Noticias Judiciales http://www.poderjudicial.es Noticias Judiciales es Copyright © Consejo General del Poder Judicial Tue, 17 Jan 2017 06:00:49 +0100 PoderJudicial 60 Tue, 17 Jan 2017 06:00:49 +0100 El Tribunal Supremo eleva las penas impuestas por el asalto al centro cultural Blanquerna durante los actos de la Diada 2013 en Madrid http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=9143097bd67a9510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha elevado las penas impuestas por la Audiencia Provincial de Madrid a los asaltantes al centro cultural "Blanquerna" durante la celebraci&oacute;n de la Diada de 2013 al aplicar la agravante de obrar por motivos de discriminaci&oacute;n ideol&oacute;gica.</p> <p>La sentencia dictada impone por el delito de des&oacute;rdenes p&uacute;blicos en concurso ideal con el de impedimento del derecho de reuni&oacute;n la pena de 2 a&ntilde;os y 10 meses de prisi&oacute;n, con la concurrencia de la citada agravante (art&iacute;culo 22.4 del C&oacute;digo Penal), a todos los acusados a quienes la Audiencia Provincial de Madrid impuso 6 meses de prisi&oacute;n; de 2 a&ntilde;os y 11 meses a J.F.F., y de 3 a&ntilde;os de prisi&oacute;n a J.L.L.G., con la misma agravante.</p> <p>Por el delito de da&ntilde;os ocasionados en bienes de propiedad p&uacute;blica, la Sala impone 1 a&ntilde;o y 1 mes de prisi&oacute;n y multa de 15 meses al apreciar la misma agravante de actuar por motivos ideol&oacute;gicos discriminatorios y la atenuante de reparaci&oacute;n del da&ntilde;o para doce de los acusados, y fija 1 a&ntilde;o y 2 meses de prisi&oacute;n y multa de 18 meses a J.F.F. al concurrir en su caso, adem&aacute;s, la agravante de reincidencia; y tambi&eacute;n 1 a&ntilde;o y 2 meses de prisi&oacute;n y multa de 16 meses a J.L.L.G. por la relevancia de su actuaci&oacute;n.</p> <p>La sentencia estima el recurso de casaci&oacute;n interpuesto por el Ministerio Fiscal y algunos de los motivos planteados por la Generalitat de Catalu&ntilde;a y por su delegado del Gobierno, Josep Mar&iacute;a Boch Bessa, y anula parcialmente el fallo de la Audiencia Provincial de Madrid que impuso a los 14 condenados penas que oscilaban entre los seis y ocho meses de prisi&oacute;n por el delito de des&oacute;rdenes p&uacute;blicos y de multa por el delito de da&ntilde;os con la atenuante de reparaci&oacute;n del mismo.</p> <p>El Tribunal Supremo concluye que a la vista de los contundentes argumentos del Fiscal, secundados por las acusaciones (Generalitat de Catalunya y Josep Mar&iacute;a Bosch Bessa), &ldquo;y habida cuenta de que en el factum podemos hallar la descripci&oacute;n de los elementos constitutivos de la circunstancia agravante, se impone la aplicaci&oacute;n de tal agravaci&oacute;n que deber&aacute; alcanzar a los delitos que resulten cometidos, dado el prop&oacute;sito com&uacute;n de los asaltantes, intolerantes con un acto de celebraci&oacute;n del d&iacute;a de Catalunya, conmemoraci&oacute;n existente en todas las comunidades aut&oacute;nomas espa&ntilde;olas&rdquo;.</p> <p>A este respecto, a&ntilde;ade que hubo acusaci&oacute;n sobre este extremo y que la Audiencia Provincial incorpor&oacute; los elementos configuradores de la agravatoria en el relato hist&oacute;rico en la que se descubre que &ldquo;el motivo impulsor del delito o delitos cometidos fue la intolerancia hacia la ideolog&iacute;a catalanista de los convocantes del acto, hasta el punto de llegar a impedirlos&rdquo;.</p> <p>La Sala de lo Penal suprime la atenuante de reparaci&oacute;n del da&ntilde;o en el delito de des&oacute;rdenes p&uacute;blicos que hab&iacute;a aplicado la sentencia recurrida. En este sentido, afirma que ni en los hechos probados ni en los fundamentos jur&iacute;dicos existe dato alguno que permita extender esta atenuante de reparaci&oacute;n de da&ntilde;os a dicho delito, ya que el mero hecho de una consignaci&oacute;n de una cantidad para cubrir de forma gen&eacute;rica el importe de los da&ntilde;os causados, como hicieron los condenados, en nada afecta al delito de des&oacute;rdenes p&uacute;blicos, cuyo bien jur&iacute;dico protegido es el orden p&uacute;blico, es decir, un bien que no posee car&aacute;cter privado, sino un car&aacute;cter p&uacute;blico y social que &ldquo;per se&rdquo;, no lleva consigo una reparaci&oacute;n patrimonial.</p> <p>De acuerdo con lo solicitado por las acusaciones, la sentencia aplica el subtipo agravado del delito de da&ntilde;os porque los desperfectos ocasionados, superiores a los 400 euros, se produjeron en un lugar de naturaleza p&uacute;blica.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=9143097bd67a9510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 16 Jan 2017 16:46:00 +0100 Confirmada la pena de 15 años cárcel para el homicida de Ricla (Zaragoza) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=6210097bd67a9510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado la pena de 15 a&ntilde;os de prisi&oacute;n para Antonio L.L. por la muerte de su mujer en abril de 2012 en Ricla (Zaragoza), v&iacute;ctima a quien seg&uacute;n los hechos probados posteriormente descuartiz&oacute;. El alto tribunal ratifica &iacute;ntegramente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Arag&oacute;n, que estableci&oacute; 14 a&ntilde;os de c&aacute;rcel por delito de homicidio y 1 a&ntilde;o m&aacute;s por delito de falsedad.</p> <p>Entre otros argumentos para rechazar el recurso del condenado, el Supremo indica que &ldquo;el Jurado tuvo en cuenta, de acuerdo con lo que la Sentencia de Apelaci&oacute;n recurrida refiere, el material probatorio disponible y, de entre &eacute;l de manera destacada, los correos remitidos por el recurrente a un familiar afirmando que iba a realizar algo que cambiar&iacute;a su situaci&oacute;n familiar, el conocimiento por parte de aquel de las relaciones extramatrimoniales mantenidas por su esposa, la inmediata desaparici&oacute;n del cuerpo de la v&iacute;ctima mediante el descuartizamiento y posterior dispersi&oacute;n de sus partes, las restantes actividades dirigidas a encubrir el fallecimiento de la mujer, el hallazgo de restos de sangre de un ADN correspondiente al de la desaparecida tanto en los desag&uuml;es del cuarto de ba&ntilde;o de la vivienda de Antonio como en la mesa donde al parecer se produjeron los actos del referido descuartizamiento y, de modo a&uacute;n m&aacute;s importante, los informes de los m&eacute;dicos forenses que refieren c&oacute;mo el golpe propinado a la fallecida hubo de ser de una gran violencia para ocasionar la muerte de &eacute;sta como consecuencia de la fractura de la base del cr&aacute;neo&rdquo;.</p> <p>A&ntilde;ade que ello fue &ldquo;causa del &oacute;bito de acuerdo con los s&iacute;ntomas referidos por el propio recurrente en la declaraci&oacute;n espont&aacute;nea prestada en el registro domiciliario&rdquo;, en concreto el sangrado por los o&iacute;dos.</p> <p>A partir de tales datos, indica el Supremo, &ldquo;no resulta, por consiguiente, irracional o carente de l&oacute;gica la conclusi&oacute;n alcanzada por el Jurado, y confirmada por el Tribunal Superior, acerca de la autor&iacute;a del all&iacute; acusado respecto de la comisi&oacute;n de un homicidio intencionado en la persona de su esposa&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=6210097bd67a9510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 16 Jan 2017 15:40:00 +0100 El Tribunal Supremo anula la multa a Iberdrola por facturar teniendo en cuenta el consumo estimado de luz http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=e87d817e9c289510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala III del Tribunal Supremo ha anulado una multa de 600.000 euros impuesta en diciembre de 2011 por la Comunidad de Madrid a &ldquo;Iberdrola Comercializaci&oacute;n de &Uacute;ltimo Recurso, S.A.U.&rdquo;, por facturar a los usuarios por estimaci&oacute;n del consumo de energ&iacute;a el&eacute;ctrica realizado, lo que entend&iacute;a que eran servicios no prestados de forma efectiva.</p> <p>El Supremo estima el recurso de Iberdrola y revoca la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que hab&iacute;a confirmado la multa. El alto tribunal recuerda que el Real Decreto 1578/2008 establece en su disposici&oacute;n adicional s&eacute;ptima que &ldquo;la facturaci&oacute;n de las tarifas de suministro de energ&iacute;a el&eacute;ctrica social y dom&eacute;sticas (hasta 10kW de potencia contratada) a partir del 1 de noviembre de 2008 se efectuar&aacute; por la empresa distribuidora mensualmente llev&aacute;ndose a cabo con base en lectura bimestral de los equipos de medida instalados al efecto&rdquo;.</p> <p>De ese modo, &ldquo;la previsi&oacute;n es clara y taxativa y no admite una interpretaci&oacute;n como la efectuada por la Sentencia impugnada. La facturaci&oacute;n "se efectuar&aacute; por la empresa distribuidora mensualmente" y se llevar&aacute; a cabo "con base en la lectura bimestral", esto es, sobre la base de la lectura efectuada cada dos meses. Eso lleva a la ineludible necesidad que la facturaci&oacute;n ser&aacute; un mes a partir del consumo medido por la lectura bimestral y el siguiente por el consumo estimado a partir de tales lecturas bimestrales. La facturaci&oacute;n mensual por estimaci&oacute;n en los meses en que no se ha efectuado la lectura bimestral se configura por tanto como una metodolog&iacute;a ordinaria y no como una previsi&oacute;n extraordinaria en casos de imposibilidad material de efectuar lecturas reales por causa no atribuible a la comercializadora, como afirma la Sala de instancia&rdquo;.</p> <p>Como consecuencia de esta previsi&oacute;n de la disposici&oacute;n adicional s&eacute;ptima del Real Decreto 1578/2008, la Direcci&oacute;n General de Pol&iacute;tica Energ&eacute;tica aprob&oacute; la resoluci&oacute;n de 14 de mayo, la cual "tiene como objetivo establecer un procedimiento homog&eacute;neo a nivel sectorial que permita determinar de forma un&iacute;voca la metodolog&iacute;a de estimaci&oacute;n que posibilite la facturaci&oacute;n mensual establecida en el Real Decreto 1578/2008 antes mencionado" (&uacute;ltimo p&aacute;rrafo del pre&aacute;mbulo). Y adem&aacute;s de dictarse con la finalidad de regularizar la estimaci&oacute;n del consumo en los meses en que no hay lectura, la resoluci&oacute;n se apoya expresamente en la habilitaci&oacute;n prevista expresamente en la disposici&oacute;n adicional decimocuarta del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, que prev&eacute; que la referida Direcci&oacute;n General "podr&aacute; determinar la forma de estimar los consumos cuando &eacute;stos no se correspondan con las lecturas reales".</p> <p>De todo lo anterior se deduce con meridiana claridad que la resoluci&oacute;n impugnada es contraria a derecho. &ldquo;En primer lugar porque la normativa el&eacute;ctrica estatal es de alcance nacional y de car&aacute;cter imperativo y la legislaci&oacute;n dictada por una Comunidad Aut&oacute;noma en ejercicio de sus competencias sobre protecci&oacute;n al consumidor debe respetarla. Pero es que adem&aacute;s, la raz&oacute;n &uacute;ltima de la sanci&oacute;n impuesta es, cuando menos, inexacta. En efecto, la infracci&oacute;n por la que se sanciona a la comercializadora es por haber facturado servicios no efectivamente prestados. Sin embargo, ello no es exactamente as&iacute; puesto que, como es evidente, la facturaci&oacute;n por consumo estimado no equivale a facturaci&oacute;n por consumo no producido, sino sobre un consumo efectivo pero del que no se dispone la lectura y que, por ello, se calcula en funci&oacute;n de la medici&oacute;n de los consumos bimestrales anteriores&rdquo;.</p> <p>&ldquo;Ello quiere decir -explica el Supremo- que, dependiendo de la metodolog&iacute;a empleada para el c&aacute;lculo de la facturaci&oacute;n sin lectura previa, dicha facturaci&oacute;n podr&aacute; ser superior, pero tambi&eacute;n inferior al consumo efectivamente producido en el per&iacute;odo de que se trate. Y, en segundo lugar, que la facturaci&oacute;n por consumo supuesto no queda al arbitrio de la comercializadora, sino que ha de ajustarse a una concreta metodolog&iacute;a, establecida precisamente por la resoluci&oacute;n de la Direcci&oacute;n General de Pol&iacute;tica Energ&eacute;tica de 14 de mayo de 2009 que se acaba de reproducir (&hellip;). No puede calificarse pues de una facturaci&oacute;n decidida discrecionalmente por la comercializadora, sino efectuada en aplicaci&oacute;n de una clara normativa que as&iacute; lo prev&eacute; y calculada de conformidad con un procedimiento reglado&rdquo;.</p> <p>De acuerdo con lo anterior, no s&oacute;lo se ha infringido la normativa el&eacute;ctrica de aplicaci&oacute;n, sino tambi&eacute;n el principio de tipicidad puesto que el comportamiento sancionado no se corresponde en forma alguna con el tipo sancionador, se&ntilde;ala la sentencia.</p> <p>La sentencia del Supremo no afecta a otras dos sanciones (de 300.000 euros cada una) que la Comunidad de Madrid impuso a Iberdrola el mismo 1 de diciembre de 2011 por otras infracciones, ya que el recurso de casaci&oacute;n no fue admitido a tr&aacute;mite en relaci&oacute;n a esas dos multas por no alcanzar las sanciones la cuant&iacute;a m&iacute;nima necesaria para ser recurridas en casaci&oacute;n ante el alto tribunal.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=e87d817e9c289510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 09 Jan 2017 13:00:00 +0100 El Tribunal Supremo ordena que se investiguen las obras del carril bici de Son Servera (Palma de Mallorca) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=056a5cb144e69510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha ordenado que se deduzca testimonio para que se investigue si en la ejecuci&oacute;n de las obras del carril bici y peatonal de Son Servera a Cala Millor &ndash;Avenida Joan Servera Camps- Tramo I (Palma de Mallorca) se hubiera incurrido en un delito de prevaricaci&oacute;n administrativa, de malversaci&oacute;n de caudales p&uacute;blicos o en otro tipo de infracci&oacute;n penal.</p> <p>La decisi&oacute;n adoptada por el Tribunal Supremo, a petici&oacute;n de la Fiscal&iacute;a, se apoya en la existencia en las actuaciones de declaraciones relativas a que &ldquo;se ejecutaron obras no proyectadas y que se pactaron precios verbalmente al margen de los oficiales&rdquo;.</p> <p>Todo ello forma parte del fallo de la sentencia que desestima la demanda para la declaraci&oacute;n de error judicial interpuesta por el Ayuntamiento de Son Servera contra la resoluci&oacute;n del Tribunal Superior de Justicia de Baleares que acord&oacute; que el citado Ayuntamiento abonara a la empresa Melchor Mascar&oacute; S.A. 348.588 euros m&aacute;s los intereses por las citadas obras.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=056a5cb144e69510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 27 Dec 2016 12:11:00 +0100 El TS rechaza la demanda de José María Aznar por lesión a su honor a raíz de un artículo publicado sobre "contrapartidas" exigidas a Miguel Blesa http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=0e8a8d3e17b29510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Primera del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por Jos&eacute; Mar&iacute;a Aznar contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que estim&oacute; el recurso del autor del art&iacute;culo titulado &ldquo;Los correos de Miguel Blesa ponen al descubierto que Aznar exig&iacute;a contrapartidas&rdquo; -publicado el 18 de diciembre de 2013 en el peri&oacute;dico digital &ldquo;Elconfidencial.com&rdquo;- y revoc&oacute; la sentencia de instancia que hab&iacute;a declarado que se hab&iacute;a producido una intromisi&oacute;n ileg&iacute;tima en el derecho al honor del expresidente del Gobierno, condenando al demandado al pago de 20.000 euros por los da&ntilde;os morales causados, as&iacute; como a la publicaci&oacute;n a su costa en el diario del fallo.</p> <p>Se adjunta nota informativa de la Sala.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=0e8a8d3e17b29510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 23 Dec 2016 12:35:00 +0100 El Supremo determina el alcance de las devoluciones en casos de nulidad de preferentes http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=f49fc64eb5719510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia sobre el alcance de las devoluciones en casos de nulidad de contratos de adquisici&oacute;n de preferentes y otros productos financieros, como las obligaciones subordinadas.<br />La sentencia indica que afecta a ambas partes por lo que la entidad financiera tendr&aacute; que restituir el importe de la inversi&oacute;n realizada por los clientes, m&aacute;s el inter&eacute;s devengado desde que se hicieron los pagos, y, por su parte, estos reintegrar&aacute;n los rendimientos percibidos m&aacute;s los intereses desde la fecha de cada abono.</p> <p>La sentencia estima el recurso de casaci&oacute;n interpuesto por NCG Banco SA Y (antes Caixanova) y anula parcialmente la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra que concluy&oacute; que los clientes ten&iacute;an que devolver los rendimientos pero no los intereses abonados por la entidad financiera.</p> <p>Se adjunta nota de la Sala de lo Civil.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=f49fc64eb5719510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 19 Dec 2016 16:00:00 +0100 Confirmada la multa 155.000 euros y cinco años de inhabilitación para el expresidente de Caja Castilla la Mancha http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=120ca52912719510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la multa de 155.000 euros y cinco a&ntilde;os de inhabilitaci&oacute;n que el Ministerio de Econom&iacute;a y Hacienda impuso a Juan Pedro Hern&aacute;ndez Molt&oacute; por irregularidades cometidas durante su gesti&oacute;n como presidente de la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha, cargo que desempe&ntilde;&oacute; desde octubre de 1999 a marzo de 2009.</p> <p>A propuesta del Banco de Espa&ntilde;a, el Ministerio sancion&oacute; al exdirectivo de la entidad financiera por tres infracciones -una muy grave y dos graves- consistentes en que los recursos propios m&iacute;nimos de la Caja de Ahorros estuvieron por debajo del 80 por ciento durante al menos seis meses, en deficiencias en la estructura organizativa, en sus mecanismos de control interno o en sus procedimientos administrativos y contables; y, por &uacute;ltimo, en deficiencias en materia de control interno de la inversi&oacute;n crediticia.</p> <p>La sentencia ha desestimado los diez motivos alegados por Juan Pedro Hern&aacute;ndez Molt&oacute; en el recurso de casaci&oacute;n interpuesto contra el fallo de la Audiencia Nacional que confirm&oacute; las sanciones fijadas por Econom&iacute;a.</p> <p>Para el Tribunal Supremo, los argumentos de la sentencia recurrida no resultan desvirtuados en lo m&aacute;s m&iacute;nimo por las afirmaciones recogidas en el recurso que &ldquo;se limitan a rechazar apod&iacute;cticamente la responsabilidad del Presidente de la entidad y a descargarla sobre los restantes directivos y sobre el propio Banco de Espa&ntilde;a&rdquo;. Todo lo relativo a la funci&oacute;n desempe&ntilde;ada por el director de la caja es suficiente fundamento del papel desarrollado por el mismo en el funcionamiento y decisiones de la entidad y &ldquo;acredita sobradamente la responsabilidad personal del mismo en las deficiencias detectadas por el regulador&rdquo;, subraya la sentencia.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=120ca52912719510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 19 Dec 2016 14:00:00 +0100 El Tribunal Supremo confirma la expulsión de un teniente del Ejército de Tierra por falta muy grave http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=1a527020d5709510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Militar ha desestimado el recurso contencioso disciplinario militar ordinario interpuesto por el teniente L.G.S.O.P. contra la sanci&oacute;n disciplinaria de resoluci&oacute;n de compromiso, dictada por el Ministro de Defensa, como autor de una falta muy grave consistente en realizar reiteradamente actos contrarios a la disciplina y subordinaci&oacute;n debida a los superiores.</p> <p>La sentencia recoge como hechos probados que el teniente del Ej&eacute;rcito de Tierra, despu&eacute;s de cumplir una sanci&oacute;n de dos meses de arresto y con p&eacute;rdida de destino por dos faltas graves, continu&oacute; realizando declaraciones en medios de comunicaci&oacute;n contra las Fuerzas Armadas y las autoridades militares. Una de ellas se produjo, el 14 de octubre de 2014, durante una entrevista en el programa El Intermedio de La Sexta donde acudi&oacute; con el uniforme reglamentario en horario de m&aacute;xima audiencia. Posteriormente, sigui&oacute; vertiendo opiniones contra los militares en Canarias 7, en El D&iacute;a y La Provincia.</p> <p>En su recurso, el militar sostiene que la actuaci&oacute;n disciplinaria no es ajustada a derecho, que se le ha generado indefensi&oacute;n y que, adem&aacute;s, la sanci&oacute;n es desproporcionada por lo que, en todo caso, tendr&iacute;a que ser sustituida por una suspensi&oacute;n de empleo en su grado m&iacute;nimo.</p> <p>La sentencia rechaza todas las cuestiones relativas a la indefensi&oacute;n y analiza la doctrina del Tribunal Constitucional y de la propia Sala V en materia de libertad de expresi&oacute;n y, m&aacute;s concretamente, de las singularidades de este derecho cuando se aplica a los miembros de las Fuerzas Armadas. En este sentido, concluye que las expresiones y descalificaciones recogidas en los hechos probados &ldquo;por su propio sentido gramatical, son tan claramente insultantes y afrentosas que el &aacute;nimo ofensivo se halla &iacute;nsito en ellas, ya que ning&uacute;n otro prop&oacute;sito razonable cabe apreciarse, rebasando con exceso la simple intenci&oacute;n de esa supuesta denuncia p&uacute;blica al haber sido rechazadas sus pretensiones en la jurisdicci&oacute;n de que hace gala el recurrente al resultar, no ya un exceso inadecuado y ocioso de su derecho a la cr&iacute;tica a sus superiores, sino verdaderos insultos y descalificaciones ciertamente ofensivos, atribuyendo a mandos y autoridades comportamientos corruptos y conductas contrarias a la &eacute;tica y a la disciplina, excediendo con ello los razonables l&iacute;mites del derecho a la libertad de expresi&oacute;n&rdquo;.</p> <p>La Sala entiende que, lejos de realizar una cr&iacute;tica mesurada, lo que el recurrente hizo fue &ldquo;pura y llanamente ofender, imputando de manera generalizada, reiterada y contumaz a mandos y autoridades la comisi&oacute;n de actos arbitrarios, ilegales e inicuos&rdquo;, motivo por el que los magistrados sentencian que debe confirmarse su expulsi&oacute;n del ej&eacute;rcito.</p> <p><strong>Proporcionalidad de la sanci&oacute;n</strong></p> <p>Los jueces afirman que la sanci&oacute;n impuesta es razonable y proporcionada en tanto que el recurrente realiz&oacute; reiteradamente actos contrarios a la disciplina y subordinaci&oacute;n debida a los superiores, actos pr&oacute;ximos en el tiempo, graves y que ponen en peligro el bien jur&iacute;dico protegido por la norma.</p> <p>Para el Tribunal Supremo, est&aacute; claro que &ldquo;las graves acusaciones y descalificaciones vertidas en el programa de televisi&oacute;n y en los tres peri&oacute;dicos suponen un ataque frontal a la disciplina al quebrar el respeto de autoridades, superiores y de la propia instituci&oacute;n, por lo que no cabe sino concluir que el tipo elegido ha sido el adecuado&rdquo;.</p> <p>Esa gravedad y trascendencia indica, seg&uacute;n el tribunal, un persistente comportamiento disonante respecto de lo que se predica de un oficial de las Fuerzas Armadas y es absolutamente incompatible con esa condici&oacute;n y frontalmente contrario a sus deberes.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=1a527020d5709510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 16 Dec 2016 13:10:00 +0100 El Tribunal Supremo confirma las absoluciones en el caso de las dietas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=093606391bdc8510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la absoluci&oacute;n de los exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterr&aacute;neo (CAM) Roberto L&oacute;pez Abad y Juan Ram&oacute;n Avil&eacute;s Olmos de los delitos de apropiaci&oacute;n indebida y de administraci&oacute;n desleal en relaci&oacute;n con el cobro irregular de dietas y la concesi&oacute;n de pr&eacute;stamos.</p> <p>La sentencia desestima los recursos de casaci&oacute;n interpuestos por el Fondo de Garant&iacute;a de Dep&oacute;sitos y la Caja de Ahorros del Mediterr&aacute;neo contra el fallo de la Audiencia Nacional que acord&oacute; la absoluci&oacute;n de ambos.</p> <p>Para el Tribunal Supremo, en la sentencia recurrida &ldquo;no se declar&oacute; probado que la creaci&oacute;n de la Comisi&oacute;n de Seguimiento y Control de TIP no encontrara justificaci&oacute;n de ninguna clase en la actividad de la sociedad, y tampoco se declara probado que, una vez creada, no realizara trabajo ni labor alguna relacionada con sus competencias&rdquo;.</p> <p>&ldquo;No se afirma, pues, por esta Sala que la creaci&oacute;n de la Comisi&oacute;n de Seguimiento y Control de TIP tuviera finalidades leg&iacute;timas y que, por lo tanto, estuviera justificada, ni tampoco que desempe&ntilde;ara una funci&oacute;n &uacute;til que explicara su creaci&oacute;n. Sino que, m&aacute;s limitadamente, se constata que el Tribunal de instancia no declar&oacute; probado que no cumpliera funci&oacute;n alguna y que su &uacute;nica finalidad fuer aportar una justificaci&oacute;n formal al percibo ileg&iacute;timo de dietas no justificadas&rdquo;, subraya la sentencia.</p> <p>Respecto a las dietas percibidas, la Sala Segunda afirma que se declara probado que los acusados no tuvieron ninguna intervenci&oacute;n en la determinaci&oacute;n de su importe. En el caso del acusado L&oacute;pez Abad asegura que "nada se dice en los hechos probados acerca de la existencia de un acuerdo con quienes fijaron el importe de las dietas, ni siquiera que hubiera percibido algunas de las cuestionadas".</p> <p>En relaci&oacute;n con el otro acusado, Juan Ram&oacute;n Avil&eacute;s Olmos, indica que aunque se declara probado que percibi&oacute; unas determinadas cantidades en concepto de dietas, nada se dice sobre la existencia de un acuerdo con las personas que en los &oacute;rganos competentes establecieron su importe, situ&aacute;ndolo as&iacute; en la misma posici&oacute;n que ocupan quienes son considerados solamente part&iacute;cipes a t&iacute;tulo lucrativo.</p> <p>Sobre la participaci&oacute;n de &eacute;ste acusado en la concesi&oacute;n de pr&eacute;stamos a sociedades con las que estaba vinculado, la sentencia destaca que el pr&eacute;stamo a dicha empresa hab&iacute;a sido concedido mucho tiempo antes, en el a&ntilde;o 2008, procedi&eacute;ndose en el 2011 a su modificaci&oacute;n, mediante la aprobaci&oacute;n acordada por el Consejo de Administraci&oacute;n, al que no pertenec&iacute;a Juan Ram&oacute;n Avil&eacute;s. Aunque es cierto que era Presidente de la Comisi&oacute;n de Control, que ten&iacute;a que supervisar la actividad del Consejo, &ldquo;no se declara probado que esa Comisi&oacute;n interviniera con posterioridad acerca de esta concreta operaci&oacute;n, ni quienes asistieron a la sesi&oacute;n, ni cual fue el sentido del voto de cada uno de ellos, ni cual fue el resultado final. No puede establecerse, pues responsabilidad penal por dichos hechos&rdquo;, subraya la Sala.</p> <p>Del mismo modo, afirma que en los hechos probados tampoco que produjera un perjuicio a la CAM. La sentencia destaca que el hecho de conceder un pr&eacute;stamo a una sociedad, dentro del marco de la actividad de una entidad bancaria que act&uacute;a como prestamista, no supone un perjuicio para &eacute;sta, sino todo lo contrario si la operaci&oacute;n llega a buen fin.</p> <p>Por todo ello, concluye que el acusado no infringi&oacute; un deber de lealtad que probablemente conducir&iacute;a a la causaci&oacute;n de un perjuicio, aunque &eacute;ste no hubiera llegado a concretarse o a determinarse suficientemente.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=093606391bdc8510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 05 Dec 2016 09:40:00 +0100 El Tribunal Supremo avala la renovación de las Comisiones legales del CGPJ en 2015 http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=1cc4181495d88510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Tercera del Tribunal Supremo, reunida en Pleno,&nbsp; ha acordado rechazar el recurso presentado por las vocales del Consejo General del Poder Judicial Roser Bach, Victoria Cinto, Clara Mart&iacute;nez de Careaga y Concepci&oacute;n S&aacute;ez contra el&nbsp; acuerdo n&uacute;mero 4 del Pleno que el &oacute;rgano constitucional celebr&oacute; el 29 de enero de 2015, por el que se&nbsp; renovaron los miembros&nbsp; integrantes de varias Comisiones legales.</p> <p>Como cuesti&oacute;n previa, la Sala ha abordado si el recurso era admisible. Por 17 votos a 14 los magistrados han entendido que s&iacute; lo era y que por tanto el asunto deb&iacute;a ser estudiado.</p> <p>Una vez dirimidas las cuestiones previas, la Sala ha entrado en el fondo del recurso para analizar y debatir los tres puntos planteados por las recurrentes.</p> <p>Los dos primeros se basaban en posibles irregularidades de procedimiento que invalidar&iacute;an el acuerdo por el que se renovaron las comisiones del Consejo en 2015. La Sala ha rechazado estas dos cuestiones por 26 votos a 4.</p> <p>El tercer punto del recurso se centraba en la rotaci&oacute;n anual de vocales entre las distintas Comisiones. Seg&uacute;n las recurrentes, deber&iacute;a hacerse una renovaci&oacute;n integra cada a&ntilde;o de la&nbsp; Comisi&oacute;n Permanente. La Sala ha rechazado esta cuesti&oacute;n por 17 votos a 13. El texto &iacute;ntegro de la sentencia se conocer&aacute; en los pr&oacute;ximos d&iacute;as.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=1cc4181495d88510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 23 Nov 2016 08:00:00 +0100 El Tribunal Supremo condena a seis años prisión a un policía que robó la cocaína que custodiaba del hospital Gregorio Marañón http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=216efe903d688510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala II del Tribunal Supremo ha condenado a seis a&ntilde;os de prisi&oacute;n por delito contra la salud p&uacute;blica a un polic&iacute;a encargado en el hospital Gregorio Mara&ntilde;&oacute;n, de Madrid, de la custodia de las capsulas de droga que expulsan de su organismo los detenidos en el aeropuerto de Madrid-Barajas conocidos como &ldquo;boleros&rdquo;. El funcionario del Cuerpo Nacional de Polic&iacute;a se apropi&oacute; de 55 de esas capsulas, con un peso neto de 377 gramos, con el fin de entreg&aacute;rselas a otro acusado que iba a encargarse de su venta.</p> <p>El Supremo confirma la condena que la Audiencia de Madrid impuso al principal acusado, el polic&iacute;a Jos&eacute; Manuel H.T., como autor de un delito contra la salud p&uacute;blica de tenencia de coca&iacute;na para el tr&aacute;fico en la modalidad agravada de prevalerse del ejercicio de la funci&oacute;n p&uacute;blica para ejecutar los hechos (art&iacute;culo 369.1&ordf; del C&oacute;digo Penal).</p> <p>Sin embargo, el Supremo estima parcialmente el recurso del polic&iacute;a y anula la condena a seis meses de prisi&oacute;n que la Audiencia le impuso por delito de malversaci&oacute;n de caudales p&uacute;blicos del art&iacute;culo 432 del C&oacute;digo Penal.</p> <p>La absoluci&oacute;n por este segundo delito se fundamenta en que la aplicaci&oacute;n al acusado del subtipo agravado del art&iacute;culo 369.1&ordf; del C&oacute;digo Penal, ya comprende en este caso el injusto penalizado en el art&iacute;culo 432 del C&oacute;digo Penal; de manera que la punici&oacute;n conjunta de ambas conductas entra&ntilde;ar&iacute;a una infracci&oacute;n del principio &lsquo;non bis in &iacute;dem&rsquo; (que impide sancionar m&aacute;s de una vez un mismo hecho).</p> <p>Respecto al otro acusado, Paul Alexander P.P., se mantiene su condena de tres a&ntilde;os de c&aacute;rcel por un delito contra la salud p&uacute;blica. Era la persona encargada de vender la sustancia que el funcionario policial extrajo del centro hospitalario. Adem&aacute;s se le intervino en su domicilio una peque&ntilde;a cantidad de coca&iacute;na y los instrumentos id&oacute;neos para dedicarse al tr&aacute;fico de la referida sustancia.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=216efe903d688510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 21 Nov 2016 13:38:00 +0100 El Supremo rechaza cambiar el orden de los apellidos de un menor inscrito con el primer apellido materno http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2a17172254778510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Pleno de Sala Primera del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de una madre que inscribi&oacute; a sus dos hijos con el primer apellido materno por ser la &uacute;nica filiaci&oacute;n reconocida en ese momento (uno de ellos falleci&oacute; d&iacute;as despu&eacute;s de nacer).</p> <p>La sentencia de instancia estim&oacute; la demanda de reclamaci&oacute;n de la paternidad no matrimonial del padre y desestim&oacute; la pretensi&oacute;n de la madre de mantener como primer apellido el suyo, por considerar, en s&iacute;ntesis, que habi&eacute;ndose presentado la demanda de reclamaci&oacute;n de la paternidad apenas transcurridos cuatro meses y medio desde el nacimiento no pod&iacute;a sostenerse el uso social, escolar y familiar del apellido por los menores.</p> <p>Ahora, el Supremo estima el recurso de casaci&oacute;n de la madre, fundado sustancialmente en el principio del inter&eacute;s superior de los menores, y se&ntilde;ala que en este caso procede mantener el primer apellido materno, pues no se ha acreditado ninguna circunstancia que, siempre bajo el inter&eacute;s superior del menor, aconseje el cambio del apellido con el que aparece identificado desde la inscripci&oacute;n de su nacimiento.</p> <p>Se adjunta nota informativa de la Sala.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2a17172254778510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 18 Nov 2016 13:20:00 +0100 El Supremo anula el Plan General de Ordenación Urbana de Santander http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2f38b46ce2868510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala III del Tribunal Supremo ha anulado el Plan General de Ordenaci&oacute;n Urbana de Santander aprobado el 17 de septiembre de 2010 por la Comisi&oacute;n Regional de Ordenaci&oacute;n del Territorio y Urbanismo, al estimar un recurso de la Asociaci&oacute;n para la Defensa de los Recursos Naturales (ARCA).</p> <p>La sentencia estima uno de los motivos del recurso de ARCA, en concreto el relativo a la insuficiencia de recursos h&iacute;dricos suficientes para la poblaci&oacute;n sin la utilizaci&oacute;n del denominado Bitrasvase (Proyecto de Abastecimiento de Aguas a Santander), que fue anulado a su vez por sentencia del Supremo de 18 de diciembre de 2013.&nbsp;El Supremo entiende que el resto de argumentaciones del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en este proceso, que aval&oacute; el PGOU, eran acertadas, pero que en el citado aspecto de los recursos h&iacute;dricos no lo es.</p> <p>El Supremo discrepa de la consideraci&oacute;n que el TSJ c&aacute;ntabro &ldquo;realiza, con una indebida extralimitaci&oacute;n, en el sentido de entender que la raz&oacute;n de decidir de la sentencia del TS de 18 de diciembre de 2013 -seg&uacute;n se dice, motivaci&oacute;n de la evaluaci&oacute;n de impacto ambiental del proyecto de Bitrasvase- &ldquo;es susceptible de ser subsanada y corregida, sin considerarlo una mera formalidad&rdquo;. Obvio es que ser&aacute; en la ejecuci&oacute;n de aquella sentencia, el &oacute;rgano competente de su ejecuci&oacute;n -a la saz&oacute;n, la Sala de la Audiencia Nacional- el que tendr&aacute;, en su caso, que pronunciarse sobre la ejecuci&oacute;n de la STS de 18 de septiembre de 2013&rdquo;.</p> <p><span>&ldquo;M&aacute;s, con independencia de ello -a&ntilde;ade el alto tribunal-, lo cierto es -aunque por una circunstancia &nbsp;&ldquo;externa&rdquo; al PGOU- que &eacute;ste debe de ser anulado, as&iacute; como la Resoluci&oacute;n aprobatoria del mismo. Anulados el proyecto y la obra del Bitrasvase por el Tribunal Supremo, la existencia de recursos h&iacute;dricos para la ciudad de Santander queda en entredicho, y, su suficiencia, en modo alguno acreditada, con vulneraci&oacute;n del art&iacute;culo 25.4 del TRLA (Texto refundido de la Ley de Aguas). </span></p> <p><span>No sirve la voluntariosa argumentaci&oacute;n de la Sala de instancia, desde un l&oacute;gico planteamiento estrictamente procesal, con fundamento de que la nulidad jurisdiccional del Bitrasvase es una cuesti&oacute;n nueva no planteada en el momento procesal oportuno de la demanda, pues, la insuficiencia de los recursos h&iacute;dricos, como la misma Sala reconoce, siempre fue esgrimida por la recurrente, bien desde la perspectiva de la insuficiencia, bien desde la perspectiva de la afectaci&oacute;n a los LICs de los que procede el agua&rdquo;.</span></p> <p><span>Por ello, el Supremo estima este concreto motivo, &ldquo;porque la cuesti&oacute;n -sin duda- planteada, y, en concreto, la suficiencia de los recursos h&iacute;dricos, ha sido una cuesti&oacute;n suficientemente debatida, y su insuficiencia, como consecuencia de un previo pronunciamiento jurisdiccional -que en modo alguno puede ser obviado-, claramente acreditada; incluso, como la sentencia reconoce, las partes tuvieron la oportunidad de pronunciarse sobre la incidencia del pronunciamiento jurisdiccional de referencia por cuanto el mismo afectaba a la nulidad de pleno derecho de un proyecto y una obra, directamente vinculada el tema de fondo debatido en el recurso contencioso administrativo relativo a la suficiencia de los recursos h&iacute;dricos de Santander&rdquo;.&nbsp;</span></p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2f38b46ce2868510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 15 Nov 2016 14:35:00 +0100 El Tribunal Supremo anula la condena de asesinato a dos ‘latin kings’ por falta de fiabilidad en la rueda de reconocimiento http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=f2e7f81ae8768510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Supremo anula las condenas de 15 a&ntilde;os de c&aacute;rcel a dos miembros de la banda &lsquo;Latin Kings&rsquo; por dos intentos de asesinato en una pelea con los &ldquo;Trinitarios&rdquo; en Barcelona en diciembre de 2009, por la falta de fiabilidad de su identificaci&oacute;n por un testigo protegido en una rueda de reconocimiento celebrada m&aacute;s de un a&ntilde;o despu&eacute;s de los hechos.