sobre el Fondo Nacional de Eficiencia Energética http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=5104de5638a18510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala III del Tribunal Supremo ha acordado plantear cuesti&oacute;n prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Uni&oacute;n Europea en relaci&oacute;n a la Ley 18/2014, que crea un sistema nacional de obligaciones de eficiencia energ&eacute;tica, al tener dudas sobre la compatibilidad de esa regulaci&oacute;n con la Directiva comunitaria de eficiencia energ&eacute;tica.</p> <p>El Supremo adopta esta decisi&oacute;n en el marco del recurso contencioso-administrativo de Saras Energ&iacute;a S.A. contra la Orden IET/289/2015, de 20 de febrero, por la que se establecen las obligaciones de aportaci&oacute;n al Fondo Nacional de Eficiencia Energ&eacute;tica en el a&ntilde;o 2015.</p> <p>Antes de resolver el recurso, la Sala ha dictado un auto en el que plantea la cuesti&oacute;n prejudicial porque &ldquo;tiene dudas de que la regulaci&oacute;n espa&ntilde;ola contemplada en la Ley 18/2014, de la que es cumplimento la Orden IET/289/2015, de 20 de febrero, que se impugna en el presente procedimiento, sea compatible con la Directiva 2012/27/UE&rdquo;.<br />El Supremo plantea cinco preguntas al Tribunal de Justicia de la Uni&oacute;n Europea, entre ellas si es compatible con la Directiva comunitaria un sistema nacional que considera partes sujetas a las obligaciones de ahorro energ&eacute;tico s&oacute;lo a las empresas minoristas de venta de energ&iacute;a (comercializadoras) y no a los distribuidores.</p> <p>Asimismo, pregunta al TJUE si es compatible con el art&iacute;culo 7.1 y 7.9 de la Directiva 2012/27/UE una regulaci&oacute;n de un Estado miembro que establece un sistema nacional de obligaciones de eficiencia energ&eacute;tica cuyo cumplimiento primaria consiste en una contribuci&oacute;n financiera anual a un Fondo Nacional de Eficiencia Energ&eacute;tica creado al amparo de la previsi&oacute;n del art&iacute;culo 20.4 de dicha Directiva.</p> <p>Tambi&eacute;n plantea si es compatible con los art&iacute;culos 7.1 y 20.6 de la Directiva 2012/27/UE una regulaci&oacute;n nacional que contempla la posibilidad de cumplir las obligaciones de ahorro energ&eacute;tico mediante la acreditaci&oacute;n del ahorro conseguido como una alternativa a la contribuci&oacute;n financiera a un Fondo Nacional de Eficiencia Energ&eacute;tica.</p> <p>De contestarse afirmativamente la pregunta anterior, el Supremo cuestiona entonces si es compatible con los citados art&iacute;culos 7.1 y 20.6 de la Directiva la previsi&oacute;n de dicha posibilidad alternativa de cumplimiento de las obligaciones de ahorro energ&eacute;tico cuando su efectiva existencia depende de que el Gobierno la desarrolle discrecionalmente por v&iacute;a reglamentaria.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=5104de5638a18510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 31 Oct 2016 13:50:00 +0100 El Tribunal Supremo condena al exalcalde de Lloret de Mar (Girona) por recibir regalos de un empresario ruso http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=585f5f9731b08510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado la condena por delito de cohecho pasivo al exalcalde de Lloret de Mar (Girona), y exdiputado auton&oacute;mico catal&aacute;n por CiU, Xavier Crespo Llobet, por los regalos que recibi&oacute; de un empresario ruso que impulsaba un proyecto urban&iacute;stico en la localidad, pero anula la de prevaricaci&oacute;n impuesta a la misma persona al considerar que no hay prueba suficiente de la comisi&oacute;n de ese delito, ya que no est&aacute; acreditado que presionara a los t&eacute;cnicos municipales, secretario e interventor del Ayuntamiento para lograr que saliera adelante la bonificaci&oacute;n fiscal del impuesto de la construcci&oacute;n a la empresa del ciudadano ruso citado, que fue aprobada por el Pleno de la Corporaci&oacute;n.</p> <p>Por ello, la sentencia absuelve tanto a Crespo como al exconcejal de Urbanismo de la misma localidad Josep Valls M&eacute;ndez, y al empresario ruso Andrei Borisovich Petrov, del delito de prevaricaci&oacute;n administrativa por el que el Tribunal Superior de Justicia de Catalu&ntilde;a les conden&oacute; a 7 a&ntilde;os de inhabilitaci&oacute;n especial a cada uno (a los dos primeros como autores de dicho delito, y al tercero como cooperador neceario). Ello implica adem&aacute;s que se les absuelve del pago de forma solidaria de 133.754 euros al Ayuntamiento de Lloret de Mar, cantidad en la que se redujo el pago del impuesto tras la bonificaci&oacute;n fiscal aprobada.</p> <p>Por el contrario, el Supremo mantiene la condena de 2 a&ntilde;os y medio de inhabitaci&oacute;n especial para el desempe&ntilde;o de empleo o cargo p&uacute;blico de responsabilidad y gesti&oacute;n municipal, as&iacute; como el pago de multa de 450.000 euros, impuesta a Crespo Llobet por el Tribunal Superior de Justicia de Catalu&ntilde;a por el delito de cohecho pasivo, debido a los tres regalos o d&aacute;divas que recibi&oacute; de Petrov: un viaje de un fin de semana a Mosc&uacute; para &eacute;l y su familia, en febrero de 2008; un reloj de 2.200 euros por su cumplea&ntilde;os en septiembre de 2010; y el patrocinio por cuatro temporadas, dotado con 90.000 euros por temporada, a los clubes de hockey y f&uacute;tbol de la localidad, presidido este &uacute;ltimo por el exconcejal Valls, mientras que del primero era vicepresidenta la esposa de Crespo. Ambas eran entidades privadas.<br />El exconcejal Josep Valls es condenado por el mismo delito de cohecho pasivo, por el patrocinio de los equipos deportivos, a 1 a&ntilde;o y 6 meses de inhabilitaci&oacute;n y multa de 300.000 euros, mientras que Petrov, como autor de un delito continuado de cohecho activo, es condenado al pago de 450.000 euros de multa.</p> <p>El Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Juan Ram&oacute;n Berdugo, destaca que sobre el delito de cohecho el TSJ de Catalu&ntilde;a cont&oacute; &ldquo;con suficiente prueba de car&aacute;cter incriminatorio con aptitud para enervar la presunci&oacute;n de inocencia&rdquo;, llegando a una &ldquo;convicci&oacute;n&rdquo; que fue &ldquo;l&oacute;gica y racional y conforme a las m&aacute;ximas de experiencia com&uacute;n&rdquo;.</p> <p><strong>Prevaricaci&oacute;n no probada</strong></p> <p>Sin embargo, en relaci&oacute;n al delito de prevaricaci&oacute;n, el Supremo destaca que coincide con los argumentos del magistrado que, en el TSJ catal&aacute;n, firm&oacute; un voto particular contrario a la sentencia condenatoria, al no considerar suficientemente probado dicho il&iacute;cito penal, por lo que estima parcialmente el recurso de los tres condenados y les absuelve de este delito.</p> <p>&ldquo;No consta -dice al respecto el Supremo- que los t&eacute;cnicos municipales le hiciesen saber al acusado Crespo que la solicitud de rebaja (del impuesto) no era posible y que en un momento posterior &eacute;ste ejerciera presi&oacute;n sobre los mismos para que informaran favorablemente. No hay prueba alguna, que avale tal aserto, ni se deduce de las manifestaciones de aquellos t&eacute;cnicos, tal como refleja el Voto particular que estima relevantes las declaraciones prestadas en juicio oral, e igualmente en sede de instrucci&oacute;n, por el Secretario del Ayuntamiento y por el Interventor&rdquo;.</p> <p>El primero manifest&oacute; que dio su opini&oacute;n al Alcalde sobre que la bonificaci&oacute;n iba a ser "pol&iacute;ticamente conflictiva", e igualmente concret&oacute; que hab&iacute;a informes t&eacute;cnicos y econ&oacute;micos que la avalaban y que el Pleno se pronunci&oacute; positivamente porque &lsquo;la obra era muy importante para Lloret y que fomentaba el empleo (f. 1280 y ss)&rsquo;. El segundo, en l&iacute;nea semejante a la del anterior, constat&oacute; el inter&eacute;s del alcalde y del concejal de urbanismo y que el mismo explic&oacute; a Valls que el Pleno deb&iacute;a declararlo de utilidad p&uacute;blica y que la unidad de inspecci&oacute;n inform&oacute; que se pod&iacute;a hacer, tambi&eacute;n que hizo constar que sentaban un precedente para otros casos.</p> <p>En segundo lugar, se&ntilde;ala sentencia, la propuesta a la Comisi&oacute;n informativa de 27 de marzo de 2009, previa al Pleno de 3 de abril de 2009, no la realiz&oacute; Crespo, de baja por una grave enfermedad, sino el Alcalde en funciones, &ldquo;sin que exista probanza ni directa ni indirecta que sustente la afirmaci&oacute;n de que &eacute;ste siguiera las indicaciones del alcalde Crespo &ndash;de hecho la sentencia no refiere qu&eacute; prueba le lleva a tal conclusi&oacute;n&rdquo;.</p> <p>Asimismo, tampoco consta que alguno de los concejales de la oposici&oacute;n denunciase en el Pleno &ldquo;clamorosas irregularidades&rdquo;. El concejal a que se refiere la sentencia recurrida se opuso a la bonificaci&oacute;n por razones de car&aacute;cter pol&iacute;tico, no por su falta de legalidad, al existir una ordenanza que lo permit&iacute;a.</p> <p>Por ello, para el Supremo &ldquo;existe una carencia probatoria sobre estos extremos, adoleciendo las conclusiones alcanzadas de la suficiente solidez y razonabilidad&rdquo;, al ser las inferidas por la Sala &ldquo;il&oacute;gicas, no concluyentes, vulner&aacute;ndose la presunci&oacute;n de inocencia pues a la vista de la motivaci&oacute;n judicial de la valoraci&oacute;n de la prueba cabe apreciar, desde su perspectiva externa y objetiva, que la versi&oacute;n judicial de tales hechos es m&aacute;s improbable que probable&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=585f5f9731b08510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 28 Oct 2016 14:00:00 +0200 El Tribunal Supremo confirma el sobreseimiento de la causa del cámara José Couso y rechaza presentar cuestión inconstitucionalidad http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=8e8ebd265e508510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Tribunal Supremo ha confirmado el sobreseimiento de la causa en la que se investiga la muerte de Jos&eacute; Couso y ha rechazado presentar cuesti&oacute;n de inconstitucionalidad contra la &uacute;ltima reforma de la justicia universal.</p> <p>La Sala Segunda ha desestimado los recursos interpuestos por la familia del c&aacute;mara espa&ntilde;ol y la Asociaci&oacute;n Libre de Abogados contra el auto, de 25 de noviembre de 2015, por el que la Audiencia Nacional rechaz&oacute; plantear una cuesti&oacute;n de inconstitucionalidad contra los art&iacute;culos 23.4, 5 y 6 y la Disposici&oacute;n Transitoria &uacute;nica de la Ley 1/2014 de 13 de marzo, de reforma parcial de la Ley Org&aacute;nica del Poder Judicial, relativa a la justicia universal. En el mismo auto se acord&oacute; la conclusi&oacute;n del sumario y el sobreseimiento de la causa hasta que no se acrediten cumplidos los requisitos establecidos en dicha ley para activar la jurisdicci&oacute;n espa&ntilde;ola.</p> <p><strong>Cuesti&oacute;n inconstitucionalidad</strong></p> <p>La Sala Segunda sigue la doctrina establecida en sentencias anteriores sobre la regulaci&oacute;n de la Justicia Universal en las que ya rechaz&oacute; plantear una cuesti&oacute;n de inconstitucionalidad sobre dicha ley. En este sentido, recuerda que una cuesti&oacute;n de este tipo s&oacute;lo puede ser promovida, de oficio o a instancia de parte, por jueces y tribunales cuando consideren que una norma con rango de ley aplicable al proceso del que conocen y de cuya validez dependa la decisi&oacute;n que hayan de adoptar en el mismo pueda ser contraria a la Constituci&oacute;n; algo que no ocurre en este caso como lo ha razonado el auto impugnado.</p> <p>La sentencia indica que el modelo inicial de la Ley Org&aacute;nica del Poder Judicial consagraba un sistema de Jurisdicci&oacute;n universal absoluta e incondicionada. Pero considera que este sistema con independencia de la opini&oacute;n particular que pueda sostenerse sobre &eacute;l, no viene impuesto imperativamente con car&aacute;cter general por los Tratados Internacionales o por el Derecho Internacional Penal consuetudinario, ni tampoco viene impuesto espec&iacute;ficamente por la Convenci&oacute;n de Ginebra para los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado.</p> <p>En consecuencia, afirma, el legislador puede limitarlo, como lo ha hecho la reforma, a supuestos en que el procedimiento se dirija contra un espa&ntilde;ol o contra un ciudadano extranjero que se encuentre en Espa&ntilde;a, sin que esa limitaci&oacute;n constituya una violaci&oacute;n de la Convenci&oacute;n de Ginebra.</p> <p>Por todo ello, concluye que los tribunales espa&ntilde;oles carecen de jurisdicci&oacute;n para investigar y enjuiciar delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado cometidos en el extranjero, salvo cuando el procedimiento se dirija contra un espa&ntilde;ol o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en Espa&ntilde;a, o contra un extranjero que se encontrara en Espa&ntilde;a y cuya extradici&oacute;n hubiera sido denegada por las autoridades espa&ntilde;olas. Sin que pueda extenderse dicha jurisdicci&oacute;n &ldquo;in absentia&rdquo; en funci&oacute;n de la nacionalidad de la v&iacute;ctima o de cualquier otra circunstancia.</p> <p><strong>Sobreseimiento</strong></p> <p>La Sala Segunda afirma que el sobreseimiento previsto en esta ley, constituye una modalidad aut&oacute;noma y espec&iacute;fica que exige unas condiciones determinadas, que tiene un fundamento concreto, la falta de jurisdicci&oacute;n, y que tiene unos efectos similares al sobreseimiento provisional, ya que permite que, una vez archivado el procedimiento, si en alg&uacute;n momento posterior se constata que concurren los requisitos para activar la jurisdicci&oacute;n espa&ntilde;ola en el delito enjuiciado, por ejemplo la presencia de los acusados en territorio espa&ntilde;ol, el sobreseimiento quedar&aacute; sin efecto, y el procedimiento puede reiniciarse.</p> <p><strong>Escasa cooperaci&oacute;n judicial</strong></p> <p>La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Carlos Granados, afirma que &ldquo;la muerte causada violentamente de un profesional de la informaci&oacute;n cuando estaba en el ejercicio de sus funciones, en las circunstancias que se infieren de lo que se describe en los escritos presentados, constituye un ataque no justificado por parte de fuerza armada a poblaci&oacute;n civil, como igualmente resulta lamentable la escasa cooperaci&oacute;n judicial prestada por las autoridades de Estados Unidos para el esclarecimiento de los hechos.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=8e8ebd265e508510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 27 Oct 2016 15:50:00 +0200 El Tribunal Supremo fija la responsabilidad de la empresa comercializadora de electricidad en daños derivados del suministro http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=ab34fa2c27508510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha resuelto un recurso de casaci&oacute;n que planteaba si la responsabilidad por el incumplimiento de un contrato de suministro de energ&iacute;a el&eacute;ctrica ha de dirigirse exclusivamente contra la entidad distribuidora de la energ&iacute;a &ndash;que en este caso no fue demandada y con la que el usuario no ten&iacute;a relaci&oacute;n-, o por el contrario, tambi&eacute;n puede dirigirse contra la entidad comercializadora, condici&oacute;n que ostentaban las dos entidades demandadas en el pleito y que resultaron condenadas en primera instancia, luego confirmada por la audiencia provincial.</p> <p>El ponente de la sentencia ha sido el magistrado Francisco Javier Ordu&ntilde;a Moreno.</p> <p>Se adjunta nota informativa de la Sala de lo Civil.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=ab34fa2c27508510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 27 Oct 2016 12:35:00 +0200 El Tribunal Supremo declara inaplicable el régimen de financiación del bono social http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=6a79b68f86108510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha declarado inaplicable el r&eacute;gimen de financiaci&oacute;n del bono social establecido en el art&iacute;culo 45.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, por resultar incompatible con la Directiva 2009/72/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad. Tambi&eacute;n declara inaplicables y nulos los art&iacute;culos 2 y 3 del Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, que desarrollan lo dispuesto en el art&iacute;culo 45.4 de la citada ley.</p> <p>En dos sentencias, la Sala Tercera ha estimado los recursos interpuestos por EON Espa&ntilde;a y Endesa y reconoce el derecho de las demandantes a cobrar una indemnizaci&oacute;n por las cantidades abonadas en concepto de bono social en aplicaci&oacute;n del Real Decreto 968/2014 impugnado hasta la fecha de ejecuci&oacute;n de la sentencia, de manera que se reintegren a las demandantes todas las cantidades que hayan abonado por ese concepto, que se determinar&aacute;n en ejecuci&oacute;n de sentencia, m&aacute;s los intereses legales correspondientes computados desde la fecha en que se hizo el pago hasta la fecha de su reintegro.</p> <p>Para el Tribunal Supremo, el r&eacute;gimen de financiaci&oacute;n del bono social incumple la exigencia establecida en la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, que establece que &ldquo;las obligaciones de servicio p&uacute;blico deber&aacute;n definirse claramente, ser transparentes, no discriminatorias y controlables, y garantizar a las empresas el&eacute;ctricas de la Comunidad el acceso, en igualdad de condiciones, a los consumidores nacionales&rdquo;.</p> <p>As&iacute; mismo, considera que vulnera el principio de proporcionalidad, &ldquo;en cuanto que hace recaer la carga de financiaci&oacute;n sobre determinados agentes del sistema el&eacute;ctrico, con exclusi&oacute;n de otros, de manera indefinida y sin ning&uacute;n tipo de medida compensatoria&rdquo;.</p> <p>En definitiva, concluye la Sala, no ha quedado debidamente justificado en las normas impugnadas, y tampoco en las explicaciones dadas por la Administraci&oacute;n del Estado, que la financiaci&oacute;n del bono social se haga recaer sobre determinados agentes del sistema el&eacute;ctrico, algunos de ellos con muy escaso peso espec&iacute;fico en el conjunto del sector, eximiendo de dicha carga a otras entidades o grupos empresariales que pueden estar en mejores condiciones para asumir aquel coste, sea por su volumen de negocios, por su importancia relativa en algunos de los sectores de actividad o porque desarrollan simult&aacute;neamente y de forma integrada dos de aquellas actividades.</p> <p>La Sala Tercera destaca que para resolver esta cuesti&oacute;n ha sido determinante la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uni&oacute;n Europea, recogida en sentencia de 7 de septiembre de 2016 (Asunto C121/15, Anode) donde se interpreta el art&iacute;culo 3.2 de la Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural.</p> <p>Afirma que, debido a las coincidencias de lo dispuesto en el art&iacute;culo 3.2 de ambas directivas, las consideraciones de esa sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni&oacute;n Europea en relaci&oacute;n con la intervenci&oacute;n estatal en los precios del gas son trasladables al sector el&eacute;ctrico en lo que se refiere a la necesaria observancia del principio de proporcionalidad como las relativas a la exigencia de que las obligaciones de servicio p&uacute;blico sean claramente definidas, transparentes, no discriminatorias y controlables.</p> <p><strong>Voto particular</strong></p> <p>Las dos sentencias cuentan con el voto particular de uno de los ocho magistrados que las suscriben, Jos&eacute; Manuel Bandr&eacute;s, que considera que la medida adoptada por el legislador espa&ntilde;ol en el art&iacute;culo 45 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector El&eacute;ctrico, no se opone al art&iacute;culo 3 de la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE, &ldquo;en cuanto respeta los requisitos de certeza normativa, transparencia, no discriminaci&oacute;n y ser controlable, y es proporcionada en raz&oacute;n de las circunstancias expuestas&rdquo;.</p> <p>En caso de no compartirse ese argumento, entiende que la Sala deber&iacute;a haber planteado, con car&aacute;cter previo a adoptar el fallo, cuesti&oacute;n prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Uni&oacute;n Europea, por existir una duda objetiva y razonable sobre la soluci&oacute;n del litigio.</p> <p>Y en &uacute;ltimo t&eacute;rmino, y en aplicaci&oacute;n del art&iacute;culo 264 del Tratado de Funcionamiento de la Uni&oacute;n Europea (antiguo art&iacute;culo 231 TCE), este magistrado estima que, si en hip&oacute;tesis fuera procedente la decisi&oacute;n de inaplicaci&oacute;n del art&iacute;culo 45 de la Ley 24/2013, deber&iacute;a haberse limitado esa declaraci&oacute;n en cuanto a sus efectos temporales, teniendo en cuenta &ldquo;las relevantes repercusiones que produce en el acceso al servicio b&aacute;sico de electricidad de colectivos vulnerables y la afectaci&oacute;n a la sostenibilidad del r&eacute;gimen econ&oacute;mico financiero del sector el&eacute;ctrico, en aras de que el legislador de urgencia pudiera resolver los defectos de la norma controvertida y colmar el vac&iacute;o legal&rdquo;.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=6a79b68f86108510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 26 Oct 2016 16:30:00 +0200 El Tribunal Supremo acepta como testigo de un testamento a la pareja de hecho de la persona instituida como heredera http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=c59523db22bf7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha rechazado anular un testamento porque uno de los testigos fuese pareja de hecho de la persona instituida como heredera. La nulidad fue instada por la hija de &eacute;sta &uacute;ltima y nieta de los testadores.</p> <p>Se adjunta nota informativa de la Sala de lo Civil.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=c59523db22bf7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 25 Oct 2016 13:00:00 +0200 El Tribunal Supremo confirma la pena de 36 años y medio de cárcel por el doble asesinato en Zafra en 2012 http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=cd9e23db22bf7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha desestimado los recursos de casaci&oacute;n interpuestos por los dos condenados contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y confirma la condena a 36 a&ntilde;os y 6 meses de prisi&oacute;n por dos delitos de asesinato, uno de aborto y otro de tenencia il&iacute;cita de armas que la Audiencia Provincial de Badajoz impuso a cada uno de ellos.</p> <p>En el doble crimen, que se produjo en el pol&iacute;gono industrial Los Ca&ntilde;os, de Zafra, murieron asesinados un empresario y su sobrina embarazada.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=cd9e23db22bf7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 25 Oct 2016 12:00:00 +0200 El Supremo confirma la sentencia de la Audiencia Provincial de La Rioja por el crimen de Vara de Rey http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=f54c23db22bf7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso planteado por uno de los dos condenados por el crimen de Vara de Rey contra la sentencia de la Audiencia Provincial. &Eacute;sta conden&oacute; a cada uno de los dos acusados a 21 a&ntilde;os y 6 meses de c&aacute;rcel por el asesinato y robo de una vecina en su domicilio de la logro&ntilde;esa calle Vara de Rey.</p> <p>El alto tribunal desestima el recurso interpuesto por F.J.L.M., en el que alega vulneraci&oacute;n de la presunci&oacute;n de inocencia para pedir la revocaci&oacute;n de la sentencia de la Audiencia Provincial. Se argumenta en el recurso que no existen pruebas que acrediten su participaci&oacute;n en la muerte de la v&iacute;ctima y que no se concret&oacute; en sentencia qu&eacute; actos llev&oacute; a cabo cada uno de los acusados en el asesinato y robo de la v&iacute;ctima. Sin embargo, el recurrente no cuestiona su presencia en el lugar de los hechos ni haber aceptado el plan propuesto por el otro acusado. Y resalta en defensa de su recurso que, en dicho plan, no se contemplaba la muerte de la mujer.</p> <p>Sin embargo, el Supremo afirma que el condenado aceptaba el empleo de la violencia y que &ldquo;las precauciones tomadas para impedir ser identificados inclu&iacute;an l&oacute;gicamente la muerte de la v&iacute;ctima, una vez que el plan comprend&iacute;a la ejecuci&oacute;n de los hechos sin ocultar el rostro&rdquo;</p> <p>El Supremo, contra el argumento del recurrente, se&ntilde;ala que no puede apreciarse que el resultado de muerte fuerza un exceso cometido s&oacute;lo por uno de los dos autores, fuera de los l&iacute;mites del plan previsto. A&ntilde;ade el Tribunal que &ldquo;el plan fue asumido por los dos, participando ambos en su ejecuci&oacute;n, aunque no conste cu&aacute;l realiz&oacute; cada uno de los actos concretos de agresi&oacute;n&rdquo;.</p> <p>En la sentencia del alto tribunal se afirma que &ldquo;es indiferente que los golpes concretos que causan la muerte a la v&iacute;ctima fueran propiciados por uno u otro de los coautores, pues la responsabilidad alcanza a ambos&rdquo;. Sigue diciendo la resoluci&oacute;n que &ldquo;al ser asumido dicho plan por los dos y al intervenir ambos en su ejecuci&oacute;n, aunque no conste cu&aacute;l realiz&oacute; cada uno de los actos concretos de la agresi&oacute;n, ambos deben ser considerados responsables&rdquo;.</p> <p>La Sala Segunda del Supremo tambi&eacute;n confirma la agravante de alevos&iacute;a contemplada en la sentencia de la Audiencia Provincial. Estima que en este caso concurri&oacute; desde el inicio de la acci&oacute;n, ya que se trat&oacute; de &ldquo;un ataque por sorpresa y a traici&oacute;n que dejaron las posibilidades de defensa de la v&iacute;ctima anuladas pr&aacute;cticamente en su integridad, de manera que el resto de la agresi&oacute;n hasta su muerte final se desarroll&oacute; en una situaci&oacute;n provocada por los propios acusados en la que la v&iacute;ctima no ten&iacute;a ya ninguna posibilidad de defenderse&rdquo;.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=f54c23db22bf7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 25 Oct 2016 11:30:00 +0200 El Tribunal Supremo confirma la condena a un abogado por apropiarse de dinero entregado por una cliente para pagar impuestos http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=f5f6cc0c1baf7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a un abogado por los delitos de apropiaci&oacute;n indebida y deslealtad profesional cometidos al apropiarse del dinero entregado por una cliente para el pago de impuestos y no realizar las actuaciones procesales encomendadas.</p> <p>La sentencia desestima el recurso de casaci&oacute;n interpuesto por el condenado, que ejerce en Cartagena, contra el fallo de la Audiencia Provincial de Murcia que le impuso una pena de un a&ntilde;o y seis meses de prisi&oacute;n, multa de 5.400 euros e inhabilitaci&oacute;n durante 16 meses, adem&aacute;s del pago de una indemnizaci&oacute;n de 11.695,76 euros por esos dos delitos.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=f5f6cc0c1baf7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 25 Oct 2016 11:00:00 +0200 El Tribunal Supremo confirma la pena de seis años de cárcel al acusado de abusar sexualmente a una peregrina en un albergue del Camino de Santiago en Burgos http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2b585848ec6f7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado la pena de seis a&ntilde;os de c&aacute;rcel a un hombre que viol&oacute; a una mujer de nacionalidad sueca en el albergue municipal de peregrinos de Burgos el 17 de agosto de 2013.</p> <p>El Supremo desestima el recurso del acusado (que ten&iacute;a 72 a&ntilde;os en el momento de los hechos, por 60 a&ntilde;os de la v&iacute;ctima) que se centraba en considerar vulnerada su presunci&oacute;n de inocencia. Para el alto tribunal, concurre prueba de cargo consistente y suficiente para enervar la presunci&oacute;n constitucional a la presunci&oacute;n de inocencia.</p> <p>A&ntilde;ade que si bien la negativa del acusado a posibilitar la realizaci&oacute;n de la pericia de ADN no integra una prueba de cargo contra &eacute;l ni incrementa el acervo probatorio que lo incrimina, s&iacute; debilita la veracidad de sus alegaciones de descargo, en vista de lo f&aacute;cil que le era fundamentarlas y potenciarlas en una tesitura procesal en que todo el cuadro probatorio se mostraba contrario a sus alegaciones exculpatorias.</p> <p>La mujer reconoci&oacute; fotogr&aacute;ficamente al autor en un grupo de 8 fotograf&iacute;as, y &eacute;l mismo reconoci&oacute; haber ocupado en la noche de autos la litera del albergue de peregrinos del Camino de Santiago de la ciudad de Burgos que indic&oacute; la v&iacute;ctima en sus declaraciones.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2b585848ec6f7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 24 Oct 2016 15:36:00 +0200 El Tribunal Supremo absuelve a un hombre que inició una relación consentida con una menor de 14 años antes de la ley elevara la edad a los 16 http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=a58115c1537e7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha anulado la condena a un hombre por abusos sexuales a una ni&ntilde;a de 14 a&ntilde;os con la que comenz&oacute; una relaci&oacute;n sentimental consentida antes de que cambiara la ley que elev&oacute; la edad de consentimiento sexual a los 16 a&ntilde;os.</p> <p>El Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casaci&oacute;n interpuesto por el acusado contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid que le impuso una pena de cinco a&ntilde;os y un d&iacute;a de prisi&oacute;n por dicho delito.<br />Los hechos ocurrieron cuando el acusado, de 29 a&ntilde;os de edad, comenz&oacute; una relaci&oacute;n sentimental en 2015 con una chica de 14 a&ntilde;os, hija de un amigo, despu&eacute;s de contactar con ella en Facebook. Esos contactos sexuales consentidos eran legales porque en ese momento el C&oacute;digo Penal consideraba delictivas las relaciones mantenidas con menores de 14 a&ntilde;os. El 1 de julio de 2015 entr&oacute; en vigor la reforma del C&oacute;digo Penal que elev&oacute; el consentimiento sexual a los 16 a&ntilde;os. Tras ese cambio de la ley, el hombre y la menor mantuvieron dos encuentros con penetraci&oacute;n &ndash;20 de julio y 16 de agosto de 2015.</p> <p>La Audiencia Provincial de Valladolid consider&oacute; delictivos esos dos contactos sexuales que el acusado tuvo con la ni&ntilde;a tras el cambio normativo, y en ellos bas&oacute; su condena, no as&iacute; los anteriores a esa fecha del 1 de julio de 2015.<br />En su sentencia, anulada ahora por el Tribunal Supremo, entendi&oacute; que hubo un error de prohibici&oacute;n en el acusado (pensar que actuaba dentro de la legalidad) pero que era vencible, ya que pudo conocer el cambio de legislaci&oacute;n por el tiempo que llevaba residiendo en Espa&ntilde;a, que estaba completamente integrado en el pa&iacute;s, aunque manten&iacute;a los lazos de amistad y familiaridad con sus compatriotas ecuatorianos.</p> <p>Por discrepar de esa condena, el acusado recurri&oacute; al Tribunal Supremo alegando que cuando comenz&oacute; la relaci&oacute;n afectiva con la menor en el plano sexual, en mayo de 2015, no exist&iacute;a ninguna ilegalidad, pero cuando se producen despu&eacute;s del 1 de julio de 2015 pas&oacute; a ser il&iacute;cita al haberse elevado la edad del consentimiento de 13 a 16 a&ntilde;os.</p> <p>En su recurso se preguntaba &ldquo;...&iquest;es posible que una persona de nacionalidad ecuatoriana, cuyos v&iacute;nculos sociales se establecen s&oacute;lo dentro de esa comunidad, que carece de estudios, no habituado a la lectura de prensa ni de contacto con medios de comunicaci&oacute;n en informaciones de tipo legal, pudiera conocer que hab&iacute;a entrado en vigor una norma que modificaba, de la licitud a la ilicitud, una relaci&oacute;n de ra&iacute;z efectiva, elevando la edad hasta 16 a&ntilde;os?&rdquo;.<br />&ldquo;Clandestinidad&rdquo; de una relaci&oacute;n por cambio normativo</p> <p>La respuesta de la Sala Segunda a ese interrogante, tal y como mantiene el recurso, es que no se pod&iacute;a exigir al acusado el conocimiento de una reforma legal de tanto alcance en su vida. En su sentencia alude a que ambos iniciaron una relaci&oacute;n afectiva que incluye repetidos contactos sexuales a lo largo del a&ntilde;o 2015. A&ntilde;ade que esa uni&oacute;n se forja en un escenario permitido por el derecho penal, que en esas fechas no criminalizaba la relaci&oacute;n sexual con una ni&ntilde;a de 14 a&ntilde;os, siempre que la entrega fuera fruto de una decisi&oacute;n espont&aacute;nea, libre y voluntaria por parte de aqu&eacute;lla.</p> <p>&ldquo;Los contactos sexuales mantenidos durante el primer semestre del a&ntilde;o 2015 eran, por tanto, totalmente ajenos al derecho penal&rdquo;, subraya la sentencia. A partir del 1 de julio, cuando se eleva la protecci&oacute;n de la indemnidad sexual de los menores, de 13 a 16 a&ntilde;os, &ldquo;se produce as&iacute; la paradoja de que una relaci&oacute;n sentimental &ndash;la sentencia habla del &lsquo;amor&rsquo; que P. sent&iacute;a por el acusado y de su deseo de mantener una relaci&oacute;n de &lsquo;noviazgo&rsquo;- permitida por el derecho penal, se convierte en delictiva a ra&iacute;z de la publicaci&oacute;n de la reforma en el Bolet&iacute;n Oficial del Estado&rdquo;.</p> <p>&ldquo;De este modo, una decisi&oacute;n de pol&iacute;tica criminal -cuya legitimidad formal no es objetable- condena a la clandestinidad una relaci&oacute;n afectiva que, m&aacute;s all&aacute; de la excepcionalidad con la que pueda contemplarse la diferencia de edad de sus protagonistas, ha nacido en un entorno social de tolerancia y, como tal, indiferente al derecho penal. Desde esta perspectiva, prosigue la sentencia, considerar que el error de prohibici&oacute;n tiene car&aacute;cter vencible -como los jueces de instancia- &ldquo;supone aceptar que todo aquel que mantiene una relaci&oacute;n sentimental fronteriza con los l&iacute;mites en los que el derecho penal sit&uacute;a la capacidad de autodeterminaci&oacute;n sexual, est&aacute; obligado a una consulta peri&oacute;dica de los boletines oficiales en los que se publican las reformas legislativas, con el fin de descartar que un cambio de pol&iacute;tica criminal lo haya convertido en delincuente sexual&rdquo;.</p> <p>Por todo ello, la sentencia, de la que ha sido ponente el presidente de la Sala, Manuel Marchena, concluye que en este caso estamos ante un error de prohibici&oacute;n invencible tras analizar los hechos teniendo en cuenta la personalidad de los protagonistas, su contexto cultural y, sobre todo, la inicial licitud que preside sus primeros contactos sexuales. Otro dato que refuerza el car&aacute;cter invencible del error y la total exclusi&oacute;n de culpabilidad -a&ntilde;ade la sentencia- es la fecha en la que se produjeron los dos episodios sexuales y considerados punibles, en relaci&oacute;n con la entrada en vigor de la reforma del C&oacute;digo Penal.</p> <p>Para el Tribunal Supremo, es evidente que s&oacute;lo podr&aacute; exigirse un comportamiento ajustado a la norma a aquel que se encuentre en una posici&oacute;n de igualdad respecto de lo que el &oacute;rgano judicial considere el destinatario ideal de la misma. &ldquo;El da&ntilde;o a la indemnidad sexual de un ni&ntilde;o, cometido por quien convierte a &eacute;ste en destinatario forzado o inconsciente de sus desahogos sexuales, no es desde luego, cuesti&oacute;n menor&rdquo;, subraya la sentencia que precisa que nada de esto se dibuja en el hecho probado.</p> <p>El Tribunal Supremo sostiene tambi&eacute;n que los hechos no pueden calificarse como constitutivos de un delito continuado, ya que la unidad de prop&oacute;sito no puede traerse a colaci&oacute;n prescindiendo de los contactos sexuales, plenamente consentidos, que precedieron a los dos que la sentencia recurrida consider&oacute; delictivos. Para la Sala, en la unidad de prop&oacute;sito tambi&eacute;n hay que integrar los episodios sexuales ajenos al derecho penal que se sucedieron antes del 1 de julio de 2015, en lo que se califica como relaci&oacute;n de seminoviazgo.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=a58115c1537e7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 21 Oct 2016 15:10:00 +0200 El Tribunal Supremo reconoce por primera vez el derecho de los padres de hijos nacidos por gestación subrogada a cobrar prestaciones maternidad http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=17a8bcd4c22e7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Social ha reconocido por primera vez el derecho de los padres de hijos de vientres de alquiler a cobrar las prestaciones por maternidad reconocidas por la Seguridad Social.