</p> <p>La Sala s&iacute; confirma los 15 a&ntilde;os de c&aacute;rcel que la Audiencia de Barcelona impuso a un tercer acusado de los mismos dos intentos de asesinato, ya que en el caso de esta persona s&iacute; hubo prueba de cargo suficiente, plural y s&oacute;lida, incluido su reconocimiento con seguridad por otro testigo protegido que le conoc&iacute;a desde hac&iacute;a a&ntilde;os de su barrio.</p> <p>El Supremo mantiene adem&aacute;s las condenas de 1 a&ntilde;o de c&aacute;rcel a los tres acusados citados, as&iacute; como a otros cinco integrantes de los &lsquo;Latin Kings&rsquo;, como autores de un delito de asociaci&oacute;n il&iacute;cita. La sentencia rechaza el argumento de uno de ellos, que no cuestionaba su pertenencia a dicha banda, sino que defend&iacute;a que se trataba de una asociaci&oacute;n de car&aacute;cter cultural y no un grupo violento dedicado a cometer delitos. El alto tribunal destaca que, en los hechos probados de la sentencia, se describe la historia de los &lsquo;Latin Kings&rsquo; en Barcelona y sus actividades il&iacute;citas, incluidos los ataques a grupos rivales como los Trinitarios.</p> <p>En lo que afecta a la anulaci&oacute;n de las dos condenas por asesinato intentado, el Supremo destaca adem&aacute;s la ineficacia del testimonio prestado por el testigo protegido, ya que la Audiencia barcelonesa no razon&oacute; el motivo excepcional por el que deb&iacute;a ser a la vez testigo oculto a todas las partes (nadie pudo verle) y an&oacute;nimo, ya que ni la defensa ni el resto de partes conoci&oacute; su identidad.</p> <p>&ldquo;Se est&aacute; ante un supuesto en que no s&oacute;lo se le ha privado a la defensa de conocer la identidad del principal testigo de cargo, impidi&eacute;ndoles as&iacute; verificar la credibilidad y fiabilidad de sus manifestaciones, sino que adem&aacute;s el testimonio fue practicado sin que el testigo pudiera ser visto ni percibido por ninguna de las partes. Se trata por tanto de un testigo an&oacute;nimo y oculto, con la doble limitaci&oacute;n que ello implica para la validez y eficacia del testimonio&rdquo;, indica la sentencia.</p> <p>&ldquo;A lo cual debe a&ntilde;adirse que tampoco la Sala ha expuesto en la sentencia las razones que pudieran justificar tal grado de excepcionalidad en la limitaci&oacute;n del derecho fundamental a un proceso con todas las garant&iacute;as. Todo viene a constatar que se est&aacute; ante un testigo mayor de edad y no se han especificado amenazas ni conminaciones por parte de los acusados o personas allegadas a &eacute;stos&rdquo;, agrega.</p> <p>El suceso que fue juzgado en este caso ocurri&oacute; en la noche del 10 de diciembre de 2009 en la Plaza Joan Riera, de Barcelona, cuando un grupo de &lsquo;Latin Kings&rsquo; atac&oacute; a unos &ldquo;Trinitarios&rdquo;, en revancha por unos hechos anteriores. Dos j&oacute;venes recibieron varias pu&ntilde;aladas y s&oacute;lo salvaron la vida porque tuvieron asistencia m&eacute;dica urgente.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=f2e7f81ae8768510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 15 Nov 2016 13:00:00 +0100 El Tribunal Supremo condena al ayuntamiento de Calpe (Alicante) a readmitir a 14 trabajadores al declarar nulos sus despidos http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=aeae097bd67a9510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha declarado nulos los despidos de 14 trabajadores del ayuntamiento de Calpe y ordena la inmediata readmisi&oacute;n de los mismos en las condiciones anteriores al despido, con abono de los salarios dejados de percibir.</p> <p>De acuerdo con su doctrina, indica que el ayuntamiento demandado no sigui&oacute; el cauce adecuado, que establece el art&iacute;culo 51 del Estatuto de los Trabajadores, para extinguir la relaci&oacute;n laboral de trabajadores indefinidos no fijos.</p> <p>La Sala dispone en su fallo que su decisi&oacute;n s&oacute;lo afecta a los 14 despedidos que presentaron recurso de casaci&oacute;n para la unificaci&oacute;n de doctrina ante el Tribunal Supremo y no alcanza a los otros 42, tambi&eacute;n despedidos, que consintieron el pronunciamiento de la sentencia recurrida, ya que &eacute;sta es firme para ellos.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=aeae097bd67a9510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 16 Jan 2017 15:30:00 +0100 El Supremo reduce la pena de cárcel a Madina Echevarría por considerar que es colaborador de ETA pero no miembro http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=24c9c313386a9510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala II del Tribunal Supremo ha reducido de siete a&ntilde;os de c&aacute;rcel a dos a&ntilde;os y seis meses la condena a Tom&aacute;s Miguel Madina Echevarr&iacute;a al estimar que no hay prueba suficiente para considerarle integrante de ETA, como hizo la Audiencia Nacional, sino que debe ser condenado como colaborador de la misma por el delito de recepci&oacute;n de adoctrinamiento terrorista. La pena de inhabilitaci&oacute;n absoluta se rebaja tambi&eacute;n de 13 a&ntilde;os a 9.</p> <p>El alto tribunal estima parcialmente el recurso de Madina Echevarr&iacute;a contra la sentencia de la Audiencia Nacional que le conden&oacute;, el 27 de abril de 2016, a 7 a&ntilde;os de prisi&oacute;n por delito de pertenencia a organizaci&oacute;n terrorista, y le absolvi&oacute; de dos delitos de asesinato en grado de conspiraci&oacute;n (preparaci&oacute;n en 2009 de un atentado contra el entonces lehendakari Patxi L&oacute;pez y su consejero de Interior Rodolfo Ares).</p> <p>El Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Pablo Llarena, se&ntilde;ala que no hay prueba suficiente para considerar a Madina, como hace la Audiencia, &ldquo;miembro legal&rdquo; de ETA, es decir, de aquellos que realizan labores para la banda y est&aacute;n a su disposici&oacute;n, pero lo encubren llevando una vida laboral y personal aparentemente legales u ordinarias. Entre los indicios tenidos en cuenta por la Audiencia estaba la aparici&oacute;n de un alias atribuido a Madina -como &ldquo;Basurde&rdquo; y otros- en varias agendas de etarras como la del entonces jefe del aparato militar de ETA Mikel Garikoitz Aspiazu, alias Txeroki.</p> <p>La Sala concluye que &ldquo;no existe prueba que preste soporte a que el acusado estuviera integrado en la organizaci&oacute;n terrorista&rdquo;, sin perjuicio de que la acreditaci&oacute;n de su participaci&oacute;n en un curso de adiestramiento que le fue facilitado por ETA en los d&iacute;as 1 y 2 de agosto de 2010 en la localidad francesa de Castres, estuviera entonces contemplada en el art&iacute;culo 576 del C&oacute;digo Penal (en su redacci&oacute;n original vigente hasta el 23 de diciembre de 2010), &ldquo;que indicaba como actos de colaboraci&oacute;n con organizaci&oacute;n terrorista la asistencia a pr&aacute;cticas de entrenamiento; comportamiento que queda hoy abarcado en la conducta del art&iacute;culo 575.1 del C&oacute;digo Penal, en su redacci&oacute;n dada por Ley Org&aacute;nica 2/2015, de 30 de marzo, que sanciona a quien reciba adoctrinamiento para la participaci&oacute;n en cualquier actividad de las contempladas en el Cap&iacute;tulo VII, del T&iacute;tulo XXII, del Libro II del C&oacute;digo Penal, que hace referencia a las organizaciones y grupos terroristas, as&iacute; como a los delitos de terrorismo&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=24c9c313386a9510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 13 Jan 2017 16:00:00 +0100 El TS reconoce el derecho de residencia temporal a un ciudadano extranjero con antecedentes que tiene a su cargo en exclusiva a dos hijos comunitarios http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=d8116665cf5a9510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Tribunal Supremo reconoce el derecho de un ciudadano extranjero con antecedentes penales a que se le conceda el permiso de residencia temporal en Espa&ntilde;a porque su denegaci&oacute;n supondr&iacute;a, al tener que abandonar el pa&iacute;s, la salida del territorio de la Uni&oacute;n Europea de los dos hijos menores de edad que tiene a su cargo en exclusiva y que son ciudadanos comunitarios.</p> <p>La Sala Tercera estima su recurso y revoca la sentencia de la Audiencia Nacional que confirm&oacute; la resoluci&oacute;n del Director General de Inmigraci&oacute;n por la que se le denegaba la autorizaci&oacute;n de residencia temporal por circunstancias excepcionales, solicitada el 18 de febrero de 2010 por el recurrente, bas&aacute;ndose en que el art&iacute;culo 31.4 de la Ley de Extranjer&iacute;a proh&iacute;be conceder la residencia a quienes tengan antecedentes penales. La sentencia anulada consider&oacute; que el hecho de que uno de los dos menores tuviera la nacionalidad espa&ntilde;ola no era circunstancia suficiente por s&iacute; misma para dar por acreditada las circunstancias excepcionales. Tambi&eacute;n valor&oacute; los antecedentes penales que el recurrente ten&iacute;a en Espa&ntilde;a &ndash;condenado a nueve meses de prisi&oacute;n por un delito de violencia dom&eacute;stica y lesiones- y que en aquel momento no estaban cancelados.</p> <p>Antes de resolver el recurso presentado por el solicitante del permiso, que naci&oacute; en Colombia, el Tribunal Supremo plante&oacute; cuesti&oacute;n prejudicial en el Tribunal de Justicia de la Uni&oacute;n Europea cuya respuesta fue que la denegaci&oacute;n del permiso al progenitor privar&iacute;a de todo efecto &uacute;til al derecho de residencia del menor ya que &eacute;ste para ejercerlo tiene que estar acompa&ntilde;ado por la persona que se encarga de su cuidado efectivo y, por tanto, tiene que residir con &eacute;l.</p> <p>De acuerdo con el fallo del Tribunal de la Uni&oacute;n Europea, la Sala Tercera indica que en este supuesto no se puede aplicar el art&iacute;culo 31.4 de la ley de Extranjer&iacute;a que proh&iacute;be otorgar la residencia a quienes tengan antecedentes penales. A este respecto, considera que en este caso es contrario a los art&iacute;culos 20 y 21 del Tratado de Funcionamiento de la Uni&oacute;n Europea y a la Directiva 2004/38/CE, relativa al derecho de los ciudadanos de la Uni&oacute;n y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, al establecer que hay que denegar el permiso aunque ello implique la privaci&oacute;n a dos ciudadanos de la Uni&oacute;n menores de edad el desconocer su derecho a residir y desplazarse en el territorio de la Uni&oacute;n Europea.</p> <p>El Tribunal Supremo concluye que al ser padre y guardador en exclusiva de dos hijos menores de edad ciudadanos de la Uni&oacute;n Europea, plenamente escolarizados y correctamente atendidos, proced&iacute;a haber concedido la autorizaci&oacute;n de residencia por causa extraordinaria, sobre todo, al estar tramit&aacute;ndose la cancelaci&oacute;n de los antecedentes penales, como sucedi&oacute; despu&eacute;s.</p> <p>Por otra parte, afirma que los dos hijos del solicitante cumplen las exigencias del art&iacute;culo 7.1.d) de la Directiva 2004/38, mientras que la denegaci&oacute;n de la residencia temporal &ldquo;supondr&iacute;a la salida del territorio de la Uni&oacute;n Europea&rdquo; de los dos menores.</p> <p>Aunque la administraci&oacute;n concedi&oacute; posteriormente un permiso de residencia temporal al recurrente, la Sala Tercera considera que el caso no ha perdido su objeto porque la denegaci&oacute;n de su primera solicitud podr&iacute;a tener consecuencias positivas de diversa &iacute;ndole para &eacute;l, como pueden ser indemnizaciones por la p&eacute;rdida de contratos de trabajo o de prestaciones sociales o cotizaciones a la seguridad social o, en su caso, de transcurso del plazo para la adquisici&oacute;n de la nacionalidad por residencia.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=d8116665cf5a9510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 13 Jan 2017 13:30:00 +0100 El Tribunal Supremo confirma las condenas de los miembros de la Cooperativa CAVAL de Valdelacalzada (Badajoz) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=84755484e6799510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado 23 a&ntilde;os de prisi&oacute;n para el exgerente de la cooperativa CAVAL de Valdelacalzada (Badajoz) por delitos de administraci&oacute;n desleal, fraude de subvenciones, falsedad contable, apropiaci&oacute;n indebida, y tres delitos contra la Hacienda P&uacute;blica. El Supremo rechaza el recurso de dicho acusado, as&iacute; como los presentados por los otros dos condenados en la misma causa, el excomercial de la cooperativa y su esposa.</p> <p>Tambi&eacute;n confirma las condenas que estableci&oacute; la Audiencia Provincial de Badajoz el 11 de enero de 2016 contra estos dos &uacute;ltimos: 4 a&ntilde;os de c&aacute;rcel para el primero por apropiaci&oacute;n indebida y 3 a&ntilde;os para la esposa.</p> <p>Igualmente se establece que el principal acusado debe indemnizar con 10,8 millones de euros a la cooperativa CAVAL, en concurso de acreedores; con 960.000 euros a la Agencia Tributaria y con 530.000 euros a la Junta de Extremadura.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=84755484e6799510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 13 Jan 2017 12:10:00 +0100 El Tribunal Supremo condena a cuatro años y medio de cárcel a técnicos del ayuntamiento de Arrecife y a un empresario http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=a1f32d8330d89510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala II del Tribunal Supremo ha condenado a 4 a&ntilde;os y 6 meses de c&aacute;rcel y 8 a&ntilde;os de inhabilitaci&oacute;n absoluta al interventor del ayuntamiento de Arrecife (Lanzarote) C.F.S.M., al responsable de la Oficina T&eacute;cnica de dicho constistorio J.R.A.A. y al empresario J.D.H.H., por delito continuado de malversaci&oacute;n de caudales p&uacute;blicos en concurso con prevaricaci&oacute;n (y adem&aacute;s delito de falsificaci&oacute;n en documento mercantil en el caso del &uacute;ltimo de los acusados citados).</p> <p>Ello supone una reducci&oacute;n respecto a los 5 a&ntilde;os y 3 meses de prisi&oacute;n que impuso a cada uno de los tres la Audiencia Provincial de Las Palmas en enero de 2016, una modificaci&oacute;n que viene impuesta por la aplicaci&oacute;n al caso del nuevo art&iacute;culo 77 del C&oacute;digo Penal, que establece las penas cuando uno de los delitos sea medio necesario para cometer el otro, sin que la suma pueda exceder de las penas concretas que hubieran sido impuestas separadamente por cada delito.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=a1f32d8330d89510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 11 Jan 2017 12:30:00 +0100 El Tribunal supremo avala que las empresas comuniquen las nóminas en soporte informático y no en papel http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=429fb5f7df969510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Tribunal Supremo considera ajustado a derecho que las empresas comuniquen las n&oacute;minas del mes a los trabajadores en soporte inform&aacute;tico y no en soporte papel. La Sala IV argumenta que el cambio de soporte no supone perjuicio ni molestia alguna para el trabajador, ni puede considerarse gravoso para &eacute;ste ya que, si quiere copia de la n&oacute;mina en papel, s&oacute;lo debe dar la orden de &ldquo;imprimir&rdquo; en el ordenador y esperar unos segundos a que la impresi&oacute;n se efect&uacute;e.</p> <p>El alto tribunal modifica la doctrina al respecto que plasm&oacute; en una sentencia de 22 de diciembre de 2011, referida a la empresa Air Europa, donde defend&iacute;a que la previsi&oacute;n legal era la entrega material en soporte papel de las n&oacute;minas. El Supremo explica que ha cambiado el criterio &ldquo;a la vista del tiempo transcurrido desde que se dict&oacute; la misma y de la generalizaci&oacute;n de la utilizaci&oacute;n del soporte inform&aacute;tico en lugar del soporte papel para almacenar y comunicar datos, documentos, decisiones&hellip;utilizado profusamente tanto en el &aacute;mbito privado como en la Administraci&oacute;n P&uacute;blica&rdquo;.</p> <p>La sentencia del Supremo rechaza el recurso de USO de Asturias que interesaba que se declarase nula la decisi&oacute;n de la empresa Transportes Unidos de Asturias S.L. de comunicar a los trabajadores la n&oacute;mina a trav&eacute;s de soporte inform&aacute;tico en lugar de, como se hab&iacute;a realizado siempre, en soporte papel.</p> <p>En concreto, Transportes Unidos de Asturias, dedicada al transporte de viajeros en las l&iacute;neas urbanas del municipio de Oviedo, cambi&oacute; en febrero de 2013 su sistema de comunicaci&oacute;n de las n&oacute;minas, que hasta entonces introduc&iacute;a en los buzones individuales de cada trabajador. A partir de esa fecha, pas&oacute; a incluir las n&oacute;minas en la cuenta personal de cada trabajador, a la que &eacute;stos pod&iacute;an acceder mediante un terminal inform&aacute;tico situado junto a los buzones introduciendo su DNI y clave de acceso personal.</p> <p>El sindicato aleg&oacute; infracci&oacute;n del art&iacute;culo 29.1 del Estatuto de los Trabajadores y de la Orden del Ministerio de Trabajo de 27 de diciembre de 1994 que aprob&oacute; el modelo de recibo individual justificativo del pago de salarios, al entender que la empresa no pod&iacute;a sustituir de forma unilateral la pr&aacute;ctica que de forma inveterada se hab&iacute;a venido siguiendo de entrega a los trabajadores de los recibos de salarios o n&oacute;minas directamente en papel, por la nueva posibilidad del uso de la inform&aacute;tica.</p> <p>El alto tribunal, en sentencia de la que ha sido ponente la magistrada Mar&iacute;a Luisa Segoviano, indica que &ldquo;ninguna de las normas cuya infracci&oacute;n denuncia el recurrente contiene exigencia alguna respecto al formato en el que ha de entregarse las n&oacute;minas a los trabajadores&rdquo;. Es decir, se exige la entrega al trabajador de recibo individual justificativo del pago del salario, en el modelo aprobado por el Ministerio de Trabajo, pero no se establece el soporte en el que ha de entregarse dicho recibo.</p> <p>El tribunal a&ntilde;ade que podr&iacute;a parecer que se exige que la entrega haya de realizarse en soporte papel, al disponer el art&iacute;culo 2 de la Orden de 27 de diciembre de 1994: &ldquo;El recibo de salarios ser&aacute; firmado por el trabajador al hacerle entrega del duplicado del mismo y abonarle en moneda de curso legal o mediante cheque o tal&oacute;n bancario, las cantidades resultantes de la liquidaci&oacute;n. La firma del recibo dar&aacute; fe de la percepci&oacute;n por el trabajador de dichas cantidades, sin que suponga su conformidad con las mismas&rdquo;.</p> <p>Sin embargo, tal apariencia queda desvirtuada por lo que, a rengl&oacute;n seguido, dispone el apartado 2 del precepto: &ldquo;Cuando el abono se realice mediante transferencia bancaria, el empresario entregar&aacute; al trabajador el duplicado del recibo sin recabar su firma, que se entender&aacute; sustituida, a los efectos previstos en el apartado anterior, por el comprobante del abono expedido por la entidad bancaria&rdquo;.</p> <p>En definitiva, se admite que el trabajador no firme el duplicado del recibo de salarios cuando quede constancia de su abono mediante el comprobante que expide la entidad bancaria, por lo que el hecho de que no se le entregue el recibo en soporte papel se ajusta a esta &uacute;ltima previsi&oacute;n. El trabajador, no solo puede acceder a su recibo de salarios a trav&eacute;s del terminal inform&aacute;tico, sino tambi&eacute;n obtener una copia del recibo, cumpli&eacute;ndose as&iacute; la exigencia contenida en el art&iacute;culo 29.1 del ET y art&iacute;culo 2 de la Orden de 27 de diciembre de 1994.</p> <p>La sentencia concluye que &ldquo;la entrega del recibo en soporte inform&aacute;tico cumple la finalidad de la entrega al trabajador de copia del recibo de salarios que, tal y como consta en la exposici&oacute;n de motivos de la Orden de 27 de diciembre de 1994, es garantizar la constancia de la percepci&oacute;n por el trabajador de las cantidades liquidadas y la debida transparencia en el conocimiento por el mismo de los diferentes conceptos de abono y descuento que conforman tal liquidaci&oacute;n&rdquo;. La operaci&oacute;n, que antes consist&iacute;a en abrir el buz&oacute;n mediante una llave, ahora se realiza introduciendo en el terminal inform&aacute;tico el n&uacute;mero de DNI y la clave, lo que supone ning&uacute;n perjuicio al trabajador.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=429fb5f7df969510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 04 Jan 2017 00:00:00 +0100 El Supremo avala las tasas municipales a las instalaciones de electricidad y gas http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=d248f976ccd69510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Tribunal Supremo ha aceptado que los ayuntamientos valoren como &lsquo;construcciones&rsquo; las l&iacute;neas el&eacute;ctricas de alta tensi&oacute;n y las canalizaciones de gas a efectos del c&aacute;lculo de la base imponible de la tasa por utilizaci&oacute;n del dominio p&uacute;blico local. La Sala III ha rechazado recursos interpuestos por Red El&eacute;ctrica, Uni&oacute;n Fenosa y Gas Galicia, compa&ntilde;&iacute;as que tachaban de error dar esa consideraci&oacute;n a esas instalaciones, lo que repercut&iacute;a en el valor catastral de los terrenos y en un incremento del gravamen que entend&iacute;an no justificado.</p> <p>En cinco sentencias dictadas en los &uacute;ltimos d&iacute;as, el Supremo avala las ordenanzas fiscales del a&ntilde;o 2014 de los ayuntamientos de Arteixo (A Coru&ntilde;a), Serradilla (C&aacute;ceres) y Villalcampo (Zamora) que establec&iacute;an la regulaci&oacute;n y las tarifas de la &lsquo;tasa por utilizaci&oacute;n privativa o aprovechamiento especial del dominio p&uacute;blico local de las instalaciones de transporte de energ&iacute;a el&eacute;ctrica, gas, agua e hidrocarburos&rdquo;.</p> <p>El c&aacute;lculo de las tarifas de la tasa se realiza de acuerdo a un estudio t&eacute;cnico-econ&oacute;mico, seg&uacute;n el cual, el valor del inmueble se obtiene sumando el valor catastral del suelo r&uacute;stico con construcciones al valor de las instalaciones, y la base imponible es resultado de multiplicar ese valor del inmueble al coeficiente de relaci&oacute;n con el mercado y la ocupaci&oacute;n en metro cuadrado que corresponde a cada metro lineal.</p> <p>El Supremo, contra la postura de las citadas empresas, considera que la ordenanza no vulnera los art&iacute;culos 24 y 25 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, que establece que el importe de estas tasas se fijar&aacute; tomando como referencia el valor que tendr&iacute;a en el mercado la utilidad derivada de dicha utilizaci&oacute;n o aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de dominio p&uacute;blico.</p> <p>El alto tribunal recuerda que &ldquo;al cuantificar la tasa no se trata de alcanzar el valor de mercado del suelo por el que discurren las instalaciones que determinan el aprovechamiento especial o el uso privativo del dominio p&uacute;blico local, sino el de la utilidad que esos aprovechamientos o usos reportan. Por ello, son admisibles todos los m&eacute;todos que, cualquiera que sea el camino seguido, desemboquen en un valor que represente la utilidad en el mercado obtenida por el sujeto pasivo&rdquo;.</p> <p>A&ntilde;ade que &ldquo;al controlar esa elecci&oacute;n los tribunales de justicia no podemos sustituir la opci&oacute;n municipal por nuestro subjetivo criterio. Tan s&oacute;lo nos compete comprobar que la elecci&oacute;n conduce al resultado querido por la Ley y lo hace aplicando, motivada y razonadamente, criterios objetivos, proporcionados y no discriminatorios, determinados con transparencia y publicidad&rdquo;.</p> <p>En ese sentido, resalta que &ldquo;no cabe calificar de inadecuado acudir para determinar el aprecio que corresponde a esa utilidad al valor catastral del suelo, que tiene siempre como l&iacute;mite el del mercado (&hellip;), valor catastral que en el caso de la Ordenanza discutida es el r&uacute;stico con construcciones [el valor catastral es la suma del valor del suelo m&aacute;s el de las construcciones], por ser de esa naturaleza el suelo por el que discurren las instalaciones cuyo establecimiento es la causa del uso del dominio (&hellip;). T&eacute;ngase en cuenta que, a efectos catastrales, se reputan construcciones las instalaciones industriales, consider&aacute;ndose, entre otras, los diques, tanques, cargaderos (&hellip;), lista abierta que permite calificar de tales&rdquo; a las l&iacute;neas a&eacute;reas de alta tensi&oacute;n o a las canalizaciones de gas a que se refieren las Ordenanzas discutidas.</p> <p>Para el alto tribunal, &ldquo;la toma en consideraci&oacute;n de tales infraestructuras para calcular la base imponible de la tasa resulta adecuada a la finalidad perseguida por el legislador: si se trata de valorar la utilidad que proporciona al sujeto pasivo el uso privativo o el aprovechamiento especial del dominio p&uacute;blico local por la instalaci&oacute;n de los mencionados elementos relativos a la distribuci&oacute;n de electricidad, parece de todo punto razonable tomarlas en consideraci&oacute;n&rdquo;.</p> <p>A&ntilde;ade que la aplicaci&oacute;n del coeficiente de relaci&oacute;n con el mercado encuentra plena justificaci&oacute;n en la medida en que se trata de cumplir el mandato legal de que el valor catastral no supere al de mercado. Como quiera que la base imponible se determina por el valor que tendr&iacute;a en el mercado la utilidad derivada del aprovechamiento especial o el uso privativo del dominio p&uacute;blico local, parece de todo punto ajustada a las exigencias legales la aplicaci&oacute;n de un coeficiente que tiene por designio evitar que el valor catastral de los bienes considerados supere al del mercado.</p> <p>&ldquo;No compartimos la perplejidad de la recurrente ante la eventualidad de que el valor de la utilidad pueda ser superior al catastral del suelo por el que discurren las l&iacute;neas, porque, como ya hemos indicado, no se trata de gravar un suelo r&uacute;stico de uso agropecuario, sino la utilidad que le reporta al sujeto pasivo la utilizaci&oacute;n privativa o el aprovechamiento especial del mismo, con exclusi&oacute;n de los dem&aacute;s, para una actividad netamente industrial consistente en transportar y distribuir energ&iacute;a el&eacute;ctrica&rdquo;, dice el alto tribunal.</p> <p>Expone la sentencia que, en un juicio estrictamente t&eacute;cnico, se podr&aacute; discutir si otros par&aacute;metros distintos de los elegidos hubieran sido m&aacute;s adecuados para determinar el valor de esa utilidad, pero en un juicio estrictamente jur&iacute;dico, como el que incumbe al Supremo, se debe concluir que los ayuntamientos han aplicado para determinar la base imponible y las tarifas de la tasa que regula la Ordenanza impugnada unos par&aacute;metros objetivos, proporcionados y no discriminatorios que respetan las exigencias del art&iacute;culo 24.1.a) TRLHL.</p> <p>Las sentencias cuentan con votos particulares de tres de los siete magistrados que las han dictado, que consideran que debieron estimarse los recursos de las empresas.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=d248f976ccd69510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 03 Jan 2017 14:00:00 +0100 El Tribunal Supremo rechaza el recurso de la Iglesia Evangélica para tener casilla en el IRPF http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=3f71f976ccd69510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala III del Tribunal Supremo ha establecido que la negativa de Hacienda a disponer una casilla en la declaraci&oacute;n del IRPF para que los contribuyentes puedan destinar el 0,7 por ciento de la cuota &iacute;ntegra a la Iglesia Evang&eacute;lica o Protestante no vulnera derechos fundamentales de dicha Iglesia.</p> <p>La Sala III rechaza el recurso sobre protecci&oacute;n de derechos fundamentales presentado por la Federaci&oacute;n de Entidades Religiosas Evang&eacute;licas de Espa&ntilde;a (FEDERE) contra la sentencia de la Audiencia Nacional que, a su vez, desestim&oacute; su demanda contra la resoluci&oacute;n del Ministerio de Hacienda, de 25 de enero de 2015, que rechaz&oacute; la petici&oacute;n de esa Iglesia de contar con una casilla reservada para los contribuyentes que lo deseen en el modelo de declaraci&oacute;n del IRPF, como ocurre con la Iglesia Cat&oacute;lica.</p> <p>Hacienda respondi&oacute; que la actual previsi&oacute;n de una casilla mediante la cual los contribuyentes que as&iacute; lo quieren pueden decidir que ese porcentaje de la cuota de su impuesto se entregue a la Iglesia Cat&oacute;lica se fundamenta en los Acuerdos de Espa&ntilde;a con la Santa Sede de 3 de enero de 1979 y que, a falta de un convenio similar, no era posible acceder a la petici&oacute;n de la Iglesia Protestante.</p> <p>La Audiencia Nacional, al justificar su fallo desestimatorio, se&ntilde;al&oacute; que el Convenio celebrado entre Espa&ntilde;a y la Santa Sede el 3 de enero de 1979, en su Anexo IV, dedicado al r&eacute;gimen econ&oacute;mico, art&iacute;culo II, recoge el compromiso del Estado de asignar a la Iglesia Cat&oacute;lica un porcentaje del rendimiento del impuesto sobre la renta o sobre el patrimonio o sobre cualquier otro de car&aacute;cter personal siempre que as&iacute; lo manifieste expresamente cada contribuyente. Tambi&eacute;n, da cuenta de que la Ley 24/1992 contempla el r&eacute;gimen fiscal de los bienes y actuaciones de FEREDE pero sin prever ninguna previsi&oacute;n semejante a la del Convenio con la Santa Sede.</p> <p>Por eso, concluy&oacute; la Audiencia, el establecimiento de un mecanismo como el pedido por la recurrente requerir&iacute;a de un convenio entre el Estado y la instancia representativa de las confesiones religiosas que lo pretenden y que la Administraci&oacute;n no puede establecerlo de manera unilateral.</p> <p>Para el Supremo, la sentencia de la Audiencia Nacional ha explicado a la recurrente cu&aacute;l es el r&eacute;gimen propio del derecho de petici&oacute;n (que no supone el derecho a que la petici&oacute;n sea contestada afirmativamente) y que la contestaci&oacute;n ofrecida por la resoluci&oacute;n de 26 de enero de 2015 es respetuosa con los preceptos de la Ley Org&aacute;nica 4/2001, que regula ese derecho. Asimismo, ha corroborado la distinta situaci&oacute;n en que se halla FEREDE respecto de la Iglesia Cat&oacute;lica, no para realizar un juicio de igualdad sino para confirmar que la respuesta ofrecida por el Ministerio de Hacienda y Administraciones P&uacute;blicas era coherente con la petici&oacute;n y suficientemente fundada en Derecho. Es decir, que ofrec&iacute;a las razones por las que no cabe atenderla.</p> <p>Esa respuesta satisface el derecho fundamental ejercido por FEREDE, de manera que ninguna infracci&oacute;n del art&iacute;culo 29 de la Constituci&oacute;n o de la Ley Org&aacute;nica 4/2001 se puede imputar a la sentencia ni a la Administraci&oacute;n. Asimismo, ni la sentencia de la Audiencia ni la actuaci&oacute;n administrativa incurren en infracci&oacute;n de los art&iacute;culos 14 y 16 de la Constituci&oacute;n en ninguno de los apartados invocados por la recurrente precisamente porque se mueven en el marco del derecho fundamental (de petici&oacute;n) que ha ejercido.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=3f71f976ccd69510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 02 Jan 2017 14:00:00 +0100 El Tribunal Supremo considera despido improcedente el cese de una trabajadora extranjera por pérdida del permiso de trabajo http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=b8b2f976ccd69510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala IV, de lo Social, del Tribunal Supremo ha destacado en una sentencia que los contratos a extranjeros no pueden incluir la p&eacute;rdida sobrevenida del permiso de trabajo como causa v&aacute;lida de extinci&oacute;n, y por tanto no indemnizable. Indica el tribunal que &ldquo;resultar&iacute;a cl&aacute;usula abusiva aqu&eacute;lla que se apoyara en una circunstancia sobre cuya concurrencia no puede ejercer ninguna influencia la conducta del trabajador&rdquo;.</p> <p>El Supremo rechaza el recurso de una empresa de limpieza contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que dio la raz&oacute;n a una empleada, nacional de un pa&iacute;s de fuera de la UE, a quien, tras 8 a&ntilde;os trabajando, la compa&ntilde;&iacute;a le comunic&oacute; el cese en noviembre de 2013 bas&aacute;ndose en la p&eacute;rdida de su permiso de residencia y trabajo. El alto tribunal madrile&ntilde;o consider&oacute; su despido improcedente, condenando a la empresa a pagarle una indemnizaci&oacute;n de 16.363 euros.</p> <p>En el caso resuelto, el contrato de trabajo no inclu&iacute;a expresamente una cl&aacute;usula de extinci&oacute;n basada en la p&eacute;rdida sobrevenida de dicho permiso, pero la empresa, apoyada en otra sentencia del TSJ de Madrid, defendi&oacute; que deb&iacute;a considerarse impl&iacute;citamente consignada en el contrato y aplicado el art&iacute;culo 49.1.b del Estatuto de los Trabajadores, que estipula que el contrato de trabajo se extinguir&aacute; &ldquo;por las causas consignadas v&aacute;lidamente en el contrato salvo que las mismas constituyan abuso de derecho manifiesto por parte del empresario&rdquo;.</p> <p>El Supremo rechaza ese argumento y considera que la doctrina correcta es la de la sentencia que dio la raz&oacute;n a la trabajadora: &ldquo;La utilizaci&oacute;n del apartado b) del art. 49.1 del Estatuto de los Trabajadores para poner fin al contrato no resulta ajustada a derecho. En el caso concreto, bastar&iacute;a con poner de relieve la nula menci&oacute;n al respecto en el contrato de trabajo. (&hellip;) Pero hemos de ir m&aacute;s all&aacute; en nuestras consideraciones pues, en todo caso no ser&iacute;a admisible que las partes del contrato previeran como causa v&aacute;lida de extinci&oacute;n del mismo el acaecimiento sobrevenido de una circunstancia atinente a la propia capacidad negocial de la parte trabajadora, la cual puede encajar en el apartado l) del mencionado art&iacute;culo 49 y, en suma, guarda visos de completa similitud con las que se prev&eacute;n en el indicado art&iacute;culo 52 del Estatuto de los Trabajadores&rdquo;.</p> <p>Para el Supremo, &ldquo;no cabe duda de que la p&eacute;rdida de la autorizaci&oacute;n para trabajar en Espa&ntilde;a imposibilita la continuaci&oacute;n del contrato de trabajo del extranjero. Tampoco puede negarse que estamos ante un supuesto en que la causa de la finalizaci&oacute;n del mismo es ajena a la empresa. Sin embargo, nuestro legislador ha querido dotar de un determinado marco de protecci&oacute;n a los trabajadores cuyo contrato se extingue por la concurrencia de una causa legal y, como ya hemos expresado, los contornos de esa protecci&oacute;n deben garantizarse tambi&eacute;n a los trabajadores extranjeros aun cuando carezcan de autorizaci&oacute;n para prestar servicios en Espa&ntilde;a pero, pese a ello, los han venido prestando efectivamente&rdquo;.</p> <p>La sentencia de la Sala de lo Social del Supremo, de la que ha sido ponente la magistrada Mar&iacute;a Lourdes Arastey, recuerda que el art&iacute;culo 36.5 de la Ley sobre derechos de los extranjeros en Espa&ntilde;a y su integraci&oacute;n social, indica que &ldquo;la carencia de la autorizaci&oacute;n de residencia y trabajo, sin perjuicio de las responsabilidades del empresario a que d&eacute; lugar, incluidas las de Seguridad Social, no invalidar&aacute; el contrato de trabajo respecto a los derechos del trabajador extranjero, ni ser&aacute; obst&aacute;culo para la obtenci&oacute;n de las prestaciones derivadas de supuestos contemplados por los convenios internacionales de protecci&oacute;n a los trabajadores u otras que pudieran corresponderle, siempre que sean compatibles en su situaci&oacute;n&rdquo;.</p> <p>La resoluci&oacute;n recoge que &ldquo;la p&eacute;rdida del permiso justificar&iacute;a la extinci&oacute;n del contrato de trabajo, mas el extranjero sin la pertinente autorizaci&oacute;n no puede verse privado de la protecci&oacute;n inherente a dicha contrataci&oacute;n pese a su situaci&oacute;n irregular en Espa&ntilde;a, precisamente por la validez y consecuente eficacia de su contrato respecto a los derechos del trabajador que consagra la ley&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=b8b2f976ccd69510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 02 Jan 2017 13:00:00 +0100 El Tribunal Supremo condena a un abogado mallorquín por blanqueo http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=7d9ac33190e69510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado 2 a&ntilde;os y medio de c&aacute;rcel al abogado Alejandro Feliu Vidal por un delito contra la Hacienda P&uacute;blica y otro de blanqueo de capitales; y la misma pena, por delito fiscal, para el empresario Peter Brian Bradley, a quien el primero proporcion&oacute; los medios necesarios &ndash;sociedades en para&iacute;sos fiscales, cuentas corrientes puente y pagos en efectivo&mdash;para ocultar a la polic&iacute;a y el fisco brit&aacute;nicos el origen, cuant&iacute;a y titularidad de un il&iacute;cito patrimonio de millones de libras. Tambi&eacute;n ratifica 6 meses de prisi&oacute;n para la testaferro por delito de blanqueo imprudente.</p> <p>El Supremo corrige s&oacute;lo la sentencia de la Audiencia de Mallorca en aspectos que no afectan a las penas de prisi&oacute;n, y en concreto reduce de 3,7 millones de euros a 3,2 millones la multa a Feliu por el delito de blanqueo por restar una operaci&oacute;n de blanqueo a la lista de las que cometi&oacute;.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=7d9ac33190e69510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 29 Dec 2016 14:18:00 +0100 El magistrado del Tribunal Supremo que lleva la causa contra Francesc Homs por el 9-N da por finalizada la fase de instrucción http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=3068221633a49510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Andr&eacute;s Palomo del Arco, instructor de la causa seguida por delitos de prevaricaci&oacute;n y desobediencia contra el actual diputado y exconseller de Presidencia de la Generalitat de Catalunya Francesc Homs i Molist en relaci&oacute;n a la consulta del 9-N de 2014, ha dictado hoy auto de transformaci&oacute;n de las diligencias previas en procedimiento abreviado, con lo que pone fin a la instrucci&oacute;n y da un plazo de diez d&iacute;as a la Fiscal&iacute;a para que solicite la apertura de juicio oral formulando escrito de acusaci&oacute;n, o bien el sobreseimiento de las actuaciones, o, excepcionalmente, alguna diligencia complementaria.