</p> <p>En una nota informativa, el Pleno ha hecho p&uacute;blica su decisi&oacute;n de estimar los recursos de casaci&oacute;n para la unificaci&oacute;n de doctrina planteados, en un caso, por una mujer que tiene un hijo mediante un contrato de gestaci&oacute;n por sustituci&oacute;n, que est&aacute; inscrito en el Registro del Consulado de Espa&ntilde;a en Los &Aacute;ngeles; y en el otro caso, el de un hombre que concert&oacute; una reproducci&oacute;n asistida en la India con su material gen&eacute;tico. En este &uacute;ltimo caso, la Sala Cuarta transfiere las prestaciones que corresponder&iacute;an a la madre biol&oacute;gica, que no va a poder disfrutarlas, al padre de las dos ni&ntilde;as.</p> <p>La Seguridad Social les hab&iacute;a denegado las prestaciones sobre la base de la Ley de Reproducci&oacute;n Asistida que considera nulos los contratos de maternidad por sustituci&oacute;n.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=17a8bcd4c22e7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 20 Oct 2016 15:00:00 +0200 El Tribunal Supremo cita a declarar a la senadora Rita Barberá el 21 de noviembre http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=ab45ed198d1e7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo C&aacute;ndido Conde-Pumpido Tour&oacute;n ha citado a declarar para el pr&oacute;ximo d&iacute;a 21 de noviembre a las 10.30 horas a la senadora del PP y exalcaldesa de Valencia Rita Barber&aacute;, dentro de la causa por un presunto delito de blanqueo de capitales que dicha Sala abri&oacute; el pasado mes de septiembre.</p> <p>En una providencia, el instructor cita a Barber&aacute; en calidad de investigada para recibirle declaraci&oacute;n voluntaria conforme al art&iacute;culo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.</p> <p>Conde-Pumpido, como instructor de dicha causa, ha impuesto adem&aacute;s una fianza de 3.000 euros al PSOE para poder ejercer, como ha solicitado, la acusaci&oacute;n popular.</p> <p>La investigaci&oacute;n abierta a Barber&aacute; deriva de la exposici&oacute;n razonada elevada al Supremo el pasado mes de abril por el Juzgado de Instrucci&oacute;n n&uacute;mero 18 de Valencia, describiendo indicios contra la aforada en un presunto blanqueo de capitales que se habr&iacute;a producido en el Grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia cuando ella era alcaldesa. La Fiscal&iacute;a apoy&oacute;, en informe del pasado 27 de julio, la apertura de la investigaci&oacute;n y la designaci&oacute;n de instructor.</p> <p>En el auto de apertura de la causa, el Supremo destac&oacute; que, sin perjuicio de lo que pudiera resultar de la investigaci&oacute;n, los hechos descritos por el Juzgado de Instrucci&oacute;n n&uacute;mero 18 de Valencia en la exposici&oacute;n razonada pudieran ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales previsto y penado en los art&iacute;culos 301 y siguientes del C&oacute;digo Penal. &ldquo;Resulta, pues, imprescindible &ndash;a&ntilde;ade el auto&mdash;continuar la investigaci&oacute;n sobre los mismos y sobre la participaci&oacute;n en ellos de la persona aforada do&ntilde;a Mar&iacute;a Rita Barber&aacute; Nolla&rdquo;.</p> <p>El objeto de la investigaci&oacute;n iniciada por el Juzgado de Valencia es si, bajo la cobertura de unas aportaciones de 1.000 euros realizadas por personas vinculadas al Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia y al mismo partido,&nbsp; se oculta el afloramiento de un dinero en efectivo en&nbsp; poder de alg&uacute;n responsable o responsables del Grupo Popular. Tambi&eacute;n se indaga sobre el origen del dinero supuestamente blanqueado.</p> <p>Por otro lado, en un auto, Conde-Pumpido impone una fianza de 3.000 euros al PSOE para ejercer la acusaci&oacute;n popular en la causa, y alerta adem&aacute;s del &ldquo;serio riesgo de judicializaci&oacute;n de la pol&iacute;tica&rdquo; que supone la pr&aacute;ctica, que no existe en los pa&iacute;ses de nuestro entorno, de que un partido pol&iacute;tico pueda ejercer la acusaci&oacute;n en una causa penal contra una persona relevante de un partido de signo contrario. A&ntilde;ade que ese riesgo existe en la medida en que esa pr&aacute;ctica &ldquo;transforma el &aacute;rea de debate procesal en un terreno de confrontaci&oacute;n pol&iacute;tica&rdquo;.</p> <p>El PSOE hab&iacute;a pedido que no se le se&ntilde;alase el pago de fianza alguna para ejercer la acusaci&oacute;n popular. El auto recuerda que tanto el Anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011, como la Propuesta de C&oacute;digo Procesal Penal de 2013, elaborados por gobiernos de signo pol&iacute;tico diferente, prohib&iacute;an expresamente el ejercicio de la acci&oacute;n popular por los partidos pol&iacute;ticos.</p> <p>&ldquo;Es cierto que estos proyectos no han alcanzado vigencia, y que existe una cuestionable pr&aacute;ctica judicial que admite, con car&aacute;cter general, la personaci&oacute;n de los Partidos Pol&iacute;ticos como acusaci&oacute;n popular en causas contra pol&iacute;ticos de otros partidos. Pero ello no excluye que, aun admitiendo la personaci&oacute;n, se adopten las necesarias cautelas, lo que no permite privilegiar este tipo de acusaciones e impide que se prescinda del se&ntilde;alamiento de la oportuna fianza&rdquo;, indica la resoluci&oacute;n.</p> <p>Ponderando las eventuales responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse para el PSOE, y la previsible asequibilidad a su prestaci&oacute;n por &eacute;ste, el magistrado fija en 3.000 euros la fianza.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=ab45ed198d1e7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 20 Oct 2016 14:00:00 +0200 El Tribunal Supremo reconoce el derecho de una jueza a prorrogar su reducción de jornada para el cuidado hijo enfermo http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=8e7c3d9bdd2d7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha anulado la decisi&oacute;n de la Comisi&oacute;n Permanente del Consejo General del Poder Judicial de no prorrogar la reducci&oacute;n de jornada de una jueza para el cuidado de su hijo enfermo.</p> <p>El Consejo General del Poder Judicial concedi&oacute; a la magistrada una reducci&oacute;n de jornada de un 80 por ciento para cuidar del ni&ntilde;o, menor de edad, que naci&oacute; con m&uacute;ltiples enfermedades cong&eacute;nitas. Como ten&iacute;a que ser hospitalizado con frecuencia, la madre adapt&oacute; la vivienda siguiendo las indicaciones del servicio m&eacute;dico del Hospital de la Paz que desaconsejaban los ingresos, debido, entre otras razones, al alto riesgo de infecci&oacute;n respiratoria. Los mismos m&eacute;dicos formaron a la mujer para que pudiera cuidar a su hijo preferentemente en casa.</p> <p>El permiso que se le concedi&oacute; el 23 de octubre de 2013 no afectaba a su sueldo y supon&iacute;a que la jueza ten&iacute;a que ir un d&iacute;a a la semana al juzgado, encarg&aacute;ndose un juez sustituto del resto de las jornadas y de las guardias. La medida se le concedi&oacute; por un periodo de seis meses, siempre que subsistiese la situaci&oacute;n y sin perjuicio de posibles pr&oacute;rrogas.</p> <p>La situaci&oacute;n fue prorrogada en tres ocasiones, mediante acuerdos de la Comisi&oacute;n Permanente de 29 abril 2014, 27 octubre de 2014 y 27 de mayo 2015, pero la cuarta solicitud fue denegada por este mismo &oacute;rgano que consider&oacute; que los cuidados que necesita el ni&ntilde;o durante el horario de trabajo de la madre pueden ser asumidos por el padre que no trabaja. En el mismo se indicaba que las enfermedades graves acreditadas por su hijo menor no requer&iacute;an actualmente ingreso hospitalario de larga duraci&oacute;n por lo que no concurr&iacute;a el supuesto que requiere una licencia de este tipo &ndash;art&iacute;culo 223 h) Reglamento Carrera Judicial (cuidado directo, durante la hospitalizaci&oacute;n y tratamiento continuado, del hijo menor afectado por enfermedad grave hasta que cumpla los 18 a&ntilde;os con 50% reducci&oacute;n jornada como m&iacute;nimo sin tope m&aacute;ximo), sin perjuicio de que solicite otra m&aacute;s acorde con la situaci&oacute;n padecida, como la prevista en el art&iacute;culo 223 e) del Reglamento de Carrera Judicial (cuidado directo de menor de doce a&ntilde;os con tope m&aacute;ximo del 50% de reducci&oacute;n con disminuci&oacute;n proporcional de retribuciones) .</p> <p>En desacuerdo con esta decisi&oacute;n, la mujer present&oacute; recurso contra dicho acuerdo en el que argumentaba que su situaci&oacute;n se encuadra en el supuesto de hospitalizaci&oacute;n y tratamiento del hijo menor de edad del art&iacute;culo 223 h) que permite la reducci&oacute;n de jornada sin disminuci&oacute;n de retribuciones, al menos en la mitad del periodo de audiencia p&uacute;blica. A&ntilde;ad&iacute;a que la adaptaci&oacute;n de su vivienda, el cuidado continuado y especializado del menor y la supervisi&oacute;n del servicio m&eacute;dico del hospital equiparan su situaci&oacute;n a la de hospitalizaci&oacute;n. Y, por &uacute;ltimo, sobre la posibilidad de que su marido se ocupara de una parte de los cuidados, sosten&iacute;a que no estaba preparado y que su matrimonio estaba en crisis.</p> <p><strong>Falta de justificaci&oacute;n</strong></p> <p>La Sala Tercera en su sentencia concluye que el CGPJ acord&oacute; inicialmente la reducci&oacute;n de jornada bas&aacute;ndose conjuntamente en los apartados e) y h) del art&iacute;culo 223 del Reglamento de la Carrera Judicial, y ese mismo criterio mantuvo en las sucesivas pr&oacute;rrogas. As&iacute; mismo a&ntilde;ade que &ldquo;si ha considerado varias veces que la situaci&oacute;n es encuadrable en el referido apartado h), habr&iacute;a debido explicar qu&eacute; ha cambiado en esta ocasi&oacute;n con respecto a anteriores solicitudes de pr&oacute;rroga de la reducci&oacute;n de jornada inicialmente concedida en 2013. Al no haberlo hecho as&iacute;, el argumento de que el apartado h) no es aplicable al presente caso no puede ser acogido. En otras palabras, el acto impugnado se aparta inmotivadamente del criterio seguido en ocasiones similares anteriores&rdquo;.</p> <p>La sentencia considera que las razones aducidas para denegar la solicitud de pr&oacute;rroga no son ajustadas a derecho y que, adem&aacute;s, el propio Consejo General del Poder Judicial hab&iacute;a accedido en el pasado a solicitudes similares con respecto a la misma situaci&oacute;n. Por todo ello, estima la pretensi&oacute;n subsidiaria planteada por la magistrada reconociendo su derecho a la pr&oacute;rroga en los mismos t&eacute;rminos en que se acord&oacute; la &uacute;ltima.</p> <p>Sin embargo, rechaza la petici&oacute;n principal planteada por la jueza relativa a que se le reconozca el derecho a una reducci&oacute;n de jornada del 100%; un extremo sobre el que nunca se ha pronunciado el Consejo General del Poder Judicial.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=8e7c3d9bdd2d7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 17 Oct 2016 15:54:00 +0200 El Supremo suspende cautelarmente la sanción a una exconsejera de la CMT http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=097d172f962d7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala III del Tribunal Supremo ha acordado en un auto la suspensi&oacute;n cautelar de la ejecuci&oacute;n de la sanci&oacute;n impuesta por el Consejo de Ministros el 1 de abril de este a&ntilde;o a la exconsejera de la Comisi&oacute;n del Mercado de las Telecomunicaciones Marta Plana Dr&oacute;pez, como autora de una falta muy grave por incumplimiento de las normas de incompatibilidades. La sanci&oacute;n fue de cinco a&ntilde;os de imposibilidad de ser nombrada alto cargo de la Administraci&oacute;n del Estado y la publicaci&oacute;n de la sanci&oacute;n en el BOE. La adopci&oacute;n de la medida cautelar de suspensi&oacute;n no prejuzga el fondo del asunto, es decir, la decisi&oacute;n que se adoptar&aacute; respecto al recurso planteado por Plana contra dicha sanci&oacute;n.</p> <p>El Supremo se&ntilde;ala que la no suspensi&oacute;n cautelar significar&iacute;a el cumplimiento efectivo de la sanci&oacute;n, siquiera parcialmente. En consecuencia, considera que tiene raz&oacute;n la recurrente en que la no adopci&oacute;n de la citada medida cautelar har&iacute;a perder en parte la finalidad del recurso que tiene planteado contra la sanci&oacute;n, pues determinadas consecuencias ser&iacute;an irreversibles. As&iacute;, el tiempo de cumplimiento de la sanci&oacute;n resultar&iacute;a ya irrecuperable, y si bien se podr&iacute;a admitir que ese per&iacute;odo sin poder ejercer determinada actividad profesional ser&iacute;a susceptible de ser indemnizado en caso de estimarse el recurso, habr&iacute;a que considerar tambi&eacute;n el da&ntilde;o profesional sufrido, de m&aacute;s dif&iacute;cil reparaci&oacute;n. En consecuencia y de acuerdo con el criterio mantenido por la Sala en derecho sancionador, procede la adopci&oacute;n de la medida cautelar solicitada, a salvo de supuestos particulares.</p> <p>Adem&aacute;s, la Sala rechaza el argumento del abogado del Estado de que, el hecho de aceptar la suspensi&oacute;n cautelar, suponga prejuzgar el fondo del asunto. &ldquo;Nada m&aacute;s lejos de la realidad. (&hellip;) Como resulta evidente en el presente caso, ninguna consideraci&oacute;n se hace sobre la viabilidad del recurso, sino exclusivamente sobre el perjuicio que ocasionar&iacute;a a la entera restituci&oacute;n de los derechos de la parte demandante, en caso de estimaci&oacute;n del recurso, el no haber podido ejercer determinados cargos durante un tiempo&rdquo;.</p> <p>Por otro lado, el Supremo resalta que la Administraci&oacute;n public&oacute; en el BOE el acuerdo sancionador del Consejo Ministros un d&iacute;a despu&eacute;s de conocer que la exconsejera hab&iacute;a solicitado precisamente la suspensi&oacute;n cautelar de la sanci&oacute;n.</p> <p><strong>No actuaci&oacute;n diligente de la Administraci&oacute;n</strong></p> <p>&ldquo;La publicaci&oacute;n de la sanci&oacute;n es parte de &eacute;sta, como reconoce el propio representante de la Administraci&oacute;n, por lo que la interposici&oacute;n de un recurso contencioso administrativo contra la sanci&oacute;n, con petici&oacute;n de medida cautelar de suspensi&oacute;n, obliga a la Administraci&oacute;n a no ejecutarla &ndash;y, por tanto, a no publicarla- hasta tanto el &oacute;rgano judicial se pronuncie sobre la referida medida cautelar. Por tanto, notificada a la Administraci&oacute;n la petici&oacute;n de suspensi&oacute;n el d&iacute;a 7 de septiembre una actuaci&oacute;n diligente hubiera debido llevarle a no publicar la sanci&oacute;n el d&iacute;a 8 de septiembre en que tuvo lugar&rdquo;, se&ntilde;ala el auto.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=097d172f962d7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 17 Oct 2016 13:50:00 +0200 El Tribunal Supremo anula la condena por violación a una menor acogida en Sevilla por falta de prueba suficiente http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=14448961f22d7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala II del Tribunal Supremo ha anulado la condena por violaci&oacute;n de una menor de 15 a&ntilde;os de edad acogida en un centro de la Junta de Andaluc&iacute;a en la provincia de Sevilla. El Supremo absuelve al acusado y destaca que no hubo ni un solo dato objetivo que avalase el testimonio de la menor, que fue la &uacute;nica prueba de cargo del caso. Adem&aacute;s, destaca que la tardanza de la Junta en presentar la denuncia ante la justicia (pas&oacute; un a&ntilde;o y medio desde que la chica hizo la denuncia a un educador del centro hasta que se plante&oacute; la denuncia en el Juzgado) produjo una &ldquo;inexistente instrucci&oacute;n&rdquo; y que las pruebas fueran d&eacute;biles.</p> <p>El alto tribunal anula la condena de 12 a&ntilde;os de c&aacute;rcel que la Audiencia Provincial de Sevilla impuso el 21 de enero de 2016 a R.G.A. por delito de agresi&oacute;n sexual. El acusado prestaba servicios en el centro de acogida donde estaba la chica como personal t&eacute;cnico auxiliar. Seg&uacute;n los hechos probados de la sentencia ahora anulada, en un periodo en que la chica estaba fugada del centro, el acusado contact&oacute; con ella por tel&eacute;fono y la recogi&oacute; en su veh&iacute;culo, viol&aacute;ndola en el asiento trasero del mismo.</p> <p>La chica denunci&oacute; los hechos a un educador del centro de acogida el 12 de julio de 2011, un d&iacute;a despu&eacute;s, seg&uacute;n el acusado, de que &eacute;ste la hubiese realizado una &ldquo;reducci&oacute;n f&iacute;sica&rdquo; a indicaci&oacute;n precisamente de un educador. El caso no fue denunciado ante la justicia hasta enero de 2013.</p> <p>La sentencia indica que se trata de un supuesto de &lsquo;crisis m&aacute;xima de acusaci&oacute;n&rsquo;, en cuanto que el testimonio de la presunta v&iacute;ctima es la &uacute;nica prueba de cargo, no s&oacute;lo de la autor&iacute;a del acusado, sino de la misma existencia del delito, &ldquo;no existiendo un solo dato objetivo que avale tal testimonio&rdquo;. El acusado neg&oacute; todas las acusaciones.</p> <p>Para el alto tribunal, &ldquo;no puede apreciarse que el tribunal de instancia contara con prueba suficiente, producida conforme a Derecho y valorada de modo racional, l&oacute;gico y coherente. Puede pues concluirse, que una tard&iacute;a denuncia por parte de la Administraci&oacute;n, produjo una casi inexistente instrucci&oacute;n, y ello conllev&oacute; una acusaci&oacute;n aventurada, la formulaci&oacute;n de una proposici&oacute;n de d&eacute;biles elementos probatorios de cargo de los hechos imputados, y una insuficiente expresi&oacute;n de los de convicci&oacute;n tomados en cuenta por el tribunal para entender desvirtuada la presunci&oacute;n de inocencia, que amparaba al acusado&rdquo;.</p> <p>Sobre la actuaci&oacute;n administrativa de la Junta de Andaluc&iacute;a en este caso, en su valoraci&oacute;n de la sospecha del abuso sexual desde la denuncia el 12 de julio de 2011 y la fecha de la denuncia penal el 11 de enero de 2013, la sentencia indica que, &ldquo;si bien no pueden calificarse de investigaciones previas a espaldas del recurrente tendentes a acreditar su culpabilidad, sino que son verificaciones del testimonio de la menor al objeto de comprobar si tienen la entidad suficiente para fundar una denuncia penal, ya que la consecuencia laboral del despido del recurrente se produjo al d&iacute;a siguiente de la denuncia y esas actuaciones administrativas son posteriores, s&iacute; que produjeron un retraso en la judicializaci&oacute;n del hecho que debi&oacute; haberse evitado&rdquo;.</p> <p>&ldquo;Mucho se tard&oacute; en judicializarse las actuaciones &ndash;a&ntilde;ade el Supremo-, hasta el punto de que formulando la denuncia podr&iacute;a pensarse que se esperaba el acceso a la mayor&iacute;a de edad de la presunta v&iacute;ctima, para hacerlo&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=14448961f22d7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 17 Oct 2016 13:25:00 +0200 El Supremo confirma la nulidad del Plan Parcial de Cox (Alicante) aprobado en un pleno presidido por el alcalde, que tenía un interés personal en el asunto http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2dca9c6f2bdc7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad del Programa de Actuaci&oacute;n Integrada del Sector S.T.3, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Cox (Alicante), de 15 de junio de 2010, acordada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana al considerar que el alcalde incurr&iacute;a en causa de abstenci&oacute;n por tener un inter&eacute;s personal en el asunto.</p> <p>La sentencia concluye que a la vista de las muy intensas relaciones del alcalde con los intereses que se ventilaban mediante los actos y disposiciones aprobados por el pleno municipal, "no debi&oacute; exclusivamente abstenerse de participar en la votaci&oacute;n, sino que, en ning&uacute;n momento, debi&oacute; intervenir y menos dirigir y presidir el pleno municipal&rdquo;.</p> <p>Su intervenci&oacute;n, a&ntilde;ade la Sala Tercera, no se limita al pleno, sino que tambi&eacute;n es contraria a derecho su participaci&oacute;n en los tr&aacute;mites previos.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2dca9c6f2bdc7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 14 Oct 2016 16:00:00 +0200 El Tribunal Supremo condena a tres años y medio de prisión a un hombre por amputarse la mano y simular un accidente tráfico para cobrar el seguro http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=32c411064a2c7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a tres a&ntilde;os y seis meses de prisi&oacute;n por un delito continuado de estafa a un hombre que se amput&oacute; una mano y simul&oacute; un accidente de tr&aacute;fico para cobrar la indemnizaci&oacute;n correspondiente a las p&oacute;lizas que hab&iacute;a suscrito con ocho compa&ntilde;&iacute;as de seguros.</p> <p>El condenado tendr&aacute; que devolver 335.000 euros que le ingresaron mediante transferencia bancaria tres de las aseguradoras contratadas: 35.000 euros a Santa Luc&iacute;a Compa&ntilde;&iacute;a de Seguros y Reaseguros S.A., 90.370 euros a Liberty Seguros y 209.564 euros a Axa Seguros y Reaseguros.</p> <p>Los hechos considerados probados por la sentencia recurrida recogen que en la madrugada del d&iacute;a 10 de diciembre de 2007 el acusado, solo o con la ayuda de terceros, se amput&oacute; con un instrumento cortante la mano derecha para cobrar las coberturas pactadas en las p&oacute;lizas. Despu&eacute;s de hacerse un torniquete para controlar la hemorragia, se dirigi&oacute; con su coche hacia la carretera conocida como Camino Viejo de Nules a Moncofar (provincia Castell&oacute;n) y lo dej&oacute; caer por un terrapl&eacute;n. Acto seguido, coloc&oacute; la mano que se hab&iacute;a cortado a los pies del asiento del conductor y, despu&eacute;s de incendiar el autom&oacute;vil con una bolsa de gasolina, llam&oacute; al 112 y se tumb&oacute; hasta que lleg&oacute; un polic&iacute;a local que lo encontr&oacute; en la misma postura y fum&aacute;ndose un cigarro.</p> <p>Con posterioridad a estos hechos, emprendi&oacute; acciones judiciales para cobrar las p&oacute;lizas de seguro suscritas con las aseguradoras -con algunas ten&iacute;a hasta tres p&oacute;lizas- que cubr&iacute;an, entre otros riesgos, el de fallecimiento, la incapacidad permanente y absoluta por accidente y la gran invalidez. El condenado, que era agricultor, ten&iacute;a problemas econ&oacute;micos para pagar una hipoteca que hab&iacute;a pedido para construir una vivienda, que le hab&iacute;an embargado junto al coche.</p> <p><strong>Atenuante dilaciones indebidas</strong></p> <p>La sentencia estima de forma parcial el recurso de casaci&oacute;n interpuesto por el acusado contra el fallo de la Audiencia Provincial de Castell&oacute;n que le impuso 4 a&ntilde;os de prisi&oacute;n, pena que ahora el Tribunal Supremo reduce a tres a&ntilde;os y seis meses al apreciar la atenuante de dilaciones indebidas por el largo tiempo transcurrido desde que se incoaron las diligencias, en junio de 2009, hasta que se dict&oacute; sentencia por dicho tribunal, en enero de 2016.</p> <p>En todo lo dem&aacute;s, hace suyo el criterio de la sentencia recurrida para condenar al acusado que en su recurso plantea alternativas al relato de hechos probados: que sufre un cuadro psiqui&aacute;trico grave cr&oacute;nico, con actual diagn&oacute;stico de esquizofrenia paranoide, desde el accidente; que el corte de la mano no fue limpio y se produjo en el momento del accidente, no antes; que el tramo de carretera donde se sali&oacute; el veh&iacute;culo es un tramo curvo y no recto y, por &uacute;ltimo, que solo la amputaci&oacute;n de la mano no estaba garantizada en las p&oacute;lizas contratadas.</p> <p>Todas son desechadas por la Sala Segunda que en su sentencia concluye que el acusado ocult&oacute; a las distintas compa&ntilde;&iacute;as aseguradoras que hab&iacute;a sido &eacute;l quien hab&iacute;a provocado el siniestro origen de las lesiones que constitu&iacute;a la base de su reclamaci&oacute;n a las mismas, enga&ntilde;o revestido de una apariencia de realidad y seriedad suficientes para enga&ntilde;arlas, dado lo maquiav&eacute;lico del plan urdido a tal efecto, hasta el punto de que al menos tres de ellas &ndash;Santa Luc&iacute;a, Liberty y Axa- le abonaron las cantidades citadas y las restantes no lo hicieron, pese a las reclamaciones formuladas, por la prejudicialidad derivada de la existencia de la presente causa penal.</p> <p>La sentencia a&ntilde;ade que &ldquo;el hecho nuclear del enga&ntilde;o fue amputarse intencionadamente la mano simulando haber sido consecuencia de un siniestro vial, con una puesta en escena apta para provocar la mendaz apariencia deseada&rdquo;.</p> <p>As&iacute; mismo, indica que los indicios, plenamente acreditados, para condenar se apoyan, entre otros, en el perfil de riesgo del acusado que no justifica la contrataci&oacute;n de tantas p&oacute;lizas en tan poco tiempo. Tambi&eacute;n se basa en su perfil patrimonial, que considera impropio de una persona que contrata ese n&uacute;mero de p&oacute;lizas cuyo pago requiere un aporte econ&oacute;mico que no parece poder soportarlo con los ingresos de su trabajo o el de su esposa. Sobre la amputaci&oacute;n de la mano, afirma que se produjo antes del accidente y, en ning&uacute;n caso, por la barra o regle porque el corte es limpio. Por &uacute;ltimo, se&ntilde;ala que la salida del veh&iacute;culo fue a poca velocidad y de forma controlada, y que el incendio no fue accidental sino por la aplicaci&oacute;n de una fuente directa de calor que solo pudo venir del acusado.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=32c411064a2c7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 14 Oct 2016 13:00:00 +0200 El Tribunal Supremo exige a Manos Limpias una fianza de 20.000 euros para ser acción popular ante la investigación a esta asociación por extorsión http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=3714dedb49db7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala II del Tribunal Supremo ha impuesto a Manos Limpias una fianza en met&aacute;lico de 20.000 euros para ejercer la acci&oacute;n popular contra Joan Manel Abril Campoy, quien fue magistrado instructor en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de la causa contra Artur Mas y otros por la consulta soberanista del 9-N de 2014. La Sala se&ntilde;ala esta fianza con car&aacute;cter previo a adoptar ninguna decisi&oacute;n sobre la querella que plantea Manos Limpias contra el citado magistrado por prevaricaci&oacute;n.</p> <p>El alto tribunal, en auto del que ha sido ponente su presidente, Manuel Marchena, destaca que esa fianza es &ldquo;proporcionada&rdquo; ante el hecho notorio de que &ldquo;algunos miembros del Sindicato Manos Limpias -entre ellos su secretario general- est&aacute;n siendo investigados por delitos graves, entre otros, el de extorsi&oacute;n y el de pertenencia a organizaci&oacute;n criminal, los cuales habr&iacute;an sido cometidos, precisamente, en relaci&oacute;n a la actuaci&oacute;n como acusaci&oacute;n popular de la citada entidad en procesos penales&rdquo;.</p> <p>&ldquo;En este contexto -a&ntilde;ade la resoluci&oacute;n-, que pondr&iacute;a de manifiesto, al menos indiciariamente, un ejercicio espurio de la acci&oacute;n popular, que estar&iacute;a siendo utilizada como instrumento para alterar su propia configuraci&oacute;n, la cuant&iacute;a fijada en concepto de fianza est&aacute;, como dec&iacute;amos en el auto 20632/2014, de 27 de abril, a la altura de las responsabilidades que asume dicha entidad &laquo;al pretender personarse como acusaci&oacute;n popular para responder de las &lsquo;resultas del juicio&rsquo;&rdquo;.</p> <p>El auto recuerda que la acci&oacute;n popular lleva consigo la prestaci&oacute;n de una fianza, que deber&aacute; ser proporcionada y equitativa de tal manera que no impida a nadie, en funci&oacute;n de su condici&oacute;n econ&oacute;mica, el acceso al proceso neg&aacute;ndole as&iacute; su derecho a la tutela judicial efectiva. La fijaci&oacute;n de la fianza no se establece &ldquo;simb&oacute;licamente&rdquo; sino en relaci&oacute;n a la naturaleza de los hechos perseguidos y al innegable inter&eacute;s p&uacute;blico que existe para su persecuci&oacute;n, respondiendo adem&aacute;s a las exigencias de moderaci&oacute;n y de facilitaci&oacute;n de acceso a la jurisdicci&oacute;n que contempla nuestra legislaci&oacute;n reguladora de la acci&oacute;n popular. En este caso, se fija la fianza en 20.000 euros, que deber&aacute; prestarse en met&aacute;lico en el plazo de tres d&iacute;as.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=3714dedb49db7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 13 Oct 2016 13:45:00 +0200 El Tribunal Supremo confirma el cese de un juez sustituto que fijó para después del fin de semana la puesta a disposición de un detenido un viernes http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=6830dedb49db7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado el cese de un juez que fij&oacute; para despu&eacute;s del fin de semana la puesta a disposici&oacute;n judicial de un detenido un viernes por un presunto delito de violencia de g&eacute;nero.</p> <p>La sentencia desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el juez contra el acuerdo de la Comisi&oacute;n Permanente del Consejo General del Poder Judicial que le ces&oacute; por la falta de idoneidad o aptitud para el cargo por incumplir sus obligaciones de diligencia al no recibir de inmediato al detenido.</p> <p>Como hechos probados recogidos en la sentencia consta que la Guardia Civil de Borja (Zaragoza) detuvo a un hombre por un supuesto delito de malos tratos en el &aacute;mbito familiar, tras recibir una denuncia de su exesposa. Eran las 21:15 horas del viernes d&iacute;a 6 de marzo de 2015. A las 22:25 horas se comunic&oacute; la detenci&oacute;n al juez, que, a su vez, indic&oacute; que la persona detenida fuese puesta a disposici&oacute;n judicial el lunes 9 de marzo de 2015 a las 10:00 horas en el juzgado de Tarazona. Dos d&iacute;as m&aacute;s tarde, el d&iacute;a 11, la titular del juzgado comunic&oacute; que se hab&iacute;a producido una incidencia anormal en el funcionamiento del Servicio de Guardia por la que se abri&oacute; una informaci&oacute;n sumar&iacute;a al afectado que finaliz&oacute; con el acuerdo de cese de la Comisi&oacute;n Permanente del CGPJ.</p> <p><strong>&ldquo;Malentendido&rdquo;</strong></p> <p>El juez cesado cuestiona el relato de hechos y afirma que, en todo caso, se trat&oacute; de un malentendido, pues lo que &eacute;l hizo fue comunicar a la fuerza p&uacute;blica que investigara o practicara m&aacute;s diligencias antes de poner al detenido a disposici&oacute;n judicial y que si el lunes lo trasladaban al juzgado que fuera a las 10.00 horas, puesto que a&uacute;n no se habr&iacute;a cumplido el tiempo m&aacute;ximo de 72 horas de detenci&oacute;n.</p> <p>Frente a esta tesis, la sentencia, con ponencia del magistrado Jorge Rodr&iacute;guez-Zapata P&eacute;rez, afirma que del expediente administrativo no se deduce que se hubiera producido un malentendido con la Guardia Civil o que el juez de guardia ordenara la pr&aacute;ctica de m&aacute;s diligencias que, en todo caso, pudieron practicarse despu&eacute;s de la presentaci&oacute;n del detenido y de la resoluci&oacute;n sobre su situaci&oacute;n personal.</p> <p>A la vista de esos hechos, prosigue la sentencia, el juez con dicha indicaci&oacute;n incumpli&oacute; la Ley de Enjuiciamiento Criminal -art&iacute;culo 520.1- que establece que &ldquo;la detenci&oacute;n preventiva no podr&aacute; durar m&aacute;s del tiempo estrictamente necesario para la realizaci&oacute;n de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Dentro de los plazos establecidos en la presente Ley y, en todo caso, en el plazo m&aacute;ximo de setenta y dos horas, el detenido deber&aacute; ser puesto en libertad o a disposici&oacute;n de la autoridad judicial&rdquo;.</p> <p>La Sala Tercera considera que lo ocurrido se debe a la inobservancia de las m&aacute;s elementales normas de diligencia de un juez instructor, entre cuyas funciones m&aacute;s trascendentales en el &aacute;mbito del proceso penal est&aacute;, sin duda, el riguroso control de la situaci&oacute;n de las personas privadas de libertad. &ldquo;En efecto, de las diligencias policiales se desprende que ninguna circunstancia imped&iacute;a la puesta a disposici&oacute;n del detenido el s&aacute;bado, puesto que ninguna diligencia o actuaci&oacute;n de investigaci&oacute;n se practic&oacute; por parte de la Guardia Civil despu&eacute;s de la diligencia de comunicaci&oacute;n a la autoridad judicial, ni tampoco se aprecia su necesidad, por lo que debemos concluir que el detenido permaneci&oacute; injustificadamente en esta situaci&oacute;n hasta el lunes 9 de marzo&rdquo;, subraya la sentencia.</p> <p><strong>Hecho puntual</strong></p> <p>Sobre la falta de idoneidad o aptitud, el juez argumenta en su recurso que no se deja de ser &ldquo;id&oacute;neo&rdquo; por un hecho puntual, como el que ha llevado a su cese, y que los cinco a&ntilde;os que lleva trabajando como sustituto no se ha cuestionado esta cualidad.</p> <p>La sentencia rechaza este argumento y recuerda que el cese de un juez sustituto, de acuerdo con la Ley Org&aacute;nica del Poder Judicial, consiste en dejar sin efecto un nombramiento que est&aacute; condicionado al mantenimiento de las circunstancias, de aptitud, capacidad, compatibilidad, no incurrir en prohibici&oacute;n, o acreditaci&oacute;n de la efectiva diligencia en el cumplimiento de los deberes propios del cargo. La Sala Tercera alude a que la falta de idoneidad &ldquo;puede venir dada por la contemplaci&oacute;n panor&aacute;mica del desempe&ntilde;o profesional del juez sustituto a lo largo del tiempo, pero tambi&eacute;n por hechos concretos o puntuales que revistan suficiente trascendencia y gravedad como para fluir de ellos un d&eacute;ficit de aptitud e idoneidad que justifique su cese&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=6830dedb49db7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 13 Oct 2016 13:10:00 +0200 El Tribunal Supremo confirma la sentencia del ‘caso Asunta’ http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=c870a305893b7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha acordado desestimar los recursos presentados por Alfonso Basterra y Rosario Porto contra la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que confirm&oacute; la dictada por la Secci&oacute;n Sexta de la Audiencia Provincial de A Coru&ntilde;a, por la que fueron condenados a 18 a&ntilde;os de prisi&oacute;n por el asesinato de su hija Asunta.</p> <p>La decisi&oacute;n se ha adoptado por mayor&iacute;a de los miembros del tribunal. El contenido &iacute;ntegro de la resoluci&oacute;n se conocer&aacute; en los pr&oacute;ximos d&iacute;as.</p> <p>El TSXG confirm&oacute; el pasado 16 de marzo los hechos declarados probados por el jurado de la Audiencia coru&ntilde;esa, excepto en lo relativo a la persona que asfixi&oacute; a la menor y por lo tanto produjo su muerte. Los magistrados del Tribunal Superior gallego concluyeron que solo se pod&iacute;a situar a la madre en la casa de Montouto en la que se produjo el asesinato, pero entendieron que el padre era culpable del mismo delito por ser la ejecuci&oacute;n de la muerte parte de un plan conjunto preconcebido.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=c870a305893b7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 11 Oct 2016 14:19:00 +0200 El Tribunal Supremo eleva a 19 años de prisión la condena a una cuidadora que permitió el asalto a la casa donde cuidaba a un matrimonio de ancianos http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=5a58e00f3fea7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha elevado de 18 a 19 a&ntilde;os de prisi&oacute;n la pena impuesta a una empleada del hogar que abri&oacute; la puerta a otros tres condenados por el asalto a la casa del matrimonio que cuidaba y en el que falleci&oacute; por asfixia el anciano, de 88 a&ntilde;os de edad.</p> <p>La sentencia condena por los mismos delitos de homicidio y robo violento en casa habitada en concurso con un delito de detenci&oacute;n ilegal que la Audiencia Provincial de Castell&oacute;n pero impone una pena m&aacute;s alta al apreciar en la conducta de la cuidadora la agravante de abuso de confianza junto a las otras dos de disfraz y de abuso de superioridad que ya se aplicaron en la sentencia recurrida.