</p> <p>En el auto, de 33 folios, el juez se&ntilde;ala que la participaci&oacute;n en los hechos del aforado Francesc Homs, que el 9-N de 2014 era portavoz del Gobierno de la Generalitat y conseller de Presidencia, &ldquo;indiciariamente y con la calificaci&oacute;n provisional que merece esta fase de la investigaci&oacute;n, resultan constitutivos de los delitos de desobediencia y prevaricaci&oacute;n administrativa&rdquo;.</p> <p>La resoluci&oacute;n recuerda que el Tribunal Constitucional suspendi&oacute; el 4 de noviembre de 2014 la convocatoria de la consulta sobre el futuro pol&iacute;tico de Catalunya convocada por la Generalitat para el d&iacute;a 9 del mismo mes, y comunic&oacute; su decisi&oacute;n el mismo d&iacute;a a la Presidencia de la Generalitat.</p> <p>Sin embargo, Homs, que en esa &eacute;poca, debido a sus cargos, era m&aacute;ximo responsable de los Servicios Jur&iacute;dicos de la Generalitat, de la coordinaci&oacute;n interdepartamental, as&iacute; como de la publicidad institucional y de la comunicaci&oacute;n, &ldquo;no suspendi&oacute; ninguna de las actuaciones ni actos que se desarrollaban para la celebraci&oacute;n de dicha consulta ni siquiera los que depend&iacute;an directamente del Departament de la Presidencia del que era titular, a pesar de ser consciente de la suspensi&oacute;n acordada por el Tribunal Constitucional y la consecuente inviabilidad de su celebraci&oacute;n&rdquo;.</p> <p>Y no s&oacute;lo no suspendi&oacute;, a&ntilde;ade el instructor, sino que &ldquo;potenci&oacute;, tras haber conocido la Providencia de suspensi&oacute;n dictada por el Tribunal Constitucional y la consecuente inviabilidad de su celebraci&oacute;n, el desarrollo del denominado &lsquo;proceso participativo&rsquo; que culminaba en la consulta del 9-N y dio amparo, que afirmaba resultante de consultas jur&iacute;dicas (en realidad inexistentes) a otras actividades de car&aacute;cter decisivo para la celebraci&oacute;n de la consulta, realiz&oacute; tambi&eacute;n alguna contrataci&oacute;n ulterior tendente a la efectividad de la consulta, y comunic&oacute; la no difusi&oacute;n de la campa&ntilde;a institucional por parte de algunos medios al organismo administrativo competente para sancionarlos&rdquo;.</p> <p>Entre otros indicios, cita la indicaci&oacute;n que el entonces conceller Homs dio para contestar a una carta que hab&iacute;a remitido T-Systems, empresa a la que se hab&iacute;an encargado diversas tareas de tratamiento inform&aacute;tico en relaci&oacute;n la consulta del 9-N, y que preguntaba si la suspensi&oacute;n acordada por el Constitucional afectaba a esos trabajos. La contestaci&oacute;n instada por Homs fue que, tras consultar a los servicios jur&iacute;dicos de la Generalitat (lo cual no hab&iacute;a hecho), los&nbsp; servicios o actividades que prove&iacute;a T-Systems no estaban expl&iacute;citamente afectados por la providencia del Constitucional.</p> <p>Para el magistrado instructor, las resoluciones de Homs fueron &ldquo;arbitrarias, omisivas y activas, contrarias absolutamente a la Constituci&oacute;n, por cuanto desapoderada la Generalitat de la potestad para llevar a cabo la competencia que cuando menos t&aacute;citamente afirmaba sobre el &lsquo;proceso participativo&rsquo; que culminaba con la consulta; tales resoluciones y disposiciones, fuere cual fuere su contenido, contrariaban de modo grosero el ordenamiento jur&iacute;dico; y no s&oacute;lo de legalidad ordinaria, sino el constitucional, al resultar carentes de todo soporte competencial, en ese momento inexistente, e imponer su propia voluntad sobre la del &oacute;rgano constitucional, al que expresamente se le atribuye y obliga el dictado de la suspensi&oacute;n&rdquo;. En ese sentido, el instructor recuerda que la suspensi&oacute;n por el TC era obligada, de acuerdo a la Carta Magna, una vez que hab&iacute;a sido impugnada la convocatoria por el Gobierno.</p> <p>A&ntilde;ade que supuso adem&aacute;s &ldquo;una suplantaci&oacute;n del poder constituyente, al hacer prevalecer la voluntad propia (a&uacute;n cuando se diga depositaria de un difuso mandato ciudadano, carente igualmente de ese car&aacute;cter constituyente) con desprecio deliberado de la resoluci&oacute;n que le suspende la potestad para desenvolver el &lsquo;proceso participativo&rsquo;, dictada por el &oacute;rgano a quien el constituyente encomend&oacute; tal tarea y control&rdquo;.</p> <p>&ldquo;Resoluciones y disposiciones pues &ndash;dice el auto--, injustas, contrarias a derecho realizadas y dictadas a sabiendas, con plena conciencia de su ilicitud, pues se reconoce por el aforado, que aunque afirmaba al Centro de Telecomunicaciones y Tecnolog&iacute;a de la Informaci&oacute;n la existencia de esas consultas, no realiz&oacute; consulta a &oacute;rgano consultivo alguno, al tiempo que&nbsp; indicaba expresaba a este Centro que la actividad relacionada con la adecuaci&oacute;n inform&aacute;tica precisa para la consulta no estaba afectada por la suspensi&oacute;n acordada por el Tribunal Constitucional&rdquo;.</p> <p>Eso dice el auto respecto a los indicios de prevaricaci&oacute;n. Y en cuanto a los de delito de desobediencia, el instructor recuerda que castiga a las autoridades o funcionarios p&uacute;blicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u &oacute;rdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del &aacute;mbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales&rdquo;. Y agrega: &ldquo;Toda la exposici&oacute;n sobre el delito de prevaricaci&oacute;n es reveladora del desacato al Tribunal Constitucional que integraba la conducta del aforado, haciendo caso omiso de su resoluci&oacute;n&rdquo;.</p> <p>&ldquo;El mandato de suspensi&oacute;n es notificado, es publicado en el BOE, se admite que vincula y que la consulta no puede celebrarse si no se alza al formular recurso de aclaraci&oacute;n; y pese a ello, de manera abierta, obstinada y pertinaz, nada se suspende, sino que el &lsquo;proceso&rsquo; se sigue impulsando, entre otros por el referido aforado y la consulta se celebra&rdquo;, dice el juez.</p> <p>El auto del juez Palomo del Arco recuerda que el pasado 22 de noviembre el Pleno del Congreso&nbsp; autoriz&oacute; al Supremo a la inculpaci&oacute;n formal de Homs. El auto del juez es recurrible en apelaci&oacute;n ante la Sala de lo Penal del Supremo en el plazo de cinco d&iacute;as (si se interpone la apelaci&oacute;n subsidiriamente al de reforma, este &uacute;ltimo debe interponerse en el plazo de tres d&iacute;as).</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=3068221633a49510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 29 Dec 2016 11:45:00 +0100 El TS archiva la causa por extracción de merluza negra en el Antártico por falta de jurisdicción de los tribunales españoles http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=88ddc33190e69510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala II del Tribunal Supremo ha acordado el archivo de la causa seguida en la Audiencia Nacional contra varios armadores espa&ntilde;oles por delitos asociados a la extracci&oacute;n de austromerluza o &lsquo;merluza negra&rsquo; en aguas internacionales del Oc&eacute;ano Ant&aacute;rtico, debido a la falta de jurisdicci&oacute;n de los tribunales espa&ntilde;oles en este caso.</p> <p>La sentencia del Supremo, de la que ha sido ponente el presidente de la Sala II, Manuel Marchena, estima el recurso de tres de las personas investigadas, Manuel y &Aacute;ngel V.P. y Joaqu&iacute;n P.M., y destaca que los tribunales espa&ntilde;oles, de acuerdo al art&iacute;culo 23.2 de la Ley Org&aacute;nica del Poder Judicial, no tienen capacidad jurisdiccional para conocer de los concretos delitos investigados en la causa (protecci&oacute;n de la fauna, falsedad, blanqueo de capitales y organizaci&oacute;n il&iacute;cita) cometidos en aguas internacionales por barcos espa&ntilde;oles.</p> <p>Los hechos a los que se refiere la resoluci&oacute;n recurrida, tal y como fueron expuestos por el Ministerio Fiscal, habr&iacute;an acaecido el 6 de enero de 2015, cuando una patrullera de Nueva Zelanda abord&oacute; el buque pesquero &ldquo;Shongua&rdquo; que se encontraba pescando, bajo pabell&oacute;n de Guinea Ecuatorial, en aguas internacionales del Oc&eacute;ano Ant&aacute;rtico. D&iacute;as m&aacute;s tarde, el 13 de enero, patrulleras de Nueva Zelanda abordaron tambi&eacute;n a los pesqueros &ldquo;Yongding&rdquo; y &ldquo;Kunlun&rdquo;, bajo id&eacute;ntico pabell&oacute;n que el anterior, cuando faenaban en la misma zona.</p> <p>Seg&uacute;n narraba el Ministerio Fiscal en su querella, los tres buques estar&iacute;an pescando merluza negra con artes tradicionales &ndash;redes de arrastre o enmalle- en el &aacute;rea regulada por la Convenci&oacute;n sobre la Conservaci&oacute;n de Recursos Vivos Marinos Ant&aacute;rticos de 20 de mayo de 1980. Tales hechos estar&iacute;an siendo llevados a cabo por los investigados y sus beneficios econ&oacute;micos supuestamente blanqueados a trav&eacute;s de un entramado societario radicado en Espa&ntilde;a y fuera de nuestro territorio.</p> <p>Para el Supremo, el principio de personalidad (art&iacute;culo 23.2 de la Ley Org&aacute;nica del Poder Judicial) no ofrece cobertura para afirmar la capacidad de jurisdicci&oacute;n de los tribunales espa&ntilde;oles en este caso. Este principio act&uacute;a como excepci&oacute;n al criterio de territorialidad y asocia la aplicaci&oacute;n de la ley penal de un Estado a la condici&oacute;n de ciudadano de &eacute;ste, m&aacute;s all&aacute; del lugar en el que se encuentre en territorio extranjero.</p> <p>Desde la perspectiva de la personalidad activa, que mira preferentemente al sujeto de la acci&oacute;n delictiva, la extensi&oacute;n de la jurisdicci&oacute;n espa&ntilde;ola impone, por definici&oacute;n, la referencia que proporciona otro Estado que ha de contar con una legislaci&oacute;n penal que incrimine en su propio territorio la conducta imputada. La doble incriminaci&oacute;n act&uacute;a, por tanto, como "condictio sine qua non" para que el delito cometido fuera de Espa&ntilde;a por un espa&ntilde;ol o por un extranjero que hubiera adquirido la nacionalidad con posterioridad al hecho imputado, pueda ser investigado y enjuiciado por los tribunales espa&ntilde;oles.</p> <p>&ldquo;De forma bien pl&aacute;stica &ndash;se&ntilde;ala la sentencia-- podr&iacute;a decirse que el ciudadano espa&ntilde;ol (&hellip;) que viaja m&aacute;s all&aacute; de nuestras fronteras, no lleva en su mochila un c&oacute;digo penal con vocaci&oacute;n de reprimir hechos cometidos all&iacute; donde tales conductas no han sido penalmente desvaloradas por el legislador del pa&iacute;s de destino. De ah&iacute; la trascendencia de la doble incriminaci&oacute;n como elemento llamado a contrarrestar cualquier tentaci&oacute;n de vigencia ultraterritorial de la ley penal, m&aacute;s all&aacute; de la referencia axiol&oacute;gica que impone la naturaleza de los bienes jur&iacute;dicos tutelados&rdquo;.</p> <p>Adem&aacute;s, recuerda que la Ley indica que la jurisdicci&oacute;n espa&ntilde;ola s&iacute; conocer&aacute; de hechos cometidos por espa&ntilde;oles o extranjeros fuera del territorio nacional cuando sean susceptibles de tipificarse, seg&uacute;n la ley penal espa&ntilde;ola, como una serie de delitos que no incluyen los imputados en la querella de la Fiscal&iacute;a en este caso.</p> <p>&ldquo;Este precepto &ndash;clara expresi&oacute;n del principio real o de protecci&oacute;n- no incorpora ninguno de los delitos imputados en la querella del Fiscal al repertorio de aquellas infracciones penales que pueden ser perseguidas por los tribunales espa&ntilde;oles, sea cual fuere el lugar de comisi&oacute;n. Los delitos contra el medio ambiente por pesca ilegal (arts. 335 o 336 CP), falsedad documental (arts. 390 y 392 CP) o integraci&oacute;n en grupo u organizaci&oacute;n criminal (arts. 570 ter 1 y 570 quater 2 y 3 CP) no protegen, a juicio del legislador, un bien jur&iacute;dico de valor singular para la comunidad nacional, hasta el punto que resulte justificado romper las barreras impuestas por el principio de territorialidad&rdquo;, indica el Supremo.</p> <p>La sentencia considera que el delito de blanqueo de capitales, incluido en la querella, es singular a este respecto, ya que el C&oacute;digo Penal indica que &ldquo;el culpable ser&aacute; igualmente castigado aunque el delito del que provinieren los bienes, o los actos penados en los apartados anteriores hubiesen sido cometidos, total o parcialmente, en el extranjero&rdquo;. Sin embargo, el delito de blanqueo requiere un delito antecedente (&ldquo;mal puede hablarse de una actividad de blanqueo de capitales si las ganancias no provienen de un delito&rdquo;, dicen los magistrados), y en este caso hay ausencia de ese delito principal calificable como tal en el lugar de comisi&oacute;n, o, al menos, perseguible en nuestro sistema.</p> <p>La Sala ha concluido que que ni la Convenci&oacute;n para la Conservaci&oacute;n de los Recursos Marinos Vivos del Ant&aacute;rtico, ni los preceptos indicados de la Ley Org&aacute;nica del Poder Judicial espa&ntilde;ola proporcionan las bases necesarias para la proclamaci&oacute;n jurisdiccional.</p> <p>La sentencia cuenta con el voto particular de uno de los cinco magistrados que la firman, Antonio del Moral, que entiende que el auto de la Secci&oacute;n Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional, que era el recurrido en este caso, no era recurrible en casaci&oacute;n ante el Tribunal Supremo.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=88ddc33190e69510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 28 Dec 2016 14:56:00 +0100 El Tribunal Supremo subraya que Raquel Gago asumió el plan criminal para asesinar a Isabel Carrasco http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=69af8f67adf39510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha notificado hoy la sentencia que confirma 22 y 20 a&ntilde;os de c&aacute;rcel respectivamente para Montserrat Gonz&aacute;lez y su hija Montserrat Triana Mart&iacute;nez por el asesinato de la presidenta de la Diputaci&oacute;n de Le&oacute;n Isabel Carrasco, perpetrado el 12 de mayo de 2014, y eleva de 12 a 14 a&ntilde;os la condena para la polic&iacute;a local de Le&oacute;n Raquel Gago Rodr&iacute;guez, a quien considera c&oacute;mplice del crimen. El fallo fue comunicado el pasado 15 de diciembre.</p> <p>El motivo del incremento de la pena a Gago es la estimaci&oacute;n del recurso de la Fiscal&iacute;a y su condena, adem&aacute;s de por complicidad en el asesinato -12 a&ntilde;os de prisi&oacute;n- por delito de tenencia il&iacute;cita de armas -con pena de 2 a&ntilde;os-, por haber guardado durante un d&iacute;a la pistola con la que se cometi&oacute; el acto sin que pueda calificarse esa detentaci&oacute;n de meramente fugaz y moment&aacute;nea.</p> <p>La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Andr&eacute;s Mart&iacute;nez Arrieta, rechaza el recurso de Raquel Gago destacando que, de acuerdo a los hechos declarados probados, conoci&oacute; la intenci&oacute;n de cometer el delito y lo asumi&oacute; como propio. &ldquo;A partir de ese conocimiento, no s&oacute;lo no lo impide ni trata de evitarlo (&hellip;) sino que realiza una acci&oacute;n dirigida, dice el relato, a concretar los detalles, seg&uacute;n el plan trazado, esto es, dise&ntilde;a la acci&oacute;n en la fase final de concreci&oacute;n, y se sit&uacute;a en una calle determinada en la que esperar&iacute;a a quien es cooperadora necesaria en la muerte de la v&iacute;ctima (Montserrat Triana), le ve y le abre el coche, para que guardara el bolso en el que iba alojada el arma empleada en la muerte&rdquo;.</p> <p>&ldquo;En definitiva &ndash;se&ntilde;ala el Supremo-, particip&oacute; en la organizaci&oacute;n del delito y asumi&oacute; una actividad planteada, por lo que particip&oacute; en el mismo&rdquo;. Su grado de participaci&oacute;n no alcanza el de Montserrat Triana (condenada a 20 a&ntilde;os de c&aacute;rcel como cooperadora necesaria en el crimen cometido materialmente por su madre) pero intervino en la organizaci&oacute;n del hecho y recogi&oacute; el arma en un punto determinado, por lo que su conducta fue de complicidad y no de mero encubrimiento como estableci&oacute; en primera instancia el presidente del tribunal del jurado de la Audiencia de Le&oacute;n que vio el caso.</p> <p>El Supremo descarta contradicci&oacute;n entre las proposiciones desfavorables aprobadas por el jurado de que Raquel Gago era culpable de causar la muerte, que conoci&oacute; y acept&oacute; el plan para la muerte de una persona, que se reuni&oacute; con las dos coimputadas antes de la acci&oacute;n para concretar los detalles de su ejecuci&oacute;n, y que esper&oacute; a una de ellas para recibir un bolso con el arma empleada; y las proposiciones favorables de que no intervino en seguimientos de la v&iacute;ctima o en la localizaci&oacute;n de armas.</p> <p>Para el alto tribunal, &ldquo;la posible contradicci&oacute;n es la que se produce con la calificaci&oacute;n deducida por el magistrado presidente &nbsp;respecto al hecho pues, pese a lo declarado probado por el Jurado, se aparta del veredicto y sin proponer la culpabilidad por el encubrimiento realiza una subsunci&oacute;n en contra de lo aprobado por el jurado, en un extremo corregido por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (de Castilla y Le&oacute;n) en la sentencia objeto de esta casaci&oacute;n&rdquo;. As&iacute;, el TSJ de Castilla y Le&oacute;n conden&oacute; por complicidad a Raquel Gago a 12 a&ntilde;os de prisi&oacute;n, frente a los 3 a&ntilde;os por encubrimiento que impuso la Audiencia de Le&oacute;n (que adem&aacute;s la conden&oacute; a 2 a&ntilde;os por tenencia il&iacute;cita de armas).</p> <p>El Supremo resalta que un acto posterior a la consumaci&oacute;n del delito, realizado por una persona que ha intervenido en la organizaci&oacute;n, como fue Raquel Gago, no es encubrimiento sino participaci&oacute;n.</p> <p>La sentencia indica que el relato f&aacute;ctico sobre Raquel Gago aprobado por el tribunal del jurado, que era el competente para su configuraci&oacute;n, indica que conoci&oacute; los prop&oacute;sitos homicidas de las otras dos acusadas, y acept&oacute; formar parte del plan urdido por &eacute;stas para matar a Isabel Carrasco. En cumplimiento del plan, la tarde en que ocurrieron los hechos, apenas una hora antes de su ejecuci&oacute;n, las tres acusadas se reunieron para concretar los detalles del plan. Posteriormente, Montserrat Triana dej&oacute; un bolso con el arma homicida en el coche de Gago, que mantuvo oculto el rev&oacute;lver durante m&aacute;s de 24 horas, llamando a continuaci&oacute;n a un polic&iacute;a nacional al que conoc&iacute;a para decir que hab&iacute;a encontrado causalmente en su veh&iacute;culo el bolso, el rev&oacute;lver y un pa&ntilde;uelo.</p> <p>El Supremo indica que la razonabilidad de los hechos probados configurados por el jurado es &ldquo;patente&rdquo; respecto a la alternativa que planteaba la acusada Montserrat Triana, que defend&iacute;a que su madre se encontr&oacute; casualmente a la v&iacute;ctima y la dispar&oacute;, ya que siempre llevaba un arma encima. Que antes llam&oacute; a su hija y que &eacute;sta trat&oacute; de disuadirla. Que la hija vio a su madre tirar un bolso y lo recogi&oacute; del suelo ante el temor de que llevara un arma de su padre. &nbsp;Y que luego, tambi&eacute;n por causalidad, se encontr&oacute; a su amiga Raquel Gago y meti&oacute; el bolso con el arma en su coche. Al d&iacute;a siguiente, la polic&iacute;a local entreg&oacute; el arma que hab&iacute;a encontrado, tambi&eacute;n casualmente, en su coche.</p> <p>Dicha versi&oacute;n exculpatoria no explica l&oacute;gicamente los encuentros de las tres acusadas, el hecho de que Montserrat Triana llevase un bolso grande y vac&iacute;o donde meti&oacute; el otro bolso con la pistola as&iacute; como los elementos para ocultar el rostro de la autora; por qu&eacute; madre e hija son detenidas casi al mismo tiempo en las inmediaciones del coche dispuesto para la huida; por qu&eacute; Raquel Gago abri&oacute; su coche con su mando a distancia para que la otra acusada introdujera el bolso; o por qu&eacute; el mismo es encontrado al d&iacute;a siguiente cuando otras personas que entraron en el coche no lo vieron antes.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=69af8f67adf39510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 27 Dec 2016 13:00:00 +0100 El TSJ de Murcia asume la competencia sobre el ‘caso Guardería’ por un presunto delito de prevaricación http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=77e99e545a629510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU) se declara competente para la instrucci&oacute;n y, en su caso, el enjuiciamiento del caso Guarder&iacute;a por un presunto delito de prevaricaci&oacute;n con respecto a la aforada Adela Mart&iacute;nez Cach&aacute;.</p> <p>En el auto, notificado hoy, se designa al magistrado Enrique Qui&ntilde;onero Cervantes, instructor del procedimiento sobre un presunto delito de prevaricaci&oacute;n administrativa en el traslado y posterior demolici&oacute;n de la Escuela Infantil del barrio de La Paz de Murcia.</p> <p>La Sala fundamenta, adem&aacute;s, que dado que los hechos investigados como presuntamente delictivos se concretan en los acuerdos de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia de julio y octubre de 2007, la prosecuci&oacute;n de las actuaciones respecto de la aforada &ldquo;resulta inescindible del resto de la instrucci&oacute;n practicada hasta la fecha&rdquo; por el Juzgado de Instrucci&oacute;n n&uacute;mero 1 de Murcia en las Diligencias Previas 5042/2011.</p> <p>El auto de incoaci&oacute;n de Diligencias Previas no es firme, cabe interponer recurso de S&uacute;plica.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=77e99e545a629510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 22 Dec 2016 12:40:00 +0100 El Tribunal Supremo confirma la condena a un joven por elogiar a ETA y justificar atentados contra policías en Facebook http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=a90bfc8e6c129510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a un a&ntilde;o de prisi&oacute;n por un delito de enaltecimiento del terrorismo que la Audiencia Nacional impuso a un joven que public&oacute; en Facebook mensajes en los que elogiaba a ETA e ironizaba con matar a polic&iacute;as.</p> <p>Entre los comentarios que el condenado public&oacute; en su perfil, durante cuatro a&ntilde;os, desde 2010 a 2014, hab&iacute;a uno en el que se ve&iacute;a la imagen de dos encapuchados con c&oacute;cteles molotov, sujetando un cartel con el emblema de GORA y la leyenda "Kontra el Estado Terrorista Gora"; otros de unos polic&iacute;as envueltos en llamas a los que puso el comentario "ke bien arde....la madera jejeje...". En otra ocasi&oacute;n, public&oacute; "matar fachas y txakurras no es delito...es mi deporte favorito".</p> <p>Para el Tribunal Supremo, las frases publicadas en Facebook por el acusado, sobre todo tres de ellos, "contienen una manifestaci&oacute;n del discurso del odio al propiciar y alentar una incitaci&oacute;n o provocaci&oacute;n, aunque sea indirecta, a la violencia terrorista, generando de esta forma una situaci&oacute;n de riesgo para las personas o derechos de terceros o para el propio sistema de libertades. Pues en algunas de ellas se hace una invitaci&oacute;n a la pugna pol&iacute;tica por medios violentos al mismo tiempo que se justifica el uso de la violencia realizado en &eacute;pocas recientes mediante atentados terroristas como sistema para solventar las discrepancias ideol&oacute;gicas y pol&iacute;ticas. Trasluci&eacute;ndose en diferentes mensajes un discurso del odio y de desprecio para las v&iacute;ctimas que legitima la intervenci&oacute;n de la norma penal".</p> <p>De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la propia Sala, concluye que la libertad de informaci&oacute;n y de expresi&oacute;n no legitima en este caso la conducta del acusado. Los magistrados consideran que la aplicaci&oacute;n del sistema penal en el presente caso cumplimenta las exigencias de los principios de necesidad y proporcionalidad a la hora de practicar una injerencia en el derecho a la libertad de expresi&oacute;n del acusado.<br />As&iacute; lo constata el contexto social y pol&iacute;tico en que se desarrollaron los hechos, en un momento en que en el territorio donde se ejecut&oacute; la conducta todav&iacute;a no se ha estabilizado un clima de convivencia pac&iacute;fica que excluya de manera definitiva el denominado coloquialmente "terrorismo de baja intensidad" como m&eacute;todo de solventar los conflictos sociales y pol&iacute;ticos.</p> <p>La Sala considera que el mensaje de los dos encapuchados con los c&oacute;cteles molotov encaja en el tipo aplicado, art&iacute;culo 578 del C&oacute;digo Penal, ya que exalta y sobre todo justifica la lucha violenta terrorista de forma gen&eacute;rica y no cabe duda de que las im&aacute;genes y el texto que las acompa&ntilde;a constituyen una justificaci&oacute;n y una exhortaci&oacute;n a favor de los m&eacute;todos terroristas como procedimiento id&oacute;neo y leg&iacute;timo para luchar contra el Estado. Nos hallamos ante una clase de expresiones y de discurso en el que se utilizan unas palabras y unos sintagmas que, al albergar unas connotaciones tan alabadoras y ensalzadoras del terrorismo e hirientes para las v&iacute;ctimas, las simples locuciones utilizadas en la redacci&oacute;n de los mensajes transparentan sin necesidad de complejas argumentaciones cu&aacute;l es el &aacute;nimo con que actu&oacute; el acusado al publicar en una red social las frases e im&aacute;genes descritas en la premisa f&aacute;ctica", subraya la sentencia.</p> <p>Sobre los mensajes que justifican los atentados contra los polic&iacute;as del Pa&iacute;s Vasco, afirma la sentencia que justifica mediante un comentario jocoso los atentados contra esos funcionarios y al mismo tiempo menosprecia y humilla a las v&iacute;ctimas policiales que han sido objeto de atentados en el curso de su enfrentamiento con la organizaci&oacute;n terrorista ETA.</p> <p>En relaci&oacute;n con la frase "matar fachas y txakurras no es delito...es mi deporte favorito", indica que "banaliza y justifica los atentados mortales contra las fuerza de seguridad en el Pa&iacute;s Vasco", dado que el t&eacute;rmino Txacurra en vasco significa perro, y es utilizado en el lenguaje coloquial del entorno terrorista para referirse peyorativamente a los agentes que intervienen en la lucha antiterrorista.</p> <p>La sentencia desestima el recurso de casaci&oacute;n interpuesto por el condenado en el que alegaba, entre otros motivos, que acced&iacute;a a dicho perfil con varios amigos a quienes no hab&iacute;a dado sus claves, aunque ellos hab&iacute;an podido verlas. Para el Tribunal Supremo, esa tesis de la defensa carece de una base m&iacute;nimamente razonable y es "una mera elucubraci&oacute;n carente de toda verosimilitud y razonabilidad".</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=a90bfc8e6c129510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 21 Dec 2016 15:40:00 +0100 El Tribunal Supremo declara nulo el Real Decreto de troncalidad de la formación sanitaria http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=33ed955c2eb19510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Tribunal Supremo ha anulado el Real Decreto que regula la troncalidad en el &aacute;mbito de la formaci&oacute;n sanitaria por ser insuficiente su Memoria de impacto econ&oacute;mico.</p> <p>La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha declarado la nulidad del Real Decreto 639/2014, de 25 de julio, por el que se regula la troncalidad y otros aspectos de la formaci&oacute;n sanitaria especializada en Ciencias de la Salud. La Secci&oacute;n Cuarta de la Sala Tercera estima el recurso de la Sociedad Espa&ntilde;ola de Inmunolog&iacute;a y anula el Real Decreto por ser &ldquo;palmariamente insuficiente&rdquo; la Memoria del An&aacute;lisis de Impacto Normativo en cuanto al impacto econ&oacute;mico y presupuestario de la reforma que aquella disposici&oacute;n entra&ntilde;a.</p> <p>El sistema de la troncalidad en la formaci&oacute;n sanitaria establece una ense&ntilde;anza com&uacute;n durante un tiempo a varias especialidades m&eacute;dicas, con competencias nucleares y comunes, a la que le sigue despu&eacute;s un per&iacute;odo concreto y espec&iacute;fico para cada especializaci&oacute;n. Representantes de varias especialidades m&eacute;dicas recurrieron ante el Tribunal Supremo al considerar que se hab&iacute;a aprobado la implantaci&oacute;n de la troncalidad sin haberse realizado un verdadero an&aacute;lisis de su impacto econ&oacute;mico y en especial la repercusi&oacute;n econ&oacute;mica en las Comunidades Aut&oacute;nomas donde se iba a aplicar. Adem&aacute;s, los m&eacute;dicos recurrentes entend&iacute;an que el nuevo sistema vulneraba una Directiva europea y discriminaba a los m&eacute;dicos espa&ntilde;oles respecto a sus hom&oacute;logos europeos.</p> <p>La primera sentencia sobre esta materia responde al recurso de la Sociedad Espa&ntilde;ola de Inmunolog&iacute;a; la Sala ha valorado en primer lugar el motivo de nulidad basado en la insuficiencia de la Memoria de Impacto Normativo, en lo relativo al an&aacute;lisis de los aspectos econ&oacute;micos y presupuestarios.</p> <p>Frente a la Memoria que defend&iacute;a el coste cero y la ausencia de impacto alguno en los gastos de las Comunidades Aut&oacute;nomas, la Sala entiende que s&iacute; existir&aacute;n unos costes directos e indirectos relevantes a los que tendr&aacute;n que hacer frente las Comunidades Aut&oacute;nomas. El Tribunal se apoya en los informes aportados por 13 Comunidades Aut&oacute;nomas sobre los costes del nuevo sistema. Fueron solicitados por la Sala, como diligencia final del proceso antes de tomar una decisi&oacute;n y despu&eacute;s de escuchar al perito designado por los recurrentes, que cifr&oacute; en algo m&aacute;s de mil millones y medio de euros el coste total de los cambios que supone el Real Decreto de troncalidad.</p> <p>El tribunal considera que la Administraci&oacute;n del Estado no puede escudarse en la autonom&iacute;a presupuestaria de las Comunidades y que debe ser &ldquo;especialmente rigurosa en el an&aacute;lisis econ&oacute;mico de la implantaci&oacute;n de un sistema que se aprueba por Real Decreto, pero que se impone- necesariamente- a aquellos otros entes territoriales&rdquo;.</p> <p>La sentencia, ponencia del magistrado Jes&uacute;s Cudero, recuerda que el Consejo de Estado y el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud ya advirtieron, durante la tramitaci&oacute;n del proyecto, de la insuficiencia de las previsiones de la Administraci&oacute;n sobre el impacto econ&oacute;mico. El ponente incluye tambi&eacute;n la jurisprudencia que se&ntilde;ala que las normas reglamentarias pueden ser nulas, no solo en los casos en que omiten el an&aacute;lisis econ&oacute;mico y presupuestario, &ldquo;sino tambi&eacute;n en aquellos otros en los que el que acompa&ntilde;a a la decisi&oacute;n de que se trate resulta ser de todo punto insuficiente de manera que no permita a la Memoria cumplir la importante finalidad que, a tenor de la normativa vigente, le es propia&rdquo;.</p> <p>La sentencia concluye que la Memoria &ldquo;resulta palmariamente insuficiente, lo que determina la nulidad de la disposici&oacute;n reglamentaria que nos ocupa&rdquo;.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=33ed955c2eb19510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 20 Dec 2016 12:25:00 +0100 El TS avala la tasa municipal de Madrid de paso de vehículos en aceras, salvo el 4% aplicable al valor del metro cuadrado del suelo http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=b5f9a52912719510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha avalado el criterio que aprob&oacute; el Ayuntamiento de Madrid el 21 de Diciembre de 2012 para determinar el valor del suelo, a efectos de fijar la tasa municipal por paso de veh&iacute;culos o carruajes en aceras o vados. Sin embargo el alto Tribunal cuestiona la legalidad de que se aplique como par&aacute;metro de valor el resultado de aplicar el 4% al valor del metro cuadrado del suelo, por tratarse de un tipo de inter&eacute;s fijo.</p> <p>La Secci&oacute;n Segunda de la Sala de lo Contencioso ha acordado estimar parcialmente el recurso contencioso que present&oacute; el Ayuntamiento de Madrid contra la sentencia del TSJ de Madrid que anul&oacute; y dej&oacute; sin efecto el art&iacute;culo 11 apartados 2 y 3 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la utilizaci&oacute;n privativa o aprovechamiento especial del dominio p&uacute;blico local, tal como qued&oacute; redactado en la modificaci&oacute;n introducida por el Acuerdo del Pleno el Ayuntamiento de Madrid de 21 de diciembre de 2012. Los magistrados de la Sala Tercera estiman el recurso, salvo en lo relativo al tipo de inter&eacute;s legal del dinero utilizado, que no es v&aacute;lido por tratarse de un tipo de inter&eacute;s fijo.</p> <p>La sentencia da respuesta al recurso que present&oacute; en febrero de 2013 una comunidad de vecinos que impugn&oacute; la forma en que el Ayuntamiento de Madrid hab&iacute;a fijado el criterio para cobrar la tasa por paso de veh&iacute;culos. En concreto, los recurrentes impugnaban que el Ayuntamiento se basase en valores catastrales incluidos en la Ponencia de Valores aprobada por el Director General del Catastro y se opon&iacute;an tambi&eacute;n a que se aplicase el 4% del valor del metro cuadrado del suelo.</p> <p>El TSJ dio la raz&oacute;n a los recurrentes y anul&oacute; el art&iacute;culo 11 apartado 2 y 3 de la mencionada Ordenanza Fiscal, al entender que no estaba ajustado a Derecho que el Ayuntamiento utilizara valores catastrales de usos, como los residenciales o los comerciales, en tanto que son usos distintos y diferentes de los usos a los que se pueden dedicar los suelos de dominio p&uacute;blico y por tanto no se pod&iacute;a aplicar un valor de mercado a unos suelos que precisamente no se encuentran en el mercado.</p> <p>Sin embargo el Tribunal Supremo avala el criterio del Ayuntamiento y recuerda que la Ley no exige que se establezcan unos criterios o par&aacute;metros determinados, sino que los que se utilicen respeten el l&iacute;mite general de que la cuant&iacute;a de la tasa se determine como referencia, &ldquo;el valor que tendr&iacute;a en el mercado la utilidad derivada de dicha utilizaci&oacute;n o aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de dominio p&uacute;blico&rdquo; . En el caso, concreto, la sala concluye que los criterios adoptados, en relaci&oacute;n con la superficie media de una plaza de aparcamiento han sido debidamente justificados y razonados&rdquo;. &ldquo;Lo ideal -a&ntilde;aden los magistrados- ser&iacute;a poder tener en cuenta para cada garaje o aparcamiento la superficie exacta de todas y cada una de las plazas, pero esto choca con la eficacia que debe presidir la actuaci&oacute;n de toda Administraci&oacute;n P&uacute;blica&rdquo;, situaci&oacute;n que llevar&iacute;a, seg&uacute;n el Tribunal, a no poder gestionar de forma eficaz el tributo.</p> <p>Dos magistrados firman un voto particular en el que comparten el criterio de la mayor&iacute;a salvo en la decisi&oacute;n de rechazar la aplicaci&oacute;n del 4% por tratarse de un tipo de inter&eacute;s fijo. Estos dos magistrados consideran que lo &uacute;nico que puede controlarse es la procedencia o razonabilidad del tipo utilizado para la valoraci&oacute;n de los bienes o utilidades en el momento en que se aprob&oacute; la correspondiente Ordenanza fiscal y en este caso, seg&uacute;n el voto particular &ldquo;el 4% no es en s&iacute; objeto de cr&iacute;tica.&nbsp;Resulta, adem&aacute;s, que en ese momento, en el de aprobaci&oacute;n de la ordenanza, coincide con el inter&eacute;s legal del dinero, que es un elemento esclarecedor de la retribuci&oacute;n del capital necesario para adquirir el suelo y, en definitiva, para calcular la rentabilidad de &eacute;ste&rdquo;. Seg&uacute;n estos dos jueces no se trata de un tipo fijo pero s&iacute; razonable en el momento en que se utiliz&oacute; para realizar la valoraci&oacute;n y no puede ser descalificado en raz&oacute;n de que var&iacute;e en el futuro y porque adem&aacute;s cualquier par&aacute;metro que se vaya a utilizar &ldquo;ha de ser coyuntural y cambiante por naturaleza&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=b5f9a52912719510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 19 Dec 2016 13:50:00 +0100 El Tribunal Supremo condena a cuatro años y seis meses de prisión a los autores del atentado de la Basílica del Pilar de Zaragoza http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=b2cc5769ac519510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a cuatro a&ntilde;os y seis meses de prisi&oacute;n a F.J.S, alisas Cari&ntilde;oso, y M.A.C., alias Moniquita, como autores de un delito de lesiones de da&ntilde;os terroristas en concurso ideal con otro de da&ntilde;o terrorista cometidos al colocar un artefacto explosivo en la Bas&iacute;lica del Pilar de Zaragoza, el 2 de octubre de 2013, causando heridas a una mujer que se encontraba dentro del templo.</p> <p>La sentencia estima parcialmente el recurso de casaci&oacute;n interpuesto por F.J.S., rechaza el de la otra condenada y el de la acusaci&oacute;n particular, y corrige el fallo de la Audiencia Nacional que impuso doce a&ntilde;os de prisi&oacute;n a cada uno de ellos por los delitos de lesiones terroristas y un delito de da&ntilde;os terroristas.</p> <p>En su recurso, F.J.S. alegaba que los hechos ten&iacute;an que penarse como una &uacute;nica acci&oacute;n de acuerdo con las normas del concurso ideal del art&iacute;culo 77.1 del C&oacute;digo Penal. Se apoyaba en que hicieron explosionar un peque&ntilde;o artefacto de fabricaci&oacute;n casera para atentar contra un s&iacute;mbolo religioso como elemento del poder establecido y que su intenci&oacute;n no era causar lesi&oacute;n a ninguna persona como demuestra el hecho de que a la hora del atentado se cerraba esa zona de la bas&iacute;lica al p&uacute;blico y que, adem&aacute;s de que el artefacto no ten&iacute;a metralla, avisaron de su colocaci&oacute;n antes de su detonaci&oacute;n.