</p> <p>Considera que la cuidadora se sirvi&oacute; de lo sabido sobre las circunstancias y h&aacute;bitos de vidas de sus v&iacute;ctimas para suministrar a los dem&aacute;s implicados en la causa la informaci&oacute;n necesaria para la ejecuci&oacute;n del delito o delitos luego programados. Adem&aacute;s, a&ntilde;ade que se implic&oacute; activamente facilitando a estos el acceso a la vivienda durante la noche y que, pudiendo haber intervenido para tratar de cortar el curso de los acontecimientos, cuando supo directamente del grado de violencia utilizado, no lo hizo.</p> <p>La Sala de lo Penal desestima los recursos de casaci&oacute;n interpuestos por los otros tres condenados por lo que se confirman penas de la sentencia recurrida para todos ellos.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=5a58e00f3fea7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 10 Oct 2016 16:15:00 +0200 El Tribunal Supremo condena a un matrimonio de Valdemorillo (Madrid) que intentó matarse tras una discusión http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=b9b5de3062e97510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a un matrimonio de la localidad madrile&ntilde;a de Valdemorillo por intentar matarse mutuamente tras una discusi&oacute;n.</p> <p>Los hechos probados de la sentencia recurrida recogen que, despu&eacute;s de una discusi&oacute;n la noche anterior por motivos econ&oacute;micos, la mujer cogi&oacute; un rev&oacute;lver que hab&iacute;a en la vivienda y esper&oacute; a su marido en el garaje a las 7 de la ma&ntilde;ana del 30 de marzo de 2011 con la intenci&oacute;n de matarlo. Se puso un gorro de ducha en el pelo, se tap&oacute; parte del rostro con la manga cortada de un jersey y se cubri&oacute; las manos con dos pares de guantes -uno de l&aacute;tex y encima otro blanco de algod&oacute;n. Cuando el hombre abri&oacute; la puerta del garaje, le dispar&oacute;, alcanz&aacute;ndole en la espalda uno de los disparos que realiz&oacute;. El marido se volvi&oacute; hacia ella, le quit&oacute; el arma y, tambi&eacute;n con la misma intenci&oacute;n de acabar con la vida de su mujer, le dispar&oacute; en el vientre. Ninguno consigui&oacute; su objetivo.</p> <p>La sentencia estima parcialmente el recurso de casaci&oacute;n interpuesto por el hombre y rebaja de 8 a&ntilde;os y medio de prisi&oacute;n a 3 a&ntilde;os y medio la condena que la Audiencia Provincial de Madrid le impuso por los delitos de homicidio en grado de tentativa y tenencia il&iacute;cita de armas al aplicar la eximente incompleta de leg&iacute;tima defensa y retirar la agravante de parentesco.</p> <p>En el caso de su mujer, se desestima su recurso por lo que la pena para ella por un delito de asesinato en grado de tentativa con la misma agravante de parentesco y la atenuante de reparaci&oacute;n de los da&ntilde;os y otro de tenencia il&iacute;cita de armas sigue siendo la misma de 8 a&ntilde;os de prisi&oacute;n.</p> <p><strong>Condena del esposo: eximente incompleta leg&iacute;tima defensa sin agravante de parentesco</strong></p> <p>En su caso, la sentencia rechaza la tesis de que todo se produjo en un forcejeo y que el disparo fue fortuito y sin intenci&oacute;n. &ldquo;El hecho de que se tratase de un disparo, efectuado con arma de fuego contra el abdomen de la v&iacute;ctima, excluye, l&oacute;gicamente, toda duda acerca de su intenci&oacute;n, directa o al menos eventual, del recurrente con semejante agresi&oacute;n&rdquo;, subraya la sentencia.</p> <p>La Sala acuerda aplicar la eximente incompleta de leg&iacute;tima defensa porque el agredido dispar&oacute; despu&eacute;s de recibir otro, por la espalda, por parte de su mujer, que es la v&iacute;ctima de su respuesta.</p> <p>Se&ntilde;ala que el disparo efectuado por el hombre podr&iacute;a no resultar absolutamente necesario al tener el rev&oacute;lver en sus manos, pero reconoce que tambi&eacute;n desconoc&iacute;a si su mujer ten&iacute;a otra pistola y pod&iacute;a volver a intentarlo.<br />Sin embargo, indica que &ldquo;aunque su acci&oacute;n no se encontrase completamente justificada, ante otras posibles alternativas defensivas, tampoco puede considerarse, en las circunstancias en las que se encontraba, como totalmente ajenas a un mero y, en parte justificado comportamiento defensivo por su parte&rdquo;.</p> <p>Del mismo modo acuerda retirar la agravante de parentesco al considerar que no es posible aplicarla cuando el agresor acaba de recibir, a su vez, una grave agresi&oacute;n de la v&iacute;ctima de su delito.&nbsp;</p> <p>Por todo ello, rebaja la condena de 8 a&ntilde;os y medio a 3 a&ntilde;os y medio de prisi&oacute;n por ambos delitos: tentativa de homicidio y tenencia il&iacute;cita de armas.</p> <p><strong>Condena de la esposa: asesinato grado tentativa</strong></p> <p>La Sala de lo Penal considera que no procede rebajar la condena, como ha solicitado la esposa, con el argumento del escaso peligro inherente al intento delictivo contra la vida de su esposo. A&ntilde;ade que aunque el resultado lesivo no alcanzase una relevante gravedad, &ldquo;el disparo a corta distancia y con un arma de fuego hacia la espalda de la v&iacute;ctima, a la altura de las v&eacute;rtebras dorsales, independientemente de su resultado final, es incuestionable que integra un peligro&rdquo;. Asimismo, explica que el grado de ejecuci&oacute;n de la tentativa de asesinato ha de considerarse acabado, puesto que la agresora dispar&oacute; contra la espalda y si no lo mat&oacute;, no fue por su voluntad, sino por la reacci&oacute;n de su marido que le arrebat&oacute; el arma.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=b9b5de3062e97510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 07 Oct 2016 13:15:00 +0200 El Tribunal Supremo pide al Congreso el suplicatorio de Homs por la consulta del 9-N http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=d0e38655a4a97510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El magistrado Andr&eacute;s Palomo del Arco ha elevado una exposici&oacute;n razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo en la que solicita la tramitaci&oacute;n al Congreso de los Diputados del suplicatorio para proceder penalmente contra el diputado y exconseller de Presidencia de la Generalitat de Catalunya, Francesc Homs i Molins, por los delitos de desobediencia y de prevaricaci&oacute;n que podr&iacute;a haber cometido por su actuaci&oacute;n en la consulta del 9-N de 2014, tras la suspensi&oacute;n acordada por el Tribunal Constitucional.</p> <p>El instructor ha notificado una providencia a las partes en la que les comunica que la exposici&oacute;n razonada est&aacute; a su disposici&oacute;n en la Secretar&iacute;a de la Sala de lo Penal por si quieren consultarla.</p> <p>Esta misma ma&ntilde;ana, la Sala Segunda ha dictado un auto en el que acuerda dar curso a la petici&oacute;n de autorizaci&oacute;n al Congreso de los Diputados, como requisito legal previo para dirigir el procedimiento contra el diputado y, en su caso, formalizar la inculpaci&oacute;n por parte del instructor del caso.</p> <p>Con este auto, se suspenden por ahora las actuaciones hasta que el Congreso responda a esta petici&oacute;n.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=d0e38655a4a97510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 06 Oct 2016 17:00:00 +0200 El Supremo no aprecia vulneración de derechos de una profesora en la publicación de una noticia sobre la querella que presentó contra sus alumnos http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=73bb84245d997510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casaci&oacute;n interpuesto por una profesora contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Balears, que al igual que el juzgado, declar&oacute; que no se hab&iacute;a vulnerado el derecho al honor y a la intimidad de la mujer tras la publicaci&oacute;n en un semanario local de un art&iacute;culo sobre la demanda que hab&iacute;a presentado contra varios alumnos que, a su vez, le hab&iacute;an denunciado ante las autoridades educativas por supuestos malos modos y faltas de respeto.</p> <p>La sentencia indica que la informaci&oacute;n publicada era veraz porque para elaborarla sus autores se apoyaron en los hechos recogidos por ella misma en la querella, en las declaraciones de los alumnos y en los datos que hab&iacute;a en las actuaciones judiciales, todas ellas fuentes indudablemente objetivas, fiables y perfectamente identificadas, a las que se hizo expresa menci&oacute;n a lo largo del reportaje, incluso con citas textuales entrecomilladas para dejar constancia que no era un texto elaborado por el periodista, sino la transmisi&oacute;n neutral de lo que reflejaban dichas fuentes.</p> <p>La informaci&oacute;n, a&ntilde;ade la Sala, est&aacute; referida a un asunto de inter&eacute;s general, suficiente y razonablemente contrastada acudiendo a fuentes objetivas y fiables como la propia querella y las actuaciones penales. Del mismo modo, rechaza el argumento relativo a que se hab&iacute;a lesionado la intimidad de la mujer al mencionar la noticia el hecho de que estuvo de baja por un estado de depresi&oacute;n y ansiedad.</p> <p>La sentencia explica que no se ha producido la citada intromisi&oacute;n debido a que fue la propia profesora la que se refiri&oacute; a esa situaci&oacute;n para fundamentar el delito de lesiones cuya comisi&oacute;n atribu&iacute;a a los alumnos querellados.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=73bb84245d997510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 06 Oct 2016 14:00:00 +0200 El TS confirma la condena de 44 años de prisión a un hombre por matar a una anciana y herir a otras dos con la rama de un limonero http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=5d44ed47cce87510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal ha confirmado la condena a 44 a&ntilde;os de prisi&oacute;n impuesta por la Audiencia Provincial de Murcia a un hombre por matar a una anciana y herir a otras dos con la rama de un limonero en una zona de huertos de la pedan&iacute;a de El Raal (Murcia) para robarles cinco euros.</p> <p>Seg&uacute;n los hechos probados, el condenado se aproxim&oacute; en silencio por la espalda a las tres ancianas, que caminaban por el Carril de los Cobos, y las golpe&oacute; con dicha palo, de unos ochenta cent&iacute;metros de largo y de tres o cuatro de grosor. A una de ellas le dio un golpe en la nunca que le hizo caer al suelo provoc&aacute;ndole un traumatismo craneoencef&aacute;lico y otras heridas graves que provocaron su muerte al d&iacute;a siguiente del ataque en el hospital.</p> <p>La sentencia comparte el criterio de la Audiencia Provincial de Murcia que consider&oacute; acertada la pena impuesta al acusado teniendo en cuenta la avanzada edad de las v&iacute;ctimas -nacidas 1932, 1947 y 1943- y, por tanto, personas especialmente indefensas y vulnerables; la impresionante desproporcionalidad y gravedad de la conducta que supone que, para apoderarse de cinco euros, emplee una violencia extrema que lleve al fallecimiento de una persona, casi al de otra y a causar lesiones a una tercera, dirigiendo siempre los golpes, sin excepci&oacute;n, hacia las respectivas cabezas de cada una de sus v&iacute;ctimas. Tambi&eacute;n valora el inmenso desprecio que siente el acusado que sigui&oacute; golpe&aacute;ndolas con fuerza pese a que &eacute;stas le dec&iacute;an "no nos mates", as&iacute; como su frialdad demostrada en la forma en que lleva a cabo el ataque.</p> <p>La sentencia del Tribunal Supremo, de la que ha sido ponente el magistrado Juan Ram&oacute;n Berdugo G&oacute;mez de la Torre, considera que hubo alevos&iacute;a en la conducta del condenado en toda la secuencia agresiva: "Se produjo un ataque por la espalda a las v&iacute;ctimas, de 80, 71 y 65 a&ntilde;os respectivamente, por un hombre de 32 a&ntilde;os golpe&aacute;ndolas en la parte posterior de la cabeza -zona occipital- con un objeto contundente. Por ello tanto por la din&aacute;mica del ataque, sorpresivo inicialmente por la espalda, como por el objeto empleado y diferencia de edad entre las v&iacute;ctimas y el agresor, que concurren circunstancias reveladoras de que nos hallamos ante algo m&aacute;s que un mero abuso de superioridad. El ataque alevoso se sit&uacute;a inicialmente en una alevos&iacute;a sorpresiva y se termina mediante la alevos&iacute;a de prevalimiento o desvalimiento".</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=5d44ed47cce87510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 04 Oct 2016 13:58:00 +0200 El Supremo se pronuncia sobre la reclamación de alimentos con efectos retroactivos cuando se reconoce judicialmente la filiación paterna http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=534f02e14da87510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en dos sentencias de las que han sido ponentes los magistrados Jos&eacute; Antonio Seijas Quintana y Fernando Pantale&oacute;n Prieto, ha resuelto dos recursos en los se planteaba el problema jur&iacute;dico relativo a si, determinada judicialmente la filiaci&oacute;n paterna de una persona, pueden reclamarse del padre alimentos con efectos retroactivos.</p> <p>Se adjunta nota informativa de la Sala.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=534f02e14da87510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 03 Oct 2016 16:00:00 +0200 El Tribunal Supremo confirma la condena a una revista del corazón a indemnizar a Penélope Cruz por vulnerar su derecho a la propia imagen http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=1e0f13dd03a87510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a una revista del coraz&oacute;n a pagar 15.000 euros a la actriz Pen&eacute;lope Cruz por vulnerar su derecho a la intimidad personal y a la propia imagen al publicar, sin su consentimiento y en la terraza de un recinto privado, unas fotograf&iacute;as suyas leyendo en una tumbona al lado de su pareja.</p> <p>La sentencia indica que lo relevante en este caso es que la actriz no dio permiso para que le hicieran las fotos ni para su posterior publicaci&oacute;n, el 15 de mayo de 2009, y que &ldquo;no es posible exigir un aislamiento espacial extraordinariamente gravoso de estas personas para poder disfrutar de la privacidad a la que tambi&eacute;n tienen derecho ante el acoso de determinados medios de comunicaci&oacute;n&rdquo;.</p> <p>Para el Tribunal Supremo, la notoriedad p&uacute;blica de un personaje &ldquo;no le priva de mantener &aacute;mbitos reservados a su intimidad y de excluir del conocimiento p&uacute;blico lo que concierne a su vida privada, sin que su conducta en lo que trasciende al exterior elimine el derecho a la intimidad de su vida privada&rdquo;.</p> <p>La Sala Primera concluye que &ldquo;la afectaci&oacute;n del derecho a la propia imagen es relevante frente a la protecci&oacute;n del derecho a la libertad de informaci&oacute;n que no tiene en este caso otro objetivo que el de satisfacer la curiosidad humana para conocer la vida de otros, aunque se trate de personas con notoriedad p&uacute;blica, como es sin duda la demandante&rdquo;.</p> <p>De acuerdo con su jurisprudencia, declara que &ldquo;la intromisi&oacute;n ser&aacute; ileg&iacute;tima si la persona ha sido fotografiada en un lugar no p&uacute;blico o, tambi&eacute;n en un lugar p&uacute;blico pero rec&oacute;ndito, apartado, de dif&iacute;cil acceso, buscado por la persona afectada para preservar la intimidad o determinados aspectos de su imagen&rdquo;.</p> <p>En ese sentido, recalca que &ldquo;ni siquiera la notoriedad p&uacute;blica del personaje elimina el &aacute;mbito de protecci&oacute;n de sus derechos fundamentales&rdquo; (a la propia imagen, y tambi&eacute;n a la intimidad) en aquellos casos en los que buscan expresamente esa privacidad frente a una posible captaci&oacute;n y reproducci&oacute;n de su imagen&rdquo;.</p> <p><strong>Indemnizaci&oacute;n</strong></p> <p>La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Jos&eacute; Antonio Seijas Quintana, considera &ldquo;ponderada, l&oacute;gica y no arbitraria&rdquo; la indemnizaci&oacute;n de 15.000 euros que la editora de la revista &ndash;Heartst Magazines, SL.- tendr&aacute; que abonar en concepto de da&ntilde;os y perjuicios morales a la actriz, que en su demanda reclamaba 60.000 euros por la vulneraci&oacute;n del derecho a la propia imagen. Dicha cantidad se estableci&oacute; por el tribunal de instancia haciendo una estimaci&oacute;n de los beneficios netos obtenidos por la revista con el ejemplar en el que se publicaron las fotograf&iacute;as y que fueron superiores a los 32.150 euros declarados, seg&uacute;n la sentencia del Tribunal Supremo, que desestima el recurso de casaci&oacute;n de Heartst Magazines, S.L.</p> <p><br /> </p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=1e0f13dd03a87510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 03 Oct 2016 13:45:00 +0200 El Tribunal Supremo confirma la condena de 15 años de prisión a un monitor de un grupo parroquial de Xátiva http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=9dd0067b56987510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 15 a&ntilde;os de prisi&oacute;n impuesta por la Audiencia Provincial de Valencia a un monitor de un grupo parroquial de X&aacute;tiva por los delitos de abusos sexuales, corrupci&oacute;n de menores, quebrantamiento de medida cautelar y utilizaci&oacute;n de menores para la elaboraci&oacute;n de material pornogr&aacute;fico.</p> <p>La Sala rechaza el recurso de casaci&oacute;n interpuesto por el condenado y confirma el fallo de la sentencia recurrida.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=9dd0067b56987510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 03 Oct 2016 09:00:00 +0200 El TS reconoce el derecho de una abuela a visitar a dos nietas a quienes no veía tras denunciar a su yerno por supuestos abusos sexuales http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=4e2a6491a9a77510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de una abuela a visitar a sus dos nietas pese a la oposici&oacute;n de su hija y de su yerno, a quien hab&iacute;a denunciado por supuestos abusos sexuales a las menores.</p> <p>La abuela present&oacute; una demanda contra su hija en la que reclamaba que se le reconociera el derecho a visitar a sus nietos -dos ni&ntilde;as y un ni&ntilde;o-, a quienes dej&oacute; de ver tras la ruptura de las relaciones familiares debido a la denuncia que present&oacute; contra su yerno, y padre de las ni&ntilde;as, por abusar sexualmente de ellas; denuncia que fue archivada.</p> <p>El juzgado rechazo establecer un r&eacute;gimen de visitas debido al profundo enfrentamiento existente entre las partes, la rotunda oposici&oacute;n de los padres, la posibilidad de que la demandante siguiera creyendo que fueron ciertos los hechos que denunci&oacute; y que los ni&ntilde;os llevaban cuatro a&ntilde;os sin tener relaci&oacute;n con su abuela.</p> <p>La Audiencia Provincial de Valencia, en cambio, declar&oacute; que la abuela podr&iacute;a ver a sus nietos -no s&oacute;lo a las dos ni&ntilde;as, tambi&eacute;n al ni&ntilde;o- los primeros s&aacute;bados de cada mes, durante dos horas, en el Punto de Encuentro Familiar, acordando que se realizara un informe sobre la conveniencia de continuar con las visitas seis meses despu&eacute;s del comienzo de la mismas. La sentencia recurrida entendi&oacute;, en base al informe del equipo psicosocial- que los encuentros eran beneficiosos por la existencia de un v&iacute;nculo emocional entre ellos, la inexistencia en la abuela de s&iacute;ntomas psicopatol&oacute;gicos que puedan repercutir de forma negativa en la relaci&oacute;n con los menores, y que su actuaci&oacute;n al denunciar fue la indicada, aunque la causa penal abierta acabara archiv&aacute;ndose.</p> <p>En el recurso contra dicha sentencia, los padres -la hija y el yerno de la mujer- alegaban que el origen del conflicto no obedeci&oacute; a meras desavenencias familiares por motivos ordinarios, sino a la denuncia que present&oacute; la abuela que dio lugar a un procedimiento penal, que se archiv&oacute; ante la falta de evidencia sobre los hechos denunciados, en el que se someti&oacute; a ex&aacute;menes psicol&oacute;gicos y f&iacute;sicos tanto a los padres como a los hijos, se solicitaron informes al colegio de los ni&ntilde;os y se exterioriz&oacute; a todos los &aacute;mbitos una sospecha de la abuela que se convirti&oacute; en &ldquo;la peor de las pesadilla para la totalidad de la unidad familiar&rdquo;.</p> <p><strong>Inter&eacute;s del menor</strong></p> <p>La Sala de lo Civil, de la que ha sido ponente el magistrado Antonio Salas Carceller, considera que dif&iacute;cilmente puede sostenerse -como mantiene el recurso- que la soluci&oacute;n adoptada por la Audiencia Provincial de Valencia al permitir los encuentros vaya contra los intereses de los menores.</p> <p>La sentencia indica que el informe psicosocial -firmado por una psic&oacute;loga y una trabajadora social que examinaron a cada uno de los interesados- consider&oacute; beneficioso para los ni&ntilde;os el establecimiento de un r&eacute;gimen de visitas con la abuela, con ciertas prevenciones, dada la existencia de v&iacute;nculo emocional nietas-abuela y la a&ntilde;oranza de interacci&oacute;n mutua.</p> <p>A&ntilde;ade que el C&oacute;digo Civil -art&iacute;culo 160.2- permite denegar las relaciones del nieto con sus abuelos cuando concurra justa causa, que no define y que debe examinarse en cada uno de los casos que se deban enjuiciar.</p> <p>Para el Tribunal Supremo, en este caso no puede impedirse que se vean pues &ldquo;en forma alguna cabe entender que la reanudaci&oacute;n de una m&iacute;nima relaci&oacute;n entre abuela y nietos -dos horas al mes en el punto de encuentro- pueda estimarse en principio perjudicial para los menores, sino m&aacute;s bien lo contrario seg&uacute;n el informe t&eacute;cnico a que se ha hecho referencia, sin perjuicio del necesario control sobre la evoluci&oacute;n de la nueva situaci&oacute;n creada&rdquo;.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=4e2a6491a9a77510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 30 Sep 2016 13:18:00 +0200 El TS confirma la condena a cuatro policías de Palma que agredieron a un detenido esposado http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=4694aab316b67510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado las condenas a cuatro polic&iacute;as locales de Palma por agredir a un detenido en las dependencias de la Jefatura de Polic&iacute;a.</p> <p>La sentencia admite parcialmente el recurso de casaci&oacute;n de A.G.M. y s&oacute;lo reduce a un a&ntilde;o y tres meses de prisi&oacute;n (en lugar de un a&ntilde;o y seis meses) la pena que se le impuso por un delito contra la integridad moral no grave en su modalidad activa por un error de la Audiencia Provincial de Palma que sobrepas&oacute; el m&aacute;ximo imponible en su sentencia -se mantienen los tres de inhabilitaci&oacute;n y sustituye la condena por la falta de lesiones por otra de maltrato de obra-, aunque la modificaci&oacute;n no afecta a los 60 euros de multa.</p> <p>La sentencia desestima los recursos interpuestos por los otros tres polic&iacute;as que fueron condenados por la Audiencia Provincial de Palma por el mismo delito pero en su modalidad pasiva a un a&ntilde;o de prisi&oacute;n cada uno y a tres a&ntilde;os de inhabilitaci&oacute;n &ndash;C.V.P.- y a dos a&ntilde;os &ndash;S.L.G.F. y J.M.G.</p> <p>Los hechos probados de la sentencia recurrida refieren que A.G.M, oficial de la Polic&iacute;a Local, aprovechando que el detenido no pod&iacute;a defenderse, con &aacute;nimo de atentar contra su integridad f&iacute;sica y moral y en respuesta a los insultos y amenazas del mismo, que se quejaba del dolor que le hac&iacute;an los grilletes, al pasar por delante empez&oacute; a golpearle la cabeza. La agresi&oacute;n fue presenciada con absoluta pasividad y complacencia por los acusados C.V.P, oficial, y los polic&iacute;as S.L.G.F. y J.M.G., que respaldaron la acci&oacute;n de su superior al no impedirla ni recriminarle que parase la situaci&oacute;n. C.V.P, adem&aacute;s de permitir las agresiones, seg&uacute;n el relato de hechos, se dirigi&oacute; a la c&aacute;mara de vigilancia instalada en el techo de la sala de detenidos, y que grababa lo sucedido, la gir&oacute; para evitar que registrase lo que ocurr&iacute;a, enfoc&aacute;ndola unos instantes hacia una ventana en la que se reflejaba lo que estaba ocurriendo hasta que la agresi&oacute;n termin&oacute; coloc&aacute;ndola en su sitio.</p> <p><strong>Recurso de A.G.M.</strong></p> <p>Para el Tribunal Supremo, el hecho de que se trate de un mando del cuerpo policial y que sea el agente agresor, lo que merece una valoraci&oacute;n m&aacute;s grave que la de los otros intervinientes, invita a acudir a ese nivel m&aacute;ximo dentro de la mitad inferior del marco total de la pena.</p> <p>"Los golpes en la forma en que se efect&uacute;an revelan una dominaci&oacute;n que emerge de la situaci&oacute;n del golpeado -ebrio, atado-, y encierran una clara connotaci&oacute;n despectiva y vejatoria que degrada a la v&iacute;ctima, que se ve tratada como desecho", y a&ntilde;ade que no se trata de una agresi&oacute;n sin m&aacute;s, sino que "es una agresi&oacute;n que cosifica a la v&iacute;ctima", subraya la sentencia. Asimismo, considera que "dos patadas, un manotazo y otros golpes menores sin m&aacute;s no constituyen per se un atentado a la integridad moral". Pero afirma que en el marco en que se producen esos hechos "s&iacute; que encierran ese contenido afectante no solo a la integridad f&iacute;sica, sino tambi&eacute;n a la integridad moral, incidiendo en el propio sentimiento de auto-estima: quien es agredido se siente tratado como un objeto inerte".</p> <p>La sentencia rechaza que en la condena haya influido un estado de opini&oacute;n proclive a un castigo severo como consecuencia de la difusi&oacute;n del v&iacute;deo con la agresi&oacute;n: "Si esa difusi&oacute;n suscit&oacute; rechazo y repugnancia en la opini&oacute;n p&uacute;blica es porque los hechos despiertan igual rechazo de la ley, del ordenamiento penal". Tambi&eacute;n sostiene que el abuso de autoridad por parte del condenado es patente y solo desde su condici&oacute;n de polic&iacute;a es concebible un episodio como el que motiva la condena.</p> <p>Sobre la falta de respeto del detenido a los agentes, se&ntilde;ala que "no puede ser atajada por el polic&iacute;a de forma tan contundente y desproporcionada como ilegal y delictiva".</p> <p><strong>"Pasividad" de los otros tres polic&iacute;as</strong></p> <p>La Sala Segunda se&ntilde;ala que &ldquo;la agresi&oacute;n no prosigui&oacute; por parte de su protagonista que consider&oacute; suficiente el escarmiento y desahogo, no porque tropezase con adem&aacute;n alguno de reproche o impedimento por parte de alguno de los presentes. No puede entenderse que esa pasividad era solo reflejo de su obligaci&oacute;n de permanecer inm&oacute;vil custodiando al detenido:&iquest;qu&eacute; tipo de custodia es esa que obliga a no inmutarse ante anomal&iacute;as de ese tenor?&rdquo;.</p> <p>La sentencia hace hincapi&eacute; en la pasividad y actitud de complacencia de C.V.P. que no reaccion&oacute; ante una agresi&oacute;n que presenci&oacute; imperturbable y afirma que "su t&aacute;cita connivencia queda corroborada sin margen alguno de duda por su acci&oacute;n de apartar la c&aacute;mara para evitar que se perpetuase la escena que contemplaba mediante su grabaci&oacute;n. &iexcl;Tuvo capacidad y tiempo para hacer eso, pero no de abortar la agresi&oacute;n!".</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=4694aab316b67510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 27 Sep 2016 15:50:00 +0200 El Tribunal Supremo condena a una revista por un reportaje sobre la enfermedad de una expresentadora que había dejado de ser famosa http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=f83eaab316b67510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Civil dell Tribunal Supremo ha confirmado la condena a Lecturas por publicar un reportaje fotogr&aacute;fico sobre el estado de salud de una expresentadora de televisi&oacute;n cuando hab&iacute;a dejado de ser famosa y despu&eacute;s de expresar su decisi&oacute;n de no aparecer en los medios de comunicaci&oacute;n.</p> <p>La editora de la revista tendr&aacute; que pagar una indemnizaci&oacute;n de 200.000 euros a la presentadora al difundir, ocho a&ntilde;os despu&eacute;s de su &uacute;ltima aparici&oacute;n p&uacute;blica, fotograf&iacute;as en las que aparece en silla de ruedas a causa de una enfermedad degenerativa junto a otras im&aacute;genes de su etapa al frente del programa de aerobic que se emit&iacute;a en la televisi&oacute;n en los a&ntilde;os 80.</p> <p>La sentencia rechaza el recurso de casaci&oacute;n interpuesto por RBA Revistas S.L. contra el fallo de la Audiencia Provincial de Madrid que conden&oacute; a la editora por vulnerar el derecho a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen de la expresentadora tras la publicaci&oacute;n en dos fechas distintas -6 de junio y 26 de diciembre de 2012- de noticias y fotograf&iacute;as sobre su vida privada.</p> <p>Para el Tribunal Supremo, la informaci&oacute;n facilitada por Lecturas &ldquo;carec&iacute;a de inter&eacute;s p&uacute;blico al referirse a una persona que hab&iacute;a dejado de ser famosa, que no aparec&iacute;a en los medios de comunicaci&oacute;n, que no participaba desde hac&iacute;a ocho a&ntilde;os en el circuito rosa, y que en su &uacute;ltima aparici&oacute;n en 2004 hab&iacute;a manifestado expresamente que no volver&iacute;a a conceder entrevistas&rdquo;.</p> <p>Al mismo tiempo, la sentencia, con ponencia del magistrado Francisco Javier Arroyo Fiestas, indica que la finalidad del reportaje era &ldquo;mostrar el estado de deterioro actual de D&ordf; Eva&rdquo; y rechaza, en contra de lo que sostiene la condenada, que ofreciera informaci&oacute;n de su hijo, cuyas declaraciones aparecen de &ldquo;soslayo&rdquo;.</p> <p>De acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Sala Primera concluye que la informaci&oacute;n se public&oacute; &ldquo;con devaluaci&oacute;n del concepto que se pudiera tener de D&ordf; Eva, sin consentimiento de la misma, cuando ya no era personaje p&uacute;blico y careciendo de inter&eacute;s p&uacute;blico o noticiable, por lo que la ponderaci&oacute;n de los derechos en conflicto se efectu&oacute; con toda razonabilidad al entender notoriamente afectado el derecho a la intimidad por la informaci&oacute;n publicada sin causa leg&iacute;tima que lo justifique&rdquo;.</p> <p>La presentadora hab&iacute;a solicitado en su demanda 400.000 euros de indemnizaci&oacute;n por los dos reportajes, pero la sentencia de instancia, confirmada despu&eacute;s por la Audiencia Provincial de Madrid, la fij&oacute; en 200.000 euros. Una cantidad que para la Sala de lo Civil se ha fijado siguiendo los par&aacute;metros de la proporcionalidad, sin arbitrariedad alguna, con base probatoria suficiente y con determinaci&oacute;n del nexo de causalidad que acredita el empeoramiento de su estado de salud como consecuencia de las publicaciones de la revista cuando comenzaba a mejorar en su evoluci&oacute;n.</p> <p>La sentencia a&ntilde;ade que la editora de la revista persisti&oacute; y volvi&oacute; a recoger un nuevo reportaje sobre la expresentadora meses m&aacute;s tarde, que no a&ntilde;ad&iacute;a informaci&oacute;n pero que s&iacute; incrementaba el da&ntilde;o padecido, pese a que fue requerida para que dejase de publicar noticias sobre la presentadora, aport&aacute;ndole el informe m&eacute;dico que acreditaba las descompensaciones ps&iacute;quicas que le causaban las noticias publicadas sobre ella.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=f83eaab316b67510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 27 Sep 2016 13:40:00 +0200 El Tribunal Supremo fija doctrina sobre la devolución del dinero anticipado para la compra de vivienda por causas urbanísticas http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=28a53c2b3d567510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La sentencia de la Sala I del Tribunal Supremo ha fijado como doctrina que &ldquo;las garant&iacute;as legales de las cantidades anticipadas para adquisici&oacute;n de viviendas que regula la ley 57/1968 y disposici&oacute;n adicional de la LOE se extienden a aquellos supuestos en que el contrato de compra-venta no llega a buen fin, por declararse nulo por vicio invalidante del consentimiento al haber ocultado el promotor-vendedor al comprador la existencia de vicios de la edificaci&oacute;n de naturaleza urban&iacute;stico&rdquo;.</p> <p>Asimismo, indica que la existencia de ilegalidades urban&iacute;sticas no puede considerarse como algo que escapa del &aacute;mbito de la Ley 57/1968, &ldquo;pues se encuentra estrechamente relacionada con la obligaci&oacute;n del promotor-vendedor de iniciar y entregar la vivienda, cumpliendo las condiciones f&iacute;sicas y jur&iacute;dicas para ser habitada sin miedos de futuro y sin frustraci&oacute;n de expectativas, en lo que constituye el objeto del contrato&rdquo;.</p> <p>La empresa Monteye Properties &amp; Loan -compradora- present&oacute; una demanda contra Marina Isla Valdeca&ntilde;as, S.A. -vendedora- y su aseguradora en la que solicitaba la nulidad del contrato de compraventa de vivienda, por vicio de consentimiento, alegando que el d&iacute;a de su firma no se le inform&oacute; de la existencia de un litigio que afectaba al instrumento urban&iacute;stico sobre el que se asentaba el inmueble. En concreto, argumentaba que la vendedora le ocult&oacute; que hab&iacute;a un procedimiento judicial pendiente en el que se ped&iacute;a que se anulara el decreto de la Junta de Extremadura que daba cobertura legal urban&iacute;stica al complejo donde se ubicaba la citada vivienda.</p> <p>Un juzgado de Sevilla declar&oacute; la nulidad del contrato y conden&oacute; a la vendedora a devolver las cantidades anticipadas, 200.670,65 euros, y a pagar 52.143,55 euros reclamados por da&ntilde;os y perjuicios, pero rechaz&oacute; la responsabilidad de la aseguradora al entender que como en este caso exist&iacute;a licencia de primera ocupaci&oacute;n se cancelaban las garant&iacute;as otorgadas por la aseguradora o avalista, seg&uacute;n el art&iacute;culo 4 de la Ley 57/1968. Dicho art&iacute;culo dice que &ldquo;expedida la c&eacute;dula de habitabilidad por la Delegaci&oacute;n Provincial del Ministerio de la Vivienda y acreditada por el promotor la entrega de la vivienda al comprador, se cancelar&aacute;n las garant&iacute;as otorgadas por la Entidad aseguradora o avalista&rdquo;.</p> <p>La Audiencia Provincial de Sevilla confirm&oacute; dicho fallo, razonando que la circunstancia de este caso no est&aacute; prevista en la ley 57/1968, que s&oacute;lo cubrir&iacute;a que no se iniciase o terminase la construcci&oacute;n, el retraso en la entrega o la falta de licencia de primera ocupaci&oacute;n.</p> <p><br />La sentencia del Tribunal Supremo, de la que ha sido ponente el magistrado Eduardo Baena Ruiz, estima el recurso de casaci&oacute;n interpuesto por la empresa Monteye Properties &amp; Loan y condena a la compa&ntilde;&iacute;a aseguradora, alej&aacute;ndose del fallo de la Audiencia Provincial de Sevilla y del juzgado, que la absolvieron al apreciar s&oacute;lo la responsabilidad del promotor-vendedor.</p> <p><strong>Jurisprudencia contradictoria Audiencias Provinciales</strong></p> <p>La cuesti&oacute;n que se plantea en este caso es hasta d&oacute;nde alcanza el riesgo cubierto por la garant&iacute;a que establece la ley 57/1968 sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcci&oacute;n y venta de viviendas, en los casos en los que se anule el contrato de compraventa, por causa no imputable al comprador.</p> <p>La sentencia indica que hay Audiencias Provinciales que consideran que la garant&iacute;a establecida en dicha ley s&oacute;lo cubre la falta de inicio o terminaci&oacute;n de la construcci&oacute;n de la vivienda y obtenci&oacute;n de las licencias administrativas accesorias para ser entregada y utilizada como tal. En sentido contrario, otro grupo de sentencias, citadas por la empresa recurrente, admiten otros supuestos de incumplimiento distintos a los anteriores: cuando se entrega la vivienda en condiciones distintas a las pactadas, con una carga hipotecaria superior al importe del precio pendiente de abono, cuando se entrega con un embargo a favor de una empresa constructora, cuando no hubo entrega efectiva por haber sido vendido a un tercero. Otro supuesto es el que equipara la falta de entrega f&iacute;sica de la vivienda a su falta de entrega jur&iacute;dica, a los efectos de la ley 57/68, cuando concurre un problema urban&iacute;stico, como en este caso, que conlleva la demolici&oacute;n de las viviendas.</p> <p><strong>Decisi&oacute;n de la Sala</strong></p> <p>Para el Tribunal Supremo, &ldquo;la obligaci&oacute;n de entrega por parte del vendedor presenta un doble aspecto: f&iacute;sico o material, consistente en la puesta en posesi&oacute;n que en casos de inmuebles puede entenderse producida por el otorgamiento de la escritura p&uacute;blica; y otro jur&iacute;dico, que se refiere al cumplimiento de aquellas condiciones necesarias para que quede garantizada la posesi&oacute;n legal y pac&iacute;fica de la cosa a favor del comprador&rdquo;.</p> <p>La Sala Civil se&ntilde;ala que lo relevante para el comprador es que la entrega de la vivienda se produzca cuando el inmueble est&eacute; en condiciones de ser disfrutado seg&uacute;n su destino. Del mismo modo, a&ntilde;ade que la obligaci&oacute;n del vendedor de entregar la vivienda supone &ldquo;la entrega de aquella en condiciones de poder ser habitada sin impedimento legal alguno, haciendo posible su ocupaci&oacute;n de un modo definitivo y sin obst&aacute;culos o impedimentos administrativos o urban&iacute;sticos&rdquo;.</p> <p>En consecuencia, concluye la sentencia, &ldquo;el vendedor responde no s&oacute;lo de la entrega de la vivienda, sino tambi&eacute;n de efectuarla con utilidad para su destino propio, o lo que es lo mismo, con la condici&oacute;n de habitabilidad&rdquo;.</p> <p>La sentencia parte del hecho de que a pesar de haberse expedido la licencia de ocupaci&oacute;n, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura hab&iacute;a ordenado la reposici&oacute;n de los terrenos a su estado anterior por lo que exist&iacute;a un &ldquo;peligro cierto y grave&rdquo; de demolici&oacute;n sobre la vivienda, basado en esa resoluci&oacute;n judicial firme, que no se pod&iacute;a esquivar con la modificaci&oacute;n del Plan General Municipal como consecuencia del PIR anulado.</p> <p>&ldquo;Tan esencial es el error provocado por la ocultaci&oacute;n que hizo el promotor-vendedor al comprador de la ilegalidad urban&iacute;stica, que ha dado lugar a la anulabilidad del contrato por vicio en el consentimiento, con lo que es evidente que el contrato no ha llegado a buen fin, pues era factible la entrega f&iacute;sica de la vivienda al encontrarse terminada, pero adolec&iacute;a de condiciones jur&iacute;dicas que garantizasen el uso pac&iacute;fico de futuro, sin miedos ni sobresaltos por ilegalidades urban&iacute;sticas&rdquo;.</p> <p><strong>Condena a la aseguradora</strong></p> <p>En relaci&oacute;n con la condena a la aseguradora, la Sala Primera afirma que si hubiese cumplido con sus obligaciones, entre la que se encuentra la de entrega de una vivienda h&aacute;bil para su destino por estar cubierta con la normativa urban&iacute;stica, &ldquo;habr&iacute;a podido detectar, al ser profesionales del ramo, las dificultades urban&iacute;sticas que ya exist&iacute;an cuando concert&oacute; el seguro&rdquo;.</p> <p>Por esa falta de &ldquo;diligencia&rdquo;, condena a ASEFA S.A. SEGUROS Y REASEGUROS a devolver a la compradora las cantidades entregadas a cuenta del precio de la vivienda m&aacute;s los intereses recogidos en la demanda.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=28a53c2b3d567510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 26 Sep 2016 13:50:00 +0200 El Tribunal Supremo anula la medida de localización permanente de deportistas para controles antidopaje http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=08cba791dd657510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala III del Tribunal Supremo ha ratificado la anulaci&oacute;n parcial de la Resoluci&oacute;n de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, de 4 de febrero de 2013, al considerar que el formulario de localizaci&oacute;n de deportistas que establece, dentro del Plan Individualizado de Controles Antidopaje, vulnera su derecho a la intimidad. El alto tribunal destaca que no est&aacute; en cuesti&oacute;n la represi&oacute;n del dopaje, sino el nivel de localizaci&oacute;n que la citada Resoluci&oacute;n del CSD exige a los deportistas, que no puede calificarse de &lsquo;localizaci&oacute;n habitual&rsquo; sino &lsquo;localizaci&oacute;n permanente&rsquo;, ya que alcanza a todos los d&iacute;as y horas del a&ntilde;o, lo que resulta desproporcionado.</p> <p>El Supremo rechaza el recurso de la Administraci&oacute;n General del Estado contra la sentencia de la Audiencia Nacional que estim&oacute; un recurso de la Asociaci&oacute;n de Ciclistas Profesionales, y anul&oacute; parcialmente el anexo II de la resoluci&oacute;n mencionada, que es donde se regula el formulario de localizaci&oacute;n. Anulaci&oacute;n que ahora se confirma.<br />Para el Supremo, &ldquo;se trata de una medida que somete al deportista a un control permanente durante todas las jornadas y horas del a&ntilde;o, excediendo as&iacute; de lo que pueda considerarse como "habitual o frecuente", y debe calificarse de medida desproporcionada y contraria al derecho a la intimidad, equiparable (&hellip;) a medidas de car&aacute;cter penal de localizaci&oacute;n permanente, sin que exista la comisi&oacute;n de un delito&rdquo;.</p> <p>La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado &Aacute;ngel Arozamena, recuerda que el art&iacute;culo 5.3 de la Ley Org&aacute;nica 7/2007, de 21 de noviembre, de lucha contra el dopaje en el deporte, prev&eacute; una localizaci&oacute;n habitual pero no permanente. Y el anexo II de la resoluci&oacute;n excede de esa previsi&oacute;n legal y de la reglamentaria que le da cobertura, siendo contrario al derecho a la intimidad protegido por el art&iacute;culo 18 de la Constituci&oacute;n.</p> <p>La sentencia se&ntilde;ala que una cosa es la represi&oacute;n del dopaje deportivo y otra el l&iacute;mite de lo tolerable para lograr ese objetivo de lo que se ha dado en denominar &ldquo;buen orden deportivo&rdquo;. &ldquo;La realizaci&oacute;n de los controles fuera de competici&oacute;n parece requerir contar con informaci&oacute;n sobre el paradero habitual de los deportistas; se impone por ello a estos &uacute;ltimos la obligaci&oacute;n de declararlo&rdquo;, se&ntilde;alan los magistrados, que advierten a continuaci&oacute;n: &ldquo;Ahora bien, si no todo vale para competir &ndash;y de eso no cabe duda- tampoco vale todo para controlar&rdquo;.</p> <p>Y en este caso, el anexo II del formulario de localizaci&oacute;n impone obligaciones que no est&aacute;n previstas en la Ley ni en el Real Decreto 641/2009, concretamente:</p> <p>1) El lugar y el horario del trabajo y de los estudios del deportista. Se trata de datos no vinculados con la actividad deportiva del deportista y cuya exigencia no aparece en la normativa citada.</p> <p>2) La localizaci&oacute;n durante todos los d&iacute;as del trimestre, aunque las ausencias del deportista de su domicilio habitual o de su lugar habitual de entrenamiento sea inferior a tres d&iacute;as. La normativa prev&eacute; que &uacute;nicamente se informen las ausencias del domicilio habitual superiores a tres d&iacute;as, no cada d&iacute;a como se puede ver en el ejemplo que incorpora el formulario.<br />3) La localizaci&oacute;n ocasional.</p> <p>&ldquo;La manera en la que la Administraci&oacute;n est&aacute; ejecutando esta normativa es que a los deportistas incluidos en el Plan Individualizado de Controles se les est&aacute; exigiendo que est&eacute;n permanentemente localizados, al informarles que la obligaci&oacute;n es: "la localizaci&oacute;n debe poder ser realizada en cualquier momento del d&iacute;a para controles en competici&oacute;n y entre las 06,00 horas y las 23,00 horas, con 60 minutos de disponibilidad total para los controles fuera de competici&oacute;n, en ambos casos durante todos los d&iacute;as del a&ntilde;o". Dicha localizaci&oacute;n excede de lo que es localizaci&oacute;n habitual y/u ocasional y se convierte en localizaci&oacute;n permanente, reitera la sentencia.</p> <p>&ldquo;El deportista podr&aacute; elegir el lugar y la hora de cada d&iacute;a, pero una vez que ha realizado esa elecci&oacute;n, deber&aacute; permanecer en ese lugar durante toda la hora por si la Administraci&oacute;n decidiera hacer un control de dopaje. Se transforma una obligaci&oacute;n formal en una material: ya no se trata de indicar el domicilio habitual y los cambios que se produzcan en el mismo. Se va m&aacute;s all&aacute; y se impone la obligaci&oacute;n de presencia en un lugar y una hora durante los 365 d&iacute;as de un a&ntilde;o por si el &oacute;rgano de control decide someter a un control a un deportista&rdquo;, reza la sentencia.</p> <p>A juicio del Supremo, se pretende as&iacute; que &ldquo;todos los deportistas incluidos en el Plan Individualizado de Controles est&eacute;n a su entera disposici&oacute;n, al menos durante una hora al d&iacute;a, ante la posibilidad de poder realizar controles de dopaje&rdquo;.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=08cba791dd657510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 23 Sep 2016 13:50:00 +0200 El Tribunal Supremo fija que un despido es colectivo si supera el umbral legal en un único centro con más de 20 trabajadores http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=fca03cea15257510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha acordado, por unanimidad, en el recurso de Casaci&oacute;n 36/2016 y de conformidad con la Directiva 98/59 aplicada por el Tribunal de Justicia de la Uni&oacute;n Europea en su sentencia de 13/5/2015, asunto &ldquo;Rabal Ca&ntilde;as&rdquo;, que debe calificarse como despido colectivo, y respetar por consiguiente el r&eacute;gimen legal aplicable en esta materia, tanto las situaciones en las que las extinciones de contratos computables superen los umbrales del art. 51.1&ordm; Estatuto de los Trabajadores, tomando la totalidad de la empresa como unidad de referencia, como aquellas otras en las que se excedan esos mismos umbrales en los casos en que afecten a un &uacute;nico centro de trabajo siempre que en el mismo presten servicios m&aacute;s de 20 trabajadores.</p> <p>La Sala ha desestimado el recurso planteado por la empresa Zardoya Otis S.A. contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Pa&iacute;s Vasco, de 21 de mayo de 2015, que declar&oacute; la nulidad del despido de 12 trabajadores llevado a cabo en febrero de 2014 en el centro de trabajo de Mungia (Vizcaya), donde trabajaban 77 personas. En el total de la empresa, hab&iacute;a m&aacute;s de 3.000 empleados.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=fca03cea15257510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 23 Sep 2016 09:00:00 +0200 El Tribunal Supremo inadmite los recursos en el caso del niño acogido en Sueca (Valencia) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=04fdf83849c47510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, reunida en Pleno, ha decidido no admitir a tr&aacute;mite los recursos extraordinario por infracci&oacute;n procesal y de casaci&oacute;n interpuestos por el Ministerio Fiscal, por la Consejer&iacute;a de Servicios y Derechos Sociales del Principado de Asturias y por Alberto Bordes Folgado y Noelia Asunci&oacute;n Estornell, en relaci&oacute;n a un caso de necesidad de asentimiento en la adopci&oacute;n.</p> <p>El auto, que se dar&aacute; a conocer una vez redactado, no se pronuncia sobre el fondo del asunto, ya que el Tribunal Supremo reitera su constante jurisprudencia de que contra las resoluciones sobre esta materia no caben recursos extraordinarios ante el Tribunal Supremo, de modo que la &uacute;ltima palabra corresponde a las Audiencias Provinciales.</p> <p>En este caso, la Audiencia Provincial de Asturias estim&oacute; un recurso de apelaci&oacute;n de la madre biol&oacute;gica del menor y consider&oacute; que no se encontraba incursa en ninguna causa de privaci&oacute;n de patria potestad, siendo necesario su asentimiento en la adopci&oacute;n de su hijo.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=04fdf83849c47510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 21 Sep 2016 14:00:00 +0200 El Tribunal Supremo anula tres actuaciones de la revisión del PGOU de Madrid de 2013 y salva el resto http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=caf49a12cb747510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala III del Tribunal Supremo ha avalado la mayor parte del acuerdo de 1 de agosto de 2013 del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que aprob&oacute; definitivamente la revisi&oacute;n parcial del PGOU de Madrid de 1985 y Modificaci&oacute;n de 1997, que hab&iacute;an sido afectados por sentencias anteriores tanto del Supremo como del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El Supremo comparte con este &uacute;ltimo tribunal que el acuerdo de 1 de agosto de 2013 no se hizo con &aacute;nimo defraudatorio.</p> <p>Las sentencias del Tribunal Supremo suponen dar la conformidad a las actuaciones urban&iacute;sticas realizadas en virtud de dicho acuerdo salvo tres de ellas, que se anulan por haberse realizado despu&eacute;s de la sentencia del propio Supremo de 28 de septiembre de 2012 referida al caso, que anul&oacute; planes parciales aprobados por el Ayuntamiento y el Consejo de Gobierno en 2008 y 2009.</p> <p>En concreto, las actuaciones que son anuladas son la licencia de obras de nueva planta, de 6 de noviembre de 2012, para la ejecuci&oacute;n de vivienda colectiva libre a Residencial Adhara, para la ejecuci&oacute;n de obras de edificaci&oacute;n en la parcela 168 A del Proyecto de Reparcelaci&oacute;n, en el &aacute;mbito &ldquo;ciudad aeroportuaria Parque de Valdebebas", y otros dos acuerdos referidos al &aacute;mbito &ldquo;La Dehesa&rdquo;.</p> <p>El Supremo anula en su sentencia la disposici&oacute;n transitoria del acuerdo de 1 de agosto de 2013 que pretend&iacute;a dar efectos retroactivos al mismo, pero, al mismo tiempo, establece que los efectos anulatorios deben limitarse exclusivamente a las actuaciones urban&iacute;sticas realizadas tras la mencionada sentencia del alto tribunal de 28 de septiembre de 2012. Las actuaciones afectadas por la anulaci&oacute;n, por tanto, son s&oacute;lo las tres citadas por haber sido llevadas a cabo despu&eacute;s de esa fecha de 28 de septiembre de 2012.</p> <p><em><strong>Se adjunta nota informativa de la Sala.</strong></em></p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=caf49a12cb747510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 20 Sep 2016 16:00:00 +0200 El Supremo confirma la nulidad del ERE en el Parque Madrid Río (Madrid) por "esquirolaje interno" http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=e30df7896bd27510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Pleno de la Sala IV, de lo Social, del Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad del despido colectivo de trabajadores del Parque Madrid R&iacute;o que se gest&oacute; entre diciembre de 2014 y enero de 2015 por parte de la UTE Parques Singulares, adjudicataria del servicio de mantenimiento integral de dicho parque, por vulneraci&oacute;n del derecho fundamental a la huelga, ya que durante la misma convocada en Madrid R&iacute;o, y en el periodo de consultas del ERE, la empresa sustituy&oacute; a los huelguistas por trabajadores de otros centros.</p> <p>El Supremo confirma la sentencia dictada el 29 de junio de 2015 por el TSJ de Madrid, que estim&oacute; las demandas de varios sindicatos contra la UTE Parques Singulares, declar&oacute; la nulidad del ERE y reconoci&oacute; el derecho de los trabajadores afectados a la reincorporaci&oacute;n a su puesto de trabajo.</p> <p>El Supremo, en su sentencia, resalta que &ldquo;consta en hechos probados que la recurrente, durante el desarrollo de la huelga (que se produjo coet&aacute;neamente al desarrollo del proceso de negociaci&oacute;n y consultas), destin&oacute; a trabajadores que pertenec&iacute;an a otros centros de trabajo a algunas zonas cuya limpieza depend&iacute;a del centro de trabajo en el que se desarrollaba la huelga, desencadenando una situaci&oacute;n de esquirolaje interno que convirti&oacute; en abusivo el ejercicio del poder de direcci&oacute;n empresarial puesto que tal conducta debe considerarse lesiva del derecho de huelga, habida cuenta del simult&aacute;neo desarrollo de un proceso negocial cuya finalidad era, por ministerio de la ley, la b&uacute;squeda de soluciones tendentes a reducir o paliar los efectos del despido colectivo&rdquo;.</p> <p>&ldquo;Adem&aacute;s &ndash;a&ntilde;aden los magistrados-- la entidad demandada no ha pretendido introducir en la relaci&oacute;n f&aacute;ctica ni ha razonado en ning&uacute;n momento que el proceder de la empresa tuviese una justificaci&oacute;n objetiva y razonable&rdquo;.</p> <p>&ldquo;Se impone, por tanto, la desestimaci&oacute;n del motivo, lo que exige, como consecuencia necesaria, la confirmaci&oacute;n de la declaraci&oacute;n de nulidad del despido colectivo por vulneraci&oacute;n del derecho fundamental a la huelga&rdquo;, lo que conlleva la no necesidad de examinar el resto de los motivos del recurso de la empresa.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=e30df7896bd27510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 15 Sep 2016 14:20:00 +0200 El TS condena a ocho años y medio de inhabilitación por prevaricación a un exconcejal de Alicante por una adjudicación de los telecentros municipales http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=8687cff4bf227510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal condena a ocho a&ntilde;os y seis meses de inhabilitaci&oacute;n especial para todo empleo p&uacute;blico al exconcejal de Modernizaci&oacute;n de Estructuras Municipales del Ayuntamiento de Alicante, Francisco Tom&aacute;s S&aacute;nchez Luna, del PP, por un delito continuado de prevaricaci&oacute;n y le absuelve de los delitos de falsedad en documento mercantil y cohecho por lo que anula la pena de dos a&ntilde;os y nueve meses de prisi&oacute;n que le impuso la Audiencia Provincial de Alicante. La misma condena se impone al asesor del exconcejal, Santiago Colomo.</p> <p>La sentencia condena a siete meses de prisi&oacute;n y cuatro a&ntilde;os y seis meses de inhabilitaci&oacute;n por falsedad y prevaricaci&oacute;n a Juan Carlos Eslava, pero le absuelve del delito de cohecho como a Juan Antonio Egea.</p> <p>Los hechos probados de la sentencia recurrida se&ntilde;alan que S&aacute;nchez Luna, junto a su asesor Santiago Colomo, encargaron la adjudicaci&oacute;n de la imagen y carteler&iacute;a de la Red de Telecentros municipales &ndash;proyecto para acercar al ciudadano al uso de nuevas tecnolog&iacute;as y a internet- a Informaci&oacute;n y Sistema de Datos S.L., una empresa de la que un hermano suyo era administrador y &eacute;l apoderado. Dos de los acusados &ndash;Juan Antonio Garc&iacute;a Egea y Juan Carlos Eslava- acordaron que otra entidad &ndash;R&oacute;tulos CTM- figurase oficialmente como contratista ante la Concejal&iacute;a para ocultar el nombre de la adjudicataria. Pese a tener constancia de que hab&iacute;a contratado oficialmente con dicha empresa y que se hab&iacute;an pagado ya dos facturas, el entonces concejal orden&oacute; a la Intervenci&oacute;n del Ayuntamiento , faltando conscientemente a la realidad que las tres &uacute;ltimas facturas no fueran abonadas porque R&oacute;tulos CTM no hab&iacute;a sido contratada por el Ayuntamiento.</p> <p><strong>Delito de prevaricaci&oacute;n</strong></p> <p>De acuerdo con esos hechos probados, la sentencia se&ntilde;ala que &ldquo;fluye con naturalidad un delito de prevaricaci&oacute;n: una injustificada orden de paralizaci&oacute;n de unos pagos debidos por razones espurias y particulares ajenas a los intereses p&uacute;blicos&rdquo;.</p> <p>Rechaza que fuese un incumplimiento parcial el que determin&oacute; el rechazo radical y no condicionado de facturas, sino los m&oacute;viles que califica de &ldquo;arbitrarios, tal y como habr&iacute;a de catalogarse tambi&eacute;n en congruencia la decisi&oacute;n administrativa que alumbran&rdquo;.</p> <p><strong>Delito de falsedad</strong></p> <p>La sentencia estima el motivo del recurso en el que el condenado argumenta que se lesion&oacute; su derecho a ser informado de la acusaci&oacute;n cuando el fiscal le acus&oacute; por un delito de falsedad en documento oficial y la Audiencia de Alicante le conden&oacute; por otro de falsedad en documento mercantil.</p> <p>La sentencia indica que &ldquo;no es dable que aprovechando que se est&aacute; acusando por falsedad realizada por funcionario o autoridad en un documento oficial, se condene por otra falsedad diferenciable realizada por particular y en documento mercantil de la que no se acus&oacute; espec&iacute;ficamente aunque aparezca en la calificaci&oacute;n o, al menos, de la que no hab&iacute;a razones para deducir que se acusaba de ella.</p> <p>Tras citar la doctrina del Tribunal Constitucional que proh&iacute;be condenar a nadie por cosa distinta de la que se le ha acusado, afirma que ese derecho impone que no puedan introducirse sorpresivamente valoraciones jur&iacute;dicas nuevas que la defensa no haya tenido ocasi&oacute;n de rebatir.</p> <p>Por ese motivo, considera que no hay base probatoria para concluir que la confecci&oacute;n de esas facturas se hizo con la colaboraci&oacute;n o acuerdo relevante del exconcejal, ni la sentencia recurrida describe en el factum una contribuci&oacute;n penalmente trascendente o una coautor&iacute;a, derivable de una decisi&oacute;n compartida previa sobre ello.</p> <p>Para el Tribunal Supremo, &ldquo;la indudable responsabilidad del concejal en el impago de las facturas y en la contrataci&oacute;n inicial no necesariamente permite deducir que la maniobra de la facturaci&oacute;n falsa se hiciese con su colaboraci&oacute;n, acuerdo o connivencia. El mero conocimiento, que es lo &uacute;nico que sienta, y de forma indirecta y no asertiva, el factum, dif&iacute;cilmente puede rellenar una coautor&iacute;a&rdquo;.</p> <p><strong>Delito de cohecho</strong></p> <p>La sentencia tambi&eacute;n absuelve a los condenados por este delito de cohecho con el argumento de que no hay &ldquo;prueba suficiente y concluyente de la percepci&oacute;n de una d&aacute;diva a cambio del acto injusto realizado&rdquo; y, por tanto, se vulnera el derecho a la presunci&oacute;n de inocencia.</p> <p>A&ntilde;ade que para los 2.500 euros de descuadre entre lo presupuestado y el total cobrado existen muchas otras explicaciones (un sobrevenido incremento del coste), al menos tan plausibles como la que asume la Audiencia Provincial de Alicante que deduce que esa cantidad es la correspondiente d&aacute;diva.</p> <p>En este sentido, la Sala Segunda entiende que es arm&oacute;nica con toda la prueba y con todos los hechos la hip&oacute;tesis de que la adjudicaci&oacute;n irregular obedeciese no a una promesa de comisi&oacute;n, sino a los v&iacute;nculos parentales entre el concejal y quien ten&iacute;a intereses en la entidad adjudicataria; o a los propios intereses del Concejal en esa empresa. &ldquo;La espec&iacute;fica gratificaci&oacute;n monetaria no es la &uacute;nica explicaci&oacute;n de esa decisi&oacute;n. Ni siquiera se antoja la explicaci&oacute;n m&aacute;s plausible, frente a la gen&eacute;rica de querer favorecer a una empresa a la que tuvo inter&eacute;s y en la que permanece su hermano&rdquo;, subraya la sentencia.</p> <p>Por esa raz&oacute;n, se&ntilde;ala que, al ser tan probable como lo contrario que esos 2.500 euros no fuesen un sobreprecio sino pago efectivo por trabajos, &ldquo;hay que concluir que la condena por delito de cohecho no se asienta sobre una prueba concluyente y por tanto vulnera el derecho a la presunci&oacute;n de inocencia&rdquo;.</p> <p>La sentencia explica que el dinero sale de la Administraci&oacute;n P&uacute;blica como pago de unos trabajos, pero no hay constancia alguna de que esos 2.500 euros se destinaran a retribuir a los funcionarios, habi&eacute;ndose aportado prueba documental que sugiere s&oacute;lidamente que fueron particulares los beneficiarios.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=8687cff4bf227510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 13 Sep 2016 14:25:00 +0200 El Supremo confirma la pena de dos años de cárcel a cinco exdirectivos de Novacaixagalicia por concederse prejubilaciones millonarias http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=7f94cff4bf227510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala II confirma la pena de dos a&ntilde;os de c&aacute;rcel para cinco exdirectivos de Novacaixagalicia por las indemnizaciones por prejubilaci&oacute;n y otros conceptos (por importe de 22 millones de euros) que se concedieron a s&iacute; mismos mediante la modificaci&oacute;n de sus contratos de alta direcci&oacute;n en el a&ntilde;o 2010, cuando estaba iniciado el proceso de fusi&oacute;n bancaria que dio lugar a dicha entidad y se hab&iacute;an reclamado 1.162 millones de euros al FROB para superar la situaci&oacute;n de inviabilidad de las dos cajas que iban a fusionarse (Caixa Nova y Caixa Galicia).</p> <p>Los condenados son Jos&eacute; Luis Pego Alonso, Gregorio Gorriar&aacute;n Laza y &Oacute;scar Rodr&iacute;guez Estrada (los tres para los que se prepararon las prejubilaciones millonarios, ante la previsi&oacute;n de que la entidad iba a prescindir de sus servicios de forma inminente) y Julio Fern&aacute;ndez Gayoso (expresidente de Caixa Nova) y el asesor jur&iacute;dico Ricardo Pradas Montilla, condenados a la misma pena como cooperadores necesarios del delito.</p> <p>El alto tribunal rechaza el argumento de las defensas de que la reforma del C&oacute;digo Penal introducida en la Ley Org&aacute;nica 1/2015, de 30 de marzo, imped&iacute;a su condena por apropiaci&oacute;n indebida. Contesta que sus conductas no han quedado despenalizadas, ya que no pueden interpretarse como el resultado de actos de deslealtad con el patrimonio administrado o fruto de decisiones equivocadas en el &aacute;mbito de la administraci&oacute;n que les incumb&iacute;a, sino que hicieron suyas las cantidades millonarias "a trav&eacute;s de un mecanismo expropiatorio que va mucho m&aacute;s all&aacute; de la adopci&oacute;n de actos err&oacute;neos en el ejercicio de su facultades de administraci&oacute;n". Es decir, ejecutaron "inequ&iacute;vocos actos apropiatorios con fines de lucro personal" y no "meros excesos o abusos" en el marco de sus competencias.</p> <p>Sobre la pena de dos a&ntilde;os de prisi&oacute;n impuesta, el Supremo la tacha de "desproporcionada" pero no por su exceso al alza como alegan las defensas, "sino claramente por su exig&uuml;idad desde la perspectiva de la gravedad de las conductas", aunque el alto tribunal destaca que no puede establecer nuevas penas que incrementen las establecidas por la Audiencia Nacional en la instancia, al no haber sido cuestionada al alza la sentencia en ese extremo, aparte de los l&iacute;mites que impone el principio acusatorio.</p> <p>La "llamativa lenidad" de las penas, para el Supremo, se deriva de que la suma de dinero apropiada super&oacute; de forma extraordinaria los 50.000 euros que el C&oacute;digo Penal fija como subtipo agravado del delito, ya que Pego mejor&oacute; su contrato en 7 millones de euros, Gorriar&aacute;n en 4 millones, y Rodr&iacute;guez Estrada en 225.400 euros. A ello hay que sumar que los dos primeros intervinieron en la administraci&oacute;n de Caixa Nova, que hab&iacute;a quedado en serias dificultades de viabilidad y pr&aacute;ctica insolvencia, de modo que para hacer viable la fusi&oacute;n bancaria en la que se incluy&oacute; el FROB tuvo que aportar m&aacute;s de 9.000 millones de euros del erario p&uacute;blico.</p> <p><strong>Anulaci&oacute;n y nuevo c&aacute;lculo de la responsabilidad civil</strong></p> <p>El Supremo s&iacute; estima el recurso de los acusados (apoyados en este punto por la Fiscal&iacute;a) en relaci&oacute;n a la cuant&iacute;a de las indemnizaciones por responsabilidad civil establecidas en la sentencia de la Audiencia Nacional, debido al "llamativo error" cometido por dicho tribunal al calcularlas. Se&ntilde;ala el alto tribunal que la Audiencia sum&oacute; las cuant&iacute;as indemnizaciones que hab&iacute;an sido solicitadas por la Fiscal&iacute;a (y el resto de las acusaciones) como propuestas alternativas. As&iacute;, el fiscal ped&iacute;a una determinada responsabilidad civil si la condena era por delito de estafa y otra distinta si era por apropiaci&oacute;n indebida, pero la Audiencia estableci&oacute; como responsabilidad civil la suma de ambas cantidades.</p> <p>Ahora, el Supremo ordena a la Secci&oacute;n Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional -autora de la sentencia de instancia- que fije de nuevo el quantum de la indemnizaci&oacute;n solicitada por el fiscal y las acusaciones conforme a la calificaci&oacute;n jur&iacute;dica de los hechos declarados probados, sin incluir en un mismo pronunciamiento lo que en la instancia fue interesado con car&aacute;cter alternativo. Asimismo, debe excluir las cantidades de los contratos por el concepto plus de convenio (las de menor cuant&iacute;a), y explicar los motivos por los que declar&oacute; la nulidad de las p&oacute;lizas individuales de aseguramiento. Tambi&eacute;n debe definir, con la obligaci&oacute;n motivaci&oacute;n, el destinatario de la indemnizaci&oacute;n, que en la sentencia de instancia estableci&oacute; que fuese el FROB, pese a que la Fiscal&iacute;a pidi&oacute; que fuese NCG banco o su sucesor.</p> <p>En cuanto a la alegaci&oacute;n de vulneraci&oacute;n de la presunci&oacute;n de inocencia formulada por las defensas, el Supremo se&ntilde;ala que la sentencia de la Audiencia Nacional puede ser tildada de "asistem&aacute;tica" o con "desorden expositivo" y "censurable metodolog&iacute;a" (al hacer de la transcripci&oacute;n literal de documentos, actas e informes su principal t&eacute;cnica), pero pese a ello, "bajo ese desconcertante modo de aproximaci&oacute;n valorativa a las principales fuentes de prueba", la sentencia de instancia "ofrece pasajes que, con mayor o menor acierto sint&aacute;ctico, permite concluir que ha existido una valoraci&oacute;n de la prueba de cargo y de descargo que no desborda los l&iacute;mites del canon de racionalidad exigido por nuestro sistema constitucional".</p> <p>Respecto a la incidencia en la tipicidad de los hechos de la normativa europea de diciembre de 2010 que impuso l&iacute;mites a las retribuciones derivadas de contratos de alta direcci&oacute;n, el Supremo indica: "El car&aacute;cter delictivo de la utilizaci&oacute;n de las retribuciones como instrumento formal para la ejecuci&oacute;n de actos de deslealtad que se traducen en decisiones lucrativas de car&aacute;cter expropiatorio, no necesitaba entonces, ni necesita ahora, de la vigencia de normas comunitarias o internas de cobertura".</p> <p>"Ni la Directiva 2010/76/UE ni las normas que la han traspuesto pueden ser interpretadas, al amparo del principio constitucional de irretroactividad (art&iacute;culo 9.3 de la Constituci&oacute;n), como una ley de punto final llamada a la convalidaci&oacute;n de pr&aacute;cticas delictivas anteriores cuyo encaje en el hist&oacute;rico art&iacute;culo 252 o en el actual 253 del C&oacute;digo Penal resulta incuestionable", indican los magistrados.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=7f94cff4bf227510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 13 Sep 2016 13:50:00 +0200 El Tribunal Supremo investigará a la senadora Rita Barberá por blanqueo de capitales http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=e69ccff4bf227510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha acordado hoy abrir una causa a la exalcaldesa de Valencia y senadora del Partido Popular Rita Barber&aacute; por un presunto delito de blanqueo de capitales. Adem&aacute;s, ha designado instructor, conforme al turno establecido, al magistrado de la Sala C&aacute;ndido Conde-Pumpido Tour&oacute;n.</p> <p>La investigaci&oacute;n deriva de la exposici&oacute;n razonada elevada al Supremo el pasado mes de abril por el Juzgado de Instrucci&oacute;n n&uacute;mero 18 de Valencia, describiendo indicios contra la aforada Rita Barber&aacute; en un presunto blanqueo de capitales en el Grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia cuando ella era alcaldesa. La Fiscal&iacute;a apoy&oacute;, en informe del pasado 27 de julio, la apertura de la investigaci&oacute;n y la designaci&oacute;n de instructor.</p> <p>En un auto del que ha sido ponente el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, el Supremo destaca que, sin perjuicio de lo que pudiera resultar de la investigaci&oacute;n, los hechos descritos por el Juzgado de Instrucci&oacute;n n&uacute;mero 18 de Valencia en la exposici&oacute;n razonada pudieran ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales previsto y penado en los art&iacute;culos 301 y siguientes del C&oacute;digo Penal. &ldquo;Resulta, pues, imprescindible continuar la investigaci&oacute;n sobre los mismos y sobre la participaci&oacute;n en ellos de la persona aforada do&ntilde;a Mar&iacute;a Rita Barber&aacute; Nolla&rdquo;, se&ntilde;ala la resoluci&oacute;n.</p> <p>Seg&uacute;n la exposici&oacute;n razonada, en el curso de una investigaci&oacute;n sobre determinadas irregularidades en la contrataci&oacute;n p&uacute;blica en el &aacute;mbito de la Concejal&iacute;a de Cultura del Ayuntamiento de Valencia y de la Diputaci&oacute;n Provincial, as&iacute; como en el de la empresa p&uacute;blica Imelsa y la dependiente de la Generalitat valenciana CIEGSA, se tuvo conocimiento de una conversaci&oacute;n telef&oacute;nica &ndash;cuya escucha se hizo con autorizaci&oacute;n judicial&mdash;seg&uacute;n la cual se habr&iacute;a realizado un donativo mediante transferencia bancaria a una cuenta del Grupo Popular del Ayuntamiento, a cambio del que se habr&iacute;an recibido, en efectivo, dos billetes de 500 euros.</p> <p>En la conversaci&oacute;n se hace referencia a la secretaria del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento como la persona que habr&iacute;a entregado los billetes, y se citaba a Rita Barber&aacute; pero sin hacer respecto a ella ninguna imputaci&oacute;n concreta. Realizadas las investigaciones pertinentes, siempre seg&uacute;n la exposici&oacute;n razonada, se pudo comprobar que en una cuenta del Banco Sabadell a nombre del Grupo Municipal del PP en Valencia se habr&iacute;an realizado determinadas aportaciones, por importe de 1.000 euros, por parte de 50 personas vinculadas al grupo y al partido, entre el 23 de marzo y el 16 de abril de 2015, entre ellas Barber&aacute;.</p> <p>Se comprob&oacute; igualmente que en las cuentas bancarias origen de alguna de esas transferencias se hab&iacute;an recibido, en la misma fecha o en fechas inmediatas, el ingreso de cantidades en met&aacute;lico o mediante traspaso de otras cuentas, por diez de las personas investigadas. Lo que investiga el juez es si, bajo la cobertura de esas aportaciones de 1.000 euros que todos los investigados reconocen haber efectuado, se oculta el afloramiento de un dinero en efectivo en poder de alg&uacute;n responsable o responsables del Grupo Popular, se&ntilde;aladamente la secretaria del Grupo Mar&iacute;a del Carmen Garc&iacute;a-Fuster, que era la persona que operaba de facto con las cuentas bancarias. Tambi&eacute;n se investiga el origen del dinero supuestamente blanqueado.</p> <p>El auto del Supremo destaca que, en la exposici&oacute;n razonada del juez de Valencia, se se&ntilde;ala lo siguiente sobre la implicaci&oacute;n de Barber&aacute;:</p> <p>- &ldquo;Rita Barber&aacute; fue una m&aacute;s de las personas que reconocidamente efectuaron la aportaci&oacute;n de 1.000 euros. Resultar&iacute;a incoherente la llamada al resto de los aportantes en estas actuaciones como investigados y no llevar a cabo la presente exposici&oacute;n respecto de la senadora aforada&rdquo;.</p> <p>- &ldquo;Rita Barber&aacute; ostentaba una efectiva posici&oacute;n como superiora jer&aacute;rquica de la principal investigada, Mar&iacute;a del Carmen Garc&iacute;a Fuster, tanto por ser alcaldesa de Valencia en la fecha de los hechos investigados, como por ser la m&aacute;xima responsable del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia, existiendo, adem&aacute;s, una relaci&oacute;n personal de estrecha confianza entre la aforada y la principal investigada, que desempe&ntilde;aba las mismas funciones y atribuciones dentro del Grupo desde el a&ntilde;o 1991 en que fue designada aqu&eacute;lla&rdquo;.</p> <p>- &ldquo;A juicio de este instructor, las alegaciones efectuadas por la aforada no introducen en su relato hechos que, en relaci&oacute;n y contraste con el resultado de lo instruido, permitan atribuir a los mismos una relevancia excluyente de su posible implicaci&oacute;n, a los efectos de elevar al Tribunal Supremo esta exposici&oacute;n&rdquo;.