</p> <p>El Tribunal Supremo aplica el concurso ideal y concluye que por m&aacute;s que la utilizaci&oacute;n de un mecanismo explosivo compuesto por dos kilos de p&oacute;lvora y una bombona de gas licuado configure el dolo eventual del delito de lesiones, pues permite apreciar que la acci&oacute;n entra&ntilde;a un riesgo para la integridad f&iacute;sica de quienes se ubiquen al momento de su deflagraci&oacute;n en el espacio alcanzable por su onda expansiva, "no justifica la punici&oacute;n separada de los resultados de &eacute;sta solo acci&oacute;n delictiva" y s&iacute; la aplicaci&oacute;n del concurso ideal.</p> <p>La Sala tambi&eacute;n admite el motivo del recurso del condenado en el que alegaba la inexistencia de prueba de que los da&ntilde;os causados por los acusados se proyectaran sobre bienes de valor hist&oacute;rico o cultural por lo que cifra el importe de los desperfectos en 143.317,8 euros.</p> <p>La sentencia explica que a los dos condenados se les pudo identificar por las im&aacute;genes captadas el d&iacute;a de los hechos en el metro de la Sagrera y Arco del Triunfo de Barcelona, esta &uacute;ltima est&aacute; al lado de la Estaci&oacute;n del Norte de Barcelona. Unas im&aacute;genes, indican los magistrados, en las que se recoge con absoluta claridad de imagen y con el rostro descubierto, a un hombre que lleva una bolsa nevera y a una mujer con un bolso-mochila. La identificaci&oacute;n fue corroborada por la Polic&iacute;a que en el juicio refrendaron que los rostros de esas dos personas corresponden a los acusados.</p> <p>La prueba practicada, afirma la sentencia, evidencia que no s&oacute;lo se desplazaron de manera furtiva a la ciudad que soport&oacute; la explosi&oacute;n de la bomba, sino que estuvieron en las inmediaciones de los hechos en la hora en la que se perpetr&oacute; el atentado, habiendo comparecido en ese lugar tras portar durante toda la ma&ntilde;ana una bolsa pesada y de la que se hab&iacute;a desprendido cuando iniciaron su regreso a Barcelona.</p> <p>Los magistrados se&ntilde;alan que, a todo el material probatorio, hay que a&ntilde;adir el hecho de que el ataque fue reivindicado por un grupo de ideolog&iacute;a anarquista, pensamiento que siguen los acusados por lo que la conclusi&oacute;n a la que llega la Audiencia Provincial de Zaragoza responde al juicio racional de la prueba.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=b2cc5769ac519510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 19 Dec 2016 09:00:00 +0100 El Tribunal Supremo confirma la condena a seis años prisión impuesta a los dueños youkioske http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=cd81f4bbfe209510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a seis a&ntilde;os de prisi&oacute;n impuesta a los dos administradores de www.youkioske por un delito contra la propiedad intelectual y otro de promoci&oacute;n y constituci&oacute;n de una organizaci&oacute;n criminal cometidos al difundir por internet sin autorizaci&oacute;n el contenido de peri&oacute;dicos y libros. La sentencia desestima los recursos de casaci&oacute;n interpuestos por los dos condenados contra el fallo de la Audiencia Nacional y rechaza tambi&eacute;n el recurso de la acusaci&oacute;n particular ejercida por la Asociaci&oacute;n de Editores de Diarios Espa&ntilde;oles.</p> <p>Para el Tribunal Supremo, el enlace a una obra protegida por su titular rellena la tipicidad del delito contra la propiedad intelectual porque propicia, en detrimento de los derechos de los titulares, una comunicaci&oacute;n de un contenido protegido que no ha sido autorizado a su difusi&oacute;n de manera libre por los titulares". La sentencia indica que la conducta de los acusados incorporando a su p&aacute;gina los contenidos &iacute;ntegros de la titularidad aunque sin la autorizaci&oacute;n de sus propietarios encaja en el delito contra la propiedad intelectual. En este caso, a&ntilde;ade, no se trata de facilitar el acceso a una obra ya publicada libremente por su titular, sino el de obviar los presupuestos de uso de la obra, mediante el escaneado en la p&aacute;gina web.youkioske.com del contenido protegido para su comunicaci&oacute;n p&uacute;blica en condiciones no dispuestas por el titular.</p> <p>Sobre el delito de promoci&oacute;n y constituci&oacute;n de una organizaci&oacute;n criminal, la Sala afirma que los hechos probados describen "un actuar de varias personas, con niveles de actuaci&oacute;n prefijados y en el que, a pesar de la falta de identificaci&oacute;n de los 'ucranianos', &eacute;stos act&uacute;an siguiendo las ordenes de los &oacute;rganos de decisi&oacute;n resultando del relato f&aacute;ctico una actividad empresarial -organizada- para la realizaci&oacute;n del delito, lo que integra los presupuestos de la tipicidad del delito objeto de la condena". La sentencia explica que la actividad se desarrolla desde el a&ntilde;o 2009 hasta el 2012, cuando el tipo penal ya estaba vigente y era aplicable.</p> <p>La sentencia incluye un voto particular firmado por el magistrado Andr&eacute;s Mart&iacute;nez Arrieta, que tambi&eacute;n es el ponente de la sentencia, al discrepar de la mayor&iacute;a en lo relativo a la condena por este delito de promoci&oacute;n y constituci&oacute;n de una organizaci&oacute;n criminal.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=cd81f4bbfe209510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 15 Dec 2016 16:51:00 +0100 El Supremo inadmite y archiva la querella contra el exministro del Interior y el exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=ac1770f0f7209510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado la inadmisi&oacute;n a tr&aacute;mite y el archivo de la querella interpuesta por Xavier Tr&iacute;as y Convergencia Democr&aacute;tica de Catalunya contra el exministro de Interior Jorge Fern&aacute;ndez D&iacute;az y el exdirector de la Oficina Antifraude de Catalunya Daniel de Alfonso Laso al no existir indicios de que hubieran cometidos delitos de violaci&oacute;n de secretos, prevaricaci&oacute;n y malversaci&oacute;n de fondos p&uacute;blicos.</p> <p>Los hechos recogidos en la querella refer&iacute;an dos encuentros entre el exministro del Interior y el director de la Oficina Antifraude de Catalunya, que fueron mantenidos los d&iacute;as 2 y 16 de octubre. En uno de ellos, Daniel de Alfonso Laso habr&iacute;a entregado a Jorge Fern&aacute;ndez D&iacute;az un expediente con datos de una investigaci&oacute;n sobre los nombramientos que Francesc Homs habr&iacute;a realizado de dos familiares del exconsejero de Interior catal&aacute;n Felix Puip. Seg&uacute;n los querellantes, el exdirector de la Oficina Antifraude estar&iacute;a cometiendo un delito de revelaci&oacute;n de secretos al revelar informaci&oacute;n confidencial, instigado por el entonces ministro en funciones.</p> <p>Otra de las imputaciones se centraba en la documentaci&oacute;n relativa a Xavier Tr&iacute;as, relacionada con una investigaci&oacute;n de un presunto delito de blanqueo de capitales que, seg&uacute;n los querellantes, Daniel de Alfonso Laso habr&iacute;a entregado a Jorge Fern&aacute;ndez D&iacute;az y que fueron filtrados al peri&oacute;dico El Mundo.</p> <p>En su auto, los magistrados reiteran la doctrina de la Sala que es contraria a admitir como base de la querella hechos cuya base probatoria aparece s&oacute;lo en medios de comunicaci&oacute;n, como en este caso.</p> <p>Con respecto a las transcripciones de las entrevistas mantenidas entre ambos querellados, la Sala determina que &ldquo;dado el car&aacute;cter subrepticio de su obtenci&oacute;n no es posible determinar si han sido editadas, alteradas o manipuladas, de manera que tampoco se puede saber si la grabaci&oacute;n corresponde al contenido &iacute;ntegro de la entrevista o se ha suprimido alg&uacute;n apartado, sin que a la correspondencia con la realidad ayude la determinaci&oacute;n de la persona, o el inter&eacute;s, beneficiada por su grabaci&oacute;n y por su difusi&oacute;n&rdquo;.</p> <p>La Sala recuerda que la comisi&oacute;n de un delito de revelaci&oacute;n de secretos requiere la difusi&oacute;n de una informaci&oacute;n que no deba ser divulgada y de la que se haya tenido conocimiento por raz&oacute;n del cargo. Seg&uacute;n los tribunales, &ldquo;los hechos relatados en la querella no ponen de manifiesto que se haya revelado informaci&oacute;n de la que el querellado dispusiera por raz&oacute;n de su cargo y que, como tal no deba ser conocida&rdquo;, sino que debe entenderse como una colaboraci&oacute;n entre instituciones.</p> <p>&ldquo;El intercambio de informaci&oacute;n debe encuadrarse en el deber general de cooperaci&oacute;n institucional que a ambos organismos corresponde y no se advierte en qu&eacute; medida podr&iacute;a da&ntilde;ar a la causa p&uacute;blica o a terceros, tal como exige el citado precepto, pues la Oficina Antifraude de Catalu&ntilde;a, dice el apartado tres del art&iacute;culo 14 de la Ley 14/2008, de 5 de noviembre, &laquo;debe cooperar con la Administraci&oacute;n general del Estado, a la que puede solicitar, en los t&eacute;rminos y condiciones establecidos por el ordenamiento jur&iacute;dico, los datos y antecedentes cuando los precise para cumplir las funciones y potestades que la presente ley le otorga en el &aacute;mbito de Catalu&ntilde;a y dentro del marco de las competencias establecidas por el Estatuto de autonom&iacute;a y el resto del ordenamiento jur&iacute;dico&raquo;, precepto que se concreta en el art. 15.2 de la misma Ley que habilita a la oficina a intercambiar informes con otros &oacute;rganos e instituciones de car&aacute;cter p&uacute;blico de funciones an&aacute;logas.</p> <p>Respecto al delito cometido por la filtraci&oacute;n a un peri&oacute;dico de la noticia de que el querellante era titular de una cuenta en Suiza, a&ntilde;ade que solo se aportan juicios de valor o interpretaciones subjetivas, carentes de la solidez m&iacute;nima necesaria para abrir un procedimiento penal por un delito de revelaci&oacute;n de secretos. Asimismo, asegura que la filtraci&oacute;n pudo tener su origen en otras fuentes distinta del querellado aforado, debido a que la informaci&oacute;n estuvo en manos de varias personas.</p> <p>Los querellantes tambi&eacute;n atribu&iacute;an un delito de conspiraci&oacute;n para delinquir por el contenido de las conversaciones aludidas. La Sala lo descarta y recuerda que este delito no estaba en vigor cuando se cometieron los hechos imputados al querellado, en octubre de 2014. "Del contenido de estas conversaciones (en las que se hace alusiones expresas a contactos con algunos periodistas, a la oportunidad o no de publicar ciertas informaciones a los efectos que dicha publicaci&oacute;n podr&iacute;a tener) aunque pudiera inferirse indiciariamente que el Sr. Fern&aacute;ndez y el Sr. de Alfonso se conciertan para la filtraci&oacute;n a la prensa de una informaci&oacute;n confidencial -la relacionada con el Sr. Tr&iacute;as- que conocen por raz&oacute;n de sus cargos y, con ello, para la ejecuci&oacute;n de un delito de revelaci&oacute;n de secretos, esa resultancia no ser&iacute;a t&iacute;pica al tiempo de su realizaci&oacute;n", subraya el auto.</p> <p>Los magistrados destacan la clara diferencia entre la valoraci&oacute;n que puede merecer en la opini&oacute;n personal de quien escucha el contenido de esas conversaciones, ciertas expresiones, comentarios e, incluso, expectativas manifestadas por dos responsables de la actividad investigadora en el curso de unas conversaciones privadas, por discutibles en el terreno de la cr&iacute;tica estrictamente pol&iacute;tica que pudieran aparecer, incluidas algunas alusiones poco gratas para terceras personas relacionadas con el desarrollo de las investigaciones y su contexto general, y la comisi&oacute;n de verdaderos delitos, tipificados como tales en nuestra legislaci&oacute;n.</p> <p>Por &uacute;ltimo, la Sala recuerda que el archivo de la querella no va a impedir una nueva valoraci&oacute;n si estos indicios fueran puestos en conocimiento del Tribunal Supremo como consecuencia de las diligencias practicadas en el proceso penal incoado a ra&iacute;z de la querella presentada por Xavier Tr&iacute;as contra Eduardo Inda, Esteban Urreiztieta y Fernando L&aacute;zaro por los delitos de revelaci&oacute;n de secretos y calumnias.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=ac1770f0f7209510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 15 Dec 2016 15:40:00 +0100 El Tribunal Supremo eleva de 12 a 14 años la condena a la policía municipal Raquel Gago por el asesinato de Isabel Carrasco http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=6dcb70f0f7209510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha resuelto los recursos de casaci&oacute;n interpuestos contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le&oacute;n que conden&oacute; a Montserrat Gonz&aacute;lez, Triana Mart&iacute;nez y la polic&iacute;a municipal Raquel Gago por el asesinato de la presidenta de la Diputaci&oacute;n de Le&oacute;n, Isabel Carrasco, el 12 de mayo de 2014.</p> <p>Tras la vista de los recursos celebrada ayer y la posterior deliberaci&oacute;n, el alto tribunal ha acordado estimar el recurso de la Fiscal&iacute;a y considerar a Gago &ndash;que hab&iacute;a sido condenada como c&oacute;mplice de asesinato en concurso con atentado- tambi&eacute;n autora de un delito de tenencia il&iacute;cita de armas, elevando la pena de 12 a&ntilde;os a 14 a&ntilde;os de prisi&oacute;n.</p> <p>En el caso de Monserrat Ascensi&oacute;n Gonz&aacute;lez y de su hija Montserrat Triana Martinez, la Sala ha rechazado sus recursos, confirmando las condenas de 22 y 20 a&ntilde;os de c&aacute;rcel, respectivamente, que el Tribunal Superior castellano-leon&eacute;s les hab&iacute;a impuesto como autoras de un delito de asesinato.</p> <p>La sentencia se conocer&aacute; en los pr&oacute;ximos d&iacute;as. Siguiendo los criterios habituales, el fallo ha sido comunicado a la Secci&oacute;n Tercera de la Audiencia Provincial de Le&oacute;n a los efectos oportunos.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=6dcb70f0f7209510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 15 Dec 2016 13:55:00 +0100 El Tribunal Supremo rechaza aplicar la atenuante de voyeurismo a un profesor condenado por instalar microcámaras en los aseos de un colegio http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=7070410a15209510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rechazado aplicar la atenuante de voyeurismo a un profesor que instal&oacute; microc&aacute;maras en los aseos del colegio en el que trabajaba al no apreciar ning&uacute;n trastorno ps&iacute;quico que le impidiese conocer la ilicitud de su conducta.</p> <p>La sentencia desestima el recurso de casaci&oacute;n interpuesto por el condenado contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza que le impuso una pena de dos a&ntilde;os de prisi&oacute;n y el mismo tiempo de inhabilitaci&oacute;n especial para el ejercicio de la profesi&oacute;n relacionada con menores por un delito contra la intimidad que afect&oacute; a una pluralidad de personas.</p> <p>Para el Tribunal Supremo, los trastornos de est&iacute;mulo sexual como el voyeurismo o la pedofilia no impiden ni limitan la capacidad de actuar del acusado conforme a su conocimiento de la ilicitud de su acci&oacute;n. En este sentido, afirma, que s&oacute;lo en ocasiones este tribunal ha estimado una disminuci&oacute;n de la imputabilidad en supuestos graves en que se constataba una afectaci&oacute;n asociada a otros trastornos ps&iacute;quicos relevantes como la toxicoman&iacute;a, el alcoholismo o una neurosis depresiva.</p> <p>La sentencia se apoya en la jurisprudencia de la Sala que en relaci&oacute;n con este tipo de trastornos establece que &ldquo;no afectan a la capacidad de voluntad y entendimiento con trascendencia en la imputabilidad del sujeto activo si no aparece asociada a otra anomal&iacute;a o trastorno ps&iacute;quico&rdquo;.</p> <p>Esa misma jurisprudencia indica que la importancia a la hora de determinar su culpabilidad vendr&aacute; determinada por &ldquo;su capacidad de entender la ilicitud de sus actos y de controlar sus impulsos&rdquo;, sin que se establezca un criterio inamovible, ya que ha de examinarse cada caso y ponderar sus consecuencias en funci&oacute;n de su gravedad.</p> <p>Los hechos probados recogidos en la sentencia recurrida narran que, entre principios del 2013 y marzo de 2014, el condenado instal&oacute; subrepticiamente microc&aacute;maras en tres aseos del colegio de Zaragoza donde trabajaba como profesor para grabar desnudas o semidesnudas en situaciones &iacute;ntimas a las personas que utilizaban los aseos. La secretaria del colegio descubri&oacute; debajo del lavabo de uno de los ba&ntilde;os -destinado al personal de administraci&oacute;n y profesorado- una c&aacute;mara pegada con una masilla de color gris.</p> <p>La mujer se llev&oacute; el dispositivo y comprob&oacute; al meterlo en un ordenador que en uno de los archivos aparec&iacute;a ella haciendo sus necesidades fisiol&oacute;gicas. Despu&eacute;s de borrar la grabaci&oacute;n, avis&oacute; a la polic&iacute;a que se present&oacute; en el colegio y detuvo al acusado cuando sal&iacute;a de forma apresurada del citado ba&ntilde;o. Durante el registro de su domicilio, se intervino un disco duro con 22 archivos con grabaciones realizadas a distintas personas mientras utilizaban los aseos y en los que se ve&iacute;an sus partes &iacute;ntimas y 82 v&iacute;deos borrados localizados en dos tarjetas Micro SD.</p> <p>La sentencia recurrida refleja tambi&eacute;n que el acusado presenta un trastorno sexual o parafilia denominada voyeurismo, que se manifiesta en la conducta de observar ocultamente a personas cuando est&aacute;n desnud&aacute;ndose, desnudas o en plena actividad sexual que les provoca excitaci&oacute;n sexual, sin que ello limite su capacidad de comprender y de actuar conforme a esa comprensi&oacute;n. Tambi&eacute;n incluy&oacute; que la denunciante y la letrada del Patronato de la Fundaci&oacute;n Educativa Escolapias perdonaron al acusado en el juicio.</p> <p>Este perd&oacute;n, precisamente, es el que alega el condenado, adem&aacute;s de la inexistencia de una denuncia previa por parte de los ofendidos o agraviados por el delito, para pedir que se anule su condena. Frente a lo que sostiene la defensa, el Tribunal Supremo indica que se trata de un caso en que &ldquo;la acci&oacute;n delictiva afecta a un n&uacute;mero elevado de personas&rdquo; -tanto por el tiempo que dur&oacute; la grabaci&oacute;n como por el material que se le intervino- y que en este supuesto, al igual que cuando afecta a los intereses generales, el delito es perseguible de oficio, de acuerdo con el art&iacute;culo 209 del C&oacute;digo Penal, por lo que no es necesario la denuncia previa de la v&iacute;ctima. Tampoco considera imprescindible que se identificara a todos los afectados para ofrecerles las acciones y preguntarles si perdonaban al condenado.</p> <p>La sentencia tambi&eacute;n confirma, adem&aacute;s de la pena de dos a&ntilde;os de prisi&oacute;n, la de inhabilitaci&oacute;n especial para el ejercicio de la profesi&oacute;n relacionada con menores durante el mismo tiempo de la condena. Aunque indica que la Audiencia Provincial de Zaragoza no conden&oacute; al profesor por el subtipo agravado relativo a la afectaci&oacute;n de menores de edad, (los polic&iacute;as manifestaron que en el disco duro del ordenador del acusado aparec&iacute;an escenas de ni&ntilde;as desnudas que no hab&iacute;an alcanzado la pubertad dentro de los aseos, pero en la prueba pericial no se pudo acceder a su contenido) s&iacute; admiti&oacute; que los menores corrieron el riesgo de ser grabados.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=7070410a15209510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 15 Dec 2016 13:12:00 +0100 El Tribunal Supremo archiva la causa por prevaricación contra el diputado del PP y exalcalde Vall d'Uixó Óscar Clavell http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=c7aae904e08f8510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala II ha archivado la causa abierta al diputado del PP &Oacute;scar Clavell L&oacute;pez al no apreciar delitos de prevaricaci&oacute;n o malversaci&oacute;n en el decreto que firm&oacute; en diciembre de 2010, como alcalde de La Vall d&rsquo;Uix&oacute; (Castell&oacute;n), para validar unas facturas por valor de 706.789 euros del servicio de limpieza de la poblaci&oacute;n.</p> <p>La causa se abri&oacute; como consecuencia de una exposici&oacute;n razonada elevada al Supremo por el juez de Instrucci&oacute;n n&uacute;mero 2 de Nules (Castell&oacute;n), que atribu&iacute;a a Clavell la comisi&oacute;n de presuntos delitos de prevaricaci&oacute;n y malversaci&oacute;n de caudales p&uacute;blicos por la autorizaci&oacute;n de esos pagos al servicio de limpieza.</p> <p>En concreto, la exposici&oacute;n consideraba que la decisi&oacute;n prevaricadora fue un decreto del entonces alcalde de 30 de diciembre de 2010, que valid&oacute; las facturas emitidas por la mercantil contratada por el Ayuntamiento para realizar el servicio de limpieza de la poblaci&oacute;n, en cuant&iacute;a de 706.789,39 euros, autorizando de esa forma su pago, pese a que la responsable t&eacute;cnico de la ejecuci&oacute;n del servicio hab&iacute;a manifestado que el servicio no se estaba ejecutando correctamente.</p> <p>El auto de archivo, de acuerdo con el informe en el mismo sentido de la Fiscal&iacute;a, indica que no es lo mismo una ilegalidad administrativa que una acci&oacute;n delictiva, ya que &eacute;sta &uacute;ltima requiere que la resoluci&oacute;n sea injusta y arbitraria de forma patente y clamorosa, lo que no aprecian en este caso, y que se produzca &ldquo;a sabiendas&rdquo;, es decir, con clara conciencia de que se comete una ilegalidad, elemento subjetivo que tampoco concurre.</p> <p>La Sala puntualiza que el hecho de descartar delito en el decreto de Clavell no supone concluir que, desde el punto de vista administrativo, su actuaci&oacute;n fuese correcta. Insisten los magistrados en que &ldquo;el tipo subjetivo exige la clara conciencia de la ilegalidad o de la arbitrariedad que se ha cometido, pues lo dem&aacute;s ser&iacute;a invadir el campo del control judicial de los actos administrativos, que a nosotros no nos corresponde, y dado que no puede apreciarse tal claridad o evidencia en la conducta del aforado no puede considerarse que se haya cometido un delito de prevaricaci&oacute;n&rdquo;.</p> <p>En cuanto al delito de malversaci&oacute;n de caudales p&uacute;blicos, el Supremo dice que no se ha aportado indicio alguno de esta infracci&oacute;n penal. Tampoco encaja la conducta del aforado en un delito de fraude y exacciones ilegales, ante la inexistencia de datos de un concierto de voluntades para causar un perjuicio a la Administraci&oacute;n.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=c7aae904e08f8510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 13 Dec 2016 13:05:00 +0100 El Tribunal Supremo condena a exdirectivos de Ruiz-Mateos por defraudar a Hacienda más de ocho millones de euros http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=823ce365e09d8510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal ha confirmado la condena a cinco meses de arresto mayor impuesta por la Audiencia Provincial de Madrid a J.I.M, abogado de Jos&eacute; Mar&iacute;a Ruiz-Mateos, por un delito contra la Hacienda P&uacute;blica. La misma pena mantiene para el exdirectivo M.A.P.P.</p> <p>La sentencia rebaja a cinco meses de arresto la condena de dos a&ntilde;os de prisi&oacute;n impuesta por la Audiencia Provincial de Madrid a J.A.H. (15 meses de arresto por tres delitos), A.C. (10 meses de arresto por dos delitos) T.G. y J.P., y acuerda la absoluci&oacute;n de A.M., que tambi&eacute;n fue condenado a dos a&ntilde;os de prisi&oacute;n menor, al considerar que el procedimiento judicial se dirigi&oacute; contra &eacute;l cuando el delito fiscal ya hab&iacute;a prescrito.</p> <p>Los condenados tendr&aacute;n que pagar de forma solidaria, en concepto de responsabilidad civil, m&aacute;s de ocho millones de euros que defraudaron a Hacienda en tres operaciones inmobiliarias que realizaron durante 1993 y 1994.</p> <p>El Tribunal Supremo explica la rebaja de dos a&ntilde;os de prisi&oacute;n a cinco meses de arresto que beneficia a cuatro de los exdirectivos condenados por estos hechos porque, aunque la pena prevista para el delito fiscal era de prisi&oacute;n menor, al aplicar la atenuante de dilaciones indebida hay que bajar la pena a un grado inferior que seg&uacute;n el C&oacute;digo Penal de 1973, m&aacute;s favorable que el vigente para los acusados, es la de arresto mayor.</p> <p>Los hechos considerados probados por la sentencia recurrida detallan la participaci&oacute;n de algunos de los exdirectivos en la venta por parte de la Sociedad Estacionamientos Urbanos, S.A. a Aparcamientos y Construcciones de las concesiones administrativas en los aparcamientos subterr&aacute;neos de la calle Montalb&aacute;n, de la plaza de Espa&ntilde;a y de la calle Felipe II de Madrid por un precio de 29.449.593 millones de euros. Los administradores y apoderados de la sociedad, &ldquo;guiados del com&uacute;n prop&oacute;sito de procurarse un ahorro fiscal il&iacute;cito&rdquo;, dejaron de ingresar en perjuicio de la Hacienda P&uacute;blica 7.669.517 euros en la declaraci&oacute;n del Impuesto de Sociedades del ejercicio 1993. Aunque la toma de decisiones y ejecuci&oacute;n de los actos llevados a cabo para defraudar a Hacienda la llevaron tres de los acusados -J.P., A.C. y J.A.H.- estaban &ldquo;todos ellos concertados entre s&iacute; y bajo la direcci&oacute;n de facto del fallecido Jos&eacute; Mar&iacute;a Ruiz Mateos Jim&eacute;nez de Tejada y el acusado A.M.C. para presentar la autoliquidaci&oacute;n del Impuesto sobre Sociedades de la entidad consignando los datos mendaces en cuya elaboraci&oacute;n todos ellos hab&iacute;an participado&rdquo;.</p> <p>Un a&ntilde;o m&aacute;s tarde, en 1994, la sociedad Colio vendi&oacute; a Gestiones y Desarrollos Patrimoniales por 2.884.858 euros unos inmuebles que hab&iacute;a adquirido previamente de Filmayer V&iacute;deo y Uninter Leasing por 1.047.379 euros. Los administradores de la sociedad puestos de com&uacute;n acuerdo y con el prop&oacute;sito de obtener un ahorro fiscal il&iacute;cito no ingresaron a Hacienda la cantidad de 643.117 euros del Impuesto de Sociedades de 1994.</p> <p>La &uacute;ltima operaci&oacute;n refleja que Inmobiliaria Torremuelle suscribi&oacute; una ampliaci&oacute;n de capital de Dodona, mediante la aportaci&oacute;n de 66 fincas; operaci&oacute;n por la que dej&oacute; de ingresar a Hacienda 266.342 euros. Un mes m&aacute;s tarde, Dodona no declar&oacute; 138.311 euros correspondientes a la venta de las fincas de Inmobiliaria Torremuelle a otras sociedades por 1.803.036 euros.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=823ce365e09d8510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 07 Dec 2016 13:30:00 +0100 El Tribunal Supremo anula la designación de aspirantes a guías en el Congreso por falta de motivación en la valoración de méritos y entrevista http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=3dc7bf98e6ec8510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha anulado la designaci&oacute;n de dos aspirantes a plazas de gu&iacute;as en el Congreso de los Diputados al acreditarse que la comisi&oacute;n de selecci&oacute;n caus&oacute; indefensi&oacute;n a otra candidata, que no fue elegida, por aplicar de forma incorrecta las bases de la convocatoria y no motivar su actuaci&oacute;n en la fase de entrevista.</p> <p>La sentencia obliga a dicha comisi&oacute;n a desglosar la puntuaci&oacute;n atribuida a cada aspirante en la valoraci&oacute;n de m&eacute;ritos y a realizar de nuevo las entrevistas, aunque antes tendr&aacute; que fijar, y dar a conocer a los candidatos, los criterios establecidos para valorar la experiencia profesional y las funciones espec&iacute;ficas del puesto. Despu&eacute;s de explicar la puntuaci&oacute;n atribuida a cada aspirante, la comisi&oacute;n podr&aacute; hacer una nueva propuesta de contrataci&oacute;n de trabajadores para la provisi&oacute;n de las dos plazas de gu&iacute;as.</p> <p>El proceso de selecci&oacute;n constaba de un ejercicio te&oacute;rico, compuesto por 40 preguntas, otro de ingl&eacute;s dividido en tres ejercicios, una valoraci&oacute;n de m&eacute;ritos -conocimiento de franc&eacute;s mediante conversaci&oacute;n (calificaci&oacute;n de apto 5 puntos), servicios prestados en el Congreso de los Diputados como funcionario o personal laboral (0,15 puntos/mes hasta 10 puntos), experiencia previa en visitas guiadas (0,15 puntos/mes hasta 20 puntos) o poseer algunas titulaciones universitarias (7,5 puntos por cada licenciatura en Bellas Artes, Historia del Arte, Historia y Derecho, y 6 puntos por cada grado) y, por &uacute;ltimo, una entrevista personal a la que se llamar&iacute;a solamente a los aspirantes con m&aacute;s de 12,5 puntos en la fase de m&eacute;ritos y que calificar&iacute;a hasta con 20 puntos siendo necesarios al menos 5 para superarlas. La entrevista se centraba en la experiencia profesional de los aspirantes, las funciones espec&iacute;ficas del puesto convocado y serv&iacute;a adem&aacute;s para aclarar los documentos aportados para justificar los m&eacute;ritos.</p> <p>Tras la celebraci&oacute;n de las entrevistas, la comisi&oacute;n de selecci&oacute;n deliber&oacute; y, a propuesta de su presidente, vot&oacute; en secreto sobre los cinco aspirantes entrevistados: las dos aspirantes elegidas obtuvieron cinco puntos y el resto ninguna puntuaci&oacute;n.</p> <p>Una de las aspirantes que no super&oacute; la entrevista recurri&oacute; el nombramiento propuesto por la comisi&oacute;n de selecci&oacute;n, confirmada despu&eacute;s por la Mesa del Congreso, bas&aacute;ndose en que antes de la misma ella era la que ten&iacute;a mejor puntuaci&oacute;n, a mucha distancia de la tercera (14,75 puntos), en que no hab&iacute;a constancia del desarrollo de las entrevistas ni del curso de las deliberaciones y que tampoco se conoc&iacute;an los criterios para adjudicar las puntuaciones. Asimismo, denunciaba que no se le hab&iacute;a valorado de forma adecuada el ejercicio de franc&eacute;s por el que no consta que se le acreditara ning&uacute;n punto y que, adem&aacute;s, era Gu&iacute;a-Int&eacute;rprete del Patrimonio Nacional desde 1998 y que trabajaba en el Palacio Real.</p> <p>El Tribunal Supremo estima el recurso y concluye que &ldquo;el desconocimiento de los criterios observados por la comisi&oacute;n de selecci&oacute;n para aplicar la base d&eacute;cima de la convocatoria, la falta de motivaci&oacute;n de su decisi&oacute;n de excluir a la recurrente, junto a otras aspirantes, en esa &uacute;ltima fase del proceso selectivo y la ignorancia de las razones por las que las finalmente propuestas fueron consideradas id&oacute;neas para el puesto mientras que no lo fue la Sra. Ezquerra Serrano dibujan un escenario en el que, adem&aacute;s de la indefensi&oacute;n de la que se queja la demanda no se puede descartar la sombra de la arbitrariedad&rdquo;.</p> <p>De acuerdo con su jurisprudencia, la Sala indica que la necesaria motivaci&oacute;n de las decisiones de los tribunales calificadores o comisiones de selecci&oacute;n &ldquo;no se satisface con la emisi&oacute;n de una calificaci&oacute;n num&eacute;rica y que en los casos en que alg&uacute;n aspirante cuestione la que se le haya dado, bien por considerarla insuficiente en relaci&oacute;n con sus propios m&eacute;ritos o con el contenido de sus ejercicios, bien por comparaci&oacute;n con el trato dado a otros aspirantes, se debe explicar el camino seguido para la asignaci&oacute;n de la calificaci&oacute;n concedida&rdquo;.</p> <p>La Sala Tercera recuerda que los procesos selectivos se desarrollan bajo el principio de publicidad por lo que considera improcedente presentar la entrevista como un encuentro privado y afirma que tampoco es aceptable decir que carece de relevancia para la recurrente conocer el contenido de las otras entrevistas cuando puede servir para comprobar si se ha aplicado &ldquo;el mismo rasero a todos&rdquo;.</p> <p>Es m&aacute;s, se&ntilde;ala la sentencia, &ldquo;pugna con la exigencia de publicidad la votaci&oacute;n secreta que se llev&oacute; a cabo para decidir el resultado de la fase de entrevista. Las bases de modo alguno la amparan pues, cuando la tercera dice que las decisiones se tomar&aacute;n por mayor&iacute;a de votos de los miembros presentes, ni autoriza a proceder en secreto en ning&uacute;n momento del proceso selectivo ni, mucho menos, a la hora de decidir qui&eacute;nes superan y qui&eacute;nes no esa &uacute;ltima etapa&rdquo;.</p> <p>En efecto, concluye la Sala, &ldquo;sabemos que la comisi&oacute;n de selecci&oacute;n consider&oacute; que la recurrente no deb&iacute;a superar la fase de entrevista pero no es posible conocer por qu&eacute; ni tampoco por qu&eacute; entendi&oacute; lo contrario&rdquo; de las dos aspirantes propuestas para esas plazas.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=3dc7bf98e6ec8510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 05 Dec 2016 13:00:00 +0100 El Tribunal Supremo ordena un nuevo juicio a un hombre condenado a nueve años prisión por violar a su expareja http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=295f438634ab8510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha anulado la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que conden&oacute; a un hombre a nueve a&ntilde;os de prisi&oacute;n por violar a su expareja porque en el juicio no se admitieron las pruebas que solicit&oacute;, entre ellas un documento que acreditar&iacute;a que al acusado le hab&iacute;an realizado una vasectom&iacute;a ocho d&iacute;as antes de la violaci&oacute;n.</p> <p>El Tribunal Supremo ha ordenado que se celebre un nuevo juicio, por un tribunal distinto al que dict&oacute; la sentencia recurrida, que declare pertinentes dos de las tres pruebas planteadas por la defensa del condenado: la incorporaci&oacute;n del escrito sobre la intervenci&oacute;n quir&uacute;rgica y de un plano de la vivienda de una testigo que declar&oacute; en la causa.&nbsp;Asimismo, el Supremo entiende que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva del acusado, provoc&aacute;ndole indefensi&oacute;n, en la valoraci&oacute;n que la Audiencia Provincial de Valencia hizo de otras pruebas que s&iacute; fueron admitidas.</p> <p>Mediante el informe de vasectom&iacute;a, en el que figuran como instrucciones a seguir tras la operaci&oacute;n que no realizara movimientos bruscos, el condenado quer&iacute;a demostrar que no se produjo ninguna agresi&oacute;n sexual y que las relaciones que mantuvo con su expareja s&oacute;lo pudieron ser consentidas, ya que ten&iacute;a la zona genital dolorida con puntos de sutura.</p> <p>En relaci&oacute;n con la segunda prueba -plano geogr&aacute;fico de la vivienda testigo- la defensa aleg&oacute; que pretend&iacute;a probar que la mujer que testific&oacute; en la causa no pudo ver ni o&iacute;r nada de lo ocurrido por lo que s&oacute;lo pudo conocer los hechos por el relato que le hizo la propia denunciante.</p> <p>La defensa tambi&eacute;n hab&iacute;a solicitado una tercera prueba para acreditar que su expareja actu&oacute; con &aacute;nimo de venganza que ha sido rechazada porque se produjo despu&eacute;s de los hechos juzgados.</p> <p><strong>Pruebas pertinentes que &ldquo;potencialmente podr&iacute;an modificar el sentido del fallo&rdquo;</strong></p> <p>La Audiencia Provincial de Valencia deneg&oacute; las tres pruebas bas&aacute;ndose en que no se hab&iacute;an pedido en tiempo y forma en el escrito de conclusiones provisionales, como es preceptivo en un procedimiento ordinario, sino que se pidieron -documental y testifical- cuando comenzaron las sesiones del juicio oral.</p> <p>Esas dos pruebas -informe vasectom&iacute;a y plano de situaci&oacute;n de la vivienda de la testigo-, subraya la Sala Segunda, &ldquo;fueron indebidamente rechazadas&rdquo;, frustrando con ello la capacidad del imputado a valerse de las pruebas necesarias, no s&oacute;lo para desvirtuar la pretensi&oacute;n acusatoria esgrimida por el Fiscal y la acusaci&oacute;n particular, sino para respaldar su propia hip&oacute;tesis exoneratoria.</p> <p>Por todo ello, concluye que esos dos documentos &ldquo;son pertinentes porque existe una relaci&oacute;n inmediata de su contenido con los hechos enjuiciados y adem&aacute;s su valoraci&oacute;n, que corresponde a la Sala de instancia, potencialmente podr&iacute;a modificar el sentido del fallo. En el primer caso, teniendo en cuenta el posible juicio de compatibilidad de la violencia descrita en los hechos y el estado post-operatorio del acusado, y el segundo para medir la realidad f&iacute;sica de la percepci&oacute;n por la testigo de los hechos declarados por la misma&rdquo;.</p> <p>&ldquo;La inadmisi&oacute;n de las mismas por razones meramente formales es improcedente&rdquo;, subraya el Tribunal Supremo que indica que est&aacute; fuera de dudas que en estos supuestos &ldquo;la prueba encaminada a demostrar la veracidad de la hip&oacute;tesis alternativa que ofrece la defensa frente a la imputaci&oacute;n formulada, no puede ser sistem&aacute;ticamente rechazada&rdquo;.</p> <p>El Tribunal Supremo se plantea si la Audiencia Provincial de Valencia en su motivaci&oacute;n f&aacute;ctica ha valorado los hechos teniendo en cuenta los argumentos de la defensa y de la acusaci&oacute;n o se la limitado &uacute;nicamente a aceptar los &uacute;ltimos.</p> <p>En este sentido, se&ntilde;ala que &ldquo;llama la atenci&oacute;n que se acoja el dictamen sobre estr&eacute;s post-traum&aacute;tico emitido un a&ntilde;o despu&eacute;s de los hechos sin aducir razonamiento alguno sobre el informe de la Unidad de Valoraci&oacute;n Integral de Violencia sobre la mujer del Instituto de Medicina Legal de Valencia, emitido poco despu&eacute;s de los hechos, en cuya conclusi&oacute;n tercera no se advierte da&ntilde;o ps&iacute;quico o de afectaci&oacute;n emocional compatible con la vivencia de una situaci&oacute;n altamente traum&aacute;tica o que se ha afrontado con gran estr&eacute;s subjetivo; de la misma forma que otros datos incorporados a dicho informe, que necesariamente la Audiencia ten&iacute;a que haber valorado expl&iacute;citamente sin perjuicio de que la conclusi&oacute;n final fuese o no la misma; de igual manera que la posible incidencia de la vasectom&iacute;a o la situaci&oacute;n de la vivienda de la testigo tambi&eacute;n de referencia; la compatibilidad de las lesiones descritas en el factum, varias escoraciones y ligeros eritemas, con la actividad sexual entre la pareja descrita por el recurrente y admitida como muy activa por la propia v&iacute;ctima; o el hecho de la denuncia anterior contra su exmarido que fue archivada finalmente&rdquo;.</p> <p>En s&iacute;ntesis, concluye la Sala Segunda, &ldquo;existe un acervo de argumentos defensivos basados en datos presentes en la causa de cuya valoraci&oacute;n la Audiencia no pod&iacute;a prescindir, lo que desde luego afecta a la tutela judicial efectiva sin indefensi&oacute;n del hoy recurrente&rdquo;.</p> <p>La sentencia recurrida, anulada ahora por el Tribunal Supremo, consider&oacute; probado que el condenado agredi&oacute; sexualmente a su expareja en el domicilio de &eacute;sta, donde a&uacute;n viv&iacute;a pese a que ten&iacute;an problemas de convivencia. Tras lo ocurrido, la v&iacute;ctima logr&oacute; salir de la casa y se fue a casa de unos amigos, que la vieron llorando, nerviosa, alterada y oliendo a alcohol, y, despu&eacute;s acudi&oacute; a comisar&iacute;a para presentar una denuncia. Seg&uacute;n los hechos probados, el condenado, por su parte, se puso en contacto con un polic&iacute;a a quien dijo que hab&iacute;a tenido problemas con su compa&ntilde;era. Tras ser detenido, reiter&oacute; su versi&oacute;n y que ten&iacute;a miedo a que su novia le denunciara por malos tratos.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=295f438634ab8510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 01 Dec 2016 13:20:00 +0100 El Tribunal Supremo anula la condena de dos años y medio de prisión a un empresario madrileño de salas de cine http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=7dabca0dd95b8510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha anulado la condena a dos a&ntilde;os y medio de prisi&oacute;n que la Audiencia Provincial de Madrid impuso a F.A.B.C.A., administrador de la empresa Dreams Cinema, por un delito societario continuado de falsedad. La sentencia considera que no hay datos suficientes que acrediten que el empresario falseara la contabilidad de la sociedad encargada de la gesti&oacute;n de los cines del Centro Comercial Palacio de Hielo de Madrid.</p> <p>Asimismo, se&ntilde;ala que en este caso no se ha acreditado la existencia de un perjuicio y de un perjudicado por lo que no puede dictarse una condena por dicho delito del art&iacute;culo 290 del C&oacute;digo Penal como la dictada por la sentencia recurrida. Para el Tribunal Supremo, ni la acusaci&oacute;n ejercida por Cine Premier ni el Ministerio Fiscal &ldquo;vinculan la irregularidad o simulaci&oacute;n contable a un concreto perjuicio de naturaleza patrimonial con expresi&oacute;n de qui&eacute;n y por qu&eacute; sufr&iacute;a o pod&iacute;a sufrir perjuicio&rdquo;.</p> <p>La falsedad, subraya la Sala Segunda, &ldquo;debe tener una eficacia causal, al menos en potencia, para generar un perjuicio. Y &eacute;ste debe ser necesariamente econ&oacute;mico, como cuida de precisar el tipo penal, que no se satisface cuando los perjuicios son de otra naturaleza&rdquo;.</p> <p>La sentencia indica que &ldquo;la falta de reflejo de la situaci&oacute;n real de la econom&iacute;a de la sociedad, o la ocultaci&oacute;n de la verdadera situaci&oacute;n, no se traduce, ni siquiera potencialmente, por s&iacute; sola en un perjuicio o detrimento patrimonial. No satisfar&iacute;a, a falta de &eacute;ste, el presupuesto t&iacute;pico&rdquo;, subraya la sentencia.</p> <p>En este caso, se&ntilde;ala la Sala, se hace referencia a que el comportamiento del acusado dio lugar a la declaraci&oacute;n de concurso culpable de dos sociedades, declaraci&oacute;n que afecta, en la terminolog&iacute;a legal al acusado. &ldquo;De ah&iacute; que, si se considera que el perjuicio ocasionado por el recurrente consisti&oacute; en tal declaraci&oacute;n de culpabilidad, es claro que no tendr&iacute;a trascendencia tipificante pues el acusado obviamente no es el perjudicado contemplado en el tipo penal&rdquo;, subraya el Tribunal Supremo.</p> <p>Por otra parte, afirma, que los hechos que dieron lugar a la declaraci&oacute;n de concurso culpable, &ldquo;no implican actos que puedan calificarse como falsos por m&aacute;s que se incurra en lo que se denominan, inespec&iacute;ficamente, irregularidades o insuficiencias en la articulaci&oacute;n de la contabilidad o incluso en su total omisi&oacute;n. Tales t&eacute;rminos son equ&iacute;vocos pues albergan tanto el concepto de falsedad como el de incorrecci&oacute;n valorativa. Y esa equivocidad descriptiva acarrea la consecuencia de no poder afirmarse concluyentemente la tipicidad penal&rdquo;.</p> <p>Los hechos probados recogidos en la sentencia recurrida describen que el acusado &ndash;ahora absuelto- , administrador de la sociedad Grupo Dreams Cinema alquil&oacute; a otra sociedad, que estaba presidida por su hermano, el local destinado a 15 salas de cine en el Centro Comercial Palacio de Hielo. El alquiler, por 25 a&ntilde;os, se articul&oacute; sobre dos contratos diferentes, uno sobre las salas de cine y otro sobre las taquillas. Los locales destinados a cine se arrendaron en bruto y la arrendataria ten&iacute;a que hacerse cargo de las obras de acondicionamiento y la dotaci&oacute;n del mobiliario. Desde el inicio del negocio, con las obras de adaptaci&oacute;n, y posteriormente con el funcionamiento efectivo de los cines, Grupo Dreams Cinema no pudo hacer frente a los enormes costes fijos, rentas, salarios de los trabajadores, y de financiaci&oacute;n. Todo ello produjo unas p&eacute;rdidas de m&aacute;s de tres millones de euros; circunstancia que unida a los resultados negativos de explotaci&oacute;n eran indicativos de una incertidumbre sobre la capacidad del grupo consolidado para continuar su actividad.</p> <p>La administraci&oacute;n llevada a cabo por el acusado era desordenada y opaca, sin contabilidad oficial. Como conoc&iacute;a la situaci&oacute;n de quiebra de la sociedad, y para evitar el concurso decidi&oacute; crear un apunte falso, en la contabilidad, denominado activaci&oacute;n del gasto, para compensar las p&eacute;rdidas. Grupo Dreams Cinema fue declarado en concurso de acreedores necesario y culpable el 11 de diciembre de 2006.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=7dabca0dd95b8510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 30 Nov 2016 14:50:00 +0100 El Tribunal Supremo confirma la sanción de un millón de euros al Banco Santander por infracción a la Ley de prevención del blanqueo http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2586653a94ba8510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala III del Tribunal Supremo ha confirmado una sanci&oacute;n de un mill&oacute;n de euros impuesta el 12 de junio de 2015 por el Consejo de Ministros al Banco de Santander, como sucesor universal de Banesto, por una falta muy grave prevista en la Ley de prevenci&oacute;n del blanqueo de capitales y financiaci&oacute;n del terrorismo, relativa a la falta de documentaci&oacute;n justificativa de operaciones de una cuenta bancaria de Vin&iacute;cola Soto, bodega del grupo Nueva Rumasa. Los movimientos de la cuenta, entre los a&ntilde;os 2007 y 2011, supusieron cargos por valor de 58 millones de euros, y abonos por la cuant&iacute;a similar, siendo la suma de importes cargados en la cuenta por el concepto &ldquo;Disposici&oacute;n efectivo en oficina&rdquo;, de 19,8 millones.</p> <p>Los recurrentes consideraban que Banesto cumpli&oacute; sustancialmente con las obligaciones de conservaci&oacute;n de documentos, por lo que no exist&iacute;a la infracci&oacute;n. Subsidiariamente, ped&iacute;an que la infracci&oacute;n se calificase de leve, al considerar que no exist&iacute;an indicios de blanqueo de capitales y que el incumplimiento era meramente ocasional o aislado.</p> <p>&ldquo;En el presente supuesto -contesta el Supremo-, no podemos hablar de un incumplimiento ocasional porque de la muestra se detectan 601 incumplimientos (225 en ingresos de cheques, 10 en cobros de cheques, 17 en transferencias y 349 en ingresos en efectivo). En particular, en ingresos en efectivo se analiza una muestra de 350 operaciones y en 349 de ellas no se tiene la documentaci&oacute;n preceptiva. Por lo tanto, no se puede hablar de una situaci&oacute;n ocasional, sino que en algunos tipos de operaciones se demuestra una situaci&oacute;n masiva, continuada y recurrente de incumplimiento&rdquo;. A&ntilde;ade que la muestra son m&aacute;s de 602 operaciones, por un importe de m&aacute;s de 50 millones de euros, con lo que no puede decirse que sea irrelevante.</p> <p>Respecto a los indicios delictivos de las operaciones, la sentencia destaca que los mismos est&aacute;n siendo objeto de una investigaci&oacute;n abierta en el Juzgado Central n&uacute;mero 5 de la Audiencia Nacional.</p> <p>Asimismo, la Sala considera proporcionada la sanci&oacute;n de 1 mill&oacute;n de euros, y rechaza la pretensi&oacute;n del banco de reducirla a 150.000 euros. Expone que est&aacute; en la zona de m&iacute;nimos, ya que la horquilla del tramo inferior en que se encuentra iba desde los 150.000 euros hasta los 83,5 millones de euros, y finalmente se ha fijado en un mill&oacute;n.</p> <p>&ldquo;Si atendemos a los n&uacute;meros absolutos, la sanci&oacute;n de un mill&oacute;n de euros no puede considerarse desproporcionada si se tiene en cuenta que: 1&ordm;) Las operaciones donde se han detectado irregularidades suman decenas de millones de euros. 2&ordm;) Estas operaciones presentan una relaci&oacute;n directa con un proceso penal. 3&ordm;) Que el incumplimiento de las obligaciones de conservaci&oacute;n puede afectar negativamente a la acci&oacute;n penal, al determinar la inexistencia de elementos probatorios&rdquo;, indica la sentencia.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2586653a94ba8510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 28 Nov 2016 12:30:00 +0100 El Tribunal Supremo rechaza que la regulación del complemento por antigüedad del personal laboral de Madrid sea discriminatorio http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=c3e28ef9f2b98510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala IV del Tribunal Supremo ha estimado un recurso de la Comunidad de Madrid y ha avalado, por no ser discriminatorio ni para los trabajadores temporales ni para los eventuales que pasan a ser fijos, el art&iacute;culo del convenio colectivo para el Personal Laboral de la Comunidad (periodo 2004-2007) que no computa, a efectos de antig&uuml;edad, la prestaci&oacute;n de servicios discontinuos si el plazo entre un contrato y el siguiente rebasa los tres meses, comput&aacute;ndose en tal caso los servicios posteriores a la &uacute;ltima interrupci&oacute;n superior a tres meses.</p> <p>Para el Supremo, &ldquo;nada impide que el convenio se&ntilde;ale que no se tendr&aacute;n en cuenta las rupturas del v&iacute;nculo contractual superiores a tres meses siempre y cuando tal r&eacute;gimen se aplique de modo igual a todos los trabajadores que hayan estado vinculados a la empresa mediante diversos contratos de trabajo, con independencia de la naturaleza temporal de los mismos&rdquo;. Por ello, la cl&aacute;usula cuestionada &ldquo;ni puede consagrar una diferencia de trato ni la consagra de hecho&rdquo;.</p> <p>El Supremo ha revocado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 24 de junio de 2015, que estim&oacute; el recurso de varios sindicatos y decret&oacute; la nulidad, por discriminatorio, del art&iacute;culo 37.7 del citado convenio colectivo, que establece que a los trabajadores eventuales que pasen a formar parte de la plantilla de personal laboral fijo, se les computar&aacute;n los servicios prestados en la Comunidad de Madrid, a efectos de antig&uuml;edad, salvo que la prestaci&oacute;n de sus servicios hubiera tenido en alg&uacute;n momento soluci&oacute;n de continuidad por m&aacute;s de tres meses consecutivos, en cuyo caso s&oacute;lo se computar&aacute;n los servicios posteriores a la &uacute;ltima interrupci&oacute;n superior a tres meses.</p> <p>La Sala de lo Social del Supremo, en sentencia dictada por unanimidad, subraya: &ldquo;En definitiva, pues, la cl&aacute;usula controvertida no resulta contraria al principio de igualdad de trato ni contiene discriminaci&oacute;n alguna en la medida en que fija esa interrupci&oacute;n de tres meses como par&aacute;metro de diferenciaci&oacute;n para el c&oacute;mputo del periodo de servicios. Lo que podr&iacute;a resultar contrario a ese principio b&aacute;sico de igualdad ser&iacute;a que a los temporales no se les computaran los servicios en la misma medida que a los eventuales que pasen a fijos o que a &eacute;stos se les aplicaran medidas distintas de las que se apliquen en su caso a los primeros. No existe acreditaci&oacute;n fehaciente de que en la pr&aacute;ctica la empresa est&eacute; llevando a cabo una interpretaci&oacute;n o aplicaci&oacute;n contraria en perjuicio de alguno de los dos colectivos sometidos aqu&iacute; a la comparaci&oacute;n&rdquo;</p> <p>La sentencia tambi&eacute;n indica que, con arreglo al art&iacute;culo 15.6 del Estatuto de los Trabajadores y a la Directiva 199/70, por la que se aprueba el Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duraci&oacute;n determinada, &ldquo;los trabajadores con contratos temporales tendr&aacute;n los mismos derechos que los de duraci&oacute;n indefinida&rdquo;, por lo que &ldquo;el reconocimiento de un complemento salarial ligado a la prestaci&oacute;n de servicios por un determinado periodo de tiempo no puede venir condicionado a la naturaleza temporal o indefinida del contrato de trabajo. Si el convenio reconoce tal complemento, todos los trabajadores habr&aacute;n de poder acceder al lucro del mismo llegado el tiempo m&iacute;nimo exigido para ello&rdquo;.</p> <p>&ldquo;Sucede &ndash;agrega la sentencia-- que en el caso de los contratados mediante contratos temporales puede darse la circunstancia de que aquella prestaci&oacute;n de servicios se haya visto interrumpida entre la finalizaci&oacute;n de un contrato y la celebraci&oacute;n de otro. Esta circunstancia, puede darse tambi&eacute;n en el caso de los trabajadores que, habiendo iniciado su relaci&oacute;n con la empresa mediante contrataci&oacute;n temporal, hayan pasado a suscribir un contrato por tiempo indefinido. En ambos supuestos, el respeto al principio de igualdad de trato exigir&aacute; que el tratamiento que se haga de las situaciones de discontinuidad en la prestaci&oacute;n de servicios resulte homog&eacute;neo, pues la diferencia en la soluci&oacute;n nunca podr&iacute;a justificarse en la circunstancia de que el segundo de los colectivos ha adquirido la condici&oacute;n de indefinido&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=c3e28ef9f2b98510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 25 Nov 2016 13:16:00 +0100 El Pleno de la Sala II del TS rechaza la aplicación automática de atenuante para delitos de terrorismo a miembros de grupos 'satélite' http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=4ebac2f9bf698510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, reunida en Pleno no jurisdiccional, ha aprobado hoy un acuerdo que dispone que la atenuaci&oacute;n para delitos de terrorismo introducida en la reforma legal de marzo de 2015 para casos "de menor gravedad" no es aplicable de forma autom&aacute;tica &ldquo;por el mero hecho de que el sector de la organizaci&oacute;n en que se integra el acusado no utilice armas o explosivos ni realice atentados terroristas&rdquo;, sino que es necesaria una evaluaci&oacute;n caso por caso por parte de los jueces y tribunales.</p> <p>En esa evaluaci&oacute;n de cada caso concreto se tendr&aacute;n que tener en cuenta los siguientes criterios: &ldquo;Para la aplicaci&oacute;n de esta atenuaci&oacute;n podr&aacute; tomarse en consideraci&oacute;n el dato de si la rama de la organizaci&oacute;n terrorista en la que se integra el acusado o condenado es precisamente aquella que realiza de modo efectivo la acci&oacute;n armada o atentado violentos, o una de las organizaciones dependientes que se integran en el entramado de la organizaci&oacute;n armada para cooperar con sus fines. En este &uacute;ltimo caso habr&aacute; de valorarse tanto la actividad que realiza el acusado o condenado dentro de la organizaci&oacute;n, grupo o sector en el que se integra, como la relevancia o entidad de las funciones o misiones que desarrolla este sector de la organizaci&oacute;n dentro del conjunto del entramado terrorista&rdquo;.</p> <p>El Pleno de la Sala se ha reunido para fijar criterios la aplicaci&oacute;n del nuevo p&aacute;rrafo 4&ordm; del art&iacute;culo 579 bis del C&oacute;digo Penal, introducido en la reforma operada por la Ley Org&aacute;nica 2/2015, de 30 de marzo. Dicho p&aacute;rrafo se&ntilde;ala que &ldquo;los jueces y tribunales, motivadamente, atendiendo a las circunstancias concretas, podr&aacute;n imponer tambi&eacute;n la pena inferior en uno o dos grados a la se&ntilde;alada en este Cap&iacute;tulo para el delito de que se trate, cuando el hecho sea objetivamente de menor gravedad, atendidos el medio empleado o el resultado producido&rdquo;. El cap&iacute;tulo de que se trata es el VII, referido a las organizaciones y grupos terroristas y a los delitos de terrorismo.</p> <p>En su acuerdo, adoptado sin votos en contra aunque dos magistrados se han abstenido, el Supremo subraya que &ldquo;en ning&uacute;n caso pueda estimarse que el mero hecho de que el sector de la organizaci&oacute;n en que se integra el acusado no utilice armas o explosivos ni realice atentados terroristas, determine por si solo la aplicaci&oacute;n de la atenuaci&oacute;n, siendo necesario evaluar caso por caso los criterios anteriormente se&ntilde;alados&rdquo;.</p> <p>El acuerdo recuerda que el nuevo p&aacute;rrafo del art&iacute;culo 579 bis del C&oacute;digo Penal, aprobado en la reforma legal de 2015, constituye una norma penal m&aacute;s favorable aplicable tanto a los hechos enjuiciados tras su entrada en vigor, como a los ya sentenciados, bien por la v&iacute;a de la casaci&oacute;n o bien mediante la revisi&oacute;n de sentencias cuando las condenas sean firmes, y est&eacute;n ejecut&aacute;ndose.</p> <p>Como se establece expresamente en el texto de la misma, esta atenuaci&oacute;n es aplicable a todos los delitos previstos en el Cap&iacute;tulo VII, referido a las organizaciones y grupos terroristas y a los delitos de terrorismo, incluidos los delitos de promoci&oacute;n o participaci&oacute;n en organizaci&oacute;n o grupo terrorista sancionados en el art. 572.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=4ebac2f9bf698510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 24 Nov 2016 16:30:00 +0100 El Supremo declara ajustado a derecho el ERE del ayuntamiento de Estepona http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=6e631bad06698510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc&iacute;a que hab&iacute;a declarado ajustado a derecho el despido colectivo de 176 trabajadores del Ayuntamiento de Estepona por concurrir causas econ&oacute;micas y organizativas.</p> <p>Se adjunta comunicado de la Sala.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=6e631bad06698510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 24 Nov 2016 14:35:00 +0100 Confirmada la pena de dos años de cárcel a la exalcaldesa de La Pobla de Farnals (Valencia) por cohecho http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=c81fe97947198510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de dos a&ntilde;os de c&aacute;rcel por delito de cohecho impuesta por la Audiencia de Valencia a la exalcaldesa de La Pobla de Farnals Natividad Garc&iacute;a Castellar y al exsecretario del Ayuntamiento de Canet de Berenguer Jos&eacute; Antonio Sancho Sempere.</p> <p>El Supremo rechaza tanto los recursos de los acusados como el de la Fiscal&iacute;a, que consideraba que debieron ser condenados tambi&eacute;n por delitos de prevaricaci&oacute;n, malversaci&oacute;n y falsedad en documento mercantil, y ped&iacute;a adem&aacute;s la condena por cohecho de la entidad Academia Valenciana de Juristas.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=c81fe97947198510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 23 Nov 2016 15:15:00 +0100 El Supremo determina que el vendedor de la espada de El Cid por 1,5 millones era su propietario exclusivo http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=5f1be97947198510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de Jos&eacute; Ram&oacute;n Su&aacute;rez-Otero Velluti, marqu&eacute;s de Falces, y determina que era el titular por herencia de la espada "Tizona", atribuida a El Cid Campeador, y como tal pod&iacute;a disponer &iacute;ntegramente de la misma, como as&iacute; hizo al venderla en 2008 a un grupo de empresas y una fundaci&oacute;n por el precio de 1,5 millones de euros. Los adquirentes la donaron a la comunidad de Castilla y Le&oacute;n.</p> <p>La sentencia revoca las anteriores dictadas por el Juzgado de Primera Instancia n&uacute;mero 72 de Madrid y por la Audiencia de Madrid, que dieron la raz&oacute;n a las hijas de un matrimonio que fue declarado en 1987 heredero universal por un marqu&eacute;s de Falces antecesor del actual y tio suyo, Pedro Velluti de Murga. Tanto el Juzgado como la Audiencia consideraron que de la espada eran cotitulares el actual marqu&eacute;s de Falces y las hijas del citado matrimonio (que reclamaban la mitad del precio de la espada, es decir, 750.000 euros),</p> <p>La Sala determina que Jos&eacute; Ram&oacute;n Su&aacute;rez-Otero Velluti "devino propietario exclusivo de la espada Tizona pues, sin necesidad de cualesquiera otras consideraciones y atendidendo a la justificaci&oacute;n m&aacute;s evidente de su dominio, le pertenec&iacute;a por donaci&oacute;n de su madre do&ntilde;a Olga que a su vez era titular de tal derecho, en cualquier caso, al haberlo obtenido por prescripci&oacute;n adquisitiva o usucapi&oacute;n en cuanto hab&iacute;a sido poseedora exclusiva de la espada en concepto de due&ntilde;a durante m&aacute;s de los seis a&ntilde;os que al efecto exige el art&iacute;culo 1955 del C&oacute;digo Civil".</p> <p>"Es as&iacute; --a&ntilde;ade la sentencia-- porque cuando fallece su hermano don Pedro en el a&ntilde;o 1987, queda do&ntilde;a Olga como &uacute;nica depositante de la espada que hab&iacute;a sido de su padre don Jos&eacute; Mar&iacute;a Velluti Zibikouski y, aunque ello ni siquiera es necesario para la prescripci&oacute;n extraordinaria que se consum&oacute; a su favor, incluso cabr&iacute;a deducir su buena fe por entender que la titularidad de la espada estaba de alg&uacute;n modo vinculada al marquesado de Falces y no pod&iacute;a pasar &ndash;ni siquiera en parte- a ser de titularidad de personas extra&ntilde;as a la familia, lo que ven&iacute;a corroborado adem&aacute;s por el hecho de que su hermano don Pedro no hiciera menci&oacute;n en su testamento a la existencia de la espada".</p> <p>"Pero aunque no fuera as&iacute;, como se ha repetido, bastaba el transcurso de seis a&ntilde;os desde el fallecimiento de don Pedro para que se consumara la usucapi&oacute;n a favor de su hermana do&ntilde;a Olga &ndash;madre del demandado- ya que no cabe duda de que posey&oacute; a t&iacute;tulo de due&ntilde;a durante todo ese tiempo &ndash;en que las demandantes y sus padres ignoraban que la espada hab&iacute;a pertenecido en todo o en parte a su causante don Pedro- y buena prueba de ello es que el Museo del Ej&eacute;rcito como poseedor inmediato &ndash;ella lo era con car&aacute;cter mediato- se dirigi&oacute; en todo momento exclusivamente a su esposo &ndash;reconociendo el dominio de ella- para cualquier gesti&oacute;n relacionada con la Tizona. En definitiva cabe afirmar que la usucapi&oacute;n extraordinaria se consum&oacute; a favor de do&ntilde;a Olga por el transcurso de seis a&ntilde;os desde del fallecimiento de don Pedro, por tanto con efecto desde el 18 de marzo de 1993, y en consecuencia desde ese momento pod&iacute;a disponer &iacute;ntegramente de la espada y, en consecuencia, donarla a su hijo don Jos&eacute; Ram&oacute;n, como efectivamente hizo".</p> <p>"El art&iacute;culo 609 C&oacute;digo Civil --recuerda el Supremo-- incluye la prescripci&oacute;n adquisitiva o usucapi&oacute;n como modo de adquisici&oacute;n de la propiedad que tiene lugar por la posesi&oacute;n de la cosa durante el tiempo marcado por la ley, con la concurrencia de los dem&aacute;s requisitos que se exigen en cada supuesto. Concretamente, en el caso de los bienes muebles el art&iacute;culo 1955 dispone que el dominio de tales bienes se prescribe por la posesi&oacute;n no interrumpida de tres a&ntilde;os con buena fe y tambi&eacute;n por la posesi&oacute;n no interrumpida de seis a&ntilde;os, sin necesidad de ninguna otra condici&oacute;n; aunque l&oacute;gicamente dicha posesi&oacute;n ha de ser en todo caso en concepto de due&ntilde;o en el sentido a que se refiere el art&iacute;culo 436, pues el siguiente art&iacute;culo 447 dispone que s&oacute;lo la posesi&oacute;n que se adquiere y se disfruta en concepto de due&ntilde;o puede servir para adquirir el dominio.</p> <p>"La possessio ad usucapionem no requiere necesariamente un contacto f&iacute;sico directo con la cosa ya que, en ocasiones, coexisten dos posesiones distintas sobre un mismo objeto, que reciben la denominaci&oacute;n de posesi&oacute;n mediata y posesi&oacute;n inmediata. Esta &uacute;ltima es la del sujeto que detenta materialmente la cosa, y la posesi&oacute;n mediata es, sin embargo, una posesi&oacute;n sin contacto material pero reconocida por el detentador o poseedor inmediato. Por tanto se ha de afirmar la existencia de posesi&oacute;n mediata por parte de do&ntilde;a Olga Velluti y, posteriormente, de su hijo don Jos&eacute; Ram&oacute;n &ndash;demandado- mientras la espada se encontraba depositada en el Museo del Ej&eacute;rcito".</p> <p>Tras su paso por el Museo del Ej&eacute;rcito en Madrid, en 2007, la "Tizona" fue depositada por el marqu&eacute;s de Falces en el Museo de Burgos en 2007, un a&ntilde;o antes de su venta.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=5f1be97947198510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 23 Nov 2016 15:00:00 +0100 El Tribunal Supremo confirma el archivo de la causa abierta por delitos de torturas en Guantánamo http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=b6eafa06f2c88510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado el auto de la Audiencia Nacional que declar&oacute; el sobreseimiento de la causa seguida en dicho &oacute;rgano judicial por delito de torturas y otros en la base de Guant&aacute;namo, por falta de jurisdicci&oacute;n de los tribunales espa&ntilde;oles de acuerdo a los requisitos exigidos por la reforma de la jurisdicci&oacute;n universal del a&ntilde;o 2014. El Supremo desestima los recursos planteados por varias particulares y por asociaciones de derechos humanos de Berl&iacute;n y Nueva York, y la Asociaci&oacute;n Pro Dignidad de los Presos y Presas de Espa&ntilde;a.</p> <p>El Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Carlos Granados, avala la decisi&oacute;n de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de decretar la conclusi&oacute;n del sumario sin procesamientos, y el sobreseimiento de la causa, al no cumplirse los requisitos legales que permiten extender la jurisdicci&oacute;n espa&ntilde;ola a delitos ocurridos fuera de Espa&ntilde;a, de acuerdo a la reforma sobre la justicia universal.</p> <p>&ldquo;No existe dato o elemento alguno que permita sostener que ciudadanos espa&ntilde;oles hubiesen intervenido en los presuntos hechos delictivos que se dicen cometidos en ese campo de prisioneros, por lo que es de reiterar, una vez m&aacute;s, que no se cumplen los requisitos legales que extienden la jurisdicci&oacute;n espa&ntilde;ola a delitos ocurridos fuera de nuestro territorio&rdquo;, indican los magistrados.</p> <p>&ldquo;En el caso que nos ocupa, es obvio que el objetivo de la investigaci&oacute;n es lo ocurrido en un campo de prisioneros ubicado en un lugar muy alejado del territorio nacional, sobre el que Espa&ntilde;a no tiene ning&uacute;n tipo de jurisdicci&oacute;n.</p> <p>Quienes estaban al mando de ese campo de prisioneros no son espa&ntilde;oles ni tampoco lo son quienes tomaron la decisi&oacute;n de establecerlo o fueron responsables de las pr&aacute;cticas que all&iacute; se realizaron&rdquo;, indica la sentencia.<br />A&ntilde;ade la Sala que se dicen cometidos delitos de tortura por parte de determinados sujetos, no espa&ntilde;oles, y en el extranjero, por lo que es de aplicar lo dispuesto, en la redacci&oacute;n actual, en el art 23. 4&ordm; de la LOPJ, &ldquo;en el que se establece que ser&aacute; competente la jurisdicci&oacute;n espa&ntilde;ola para conocer de los hechos cometidos por espa&ntilde;oles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, seg&uacute;n la ley espa&ntilde;ola, como alguno de los siguientes delitos cuando se cumplan las condiciones expresadas: a) Genocidio, lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, siempre que el procedimiento se dirija contra un espa&ntilde;ol o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en Espa&ntilde;a, o contra un extranjero que se encontrara en Espa&ntilde;a y cuya extradici&oacute;n hubiera sido denegada por las autoridades espa&ntilde;olas; b) Delitos de tortura y contra la integridad moral de los art&iacute;culos 174 a 177 del C&oacute;digo Penal, cuando: 1.&ordm; el procedimiento se dirija contra un espa&ntilde;ol; o, 2.&ordm; la v&iacute;ctima tuviera nacionalidad espa&ntilde;ola en el momento de comisi&oacute;n de los hechos y la persona a la que se impute la comisi&oacute;n del delito se encuentre en territorio espa&ntilde;ol&rdquo;.</p> <p>La Sala recuerda que el modelo inicial de la Ley Org&aacute;nica del Poder Judicial consagraba un sistema de Jurisdicci&oacute;n universal absoluta e incondicionada. &ldquo;Pero este sistema, con independencia de la opini&oacute;n particular que pueda sostenerse sobre &eacute;l, no viene impuesto imperativamente con car&aacute;cter general por los Tratados Internacionales o por el Derecho Internacional Penal consuetudinario, ni tampoco viene impuesto espec&iacute;ficamente por la Convenci&oacute;n de Ginebra para los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado&rdquo;, por lo que &ldquo;el Legislador puede limitarlo, como lo ha hecho la Ley Org&aacute;nica 1/2014, a supuestos en que el procedimiento se dirija contra un espa&ntilde;ol o contra un ciudadano extranjero que se encuentre en Espa&ntilde;a, sin que esta limitaci&oacute;n constituya una violaci&oacute;n de la Convenci&oacute;n de Ginebra.&rdquo;</p> <p>Por ello, &ldquo;y para que quede claro en &eacute;ste y en otros procedimientos con similar fundamento, conforme a la vigente Ley Org&aacute;nica 1/2014, los Tribunales espa&ntilde;oles carecen de jurisdicci&oacute;n para investigar y enjuiciar delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado cometidos en el extranjero, salvo en los supuestos en que el procedimiento se dirija contra un espa&ntilde;ol o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en Espa&ntilde;a, o contra un extranjero que se encontrara en Espa&ntilde;a y cuya extradici&oacute;n hubiera sido denegada por las autoridades espa&ntilde;olas. Sin que pueda extenderse dicha jurisdicci&oacute;n &ldquo;in absentia&rdquo; en funci&oacute;n de la nacionalidad de la v&iacute;ctima o de cualquier otra circunstancia&rdquo;.</p> <p>La sentencia subraya que la Ley Org&aacute;nica 1/2014, &ldquo;aun cuando ha acogido una modalidad muy restrictiva de Jurisdicci&oacute;n Universal que contrasta con la regulaci&oacute;n anterior que hab&iacute;a convertido a nuestro pa&iacute;s en un polo de atracci&oacute;n en esta materia, no vulnera lo dispuesto en los Tratados ni en la pr&aacute;ctica judicial internacional, y se acoge a la exclusi&oacute;n de la Jurisdicci&oacute;n Universal &ldquo;in absentia&rdquo; que constituye el modelo m&aacute;s generalizado en los pa&iacute;ses de nuestro entorno&rdquo;.</p> <p>Los ahora recurrentes, por &uacute;ltimo, se refieren a que pudieran estar implicados agentes espa&ntilde;oles. Para el Supremo, &ldquo;los recurrentes cambian de estrategia e indican que no es improbable que en los hechos ocurridos en Guant&aacute;namo hubiesen participado por acci&oacute;n u omisi&oacute;n ciudadanos espa&ntilde;oles y que resultaba obligado investigar esa posibilidad por remota que parezca, y el Ministerio Fiscal se&ntilde;ala que ese argumento no es de recibo ya que cualquier investigaci&oacute;n penal debe procurar la determinaci&oacute;n de los hechos delictivos que se hayan realizado y las personas que resulten autoras de los mismos, pero ello debe hacerse con criterios s&oacute;lidos y no meramente especulativos&rdquo;.</p> <p>Los recurrentes se&ntilde;alan que, durante los d&iacute;as 22 y 23 de julio de 2002, dos funcionarios de polic&iacute;a espa&ntilde;oles, acompa&ntilde;ados de un representante diplom&aacute;tico, estuvieron en ese campo de prisioneros de Guant&aacute;namo con el fin de interrogar a dos de las personas all&iacute; internadas. De eso no se pueden derivar las consecuencias que se postulan en el motivo. En ning&uacute;n momento las personas interrogadas han manifestado que en el curso de dicha diligencia, ni en otra cualquiera, los funcionarios espa&ntilde;oles les hicieran objeto de ninguna pr&aacute;ctica cuestionable. &ldquo;No existe, pues, la m&aacute;s m&iacute;nima sospecha de que los funcionarios espa&ntilde;oles desplazados a Guant&aacute;namo cometieran en dicho lugar y en ese tiempo ning&uacute;n atisbo de irregularidad&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=b6eafa06f2c88510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 22 Nov 2016 15:50:00 +0100 El Tribunal Supremo confirma la sanción de tres años de suspensión impuesta al magistrado Santiago Vidal http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=29fc8b06f3098510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Tercera del Tribunal Supremo, reunida en Pleno, ha confirmado la sanci&oacute;n de tres a&ntilde;os de suspensi&oacute;n que el Consejo General del Poder Judicial impuso el 26 de febrero de 2015 al magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona Santiago Vidal como autor de una falta muy grave consistente en la ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales.</p> <p>La Sala ha acordado por 21 votos a 11 desestimar el recurso interpuesto por Vidal contra la decisi&oacute;n del &oacute;rgano de gobierno de los jueces.</p> <p>La sentencia se conocer&aacute; en los pr&oacute;ximos d&iacute;as, junto con el voto particular de los magistrados que han quedado en minor&iacute;a, partidarios de estimar el recurso de Vidal.</p> <p>El 26 de febrero de 2015, el Pleno del CGPJ acord&oacute;, por 12 votos a 9, imponer una sanci&oacute;n de 3 a&ntilde;os de suspensi&oacute;n al magistrado como responsable de una infracci&oacute;n disciplinaria muy grave prevista en el art&iacute;culo 417.14 de la Ley Org&aacute;nica del Poder Judicial (ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales).</p> <p>Antes de proceder a la determinaci&oacute;n de la sanci&oacute;n, el Pleno hab&iacute;a excluido por asentimiento &ndash;sin necesidad de votaci&oacute;n- una de las dos faltas muy graves de las que tanto el Promotor de la Acci&oacute;n Disciplinaria como la Fiscal&iacute;a consideraban autor a Vidal: la prevista en el art&iacute;culo 417.6 de la LOPJ (vulneraci&oacute;n del deber de observancia del r&eacute;gimen de incompatibilidades).</p> <p>El relato de hechos f&aacute;cticos en el que se bas&oacute; la sanci&oacute;n -realizado por el ponente de la resoluci&oacute;n, el vocal del CGPJ y magistrado del Tribunal Supremo Rafael Fern&aacute;ndez Valverde- fue respaldado asimismo por 12 votos a 9 en una votaci&oacute;n previa.</p> <p>Con anterioridad, el Pleno ha sometido a votaci&oacute;n diversas cuestiones:</p> <p>La relativa al procedimiento &ndash;si el Promotor de la Acci&oacute;n Disciplinaria debi&oacute; remitir su propuesta de sanci&oacute;n a la Comisi&oacute;n Disciplinaria y no al Pleno- fue desestimada por 12 votos a 9.</p> <p>El Pleno tambi&eacute;n rechaz&oacute; las alegaciones realizadas por el expedientado referidas a la caducidad del expediente disciplinario -por 13 votos a 8- y a la indefensi&oacute;n por denegaci&oacute;n de prueba &ndash;por 14 votos a 7-.<br />Tanto el Promotor de la Acci&oacute;n Disciplinaria como la Fiscal&iacute;a hab&iacute;an solicitado que se impusiera a Vidal la sanci&oacute;n de separaci&oacute;n de la carrera judicial.</p> <p>El Promotor de la Acci&oacute;n Disciplinaria acord&oacute; el 29 de abril de 2014, a la vista de las informaciones publicadas en esa fecha acerca de la participaci&oacute;n de Santiago Vidal en la elaboraci&oacute;n de una Constituci&oacute;n Catalana, incoar una informaci&oacute;n previa ante la posible relevancia disciplinaria de los hechos.</p> <p>El 9 de octubre de 2014, el Promotor acord&oacute; la incoaci&oacute;n de un expediente disciplinario a Vidal al considerar que los hechos apreciados durante la fase de informaci&oacute;n previa pod&iacute;an constituir una falta muy grave de ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales por vulneraci&oacute;n del deber b&aacute;sico de fidelidad a la Constituci&oacute;n y al ordenamiento jur&iacute;dico (art&iacute;culo 417.14 de la LOPJ) y una falta muy grave de vulneraci&oacute;n del deber de observancia del r&eacute;gimen de incompatibilidades (art&iacute;culo 417.6 de la LOPJ).</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=29fc8b06f3098510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 21 Nov 2016 18:00:00 +0100 El TS rechaza la suspensión cautelar del Real Decreto que regula las reválidas en ESO y Bachillerato http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=43592cbb56778510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala III del Tribunal Supremo ha desestimado la suspensi&oacute;n cautelar del Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, que regula las evaluaciones finales de Educaci&oacute;n Secundaria Obligatoria (ESO) y de Bachillerato, conocidas como &lsquo;rev&aacute;lidas&rsquo;. En dos autos, la Sala rechaza la pretensi&oacute;n de suspensi&oacute;n cautelar del Real Decreto formulada por las comunidades aut&oacute;nomas de Extremadura y Arag&oacute;n.</p> <p>Ambas comunidades tienen planteado recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 310/2016, al que acompa&ntilde;aron la petici&oacute;n de medida cautelar de suspensi&oacute;n del mismo mientras se resuelven sus recursos, ya que argumentaban que su aplicaci&oacute;n les supondr&aacute; importantes perjuicios (entre ellos de desembolso econ&oacute;mico) que ser&iacute;an de imposible reparaci&oacute;n si finalmente el Supremo les da la raz&oacute;n y estima sus recursos.</p> <p>Entre otros argumentos, la Sala no comparte que exista riesgo de perjuicio irreparable para esas comunidades ya que el Real Decreto prev&eacute; realizar las evaluaciones al final del curso escolar 2016/2017, por lo que hay tiempo para que, con la suficiente antelaci&oacute;n, el alto tribunal resuelva los dos recursos.