</p> <p>- &ldquo;Debe significarse sin embargo que, en sus declaraciones, ni las investigadas que han reconocido la recepci&oacute;n del dinero tras efectuar la aportaci&oacute;n, ni los cuatro testigos que se negaron a efectuarla, testimonian una participaci&oacute;n concreta, personal, de la aforada Rita Barber&aacute; en la entrega del dinero, ni en la propuesta o indicaci&oacute;n para que dicha entrega se llevara a cabo o se aceptara&rdquo;.</p> <p>Por otro lado, la Sala Segunda ha determinado que el procedimiento sobre el resto de personas investigadas en este caso prosiga en el Juzgado de Valencia como &oacute;rgano competente, sin perjuicio de que su titular remita al Supremo cuantos datos resulten de las diligencias que se practiquen y que tengan relaci&oacute;n con los hechos atribuidos provisionalmente a la persona aforada.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=e69ccff4bf227510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 13 Sep 2016 12:30:00 +0200 Condenado a dos años y diez meses de cárcel un cabo por acoso sexual continuado a un subordinado http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=01473cc5f3d17510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala V, de lo Militar, del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de dos a&ntilde;os y diez meses de c&aacute;rcel impuesta a un cabo Primero del Ej&eacute;rcito por acosar sexualmente durante siete a&ntilde;os a un cabo subordinado suyo. El Supremo confirma que fue autor de un delito continuado de abuso de autoridad en su modalidad de trato degradante, por el que adem&aacute;s deber&aacute; abonar 3.000 euros a la v&iacute;ctima en concepto de responsabilidad civil.</p> <p>Seg&uacute;n los hechos probados de la sentencia del Tribunal Militar Territorial Segundo, que el Supremo ratifica, entre septiembre de 2007 y enero de 2014, el cabo &ldquo;soport&oacute; y no consinti&oacute;&rdquo; una serie de conductas por parte del cabo primero &ldquo;consistentes en proposiciones, expresiones, tocamientos e insinuaciones de &iacute;ndole sexual&rdquo;. Ambos estaban destinados en el destacamento &ldquo;El Vacar&rdquo; (C&oacute;rdoba) y durante 1 a&ntilde;o y medio del periodo citado el cabo primero fue jefe inmediato del cabo.</p> <p>El relato de hechos se&ntilde;ala que el cabo primero toc&oacute; el culo en varias ocasiones a la v&iacute;ctima, le preguntaba sobre cu&aacute;ndo iba a salir del armario y le pidi&oacute; repetidas veces que le dejase hacerle una felaci&oacute;n. Tras denunciar la situaci&oacute;n que estaba viviendo a un suboficial, el cabo estuvo dos meses y medio de baja por una crisis de ansiedad.</p> <p>El Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente la magistrada Clara Mart&iacute;nez de Careaga, desestima el recurso del cabo Primero, que alegaba vulneraci&oacute;n de su presunci&oacute;n de inocencia por falta de pruebas directas. El alto tribunal destaca que la condena se apoya en el testimonio de la v&iacute;ctima, la declaraci&oacute;n del propio acusado, y las declaraciones de &ldquo;nada menos&rdquo; que 17 testigos y la pericial de dos peritos. Adem&aacute;s, entre los testigos no s&oacute;lo hay quienes tuvieron conocimiento de los hechos a trav&eacute;s del denunciante, sino testigos directos de las provocaciones e insinuaciones del acusado e incluso quienes soportaron tambi&eacute;n el insistente acoso sexual del recurrente.</p> <p>En cuanto a la alegaci&oacute;n de que su conducta no hab&iacute;a sido dolosa, el Supremo contesta que los hechos probados &ldquo;describen de modo inequ&iacute;voco un acoso sexual prolongado durante aproximadamente siete a&ntilde;os en los que el recurrente, unas veces de manera expl&iacute;cita y otras de modo m&aacute;s velado, estuvo solicitando los favores sexuales del cabo, insistiendo machaconamente en ello a pesar de las reiteradas negativas de la v&iacute;ctima, conducta incompatible con una pretendida ausencia de dolo, pues, como se&ntilde;ala el Tribunal de instancia (&hellip;) estaba dirigida &lsquo;a la mera b&uacute;squeda de satisfacci&oacute;n sexual en un inferior prevali&eacute;ndose de su empleo jer&aacute;rquicamente superior que ha causado humillaci&oacute;n, miedo y menoscabo de su dignidad como persona y como militar&rsquo;&rdquo;.</p> <p>Por ello, destaca que los hechos fueron correctamente subsumidos por el Tribunal de instancia en el tipo de abuso de autoridad, en su modalidad de trato degradante, del art&iacute;culo 106 del C&oacute;digo Penal Militar, &ldquo;pues alcanzan la gravedad objetiva y subjetiva que est&aacute; en la base del citado tipo, con virtualidad bastante para producir, como en efecto produjeron, las consecuencias humillantes y vejatorias que se relatan en la Sentencia de instancia&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=01473cc5f3d17510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 12 Sep 2016 13:30:00 +0200 El Tribunal Supremo abre causa a la exalcaldesa de Santoña (Cantabria) y diputada Puerto Gallego http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=e4c7b5474ec17510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala II del Tribunal Supremo ha acordado abrir causa contra la exalcaldesa de Santo&ntilde;a (Cantabria) y actual diputada del PSOE Mar&iacute;a del Puerto Gallego Arriola por un presunto delito continuado de prevaricaci&oacute;n administrativa. El tribunal nombra instructor al magistrado de la Sala Pablo Llarena Conde, mientras que se acuerda que la causa contin&uacute;e ante el &oacute;rgano competente respecto de los hechos imputados a personas no aforadas.</p> <p>La exposici&oacute;n razonada que da lugar a la apertura de la causa la envi&oacute; al Supremo el Juzgado de Instrucci&oacute;n n&uacute;mero 2 de Santo&ntilde;a. Relataba c&oacute;mo en el citado Ayuntamiento, entre 2003 y 2009, periodo en que ostent&oacute; la alcald&iacute;a Puerto Gallego, &ldquo;habr&iacute;a sido habitual la adjudicaci&oacute;n a determinadas empresas de ciertos servicios prescindiendo de concurso previo cuando se superaba la cuant&iacute;a para la contrataci&oacute;n menor y la no utilizaci&oacute;n del procedimiento abierto, firmando las facturas que se somet&iacute;an a su pago&rdquo;.</p> <p>La mencionada exposici&oacute;n razonada describe que &ldquo;el Ayuntamiento, esto es la junta de gobierno, de la que formar&iacute;a parte la persona aforada, no habr&iacute;a seguido los procedimientos previstos por la normativa administrativa correspondiente en materia contractual&rdquo;. El juez ha constatado la existencia de un fraccionamiento del objeto de los contratos con el fin de eludir el recurso a los procedimientos legalmente establecidos.</p> <p>La exposici&oacute;n apoya estas consideraciones en las pruebas periciales practicadas y en los reparos emitidos en su momento por la intervenci&oacute;n municipal en los que se pon&iacute;an de manifiesto las irregularidades para poder acudir a la adjudicaci&oacute;n directa.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=e4c7b5474ec17510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 09 Sep 2016 16:00:00 +0200 El Supremo anula la absolución de tres responsables de una asociación de cannabis de Barcelona con 2.300 socios http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=4795f33df3907510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Tribunal Supremo ha anulado la absoluci&oacute;n de los tres responsables de una asociaci&oacute;n de distribuci&oacute;n de cannabis de Barcelona con 2.300 socios al estimar que su conducta encaja en un delito contra la salud p&uacute;blica por promocionar el consumo de drogas, y no ser uno de los supuestos de consumo compartido que no es punible penalmente.</p> <p>Sin embargo, la Sala II no dicta sentencia condenatoria al respecto sino que ordena a la Audiencia Provincial de Barcelona, autora de la sentencia absolutoria, que dicte nueva sentencia en la que resuelva, con libertad de criterio, las alegaciones de las defensa de los acusados sobre la concurrencia de un error de prohibici&oacute;n invencible (no ser conscientes de que comet&iacute;an un delito) o vencible, en su actuaci&oacute;n, que podr&iacute;an operar como eximente o atenuante. En su primera sentencia, la Audiencia de Barcelona no resolvi&oacute; sobre estas alegaciones subsidiarias de las defensas, al haber estimado la alegaci&oacute;n principal, que era que los hechos de los que eran acusados como presidente, secretario y tesorero de la asociaci&oacute;n no eran delito.</p> <p>El Supremo aplica al caso la doctrina fijada por el Pleno de la Sala II el 7 de septiembre de 2015, que ya se ha aplicado desde entonces en otras dos ocasiones a tres asociaciones similares.</p> <p>En el caso resuelto ahora, referido a la &ldquo;Asociaci&oacute;n Cultural L&iacute;nea Verde BCN&rdquo;, de Barcelona, existen diferencias con las entidades afectadas por las otras sentencias, pero para el Supremo son irrelevantes. En concreto, en esta ocasi&oacute;n se desconoce la forma en que se provee el colectivo del cannabis, es decir no consta que fuese un cultivo promovido por ellos; se establece oficialmente el compromiso, aunque no taxativo, de consumir en el local de la asociaci&oacute;n; y la misma tiene una oficiosidad administrativa ya que no hab&iacute;a sido a&uacute;n inscrita aunque contaba con licencia municipal amparada en una normativa de ese nivel local. Asimismo, su n&uacute;mero de socios, que supera los dos millares, es mucho m&aacute;s abultado que en los otros casos</p> <p>&ldquo;El n&uacute;mero de socios es tan alto que por m&aacute;s que se intente minimizar la cifra esgrimiendo bajas no reflejadas (lo que no deja de ser signo tambi&eacute;n de cierto descontrol) no permite buscar abrigo en la doctrina del consumo compartido.Es imposible establecer unos lazos de m&iacute;nimo conocimiento de esos dos millares de personas; como no es tampoco imaginable un elemental rigor en la comprobaci&oacute;n de que las personas que se inscrib&iacute;an como socios eran ya consumidores. Acreditar la identidad y la edad ser&iacute;a suficiente. No es nada dificultoso conseguir un avalista o atribuirse la condici&oacute;n de consumidor&rdquo;, dice la sentencia.</p> <p>&ldquo;Hay un salto cualitativo y no meramente cuantitativo, entre el consumo compartido entre amigos o conocidos -uno se encarga de conseguir la droga con la aportaci&oacute;n de todos para consumirla de manera inmediata juntos, sin ostentaci&oacute;n ni publicidad-; y la organizaci&oacute;n met&oacute;dica de una estructura institucionalizada, con vocaci&oacute;n de permanencia y abierta a la integraci&oacute;n casi indiscriminada, sucesiva y escalonada de un n&uacute;mero no limitado de personas hasta superar los dos mil (&hellip;) Aquello es asimilable al consumo personal. Esta segunda f&oacute;rmula, en absoluto. Se aproxima m&aacute;s a una cooperativa que a una reuni&oacute;n de amigos que comparte una afici&oacute;n perjudicial para la salud, pero tolerada&rdquo;, a&ntilde;ade la Sala.</p> <p>Para el tribunal, tampoco a&ntilde;ade nada significativo al caso que, formalmente, se asumiese la obligaci&oacute;n de consumir la droga dentro del local de la asociaci&oacute;n. &ldquo;La antijuricidad o no de la conducta no puede bascular sobre ese dato. Quedar&iacute;a la salud p&uacute;blica supeditada a un requisito formal: ser&iacute;a delito si se consiente, aunque sea espor&aacute;dicamente, consumir la sustancia fuera del local; y no lo ser&iacute;a si se consume en el local. &iquest;Qu&eacute; diferencia desde la perspectiva del bien jur&iacute;dico hay entre ambos supuestos para que solo el primero sea merecedor de una pena privativa de libertad?&rdquo;</p> <p><strong>Voto particular: el consumo dentro del local hace at&iacute;pica la conducta</strong></p> <p>La sentencia incluye un voto particular discrepante de la magistrada Ana Ferrer en el que defiende que al tratarse de un consumo en los locales de la asociaci&oacute;n, por parte de los distintos socios, quienes sufragan con sus aportaciones la sustancia a la que acceden, no se aprecia riesgo de que pudiese verse afectada la salud de terceros ajenos, ni en consecuencia lesionado el bien jur&iacute;dico que protege el art&iacute;culo 368 del C&oacute;digo Penal.</p> <p>Por estas razones, concluye en su voto que se trata de un supuesto de &ldquo;autoconsumo conjunto at&iacute;pico&rdquo;, aunque admite que el n&uacute;mero de socios supera con creces el n&uacute;cleo reducido de consumidores que viene fij&aacute;ndose para aplicar la doctrina sobre el consumo compartido, tambi&eacute;n valora que todos ellos, como miembros de la asociaci&oacute;n, contribu&iacute;an a sufragar la sustancia destinada al autoconsumo, sin prop&oacute;sito de que se pudiera extender al de terceras personas.</p> <p>La magistrada se&ntilde;ala que casos como &eacute;ste desbordan los contornos de la construcci&oacute;n jurisprudencial sobre el consumo compartido, que considera at&iacute;picos supuestos de consumo plural en que un n&uacute;mero reducido y determinado de personas se agrupan para la adquisici&oacute;n y ulterior e inmediato consumo conjunto en un lugar cerrado de la sustancia estupefaciente sufragada entre todos.</p> <p>Sin embargo, afirma que ello no es &oacute;bice para, como alternativa, tratar de fijar criterios que faciliten la adaptaci&oacute;n a la misma ante la relevancia social de la cuesti&oacute;n, que pretende trazar v&iacute;as hacia un consumo controlado y responsable de cannabis en sus distintas variedades, entre socios mayores de edad y en pleno uso de sus facultades de autodeterminaci&oacute;n y gobierno, aptos, en consecuencia, para decidir sobre su propia salud.</p> <p>A los efectos de lo establecido en la Ley Org&aacute;nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci&oacute;n de datos de Car&aacute;cter Personal, esta Oficina de Comunicaci&oacute;n no autoriza la difusi&oacute;n de datos personales contenidos en la resoluci&oacute;n ni su inclusi&oacute;n en ficheros o bases de datos. Por tanto, la comunicaci&oacute;n de datos personales ser&aacute; responsabilidad de los medios de comunicaci&oacute;n.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=4795f33df3907510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 08 Sep 2016 16:30:00 +0200 El Tribunal Supremo rechaza que constituir una empresa impida a los autónomos cobrar la prestación por desempleo en un pago único http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=a7b1f33df3907510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La sentencia de la Sala Social del Tribunal Supremo se&ntilde;ala que constituir una sociedad de responsabilidad limitada &ldquo;no es incompatible con la cualidad de trabajador aut&oacute;nomo cuando la posici&oacute;n jur&iacute;dica del socio determina su obligada afiliaci&oacute;n al RETA, como es el caso, no se cuestiona el efectivo desempe&ntilde;o de la actividad por cuenta propia en los t&eacute;rminos legales y ni siquiera se alega &ndash;ni existe- el m&aacute;s m&iacute;nimo indicio de fraude con tal constituci&oacute;n&rdquo;.</p> <p>El problema que ha resuelto la Sala es el de un desempleado que capitaliz&oacute; el paro en un solo pago despu&eacute;s de fundar una mercantil de este tipo, suscribiendo &eacute;l mismo el 100 % del capital, nombr&aacute;ndose administrador y d&aacute;ndose de alta en el R&eacute;gimen Especial de Trabajadores Aut&oacute;nomos (RETA) diez d&iacute;as despu&eacute;s de elevar a escritura p&uacute;blica su sociedad.</p> <p>Un a&ntilde;o despu&eacute;s, el Servicio P&uacute;blico de Empleo Estatal &ndash;SPEE- le reclam&oacute; 19.567,80 euros por el cobro indebido de la prestaci&oacute;n al haber constituido la empresa cuando en la solicitud constaba que la actividad era la de trabajador aut&oacute;nomo.</p> <p>El juzgado rechaz&oacute; la demanda del recurrente solicitando la anulaci&oacute;n de la citada resoluci&oacute;n y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sentenci&oacute; que no hubo cobro indebido al estar dado de alta como aut&oacute;nomo por lo que revoc&oacute; la decisi&oacute;n del Servicio P&uacute;blico de Empleo Estatal.</p> <p>De acuerdo con este &uacute;ltimo fallo, la Sala de lo Social desestima el recurso de casaci&oacute;n del abogado del Estado en el que argumentaba que el pago &uacute;nico de la prestaci&oacute;n s&oacute;lo es posible cuando el beneficiario se constituya como trabajador aut&oacute;nomo o como socio trabajador en cooperativas o sociedades laborales.</p> <p>La sentencia explica que aunque la Ley 45/2002 s&oacute;lo se refiere como sociedades a las cooperativas y la sociedades laborales no excluye de manera expresa ninguna otra, y a&ntilde;ade que &ldquo;cuando concurren las circunstancias f&aacute;cticas y jur&iacute;dicas que conducen obligatoriamente al encuadramiento y alta en el RETA de determinadas personas f&iacute;sicas, &eacute;stas, individualmente consideradas, siempre que la sociedad de capital lleve realmente a cabo la actividad que constituya su objeto, re&uacute;nen la cualidad de trabajadores aut&oacute;nomos, tambi&eacute;n a los efectos de la prestaci&oacute;n aqu&iacute; debatida&rdquo;.</p> <p>La sentencia, con ponencia del magistrado Jos&eacute; Luis Gilolmo L&oacute;pez, recuerda que desde la perspectiva finalista del est&iacute;mulo del autoempleo esta es la soluci&oacute;n adoptada en otras situaciones similares por la Sala de lo Social. En este sentido a&ntilde;ade que aunque el RD 1300/2009, de 31 de julio, de medidas urgentes de empleo destinadas a los trabajadores aut&oacute;nomos y a las cooperativas y sociedades laborales no se refiera a las sociedades de capital como formas de autoempleo, &ldquo;cuando, en determinadas circunstancias, alguno de sus socios puede ostentar la cualidad material de trabajadores por cuenta propia, resulta perfectamente congruente su equiparaci&oacute;n con aqu&eacute;llos, tambi&eacute;n a los efectos que aqu&iacute; importan, porque sin duda contribuye a lograr la misma finalidad: el autoempleo&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=a7b1f33df3907510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 08 Sep 2016 14:00:00 +0200 El TS avala que el inmueble incautado en A Coruña en el franquismo corresponde a la CNT y no a la Federación Local Obrera http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=05d9f33df3907510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Contencioso-administrativo ha avalado la decisi&oacute;n del Gobierno, de mayo de 2008, que consider&oacute; que el derecho de reintegraci&oacute;n y compensaci&oacute;n por la incautaci&oacute;n durante el franquismo del inmueble sindical situado en la calle Emilia Pardo Baz&aacute;n, 27 de A Coru&ntilde;a, correspond&iacute;a a la CNT (Confederaci&oacute;n Nacional del Trabajo) y no a la Federaci&oacute;n Local Obrera de Sindicatos de A Coru&ntilde;a, desestimando el recurso de dicha Federaci&oacute;n.</p> <p>La sentencia del Supremo, de la que ha sido ponente el magistrado Jes&uacute;s Cudero de Blas, analiza la regulaci&oacute;n de la reintegraci&oacute;n y compensaci&oacute;n de bienes incautados a las organizaciones sindicales por virtud de la Ley de Responsabilidades Pol&iacute;ticas de 1939, en aplicaci&oacute;n de lo establecido en la disposici&oacute;n adicional cuarta de la Ley 4/1986, de 8 de enero, de cesi&oacute;n de bienes del patrimonio sindical acumulado.</p> <p>La Sala III dictamina que la interpretaci&oacute;n del Consejo de Ministros de esa disposici&oacute;n adicional en este caso ha de reputarse ajustada a Derecho en cuanto defiende que la compensaci&oacute;n o el reintegro solo pueden reconocerse a las organizaciones sindicales, no a los entes asociados, vinculados o federados a las mismas.</p> <p>A la vista de los documentos que constan en autos, de los Estatutos de la recurrente y del resto de la prueba practicada, no puede afirmarse que la Federaci&oacute;n Local Obrera de Sindicatos de A Coru&ntilde;a de la CNT haya acreditado que sea una organizaci&oacute;n sindical aut&oacute;noma, independiente y no vinculada a la Confederaci&oacute;n Nacional del Trabajo, lo que determina la legalidad de la decisi&oacute;n de reconocer a esta &uacute;ltima organizaci&oacute;n el derecho al reintegro y compensaci&oacute;n de los bienes y derechos incautados.</p> <p>El acuerdo del Consejo de Ministros recurrido, de fecha 30 de mayo de 2008, desestim&oacute; el recurso de reposici&oacute;n interpuesto frente al acuerdo anterior del mismo &oacute;rgano, de fecha 21 de diciembre de 2007, que resolvi&oacute; determinadas solicitudes de reintegraci&oacute;n y compensaci&oacute;n de bienes y derechos en el particular relativo al inmueble situado en la calle Emilia Pardo Baz&aacute;n, 27 de A Coru&ntilde;a y de la imprenta sindical incluida en la relaci&oacute;n de maquinaria y mobiliario del Anexo II; que las citadas resoluciones entendieron que correspond&iacute;an a la Confederaci&oacute;n Nacional del Trabajo (CNT).</p> <p>La raz&oacute;n de ser de la denegaci&oacute;n fue que la devoluci&oacute;n y compensaci&oacute;n que la hoy demandante reclamaba (de un inmueble de la calle Emilia Pardo Baz&aacute;n de A Coru&ntilde;a y de los bienes muebles de una imprenta) no puede reconocerse a una persona jur&iacute;dica que est&aacute; &ldquo;vinculada&rdquo; a una confederaci&oacute;n sindical (la CNT), que es la que ha de reputarse que tiene legalmente atribuidos aquellos derechos en cuanto verdadera &ldquo;organizaci&oacute;n sindical&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=05d9f33df3907510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 08 Sep 2016 12:30:00 +0200 El Supremo rechaza el criterio de Hacienda que restringe la bonificación del 95% del impuesto de Sucesiones en la empresa familiar http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=9b0468a6bc4d6510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Tribunal Supremo ha rechazado que haya que ser socio de la empresa familiar que se hereda para obtener la bonificaci&oacute;n fiscal del 95 % en el impuesto de Sucesiones, siempre que se cumpla el requisito de ejercer funciones efectivas de direcci&oacute;n en la empresa y se forme parte del grupo familiar.</p> <p>La Sala III ha dictado dos sentencias en las que estima los recursos para la unificaci&oacute;n de doctrina interpuestos por dos hermanas contra el rechazo tanto de Hacienda de la Comunidad de Madrid como del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de aplicar dicha bonificaci&oacute;n del 95% en el valor de la empresa familiar Produccions A Modi&ntilde;o en la base imponible del Impuesto de Sucesiones por la herencia de su madre.</p> <p>La cuesti&oacute;n que se discute en ambas sentencias es &ldquo;si, para gozar de la bonificaci&oacute;n fiscal analizada es necesario que la persona que forma parte del grupo familiar y que cumple el requisito de ejercer funciones efectivas de direcci&oacute;n de la empresa familiar, percibiendo por ello la mayor&iacute;a de sus rendimientos, debe, adem&aacute;s, ser titular de alguna participaci&oacute;n en el capital de dicha empresa&rdquo;. Tanto la Administraci&oacute;n central, a trav&eacute;s del abogado del Estado, como el letrado de la Comunidad de Madrid, respondieron afirmativamente, al no constar que la hijas del causante fueran titulares de participaciones de la sociedad &lsquo;A Modi&ntilde;o&rsquo; al momento del devengo y por tanto no formaban parte del grupo familiar.</p> <p>Las dos mujeres plantearon recurso para la unificaci&oacute;n de doctrina ante el Supremo, esgrimiendo sentencias de los tribunales superiores de Justicia de Galicia, Castilla y Le&oacute;n y el mismo Madrid, donde se hab&iacute;a llegado a la conclusi&oacute;n que ellos defend&iacute;an, es decir, que s&iacute; ten&iacute;an derecho a la bonificaci&oacute;n fiscal del 95 por ciento por empresa familiar prevista en el art&iacute;culo 20.2.c de la Ley del Impuesto de Sucesiones, que se refiere a su vez al motivo de exenci&oacute;n en el Impuesto del Patrimonio previsto en el art&iacute;culo 4 de la Ley que regula este &uacute;ltimo impuesto.</p> <p>El Supremo, en sentencias de las que ha sido ponente el magistrado Juan Gonzalo Mart&iacute;nez Mic&oacute;, explica que en la medida en que la empresa, sociedad o participaci&oacute;n goce de exenci&oacute;n en el Impuesto sobre el Patrimonio, la transmisi&oacute;n por herencia de la misma o de las acciones en que est&eacute; representada tendr&aacute; una reducci&oacute;n del 95% en la base imponible del Impuesto de Sucesiones y Donaciones del adquirente, siempre que &eacute;ste &uacute;ltimo se encuentre en el &aacute;mbito subjetivo del grupo de parentesco delimitado por la Ley.</p> <p>&ldquo;Pues bien &ndash;argumenta el tribunal--, el hecho de que la empresa, el negocio o las participaciones de que se trate hayan de gozar de exenci&oacute;n en el Impuesto sobre el Patrimonio, demuestra que la participaci&oacute;n en el capital ha de darse en el causante, si bien, como resulta l&oacute;gico, a consecuencia de su fallecimiento, y a partir de entonces, el requisito habr&aacute; de darse en el heredero, por s&iacute; o en conjunci&oacute;n con otros. En ning&uacute;n lugar se exige que el sujeto pasivo, previamente al devengo del tributo, deba ostentar una titularidad distinta a la que se produce con la sucesi&oacute;n hereditaria&rdquo;.</p> <p>En el caso examinado se trat&oacute; de un supuesto de transmisi&oacute;n por herencia de participaciones sociales de una empresa familiar a las dos hijas y al esposo de la fallecida, en cuanto al usufructo vidual, siendo las dos hermanas las que ejercen desde hace mucho tiempo las funciones directivas y el rendimiento que perciben constituye el 100% de sus ingresos anuales, y asimismo, estando el 100% de las participaciones sociales en el n&uacute;cleo familiar.</p> <p>Antes del fallecimiento de la causante, su esposo y &eacute;sta ten&iacute;an el 100% de las participaciones sociales en la empresa familiar y las mismas estaban exentas del Impuesto sobre el Patrimonio, y, una vez acaecido, las dos hijas y el viudo siguen ostentando el 100% de las mismas, siendo las dos hijas las que ejercen las funciones de direcci&oacute;n.</p> <p>&ldquo;En consecuencia &ndash;dice el Supremo-, est&aacute; claro que es el supuesto m&aacute;s t&iacute;pico de transmisi&oacute;n de empresa familiar a los hijos y viudo de la causante, siendo para este caso para el que est&aacute;n pensados los beneficios fiscales que favorezcan dicha transmisi&oacute;n&rdquo;, evitando as&iacute; un eventual cierre del negocio familiar para realizar el pago del impuesto de sucesiones.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=9b0468a6bc4d6510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 23 Aug 2016 09:00:00 +0200 El Tribunal Supremo ordena al Ministerio del Interior tramitar asilo a un camerunés que denunció ser perseguido por ser homosexual http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=e62768a6bc4d6510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Supremo ha revocado la denegaci&oacute;n del asilo a un camerun&eacute;s que aleg&oacute; ser perseguido en su pa&iacute;s por homosexual. La Sala III estima el recurso del solicitante y ordena al Ministerio del Interior, que deneg&oacute; en noviembre de 2014 la petici&oacute;n, que proceda a su admisi&oacute;n e inicie la tramitaci&oacute;n del procedimiento administrativo correspondiente.</p> <p>Interior deneg&oacute; la petici&oacute;n, formulada por el ciudadano camerun&eacute;s el 3 de noviembre de 2014 en el puesto fronterizo del aeropuerto de Madrid-Barajas, por considerar que sus alegaciones sobre la persecuci&oacute;n padecida en Camer&uacute;n por su condici&oacute;n de homosexual eran &ldquo;inveros&iacute;miles e insuficientes&rdquo;, en aplicaci&oacute;n del art&iacute;culo 21.2.b de la Ley de Asilo, que faculta al ministro del Interior a inadmitir por dicha causa solicitudes de protecci&oacute;n internacional presentadas en frontera en un plazo m&aacute;ximo de doce d&iacute;as.</p> <p>El ciudadano camerun&eacute;s, Prosper K.T., hab&iacute;a relatado en su demanda en el aeropuerto madrile&ntilde;o que, al enterarse de su condici&oacute;n de homosexual, los j&oacute;venes de su barrio en Camer&uacute;n le dieron una paliza a &eacute;l y a su novio en julio de 2014, a consecuencia de la cual &eacute;ste &uacute;ltimo habr&iacute;a muerto. &Eacute;l decidi&oacute; huir, primero a Nigeria, luego a M&eacute;xico y por &uacute;ltimo a Espa&ntilde;a, donde reclam&oacute; asilo y protecci&oacute;n internacional subsidiaria.</p> <p>El ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados) present&oacute; informe apoyando la admisi&oacute;n a tr&aacute;mite de la solicitud al considerar que el relato no era inveros&iacute;mil por lo que proced&iacute;a tramitar la petici&oacute;n. Sin embargo, Interior deneg&oacute; la solicitud, por lo que el reclamante recurri&oacute; primero a la Audiencia Nacional, que confirm&oacute; la decisi&oacute;n del Ministerio.</p> <p>El ciudadano camerun&eacute;s plante&oacute; entonces recurso de casaci&oacute;n ante el Supremo. La Sala III, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Eduardo Calvo Rojas, analiza el procedimiento especial regulado en el art&iacute;culo 21 de la Ley 12/2009, reguladora del derecho de Asilo y la protecci&oacute;n subsidiaria, aplicable a las solicitudes presentadas en puestos fronterizos. El Supremo destaca que las posibilidades de denegar la admisi&oacute;n a tr&aacute;mite de las peticiones en estos casos deben interpretarse de forma restrictiva, de acuerdo a su jurisprudencia.</p> <p>Aplicando el criterio al caso concreto, el alto tribunal se&ntilde;ala que ni en la sentencia de la Audiencia Nacional, ni en las resoluciones que confirma, se dice que el solicitante hubiese formulado alegaciones incoherentes, ni que su relato contradiga la informaci&oacute;n disponible sobre el pa&iacute;s de origen. &ldquo;M&aacute;s bien al contrario -a&ntilde;ade -, sobre esto &uacute;ltimo la propia sentencia se&ntilde;ala como dato no controvertido que en la legislaci&oacute;n de Camer&uacute;n se tipifican como delito los actos homosexuales y que se trata, adem&aacute;s, de una conducta efectivamente reprimida en ese pa&iacute;s.Siendo ello as&iacute;, y existiendo un informe de ACNUR favorable a la admisi&oacute;n a tr&aacute;mite por considerar que el relato no resulta inveros&iacute;mil, no puede considerarse ajustada a derecho la decisi&oacute;n de denegaci&oacute;n (propiamente, inadmisi&oacute;n) basada en la raz&oacute;n, expresada en t&eacute;rminos gen&eacute;ricos, de que las alegaciones son inveros&iacute;miles e insuficientes&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=e62768a6bc4d6510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 17 Aug 2016 08:30:00 +0200 Condenan a una compañía de seguros a pagar 1,5 millones de euros a la familia de un hombre que suscribió un seguro de vida un año antes de suicidarse http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=1068328269ad6510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala I, de lo Civil, del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a una compa&ntilde;&iacute;a de seguros a pagar 1,5 millones de euros a una familia por el seguro de vida suscrito por el padre un a&ntilde;o antes de suicidarse. La aseguradora aleg&oacute; que el tomador del seguro proporcion&oacute; datos falsos e inexactos sobre su situaci&oacute;n financiera y patrimonial (que era peor de la que &eacute;l dijo), y tampoco revel&oacute; que en su familia hab&iacute;a antecedentes de suicidios, lo que habr&iacute;a impedido una valoraci&oacute;n correcta del riesgo asegurado y le liberaba de la obligaci&oacute;n de pagar.</p> <p>Sin embargo, el Supremo rechaza tales argumentos y avala el criterio de la Audiencia Provincial de Madrid, que consider&oacute; que no hab&iacute;a quedado desvirtuada la veracidad de los datos sobre su situaci&oacute;n econ&oacute;mica proporcionados por el asegurado a la aseguradora con anterioridad a la suscripci&oacute;n del contrato de seguro de vida. Asimismo, la Audiencia de Madrid descarta que el asegurado concertase el seguro con la finalidad de suicidarse un a&ntilde;o despu&eacute;s.</p> <p>El Juzgado de Primera Instancia n&uacute;mero 5 de Alcal&aacute; de Henares hab&iacute;a desestimado la demanda de la viuda y los dos hijos del asegurado para cobrar cada uno 500.000 euros de Aeg&oacute;n Seguros como beneficiarios del seguro de vida suscrito por su esposo y padre, respectivamente. El seguro se suscribi&oacute; el 15 de abril de 2009, con un capital asegurado de 1,5 millones de euros en caso de fallecimiento, lo que tuvo lugar el 20 de abril de 2010 por suicidio. El juzgado entendi&oacute; que hubo ocultaci&oacute;n por parte del tomador del seguro de datos relevantes sobre su situaci&oacute;n financiera, que era muy apurada, y as&iacute; lo reflej&oacute; tambi&eacute;n en la nota que dej&oacute; tras su suicidio, donde aludi&oacute; inequ&iacute;vocamente a esos problemas econ&oacute;micos y a ning&uacute;n otro, con la frase &ldquo;para sacar adelante a mi familia&rdquo;.</p> <p>Sin embargo, la Audiencia de Madrid revoc&oacute; ese fallo y estim&oacute; el recurso de la familia. Destac&oacute; que los informes presentados por las partes sobre la situaci&oacute;n econ&oacute;mica del asegurado son contradictorios, que parten de criterios valorativos diferentes, sin que existiesen otros elementos probatorios suficientemente contundentes para atribuir mayor credibilidad a uno u otro informe. Por ello, entendi&oacute; que no ha quedado desvirtuada la veracidad de los datos proporcionados por el asegurado a la aseguradora, con anterioridad a suscribir el contrato de seguro.<br />El Supremo, ante quien recurri&oacute; Aeg&oacute;n Seguros, resalta que la conclusi&oacute;n de la Audiencia Provincial no es il&oacute;gica, irracional ni arbitraria, y tampoco puede predicarse que incurra en error patente, por lo que rechaza los argumentos de la recurrente.</p> <p>Adem&aacute;s, tambi&eacute;n desestima su pretensi&oacute;n de no pagar los intereses de demora que le impuso la Audiencia, para lo que alegaba como causa justificada la existencia de incertidumbre sobre la cobertura del siniestro que hab&iacute;a hecho precisa la intervenci&oacute;n de la justicia por la discrepancia de las partes. La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Eduardo Baena, contesta que &ldquo;si en toda reclamaci&oacute;n con fundamento en un seguro de vida se permitiese que esa alegaci&oacute;n, luego no probada, se constituyese en causa justificada para verse exonerada la aseguradora del pago de los intereses del art&iacute;culo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, per se y sin algo m&aacute;s que la reforzase, se har&iacute;a una interpretaci&oacute;n no restrictiva y, por ende, contraria al car&aacute;cter sancionador que se le atribuye a la norma&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=1068328269ad6510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 12 Aug 2016 09:00:00 +0200 Absuelta una ONG de apropiarse de la donación recibida para un colegio en Nepal que no se construyó http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=befa328269ad6510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado la absoluci&oacute;n de la responsable de una ONG catalana del delito de apropiaci&oacute;n indebida de los 150.000 euros que le entreg&oacute; una mujer para construir en Nepal una escuela con el nombre de su esposo, colegio que finalmente no se construy&oacute;. El Supremo indica que se daban los presupuestos para una apropiaci&oacute;n indebida, ya que la Fundaci&oacute;n, y en su nombre la acusada, recibieron el dinero no para cualquiera de sus fines ben&eacute;ficos sino para construir el citado centro educativo, y tampoco se puede negar que hubo un perjuicio econ&oacute;micamente evaluable. Sin embargo, los hechos son at&iacute;picos (no son delito) porque no existi&oacute; vocaci&oacute;n de permanencia en la aplicaci&oacute;n de los fondos a un fin distinto del que hab&iacute;a motivado su entrega ni voluntad de quebrantar la confianza que la motiv&oacute;.</p> <p>As&iacute;, seg&uacute;n el relato de hechos, una vez la Fundaci&oacute;n Vicky Sherpa Eduqual dispuso del dinero que le entreg&oacute; la mujer (150.232 euros), emple&oacute; parte del mismo (62.796 euros) en la compra de un terreno en Nepal destinado a la escuela proyectada, as&iacute; como en la obtenci&oacute;n de permisos, licencia y gestiones administrativas previas a su construcci&oacute;n. Y el resto se destin&oacute; al mantenimiento y desarrollo de otros proyectos de la Fundaci&oacute;n.