</p> <p>En cuanto a las alegaciones relacionadas con el coste que supondr&aacute; la realizaci&oacute;n de las evaluaciones y los eventuales perjuicios que comportar&iacute;an para el profesorado, los alumnos y sus familias, el tribunal se&ntilde;ala que carecen de acreditaci&oacute;n efectiva.</p> <p>Para el Supremo, no procede adoptar en este momento la medida cautelar que solicitan las dos comunidades porque ni han puesto de manifiesto la concurrencia de una apariencia de buen derecho susceptible de justificar la suspensi&oacute;n que pretende ni tampoco ha justificado que la vigencia del Real Decreto origine perjuicios de imposible o dif&iacute;cil reparaci&oacute;n.</p> <p>Respecto de la apariencia de buen derecho, los autos recuerdan que se ha considerado procedente fundamentar en ella una medida cautelar en la fase inicial del proceso como la que se ha pedido, solo cuando el recurso se dirija contra actos de mera aplicaci&oacute;n de disposiciones declaradas nulas, en los casos en que la actuaci&oacute;n cuestionada sea sustancialmente id&eacute;ntica a otra que ya fue jurisdiccionalmente anulada o en los que la nulidad de la actuaci&oacute;n impugnada sea apreciable &lsquo;ictu oculi&rsquo;.</p> <p>&ldquo;Como resulta evidente &ndash;dice el Supremo, nada de esto sucede en la presente ocasi&oacute;n. Desde luego, la pendencia de recursos de inconstitucionalidad contra los preceptos legales en virtud de los cuales se ha dictado el Real Decreto 310/2016 no es equiparable a ninguna de las circunstancias indicadas. Su impugnaci&oacute;n ante el Tribunal Constitucional por varias Comunidades Aut&oacute;nomas no aporta por s&iacute; sola una singular apariencia de buen derecho.</p> <p>Vale tanto a estos efectos como la falta de impugnaci&oacute;n por otras Comunidades Aut&oacute;nomas. Es decir, sirve para constatar la existencia de una controversia pero no para cualificar la posici&oacute;n de quien pretende la adopci&oacute;n de la medida cautelar&rdquo;.</p> <p>Tambi&eacute;n se&ntilde;ala la Sala que la jurisprudencia sigue un criterio muy estricto a la hora de suspender cautelarmente disposiciones generales.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=43592cbb56778510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 18 Nov 2016 13:30:00 +0100 El Tribunal Supremo condena a una cadena de televisión por emitir la imagen de una víctima de violencia de género, grabada en un juicio http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=7cdfaec04e768510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha condenado a Radiotelevisi&oacute;n de la Regi&oacute;n de Murcia a indemnizar con 25.000 euros a una mujer, v&iacute;ctima de violencia de g&eacute;nero, por vulnerar su derecho a la intimidad y a la propia imagen, por haber emitido en un informativo un conjunto de datos que permit&iacute;an identificarla, como eran la imagen de su rostro, su nombre de pila y la localidad de los hechos.</p> <p>El Supremo, en sentencia de la que sido ponente el presidente de la Sala I, Francisco Mar&iacute;n Cast&aacute;n, ha estudiado el conflicto entre la libertad de informaci&oacute;n y los derechos a la intimidad y a la propia imagen. La mujer consider&oacute; vulnerados sus derechos por el contenido de dos informativos de la televisi&oacute;n murciana emitidos el 16 de junio de 2009, donde se inform&oacute; del juicio oral que se segu&iacute;a en aquellas fechas contra la expareja de la mujer por delitos de malos tratos y otros, de los que ella era v&iacute;ctima.</p> <p>El Juzgado de Primera Instancia n&uacute;mero 10 de Murcia desestim&oacute; &iacute;ntegramente la demanda de la mujer, argumentando que la noticia y la imagen de la demandante se obtuvieron en la vista del juicio oral y p&uacute;blico del caso, acto al que accedi&oacute; la televisi&oacute;n demandada, y que la mujer, como acusaci&oacute;n particular, no solicit&oacute; ninguna medida restrictiva de la publicidad del juicio. La Audiencia de Murcia confirm&oacute; que el Juzgado hab&iacute;a hecho una adecuada ponderaci&oacute;n del derecho de la televisi&oacute;n a comunicar una informaci&oacute;n veraz en un juicio por hechos de indudable inter&eacute;s p&uacute;blico, aunque accedi&oacute; a la petici&oacute;n de la mujer de que se retirara de la web de la televisi&oacute;n los contenidos relativos a su imagen y datos, toda vez que ella hab&iacute;a exteriorizado su negativa a que permanecieran los mismos.</p> <p>El Supremo ha estimado el recurso de la mujer y condenado a la televisi&oacute;n por vulnerar su intimidad e imagen. Destaca que no se discute el inter&eacute;s de la informaci&oacute;n cuestionada ni el derecho de la cadena televisiva demandada a emitir im&aacute;genes grabadas durante el acto del juicio oral de la causa penal, ya que no consta ninguna limitaci&oacute;n al respecto acordada por el &oacute;rgano judicial.</p> <p>A&ntilde;ade que el &uacute;nico punto controvertido es si la identificaci&oacute;n de la demandante como v&iacute;ctima de los delitos enjuiciados en dicha causa penal, mediante primeros planos de su rostro y la menci&oacute;n de su nombre de pila y lugar de residencia, estaba tambi&eacute;n comprendida en el derecho fundamental de la cadena de televisi&oacute;n demandada a transmitir informaci&oacute;n veraz o, por el contrario, quedaba limitada por los derechos fundamentales de la demandante a su intimidad personal y a su propia imagen.</p> <p>En ese sentido, la Sala recuerda que , en relaci&oacute;n con las actuaciones y procedimientos sobre violencia de g&eacute;nero, el art. 63 de la Ley Org&aacute;nica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protecci&oacute;n Integral contra la Violencia de G&eacute;nero, establece una protecci&oacute;n reforzada de la intimidad de las v&iacute;ctimas, &ldquo;en especial, sus datos personales, los de sus descendientes y los de cualquier otra persona que est&eacute; bajo su guarda o custodia&rdquo; (apdo.1), facultando a los jueces para &ldquo;acordar, de oficio o a instancia de parte, que las vistas se desarrollen a puerta cerrada y que las actuaciones sean reservadas&rdquo; (apdo.2).</p> <p><strong>Victimizaci&oacute;n secundaria</strong></p> <p>&ldquo;La circunstancia &ndash;a&ntilde;ade el Supremo- de que en el presente caso el &oacute;rgano judicial no acordara esas medidas y la demandante tampoco las solicitara, ni por s&iacute; misma ni mediante su abogado, omisiones que la sentencia recurrida considera relevantes para no apreciar una intromisi&oacute;n ileg&iacute;tima en la intimidad y la imagen de la recurrente, no puede entenderse como una habilitaci&oacute;n incondicionada a los medios que los eximiera de agotar la diligencia debida en el tratamiento de la informaci&oacute;n ponderando el da&ntilde;o que pod&iacute;an infligir a la v&iacute;ctima mediante la llamada &laquo;victimizaci&oacute;n secundaria&raquo;, que en este caso consisti&oacute; en superponer al da&ntilde;o directamente causado por el delito el derivado de la exposici&oacute;n p&uacute;blica de su imagen y su intimidad al declarar en el acto del juicio oral&rdquo;.</p> <p>En definitiva, para el alto tribunal, &ldquo;la cadena de televisi&oacute;n demandada debi&oacute; actuar con la prudencia del profesional diligente y evitar la emisi&oacute;n de im&aacute;genes que representaban a la recurrente en primer plano, bien absteni&eacute;ndose de emitir las correspondientes tomas, bien utilizando procedimientos t&eacute;cnicos para difuminar sus rasgos e impedir su reconocimiento. De igual modo, tambi&eacute;n debi&oacute; evitar la menci&oacute;n de su nombre de pila, porque este dato, insuficiente por s&iacute; solo para constituir intromisi&oacute;n ileg&iacute;tima, pas&oacute; a ser relevante al pronunciarse en pantalla simult&aacute;neamente con la imagen de la demandante y a&ntilde;adirse la menci&oacute;n de su localidad de residencia, datos todos ellos innecesarios para la esencia del contenido de la informaci&oacute;n, como demuestran las noticias sobre el mismo juicio publicadas al d&iacute;a siguiente en otros medios&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=7cdfaec04e768510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 15 Nov 2016 13:50:00 +0100 El Tribunal Supremo considera nulo el despido de una profesora de religión casada con un divorciado http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=888708d27f168510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Social del Tribunal Supremo considera despido nulo por violaci&oacute;n de derechos fundamentales la falta de llamamiento para el curso escolar 2012-2013 de la profesora de religi&oacute;n Resurrecci&oacute;n Galera Ramos. Considera que esa acci&oacute;n tiene los s&iacute;ntomas de ser una represalia por el pleito judicial que ella emprendi&oacute; once a&ntilde;os antes por su exclusi&oacute;n como profesora para el curso 2001-2002 tras casarse en 2000 con un divorciado. El Tribunal le concedi&oacute; su amparo en 2011 y aquel primer despido se declar&oacute; nulo.</p> <p>El Supremo estima ahora el recurso de la mujer en relaci&oacute;n a su exclusi&oacute;n del curso 2012-13, y condena a los demandados por la profesora (Ministerio de Educaci&oacute;n, Consejer&iacute;a de Educaci&oacute;n andaluza y Obispado de Almer&iacute;a) a readmitirla y pagarle los salarios de tramitaci&oacute;n que se devenguen hasta que la readmisi&oacute;n tenga lugar.</p> <p>El alto tribunal destaca que vuelve a producirse una vulneraci&oacute;n de sus derechos fundamentales con &ldquo;la exclusi&oacute;n de la lista del personal a contratar&rdquo;, porque, &ldquo;tras once a&ntilde;os pleiteando por el despido (&hellip;), despido declarado, finalmente, nulo por violaci&oacute;n de derechos fundamentales, cuando llega el momento de reanudar el contrato indefinido a tiempo parcial existente, conforme a los art&iacute;culos 12-3 del ET y 4 del RD 696/2007, se niega esa reanudaci&oacute;n sin motivar, cual requiere el art. 7-b) del citado Real Decreto&rdquo;.</p> <p>&ldquo;La existencia del procedimiento anterior durante once a&ntilde;os, proceso en el que se consideraron vulnerados derechos como el de igualdad y no discriminaci&oacute;n, libertad religiosa, intimidad y otros, constitu&iacute;a un indicio suficiente de la continuidad en la violaci&oacute;n de los derechos fundamentales que se hab&iacute;a sancionado en el anterior proceso, m&aacute;xime cuando el nuevo despido se produjo, pr&aacute;cticamente, sin soluci&oacute;n de continuidad, lo que constitu&iacute;a, igualmente, un s&iacute;ntoma de una represalia contraria al principio de tutela judicial efectiva del que deriva "la garant&iacute;a de indemnidad" que consiste en el derecho a no ser represaliado por el ejercicio de acciones judiciales&rdquo;, indica el Supremo.</p> <p>Que a&ntilde;ade que &ldquo;la existencia de esos indicios y sospechas obligaba a la demandada a probar que su proceder estaba fundado en razones justas y objetivas, que era ajeno a todo prop&oacute;sito de revancha y que con &eacute;l no se pretend&iacute;a burlar la ley. Esta prueba no se ha logrado: ni se ha intentado probar causa que justificara ese proceder, ni la decisi&oacute;n del obispado fue motivada, cual requieren el art. 7 del RD 696/2007 y nuestra jurisprudencia&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=888708d27f168510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 14 Nov 2016 10:00:00 +0100 El Tribunal Supremo anula la regulación del ‘canon digital’ con cargo a los Presupuestos Generales del Estado por ser contraria al derecho de la UE http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=0f0c4ff14e258510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha anulado el Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de pago de la compensaci&oacute;n equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, conocido como &lsquo;canon digital&rsquo;,&nbsp; por ser contrario al derecho de la UE, tal como estableci&oacute; el Tribunal de Justicia de la Uni&oacute;n Europea (TJUE) en sentencia del pasado 9 de junio.</p> <p>El Supremo recuerda que el TJUE consider&oacute; que un sistema de compensaci&oacute;n equitativa con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, como el espa&ntilde;ol, no era necesariamente contrario a la Directiva 2001/29/CE, pero inmediatamente impon&iacute;a una condici&oacute;n: que el coste efectivo pesase exclusivamente sobre los usuarios de la copia privada, y que en ning&uacute;n caso pod&iacute;an serlo, por definici&oacute;n, las personas jur&iacute;dicas. Dado que la regulaci&oacute;n espa&ntilde;ola de la compensaci&oacute;n equitativa no prev&eacute; medio alguno de que se cumpla dicha condici&oacute;n, la sentencia del TJUE declar&oacute; tajantemente la incompatibilidad de dicha regulaci&oacute;n con el derecho de la Uni&oacute;n Europea.</p> <p>La sentencia, de la que ha sido ponente el presidente de la Sala, Luis D&iacute;ez-Picazo, rechaza la pretensi&oacute;n del abogado del Estado de suspender el procedimiento hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso planteado contra el art&iacute;culo 1 de la Ley de Propiedad Intelectual de 2014, que hizo suya la regulaci&oacute;n por Decreto-Ley de 2011 del actual &lsquo;canon digital&rsquo; con cargo a los Presupuestos.</p> <p>El Supremo destaca que &ldquo;si una norma jur&iacute;dica nacional es contraria al derecho de la Uni&oacute;n Europea, ha de ser inaplicada independientemente de que adem&aacute;s pueda ser inconstitucional. El deber que pesa sobre todos los &oacute;rganos judiciales nacionales de inaplicar &ndash;por s&iacute; solos, sin plantear previamente cuesti&oacute;n alguna al propio Tribunal Constitucional- las normas jur&iacute;dicas nacionales contrarias al derecho de la Uni&oacute;n Europea es una exigencia dimanante del principio de primac&iacute;a de &eacute;ste&rdquo;.</p> <p>De acuerdo a lo establecido en la sentencia del TJUE de junio de este a&ntilde;o, tanto la Ley 21/2014 sobre propiedad intelectual como el Decreto-Ley de 2011 deben ser inaplicados, lo que determina la nulidad del Real Decreto de 2012 que regul&oacute; el procedimiento de pago con cargo a los Presupuestos, ya que este &uacute;ltimo queda sin fundamento legal efectivo.</p> <p>La sentencia estima parcialmente el recurso de tres entidades de gesti&oacute;n de derechos audiovisuales (EGEMA, DAMA y VEGAP), a quienes el Supremo reconoce inter&eacute;s leg&iacute;timo frente a lo pretendido por el abogado del Estado. &ldquo;Incluso admitiendo a efectos argumentativos que la anulaci&oacute;n del Real Decreto 1657/2012 no condujera a un incremento del importe global de la compensaci&oacute;n equitativa, ello no significar&iacute;a que las demandantes carezcan de inter&eacute;s leg&iacute;timo en su pretensi&oacute;n anulatoria de la mencionada disposici&oacute;n reglamentaria: es evidente que combaten el sistema de compensaci&oacute;n equitativa con cargo a los Presupuestos Generales del Estado&rdquo;.</p> <p>A&ntilde;ade la sentencia que &ldquo;es claro que lo hacen por entender que con tal sistema sus ingresos son inferiores que con el preexistente sistema de compensaci&oacute;n equitativa por canon; y es claro, en fin, que el Real Decreto 1657/2012 es una pieza importante &ndash;si no clave- del sistema contra el que las demandantes luchan. Dadas todas estas circunstancias, no cabe negarles legitimaci&oacute;n&rdquo;.</p> <p>La resoluci&oacute;n concreta que el recurso contencioso-administrativo debe ser estimado en lo relativo a la impugnaci&oacute;n del Real Decreto 1657/2012 en su conjunto, no siendo preciso pronunciarse sobre las distintas pretensiones subsidiarias formuladas en el escrito de demanda, ya que la nulidad del Real Decreto 1657/2012 en su conjunto hace innecesario examinar concretos preceptos del mismo.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=0f0c4ff14e258510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 11 Nov 2016 11:45:00 +0100 El Supremo confirma la pena de 92 años prisión al miembro de ETA que intentó matar al Rey en el Guggenheim de Bilbao http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=640b262a77e48510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 91 a&ntilde;os y 11 meses de c&aacute;rcel al miembro de ETA Eneko Gogeaskoetxea Arronategui por el intento de atentado contra el entonces Rey Juan Carlos I en la inauguraci&oacute;n del Museo Guggenheim de Bilbao en octubre de 1997, en el que los terroristas mataron a un miembro de la Ertzaintza que les sorprendi&oacute; cuando intentaban descargar en la zona unas jardineras que conten&iacute;an las granadas con las que iban a cometer la acci&oacute;n.</p> <p>El Supremo confirma &iacute;ntegramente la sentencia de la Audiencia Nacional de 6 de mayo de este a&ntilde;o, que consider&oacute; a Gogeaskoetxea autor de un delito contra la Corona en grado de conspiraci&oacute;n, otro de homicidio, dos de detenci&oacute;n ilegal, coacciones, dep&oacute;sito de armas de guerra, tenencia il&iacute;cita de arma corta y falsificaci&oacute;n de documento oficial.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=640b262a77e48510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 10 Nov 2016 15:47:00 +0100 El Tribunal Supremo confirma la pena de siete años cárcel a Rodríguez-Toubes por estafar 38 millones a un matrimonio de Llucmajor (Mallorca) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=50d16f60ffd48510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado la pena de siete a&ntilde;os de c&aacute;rcel por delito de estafa agravada para Luis Rodr&iacute;guez-Toubes Rosell&oacute;, por enga&ntilde;ar a un matrimonio de Llucmajor (Mallorca) y conseguir que le donase 15 inmuebles valorados en 38,9 millones de euros. El Supremo destaca que Rodr&iacute;guez-Toubes practic&oacute; una modalidad de estafa conocida como &lsquo;contrato o negocio criminalizado&rsquo;, convenciendo a la pareja, de escasa preparaci&oacute;n, para figurar como titular fiduciario de la quincena de fincas para tener apariencia de solvencia en otras operaciones inmobiliarias que se compromet&iacute;a a hacer en nombre de ellos, pero en realidad no ten&iacute;a intenci&oacute;n alguna de cumplir con lo convenido y devolverles las fincas.</p> <p>Aparte de ratificar la nulidad de las donaciones logradas por el acusado, &eacute;ste es condenado a pagar 389.154 euros al matrimonio estafado. El Supremo solo modifica la sentencia dictada en primera instancia por la Audiencia de Mallorca en la determinaci&oacute;n de la cuant&iacute;a de la que debe responder la madre de Rodr&iacute;guez-Toubes como responsable civil a t&iacute;tulo lucrativo, que establece en 355.657 euros en vez de los 389.154 euros que se&ntilde;al&oacute; la Audiencia. El motivo es que no est&aacute; claro que 30.000 euros de esta &uacute;ltima cantidad, cobrados por su hijo por la venta de una de las casas, fuese ingresada en su patrimonio.</p> <p>Permanece inalterada la pena de 6 meses de prisi&oacute;n y multa de 240.000 euros para el constructor Antonio Garau Pou por delito de blanqueo de capitales por imprudencia, ya que dicho acusado no recurri&oacute; su condena.</p> <p>Los hechos declarados probados consisten, en s&iacute;ntesis, en que el acusado Luis Rodriguez-Toubes Rossell&oacute;, aprovechando el prestigio social que de antiguo ven&iacute;a disfrutando su familia en el t&eacute;rmino municipal de Llucmajor (Mallorca), en el que su abuelo hab&iacute;a sido un m&eacute;dico de reconocida solvencia social y profesional, y sabedor de la credulidad, escasa preparaci&oacute;n y enorme patrimonio de sus vecinos, el matrimonio afectado, se ofreci&oacute; para gestionarles la adquisici&oacute;n de dos viviendas contiguas a su casa de la playa en S' Estanyol, por las que ten&iacute;an sumo inter&eacute;s y consigui&oacute;, con diversos pretextos, que para aparentar la solvencia que dec&iacute;a precisar para conseguir la hipoteca necesaria para realizar dicha adquisici&oacute;n, le donasen en sucesivas escrituras p&uacute;blicas un total de quince inmuebles, valorados en 38.968.291,83 euros, incluyendo su propio domicilio en Llucmajor.</p> <p>La sentencia del Supremo, de la que ha sido ponente el magistrado C&aacute;ndido Conde-Pumpido Tour&oacute;n, explica que el acusado se comprometi&oacute; con el matrimonio perjudicado para actuar de forma reservada como mandatario suyo en la adquisici&oacute;n de una serie de propiedades inmobiliarias con el fin de ocultar la identidad de los verdaderos compradores y obtener un mejor precio, as&iacute; como en la solicitud de cr&eacute;ditos bancarios destinados a la financiaci&oacute;n de estas compras, convenci&eacute;ndoles de la conveniencia de figurar asimismo como titular fiduciario de una serie de fincas, que le donar&iacute;an para simular una suficiencia solvencia y facilitar as&iacute; las operaciones inmobiliarias y de financiaci&oacute;n, con el compromiso de no utilizar los t&iacute;tulos de propiedad con otro fin (lo que los contratantes denominaban &ldquo;meter los t&iacute;tulos en un caj&oacute;n&rdquo;) y devolverles la titularidad de las fincas una vez consumadas las operaciones inmobiliarias previstas.</p> <p>Lo que constituye la estafa, como negocio jur&iacute;dico criminalizado, es que el acusado enga&ntilde;&oacute; a los donantes porque no ten&iacute;a intenci&oacute;n alguna de cumplir lo convenido y devolverles las fincas. As&iacute;, disimul&oacute; su verdadera intenci&oacute;n, su genuino prop&oacute;sito de no cumplir las prestaciones a las que verbalmente se obligaba, que constitu&iacute;an la base del negocio, y como consecuencia de ello la parte contraria, desconocedora de tal prop&oacute;sito, cumpli&oacute; lo pactado y realiz&oacute; una serie de actos de disposici&oacute;n de los que se lucr&oacute; y benefici&oacute; el acusado, que no ten&iacute;a intenci&oacute;n alguna de devolver las fincas sino de aprovechar el traspaso patrimonial mediante escritura p&uacute;blica para hacerlas suyas de manera definitiva.</p> <p>El condenado recibi&oacute; las fincas a trav&eacute;s de una serie de donaciones simuladas (simulaciones relativas), que disimulaban un acuerdo de fiducia fundado en la confianza y en la buena fe de ambas partes (&lsquo;Fiducia cun amico&rsquo;), para la conservaci&oacute;n de los bienes a disposici&oacute;n de sus propietarios, que continuaron en la posesi&oacute;n de los mismos, siguiendo en la pr&aacute;ctica actuando como verdaderos propietarios, figurando el condenado como titular formal o aparente, pero sin intenci&oacute;n real de devolverlos.</p> <p>La Sala II del Supremo ha establecido que la "fiducia cun amico" en la que el transmitente conserva la propiedad, es un t&iacute;tulo de los que producen obligaci&oacute;n de conservar y devolver el bien o activo patrimonial recibido, que en caso de quebrantamiento de la relaci&oacute;n de confianza a trav&eacute;s de la acci&oacute;n t&iacute;pica de apropiaci&oacute;n del bien, es h&aacute;bil para fundamentar la responsabilidad por apropiaci&oacute;n indebida. Y en casos como el presente, en los que la acci&oacute;n t&iacute;pica no consiste en la apropiaci&oacute;n &ldquo; a posteriori&rdquo;, sino en el enga&ntilde;o previo para obtener los bienes con el pretexto de mantenerlos a disposici&oacute;n de los titulares reales y devolverlos una vez cumplida la finalidad convenida, pero sin intenci&oacute;n alguna de cumplir esta obligaci&oacute;n de devoluci&oacute;n, nos encontramos ante un delito de estafa, ya que el desplazamiento patrimonial se ha conseguido induciendo a error a los titulares de los bienes recibidos.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=50d16f60ffd48510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 10 Nov 2016 13:50:00 +0100 El Tribunal Supremo confirma que el 'discurso del odio' en redes sociales no está amparado por la libertad expresión http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=f9e4ae147fd38510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado un a&ntilde;o y medio de prisi&oacute;n e inhabilitaci&oacute;n absoluta por 10 a&ntilde;os para Aitor Cuervo Taboada por delito de enaltecimiento del terrorismo y menosprecio a sus v&iacute;ctimas, por el contenido de una serie de mensajes que subi&oacute; a sus cuentas en las redes sociales Facebook y Twitter en el a&ntilde;o 2013. La sentencia hace un an&aacute;lisis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y el propio Supremo sobre el denominado &lsquo;discurso del odio&rsquo; (alabanza o justificaci&oacute;n de actos terroristas), y destaca que comportamientos de ese tenor no merecen la cobertura de derechos fundamentales como la libertad de expresi&oacute;n o ideol&oacute;gica &ldquo;pues el terrorismo constituye la m&aacute;s grave vulneraci&oacute;n de los derechos humanos de la comunidad que lo sufre&rdquo;.</p> <p>Entre los 13 mensajes que se destacan en los hechos probados de la sentencia de la Audiencia Nacional, que queda ahora ratificada, figuran los siguientes: "A m&iacute; no me da pena alguna Miguel &Aacute;ngel Blanco me da pena la familia desahuciada por el banco", "Dos noticias, una buena y una mala: La buena, en La Carolina (Ja&eacute;n) le han quemado el coche a un concejal pepero. La mala, el pepero no estaba dentro...", "Si al final Aznar regresa de pleno a la pol&iacute;tica activa, espero que ETA lo haga tambi&eacute;n, para equilibrar la balanza", o "Tengo la botella de champ&aacute;n preparada para el d&iacute;a que se retome la lucha armada, la idea de la muerte o el exilio no me asusta cuando se trata de pelear por una batalla justa".</p> <p>Al aplicar al caso concreto la jurisprudencia sobre el &lsquo;discurso del odio&rsquo;, el Supremo rechaza el recurso del acusado, que aleg&oacute; que la Audiencia Nacional no hab&iacute;a sopesado las detalladas explicaciones sobre cada de una de las frases que hab&iacute;a realizado en el acto del juicio.</p> <p>&ldquo;Objetivamente las frases encierran esa carga ofensiva para algunas v&iacute;ctimas y laudatoria y estimuladora del terrorismo que a nadie escapa. Las explicaciones a posteriori no tienen capacidad para desvirtuarlas. No est&aacute;n presentes en el mensaje que es percibido por sus numerosos receptores sin esas modulaciones o disculpas adicionales. Y eso necesariamente era captado por el recurrente&rdquo;, contesta el alto tribunal.</p> <p>&ldquo;Ciertamente en ocasiones &ndash;a&ntilde;ade la resoluci&oacute;n-- probar la inocencia se convierte en una tarea imposible (probatio diab&oacute;lica) pero no tanto porque el Tribunal imponga una carga desmesurada e improcedente, sino porque los hechos aparecen con tal evidencia que se torna tarea herc&uacute;lea desmontarla. El delincuente in fraganti tropieza con un muro insorteable para convencer de su supuesta inocencia al Tribunal. Pero eso es as&iacute; no por una aplicaci&oacute;n indebida de las reglas sobre la carga de la prueba sino por la misma forma de aparici&oacute;n del suceso. En delitos de expresi&oacute;n en que el mensaje, objetivamente punible, ha quedado fijado, una vez aceptada la autor&iacute;a, se complica evidentemente la posibilidad de eludir la condena. Nada reprochable ha de verse en ello. Los hechos han sido probados y ciertamente desde ah&iacute; se hace muy dif&iacute;cil encontrar una disculpa razonable que sea convincente&rdquo;.</p> <p>La sentencia rechaza adem&aacute;s aplicar al caso el nuevo art&iacute;culo 579 bis del C&oacute;digo Penal, que permite una rebaja de condena a la vista de la gravedad de los hechos, medio empleado y resultado producido. &ldquo;No se dan los presupuestos para semejante devaluaci&oacute;n de la gravedad de conducta, a la vista de la pluralidad de mensajes y la dualidad de modalidades t&iacute;picas abarcada&rdquo;, es decir, que hay mensajes tanto de enaltecimiento del terrorismo como de humillaci&oacute;n a las v&iacute;ctimas.</p> <p><strong>Humillaci&oacute;n a las v&iacute;ctimas, morfolog&iacute;a de delito p&uacute;blico</strong></p> <p>En relaci&oacute;n a las modalidades del delito, el Supremo destaca que el de enaltecimiento del terrorismo exig&iacute;a publicidad, ("... por cualquier medio de expresi&oacute;n p&uacute;blica o difusi&oacute;n..."), y que no suced&iacute;a as&iacute; con el tipo de humillaci&oacute;n a las v&iacute;ctimas ("... o la realizaci&oacute;n de actos que entra&ntilde;en descredito, menosprecio o humillaci&oacute;n de las v&iacute;ctimas...").<br />&ldquo;Esta segunda figura reviste una naturaleza m&aacute;s privada: afecta directamente al honor de las v&iacute;ctimas de acciones terroristas por el hecho de serlo; aunque tambi&eacute;n sin duda golpea sentimientos de solidaridad de la comunidad que en todo delito de terrorismo percibe un ataque a la convivencia pac&iacute;fica construida entre todos&rdquo;, explica la sentencia.</p> <p>Esa humillaci&oacute;n supone una lesi&oacute;n a su dignidad humana, &ldquo;violada con el menosprecio que emana del comportamiento querido, directa o indirectamente, por el sujeto activo. Con esa configuraci&oacute;n la ofensa privada, aislada a una sola persona, puede dar lugar al delito que aqu&iacute; se tipifica, sin perjuicio de que tambi&eacute;n pueda observarse su concurrencia en el caso de una pluralidad de afectados y de que sociol&oacute;gica y criminol&oacute;gicamente la afectaci&oacute;n tiende a trascender la esfera individual repercutiendo en sentimientos y valores colectivos lo que otorga a la infracci&oacute;n la morfolog&iacute;a de delito p&uacute;blico a diferenciaci&oacute;n del delito de injurias con el que guarda alg&uacute;n parentesco (las palabras "menosprecio" o "descr&eacute;dito" traen a la memoria el art. 457 CP 1973 con su cl&aacute;sica definici&oacute;n de injurias)&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=f9e4ae147fd38510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 04 Nov 2016 12:30:00 +0100 El Supremo ratifica el internamiento en un centro psiquiátrico al asesino de dos niños en Parla (Madrid) en 2012 http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=07f5de5638a18510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado el internamiento en un centro psiqui&aacute;trico por un periodo no superior a 40 a&ntilde;os al autor del asesinato de dos ni&ntilde;os, y el intento de asesinato de la madre y la bisabuela de dichos menores, perpetrados en Parla (Madrid) en noviembre de 2012. El Supremo ratifica la aplicaci&oacute;n al caso de la eximente completa de anomal&iacute;a o alteraci&oacute;n ps&iacute;quica del art&iacute;culo 20.1 del C&oacute;digo Penal, que hizo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que revoc&oacute; la sentencia dictada en primera instancia por un tribunal del jurado, que entendi&oacute; que dicha eximente era incompleta e impuso una condena de 30 a&ntilde;os de c&aacute;rcel.</p> <p>La resoluci&oacute;n del TSJ de Madrid ahora confirmada se basa en el informe sobre imputabilidad del acusado realizado por los psiquiatras forenses, que indicaba que el acusado padece una enfermedad mental de esquizofrenia paranoide con ideaci&oacute;n delirante, de larga evoluci&oacute;n, sin tratamiento previo y que carece de la capacidad de comprender y actuar conforme a esa compresi&oacute;n, concluyendo que la realizaci&oacute;n de los hechos estuvo afectada por una ideaci&oacute;n delirante que afect&oacute; de forma plena a las bases de la imputabilidad.</p> <p>Por ello, apreciaron una situaci&oacute;n de delirio cuya &uacute;nica conclusi&oacute;n solo puede ser la de una plena anulaci&oacute;n de la base de la imputabilidad, y al respecto los propios psic&oacute;logos en el juicio oral calificaron el trastorno delirante persecutorio como "trastorno de la realidad muy grave que afecta a toda su esfera y que es muy grave".</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=07f5de5638a18510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 31 Oct 2016 14:11:00 +0100 El Tribunal Supremo plantea cuestión prejudicial al TJUE sobre el Fondo Nacional de Eficiencia Energética http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=5104de5638a18510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala III del Tribunal Supremo ha acordado plantear cuesti&oacute;n prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Uni&oacute;n Europea en relaci&oacute;n a la Ley 18/2014, que crea un sistema nacional de obligaciones de eficiencia energ&eacute;tica, al tener dudas sobre la compatibilidad de esa regulaci&oacute;n con la Directiva comunitaria de eficiencia energ&eacute;tica.</p> <p>El Supremo adopta esta decisi&oacute;n en el marco del recurso contencioso-administrativo de Saras Energ&iacute;a S.A. contra la Orden IET/289/2015, de 20 de febrero, por la que se establecen las obligaciones de aportaci&oacute;n al Fondo Nacional de Eficiencia Energ&eacute;tica en el a&ntilde;o 2015.</p> <p>Antes de resolver el recurso, la Sala ha dictado un auto en el que plantea la cuesti&oacute;n prejudicial porque &ldquo;tiene dudas de que la regulaci&oacute;n espa&ntilde;ola contemplada en la Ley 18/2014, de la que es cumplimento la Orden IET/289/2015, de 20 de febrero, que se impugna en el presente procedimiento, sea compatible con la Directiva 2012/27/UE&rdquo;.<br />El Supremo plantea cinco preguntas al Tribunal de Justicia de la Uni&oacute;n Europea, entre ellas si es compatible con la Directiva comunitaria un sistema nacional que considera partes sujetas a las obligaciones de ahorro energ&eacute;tico s&oacute;lo a las empresas minoristas de venta de energ&iacute;a (comercializadoras) y no a los distribuidores.</p> <p>Asimismo, pregunta al TJUE si es compatible con el art&iacute;culo 7.1 y 7.9 de la Directiva 2012/27/UE una regulaci&oacute;n de un Estado miembro que establece un sistema nacional de obligaciones de eficiencia energ&eacute;tica cuyo cumplimiento primaria consiste en una contribuci&oacute;n financiera anual a un Fondo Nacional de Eficiencia Energ&eacute;tica creado al amparo de la previsi&oacute;n del art&iacute;culo 20.4 de dicha Directiva.</p> <p>Tambi&eacute;n plantea si es compatible con los art&iacute;culos 7.1 y 20.6 de la Directiva 2012/27/UE una regulaci&oacute;n nacional que contempla la posibilidad de cumplir las obligaciones de ahorro energ&eacute;tico mediante la acreditaci&oacute;n del ahorro conseguido como una alternativa a la contribuci&oacute;n financiera a un Fondo Nacional de Eficiencia Energ&eacute;tica.</p> <p>De contestarse afirmativamente la pregunta anterior, el Supremo cuestiona entonces si es compatible con los citados art&iacute;culos 7.1 y 20.6 de la Directiva la previsi&oacute;n de dicha posibilidad alternativa de cumplimiento de las obligaciones de ahorro energ&eacute;tico cuando su efectiva existencia depende de que el Gobierno la desarrolle discrecionalmente por v&iacute;a reglamentaria.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=5104de5638a18510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 31 Oct 2016 13:50:00 +0100 El Tribunal Supremo condena al exalcalde de Lloret de Mar (Girona) por recibir regalos de un empresario ruso http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=585f5f9731b08510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado la condena por delito de cohecho pasivo al exalcalde de Lloret de Mar (Girona), y exdiputado auton&oacute;mico catal&aacute;n por CiU, Xavier Crespo Llobet, por los regalos que recibi&oacute; de un empresario ruso que impulsaba un proyecto urban&iacute;stico en la localidad, pero anula la de prevaricaci&oacute;n impuesta a la misma persona al considerar que no hay prueba suficiente de la comisi&oacute;n de ese delito, ya que no est&aacute; acreditado que presionara a los t&eacute;cnicos municipales, secretario e interventor del Ayuntamiento para lograr que saliera adelante la bonificaci&oacute;n fiscal del impuesto de la construcci&oacute;n a la empresa del ciudadano ruso citado, que fue aprobada por el Pleno de la Corporaci&oacute;n.</p> <p>Por ello, la sentencia absuelve tanto a Crespo como al exconcejal de Urbanismo de la misma localidad Josep Valls M&eacute;ndez, y al empresario ruso Andrei Borisovich Petrov, del delito de prevaricaci&oacute;n administrativa por el que el Tribunal Superior de Justicia de Catalu&ntilde;a les conden&oacute; a 7 a&ntilde;os de inhabilitaci&oacute;n especial a cada uno (a los dos primeros como autores de dicho delito, y al tercero como cooperador neceario). Ello implica adem&aacute;s que se les absuelve del pago de forma solidaria de 133.754 euros al Ayuntamiento de Lloret de Mar, cantidad en la que se redujo el pago del impuesto tras la bonificaci&oacute;n fiscal aprobada.</p> <p>Por el contrario, el Supremo mantiene la condena de 2 a&ntilde;os y medio de inhabitaci&oacute;n especial para el desempe&ntilde;o de empleo o cargo p&uacute;blico de responsabilidad y gesti&oacute;n municipal, as&iacute; como el pago de multa de 450.000 euros, impuesta a Crespo Llobet por el Tribunal Superior de Justicia de Catalu&ntilde;a por el delito de cohecho pasivo, debido a los tres regalos o d&aacute;divas que recibi&oacute; de Petrov: un viaje de un fin de semana a Mosc&uacute; para &eacute;l y su familia, en febrero de 2008; un reloj de 2.200 euros por su cumplea&ntilde;os en septiembre de 2010; y el patrocinio por cuatro temporadas, dotado con 90.000 euros por temporada, a los clubes de hockey y f&uacute;tbol de la localidad, presidido este &uacute;ltimo por el exconcejal Valls, mientras que del primero era vicepresidenta la esposa de Crespo. Ambas eran entidades privadas.<br />El exconcejal Josep Valls es condenado por el mismo delito de cohecho pasivo, por el patrocinio de los equipos deportivos, a 1 a&ntilde;o y 6 meses de inhabilitaci&oacute;n y multa de 300.000 euros, mientras que Petrov, como autor de un delito continuado de cohecho activo, es condenado al pago de 450.000 euros de multa.</p> <p>El Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Juan Ram&oacute;n Berdugo, destaca que sobre el delito de cohecho el TSJ de Catalu&ntilde;a cont&oacute; &ldquo;con suficiente prueba de car&aacute;cter incriminatorio con aptitud para enervar la presunci&oacute;n de inocencia&rdquo;, llegando a una &ldquo;convicci&oacute;n&rdquo; que fue &ldquo;l&oacute;gica y racional y conforme a las m&aacute;ximas de experiencia com&uacute;n&rdquo;.</p> <p><strong>Prevaricaci&oacute;n no probada</strong></p> <p>Sin embargo, en relaci&oacute;n al delito de prevaricaci&oacute;n, el Supremo destaca que coincide con los argumentos del magistrado que, en el TSJ catal&aacute;n, firm&oacute; un voto particular contrario a la sentencia condenatoria, al no considerar suficientemente probado dicho il&iacute;cito penal, por lo que estima parcialmente el recurso de los tres condenados y les absuelve de este delito.</p> <p>&ldquo;No consta -dice al respecto el Supremo- que los t&eacute;cnicos municipales le hiciesen saber al acusado Crespo que la solicitud de rebaja (del impuesto) no era posible y que en un momento posterior &eacute;ste ejerciera presi&oacute;n sobre los mismos para que informaran favorablemente. No hay prueba alguna, que avale tal aserto, ni se deduce de las manifestaciones de aquellos t&eacute;cnicos, tal como refleja el Voto particular que estima relevantes las declaraciones prestadas en juicio oral, e igualmente en sede de instrucci&oacute;n, por el Secretario del Ayuntamiento y por el Interventor&rdquo;.</p> <p>El primero manifest&oacute; que dio su opini&oacute;n al Alcalde sobre que la bonificaci&oacute;n iba a ser "pol&iacute;ticamente conflictiva", e igualmente concret&oacute; que hab&iacute;a informes t&eacute;cnicos y econ&oacute;micos que la avalaban y que el Pleno se pronunci&oacute; positivamente porque &lsquo;la obra era muy importante para Lloret y que fomentaba el empleo (f. 1280 y ss)&rsquo;. El segundo, en l&iacute;nea semejante a la del anterior, constat&oacute; el inter&eacute;s del alcalde y del concejal de urbanismo y que el mismo explic&oacute; a Valls que el Pleno deb&iacute;a declararlo de utilidad p&uacute;blica y que la unidad de inspecci&oacute;n inform&oacute; que se pod&iacute;a hacer, tambi&eacute;n que hizo constar que sentaban un precedente para otros casos.</p> <p>En segundo lugar, se&ntilde;ala sentencia, la propuesta a la Comisi&oacute;n informativa de 27 de marzo de 2009, previa al Pleno de 3 de abril de 2009, no la realiz&oacute; Crespo, de baja por una grave enfermedad, sino el Alcalde en funciones, &ldquo;sin que exista probanza ni directa ni indirecta que sustente la afirmaci&oacute;n de que &eacute;ste siguiera las indicaciones del alcalde Crespo &ndash;de hecho la sentencia no refiere qu&eacute; prueba le lleva a tal conclusi&oacute;n&rdquo;.</p> <p>Asimismo, tampoco consta que alguno de los concejales de la oposici&oacute;n denunciase en el Pleno &ldquo;clamorosas irregularidades&rdquo;. El concejal a que se refiere la sentencia recurrida se opuso a la bonificaci&oacute;n por razones de car&aacute;cter pol&iacute;tico, no por su falta de legalidad, al existir una ordenanza que lo permit&iacute;a.</p> <p>Por ello, para el Supremo &ldquo;existe una carencia probatoria sobre estos extremos, adoleciendo las conclusiones alcanzadas de la suficiente solidez y razonabilidad&rdquo;, al ser las inferidas por la Sala &ldquo;il&oacute;gicas, no concluyentes, vulner&aacute;ndose la presunci&oacute;n de inocencia pues a la vista de la motivaci&oacute;n judicial de la valoraci&oacute;n de la prueba cabe apreciar, desde su perspectiva externa y objetiva, que la versi&oacute;n judicial de tales hechos es m&aacute;s improbable que probable&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=585f5f9731b08510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 28 Oct 2016 14:00:00 +0200 El Tribunal Supremo confirma el sobreseimiento de la causa del cámara José Couso y rechaza presentar cuestión inconstitucionalidad http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=8e8ebd265e508510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Tribunal Supremo ha confirmado el sobreseimiento de la causa en la que se investiga la muerte de Jos&eacute; Couso y ha rechazado presentar cuesti&oacute;n de inconstitucionalidad contra la &uacute;ltima reforma de la justicia universal.</p> <p>La Sala Segunda ha desestimado los recursos interpuestos por la familia del c&aacute;mara espa&ntilde;ol y la Asociaci&oacute;n Libre de Abogados contra el auto, de 25 de noviembre de 2015, por el que la Audiencia Nacional rechaz&oacute; plantear una cuesti&oacute;n de inconstitucionalidad contra los art&iacute;culos 23.4, 5 y 6 y la Disposici&oacute;n Transitoria &uacute;nica de la Ley 1/2014 de 13 de marzo, de reforma parcial de la Ley Org&aacute;nica del Poder Judicial, relativa a la justicia universal. En el mismo auto se acord&oacute; la conclusi&oacute;n del sumario y el sobreseimiento de la causa hasta que no se acrediten cumplidos los requisitos establecidos en dicha ley para activar la jurisdicci&oacute;n espa&ntilde;ola.</p> <p><strong>Cuesti&oacute;n inconstitucionalidad</strong></p> <p>La Sala Segunda sigue la doctrina establecida en sentencias anteriores sobre la regulaci&oacute;n de la Justicia Universal en las que ya rechaz&oacute; plantear una cuesti&oacute;n de inconstitucionalidad sobre dicha ley. En este sentido, recuerda que una cuesti&oacute;n de este tipo s&oacute;lo puede ser promovida, de oficio o a instancia de parte, por jueces y tribunales cuando consideren que una norma con rango de ley aplicable al proceso del que conocen y de cuya validez dependa la decisi&oacute;n que hayan de adoptar en el mismo pueda ser contraria a la Constituci&oacute;n; algo que no ocurre en este caso como lo ha razonado el auto impugnado.</p> <p>La sentencia indica que el modelo inicial de la Ley Org&aacute;nica del Poder Judicial consagraba un sistema de Jurisdicci&oacute;n universal absoluta e incondicionada. Pero considera que este sistema con independencia de la opini&oacute;n particular que pueda sostenerse sobre &eacute;l, no viene impuesto imperativamente con car&aacute;cter general por los Tratados Internacionales o por el Derecho Internacional Penal consuetudinario, ni tampoco viene impuesto espec&iacute;ficamente por la Convenci&oacute;n de Ginebra para los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado.</p> <p>En consecuencia, afirma, el legislador puede limitarlo, como lo ha hecho la reforma, a supuestos en que el procedimiento se dirija contra un espa&ntilde;ol o contra un ciudadano extranjero que se encuentre en Espa&ntilde;a, sin que esa limitaci&oacute;n constituya una violaci&oacute;n de la Convenci&oacute;n de Ginebra.</p> <p>Por todo ello, concluye que los tribunales espa&ntilde;oles carecen de jurisdicci&oacute;n para investigar y enjuiciar delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado cometidos en el extranjero, salvo cuando el procedimiento se dirija contra un espa&ntilde;ol o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en Espa&ntilde;a, o contra un extranjero que se encontrara en Espa&ntilde;a y cuya extradici&oacute;n hubiera sido denegada por las autoridades espa&ntilde;olas. Sin que pueda extenderse dicha jurisdicci&oacute;n &ldquo;in absentia&rdquo; en funci&oacute;n de la nacionalidad de la v&iacute;ctima o de cualquier otra circunstancia.</p> <p><strong>Sobreseimiento</strong></p> <p>La Sala Segunda afirma que el sobreseimiento previsto en esta ley, constituye una modalidad aut&oacute;noma y espec&iacute;fica que exige unas condiciones determinadas, que tiene un fundamento concreto, la falta de jurisdicci&oacute;n, y que tiene unos efectos similares al sobreseimiento provisional, ya que permite que, una vez archivado el procedimiento, si en alg&uacute;n momento posterior se constata que concurren los requisitos para activar la jurisdicci&oacute;n espa&ntilde;ola en el delito enjuiciado, por ejemplo la presencia de los acusados en territorio espa&ntilde;ol, el sobreseimiento quedar&aacute; sin efecto, y el procedimiento puede reiniciarse.</p> <p><strong>Escasa cooperaci&oacute;n judicial</strong></p> <p>La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Carlos Granados, afirma que &ldquo;la muerte causada violentamente de un profesional de la informaci&oacute;n cuando estaba en el ejercicio de sus funciones, en las circunstancias que se infieren de lo que se describe en los escritos presentados, constituye un ataque no justificado por parte de fuerza armada a poblaci&oacute;n civil, como igualmente resulta lamentable la escasa cooperaci&oacute;n judicial prestada por las autoridades de Estados Unidos para el esclarecimiento de los hechos.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=8e8ebd265e508510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 27 Oct 2016 15:50:00 +0200 El Tribunal Supremo fija la responsabilidad de la empresa comercializadora de electricidad en daños derivados del suministro http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=ab34fa2c27508510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha resuelto un recurso de casaci&oacute;n que planteaba si la responsabilidad por el incumplimiento de un contrato de suministro de energ&iacute;a el&eacute;ctrica ha de dirigirse exclusivamente contra la entidad distribuidora de la energ&iacute;a &ndash;que en este caso no fue demandada y con la que el usuario no ten&iacute;a relaci&oacute;n-, o por el contrario, tambi&eacute;n puede dirigirse contra la entidad comercializadora, condici&oacute;n que ostentaban las dos entidades demandadas en el pleito y que resultaron condenadas en primera instancia, luego confirmada por la audiencia provincial.</p> <p>El ponente de la sentencia ha sido el magistrado Francisco Javier Ordu&ntilde;a Moreno.</p> <p>Se adjunta nota informativa de la Sala de lo Civil.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=ab34fa2c27508510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 27 Oct 2016 12:35:00 +0200 El Tribunal Supremo declara inaplicable el régimen de financiación del bono social http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=6a79b68f86108510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha declarado inaplicable el r&eacute;gimen de financiaci&oacute;n del bono social establecido en el art&iacute;culo 45.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, por resultar incompatible con la Directiva 2009/72/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad. Tambi&eacute;n declara inaplicables y nulos los art&iacute;culos 2 y 3 del Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, que desarrollan lo dispuesto en el art&iacute;culo 45.4 de la citada ley.</p> <p>En dos sentencias, la Sala Tercera ha estimado los recursos interpuestos por EON Espa&ntilde;a y Endesa y reconoce el derecho de las demandantes a cobrar una indemnizaci&oacute;n por las cantidades abonadas en concepto de bono social en aplicaci&oacute;n del Real Decreto 968/2014 impugnado hasta la fecha de ejecuci&oacute;n de la sentencia, de manera que se reintegren a las demandantes todas las cantidades que hayan abonado por ese concepto, que se determinar&aacute;n en ejecuci&oacute;n de sentencia, m&aacute;s los intereses legales correspondientes computados desde la fecha en que se hizo el pago hasta la fecha de su reintegro.</p> <p>Para el Tribunal Supremo, el r&eacute;gimen de financiaci&oacute;n del bono social incumple la exigencia establecida en la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, que establece que &ldquo;las obligaciones de servicio p&uacute;blico deber&aacute;n definirse claramente, ser transparentes, no discriminatorias y controlables, y garantizar a las empresas el&eacute;ctricas de la Comunidad el acceso, en igualdad de condiciones, a los consumidores nacionales&rdquo;.</p> <p>As&iacute; mismo, considera que vulnera el principio de proporcionalidad, &ldquo;en cuanto que hace recaer la carga de financiaci&oacute;n sobre determinados agentes del sistema el&eacute;ctrico, con exclusi&oacute;n de otros, de manera indefinida y sin ning&uacute;n tipo de medida compensatoria&rdquo;.</p> <p>En definitiva, concluye la Sala, no ha quedado debidamente justificado en las normas impugnadas, y tampoco en las explicaciones dadas por la Administraci&oacute;n del Estado, que la financiaci&oacute;n del bono social se haga recaer sobre determinados agentes del sistema el&eacute;ctrico, algunos de ellos con muy escaso peso espec&iacute;fico en el conjunto del sector, eximiendo de dicha carga a otras entidades o grupos empresariales que pueden estar en mejores condiciones para asumir aquel coste, sea por su volumen de negocios, por su importancia relativa en algunos de los sectores de actividad o porque desarrollan simult&aacute;neamente y de forma integrada dos de aquellas actividades.</p> <p>La Sala Tercera destaca que para resolver esta cuesti&oacute;n ha sido determinante la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uni&oacute;n Europea, recogida en sentencia de 7 de septiembre de 2016 (Asunto C121/15, Anode) donde se interpreta el art&iacute;culo 3.2 de la Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural.</p> <p>Afirma que, debido a las coincidencias de lo dispuesto en el art&iacute;culo 3.2 de ambas directivas, las consideraciones de esa sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni&oacute;n Europea en relaci&oacute;n con la intervenci&oacute;n estatal en los precios del gas son trasladables al sector el&eacute;ctrico en lo que se refiere a la necesaria observancia del principio de proporcionalidad como las relativas a la exigencia de que las obligaciones de servicio p&uacute;blico sean claramente definidas, transparentes, no discriminatorias y controlables.</p> <p><strong>Voto particular</strong></p> <p>Las dos sentencias cuentan con el voto particular de uno de los ocho magistrados que las suscriben, Jos&eacute; Manuel Bandr&eacute;s, que considera que la medida adoptada por el legislador espa&ntilde;ol en el art&iacute;culo 45 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector El&eacute;ctrico, no se opone al art&iacute;culo 3 de la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE, &ldquo;en cuanto respeta los requisitos de certeza normativa, transparencia, no discriminaci&oacute;n y ser controlable, y es proporcionada en raz&oacute;n de las circunstancias expuestas&rdquo;.</p> <p>En caso de no compartirse ese argumento, entiende que la Sala deber&iacute;a haber planteado, con car&aacute;cter previo a adoptar el fallo, cuesti&oacute;n prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Uni&oacute;n Europea, por existir una duda objetiva y razonable sobre la soluci&oacute;n del litigio.</p> <p>Y en &uacute;ltimo t&eacute;rmino, y en aplicaci&oacute;n del art&iacute;culo 264 del Tratado de Funcionamiento de la Uni&oacute;n Europea (antiguo art&iacute;culo 231 TCE), este magistrado estima que, si en hip&oacute;tesis fuera procedente la decisi&oacute;n de inaplicaci&oacute;n del art&iacute;culo 45 de la Ley 24/2013, deber&iacute;a haberse limitado esa declaraci&oacute;n en cuanto a sus efectos temporales, teniendo en cuenta &ldquo;las relevantes repercusiones que produce en el acceso al servicio b&aacute;sico de electricidad de colectivos vulnerables y la afectaci&oacute;n a la sostenibilidad del r&eacute;gimen econ&oacute;mico financiero del sector el&eacute;ctrico, en aras de que el legislador de urgencia pudiera resolver los defectos de la norma controvertida y colmar el vac&iacute;o legal&rdquo;.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=6a79b68f86108510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 26 Oct 2016 16:30:00 +0200 El Tribunal Supremo acepta como testigo de un testamento a la pareja de hecho de la persona instituida como heredera http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=c59523db22bf7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha rechazado anular un testamento porque uno de los testigos fuese pareja de hecho de la persona instituida como heredera. La nulidad fue instada por la hija de &eacute;sta &uacute;ltima y nieta de los testadores.</p> <p>Se adjunta nota informativa de la Sala de lo Civil.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=c59523db22bf7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 25 Oct 2016 13:00:00 +0200 El Tribunal Supremo confirma la pena de 36 años y medio de cárcel por el doble asesinato en Zafra en 2012 http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=cd9e23db22bf7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha desestimado los recursos de casaci&oacute;n interpuestos por los dos condenados contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y confirma la condena a 36 a&ntilde;os y 6 meses de prisi&oacute;n por dos delitos de asesinato, uno de aborto y otro de tenencia il&iacute;cita de armas que la Audiencia Provincial de Badajoz impuso a cada uno de ellos.</p> <p>En el doble crimen, que se produjo en el pol&iacute;gono industrial Los Ca&ntilde;os, de Zafra, murieron asesinados un empresario y su sobrina embarazada.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=cd9e23db22bf7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 25 Oct 2016 12:00:00 +0200 El Supremo confirma la sentencia de la Audiencia Provincial de La Rioja por el crimen de Vara de Rey http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=f54c23db22bf7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso planteado por uno de los dos condenados por el crimen de Vara de Rey contra la sentencia de la Audiencia Provincial. &Eacute;sta conden&oacute; a cada uno de los dos acusados a 21 a&ntilde;os y 6 meses de c&aacute;rcel por el asesinato y robo de una vecina en su domicilio de la logro&ntilde;esa calle Vara de Rey.</p> <p>El alto tribunal desestima el recurso interpuesto por F.J.L.M., en el que alega vulneraci&oacute;n de la presunci&oacute;n de inocencia para pedir la revocaci&oacute;n de la sentencia de la Audiencia Provincial. Se argumenta en el recurso que no existen pruebas que acrediten su participaci&oacute;n en la muerte de la v&iacute;ctima y que no se concret&oacute; en sentencia qu&eacute; actos llev&oacute; a cabo cada uno de los acusados en el asesinato y robo de la v&iacute;ctima. Sin embargo, el recurrente no cuestiona su presencia en el lugar de los hechos ni haber aceptado el plan propuesto por el otro acusado. Y resalta en defensa de su recurso que, en dicho plan, no se contemplaba la muerte de la mujer.</p> <p>Sin embargo, el Supremo afirma que el condenado aceptaba el empleo de la violencia y que &ldquo;las precauciones tomadas para impedir ser identificados inclu&iacute;an l&oacute;gicamente la muerte de la v&iacute;ctima, una vez que el plan comprend&iacute;a la ejecuci&oacute;n de los hechos sin ocultar el rostro&rdquo;</p> <p>El Supremo, contra el argumento del recurrente, se&ntilde;ala que no puede apreciarse que el resultado de muerte fuerza un exceso cometido s&oacute;lo por uno de los dos autores, fuera de los l&iacute;mites del plan previsto. A&ntilde;ade el Tribunal que &ldquo;el plan fue asumido por los dos, participando ambos en su ejecuci&oacute;n, aunque no conste cu&aacute;l realiz&oacute; cada uno de los actos concretos de agresi&oacute;n&rdquo;.</p> <p>En la sentencia del alto tribunal se afirma que &ldquo;es indiferente que los golpes concretos que causan la muerte a la v&iacute;ctima fueran propiciados por uno u otro de los coautores, pues la responsabilidad alcanza a ambos&rdquo;. Sigue diciendo la resoluci&oacute;n que &ldquo;al ser asumido dicho plan por los dos y al intervenir ambos en su ejecuci&oacute;n, aunque no conste cu&aacute;l realiz&oacute; cada uno de los actos concretos de la agresi&oacute;n, ambos deben ser considerados responsables&rdquo;.</p> <p>La Sala Segunda del Supremo tambi&eacute;n confirma la agravante de alevos&iacute;a contemplada en la sentencia de la Audiencia Provincial. Estima que en este caso concurri&oacute; desde el inicio de la acci&oacute;n, ya que se trat&oacute; de &ldquo;un ataque por sorpresa y a traici&oacute;n que dejaron las posibilidades de defensa de la v&iacute;ctima anuladas pr&aacute;cticamente en su integridad, de manera que el resto de la agresi&oacute;n hasta su muerte final se desarroll&oacute; en una situaci&oacute;n provocada por los propios acusados en la que la v&iacute;ctima no ten&iacute;a ya ninguna posibilidad de defenderse&rdquo;.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=f54c23db22bf7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 25 Oct 2016 11:30:00 +0200 El Tribunal Supremo confirma la condena a un abogado por apropiarse de dinero entregado por una cliente para pagar impuestos http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=f5f6cc0c1baf7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a un abogado por los delitos de apropiaci&oacute;n indebida y deslealtad profesional cometidos al apropiarse del dinero entregado por una cliente para el pago de impuestos y no realizar las actuaciones procesales encomendadas.</p> <p>La sentencia desestima el recurso de casaci&oacute;n interpuesto por el condenado, que ejerce en Cartagena, contra el fallo de la Audiencia Provincial de Murcia que le impuso una pena de un a&ntilde;o y seis meses de prisi&oacute;n, multa de 5.400 euros e inhabilitaci&oacute;n durante 16 meses, adem&aacute;s del pago de una indemnizaci&oacute;n de 11.695,76 euros por esos dos delitos.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=f5f6cc0c1baf7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 25 Oct 2016 11:00:00 +0200 El Tribunal Supremo confirma la pena de seis años de cárcel al acusado de abusar sexualmente a una peregrina en un albergue del Camino de Santiago en Burgos http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2b585848ec6f7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado la pena de seis a&ntilde;os de c&aacute;rcel a un hombre que viol&oacute; a una mujer de nacionalidad sueca en el albergue municipal de peregrinos de Burgos el 17 de agosto de 2013.</p> <p>El Supremo desestima el recurso del acusado (que ten&iacute;a 72 a&ntilde;os en el momento de los hechos, por 60 a&ntilde;os de la v&iacute;ctima) que se centraba en considerar vulnerada su presunci&oacute;n de inocencia. Para el alto tribunal, concurre prueba de cargo consistente y suficiente para enervar la presunci&oacute;n constitucional a la presunci&oacute;n de inocencia.</p> <p>A&ntilde;ade que si bien la negativa del acusado a posibilitar la realizaci&oacute;n de la pericia de ADN no integra una prueba de cargo contra &eacute;l ni incrementa el acervo probatorio que lo incrimina, s&iacute; debilita la veracidad de sus alegaciones de descargo, en vista de lo f&aacute;cil que le era fundamentarlas y potenciarlas en una tesitura procesal en que todo el cuadro probatorio se mostraba contrario a sus alegaciones exculpatorias.</p> <p>La mujer reconoci&oacute; fotogr&aacute;ficamente al autor en un grupo de 8 fotograf&iacute;as, y &eacute;l mismo reconoci&oacute; haber ocupado en la noche de autos la litera del albergue de peregrinos del Camino de Santiago de la ciudad de Burgos que indic&oacute; la v&iacute;ctima en sus declaraciones.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2b585848ec6f7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 24 Oct 2016 15:36:00 +0200 El Tribunal Supremo absuelve a un hombre que inició una relación consentida con una menor de 14 años antes de la ley elevara la edad a los 16 http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=a58115c1537e7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha anulado la condena a un hombre por abusos sexuales a una ni&ntilde;a de 14 a&ntilde;os con la que comenz&oacute; una relaci&oacute;n sentimental consentida antes de que cambiara la ley que elev&oacute; la edad de consentimiento sexual a los 16 a&ntilde;os.</p> <p>El Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casaci&oacute;n interpuesto por el acusado contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid que le impuso una pena de cinco a&ntilde;os y un d&iacute;a de prisi&oacute;n por dicho delito.<br />Los hechos ocurrieron cuando el acusado, de 29 a&ntilde;os de edad, comenz&oacute; una relaci&oacute;n sentimental en 2015 con una chica de 14 a&ntilde;os, hija de un amigo, despu&eacute;s de contactar con ella en Facebook. Esos contactos sexuales consentidos eran legales porque en ese momento el C&oacute;digo Penal consideraba delictivas las relaciones mantenidas con menores de 14 a&ntilde;os. El 1 de julio de 2015 entr&oacute; en vigor la reforma del C&oacute;digo Penal que elev&oacute; el consentimiento sexual a los 16 a&ntilde;os. Tras ese cambio de la ley, el hombre y la menor mantuvieron dos encuentros con penetraci&oacute;n &ndash;20 de julio y 16 de agosto de 2015.</p> <p>La Audiencia Provincial de Valladolid consider&oacute; delictivos esos dos contactos sexuales que el acusado tuvo con la ni&ntilde;a tras el cambio normativo, y en ellos bas&oacute; su condena, no as&iacute; los anteriores a esa fecha del 1 de julio de 2015.<br />En su sentencia, anulada ahora por el Tribunal Supremo, entendi&oacute; que hubo un error de prohibici&oacute;n en el acusado (pensar que actuaba dentro de la legalidad) pero que era vencible, ya que pudo conocer el cambio de legislaci&oacute;n por el tiempo que llevaba residiendo en Espa&ntilde;a, que estaba completamente integrado en el pa&iacute;s, aunque manten&iacute;a los lazos de amistad y familiaridad con sus compatriotas ecuatorianos.</p> <p>Por discrepar de esa condena, el acusado recurri&oacute; al Tribunal Supremo alegando que cuando comenz&oacute; la relaci&oacute;n afectiva con la menor en el plano sexual, en mayo de 2015, no exist&iacute;a ninguna ilegalidad, pero cuando se producen despu&eacute;s del 1 de julio de 2015 pas&oacute; a ser il&iacute;cita al haberse elevado la edad del consentimiento de 13 a 16 a&ntilde;os.</p> <p>En su recurso se preguntaba &ldquo;...&iquest;es posible que una persona de nacionalidad ecuatoriana, cuyos v&iacute;nculos sociales se establecen s&oacute;lo dentro de esa comunidad, que carece de estudios, no habituado a la lectura de prensa ni de contacto con medios de comunicaci&oacute;n en informaciones de tipo legal, pudiera conocer que hab&iacute;a entrado en vigor una norma que modificaba, de la licitud a la ilicitud, una relaci&oacute;n de ra&iacute;z efectiva, elevando la edad hasta 16 a&ntilde;os?&rdquo;.<br />&ldquo;Clandestinidad&rdquo; de una relaci&oacute;n por cambio normativo</p> <p>La respuesta de la Sala Segunda a ese interrogante, tal y como mantiene el recurso, es que no se pod&iacute;a exigir al acusado el conocimiento de una reforma legal de tanto alcance en su vida. En su sentencia alude a que ambos iniciaron una relaci&oacute;n afectiva que incluye repetidos contactos sexuales a lo largo del a&ntilde;o 2015. A&ntilde;ade que esa uni&oacute;n se forja en un escenario permitido por el derecho penal, que en esas fechas no criminalizaba la relaci&oacute;n sexual con una ni&ntilde;a de 14 a&ntilde;os, siempre que la entrega fuera fruto de una decisi&oacute;n espont&aacute;nea, libre y voluntaria por parte de aqu&eacute;lla.</p> <p>&ldquo;Los contactos sexuales mantenidos durante el primer semestre del a&ntilde;o 2015 eran, por tanto, totalmente ajenos al derecho penal&rdquo;, subraya la sentencia. A partir del 1 de julio, cuando se eleva la protecci&oacute;n de la indemnidad sexual de los menores, de 13 a 16 a&ntilde;os, &ldquo;se produce as&iacute; la paradoja de que una relaci&oacute;n sentimental &ndash;la sentencia habla del &lsquo;amor&rsquo; que P. sent&iacute;a por el acusado y de su deseo de mantener una relaci&oacute;n de &lsquo;noviazgo&rsquo;- permitida por el derecho penal, se convierte en delictiva a ra&iacute;z de la publicaci&oacute;n de la reforma en el Bolet&iacute;n Oficial del Estado&rdquo;.</p> <p>&ldquo;De este modo, una decisi&oacute;n de pol&iacute;tica criminal -cuya legitimidad formal no es objetable- condena a la clandestinidad una relaci&oacute;n afectiva que, m&aacute;s all&aacute; de la excepcionalidad con la que pueda contemplarse la diferencia de edad de sus protagonistas, ha nacido en un entorno social de tolerancia y, como tal, indiferente al derecho penal. Desde esta perspectiva, prosigue la sentencia, considerar que el error de prohibici&oacute;n tiene car&aacute;cter vencible -como los jueces de instancia- &ldquo;supone aceptar que todo aquel que mantiene una relaci&oacute;n sentimental fronteriza con los l&iacute;mites en los que el derecho penal sit&uacute;a la capacidad de autodeterminaci&oacute;n sexual, est&aacute; obligado a una consulta peri&oacute;dica de los boletines oficiales en los que se publican las reformas legislativas, con el fin de descartar que un cambio de pol&iacute;tica criminal lo haya convertido en delincuente sexual&rdquo;.</p> <p>Por todo ello, la sentencia, de la que ha sido ponente el presidente de la Sala, Manuel Marchena, concluye que en este caso estamos ante un error de prohibici&oacute;n invencible tras analizar los hechos teniendo en cuenta la personalidad de los protagonistas, su contexto cultural y, sobre todo, la inicial licitud que preside sus primeros contactos sexuales. Otro dato que refuerza el car&aacute;cter invencible del error y la total exclusi&oacute;n de culpabilidad -a&ntilde;ade la sentencia- es la fecha en la que se produjeron los dos episodios sexuales y considerados punibles, en relaci&oacute;n con la entrada en vigor de la reforma del C&oacute;digo Penal.</p> <p>Para el Tribunal Supremo, es evidente que s&oacute;lo podr&aacute; exigirse un comportamiento ajustado a la norma a aquel que se encuentre en una posici&oacute;n de igualdad respecto de lo que el &oacute;rgano judicial considere el destinatario ideal de la misma. &ldquo;El da&ntilde;o a la indemnidad sexual de un ni&ntilde;o, cometido por quien convierte a &eacute;ste en destinatario forzado o inconsciente de sus desahogos sexuales, no es desde luego, cuesti&oacute;n menor&rdquo;, subraya la sentencia que precisa que nada de esto se dibuja en el hecho probado.</p> <p>El Tribunal Supremo sostiene tambi&eacute;n que los hechos no pueden calificarse como constitutivos de un delito continuado, ya que la unidad de prop&oacute;sito no puede traerse a colaci&oacute;n prescindiendo de los contactos sexuales, plenamente consentidos, que precedieron a los dos que la sentencia recurrida consider&oacute; delictivos. Para la Sala, en la unidad de prop&oacute;sito tambi&eacute;n hay que integrar los episodios sexuales ajenos al derecho penal que se sucedieron antes del 1 de julio de 2015, en lo que se califica como relaci&oacute;n de seminoviazgo.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=a58115c1537e7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 21 Oct 2016 15:10:00 +0200 El Tribunal Supremo reconoce por primera vez el derecho de los padres de hijos nacidos por gestación subrogada a cobrar prestaciones maternidad http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=17a8bcd4c22e7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Social ha reconocido por primera vez el derecho de los padres de hijos de vientres de alquiler a cobrar las prestaciones por maternidad reconocidas por la Seguridad Social.</p> <p>En una nota informativa, el Pleno ha hecho p&uacute;blica su decisi&oacute;n de estimar los recursos de casaci&oacute;n para la unificaci&oacute;n de doctrina planteados, en un caso, por una mujer que tiene un hijo mediante un contrato de gestaci&oacute;n por sustituci&oacute;n, que est&aacute; inscrito en el Registro del Consulado de Espa&ntilde;a en Los &Aacute;ngeles; y en el otro caso, el de un hombre que concert&oacute; una reproducci&oacute;n asistida en la India con su material gen&eacute;tico. En este &uacute;ltimo caso, la Sala Cuarta transfiere las prestaciones que corresponder&iacute;an a la madre biol&oacute;gica, que no va a poder disfrutarlas, al padre de las dos ni&ntilde;as.</p> <p>La Seguridad Social les hab&iacute;a denegado las prestaciones sobre la base de la Ley de Reproducci&oacute;n Asistida que considera nulos los contratos de maternidad por sustituci&oacute;n.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=17a8bcd4c22e7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 20 Oct 2016 15:00:00 +0200 El Tribunal Supremo cita a declarar a la senadora Rita Barberá el 21 de noviembre http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=ab45ed198d1e7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo C&aacute;ndido Conde-Pumpido Tour&oacute;n ha citado a declarar para el pr&oacute;ximo d&iacute;a 21 de noviembre a las 10.30 horas a la senadora del PP y exalcaldesa de Valencia Rita Barber&aacute;, dentro de la causa por un presunto delito de blanqueo de capitales que dicha Sala abri&oacute; el pasado mes de septiembre.</p> <p>En una providencia, el instructor cita a Barber&aacute; en calidad de investigada para recibirle declaraci&oacute;n voluntaria conforme al art&iacute;culo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.</p> <p>Conde-Pumpido, como instructor de dicha causa, ha impuesto adem&aacute;s una fianza de 3.000 euros al PSOE para poder ejercer, como ha solicitado, la acusaci&oacute;n popular.</p> <p>La investigaci&oacute;n abierta a Barber&aacute; deriva de la exposici&oacute;n razonada elevada al Supremo el pasado mes de abril por el Juzgado de Instrucci&oacute;n n&uacute;mero 18 de Valencia, describiendo indicios contra la aforada en un presunto blanqueo de capitales que se habr&iacute;a producido en el Grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia cuando ella era alcaldesa. La Fiscal&iacute;a apoy&oacute;, en informe del pasado 27 de julio, la apertura de la investigaci&oacute;n y la designaci&oacute;n de instructor.</p> <p>En el auto de apertura de la causa, el Supremo destac&oacute; que, sin perjuicio de lo que pudiera resultar de la investigaci&oacute;n, los hechos descritos por el Juzgado de Instrucci&oacute;n n&uacute;mero 18 de Valencia en la exposici&oacute;n razonada pudieran ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales previsto y penado en los art&iacute;culos 301 y siguientes del C&oacute;digo Penal. &ldquo;Resulta, pues, imprescindible &ndash;a&ntilde;ade el auto&mdash;continuar la investigaci&oacute;n sobre los mismos y sobre la participaci&oacute;n en ellos de la persona aforada do&ntilde;a Mar&iacute;a Rita Barber&aacute; Nolla&rdquo;.</p> <p>El objeto de la investigaci&oacute;n iniciada por el Juzgado de Valencia es si, bajo la cobertura de unas aportaciones de 1.000 euros realizadas por personas vinculadas al Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia y al mismo partido,&nbsp; se oculta el afloramiento de un dinero en efectivo en&nbsp; poder de alg&uacute;n responsable o responsables del Grupo Popular. Tambi&eacute;n se indaga sobre el origen del dinero supuestamente blanqueado.</p> <p>Por otro lado, en un auto, Conde-Pumpido impone una fianza de 3.000 euros al PSOE para ejercer la acusaci&oacute;n popular en la causa, y alerta adem&aacute;s del &ldquo;serio riesgo de judicializaci&oacute;n de la pol&iacute;tica&rdquo; que supone la pr&aacute;ctica, que no existe en los pa&iacute;ses de nuestro entorno, de que un partido pol&iacute;tico pueda ejercer la acusaci&oacute;n en una causa penal contra una persona relevante de un partido de signo contrario. A&ntilde;ade que ese riesgo existe en la medida en que esa pr&aacute;ctica &ldquo;transforma el &aacute;rea de debate procesal en un terreno de confrontaci&oacute;n pol&iacute;tica&rdquo;.</p> <p>El PSOE hab&iacute;a pedido que no se le se&ntilde;alase el pago de fianza alguna para ejercer la acusaci&oacute;n popular. El auto recuerda que tanto el Anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011, como la Propuesta de C&oacute;digo Procesal Penal de 2013, elaborados por gobiernos de signo pol&iacute;tico diferente, prohib&iacute;an expresamente el ejercicio de la acci&oacute;n popular por los partidos pol&iacute;ticos.</p> <p>&ldquo;Es cierto que estos proyectos no han alcanzado vigencia, y que existe una cuestionable pr&aacute;ctica judicial que admite, con car&aacute;cter general, la personaci&oacute;n de los Partidos Pol&iacute;ticos como acusaci&oacute;n popular en causas contra pol&iacute;ticos de otros partidos. Pero ello no excluye que, aun admitiendo la personaci&oacute;n, se adopten las necesarias cautelas, lo que no permite privilegiar este tipo de acusaciones e impide que se prescinda del se&ntilde;alamiento de la oportuna fianza&rdquo;, indica la resoluci&oacute;n.</p> <p>Ponderando las eventuales responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse para el PSOE, y la previsible asequibilidad a su prestaci&oacute;n por &eacute;ste, el magistrado fija en 3.000 euros la fianza.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=ab45ed198d1e7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 20 Oct 2016 14:00:00 +0200 El Tribunal Supremo reconoce el derecho de una jueza a prorrogar su reducción de jornada para el cuidado hijo enfermo http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=8e7c3d9bdd2d7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha anulado la decisi&oacute;n de la Comisi&oacute;n Permanente del Consejo General del Poder Judicial de no prorrogar la reducci&oacute;n de jornada de una jueza para el cuidado de su hijo enfermo.</p> <p>El Consejo General del Poder Judicial concedi&oacute; a la magistrada una reducci&oacute;n de jornada de un 80 por ciento para cuidar del ni&ntilde;o, menor de edad, que naci&oacute; con m&uacute;ltiples enfermedades cong&eacute;nitas. Como ten&iacute;a que ser hospitalizado con frecuencia, la madre adapt&oacute; la vivienda siguiendo las indicaciones del servicio m&eacute;dico del Hospital de la Paz que desaconsejaban los ingresos, debido, entre otras razones, al alto riesgo de infecci&oacute;n respiratoria. Los mismos m&eacute;dicos formaron a la mujer para que pudiera cuidar a su hijo preferentemente en casa.</p> <p>El permiso que se le concedi&oacute; el 23 de octubre de 2013 no afectaba a su sueldo y supon&iacute;a que la jueza ten&iacute;a que ir un d&iacute;a a la semana al juzgado, encarg&aacute;ndose un juez sustituto del resto de las jornadas y de las guardias. La medida se le concedi&oacute; por un periodo de seis meses, siempre que subsistiese la situaci&oacute;n y sin perjuicio de posibles pr&oacute;rrogas.</p> <p>La situaci&oacute;n fue prorrogada en tres ocasiones, mediante acuerdos de la Comisi&oacute;n Permanente de 29 abril 2014, 27 octubre de 2014 y 27 de mayo 2015, pero la cuarta solicitud fue denegada por este mismo &oacute;rgano que consider&oacute; que los cuidados que necesita el ni&ntilde;o durante el horario de trabajo de la madre pueden ser asumidos por el padre que no trabaja. En el mismo se indicaba que las enfermedades graves acreditadas por su hijo menor no requer&iacute;an actualmente ingreso hospitalario de larga duraci&oacute;n por lo que no concurr&iacute;a el supuesto que requiere una licencia de este tipo &ndash;art&iacute;culo 223 h) Reglamento Carrera Judicial (cuidado directo, durante la hospitalizaci&oacute;n y tratamiento continuado, del hijo menor afectado por enfermedad grave hasta que cumpla los 18 a&ntilde;os con 50% reducci&oacute;n jornada como m&iacute;nimo sin tope m&aacute;ximo), sin perjuicio de que solicite otra m&aacute;s acorde con la situaci&oacute;n padecida, como la prevista en el art&iacute;culo 223 e) del Reglamento de Carrera Judicial (cuidado directo de menor de doce a&ntilde;os con tope m&aacute;ximo del 50% de reducci&oacute;n con disminuci&oacute;n proporcional de retribuciones) .