</p> <p>Pero, de acuerdo a la sentencia de la Audiencia de Barcelona cuyo fallo absolutorio ahora se ratifica, &ldquo;ello fue en tanto se resolv&iacute;an todas las trabas que retardaban el inicio de aquella, y en la confianza de que, en el momento que fuera posible comenzar a construir, dispondr&iacute;a de dinero necesario para culminar el proyecto, a trav&eacute;s de la subvenci&oacute;n que esperaba de Intervida y Cuna. El dinero realmente se recibi&oacute;, y si la construcci&oacute;n result&oacute; frustrada fue porque no pudo disponer del mismo al haber resultado bloqueadas por la autoridades nepal&iacute;es las cuentas de la Fundaci&oacute;n VEDFON (filial en Nepal de la Fundaci&oacute;n Vicky Sherpa Eduqual) en las que se ingres&oacute;&rdquo;.</p> <p>El Tribunal Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente la magistrada Ana Mar&iacute;a Ferrer, analiza el tipo penal de apropiaci&oacute;n indebida por distracci&oacute;n, en este caso el dinero donado a una ONG con el encargo de que fuera destinado a la construcci&oacute;n de una escuela que llevara el nombre del esposo de la donante. Primero, el alto tribunal se&ntilde;ala que lo que recibi&oacute; la acusada fue una donaci&oacute;n, por mucho que no se llegaran a documentar las concretas condiciones de la misma. Tradicionalmente, la Sala ha afirmado que la donaci&oacute;n, en cuanto traslativa de dominio, no es t&iacute;tulo id&oacute;neo para completar la tipicidad de la apropiaci&oacute;n indebida, pero a&ntilde;ade que esa doctrina admite alguna modulaci&oacute;n.</p> <p>&ldquo;Sobre todo cuando, como en este caso, no nos encontramos ante una donaci&oacute;n pura y simple, sino ante lo que la doctrina civil denomina una &ldquo;donaci&oacute;n modal&rdquo;, es decir aquella en que se impone al donatario un modo, carga o gravamen que puede ser cualquier tipo de actuaci&oacute;n o conducta, a&uacute;n no evaluable econ&oacute;micamente, &ldquo;un motivo, finalidad, deseo o recomendaci&oacute;n o, en definitiva, el cumplimiento de una obligaci&oacute;n como determinaci&oacute;n accesoria de la voluntad del donante y precisa&rdquo;.</p> <p>Ser&iacute;a una modalidad distinta de la donaci&oacute;n condicional en cuanto que su efectividad no se hace depender de un suceso futuro o incierto, o de un suceso pasado que los interesados pudieran ignorar, sino de un modo o gravamen, cuyo incumplimiento atribuye al donante la facultad de revocar la donaci&oacute;n. &ldquo;En este caso la donaci&oacute;n no contemplaba enriquecimiento ni siquiera retribuci&oacute;n para la donataria por su actuaci&oacute;n, m&aacute;s all&aacute; de perdurar en el cumplimiento de los objetivos que le eran propios&rdquo;.</p> <p>El Supremo indica que la Fundaci&oacute;n y en su nombre la acusada, recibieron el dinero no para cualquiera de sus fines ben&eacute;ficos, sino para dedicarlo a construir el citado centro educativo, &ldquo;removiendo todos los obst&aacute;culos que pudieran plantearse. Desde esa &oacute;ptica no podemos negar la idoneidad del t&iacute;tulo como base a una hipot&eacute;tica apropiaci&oacute;n indebida por distracci&oacute;n, en el supuesto en el que el dinero se destinara a otro fin, con el consiguiente quebranto de confianza deposita en aquella&rdquo;.</p> <p>Tampoco se puede negar la existencia de perjuicio econ&oacute;micamente evaluable, por el hecho de que la donaci&oacute;n implique un acto de liberalidad que pretendiera una satisfacci&oacute;n moral, inmortalizar el nombre del fallecido esposo de la donante, pues la entrega de dinero para obtenerlo provoc&oacute; el correlativo empobrecimiento. En definitiva el bien jur&iacute;dico protegido por el delito de apropiaci&oacute;n indebida es el patrimonio.</p> <p>&ldquo;Sin embargo &ndash;-oncluye en su argumentaci&oacute;n- aun cumpli&eacute;ndose esos dos presupuestos, los hechos son at&iacute;picos. Y ello porque no existi&oacute; vocaci&oacute;n de permanencia en la aplicaci&oacute;n de los fondos a un fin distinto del que hab&iacute;a motivado su entrega ni voluntad de quebrantar la confianza que la motiv&oacute;. Y no se alcanz&oacute; el punto de no retorno sino muy posteriormente y por causas que en aquel momento no consta que fueran previsibles&rdquo;.</p> <p>La mujer que don&oacute; el dinero falleci&oacute; durante la sustanciaci&oacute;n del recurso, pero sus hijos la sucedieron como recurrentes ante el Supremo.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=befa328269ad6510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 11 Aug 2016 09:00:00 +0200 El Supremo rechaza el recurso de un funcionario que cortó la coleta a un preso con esquizofrenia http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=552c328269ad6510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala III, de lo Contencioso-administrativo, del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de un funcionario de Instituciones Penitenciarias que solicit&oacute; su rehabilitaci&oacute;n como empleado p&uacute;blico tras cumplir una condena penal por haber cortado la coleta a un preso aquejado de esquizofrenia tras decirle que llevarla era &ldquo;de maricones&rdquo;. La sentencia subraya que no ser&iacute;a aceptable que quien despreci&oacute; la dignidad de un recluso que estaba bajo su cuidado y atent&oacute; contra su integridad moral pueda beneficiarse de esa forma especial de recuperar la condici&oacute;n funcionarial que es la rehabilitaci&oacute;n.</p> <p>J.A.N.M., funcionario del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, se vio privado de esa condici&oacute;n por resoluci&oacute;n de la Subsecretar&iacute;a de Interior de 20 de mayo de 2008, que declar&oacute; su p&eacute;rdida al adquirir firmeza la sentencia de junio de 2007 del Juzgado de lo Penal n&uacute;mero 9 de Sevilla, que le conden&oacute; a seis meses de prisi&oacute;n y a inhabilitaci&oacute;n especial para el empleo o cargo p&uacute;blico por dos a&ntilde;os, por delito contra la integridad moral de un interno.</p> <p>Los hechos por los que fue condenado en la v&iacute;a penal consistieron en que el 8 de septiembre de 2003, sobre las 17:30 horas, &ldquo;cuando desempe&ntilde;aba su trabajo en el m&oacute;dulo 4 del Hospital Psiqui&aacute;trico Penitenciario de Sevilla, entr&oacute; en la sala de la televisi&oacute;n y se dirigi&oacute; a un interno aquejado de esquizofrenia paranoide que llevaba el pelo recogido en una coleta y tras toc&aacute;rsela le dijo que eso era de maricones y que se la quitara. Como el interno se negara, le dijo que se la iba a cortar. El interno le respondi&oacute; que &ldquo;no ten&iacute;a huevos&rdquo; y, ante ello, J.A.N.M., fue a su garita, recogi&oacute; una navaja que ten&iacute;a en su mochila, volvi&oacute; a la sala, cort&oacute; la coleta al interno y dijo a los aproximadamente veinte internos que estaban all&iacute; que nadie hab&iacute;a visto nada y que si alguno dec&iacute;a algo le rajaba e hizo el gesto de pasarse la mano por el cuello. En ese momento se produjo un grave altercado en el m&oacute;dulo por las airadas protestas del interno al que le hab&iacute;a cortado la coleta y de los dem&aacute;s reclusos y el Jefe de Servicios relev&oacute; a J.A.N.M. y le destin&oacute; a otro m&oacute;dulo.</p> <p>En 2010, cumplida la pena, el recurrente solicit&oacute; el reingreso como funcionario y le fue concedido, de manera que estuvo prestando servicios en la Administraci&oacute;n Penitenciaria, en concreto en los centros de Sevilla 1 y de Huelva, hasta que el Ministro del Interior, en resoluci&oacute;n de 27 de febrero de 2014, de acuerdo con el Consejo de Estado, declar&oacute; nulo el reingreso producido cuatro a&ntilde;os antes, por haberse llevado a cabo sin observar el procedimiento debido y declar&oacute; que dicha persona carec&iacute;a de la condici&oacute;n de funcionario. Esta decisi&oacute;n tuvo en su origen la incoaci&oacute;n de un expediente disciplinario a la misma persona por conducta presuntamente irregular con una funcionaria.</p> <p>Tras esa decisi&oacute;n, el hombre pidi&oacute; en marzo de 2014 su rehabilitaci&oacute;n como funcionario, alegando que de 2010 a 2014 hab&iacute;a prestado su labor de forma impecable tanto en oficinas como en contacto con la poblaci&oacute;n interna, y que los hechos por los que fue condenado hab&iacute;an sucedido ocho a&ntilde;os antes y que no causaron perjuicio ni perturbaci&oacute;n a la Administraci&oacute;n.</p> <p>El Consejo de Ministros, en abril de 2015, deneg&oacute; la rehabilitaci&oacute;n como funcionario p&uacute;blico solicitada, de acuerdo a los criterios fijados en el art&iacute;culo 6.2 del Real Decreto de 1998 que regula el proceso de rehabilitaci&oacute;n de funcionarios p&uacute;blicos, al considerar claro que hubo perjuicio al servicio p&uacute;blico por la actuaci&oacute;n del recurrente, que los hechos fueron graves, y que hubo relaci&oacute;n directa entre el delito y el desempe&ntilde;o del cargo, a lo que se uni&oacute; un informe desfavorable de la Secretar&iacute;a General de Instituciones Penitenciarias.</p> <p>El Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Pablo Lucas Murillo de la Cueva, rechaza ahora el recurso del exfuncionario contra dicho acuerdo del Consejo de Ministros, y subraya que &ldquo;resulta clara la relaci&oacute;n del delito con la funci&oacute;n p&uacute;blica que desempe&ntilde;aba el recurrente y, tambi&eacute;n, es evidente su gravedad no s&oacute;lo por la conducta en s&iacute; misma sino porque la llev&oacute; a cabo quien, por la posici&oacute;n en que se encontraba y por la del interno cuya integridad moral agredi&oacute;, ten&iacute;a un especial deber de respetarla. Y aunque la sentencia, obviamente, explique que no se trataba de torturas pues no las hubo, s&iacute; puso de manifiesto el desprecio que supuso a la dignidad del recluso v&iacute;ctima de la acci&oacute;n del recurrente&rdquo;.</p> <p>El alto tribunal recuerda que la Ley Org&aacute;nica General Penitenciaria establece que las instituciones penitenciarias tienen como finalidad primordial la reeducaci&oacute;n y reinserci&oacute;n social de los penados, y que la Administraci&oacute;n penitenciaria debe velar por la vida, integridad y salud de los internos, que deben ser respetados sin diferencia de raza, opiniones pol&iacute;ticas, creencias religiosas, condici&oacute;n social o cualesquiera otras circunstancias de an&aacute;loga naturaleza.</p> <p>Examinando el caso del exfuncionario, el Supremo destaca que &ldquo;tratar a un recluso, adem&aacute;s enfermo, de la manera en que hemos visto supone una flagrante infracci&oacute;n de estos preceptos y de los principios que los inspiran y perjudica gravemente a la Administraci&oacute;n, efecto que no se ha disuelto por el paso del tiempo y que revivir&iacute;a de concederse la rehabilitaci&oacute;n. No cabe de ninguna manera aceptar que los funcionarios a cargo de las instituciones penitenciarias se conduzcan con los internos de la manera en que el recurrente lo hizo&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=552c328269ad6510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 09 Aug 2016 09:00:00 +0200 El Supremo confirma 11 años de prisión para un entrenador de fútbol infantil por los delitos continuados de abuso sexual, exhibicionismo y provocación sexual http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=607370e7aef46510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>Los hechos sucedieron entre los a&ntilde;os 2009 y 2013 en el domicilio del condenado en Novelda (Alicante). La sentencia considera probado que el entrenador de f&uacute;tbol infantil aprovech&oacute; el 'respeto y la consideraci&oacute;n de dicha circunstancia' para invitar a su casa a menores de entre 11 y 17 a&ntilde;os, con la excusa de ver partidos de f&uacute;tbol. Una vez ganada su confianza, el condenado aprovechaba los momentos en que se quedaba con los ni&ntilde;os a solas, 'para exhibir pel&iacute;culas pornogr&aacute;ficas, de forma habitual, e incitarles a que se masturbaran en su presencia, ense&ntilde;ando a alguno, por su corta edad, dichas pr&aacute;cticas'. </p> <p>La Sala II del Supremo confirma as&iacute; la sentencia de la Secci&oacute;n 10&ordf; de la Audiencia Provincial de Alicante dictada en noviembre de 2015, por la que condenaba al entrenador a once a&ntilde;os de prisi&oacute;n como autor de un delito continuado de abuso sexual sobre menor de trece a&ntilde;os, tres delitos de abuso sexual continuado, y un delito de exhibicionismo y provocaci&oacute;n sexual.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=607370e7aef46510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 03 Aug 2016 13:00:00 +0200 El TS reconoce el derecho de un sobrino político a la reducción por parentesco del impuesto Sucesiones que le denegó la Comunidad de Madrid http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=6fab1274fcad6510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Contencioso-administrativo reconoce el derecho de un sobrino pol&iacute;tico a la reducci&oacute;n por parentesco en la liquidaci&oacute;n del Impuesto sobre Sucesiones al equipararlo a los mismos parientes consangu&iacute;neos que s&iacute; se benefician de dicha reducci&oacute;n.</p> <p>La sentencia considera que hay que incluirlos en el Grupo III de colaterales de segundo y tercer grado, tanto por consanguinidad como por afinidad, y no en el IV de los colaterales de cuarto grado, m&aacute;s distantes y extra&ntilde;os, al tratarse de un parentesco que no desaparece al fallecer la persona &ndash;en este caso t&iacute;o y esposo- que serv&iacute;a de v&iacute;nculo entre el sobrino af&iacute;n y la viuda.</p> <p>Tras la muerte del t&iacute;o, su viuda que no ten&iacute;a descendientes, nombr&oacute; heredero en una cuarta parte de la herencia a su sobrino pol&iacute;tico que a la hora de liquidar el Impuesto sobre Sucesiones aplic&oacute; una reducci&oacute;n por parentesco de 7.850 euros y un coeficiente multiplicador de 1,6676, resultando un total a ingresar de 257.098,76 euros.</p> <p>De acuerdo con los valores declarados, pero sin aplicar dicha reducci&oacute;n, la Direcci&oacute;n General de Tributos de la Comunidad de Madrid gir&oacute; una liquidaci&oacute;n provisional al recurrente con un importe a ingresar de 87.359,34 euros por entender que el parentesco por afinidad se mantiene s&oacute;lo si a la fecha del devengo del Impuesto subsiste el v&iacute;nculo que les une. La conclusi&oacute;n a la que lleg&oacute; es que dicho parentesco depende del matrimonio y, por tanto, nace cuando se contrae y cesa cuando se disuelve o anula.</p> <p>El Tribunal Econ&oacute;mico Administrativo Regional dio la raz&oacute;n al recurrente, dando por buena su autoliquidaci&oacute;n, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en cambio, anul&oacute; dicha resoluci&oacute;n por no ser ajustada al ordenamiento jur&iacute;dico al considerar que el sobrino carnal del esposo, ya fallecido, no est&aacute; vinculado con la viuda con el grado de parentesco de colaterales de tercer grado por afinidad por lo que no era aplicable la reducci&oacute;n.</p> <p>La Sala Tercera se plantea si los sobrinos pol&iacute;ticos han de ser incluidos en el Grupo III del art&iacute;culo 20 de la Ley del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, dentro del concepto de colaterales de segundo y tercer grado o si, por el contrario, se hallan en el Grupo IV que incluye a los colaterales de cuarto grado, grados m&aacute;s distantes y extra&ntilde;os.</p> <p>La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Juan Gonz&aacute;lez Mart&iacute;nez Mic&oacute;, estima el recurso de casaci&oacute;n interpuesto por dicho familiar y resuelve siguiendo su doctrina que &ldquo;una vez que el v&iacute;nculo de afinidad existe, el pariente (en este caso 'sobrino pol&iacute;tico') debe encuadrarse en el grupo III, ya que utilizando las propias palabras del Tribunal Supremo: &ldquo;donde la ley no distingue no cabe distinguir&rdquo;, es obvio que el legislador no ha querido que existieran diferencias entre los colaterales por consanguinidad y por afinidad, derogando las normas contrarias que han estado vigentes, reglamentariamente, hasta 1967&rdquo;.</p> <p>La Sala Tercera concluye al aplicar su propia doctrina que &ldquo;la inclusi&oacute;n de los sobrinos por afinidad en el Grupo III procede aun cuando hubiera fallecido la persona que serv&iacute;a de v&iacute;nculo entre el causante y el sobrino por afinidad. En consecuencia, considera que, en este caso, corresponde aplicar la reducci&oacute;n por parentesco tal y como dispone la Ley 7/2005 de la Comunidad de Madrid, Medidas Fiscales y Administrativas.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=6fab1274fcad6510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 03 Aug 2016 10:00:00 +0200 El Supremo reconoce el derecho de una mujer pakistaní a obtener el visado denegado por la embajada española por dudar del certificado matrimonial http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=40dc1274fcad6510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de una mujer pakistan&iacute; a la obtenci&oacute;n del visado que le deneg&oacute; la Embajada de Espa&ntilde;a en Islamabad, tras dudar de la autenticidad del certificado de matrimonio, pese a que se le hab&iacute;a concedido autorizaci&oacute;n de residencia temporal por reagrupaci&oacute;n familiar.</p> <p>El Tribunal Supremo considera v&aacute;lida la sentencia de un juez pakistan&iacute; al considerar que el documento aportado por la recurrente para acreditar su boda &ldquo;disipaba las dudas de autenticidad que albergaba la embajada y acreditaba que la recurrente hab&iacute;a contra&iacute;do un matrimonio v&aacute;lido en Pakist&aacute;n y que hab&iacute;a sido inscrito en el registro, desapareciendo as&iacute; la objeci&oacute;n que motiv&oacute; la denegaci&oacute;n del visado solicitado&rdquo;. A&ntilde;ade adem&aacute;s que los testimonios de vecinos y familiares recogidos en el expediente administrativo no ponen en duda la existencia del v&iacute;nculo matrimonial.</p> <p>La Subdelegaci&oacute;n del Gobierno en &Aacute;lava concedi&oacute; autorizaci&oacute;n de residencia temporal por reagrupaci&oacute;n familiar a la mujer, aunque precis&oacute; que la misma no tendr&iacute;a efectos hasta la obtenci&oacute;n del visado y la posterior entrada en Espa&ntilde;a, donde resid&iacute;a de forma legal su marido. La recurrente solicit&oacute; el permiso en la Embajada espa&ntilde;ola en Islamabad, el 18 de julio de 2013, presentando, entre otros documentos traducidos al ingl&eacute;s, la certificaci&oacute;n de matrimonio, la inscripci&oacute;n en el registro del mismo, el certificado de familia y el de nacimiento de sus hijos. Antes de pronunciarse, la Embajada solicit&oacute; a un despacho privado de abogados un informe sobre la verificaci&oacute;n de los documentos presentados en el que se recog&iacute;an dudas sobre la autenticidad del certificado de matrimonio -Nikah Nama- de la solicitante, de su partida de nacimiento y de las de sus hijos.</p> <p>El 18 de febrero de 2014, la Embajada le deneg&oacute; la solicitud de visado porque entendi&oacute; que el registro de matrimonio se hab&iacute;a realizado de forma fraudulenta y, por lo tanto, era un documento no v&aacute;lido que necesita validaci&oacute;n por las Cortes de Pakist&aacute;n. Lo mismo sosten&iacute;a sobre los certificados de nacimiento de los hijos que ten&iacute;an tachaduras y la escritura alterada.</p> <p>La mujer present&oacute; un mes m&aacute;s tarde una certificaci&oacute;n emitida por un juez pakistan&iacute; en la que admit&iacute;a que el acta de matrimonio -Nikah Nama- era copia fiel del registro por lo que admit&iacute;a la versi&oacute;n de la demandante como correcta. Pese a ello, la Embajada de Espa&ntilde;a en Islamabad mantuvo su decisi&oacute;n de denegar el visado por entender que no se hab&iacute;a aportado ninguna prueba para cambiar de criterio.</p> <p>La sentencia estima el recurso de la mujer y revoca el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que consider&oacute; que dicho documento extranjero -redactado en ingl&eacute;s sin traducir, sin apostillar y sin legalizar- no est&aacute; homologado y carece de eficacia en Espa&ntilde;a.</p> <p>Para el Tribunal Supremo, la sentencia recurrida &ldquo;confunde la homologaci&oacute;n de un t&iacute;tulo ejecutivo o sentencia judicial dictada en el extranjero para que produzca efectos en Espa&ntilde;a con la fuerza probatoria de un documento extranjero para acreditar un hecho, en este caso el matrimonio v&aacute;lidamente celebrado entre la recurrente y el reagrupante en Pakist&aacute;n&rdquo;.</p> <p>En este supuesto, indica, lo que se persigue no es la ejecuci&oacute;n de una sentencia extranjera en Espa&ntilde;a ni su eficacia constitutiva, sino la aportaci&oacute;n de un documento de otro pa&iacute;s (en este caso una sentencia judicial) para acreditar un hecho (el matrimonio v&aacute;lido entre ambos). En definitiva, a&ntilde;ade, &ldquo;el problema no se centra en torno a la eficacia ejecutiva de una sentencia dictada por un tercer estado sino en la fuerza probatoria de un documento extranjero en juicio&rdquo;. Por todo ello, concluye que la recurrente mediante la aportaci&oacute;n de dicha sentencia &ldquo;pretend&iacute;a tan solo acreditar la autenticidad de su certificado de matrimonio en Pakist&aacute;n con la finalidad de probar que hab&iacute;a contra&iacute;do un matrimonio v&aacute;lido en dicho pa&iacute;s de origen&rdquo;.</p> <p>La sentencia admite que no consta su apostilla o legalizaci&oacute;n por lo que podr&iacute;a sostenerse que no cumple los requisitos para que tuviese fuerza probatoria propia de un documento p&uacute;blico, pero como no fue impugnado en la v&iacute;a administrativa ni en la instancia por el Abogado del Estado en su contestaci&oacute;n a la demanda, no existen razones para dudar de su autenticidad y del valor probatorio de los hechos que acredita.</p> <p><strong>Doctrina sobre expedici&oacute;n de visados de reagrupaci&oacute;n familiar</strong></p> <p>La Sala Tercera aplica a este caso la jurisprudencia establecida sobre la posibilidad de que el agente consular, al tiempo de resolver sobre la solicitud de visado, lo deniegue tras valorar de nuevo los documentos en su d&iacute;a presentados para obtener el permiso de residencia por reagrupaci&oacute;n familiar o teniendo en cuenta hechos o informes posteriores. Previsi&oacute;n recogida en el Real Decreto 557/2011 que permite que la misi&oacute;n diplom&aacute;tica deniegue un visado &ldquo;cuando para fundamentar la petici&oacute;n se hayan presentado documentos falsos o formulado alegaciones inexactas o medie mala fe&rdquo;, subraya la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Diego C&oacute;rdoba.</p> <p>En consecuencia, concluye que &ldquo;es posible denegar el visado de entrada, pese a existir una resoluci&oacute;n administrativa concediendo la autorizaci&oacute;n de residencia temporal por reagrupaci&oacute;n familiar, cuando la Embajada duda de la autenticidad de la documentaci&oacute;n presentada tras una actividad instructora adicional en su pa&iacute;s de origen, sin que sea necesario proceder a la revisi&oacute;n de oficio de la resoluci&oacute;n administrativa que le concedi&oacute; tal permiso&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=40dc1274fcad6510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 02 Aug 2016 10:00:00 +0200 Condenado por vender en internet un coche adaptado para una persona con minusvalía ocultando graves defectos en el motor http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=29911274fcad6510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casaci&oacute;n interpuesto por el condenado y confirma la pena que la Audiencia Provincial de Granada le impuso por un delito de estafa agravada por tratarse de un bien de primera necesidad.</p> <p>Los hechos se refieren a que el perjudicado se puso en contacto v&iacute;a internet con el vendedor de los dos veh&iacute;culos que eran de un t&iacute;o suyo &ndash;que estaba ajeno a todo- y, despu&eacute;s de negociar, ambos acordaron la venta de uno de los coches -modelo Quovis L4- por el precio de 2.250 euros, incluyendo el otro como regalo. El contrato, que firmaron el 14 de junio de 2012, recog&iacute;a que el veh&iacute;culo ten&iacute;a unos defectos cuya reparaci&oacute;n ascend&iacute;a a 549,85 euros que el comprador asum&iacute;a. Ten&iacute;a que arreglar las escobillas de la direcci&oacute;n asistida, la rampa y el cristal de la derecha. Tras recibir el veh&iacute;culo, el nuevo propietario lo llev&oacute; al taller para reparar esas aver&iacute;as indicadas en el contrato pero se encontr&oacute; con otros defectos de motor m&aacute;s graves, que el vendedor le hab&iacute;a ocultado, que imped&iacute;an su funcionamiento. Aver&iacute;as de entidad y costosas, como inform&oacute; el taller, que le costaban 2.452,72 euros m&aacute;s cuando el precio del coche hab&iacute;a sido de 2.250 euros.</p> <p>La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Joaqu&iacute;n Gim&eacute;nez, asevera que en este caso el enga&ntilde;o se hizo por ocultaci&oacute;n porque el vendedor conoc&iacute;a los defectos y se los ocult&oacute; al comprador. Se basa en dos datos objetivos para llegar a esa conclusi&oacute;n: uno, que exigi&oacute; el precio del veh&iacute;culo antes de su entrega; y otro, que el comprador nada m&aacute;s conocer el estado real del mismo se lo comunic&oacute; por correo electr&oacute;nico sin obtener ninguna respuesta por parte del condenado.</p> <p>A&ntilde;ade que el contrato especifica que la compraventa se realiza a distancia, sin que se re&uacute;nan f&iacute;sicamente vendedor y comprador, y que &eacute;ste &uacute;ltimo acepta la informaci&oacute;n que se le da sobre el estado del veh&iacute;culo que compra, aceptando los defectos que se le comunicaron, que est&aacute;n recogidos en el mismo y quedan de cuenta del comprador, pero, obviamente, &ldquo;quedan fuera los defectos ocultos que surjan, los que son de tal entidad que hacen inservible el coche&rdquo; como acredit&oacute; el taller en su informe.</p> <p>Asimismo, considera que est&aacute; bien aplicado el subtipo agravado de la estafa cuando, como en este caso, se trata de &ldquo;cosas de las que no se puede prescindir&rdquo;, como los productos de consumo imprescindible para la subsistencia o salud. En este sentido, la Sala Segunda afirma que &ldquo;un coche adaptado para que una persona con minusval&iacute;a, que le impida su desplazamiento aut&oacute;nomo, pueda utilizarlo con su silla de ruedas, permitiendo de este modo su desplazamiento de un sitio a otro sin la utilizaci&oacute;n del transporte p&uacute;blico que no siempre est&aacute; adaptado para esta situaci&oacute;n, debe ser considerado como bien de primera necesidad porque le permite una eficaz y efectiva integraci&oacute;n social por s&iacute; mismo&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=29911274fcad6510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 01 Aug 2016 09:00:00 +0200 El Tribunal Supremo avala el Real Decreto por el que se aprueba la norma de calidad del ibérico http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=dcd1b114b7536510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>Tres sentencias de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo han desestimado los recursos de casaci&oacute;n interpuestos por la Comunidad Aut&oacute;noma de Castilla y Le&oacute;n, la Asociaci&oacute;n "Jam&oacute;n de Salamanca" y un particular, contra el Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, por el que se aprueba la norma de calidad para la carne, el jam&oacute;n, la paleta y la ca&ntilde;a de lomo ib&eacute;rico.</p> <p>La Sala Tercera confirma la validez de los apartados 4 y 5 del art&iacute;culo 4 del mismo, que fueron impugnados, al considerar que las indicaciones del tipo racial y del porcentaje de raza ib&eacute;rica son necesarias para proporcionar al consumidor una informaci&oacute;n esencial del producto que espera encontrar al adquirir jam&oacute;n, paleta o ca&ntilde;a de lomo amparados bajo dicha denominaci&oacute;n.</p> <p>Sobre la posibilidad de incluir el t&eacute;rmino "pata negra", referido exclusivamente al jam&oacute;n 100% ib&eacute;rico y de bellota, las sentencias indican que no induce en modo alguno a confusi&oacute;n a los consumidores, ni vulnera la legislaci&oacute;n europea e interna de protecci&oacute;n de sus derechos.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=dcd1b114b7536510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 29 Jul 2016 09:25:00 +0200 El TS confirma las penas de hasta 12 años de prisión a miembros de una célula terrorista por enviar combatientes a Siria para hacer la yihad http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=843ac9c94a336510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado las penas de entre doce y diez a&ntilde;os de prisi&oacute;n impuestas por la Audiencia Nacional a once miembros de una c&eacute;lula yihadista por enviar combatientes a Siria para hacer la yihad.</p> <p>La sentencia desestima los recursos de casaci&oacute;n interpuestos por todos los condenados por los delitos de pertenencia e integraci&oacute;n en organizaci&oacute;n terrorista -12 a&ntilde;os de prisi&oacute;n a K.A.M. y a I.A.A como dirigentes, 10 a&ntilde;os de prisi&oacute;n al resto como integrantes activos- y de tenencia il&iacute;cita de armas de fuego a uno de ellos, R.A., por el que se le ha impuesto una pena de a&ntilde;o y medio de c&aacute;rcel m&aacute;s.</p> <p>Seg&uacute;n los hechos probados, la c&eacute;lula terrorista, que operaba en Ceuta en conexi&oacute;n con otra de Marruecos, reclut&oacute; y envi&oacute; a Siria, desde el 2012 hasta su desarticulaci&oacute;n por la polic&iacute;a en el 2013, a 29 voluntarios ceut&iacute;es y marroqu&iacute;es que llegaban a aquel pa&iacute;s en vuelos regulares tras pasar por Turqu&iacute;a. Ellos alegaban que se desplazaban con fines tur&iacute;sticos y para no levantar sospechas de la polic&iacute;a &ldquo;occidentalizaban&rdquo; su aspecto: pelo corto y sin barba, ropa occidental y pasaporte nuevo.</p> <p>Al menos ocho de los combatientes fallecieron en atentados suicidas, el primero de los desplazados se inmol&oacute; conduciendo un cami&oacute;n cargado de explosivos contra una cuartel militar en Siria, despu&eacute;s de anunciar a trav&eacute;s de un perfil en Facebook su determinaci&oacute;n para la comisi&oacute;n de un acto de &ldquo;martirio&rdquo;. Un grupo de otros cuatro yihadistas no pudo desplazarse porque no encontr&oacute; billetes, motivo por el que regres&oacute; a Ceuta, siguiendo la orden del jefe de la c&eacute;lula, K.A.M.</p> <p>La sentencia de la Audiencia Nacional consider&oacute; probado que entre las actividades que realizaban los once acusados estaban la de captaci&oacute;n y adoctrinamiento de los voluntarios, de la organizaci&oacute;n de los viajes desde Espa&ntilde;a y/o Marruecos a ciudades turcas fronterizas con Siria, desde donde los reclutados pasaban a campos de entrenamiento de la organizaci&oacute;n terrorista y despu&eacute;s a la lucha armada. Tambi&eacute;n supervisaban y controlaban la efectiva realizaci&oacute;n de los viajes, la asistencia econ&oacute;mica a las viudas, en caso de necesidad, y la recaudaci&oacute;n y el env&iacute;o de dinero a los desplazados, comunicando los fallecimientos a las familias, adem&aacute;s de difundir los v&iacute;deos de los &ldquo;actos de martirio&rdquo; y de los ataques realizados por los desplazados y reivindicados por el Estado Isl&aacute;mico de Irak y Levante. Asimismo, concluy&oacute; que los integrantes de la c&eacute;lula estaban preparados para desplazarse ellos mismos e incorporarse a la yihad en el momento oportuno, coordin&aacute;ndose con los terroristas que ya estaban en Siria.</p> <p><strong>No hay vulneraci&oacute;n de derechos fundamentales</strong></p> <p>La Sala de lo Penal rechaza los 45 motivos recogidos en los recursos de los condenados, descartando la vulneraci&oacute;n de diferentes derechos fundamentales como el secreto de las comunicaciones y a un proceso con garant&iacute;as por la forma en la que se autorizaron y practicaron las intervenciones telef&oacute;nicas.</p> <p>La sentencia, con ponencia del magistrado Jos&eacute; Manuel Maza, afirma que las intervenciones y la informaci&oacute;n obtenida a partir de ellas &ldquo;cumpl&iacute;an con todas las exigencias&rdquo; para alcanzar valor probatorio, al tratarse de unas diligencias debidamente autorizadas y controladas por la Autoridad judicial, cuyo resultado fue posteriormente trasladado al juicio junto con los correspondientes testimonios de los funcionarios que participaron en la investigaci&oacute;n, en unas actuaciones seguidas por delito cuya gravedad y caracter&iacute;sticas de comisi&oacute;n hac&iacute;an proporcional y necesaria su pr&aacute;ctica, existiendo previamente datos objetivos de suficiente entidad para justificarlas.</p> <p>Tambi&eacute;n niega que se haya infringido el derecho a la tutela judicial efectiva o a la presunci&oacute;n de inocencia de los recurrentes porque la sentencia de la Audiencia Nacional enuncia y analiza &ldquo;con una precisi&oacute;n y minuciosidad de todo punto ejemplar y de forma individualizada para cada acusado&rdquo; las pruebas que les incriminan y que son las declaraciones de los polic&iacute;as, las grabaciones de las conversaciones telef&oacute;nicas con sus contenidos, los distintos objetos y documentos ocupados en los domicilios, adem&aacute;s de las manifestaciones de los propios acusados e informaciones obtenidas de fuentes muy solventes relacionadas con la persecuci&oacute;n de la actividad terrorista en el &aacute;mbito internacional.</p> <p>En definitiva, subraya la Sala, &ldquo;numeros&iacute;simas pruebas todas ellas v&aacute;lidas en su producci&oacute;n, procesalmente eficaces, razonablemente valoradas y plenamente capaces para sustentar el fallo condenatorio, de tal forma que hace innecesaria, por ociosa, su enumeraci&oacute;n reiterativa en este momento y en sede casacional&rdquo;. Por las mismas razones, a&ntilde;ade que no puede afirmarse la existencia de errores evidentes, obvios e incuestionables en los criterios seguidos por el &oacute;rgano de instancia, a la hora de valorar las pruebas disponibles que pudieran modificar con fundamento los hechos declarados como probados y sus conclusiones condenatorias.</p> <p><strong>Atenuante colaboraci&oacute;n con la justicia o condena del terrorismo</strong></p> <p>Para el Tribunal Supremo, tampoco hay base f&aacute;ctica para aplicar la atenuante prevista para los casos de colaboraci&oacute;n del terrorista con la Administraci&oacute;n de Justicia &ndash;art&iacute;culo 579 bis del C&oacute;digo Penal- o por haber condenado de forma expl&iacute;cita el terrorismo o la existencia de un desistimiento activo. Sobre todo, indica, porque "las actitudes, comportamientos o manifestaciones posteriores a los hechos llevados a cabo por los recurrentes no resultan h&aacute;biles para mermar la consideraci&oacute;n penal que merecen lo realizado previamente con motivo de su integraci&oacute;n en la organizaci&oacute;n terrorista de referencia&rdquo;.</p> <p>"No puede hablarse, con propiedad, de un desistimiento activo en el tiempo y con la eficacia necesaria para la aplicaci&oacute;n del art&iacute;culo 16.3 del C&oacute;digo Penal, de igual manera que una condena verbal del terrorismo no puede asimilarse a una circunstancia merecedora, ni tan siquiera anal&oacute;gicamente, de atenuaci&oacute;n, ni se dan los estrictos requisitos exigidos en el correspondiente precepto para la aplicaci&oacute;n de la regla atenuatoria basada en la colaboraci&oacute;n con las autoridades&rdquo;, concluye la sentencia.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=843ac9c94a336510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 29 Jul 2016 08:00:00 +0200 El Tribunal Supremo confirma la condena a Abanca por vulnerar la libertad sindical http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=87f9158555036510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Social ha desestimado el recurso de casaci&oacute;n interpuesto por Abanca, Corporaci&oacute;n Bancaria, S.A. y confirma el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que declar&oacute; vulnerado el derecho a la libertad sindical al no reconocer la empresa demandada ni la constituci&oacute;n de secciones sindicales ni el nombramiento de delegados por agrupaci&oacute;n de centros. Dicha sentencia orden&oacute; el cese de dicha conducta por parte de Abanca que fue condenada al pago de una indemnizaci&oacute;n de 187,50 euros a Alternativa Sindical de Cajas de Ahorros-Asca.</p> <p>La Sala Cuarta concluye que Abanca debe reconocer a dicho sindicato su derecho a constituir cinco secciones sindicales y a designar siete delegados sindicales. A&ntilde;ade que su doctrina permite la designaci&oacute;n de delegados sindicales tomando como referencia el centro de trabajo virtual derivado de agrupar varios de ellos si se hab&iacute;a configurado como unidad electoral.</p> <p>En consecuencia, subraya, ASCA-CIT puede organizar libremente la estructura representativa que desea implantar en Abanca: a nivel de centros de trabajo o de la empresa en su conjunto. La sentencia considera que cuando el art&iacute;culo 10.1 LOLS alude a los centros de trabajo "debe entenderse que incluye la posibilidad de tomar en consideraci&oacute;n los mismos individualmente considerados pero tambi&eacute;n varios de ellos, de modo agrupado; al menos cuando esa agrupaci&oacute;n se lleva a cabo por razones objetivas y sin comportar abuso de derecho o consecuencias contrarias a los intereses econ&oacute;micos y sociales de los trabajadores cuya defensa viene encomendada al sindicato".</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=87f9158555036510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 28 Jul 2016 09:18:00 +0200 El Tribunal Supremo reconoce a una madre el derecho a la prestación para cuidar a un hijo con enfermedad grave ya escolarizado en un centro especial http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=36f9dd9842c26510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Social reconoce el derecho de una madre a cobrar una prestaci&oacute;n para el cuidado de su hijo menor de edad afectado por una enfermedad grave que MC Mutual le deneg&oacute; por estar el ni&ntilde;o escolarizado en un centro especial donde recibe diferentes cuidados.</p> <p>La sentencia considera que se cumplen los requisitos legales para conceder la prestaci&oacute;n a la progenitora, que tiene una reducci&oacute;n de jornada del 56,25%, porque, aunque el ni&ntilde;o vaya a un colegio, necesita cuidado directo, continuo y permanente.</p> <p>El menor, que ahora tiene seis a&ntilde;os, naci&oacute; con una enfermedad grave -hemorragia cerebral- y necesita m&uacute;ltiples tratamientos terap&eacute;uticos entre los que se encuentra su escolarizaci&oacute;n en un colegio donde recibe atenci&oacute;n de fisioterapeuta, profesora de audici&oacute;n y lenguaje, de pedagog&iacute;a terap&eacute;utica y auxiliar t&eacute;cnico educativo. Como consecuencia de ello, la madre se vio obligada a pedir una excedencia en su empresa en 2011 y un a&ntilde;o despu&eacute;s una reducci&oacute;n de jornada para atender a su hijo, que tiene reconocido un Grado III por el Gobierno de Cantabria, con un grado de discapacidad del 78 %.</p> <p>La madre solicit&oacute; la prestaci&oacute;n econ&oacute;mica por cuidado de menor afectado por enfermedad grave a MC Mutual pero le fue denegada al no cumplir los requisitos establecidos en el art&iacute;culo 135 qu&aacute;ter de la Ley General de la Seguridad Social (que reconoce el derecho a la prestaci&oacute;n a los progenitores, en aquellos casos en que ambos trabajen, para el cuidado del menor que padezca c&aacute;ncer o cualquier otra enfermedad grave que requiera ingreso hospitalario y tratamiento continuado, siendo requisito indispensable que el beneficiario reduzca su jornada de trabajo al menos en un 50%) y el art&iacute;culo 2 del Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, (que considera como ingreso hospitalario de larga duraci&oacute;n la continuaci&oacute;n del tratamiento m&eacute;dico del menor en domicilio tras el diagn&oacute;stico y hospitalizaci&oacute;n por enfermedad grave).</p> <p>El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria tambi&eacute;n deneg&oacute; la prestaci&oacute;n porque entendi&oacute; que al asistir el menor a un centro especial -y aunque reconoce que ello no equivale a una escolarizaci&oacute;n normal, sino que es una ayuda espec&iacute;fica o tiempo de descanso de los padres respecto de los cuidados continuos en domicilio que necesita el ni&ntilde;o- mantiene una esfera de desconexi&oacute;n con su madre que implica esa posibilidad de atenci&oacute;n indirecta, realizada al margen del &aacute;mbito dom&eacute;stico.</p> <p>En cambio, el Tribunal Supremo estima el recurso de casaci&oacute;n para la unificaci&oacute;n de doctrina interpuesto por la madre y anula la sentencia recurrida al apreciar que se dan todas las circunstancias para la concesi&oacute;n de la citada prestaci&oacute;n. En primer lugar, afirma la sentencia, &ldquo;en ninguno de los preceptos aplicables, art&iacute;culo 135 qu&aacute;ter de la LGSS y art&iacute;culo 2 del RD 1148/2011, de 29 de julio, se exige que esta necesidad de cuidar de manera directa, continua y permanente al menor suponga la atenci&oacute;n al mismo durante las 24 horas del d&iacute;a, los preceptos requieren que el cuidado sea directo, continuo y permanente pero, en modo alguno tal exigencia es equiparable a cuidado durante el d&iacute;a entero&rdquo;.</p> <p>Sobre el requisito relativo a que el progenitor, adoptante o acogedor, se reduzca la jornada al menos en un 50 por ciento, la sentencia, con ponencia de la magistrada Mar&iacute;a Luisa Segoviano, afirma que &ldquo;supone que el solicitante del subsidio no va a dedicar la totalidad de su tiempo al cuidado del menor, ya que una parte del mismo la dedica a la realizaci&oacute;n de su trabajo&rdquo;.</p> <p>Tambi&eacute;n indica que el hecho de que el ni&ntilde;o acuda al centro especial &ldquo;no supone, dada la gravedad de sus dolencias y las severas limitaciones que comportan, que durante el tiempo en el que permanece en su domicilio no tenga que ser objeto de intensos cuidados por parte de su madre, de manera, directa, continua y permanente&rdquo;.</p> <p>Asimismo, se&ntilde;ala que no est&aacute; prevista, como causa de extinci&oacute;n de la prestaci&oacute;n, que el menor est&eacute; escolarizado y que &ldquo;resulta impensable, hoy en d&iacute;a, que ning&uacute;n menor, por severas que sean las limitaciones que padece, no acuda a alg&uacute;n centro de escolarizaci&oacute;n, tratamiento, centro especial...para, en la medida de lo posible, mejorar su situaci&oacute;n e intentar que adquiera los conocimientos que su situaci&oacute;n le permita&rdquo;.</p> <p>Por &uacute;ltimo, subraya la sentencia, &ldquo;el enorme requerimiento de cuidados por parte del menor acarre&oacute; que su madre tuviera que pedir la excedencia para dedicarse a dicho cuidado, situaci&oacute;n en la que permaneci&oacute; desde febrero de 2011 hasta octubre de 2012 y, a partir de esa fecha, a pesar de lo exiguo de sus ingresos -la base reguladora de la prestaci&oacute;n es de 17,78 euros diarios- ha tenido que solicitar reducci&oacute;n de jornada -del 56,25%- para dedicarse a dicho menester&rdquo;.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=36f9dd9842c26510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 27 Jul 2016 13:40:00 +0200 El Tribunal Supremo establece límites a la difusión de pasquines críticos hacia un directivo con ocasión de un conflicto laboral http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=9aa7e51118626510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Primera del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casaci&oacute;n interpuesto por el sindicato LAB y por dos de sus afiliadas contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia que hab&iacute;a apreciado una intromisi&oacute;n ileg&iacute;tima en el derecho al honor del demandante por la actuaci&oacute;n de los recurrentes en el contexto de un conflicto laboral en el que las trabajadoras hab&iacute;an sido despedidas. La demanda fue presentada por un directivo responsable de la gesti&oacute;n de la residencia de ancianos en la que prestaban sus servicios las trabajadoras despedidas.</p> <p>Dichas trabajadoras y el propio sindicato hab&iacute;an colocados carteles, pasquines y pancartas en la residencia y sus alrededores, pero tambi&eacute;n en otra localidad, en la que viv&iacute;a el demandante y su familia y, particularmente, en la fachada de la farmacia que regentaba su madre. En ellos aparec&iacute;a el nombre y la fotograf&iacute;a del demandante y se le acusaba de llevar a cabo una pol&iacute;tica de acoso sindical y de poner en riesgo la salud y la atenci&oacute;n adecuada de los ancianos internados en la residencia para conseguir un lucro econ&oacute;mico.</p> <p>La Sala, en una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Rafael Saraz&aacute;, considera que las cr&iacute;ticas realizadas al demandante, al poner en duda su probidad y acusarle de intentar obtener beneficios a costa de la salud y el cuidado de las personas ancianas ingresadas en la residencia, afectan al &aacute;mbito profesional protegido por el derecho constitucional al honor, pero que tal afectaci&oacute;n se encuentra amparada por la libertad de expresi&oacute;n y la libertad sindical cuando es realizada en el entorno en el que tal cuesti&oacute;n ten&iacute;a relevancia p&uacute;blica, como es la propia residencia y la localidad en la que presta su servicio.</p> <p>La sentencia razona que se trata de juicios de valor y opiniones cr&iacute;ticas, proferidos por agentes sociales involucrados en el &aacute;mbito de prestaci&oacute;n de un servicio p&uacute;blico, legitimados para la cr&iacute;tica de la gesti&oacute;n de los centros cuando consideran que perjudica no solo las condiciones laborales de los trabajadores, sino tambi&eacute;n la calidad del servicio que se presta, y de inter&eacute;s para esa colectividad.</p> <p>En esas cr&iacute;ticas, a&ntilde;ade la resoluci&oacute;n, no se han usado expresiones insultantes desconectadas del mensaje que se trata de transmitir, por m&aacute;s que las expresiones utilizadas, y la inserci&oacute;n de su fotograf&iacute;a, puedan resultar hirientes y molestas para el demandante.</p> <p>Los magistrados destacan la especial relevancia p&uacute;blica de estas informaciones y juicios de valor, por tratarse de un &aacute;mbito, el de las residencias de ancianos, en el que las personas que pueden resultar afectadas por deficiencias en los servicios, por su avanzada edad, no pueden por lo general reivindicar una mejora de su atenci&oacute;n y denunciar esa deficiencias.</p> <p>Sin embargo, la Sala entiende que la comunicaci&oacute;n p&uacute;blica de las expresiones que provocan descr&eacute;dito en el demandante en un entorno sin conexi&oacute;n con el &aacute;mbito en que se ha producido el conflicto laboral, como es la localidad en la que vive, mediante la colocaci&oacute;n de los pasquines y pancartas en fachadas, farolas, parabrisas de veh&iacute;culos y en el local donde su madre desarrolla su actividad profesional, no pretend&iacute;a realizar una cr&iacute;tica al directivo o a un determinado modelo de servicio p&uacute;blico en un entorno en el que tal cuesti&oacute;n tuviera relevancia p&uacute;blica, sino que intent&oacute; se&ntilde;alarlo ante sus convecinos y familiares y escarnecerlo, atribuy&eacute;ndole una conducta que le hace desmerecer ante s&iacute; mismo y ante los dem&aacute;s, de un modo completamente descontextualizado respecto del &aacute;mbito donde el conflicto ten&iacute;a lugar y, por tanto, sin relaci&oacute;n funcional con los bienes jur&iacute;dicos protegidos por las libertades de expresi&oacute;n, informaci&oacute;n y sindical.</p> <p>Esa actuaci&oacute;n no contribuye a un debate p&uacute;blico, inexistente en un &aacute;mbito ajeno a aquel en que se produjo el conflicto, ni tampoco sirve para proteger leg&iacute;timamente los derechos de los trabajadores y los dem&aacute;s fines leg&iacute;timos del sindicato demandado, raz&oacute;n por la que el recurso de casaci&oacute;n es desestimado.</p> <p>&ldquo;Como afirma el Ministerio Fiscal en su escrito de oposici&oacute;n al recurso, empapelar el pueblo del demandante y la farmacia de su madre con tales pasquines y carteles tiene m&aacute;s de venganza (o, m&aacute;s bien, de escarnecimiento p&uacute;blico) que de actividad sindical&rdquo;, concluye la sentencia.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=9aa7e51118626510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 26 Jul 2016 13:00:00 +0200 El Tribunal Supremo declara válido abonar la indemnización por despido con un pagaré si se entrega junto con la carta http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=5135c81ba2d06510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La sentencia considera que el documento -tanto si tiene fecha de vencimiento en el mismo d&iacute;a como si no la indica- funciona, al igual que un cheque, como t&iacute;tulo de cr&eacute;dito pagadero a la vista por lo que cumple con lo establecido en el art&iacute;culo 53.1,b) del Estatuto de los Trabajadores, que obliga al empresario a poner la indemnizaci&oacute;n a disposici&oacute;n del empleado despedido de forma simult&aacute;nea a la comunicaci&oacute;n del despido.</p> <p>La Sala de lo Social estima el recurso de casaci&oacute;n para la unificaci&oacute;n de doctrina interpuesto por la empresa Fundaci&oacute;n Centro Tecnol&oacute;gico Metalmec&aacute;nico y del Transporte (CETEMET) y anula la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc&iacute;a que declar&oacute; improcedente el despido de una trabajadora que no acept&oacute; un pagar&eacute;, que se le entreg&oacute; simult&aacute;neamente junto a la carta de despido y con fecha de vencimiento de ese mismo d&iacute;a, con el que se le iba a pagar la correspondiente indemnizaci&oacute;n.</p> <p>La sentencia recurrida entend&iacute;a que el citado pagar&eacute; no conlleva la simult&aacute;nea puesta a disposici&oacute;n de la indemnizaci&oacute;n, sino que es un t&iacute;tulo que contiene una promesa de hacer efectiva una cantidad de dinero, en la fecha de vencimiento del mismo previa presentaci&oacute;n en la entidad bancaria correspondiente, y que ser&aacute; atendido de existir dinero en la cuenta que se emiti&oacute;, lo que implica que no se pone a disposici&oacute;n del trabajador dicha indemnizaci&oacute;n.</p> <p>Por su parte, la Sala Cuarta considera procedente el despido por causas objetivas de la citada trabajadora que prest&oacute; sus servicios como oficial de 1&ordf; en CETEMET desde el a&ntilde;o 2008 hasta el 2013. La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Jes&uacute;s Souto Prieto, indica que su jurisprudencia ha ido flexibilizando el requisito relativo a la clase de instrumentos susceptibles de producir la puesta a disposici&oacute;n simult&aacute;nea a la comunicaci&oacute;n del despido.</p> <p>En este sentido, afirma que se ha pasado de una interpretaci&oacute;n r&iacute;gida del precepto, seg&uacute;n la cual s&oacute;lo puede entenderse cumplido si en el mismo acto en el que el trabajador se sabe despedido, sin soluci&oacute;n de continuidad y sin previsi&oacute;n de otro tr&aacute;mite ni cualquier quehacer complementario, dispone efectivamente del dinero de la indemnizaci&oacute;n; a otra interpretaci&oacute;n m&aacute;s amplia que admiti&oacute; como instrumento v&aacute;lido la transferencia bancaria o el cheque bancario, cuando no consta dilaci&oacute;n en la entrega ni discordancia en las cantidades.</p> <p>El problema en este caso, se&ntilde;ala la sentencia, es que en lugar de un pacto efectivo, a trav&eacute;s de transferencia bancaria o mediante un cheque, se produjo mediante la entrega de un pagar&eacute; que fue rechazado por la actora, y el pagar&eacute; no constituye, como el cheque, una orden o mandato de pago a la vista, sino una promesa de pago, entre cuyos requisitos formales se exige la indicaci&oacute;n del vencimiento, ya que si no est&aacute; indicado se considerar&aacute; &ldquo;pagadero a la vista&rdquo;.</p> <p>Para el Tribunal Supremo, el pagar&eacute; se entreg&oacute; simult&aacute;neamente con la comunicaci&oacute;n del despido y tiene como fecha de vencimiento el 20 de diciembre de 2013, el mismo d&iacute;a de su entrega y de la comunicaci&oacute;n del despido. &ldquo;Siendo esto as&iacute;, es claro que el pagar&eacute; permit&iacute;a, al igual que un cheque, un pago a la vista, y que la actora, si en lugar de rechazarlo -pues no hab&iacute;a dilaci&oacute;n en la entrega, ni constan discordancias en la cantidad ni falta de provisi&oacute;n de fondos- lo hubiera recogido, podr&iacute;a haberlo hecho efectivo el mismo d&iacute;a, obteniendo as&iacute; una puesta a disposici&oacute;n simult&aacute;nea a la comunicaci&oacute;n del despido, sin perjuicio de que, si por alguna circunstancia ajena a la trabajadora despedida -por ejemplo no abono por el banco por falta de fondos disponibles, como ocurrir&iacute;a tambi&eacute;n con un cheque- no se efectuase la realizaci&oacute;n del pagar&eacute;, siempre tendr&iacute;a expedita la v&iacute;a para reclamar la improcedencia del despido por no haber existido, de forma simult&aacute;nea a la entrega de la comunicaci&oacute;n del despido, una verdadera puesta a disposici&oacute;n de la indemnizaci&oacute;n&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=5135c81ba2d06510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 21 Jul 2016 14:00:00 +0200 El Supremo condena al exjefe de la Policía Local de Sánlucar de Barrameda (Cádiz) por no someterse a una prueba de alcoholemia tras un accidente http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=42d556b8a1806510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Tribunal Supremo ha condenado a pagar una indemnizaci&oacute;n de 14.885,38 euros y una multa de 540 euros al exjefe de la Polic&iacute;a Local de Sanl&uacute;car de Barrameda (C&aacute;diz) por no someterse a la prueba de alcoholemia tras un accidente de tr&aacute;fico que tuvo con un coche oficial cuando circulaba por dicha localidad gaditana. La sentencia mantiene la pena de 45 d&iacute;as de inhabilitaci&oacute;n por un delito de omisi&oacute;n del deber de perseguir delitos, con la atenuante de dilaciones indebidas, a un suboficial que no realiz&oacute; dicho test a su superior.</p> <p>Los hechos considerados probados refieren que, el 4 de septiembre de 1998, el mando policial no se dio cuenta de que hab&iacute;a varios veh&iacute;culos parados en un sem&aacute;foro en rojo y colision&oacute; contra un turismo en el que viajaban un matrimonio y sus dos hijos. Tras la colisi&oacute;n, y una vez en la Comisar&iacute;a, la mujer, que tuvo que ser trasladada al hospital, pidi&oacute; que al acusado se le practicara la prueba de la alcoholemia porque cre&iacute;a que ten&iacute;a s&iacute;ntomas de haber bebido por el fuerte olor a alcohol que desprend&iacute;a su aliento.</p> <p>Como el acusado ya se hab&iacute;a marchado de las dependencias policiales, un cabo lo llam&oacute; por tel&eacute;fono para informarle de la petici&oacute;n de la v&iacute;ctima, respondi&eacute;ndole "que ma&ntilde;ana ir&iacute;a a prestar declaraci&oacute;n", motivo por el que avis&oacute; a un suboficial que, finalmente, convenci&oacute; al matrimonio para que retirara de su declaraci&oacute;n la menci&oacute;n a los s&iacute;ntomas externos de haber ingerido alg&uacute;n tipo de bebida alcoh&oacute;lica y a la petici&oacute;n de que se le practicara una prueba de alcoholemia. La mujer tard&oacute; 172 d&iacute;as en recuperarse del esguince cervical leve y otro lumbar que sufri&oacute; tras la colisi&oacute;n.</p> <p>La Sala de lo Penal ha estimado en parte el recurso del exjefe de la Polic&iacute;a Local contra la sentencia de la Audiencia Provincial de C&aacute;diz que le absolvi&oacute; del delito contra la seguridad del tr&aacute;fico y le conden&oacute; por una falta de lesiones por imprudencia simple a la pena de multa de 90 euros y al pago por v&iacute;a de responsabilidad civil de una indemnizaci&oacute;n de 14.885,38 euros, as&iacute; como al pago de una multa de 540 euros por un delito de negativa a someterse a la prueba de alcoholemia, con la atenuante de dilaciones indebidas. De este modo, confirma la sentencia de la Audiencia Provincial de C&aacute;diz salvo en la parte relativa a la condena por la falta de lesiones, que ha sido anulada al quedar despenalizada tras la reforma del C&oacute;digo Penal, pero mantiene la responsabilidad civil para resarcir al matrimonio que viajaba en el veh&iacute;culo contra el que colision&oacute; el condenado.</p> <p>En contra de lo que sostiene el mando policial, la sentencia afirma que "no hac&iacute;a falta advertirle de la obligaci&oacute;n que le incumb&iacute;a en relaci&oacute;n a la prueba dada la colisi&oacute;n precedente y la sintomatolog&iacute;a apreciada, ni de las consecuencias de su negativa, pues de sobra las conoc&iacute;a a raz&oacute;n de su cargo, as&iacute; como tambi&eacute;n los protocolos de actuaci&oacute;n en tales casos". Aunque el acusado niega que esa comunicaci&oacute;n que le hizo un polic&iacute;a estuviera dotada de la contundencia y claridad exigibles, la Sala Segunda indica que se trata de un agente de la autoridad que se encuentra en la tesitura de tener que ordenar a su superior jer&aacute;rquico que se someta a la prueba de alcoholemia, lo que justifica un uso comedido del lenguaje. &ldquo;El decirle que la lesionada hab&iacute;a pedido que se le practicara la prueba no dejaba espacio al equ&iacute;voco, era tanto como ordenarle que hiciera acto de presencia en las dependencias policiales y se sometiera a las mimas&rdquo;, subraya la sentencia. Por todo ello concluye que &ldquo;la orden existi&oacute; y tuvo la contundencia necesaria para integrar la tipicidad del art&iacute;culo 380 aplicado, como igualmente la tuvo la negativa a su acatamiento por parte del recurrente&rdquo;.</p> <p>En el caso del suboficial condenado, sostiene que &ldquo;lejos de cumplir con su cometido a fin de comprobar si realmente su compa&ntilde;ero y superior presentaba aquellos s&iacute;ntomas de embriaguez, practic&aacute;ndole la oportuna prueba de alcoholemia, como habr&iacute;a sido lo procedente, se abstuvo de ordenar las diligencias necesarias en tales casos. A&ntilde;ade que, por el contrario, hizo que se modificara la declaraci&oacute;n que el denunciante ya hab&iacute;a prestado y se sustituyera por otra en la que se omitiera cualquier referencia a tales extremos, de forma que el atestado que se remiti&oacute; al juzgado de guardia no conten&iacute;a ninguna referencia a una posible intoxicaci&oacute;n et&iacute;lica del polic&iacute;a denunciado.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=42d556b8a1806510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 20 Jul 2016 15:00:00 +0200 El Tribunal Supremo avala que Hacienda pida a un colegio privado facturas pagadas por un padre sin que se vulnere su derecho a la intimidad http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=871156b8a1806510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha avalado que Hacienda pida a un colegio privado las facturas emitidas a un padre por los gastos de ense&ntilde;anza, manutenci&oacute;n y actividades extraescolares de sus hijos sin que la remisi&oacute;n de las mismas por parte del centro docente tampoco suponga la vulneraci&oacute;n de los derechos fundamentales a la intimidad y a la protecci&oacute;n de datos de car&aacute;cter personal.</p> <p>La sentencia desestima el recurso de casaci&oacute;n interpuesto por los tres hijos del contribuyente contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que consider&oacute; que el requerimiento que la Oficina Nacional de Investigaci&oacute;n del Fraude dirigi&oacute; al Runnymede College no vulneraba los citados derechos, ya que la informaci&oacute;n facilitada ni era reservada ni se obtuvo de forma il&iacute;cita.</p> <p>Los recurrentes alegaban, entre otros motivos, que los datos requeridos por Hacienda pod&iacute;an poner en peligro la intimidad y la seguridad de los menores al tratarse de informaci&oacute;n sensible. Tambi&eacute;n argumentaban que la Agencia Estatal de Administraci&oacute;n Tributaria no puede realizar requerimientos gen&eacute;ricos de informaci&oacute;n solicitando cualquier dato de los ciudadanos, &ldquo;tirando una red al mar&rdquo; y desechando despu&eacute;s lo que no tenga trascendencia tributaria.</p> <p>Despu&eacute;s de examinar las facturas, el Tribunal Supremo constata que en las mismas aparecen &ldquo;datos con relevancia econ&oacute;mica&rdquo;, como las cantidades pagadas por el padre al colegio y los conceptos honorarios year, lunch, ballet, reserva de plaza y seguros de accidentes.</p> <p>En efecto, prosigue la sentencia, &ldquo;las facturas de referencia contienen datos personales de los menores pero no todo dato personal es &iacute;ntimo ni la protecci&oacute;n que a la informaci&oacute;n personal fundamenta el art&iacute;culo 18 de la Constituci&oacute;n puede erigirse en obst&aacute;culo para el cumplimiento del deber que la propia Constituci&oacute;n impone a todos de contribuir al sostenimiento de los gastos p&uacute;bicos de acuerdo con la capacidad econ&oacute;mica de cada uno&rdquo;.</p> <p>En la misma l&iacute;nea, a&ntilde;ade que &ldquo;las referencias al colegio en que estudiaban los menores, a que realizaban una actividad extraescolar y a que com&iacute;an en el centro no forma parte, propiamente, del &aacute;mbito de la intimidad y en ning&uacute;n caso est&aacute;n excluidas del conocimiento de la Administraci&oacute;n Tributaria desde el momento en que todas ellas tienen una traducci&oacute;n econ&oacute;mica y, por tanto, son relevantes para establecer la capacidad econ&oacute;mica de su padre&rdquo;.</p> <p>Por todo ello, concluye que la informaci&oacute;n recibida por Hacienda es de car&aacute;cter personal pero no pertenece al &aacute;mbito de la intimidad reservado al conocimiento propio o familiar ni est&aacute; excluida de la potestad de inspecci&oacute;n y comprobaci&oacute;n tributaria. Afirma que predomina en ella el car&aacute;cter econ&oacute;mico, de manera que esos datos no son &ldquo;privados no patrimoniales&rdquo;.</p> <p>La sentencia, con ponencia del magistrado Pablo Lucas, recuerda que la Ley General Tributaria establece el car&aacute;cter reservado de los datos con trascendencia tributaria que haya obtenido la Administraci&oacute;n en el desempe&ntilde;o de sus funciones y solamente autoriza su uso para los espec&iacute;ficos fines que se&ntilde;ala: la efectiva liquidaci&oacute;n de los tributos o recursos cuya gesti&oacute;n tenga encomendada la Administraci&oacute;n Tributaria o la imposici&oacute;n de las sanciones que procedan.</p> <p>Tambi&eacute;n se&ntilde;ala que se proh&iacute;be la cesi&oacute;n o comunicaci&oacute;n a terceros y que se obliga a Hacienda a tomar las medidas precisas para garantizar la confidencialidad de la informaci&oacute;n tributaria y su uso adecuado, obligando a autoridades y funcionarios que tengan conocimiento de los mismos &ldquo;al m&aacute;s estricto y completo sigilo respecto de ellos&rdquo;.</p> <p>Por otra parte, la Sala Tercera afirma que se trata de datos personales que, pese a su relevancia tributaria, no se ven desprovistos de toda protecci&oacute;n, pudiendo ser cedidos a la Administraci&oacute;n P&uacute;blica sin consentimiento del afectado cuando as&iacute; lo autorice una Ley, como ha ocurrido en este caso.</p> <p>La Sala Tercera rechaza adem&aacute;s que el requerimiento sea ilegal al basarse en una Memoria del citado colegio que no era p&uacute;blica, tal y como alegaba el recurso. Sobre este extremo, afirma que aunque la Memoria no est&eacute; a la venta y se dirija a la comunidad educativa del Runnymede College, no es un documento sustra&iacute;do al conocimiento de la administraci&oacute;n tributaria ni es il&iacute;cito servirse de &eacute;l para las actuaciones de inspecci&oacute;n y comprobaci&oacute;n tributaria.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=871156b8a1806510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 20 Jul 2016 14:00:00 +0200 El Tribunal Supremo confirma la condena a Diego Torres por filtrar los correos electrónicos de Iñaki Urdangarín http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=702fea403f206510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Primera del Tribunal Supremo, reunida en Pleno, ha estima el recurso de casaci&oacute;n interpuesto por Unidad Editorial Informaci&oacute;n General, S.L.U. y Semana, S.L. (editores, respectivamente, del diario El Mundo y de la revista Semana) y desestimado los recursos de casaci&oacute;n interpuestos por Mediaset Espa&ntilde;a Comunicaci&oacute;n, S.A. (emisora del programa de Ana Rosa), Cuarzo Producciones, S.A. (productora del programa de Ana Rosa), Titania Compa&ntilde;&iacute;a Editorial, S.L. (editora de Vanitatis), y Diego Torres P&eacute;rez, contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona dictada en el juicio ordinario sobre protecci&oacute;n del derecho a la intimidad personal y familiar promovido por I&ntilde;aki Urdangar&iacute;n con motivo de los correos electr&oacute;nicos que Diego Torres anunci&oacute; aportar en la causa penal abierta y sobre los que se hicieron publicaciones en los distintos medios.</p> <p>La sentencia dictada en primera instancia desestim&oacute; la demanda; pero la Audiencia Provincial revoc&oacute; la sentencia y estim&oacute; la demanda interpuesta por Urdangar&iacute;n, declarando lesionado su derecho a la intimidad personal y familiar por Torres como consecuencia de la revelaci&oacute;n y divulgaci&oacute;n del contenido de los mensajes de correo de car&aacute;cter personal e &iacute;ntimo relativo a la vida privada del demandante y por el resto de los codemandados &ndash;medios de comunicaci&oacute;n- como consecuencia de la divulgaci&oacute;n y publicaci&oacute;n sobre su contenido, condenando a todos los demandados a cesar y abstenerse en lo sucesivo en el descubrimiento, revelaci&oacute;n, publicaci&oacute;n, difusi&oacute;n y divulgaci&oacute;n en cualquier medio del contenido de los mensajes, y que hagan referencia a la vida &iacute;ntima del demandante o de su familia, as&iacute; como hacer declaraciones, efectuar comentarios, emitir opiniones o juicios de valor sobre el contenido de dichos mensajes.</p> <p>La sentencia de la Audiencia barcelonesa conden&oacute; tambi&eacute;n a los demandados a abonar al demandante el importe de un euro como indemnizaci&oacute;n por da&ntilde;o moral y a la publicaci&oacute;n del encabezamiento y fallo de la sentencia.</p> <p>La sentencia de Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo valora en abstracto el peso de los respectivos derechos fundamentales que entran en colisi&oacute;n &ndash;libertad de informaci&oacute;n y derecho a la intimidad- , siendo regla general que la revelaci&oacute;n de las relaciones afectivas de las personas carece en absoluto de cualquier trascendencia para la comunidad, porque no afecta al conjunto de los ciudadanos.</p> <p>Constatada la colisi&oacute;n entre derechos, examina la intensidad y trascendencia con la que cada uno de ellos ha resultado afectado y, como resultado de este examen, estima uno de los recursos y casa la sentencia recurrida para dejar sin efecto la condena a dos de los medios de comunicaci&oacute;n que b&aacute;sicamente se limitaron a dar la noticia -sobre la posible aportaci&oacute;n en causa penal de correos electr&oacute;nicos-, conducta que supone una afectaci&oacute;n leve de la intimidad del demandante, justificada por su relevancia p&uacute;blica.</p> <p>La Sala desestima el resto de los recursos de casaci&oacute;n y mantiene el pronunciamiento condenatorio de la Audiencia Provincial sobre Diego Torres por la divulgaci&oacute;n y filtraci&oacute;n a los medios sobre los correos electr&oacute;nicos sin consentimiento del demandante, teniendo en cuenta que son los individuos quienes deciden qu&eacute; aspectos de su persona desean preservar de la difusi&oacute;n y quienes poseen la facultad de poder impedir la divulgaci&oacute;n de datos de su intimidad por parte de un tercero no autorizado, sea cual fuere la finalidad perseguida.</p> <p>En cuanto al resto de los medios de comunicaci&oacute;n que se extralimitaron en la noticia, ahondando en su contenido y morbo, la Sala confirma la intromisi&oacute;n ileg&iacute;tima en el derecho a la intimidad personal y familiar del demandante: "Una cosa es que las actividades &ndash;de I&ntilde;aki Urdangar&iacute;n- est&eacute;n expuestas a la curiosidad o incluso al escrutinio de los medios de comunicaci&oacute;n y de la ciudadan&iacute;a y otra que su conducta privada, en el &aacute;mbito matrimonial, sentimental o sexual pueda ser divulgada o expuesta como mercanc&iacute;a". Su condici&oacute;n de personaje p&uacute;blico no minusvalora ni degrada su derecho fundamental a la intimidad.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=702fea403f206510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 19 Jul 2016 14:45:00 +0200 El Tribunal Supremo resuelve sobre la nulidad de una cláusula incorporada a un préstamo con garantía hipotecaria http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=0a23069a14206510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha dictado sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Ignacio Sancho Gargallo, en un asunto en el que se suscitaba controversia con respecto a la nulidad por abusiva de una cl&aacute;usula contractual contenida en contrato de pr&eacute;stamo con garant&iacute;a hipotecaria, que posibilitaba la venta extrajudicial.<br />Se adjunta nota de prensa de la Sala.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=0a23069a14206510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 19 Jul 2016 11:15:00 +0200 El Tribunal Supremo avala la campaña publicidad de ‘Hazteoir’ contra Cristina Cifuentes por su posición ante el aborto http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=50e4567aad106510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Contencioso-administrativo ha avalado la campa&ntilde;a publicitaria de Hazteoir.org en contra de Cristina Cifuentes, candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid en las elecciones auton&oacute;micas de 2015, por su posici&oacute;n favorable al aborto al considerar que es una manifestaci&oacute;n de los derechos fundamentales a la libertad de expresi&oacute;n y a la participaci&oacute;n pol&iacute;tica.</p> <p>La sentencia estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por dicha asociaci&oacute;n, por el cauce del procedimiento especial para la protecci&oacute;n de los derechos fundamentales de la persona, y anula los acuerdos de la Junta Electoral Provincial y Central, de 7 de mayo y de 13 de mayo de 2015, respectivamente, que obligaron a retirar de forma inmediata la publicidad de las vallas publicitarias, situadas en el distrito de Vallecas, de un autob&uacute;s y de la p&aacute;gina web yorompo.org de la Asociaci&oacute;n Derecho a Vivir por tratarse de un acto electoral, prohibido por la ley Org&aacute;nica de R&eacute;gimen Electoral General.</p> <p>En concreto, el acuerdo de la Junta Electoral Central, que inclu&iacute;a un voto particular de cinco de sus miembros, basaba su decisi&oacute;n en que el art&iacute;culo 50.5 de la Ley Org&aacute;nica de R&eacute;gimen Electoral General proh&iacute;be a cualquier persona jur&iacute;dica, distinta de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores, que realice actos de campa&ntilde;a electoral, a partir de la fecha de la convocatoria de las elecciones, sin perjuicio de lo establecido en el art&iacute;culo 20 de la Constituci&oacute;n.</p> <p>El mismo acuerdo razonaba que la publicidad cuestionada, que inclu&iacute;a expresiones como &ldquo;Si votas Cifuentes, votas aborto&rdquo; o &ldquo;Yo rompo con Cifuentes&rdquo;, no constituye un hecho aislado que exprese &uacute;nicamente una posici&oacute;n de cr&iacute;tica respecto a una determinada decisi&oacute;n pol&iacute;tica, sino que se trata de una campa&ntilde;a organizada para orientar el sentido del voto en contra de una de las candidatas.</p> <p>La Junta Electoral Central recordaba que el art&iacute;culo 50.4 de la Ley Org&aacute;nica de R&eacute;gimen Electoral General establece que por campa&ntilde;a electoral se entiende el conjunto de actividades l&iacute;citas llevadas a cabo en orden a la captaci&oacute;n de sufragios, pero consideraba que la publicidad para promover que no se vote a un candidato determinado tambi&eacute;n es campa&ntilde;a electoral en la medida en que directa o indirectamente persigue orientar el voto de los electores, como ocurre en este caso.</p> <p>Por su desacuerdo con la decisi&oacute;n, Hazteoir.org present&oacute; una demanda en la que ped&iacute;a que se anularan los citados acuerdos argumentando que con su campa&ntilde;a se limitaba a hacer visible la posici&oacute;n que una candidata tiene sobre el aborto y, por tanto, que no ped&iacute;a el voto para ninguna formaci&oacute;n pol&iacute;tica ni invitaba a la ciudadan&iacute;a a retirar su voto a ning&uacute;n partido pol&iacute;tico.</p> <p>El Partido Popular aleg&oacute; que la asociaci&oacute;n pretend&iacute;a enmascarar como campa&ntilde;a publicitaria lo que era una actividad propia de campa&ntilde;a electoral, dirigida a todo el electorado y sin legitimidad para ello, con la &uacute;nica finalidad de captar el voto, en este caso contrario a su candidata, y excediendo la labor de cr&iacute;tica y difusi&oacute;n de ideas.</p> <p>Por su parte, el Ministerio Fiscal era partidario de estimar el recurso de Hazteoir.org como finalmente ha hecho la Sala de lo Contencioso-Administrativo en esta sentencia en la que sostiene que carece de justificaci&oacute;n la equiparaci&oacute;n que el acuerdo de la Junta Electoral Central efect&uacute;a de los actos dirigidos a orientar el voto de los electores con las estrictas actividades realizadas para captar sufragios.</p> <p>La sentencia de la Sala Tercera, de la que ha sido ponente el magistrado Nicol&aacute;s Maurandi, explica que la finalidad de la prohibici&oacute;n del art&iacute;culo 50.5 de la LOREG es evitar que en esas estrictas actividades de captaci&oacute;n de sufragios, se interfieran unas personas jur&iacute;dicas distintas de las mencionadas en el apartado 4 (candidatos, partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones) para que los candidatos no burlen las reglas en las que se ha de mover la campa&ntilde;a electoral y tampoco logren un apoyo externo que quebrante la igualdad de medios que debe presidir la contienda electoral.</p> <p>En consecuencia, a&ntilde;ade que &ldquo;deben quedar fuera de esa prohibici&oacute;n aquellas otras actividades no directamente encaminadas a captar votos favorables aunque exterioricen posiciones cr&iacute;ticas o discrepancias con las posiciones defendidas por los candidatos, pues no solamente no encajan en la letra de la ley (captaci&oacute;n de sufragios) sino que adem&aacute;s est&aacute;n alejadas de ese prop&oacute;sito de la norma de asegurar la igualdad en los instrumentos que sean utilizados para el concreto objetivo de obtenci&oacute;n de votos&rdquo;.</p> <p>Tambi&eacute;n indica que &ldquo;establecer una equivalencia entre pedir el voto e influir en el voto puede conducir a una grave y desproporcionada restricci&oacute;n de derechos fundamentales durante el periodo electoral, estrangulando el debate p&uacute;blico y convirtiendo el espacio de di&aacute;logo pol&iacute;tico en un &aacute;mbito de monopolio ocupado en exclusiva por los partidos pol&iacute;ticos y sus candidaturas&rdquo;.</p> <p>Otro argumento de la Sala Tercera es que el binomio &ldquo;incidir en el sentido del voto/captar sufragios&rdquo;, como actividades claramente diferenciadas y distintas, est&aacute; en la propia LOREG que no se limita a establecer la captaci&oacute;n de votos como un l&iacute;mite de la campa&ntilde;a institucional que durante el periodo electoral pueden realizar los poderes p&uacute;blicos, sino que va m&aacute;s all&aacute; con la imposici&oacute;n &ldquo;sin influir, en ning&uacute;n caso, en la orientaci&oacute;n del voto a los electores&rdquo;.</p> <p>Por &uacute;ltimo, la sentencia incide en que todas estas consideraciones se ven reforzadas con lo establecido por el Tribunal Supremo en su sentencia de 1982 en la que defiende la necesidad de interpretar las restricciones de las normas electorales de manera arm&oacute;nica y conjunta con otros mandatos y postulados de la Constituci&oacute;n.</p> <p>Para el alto tribunal, los citados mandatos y postulados constitucionales son: la afirmaci&oacute;n de que la soberan&iacute;a nacional reside en el pueblo espa&ntilde;ol (art&iacute;culo 1); la configuraci&oacute;n de la participaci&oacute;n pol&iacute;tica de los ciudadanos como un derecho fundamental (art&iacute;culo 23); la participaci&oacute;n ciudadana para un amplio elenco de decisiones del poder pol&iacute;tico (art&iacute;culos 92, 105, 125 y 129); y la configuraci&oacute;n de los partidos pol&iacute;ticos como &ldquo;instrumento fundamental para la participaci&oacute;n pol&iacute;tica&rdquo;, pero no &uacute;nico.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=50e4567aad106510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 19 Jul 2016 09:00:00 +0200 El Tribunal Supremo ordena repetir la sentencia sobre el PGOU ‘Operación Calderón’ de Madrid http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=c4ab4f911ecf5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala III del Tribunal Supremo ha anulado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 13 de abril de 2015, en relaci&oacute;n a la modificaci&oacute;n puntual del PGOU de Madrid de 1997 en el &aacute;mbito &lsquo;Mahou-Vicente Calder&oacute;n&rsquo;. El Supremo considera que dicha sentencia tiene falta de motivaci&oacute;n, por lo que ordena al Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictar una nueva.</p> <p>El Tribunal Superior de Justicia de Madrid estim&oacute; en parte el recurso de la Asociaci&oacute;n Se&ntilde;ales de Humo, contra el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de fecha 29 de diciembre de 2009 que aprueba definitivamente la Modificaci&oacute;n Puntual del PGOU Madrid de 1997, en el &aacute;mbito "Mahou-Vicente Calder&oacute;n". As&iacute;, anul&oacute; por no ser conformes a derecho los particulares de la referida modificaci&oacute;n puntual que permiten una edificabilidad general en el &aacute;mbito por encima de la prohibici&oacute;n legal de edificar una altura superior a tres plantas m&aacute;s &aacute;tico, incluida la baja, plantas retranqueadas y semis&oacute;tanos que sobresalgan m&aacute;s de un metro, de manera que la edificaci&oacute;n resultante no exceda de dichas tres plantas m&aacute;s &aacute;tico en todos y cada uno de los puntos del terreno.</p> <p>Ahora, el Supremo estima los recursos del Ayuntamiento de Madrid, Mahou y el club Atl&eacute;tico de Madrid contra dicha sentencia, acogiendo que fue incongruente y estuvo falta de motivaci&oacute;n en un punto esencial para resolver el pleito: la aplicaci&oacute;n al caso de lo prescrito en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, de 2001, y de la reforma de la misma establecida en la Ley de Modernizaci&oacute;n de la Comunidad, de 2007. Al tratarse de normas de procedencia auton&oacute;mica, debe ser el TSJ de Madrid el que dicte nueva sentencia solventando el problema de falta de motivaci&oacute;n.</p> <p>Sobre la falta de motivaci&oacute;n de la sentencia ahora revocada, el Supremo explica que nada dice &ldquo;respecto de la alegaci&oacute;n relativa al &aacute;mbito de aplicaci&oacute;n de tal limitaci&oacute;n de alturas desde la perspectiva del concepto &ldquo;nuevos desarrollos urban&iacute;sticos&rdquo; (que se utiliza en el Pre&aacute;mbulo de la Ley de 2007), y que las recurridas consideraron, en la instancia, s&oacute;lo referidos al &ldquo;suelo urbanizable no sectorizado o sectorizado&rdquo;, mas no al &ldquo;suelo urbano&rdquo;, como es el del &aacute;mbito que nos ocupa&rdquo;.</p> <p>&ldquo;Esta cuesti&oacute;n, que resultaba esencial para la resoluci&oacute;n del conflicto suscitado, es a la que la Sala no responde, dando una salida a la cuesti&oacute;n ---en los t&eacute;rminos que hemos reproducido--- que no puede superar el nivel de exigencia de motivaci&oacute;n, pues las razones dadas por la Sala no son suficientes para resolver las cuestiones que las partes recurridas somet&iacute;an a la consideraci&oacute;n del Tribunal de instancia&rdquo;, a&ntilde;ade la Sala III.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=c4ab4f911ecf5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 18 Jul 2016 10:00:00 +0200 El Tribunal Supremo archiva una denuncia contra Pablo Iglesias por supuestos pagos del Gobierno de Venezuela http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=624aa531b8ee5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha archivado la denuncia presentada por un particular contra el diputado y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, por supuestos pagos por asesoramientos al Gobierno de Venezuela al considerar que los hechos denunciados en la misma no son constitutivos de delito.</p> <p>El auto indica que la denuncia se basa en &ldquo;simples noticias&rdquo;, difundidas a trav&eacute;s de medios de comunicaci&oacute;n, que no constituyen verdaderos indicios.</p> <p>El denunciante alegaba que el Gobierno de Nicol&aacute;s Maduro efectu&oacute; un pago de 272.325 d&oacute;lares a Pablo Iglesias a trav&eacute;s de un banco situado en un para&iacute;so fiscal, en marzo de 2014, dos meses despu&eacute;s de la fundaci&oacute;n de Podemos. Tambi&eacute;n argumentaba que la orden de las autoridades venezolanas se camufl&oacute; como un pago de "asesor&iacute;as para el desarrollo social en el pa&iacute;s".</p> <p>La Sala Segunda considera que no existe apariencia delictiva en los hechos denunciados, "pues el pago por asesoramientos al Gobierno de Venezuela no constituye el delito de financiaci&oacute;n ilegal que por primera vez se tipific&oacute; en la reforma de 2015, ni tampoco blanqueo de capitales o fiscal, pues para su existencia en relaci&oacute;n con el primero, tendr&iacute;a que constar el origen delictivo de los bienes y no pueden presumirse ileg&iacute;timos y procedentes de delito los bienes recibidos del Gobierno de un pa&iacute;s en contraprestaci&oacute;n por servicios de asesoramiento, y en el segundo delito, no consta la elusi&oacute;n del pago de tributos por esa cantidad en cuant&iacute;a superior a la cuota prevista del art&iacute;culo 305 del C&oacute;digo Penal".</p> <p>Del mismo modo, explica que en la denuncia, que se acompa&ntilde;a de "tres fotocopias", &ldquo;no se ofrece elemento o principio de prueba alguno que avale razonablemente la realidad de la posible comisi&oacute;n de un hecho delictivo".</p> <p>Por todo ello, concluye que &ldquo;la mera publicaci&oacute;n de informaciones en los medios de comunicaci&oacute;n no puede justificar la apertura de un procedimiento penal para su investigaci&oacute;n si la denuncia que los incorpora, como es el caso, no aporta u ofrece alg&uacute;n indicio de su comisi&oacute;n que pueda ser calificado como accesible y racional".</p> <p>La Sala recuerda que la inadmisi&oacute;n es el camino a seguir &ndash;como en causa especial de querella presentada contra un exministro- cuando el querellante se limita a narrar unos hechos sustentados &uacute;nicamente en una informaci&oacute;n period&iacute;stica, careciendo de m&iacute;nimo apoyo probatorio, y que desde su perspectiva considera ocurridos, pero sin que acompa&ntilde;e a su denuncia datos objetivos y accesibles de la realidad de lo sucedido en cuanto a la intervenci&oacute;n de la persona querellada.</p> <p>Tambi&eacute;n sostiene (causa especial denuncia contra expresidente del Congreso) que la mera remisi&oacute;n al contenido de las informaciones supone que quien interpone la denuncia no asume como propia la imputaci&oacute;n de tales hechos ni, por ello, las responsabilidades que podr&iacute;an derivarse de una eventual falsedad.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=624aa531b8ee5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 15 Jul 2016 14:40:00 +0200 El Tribunal Supremo elimina las preferencias que establece el Reglamento de Costas para conceder los chiringuitos de playa http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=7ea947ff698e5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de una particular y ha anulado la Disposici&oacute;n transitoria vigesimosexta del Real Decreto 876/2014, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas, donde se reconoce ese derecho de preferencia en el otorgamiento de concesiones a quienes, cuando entr&oacute; en vigor la Ley de Costas de 2013, tuvieran su actividad o instalaci&oacute;n abierta. Para el Supremo, ello vulnera los principios de igualdad de trato, proporcionalidad y jerarqu&iacute;a normativa por &ldquo;beneficiar&rdquo; a quienes tuvieran chiringuito abierto.</p> <p>En l&iacute;nea con la recurrente, el Tribunal Supremo entiende que esta disposici&oacute;n es desproporcionada y afecta a las condiciones de igualdad de las personas que est&eacute;n interesadas en obtener una concesi&oacute;n de instalaciones ubicadas en tramos naturales de playa.</p> <p>&ldquo;Entendemos que, al no establecer factor o criterio alguno que venga a acotar los t&eacute;rminos en que la preferencia pudiera hacerse valer y consentir por tanto a partir de tal grado de indeterminaci&oacute;n que pueda venir a prevalecer aquella de modo absoluto e irresistible, convirtiendo a quienes no ostentan otra posici&oacute;n que la de meros precaristas en aut&eacute;nticos concesionarios, la disposici&oacute;n transitoria vigesimosexta impugnada aparece desprovista de la justificaci&oacute;n objetiva y razonable que le es exigible y desatiende, en suma, las exigencias dimanantes de los principios de igualdad de trato y de proporcionalidad&rdquo;, se&ntilde;alan los magistrados.</p> <p>Adem&aacute;s, el Reglamento tambi&eacute;n vulnera el principio de jerarqu&iacute;a normativa, ya que el reconocimiento del derecho de preferencia que establece no est&aacute; respaldado en el texto legal de referencia, que es la Ley de Costas.<br />La disposici&oacute;n transitoria vigesimosexta que ahora se anula reconoce el derecho de preferencia de los actuales ocupantes de terrenos de dominio p&uacute;blico mar&iacute;timo terrestre con t&iacute;tulos habilitantes extinguidos o en curso de tramitaci&oacute;n. Seg&uacute;n la recurrente, esta disposici&oacute;n supone en la pr&aacute;ctica la concesi&oacute;n encubierta de una pr&oacute;rroga, concedida a quien carece de un derecho vigente y con una preferencia contraria al principio de igualdad y libertad de empresa.</p> <p>En su sentencia, la Secci&oacute;n Quinta de la Sala Tercera reconoce la legitimidad de la recurrente -que hab&iacute;a sido rechazada por el abogado del Estado-, al subrayar que su inter&eacute;s no es &ldquo;meramente potencial&rdquo;, puesto que compromete su derecho, &ldquo;y el de cuantos se encuentren en su misma posici&oacute;n, a presentarse a los concursos que se convoquen y que pueden tener lugar de forma inmediata a partir de la entrada en vigor de la disposici&oacute;n transitoria impugnada&rdquo;.</p> <p>El tribunal a&ntilde;ade que para concursar se requieren unas inversiones y gastos que devendr&iacute;an in&uacute;tiles de mantenerse el derecho de preferencia en los t&eacute;rminos establecidos en la citada disposici&oacute;n.</p> <p>Una vez despejada la legitimidad de la recurrente, la Sala entra a valorar el fondo del asunto y concluye que no est&aacute; justificada una cl&aacute;usula como la disposici&oacute;n transitoria recurrida, que por beneficiar a los actuales ocupantes de terrenos de dominio p&uacute;blico mar&iacute;timo terrestre con instalaciones activas y abiertas, les otorga una posici&oacute;n de ventaja que no resulta proporcionada puesto que en los t&eacute;rminos en que aparece legalmente consagrada, &ldquo;la preferencia es absoluta y sin matices&rdquo; y confiere a los actuales ocupantes &ldquo;una posici&oacute;n de ventaja incompatible con el principio de igualdad de trato&rdquo;.</p> <p>Adem&aacute;s, la Sala ha valorado las nuevas disposiciones legales sobre la materia que ampl&iacute;an a 75 a&ntilde;os los plazos m&aacute;ximos de la duraci&oacute;n de las concesiones, as&iacute; como los del otorgamiento de las pr&oacute;rrogas correspondientes. Asimismo, el ponente Jose Juan Suay hace constar que el texto legal de referencia, la Ley de Costas, no respalda el reconocimiento del derecho de preferencia contemplado en la mencionada disposici&oacute;n transitoria del Reglamento, por lo que al no existir cobertura normativa dicha disposici&oacute;n trasciende de lo legalmente previsto, que consiste en servir de complemento normativo.</p> <p>El abogado del Estado explic&oacute; en sus alegaciones que la norma cuestionada trataba de dar respuesta a una situaci&oacute;n de hecho, como era la existencia, a la entrada en vigor de la Ley de Costas de 2013, de ocupantes de terrenos de dominio p&uacute;blico mar&iacute;timo-terrestre que manten&iacute;an su actividad o instalaci&oacute;n abierta.</p> <p>Por otro lado, la Sala establece que no cabe acceder, en el marco de este recurso, a la nulidad de cuantas pr&oacute;rrogas hayan sido concedidas en aplicaci&oacute;n de la disposici&oacute;n transitoria recurrida, como tambi&eacute;n ped&iacute;a la recurrente.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=7ea947ff698e5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 14 Jul 2016 12:00:00 +0200 El Tribunal Supremo condena a un año prisión a una joven por humillar a través de twitter a Irene Villa y a Miguel Ángel Blanco http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=ff305437b54e5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a un a&ntilde;o de prisi&oacute;n a una joven por un delito de enaltecimiento del terrorismo y humillaci&oacute;n a las v&iacute;ctimas cometido al difundir a trav&eacute;s de twitter, bajo el perfil de &lsquo;Madame guillotine&rsquo;, mensajes que atentaron a la dignidad de Irene Villa y Miguel &Aacute;ngel Blanco.&nbsp;Los magistrados rebajan de 2 a 1 a&ntilde;o de prisi&oacute;n la pena que le impuso la Audiencia Nacional al estimar parcialmente el recurso de casaci&oacute;n interpuesto por la acusada, acogiendo el motivo en el que alegaba la desproporci&oacute;n de la condena.</p> <p>Seg&uacute;n los hechos probados, la joven, nacida en 1991, public&oacute; comentarios y expresiones desde su perfil de Twitter, donde ten&iacute;a 790 seguidores, con el fin de denigrar la memoria de la v&iacute;ctima de la organizaci&oacute;n terrorista ETA, Miguel &Aacute;ngel Blanco, y despreciar a Irene Villa, v&iacute;ctima tambi&eacute;n de un atentado, as&iacute; como ensalzar las actividades de miembros de la citada organizaci&oacute;n.</p> <p>La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Juli&aacute;n S&aacute;nchez Melgar, considera que las expresiones se enmarcan dentro del discurso del odio que no est&aacute;n protegidas por la libertad ideol&oacute;gica o de expresi&oacute;n. A&ntilde;ade que no se trata de criminalizar opiniones discrepantes sino de combatir actuaciones dirigidas a la promoci&oacute;n p&uacute;blica de quienes ocasionan un grave quebranto en el r&eacute;gimen de libertades y da&ntilde;o en la paz de la comunidad con sus actos criminales, atentando contra el sistema democr&aacute;tico establecido. Asimismo, indica que la humillaci&oacute;n o desprecio a las v&iacute;ctimas afecta directamente a su honor y a su dignidad, perpetuando su victimizaci&oacute;n, que es actualizada a trav&eacute;s de esa conducta.</p> <p><strong>Humor negro y burla</strong></p> <p>La Sala Segunda concluye que "no se penaliza el chiste f&aacute;cil o de mal gusto, sino que una de las facetas de la humillaci&oacute;n consiste en la burla, que no est&aacute; recreada en este caso con chistes macabros con un sujeto pasivo indeterminado, sino un bien concreto y referido a unas personas a quien se identifica con su nombre y apellidos.</p> <p>En este caso, subraya la sentencia, se cumple el requisito objetivo del delito de enaltecimiento del terrorismo y humillaci&oacute;n a las v&iacute;ctimas, tanto por las acciones en alabanza de terrorismo (Viva ETA o la &ldquo;Lucha es el &uacute;nico camino. Dale duro hasta ganar&rdquo;) como en las expresiones relativas a la humillaci&oacute;n de las v&iacute;ctimas, focalizadas en Irene Villa o en Miguel &Aacute;ngel Blanco.</p> <p>Para el Tribunal Supremo, las expresiones &ldquo;&iquest;C&oacute;mo monta Irene Villa a caballo? Con velcro&rdquo;, &ldquo;&iquest;De qu&eacute; tiene la frente morada Irene Villa? De llamar a las puertas&rdquo;, otras como &ldquo;&iquest;En qu&eacute; se parece Miguel &Aacute;ngel Blanco a un delf&iacute;n? En el agujero de la nuca&rdquo;, &ldquo;&iquest;Qu&eacute; le regalar&aacute;n al sobrino de Miguel &Aacute;ngel Blanco por Navidades? Un tiovivo&rdquo; son &ldquo;incuestionablemente constitutivas del concepto de humillaci&oacute;n a las v&iacute;ctimas.</p> <p>Tambi&eacute;n concurre el elemento subjetivo del delito porque "la difusi&oacute;n de tales expresiones son consecuencia del conocimiento de lo que se transmite, y que lo que se transmite es una ofensa p&uacute;blica a v&iacute;ctimas del terrorismo, debe deducirse del talante cultural de quien lo ha escrito y enviado a la red a trav&eacute;s de su cuenta de twitter".</p> <p><strong>Pena proporcionada condiciones personales acusada</strong></p> <p>De los diferentes motivos alegados en el recurso de casaci&oacute;n, la Sala de lo Penal estima el relativo a la desproporci&oacute;n de la pena y acuerda establecer una m&aacute;s proporcionada a las condiciones personales de la acusada: una joven estudiante en el momento de los hechos. En este tipo de delitos, subraya la sentencia, &ldquo;ha de ponderarse no solo en funci&oacute;n de las expresiones que conforman el tipo objetivo del delito, sino sustancialmente con base en la personalidad y en este caso juventud de la autora de la infracci&oacute;n criminal, cuyo comportamiento debe condenarse, siendo as&iacute; que deber&aacute; proclamarse en este tipo de acciones un ejercicio de ciudadan&iacute;a responsable&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=ff305437b54e5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 13 Jul 2016 15:35:00 +0200 Comunicado de la Sala Social del Tribunal Supremo sobre el despido colectivo de Panrico http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=5d785437b54e5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha examinado los recursos de casaci&oacute;n (323/2014- despido colectivo Panrico) contra la sentencia de la Audiencia Nacional que hab&iacute;a declarado &nbsp;el despido ajustado a derecho, salvo en dos aspectos concretos:</p> <p>a) El aplazamiento de la indemnizaci&oacute;n pactada.</p> <p>b) Los despidos a realizar diferidamente en 2015 y 2016 (aspecto no cuestionado en el recurso).</p> <p>La Sala, por mayor&iacute;a y con voto particular en contra, ha decidido (desestimando los recursos de los sindicatos y las causas de nulidad por ellos invocadas, y estimando el recurso de la empresa) confirmar la sentencia de la Audiencia Nacional, salvo en lo referente al aplazamiento de la indemnizaci&oacute;n pactada que se declara ajustada a derecho.</p> <p><br /> </p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=5d785437b54e5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 13 Jul 2016 15:07:00 +0200 El Tribunal Supremo anula la condena a tres miembros de ETA por la denegación de una prueba pericial sobre torturas http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=19475c1a4b3e5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha anulado una sentencia de la Audiencia Nacional que conden&oacute; a tres presuntos miembros de ETA por no haber admitido dicho tribunal la prueba pericial psicol&oacute;gica de uno de los acusados en aplicaci&oacute;n del Protocolo de Estambul, que es un manual para la investigaci&oacute;n de torturas asumido por la ONU desde el a&ntilde;o 2000. Los magistrados consideran que la denegaci&oacute;n de dicha prueba supuso una efectiva indefensi&oacute;n.</p> <p>El Supremo ordena devolver la causa a la Audiencia Nacional, para que un tribunal formado por magistrados distintos a los que pronunciaron la sentencia condenatoria ordene practicar la prueba pericial indebidamente denegada, celebre nuevo juicio y dicte nueva sentencia.</p> <p>El alto tribunal, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Joaqu&iacute;n Gim&eacute;nez, se&ntilde;ala que la realizaci&oacute;n de la prueba denegada por la Audiencia era &ldquo;pertinente&rdquo; y &ldquo;necesaria&rdquo; por su directa incidencia en la soluci&oacute;n del caso.</p> <p>La sentencia estima parcialmente el recurso de Saoia S&aacute;nchez Iturregui, la &uacute;nica de las tres personas condenadas que recurri&oacute; al Supremo. La resoluci&oacute;n de la Audiencia Nacional consider&oacute; probado que fue ella quien capt&oacute; para ETA, en 2006, a los otros dos acusados, I&ntilde;igo Zapira&iacute;n Romano y Beatriz Etxebarr&iacute;a Caballero. Los tres fueron condenados en esta causa a 15 a&ntilde;os de c&aacute;rcel por un delito de estragos, por la colocaci&oacute;n de un artefacto explosivo en una oficina del INEM de Bilbao en enero de 2006.</p> <p>El Supremo destaca que la &uacute;nica prueba de cargo contra S&aacute;nchez Iturregui fue la declaraci&oacute;n de Zapirain prestada ante el Juzgado de guardia de la Audiencia Nacional el 5 de marzo de 2011, tras su detenci&oacute;n, encontr&aacute;ndose en r&eacute;gimen de incomunicaci&oacute;n, en la que ratific&oacute; sus declaraciones en sede policial, tambi&eacute;n incomunicado. Posteriormente, el 5 de abril de 2011, ya asistido por abogado de libre designaci&oacute;n y no por uno de oficio, como anteriormente, dijo que sus anteriores declaraciones ante la Guardia Civil las hizo bajo coacciones y amenazas de que su pareja (Beatriz Etxebarr&iacute;a Caballero) iba a ser violada y torturada en caso de no firmarlas.</p> <p>Saoia S&aacute;nchez Iturregui propuso en su escrito de calificaci&oacute;n provisional una prueba pericial anticipada a la vista oral, en relaci&oacute;n a I&ntilde;igo Zapirain, a practicar por dos licenciados en psicolog&iacute;a designados por la defensa, con objeto de realizar un informe y an&aacute;lisis en aplicaci&oacute;n del Protocolo de Estambul, que incluye las directrices internacionales para examinar a personas que han alegado torturas y malos tratos. La Audiencia deneg&oacute; en un auto de septiembre de 2015 la prueba por considerarla innecesaria e in&uacute;til por extempor&aacute;nea, al haber transcurrido m&aacute;s de 4 a&ntilde;os desde la detenci&oacute;n de dicha persona.</p> <p>Por el contrario, el Supremo considera pertinente y necesaria la pericial propuesta, teniendo en cuenta que las declaraciones de Zapirain fueron decisivas para la condena de Saoia S&aacute;nchez. Sobre el transcurso de cuatro a&ntilde;os, indica que no es argumento decisivo para su rechazo, y s&oacute;lo podr&iacute;a haber tenido incidencia para graduar la posible eficacia de los informes efectuados en aplicaci&oacute;n del Protocolo de Estambul. La denegaci&oacute;n de la misma produjo un quebranto en el derecho a la pr&aacute;ctica de la prueba, que se tradujo en una efectiva indefensi&oacute;n prohibida en el art&iacute;culo 24.1 de la Constituci&oacute;n.</p> <p>La sentencia explica que la situaci&oacute;n de detenido-incomunicado supone un estatuto de la persona limitado en garant&iacute;as, aunque esa reducci&oacute;n de garant&iacute;as no se haya declarado incompatible con los convenios internacionales en materia de Derechos Humanos.</p> <p>La resoluci&oacute;n destaca adem&aacute;s &ldquo;la preocupante reiteraci&oacute;n de sentencias condenatorias dictadas contra Espa&ntilde;a por el motivo de no haber efectuado una investigaci&oacute;n exhaustiva y eficaz contra los responsables de tales execrables pr&aacute;cticas que sobre no constituir ventaja alguna en el avance de las investigaciones por causa de terrorismo -que es donde casi exclusivamente se producen-, constituye una deslegitimaci&oacute;n del propio sistema de justicia penal, pues nada lesiona m&aacute;s la confianza de los ciudadanos en sus instituciones que ven convertidos a los garantes de la legalidad en sus infractores (&hellip;). No cabe hablar de eficacia en las investigaciones policiales al margen y extramuros del cauce de la legalidad y del respeto a las garant&iacute;as del acusado&rdquo;. As&iacute;, cita seis sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenatorias contra Espa&ntilde;a, una de ellas referida precisamente a Beatriz Etxebarria Caballero.</p> <p>La sentencia destaca que &ldquo;proteger la integridad f&iacute;sica de los detenidos&rdquo; constituye &ldquo;el primer deber de todo cuerpo policial que tenga bajo su custodia a una persona detenida&rdquo;.</p> <p>&ldquo;En definitiva, el efectivo decaimiento del nivel de garant&iacute;as del detenido sometido a r&eacute;gimen de incomunicaci&oacute;n, exige en contraprestaci&oacute;n un riguroso sistema de prevenci&oacute;n de todo abuso policial en condiciones tales que pueda acreditarse el mismo, con el fin de que desde la intr&iacute;nseca dificultad de investigar tales abusos, los sistemas de prevenci&oacute;n impidan con efectividad la posibilidad de tales excesos so pena de convertir los posibles excesos policiales en asunto de imposible verificaci&oacute;n. A evitar tal conclusi&oacute;n van dirigidas las sentencias del TEDH que exigen una investigaci&oacute;n exhaustiva y eficaz en los asuntos que le han sido presentados, respecto de los que, como ya se ha dicho, se ha pronunciado en varias ocasiones condenando a Espa&ntilde;a&rdquo;, concluye la resoluci&oacute;n.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=19475c1a4b3e5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 13 Jul 2016 15:02:00 +0200 El TS anula la condena por fraude a la exconsellera balear Catalina Julve y mantiene los 8 años de inhabilitación por prevaricación http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=47b8f337b3fd5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala II del Tribunal Supremo ha anulado las condenas que impuso la Audiencia Provincial de Balears por el delito de fraude a la Administraci&oacute;n a la exconsellera insular Catalina Julve y otros tres procesados, todos ellos miembros de Uni&oacute;n Mallorquina, manteniendo las del delito de prevaricaci&oacute;n. En la causa se juzg&oacute; la adquisici&oacute;n irregular de 4.300 sillas de pl&aacute;stico para el Consell de Mallorca por 59.428 euros y la adjudicaci&oacute;n de unos trabajos de control del servicio de recogida selectiva de residuos.</p> <p>La sentencia condena a 8 a&ntilde;os de inhabilitaci&oacute;n especial para empleo o cargo p&uacute;blico a Catalina Julve como autora de un delito de prevaricaci&oacute;n, y anula los 2 a&ntilde;os de c&aacute;rcel que se le impusieron por delito de fraude a la Administraci&oacute;n. Los otros tres condenados son la secretar&iacute;a t&eacute;cnica del departamento de Cooperaci&oacute;n Local del Consell Insular de Mallorca Coloma Casta&ntilde;er, a quien se mantiene 3 a&ntilde;os y medio de inhabilitaci&oacute;n por prevaricaci&oacute;n, y se anulan los 6 meses de prisi&oacute;n por fraude, y los empresarios Miguel Rull&aacute;n Coll y Sim&oacute;n Galmes, a quienes se ratifica la pena de 5 a&ntilde;os y 3 meses de inhabilitaci&oacute;n, al primero, y 3 a&ntilde;os y medio de inhabilitaci&oacute;n, al segundo, como cooperadores necesarios de la prevaricaci&oacute;n, anul&aacute;ndoles las penas de 9 meses de prisi&oacute;n y 6 meses, respectivamente, por el delito de fraude del que ahora salen absueltos.</p> <p>La absoluci&oacute;n por el delito de fraude se basa en que &ldquo;no aparece la producci&oacute;n de un da&ntilde;o o perjuicio patrimonial a la entidad p&uacute;blica, ni propuesto o maquinado, ni efectivo o real, por cuanto lo que refleja el factum ser&aacute; una prevaricaci&oacute;n, al adjudicar, con arbitrariedad y desprecio de las normas administrativas que regulan la materia, un contrato a un amigo correligionario pol&iacute;tico&rdquo;.</p> <p>Sin embargo, agrega, aunque no se hubiera dividido el contrato para seguir el cauce del procedimiento negociado, al no alcanzar el importe de la contrataci&oacute;n 30.000 euros, siguiendo otra modalidad contractual distinta a la utilizada, no se hubiera cargado en perjuicio de la administraci&oacute;n m&aacute;s precio que el de mercado.</p> <p>&ldquo;Con lo expuesto hasta el momento no se describe ning&uacute;n perjuicio a la administraci&oacute;n p&uacute;blica por raz&oacute;n de los contratos celebrados. El hecho de que el delito no precise de ocasionamiento de da&ntilde;o y como delito de simple actividad baste el concierto con el prop&oacute;sito de defraudar al erario p&uacute;blico, para consumar la infracci&oacute;n es preciso, sin embargo, concretar objetivamente ese concierto as&iacute; como su efecto perjudicial para el erario p&uacute;blico. Cosa distinta es que se consume o no, pero aun simplemente proyectado, debe ser objeto de un dictamen pericial o juicio cr&iacute;tico del juzgador que permita dar por probado que el proyecto o intento de defraudar, constitu&iacute;a un verdadero fraude (perjuicio patrimonial consecuencia de un enga&ntilde;o o maquinaci&oacute;n enga&ntilde;osa)&rdquo;, razona la sentencia.</p> <p>Concluye que el precio ofertado y pagado fue el de mercado seg&uacute;n dictamen de la arquitecta del Consell Insular de Mallorca (Marta Sabater), luego el da&ntilde;o o perjuicio a la administraci&oacute;n &ldquo;ni aflora ni se concreta&rdquo;.</p> <p>Los hechos, por tanto, seg&uacute;n la Sala, encajan en el delito de prevaricaci&oacute;n al entender que la finalidad &uacute;ltima de los acusados, que pretend&iacute;an y que se consigui&oacute; era designar previamente de forma arbitraria a los adjudicatarios del contrato, sin cumplir las normas administrativas propias del procedimiento negociado y otras complementarias.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=47b8f337b3fd5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 12 Jul 2016 15:15:00 +0200 El Tribunal Supremo archiva la querella de IU contra Mariano Rajoy por firmar el acuerdo UE-Turquía sobre refugiados http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=c88788bc77ed5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha archivado la querella interpuesta por Izquierda Unida y Unidad Popular contra el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, por delitos de lesa humanidad, contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, contra la integridad moral y delitos cometidos por funcionario p&uacute;blico contra las garant&iacute;as constitucionales en relaci&oacute;n con la firma del acuerdo entre los miembros del Consejo Europeo y Turqu&iacute;a para hacer frente a la llamada "crisis de los refugiados".</p> <p>En un auto, el alto tribunal se&ntilde;ala que dicho acuerdo no constituye un hecho delictivo y a&ntilde;ade que sus nueve puntos son plenamente respetuosos con los art&iacute;culos 79 y 80 del Tratado de Funcionamiento de la Uni&oacute;n Europea, donde se establecen las bases de funcionamiento de la Instituci&oacute;n en materia de inmigraci&oacute;n y acoge las directivas del Consejo de Europa relativas al procedimiento de asilo.</p> <p>En este sentido, los magistrados afirman que el texto "solo puede contemplarse como el desarrollo institucional de los principios de solidaridad y reparto equitativo en una crisis de inmigraci&oacute;n masiva provocada por el temor a las represalias de un conflicto b&eacute;lico, ya que el acuerdo solo pretende la protecci&oacute;n de las personas desplazadas y la distribuci&oacute;n equitativa y ordenada de los flujos migratorios".</p> <p>Los hechos recogidos en la querella se refieren a la participaci&oacute;n de Mariano Rajoy en el refrendo del Acuerdo de Acci&oacute;n conjunta con Turqu&iacute;a y en la reuni&oacute;n del Consejo Europeo con el mismo pa&iacute;s el d&iacute;a 29 de noviembre de 2015, autorizando la presencia del ministro de Exteriores espa&ntilde;ol en la reuni&oacute;n de los Ministros de Asuntos Exteriores de la UE con Turqu&iacute;a, el 14 de diciembre de 2015. Tambi&eacute;n denunciaba su intervenci&oacute;n, estampando su firma en el hecho principal, en el contrato firmado entre el Consejo Europeo de la UE y Turqu&iacute;a el 18 de marzo de 2016.</p> <p>La Sala concluye que esos hechos no son constitutivos de un delito de lesa humanidad que tipifica el comportamiento de quienes lleven a cabo desplazamientos forzosos de personas, como parte de un ataque generalizado o sistem&aacute;tico contra la poblaci&oacute;n civil o contra determinadas personas por raz&oacute;n de su pertenencia a grupos pol&iacute;ticos, raciales, nacionales, &eacute;tnicos, culturales, religiosos, de g&eacute;nero o discapacidad, o por cualquier otro motivo reconocido como inaceptable por el Derecho Internacional.</p> <p>Tampoco, subraya el auto, del que ha sido ponente el magistrado Francisco Monterde, tienen encaje en el art&iacute;culo 173 del C&oacute;digo Penal, pues el acuerdo, dentro de las posibilidades institucionales y financieras de la Uni&oacute;n Europea, intenta ubicar a los inmigrantes en un espacio en el que, recuperando su condici&oacute;n de personas, se ponga fin a su persecuci&oacute;n con pleno respeto a su integridad moral, lo que no supone ni un trato degradante o de menoscabo de su integridad.</p> <p>Por &uacute;ltimo, rechaza el delito del art&iacute;culo 542 al considerar que la decisi&oacute;n adoptada ha de contemplarse como expresi&oacute;n de un acuerdo que pretende emplazar a los refugiados en territorios en los que precisamente se posibilite que puedan ejercer aquellos derechos fundamentales y pol&iacute;ticos que la persecuci&oacute;n o huida del conflicto b&eacute;lico, les ha impedido violentamente desarrollar.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=c88788bc77ed5510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 12 Jul 2016 15:00:00 +0200