</p> <p>En desacuerdo con esta decisi&oacute;n, la mujer present&oacute; recurso contra dicho acuerdo en el que argumentaba que su situaci&oacute;n se encuadra en el supuesto de hospitalizaci&oacute;n y tratamiento del hijo menor de edad del art&iacute;culo 223 h) que permite la reducci&oacute;n de jornada sin disminuci&oacute;n de retribuciones, al menos en la mitad del periodo de audiencia p&uacute;blica. A&ntilde;ad&iacute;a que la adaptaci&oacute;n de su vivienda, el cuidado continuado y especializado del menor y la supervisi&oacute;n del servicio m&eacute;dico del hospital equiparan su situaci&oacute;n a la de hospitalizaci&oacute;n. Y, por &uacute;ltimo, sobre la posibilidad de que su marido se ocupara de una parte de los cuidados, sosten&iacute;a que no estaba preparado y que su matrimonio estaba en crisis.</p> <p><strong>Falta de justificaci&oacute;n</strong></p> <p>La Sala Tercera en su sentencia concluye que el CGPJ acord&oacute; inicialmente la reducci&oacute;n de jornada bas&aacute;ndose conjuntamente en los apartados e) y h) del art&iacute;culo 223 del Reglamento de la Carrera Judicial, y ese mismo criterio mantuvo en las sucesivas pr&oacute;rrogas. As&iacute; mismo a&ntilde;ade que &ldquo;si ha considerado varias veces que la situaci&oacute;n es encuadrable en el referido apartado h), habr&iacute;a debido explicar qu&eacute; ha cambiado en esta ocasi&oacute;n con respecto a anteriores solicitudes de pr&oacute;rroga de la reducci&oacute;n de jornada inicialmente concedida en 2013. Al no haberlo hecho as&iacute;, el argumento de que el apartado h) no es aplicable al presente caso no puede ser acogido. En otras palabras, el acto impugnado se aparta inmotivadamente del criterio seguido en ocasiones similares anteriores&rdquo;.</p> <p>La sentencia considera que las razones aducidas para denegar la solicitud de pr&oacute;rroga no son ajustadas a derecho y que, adem&aacute;s, el propio Consejo General del Poder Judicial hab&iacute;a accedido en el pasado a solicitudes similares con respecto a la misma situaci&oacute;n. Por todo ello, estima la pretensi&oacute;n subsidiaria planteada por la magistrada reconociendo su derecho a la pr&oacute;rroga en los mismos t&eacute;rminos en que se acord&oacute; la &uacute;ltima.</p> <p>Sin embargo, rechaza la petici&oacute;n principal planteada por la jueza relativa a que se le reconozca el derecho a una reducci&oacute;n de jornada del 100%; un extremo sobre el que nunca se ha pronunciado el Consejo General del Poder Judicial.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=8e7c3d9bdd2d7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 17 Oct 2016 15:54:00 +0200 El Supremo suspende cautelarmente la sanción a una exconsejera de la CMT http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=097d172f962d7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala III del Tribunal Supremo ha acordado en un auto la suspensi&oacute;n cautelar de la ejecuci&oacute;n de la sanci&oacute;n impuesta por el Consejo de Ministros el 1 de abril de este a&ntilde;o a la exconsejera de la Comisi&oacute;n del Mercado de las Telecomunicaciones Marta Plana Dr&oacute;pez, como autora de una falta muy grave por incumplimiento de las normas de incompatibilidades. La sanci&oacute;n fue de cinco a&ntilde;os de imposibilidad de ser nombrada alto cargo de la Administraci&oacute;n del Estado y la publicaci&oacute;n de la sanci&oacute;n en el BOE. La adopci&oacute;n de la medida cautelar de suspensi&oacute;n no prejuzga el fondo del asunto, es decir, la decisi&oacute;n que se adoptar&aacute; respecto al recurso planteado por Plana contra dicha sanci&oacute;n.</p> <p>El Supremo se&ntilde;ala que la no suspensi&oacute;n cautelar significar&iacute;a el cumplimiento efectivo de la sanci&oacute;n, siquiera parcialmente. En consecuencia, considera que tiene raz&oacute;n la recurrente en que la no adopci&oacute;n de la citada medida cautelar har&iacute;a perder en parte la finalidad del recurso que tiene planteado contra la sanci&oacute;n, pues determinadas consecuencias ser&iacute;an irreversibles. As&iacute;, el tiempo de cumplimiento de la sanci&oacute;n resultar&iacute;a ya irrecuperable, y si bien se podr&iacute;a admitir que ese per&iacute;odo sin poder ejercer determinada actividad profesional ser&iacute;a susceptible de ser indemnizado en caso de estimarse el recurso, habr&iacute;a que considerar tambi&eacute;n el da&ntilde;o profesional sufrido, de m&aacute;s dif&iacute;cil reparaci&oacute;n. En consecuencia y de acuerdo con el criterio mantenido por la Sala en derecho sancionador, procede la adopci&oacute;n de la medida cautelar solicitada, a salvo de supuestos particulares.</p> <p>Adem&aacute;s, la Sala rechaza el argumento del abogado del Estado de que, el hecho de aceptar la suspensi&oacute;n cautelar, suponga prejuzgar el fondo del asunto. &ldquo;Nada m&aacute;s lejos de la realidad. (&hellip;) Como resulta evidente en el presente caso, ninguna consideraci&oacute;n se hace sobre la viabilidad del recurso, sino exclusivamente sobre el perjuicio que ocasionar&iacute;a a la entera restituci&oacute;n de los derechos de la parte demandante, en caso de estimaci&oacute;n del recurso, el no haber podido ejercer determinados cargos durante un tiempo&rdquo;.</p> <p>Por otro lado, el Supremo resalta que la Administraci&oacute;n public&oacute; en el BOE el acuerdo sancionador del Consejo Ministros un d&iacute;a despu&eacute;s de conocer que la exconsejera hab&iacute;a solicitado precisamente la suspensi&oacute;n cautelar de la sanci&oacute;n.</p> <p><strong>No actuaci&oacute;n diligente de la Administraci&oacute;n</strong></p> <p>&ldquo;La publicaci&oacute;n de la sanci&oacute;n es parte de &eacute;sta, como reconoce el propio representante de la Administraci&oacute;n, por lo que la interposici&oacute;n de un recurso contencioso administrativo contra la sanci&oacute;n, con petici&oacute;n de medida cautelar de suspensi&oacute;n, obliga a la Administraci&oacute;n a no ejecutarla &ndash;y, por tanto, a no publicarla- hasta tanto el &oacute;rgano judicial se pronuncie sobre la referida medida cautelar. Por tanto, notificada a la Administraci&oacute;n la petici&oacute;n de suspensi&oacute;n el d&iacute;a 7 de septiembre una actuaci&oacute;n diligente hubiera debido llevarle a no publicar la sanci&oacute;n el d&iacute;a 8 de septiembre en que tuvo lugar&rdquo;, se&ntilde;ala el auto.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=097d172f962d7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 17 Oct 2016 13:50:00 +0200 El Tribunal Supremo anula la condena por violación a una menor acogida en Sevilla por falta de prueba suficiente http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=14448961f22d7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala II del Tribunal Supremo ha anulado la condena por violaci&oacute;n de una menor de 15 a&ntilde;os de edad acogida en un centro de la Junta de Andaluc&iacute;a en la provincia de Sevilla. El Supremo absuelve al acusado y destaca que no hubo ni un solo dato objetivo que avalase el testimonio de la menor, que fue la &uacute;nica prueba de cargo del caso. Adem&aacute;s, destaca que la tardanza de la Junta en presentar la denuncia ante la justicia (pas&oacute; un a&ntilde;o y medio desde que la chica hizo la denuncia a un educador del centro hasta que se plante&oacute; la denuncia en el Juzgado) produjo una &ldquo;inexistente instrucci&oacute;n&rdquo; y que las pruebas fueran d&eacute;biles.</p> <p>El alto tribunal anula la condena de 12 a&ntilde;os de c&aacute;rcel que la Audiencia Provincial de Sevilla impuso el 21 de enero de 2016 a R.G.A. por delito de agresi&oacute;n sexual. El acusado prestaba servicios en el centro de acogida donde estaba la chica como personal t&eacute;cnico auxiliar. Seg&uacute;n los hechos probados de la sentencia ahora anulada, en un periodo en que la chica estaba fugada del centro, el acusado contact&oacute; con ella por tel&eacute;fono y la recogi&oacute; en su veh&iacute;culo, viol&aacute;ndola en el asiento trasero del mismo.</p> <p>La chica denunci&oacute; los hechos a un educador del centro de acogida el 12 de julio de 2011, un d&iacute;a despu&eacute;s, seg&uacute;n el acusado, de que &eacute;ste la hubiese realizado una &ldquo;reducci&oacute;n f&iacute;sica&rdquo; a indicaci&oacute;n precisamente de un educador. El caso no fue denunciado ante la justicia hasta enero de 2013.</p> <p>La sentencia indica que se trata de un supuesto de &lsquo;crisis m&aacute;xima de acusaci&oacute;n&rsquo;, en cuanto que el testimonio de la presunta v&iacute;ctima es la &uacute;nica prueba de cargo, no s&oacute;lo de la autor&iacute;a del acusado, sino de la misma existencia del delito, &ldquo;no existiendo un solo dato objetivo que avale tal testimonio&rdquo;. El acusado neg&oacute; todas las acusaciones.</p> <p>Para el alto tribunal, &ldquo;no puede apreciarse que el tribunal de instancia contara con prueba suficiente, producida conforme a Derecho y valorada de modo racional, l&oacute;gico y coherente. Puede pues concluirse, que una tard&iacute;a denuncia por parte de la Administraci&oacute;n, produjo una casi inexistente instrucci&oacute;n, y ello conllev&oacute; una acusaci&oacute;n aventurada, la formulaci&oacute;n de una proposici&oacute;n de d&eacute;biles elementos probatorios de cargo de los hechos imputados, y una insuficiente expresi&oacute;n de los de convicci&oacute;n tomados en cuenta por el tribunal para entender desvirtuada la presunci&oacute;n de inocencia, que amparaba al acusado&rdquo;.</p> <p>Sobre la actuaci&oacute;n administrativa de la Junta de Andaluc&iacute;a en este caso, en su valoraci&oacute;n de la sospecha del abuso sexual desde la denuncia el 12 de julio de 2011 y la fecha de la denuncia penal el 11 de enero de 2013, la sentencia indica que, &ldquo;si bien no pueden calificarse de investigaciones previas a espaldas del recurrente tendentes a acreditar su culpabilidad, sino que son verificaciones del testimonio de la menor al objeto de comprobar si tienen la entidad suficiente para fundar una denuncia penal, ya que la consecuencia laboral del despido del recurrente se produjo al d&iacute;a siguiente de la denuncia y esas actuaciones administrativas son posteriores, s&iacute; que produjeron un retraso en la judicializaci&oacute;n del hecho que debi&oacute; haberse evitado&rdquo;.</p> <p>&ldquo;Mucho se tard&oacute; en judicializarse las actuaciones &ndash;a&ntilde;ade el Supremo-, hasta el punto de que formulando la denuncia podr&iacute;a pensarse que se esperaba el acceso a la mayor&iacute;a de edad de la presunta v&iacute;ctima, para hacerlo&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=14448961f22d7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 17 Oct 2016 13:25:00 +0200 El Supremo confirma la nulidad del Plan Parcial de Cox (Alicante) aprobado en un pleno presidido por el alcalde, que tenía un interés personal en el asunto http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2dca9c6f2bdc7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad del Programa de Actuaci&oacute;n Integrada del Sector S.T.3, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Cox (Alicante), de 15 de junio de 2010, acordada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana al considerar que el alcalde incurr&iacute;a en causa de abstenci&oacute;n por tener un inter&eacute;s personal en el asunto.</p> <p>La sentencia concluye que a la vista de las muy intensas relaciones del alcalde con los intereses que se ventilaban mediante los actos y disposiciones aprobados por el pleno municipal, "no debi&oacute; exclusivamente abstenerse de participar en la votaci&oacute;n, sino que, en ning&uacute;n momento, debi&oacute; intervenir y menos dirigir y presidir el pleno municipal&rdquo;.</p> <p>Su intervenci&oacute;n, a&ntilde;ade la Sala Tercera, no se limita al pleno, sino que tambi&eacute;n es contraria a derecho su participaci&oacute;n en los tr&aacute;mites previos.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2dca9c6f2bdc7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 14 Oct 2016 16:00:00 +0200 El Tribunal Supremo condena a tres años y medio de prisión a un hombre por amputarse la mano y simular un accidente tráfico para cobrar el seguro http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=32c411064a2c7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a tres a&ntilde;os y seis meses de prisi&oacute;n por un delito continuado de estafa a un hombre que se amput&oacute; una mano y simul&oacute; un accidente de tr&aacute;fico para cobrar la indemnizaci&oacute;n correspondiente a las p&oacute;lizas que hab&iacute;a suscrito con ocho compa&ntilde;&iacute;as de seguros.</p> <p>El condenado tendr&aacute; que devolver 335.000 euros que le ingresaron mediante transferencia bancaria tres de las aseguradoras contratadas: 35.000 euros a Santa Luc&iacute;a Compa&ntilde;&iacute;a de Seguros y Reaseguros S.A., 90.370 euros a Liberty Seguros y 209.564 euros a Axa Seguros y Reaseguros.</p> <p>Los hechos considerados probados por la sentencia recurrida recogen que en la madrugada del d&iacute;a 10 de diciembre de 2007 el acusado, solo o con la ayuda de terceros, se amput&oacute; con un instrumento cortante la mano derecha para cobrar las coberturas pactadas en las p&oacute;lizas. Despu&eacute;s de hacerse un torniquete para controlar la hemorragia, se dirigi&oacute; con su coche hacia la carretera conocida como Camino Viejo de Nules a Moncofar (provincia Castell&oacute;n) y lo dej&oacute; caer por un terrapl&eacute;n. Acto seguido, coloc&oacute; la mano que se hab&iacute;a cortado a los pies del asiento del conductor y, despu&eacute;s de incendiar el autom&oacute;vil con una bolsa de gasolina, llam&oacute; al 112 y se tumb&oacute; hasta que lleg&oacute; un polic&iacute;a local que lo encontr&oacute; en la misma postura y fum&aacute;ndose un cigarro.</p> <p>Con posterioridad a estos hechos, emprendi&oacute; acciones judiciales para cobrar las p&oacute;lizas de seguro suscritas con las aseguradoras -con algunas ten&iacute;a hasta tres p&oacute;lizas- que cubr&iacute;an, entre otros riesgos, el de fallecimiento, la incapacidad permanente y absoluta por accidente y la gran invalidez. El condenado, que era agricultor, ten&iacute;a problemas econ&oacute;micos para pagar una hipoteca que hab&iacute;a pedido para construir una vivienda, que le hab&iacute;an embargado junto al coche.</p> <p><strong>Atenuante dilaciones indebidas</strong></p> <p>La sentencia estima de forma parcial el recurso de casaci&oacute;n interpuesto por el acusado contra el fallo de la Audiencia Provincial de Castell&oacute;n que le impuso 4 a&ntilde;os de prisi&oacute;n, pena que ahora el Tribunal Supremo reduce a tres a&ntilde;os y seis meses al apreciar la atenuante de dilaciones indebidas por el largo tiempo transcurrido desde que se incoaron las diligencias, en junio de 2009, hasta que se dict&oacute; sentencia por dicho tribunal, en enero de 2016.</p> <p>En todo lo dem&aacute;s, hace suyo el criterio de la sentencia recurrida para condenar al acusado que en su recurso plantea alternativas al relato de hechos probados: que sufre un cuadro psiqui&aacute;trico grave cr&oacute;nico, con actual diagn&oacute;stico de esquizofrenia paranoide, desde el accidente; que el corte de la mano no fue limpio y se produjo en el momento del accidente, no antes; que el tramo de carretera donde se sali&oacute; el veh&iacute;culo es un tramo curvo y no recto y, por &uacute;ltimo, que solo la amputaci&oacute;n de la mano no estaba garantizada en las p&oacute;lizas contratadas.</p> <p>Todas son desechadas por la Sala Segunda que en su sentencia concluye que el acusado ocult&oacute; a las distintas compa&ntilde;&iacute;as aseguradoras que hab&iacute;a sido &eacute;l quien hab&iacute;a provocado el siniestro origen de las lesiones que constitu&iacute;a la base de su reclamaci&oacute;n a las mismas, enga&ntilde;o revestido de una apariencia de realidad y seriedad suficientes para enga&ntilde;arlas, dado lo maquiav&eacute;lico del plan urdido a tal efecto, hasta el punto de que al menos tres de ellas &ndash;Santa Luc&iacute;a, Liberty y Axa- le abonaron las cantidades citadas y las restantes no lo hicieron, pese a las reclamaciones formuladas, por la prejudicialidad derivada de la existencia de la presente causa penal.</p> <p>La sentencia a&ntilde;ade que &ldquo;el hecho nuclear del enga&ntilde;o fue amputarse intencionadamente la mano simulando haber sido consecuencia de un siniestro vial, con una puesta en escena apta para provocar la mendaz apariencia deseada&rdquo;.</p> <p>As&iacute; mismo, indica que los indicios, plenamente acreditados, para condenar se apoyan, entre otros, en el perfil de riesgo del acusado que no justifica la contrataci&oacute;n de tantas p&oacute;lizas en tan poco tiempo. Tambi&eacute;n se basa en su perfil patrimonial, que considera impropio de una persona que contrata ese n&uacute;mero de p&oacute;lizas cuyo pago requiere un aporte econ&oacute;mico que no parece poder soportarlo con los ingresos de su trabajo o el de su esposa. Sobre la amputaci&oacute;n de la mano, afirma que se produjo antes del accidente y, en ning&uacute;n caso, por la barra o regle porque el corte es limpio. Por &uacute;ltimo, se&ntilde;ala que la salida del veh&iacute;culo fue a poca velocidad y de forma controlada, y que el incendio no fue accidental sino por la aplicaci&oacute;n de una fuente directa de calor que solo pudo venir del acusado.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=32c411064a2c7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 14 Oct 2016 13:00:00 +0200 El Tribunal Supremo exige a Manos Limpias una fianza de 20.000 euros para ser acción popular ante la investigación a esta asociación por extorsión http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=3714dedb49db7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala II del Tribunal Supremo ha impuesto a Manos Limpias una fianza en met&aacute;lico de 20.000 euros para ejercer la acci&oacute;n popular contra Joan Manel Abril Campoy, quien fue magistrado instructor en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de la causa contra Artur Mas y otros por la consulta soberanista del 9-N de 2014. La Sala se&ntilde;ala esta fianza con car&aacute;cter previo a adoptar ninguna decisi&oacute;n sobre la querella que plantea Manos Limpias contra el citado magistrado por prevaricaci&oacute;n.</p> <p>El alto tribunal, en auto del que ha sido ponente su presidente, Manuel Marchena, destaca que esa fianza es &ldquo;proporcionada&rdquo; ante el hecho notorio de que &ldquo;algunos miembros del Sindicato Manos Limpias -entre ellos su secretario general- est&aacute;n siendo investigados por delitos graves, entre otros, el de extorsi&oacute;n y el de pertenencia a organizaci&oacute;n criminal, los cuales habr&iacute;an sido cometidos, precisamente, en relaci&oacute;n a la actuaci&oacute;n como acusaci&oacute;n popular de la citada entidad en procesos penales&rdquo;.</p> <p>&ldquo;En este contexto -a&ntilde;ade la resoluci&oacute;n-, que pondr&iacute;a de manifiesto, al menos indiciariamente, un ejercicio espurio de la acci&oacute;n popular, que estar&iacute;a siendo utilizada como instrumento para alterar su propia configuraci&oacute;n, la cuant&iacute;a fijada en concepto de fianza est&aacute;, como dec&iacute;amos en el auto 20632/2014, de 27 de abril, a la altura de las responsabilidades que asume dicha entidad &laquo;al pretender personarse como acusaci&oacute;n popular para responder de las &lsquo;resultas del juicio&rsquo;&rdquo;.</p> <p>El auto recuerda que la acci&oacute;n popular lleva consigo la prestaci&oacute;n de una fianza, que deber&aacute; ser proporcionada y equitativa de tal manera que no impida a nadie, en funci&oacute;n de su condici&oacute;n econ&oacute;mica, el acceso al proceso neg&aacute;ndole as&iacute; su derecho a la tutela judicial efectiva. La fijaci&oacute;n de la fianza no se establece &ldquo;simb&oacute;licamente&rdquo; sino en relaci&oacute;n a la naturaleza de los hechos perseguidos y al innegable inter&eacute;s p&uacute;blico que existe para su persecuci&oacute;n, respondiendo adem&aacute;s a las exigencias de moderaci&oacute;n y de facilitaci&oacute;n de acceso a la jurisdicci&oacute;n que contempla nuestra legislaci&oacute;n reguladora de la acci&oacute;n popular. En este caso, se fija la fianza en 20.000 euros, que deber&aacute; prestarse en met&aacute;lico en el plazo de tres d&iacute;as.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=3714dedb49db7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 13 Oct 2016 13:45:00 +0200 El Tribunal Supremo confirma el cese de un juez sustituto que fijó para después del fin de semana la puesta a disposición de un detenido un viernes http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=6830dedb49db7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado el cese de un juez que fij&oacute; para despu&eacute;s del fin de semana la puesta a disposici&oacute;n judicial de un detenido un viernes por un presunto delito de violencia de g&eacute;nero.</p> <p>La sentencia desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el juez contra el acuerdo de la Comisi&oacute;n Permanente del Consejo General del Poder Judicial que le ces&oacute; por la falta de idoneidad o aptitud para el cargo por incumplir sus obligaciones de diligencia al no recibir de inmediato al detenido.</p> <p>Como hechos probados recogidos en la sentencia consta que la Guardia Civil de Borja (Zaragoza) detuvo a un hombre por un supuesto delito de malos tratos en el &aacute;mbito familiar, tras recibir una denuncia de su exesposa. Eran las 21:15 horas del viernes d&iacute;a 6 de marzo de 2015. A las 22:25 horas se comunic&oacute; la detenci&oacute;n al juez, que, a su vez, indic&oacute; que la persona detenida fuese puesta a disposici&oacute;n judicial el lunes 9 de marzo de 2015 a las 10:00 horas en el juzgado de Tarazona. Dos d&iacute;as m&aacute;s tarde, el d&iacute;a 11, la titular del juzgado comunic&oacute; que se hab&iacute;a producido una incidencia anormal en el funcionamiento del Servicio de Guardia por la que se abri&oacute; una informaci&oacute;n sumar&iacute;a al afectado que finaliz&oacute; con el acuerdo de cese de la Comisi&oacute;n Permanente del CGPJ.</p> <p><strong>&ldquo;Malentendido&rdquo;</strong></p> <p>El juez cesado cuestiona el relato de hechos y afirma que, en todo caso, se trat&oacute; de un malentendido, pues lo que &eacute;l hizo fue comunicar a la fuerza p&uacute;blica que investigara o practicara m&aacute;s diligencias antes de poner al detenido a disposici&oacute;n judicial y que si el lunes lo trasladaban al juzgado que fuera a las 10.00 horas, puesto que a&uacute;n no se habr&iacute;a cumplido el tiempo m&aacute;ximo de 72 horas de detenci&oacute;n.</p> <p>Frente a esta tesis, la sentencia, con ponencia del magistrado Jorge Rodr&iacute;guez-Zapata P&eacute;rez, afirma que del expediente administrativo no se deduce que se hubiera producido un malentendido con la Guardia Civil o que el juez de guardia ordenara la pr&aacute;ctica de m&aacute;s diligencias que, en todo caso, pudieron practicarse despu&eacute;s de la presentaci&oacute;n del detenido y de la resoluci&oacute;n sobre su situaci&oacute;n personal.</p> <p>A la vista de esos hechos, prosigue la sentencia, el juez con dicha indicaci&oacute;n incumpli&oacute; la Ley de Enjuiciamiento Criminal -art&iacute;culo 520.1- que establece que &ldquo;la detenci&oacute;n preventiva no podr&aacute; durar m&aacute;s del tiempo estrictamente necesario para la realizaci&oacute;n de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Dentro de los plazos establecidos en la presente Ley y, en todo caso, en el plazo m&aacute;ximo de setenta y dos horas, el detenido deber&aacute; ser puesto en libertad o a disposici&oacute;n de la autoridad judicial&rdquo;.</p> <p>La Sala Tercera considera que lo ocurrido se debe a la inobservancia de las m&aacute;s elementales normas de diligencia de un juez instructor, entre cuyas funciones m&aacute;s trascendentales en el &aacute;mbito del proceso penal est&aacute;, sin duda, el riguroso control de la situaci&oacute;n de las personas privadas de libertad. &ldquo;En efecto, de las diligencias policiales se desprende que ninguna circunstancia imped&iacute;a la puesta a disposici&oacute;n del detenido el s&aacute;bado, puesto que ninguna diligencia o actuaci&oacute;n de investigaci&oacute;n se practic&oacute; por parte de la Guardia Civil despu&eacute;s de la diligencia de comunicaci&oacute;n a la autoridad judicial, ni tampoco se aprecia su necesidad, por lo que debemos concluir que el detenido permaneci&oacute; injustificadamente en esta situaci&oacute;n hasta el lunes 9 de marzo&rdquo;, subraya la sentencia.</p> <p><strong>Hecho puntual</strong></p> <p>Sobre la falta de idoneidad o aptitud, el juez argumenta en su recurso que no se deja de ser &ldquo;id&oacute;neo&rdquo; por un hecho puntual, como el que ha llevado a su cese, y que los cinco a&ntilde;os que lleva trabajando como sustituto no se ha cuestionado esta cualidad.</p> <p>La sentencia rechaza este argumento y recuerda que el cese de un juez sustituto, de acuerdo con la Ley Org&aacute;nica del Poder Judicial, consiste en dejar sin efecto un nombramiento que est&aacute; condicionado al mantenimiento de las circunstancias, de aptitud, capacidad, compatibilidad, no incurrir en prohibici&oacute;n, o acreditaci&oacute;n de la efectiva diligencia en el cumplimiento de los deberes propios del cargo. La Sala Tercera alude a que la falta de idoneidad &ldquo;puede venir dada por la contemplaci&oacute;n panor&aacute;mica del desempe&ntilde;o profesional del juez sustituto a lo largo del tiempo, pero tambi&eacute;n por hechos concretos o puntuales que revistan suficiente trascendencia y gravedad como para fluir de ellos un d&eacute;ficit de aptitud e idoneidad que justifique su cese&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=6830dedb49db7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 13 Oct 2016 13:10:00 +0200 El Tribunal Supremo confirma la sentencia del ‘caso Asunta’ http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=c870a305893b7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha acordado desestimar los recursos presentados por Alfonso Basterra y Rosario Porto contra la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que confirm&oacute; la dictada por la Secci&oacute;n Sexta de la Audiencia Provincial de A Coru&ntilde;a, por la que fueron condenados a 18 a&ntilde;os de prisi&oacute;n por el asesinato de su hija Asunta.</p> <p>La decisi&oacute;n se ha adoptado por mayor&iacute;a de los miembros del tribunal. El contenido &iacute;ntegro de la resoluci&oacute;n se conocer&aacute; en los pr&oacute;ximos d&iacute;as.</p> <p>El TSXG confirm&oacute; el pasado 16 de marzo los hechos declarados probados por el jurado de la Audiencia coru&ntilde;esa, excepto en lo relativo a la persona que asfixi&oacute; a la menor y por lo tanto produjo su muerte. Los magistrados del Tribunal Superior gallego concluyeron que solo se pod&iacute;a situar a la madre en la casa de Montouto en la que se produjo el asesinato, pero entendieron que el padre era culpable del mismo delito por ser la ejecuci&oacute;n de la muerte parte de un plan conjunto preconcebido.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=c870a305893b7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 11 Oct 2016 14:19:00 +0200 El Tribunal Supremo eleva a 19 años de prisión la condena a una cuidadora que permitió el asalto a la casa donde cuidaba a un matrimonio de ancianos http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=5a58e00f3fea7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha elevado de 18 a 19 a&ntilde;os de prisi&oacute;n la pena impuesta a una empleada del hogar que abri&oacute; la puerta a otros tres condenados por el asalto a la casa del matrimonio que cuidaba y en el que falleci&oacute; por asfixia el anciano, de 88 a&ntilde;os de edad.</p> <p>La sentencia condena por los mismos delitos de homicidio y robo violento en casa habitada en concurso con un delito de detenci&oacute;n ilegal que la Audiencia Provincial de Castell&oacute;n pero impone una pena m&aacute;s alta al apreciar en la conducta de la cuidadora la agravante de abuso de confianza junto a las otras dos de disfraz y de abuso de superioridad que ya se aplicaron en la sentencia recurrida.</p> <p>Considera que la cuidadora se sirvi&oacute; de lo sabido sobre las circunstancias y h&aacute;bitos de vidas de sus v&iacute;ctimas para suministrar a los dem&aacute;s implicados en la causa la informaci&oacute;n necesaria para la ejecuci&oacute;n del delito o delitos luego programados. Adem&aacute;s, a&ntilde;ade que se implic&oacute; activamente facilitando a estos el acceso a la vivienda durante la noche y que, pudiendo haber intervenido para tratar de cortar el curso de los acontecimientos, cuando supo directamente del grado de violencia utilizado, no lo hizo.</p> <p>La Sala de lo Penal desestima los recursos de casaci&oacute;n interpuestos por los otros tres condenados por lo que se confirman penas de la sentencia recurrida para todos ellos.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=5a58e00f3fea7510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 10 Oct 2016 16:15:00 +0200 El Tribunal Supremo condena a un matrimonio de Valdemorillo (Madrid) que intentó matarse tras una discusión http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=b9b5de3062e97510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a un matrimonio de la localidad madrile&ntilde;a de Valdemorillo por intentar matarse mutuamente tras una discusi&oacute;n.</p> <p>Los hechos probados de la sentencia recurrida recogen que, despu&eacute;s de una discusi&oacute;n la noche anterior por motivos econ&oacute;micos, la mujer cogi&oacute; un rev&oacute;lver que hab&iacute;a en la vivienda y esper&oacute; a su marido en el garaje a las 7 de la ma&ntilde;ana del 30 de marzo de 2011 con la intenci&oacute;n de matarlo. Se puso un gorro de ducha en el pelo, se tap&oacute; parte del rostro con la manga cortada de un jersey y se cubri&oacute; las manos con dos pares de guantes -uno de l&aacute;tex y encima otro blanco de algod&oacute;n. Cuando el hombre abri&oacute; la puerta del garaje, le dispar&oacute;, alcanz&aacute;ndole en la espalda uno de los disparos que realiz&oacute;. El marido se volvi&oacute; hacia ella, le quit&oacute; el arma y, tambi&eacute;n con la misma intenci&oacute;n de acabar con la vida de su mujer, le dispar&oacute; en el vientre. Ninguno consigui&oacute; su objetivo.</p> <p>La sentencia estima parcialmente el recurso de casaci&oacute;n interpuesto por el hombre y rebaja de 8 a&ntilde;os y medio de prisi&oacute;n a 3 a&ntilde;os y medio la condena que la Audiencia Provincial de Madrid le impuso por los delitos de homicidio en grado de tentativa y tenencia il&iacute;cita de armas al aplicar la eximente incompleta de leg&iacute;tima defensa y retirar la agravante de parentesco.</p> <p>En el caso de su mujer, se desestima su recurso por lo que la pena para ella por un delito de asesinato en grado de tentativa con la misma agravante de parentesco y la atenuante de reparaci&oacute;n de los da&ntilde;os y otro de tenencia il&iacute;cita de armas sigue siendo la misma de 8 a&ntilde;os de prisi&oacute;n.</p> <p><strong>Condena del esposo: eximente incompleta leg&iacute;tima defensa sin agravante de parentesco</strong></p> <p>En su caso, la sentencia rechaza la tesis de que todo se produjo en un forcejeo y que el disparo fue fortuito y sin intenci&oacute;n. &ldquo;El hecho de que se tratase de un disparo, efectuado con arma de fuego contra el abdomen de la v&iacute;ctima, excluye, l&oacute;gicamente, toda duda acerca de su intenci&oacute;n, directa o al menos eventual, del recurrente con semejante agresi&oacute;n&rdquo;, subraya la sentencia.</p> <p>La Sala acuerda aplicar la eximente incompleta de leg&iacute;tima defensa porque el agredido dispar&oacute; despu&eacute;s de recibir otro, por la espalda, por parte de su mujer, que es la v&iacute;ctima de su respuesta.</p> <p>Se&ntilde;ala que el disparo efectuado por el hombre podr&iacute;a no resultar absolutamente necesario al tener el rev&oacute;lver en sus manos, pero reconoce que tambi&eacute;n desconoc&iacute;a si su mujer ten&iacute;a otra pistola y pod&iacute;a volver a intentarlo.<br />Sin embargo, indica que &ldquo;aunque su acci&oacute;n no se encontrase completamente justificada, ante otras posibles alternativas defensivas, tampoco puede considerarse, en las circunstancias en las que se encontraba, como totalmente ajenas a un mero y, en parte justificado comportamiento defensivo por su parte&rdquo;.</p> <p>Del mismo modo acuerda retirar la agravante de parentesco al considerar que no es posible aplicarla cuando el agresor acaba de recibir, a su vez, una grave agresi&oacute;n de la v&iacute;ctima de su delito.&nbsp;</p> <p>Por todo ello, rebaja la condena de 8 a&ntilde;os y medio a 3 a&ntilde;os y medio de prisi&oacute;n por ambos delitos: tentativa de homicidio y tenencia il&iacute;cita de armas.</p> <p><strong>Condena de la esposa: asesinato grado tentativa</strong></p> <p>La Sala de lo Penal considera que no procede rebajar la condena, como ha solicitado la esposa, con el argumento del escaso peligro inherente al intento delictivo contra la vida de su esposo. A&ntilde;ade que aunque el resultado lesivo no alcanzase una relevante gravedad, &ldquo;el disparo a corta distancia y con un arma de fuego hacia la espalda de la v&iacute;ctima, a la altura de las v&eacute;rtebras dorsales, independientemente de su resultado final, es incuestionable que integra un peligro&rdquo;. Asimismo, explica que el grado de ejecuci&oacute;n de la tentativa de asesinato ha de considerarse acabado, puesto que la agresora dispar&oacute; contra la espalda y si no lo mat&oacute;, no fue por su voluntad, sino por la reacci&oacute;n de su marido que le arrebat&oacute; el arma.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=b9b5de3062e97510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 07 Oct 2016 13:15:00 +0200 El Tribunal Supremo pide al Congreso el suplicatorio de Homs por la consulta del 9-N http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=d0e38655a4a97510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El magistrado Andr&eacute;s Palomo del Arco ha elevado una exposici&oacute;n razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo en la que solicita la tramitaci&oacute;n al Congreso de los Diputados del suplicatorio para proceder penalmente contra el diputado y exconseller de Presidencia de la Generalitat de Catalunya, Francesc Homs i Molins, por los delitos de desobediencia y de prevaricaci&oacute;n que podr&iacute;a haber cometido por su actuaci&oacute;n en la consulta del 9-N de 2014, tras la suspensi&oacute;n acordada por el Tribunal Constitucional.</p> <p>El instructor ha notificado una providencia a las partes en la que les comunica que la exposici&oacute;n razonada est&aacute; a su disposici&oacute;n en la Secretar&iacute;a de la Sala de lo Penal por si quieren consultarla.</p> <p>Esta misma ma&ntilde;ana, la Sala Segunda ha dictado un auto en el que acuerda dar curso a la petici&oacute;n de autorizaci&oacute;n al Congreso de los Diputados, como requisito legal previo para dirigir el procedimiento contra el diputado y, en su caso, formalizar la inculpaci&oacute;n por parte del instructor del caso.</p> <p>Con este auto, se suspenden por ahora las actuaciones hasta que el Congreso responda a esta petici&oacute;n.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=d0e38655a4a97510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 06 Oct 2016 17:00:00 +0200 El Supremo no aprecia vulneración de derechos de una profesora en la publicación de una noticia sobre la querella que presentó contra sus alumnos http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=73bb84245d997510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casaci&oacute;n interpuesto por una profesora contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Balears, que al igual que el juzgado, declar&oacute; que no se hab&iacute;a vulnerado el derecho al honor y a la intimidad de la mujer tras la publicaci&oacute;n en un semanario local de un art&iacute;culo sobre la demanda que hab&iacute;a presentado contra varios alumnos que, a su vez, le hab&iacute;an denunciado ante las autoridades educativas por supuestos malos modos y faltas de respeto.</p> <p>La sentencia indica que la informaci&oacute;n publicada era veraz porque para elaborarla sus autores se apoyaron en los hechos recogidos por ella misma en la querella, en las declaraciones de los alumnos y en los datos que hab&iacute;a en las actuaciones judiciales, todas ellas fuentes indudablemente objetivas, fiables y perfectamente identificadas, a las que se hizo expresa menci&oacute;n a lo largo del reportaje, incluso con citas textuales entrecomilladas para dejar constancia que no era un texto elaborado por el periodista, sino la transmisi&oacute;n neutral de lo que reflejaban dichas fuentes.</p> <p>La informaci&oacute;n, a&ntilde;ade la Sala, est&aacute; referida a un asunto de inter&eacute;s general, suficiente y razonablemente contrastada acudiendo a fuentes objetivas y fiables como la propia querella y las actuaciones penales. Del mismo modo, rechaza el argumento relativo a que se hab&iacute;a lesionado la intimidad de la mujer al mencionar la noticia el hecho de que estuvo de baja por un estado de depresi&oacute;n y ansiedad.</p> <p>La sentencia explica que no se ha producido la citada intromisi&oacute;n debido a que fue la propia profesora la que se refiri&oacute; a esa situaci&oacute;n para fundamentar el delito de lesiones cuya comisi&oacute;n atribu&iacute;a a los alumnos querellados.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=73bb84245d997510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 06 Oct 2016 14:00:00 +0200 El TS confirma la condena de 44 años de prisión a un hombre por matar a una anciana y herir a otras dos con la rama de un limonero http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=5d44ed47cce87510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal ha confirmado la condena a 44 a&ntilde;os de prisi&oacute;n impuesta por la Audiencia Provincial de Murcia a un hombre por matar a una anciana y herir a otras dos con la rama de un limonero en una zona de huertos de la pedan&iacute;a de El Raal (Murcia) para robarles cinco euros.</p> <p>Seg&uacute;n los hechos probados, el condenado se aproxim&oacute; en silencio por la espalda a las tres ancianas, que caminaban por el Carril de los Cobos, y las golpe&oacute; con dicha palo, de unos ochenta cent&iacute;metros de largo y de tres o cuatro de grosor. A una de ellas le dio un golpe en la nunca que le hizo caer al suelo provoc&aacute;ndole un traumatismo craneoencef&aacute;lico y otras heridas graves que provocaron su muerte al d&iacute;a siguiente del ataque en el hospital.</p> <p>La sentencia comparte el criterio de la Audiencia Provincial de Murcia que consider&oacute; acertada la pena impuesta al acusado teniendo en cuenta la avanzada edad de las v&iacute;ctimas -nacidas 1932, 1947 y 1943- y, por tanto, personas especialmente indefensas y vulnerables; la impresionante desproporcionalidad y gravedad de la conducta que supone que, para apoderarse de cinco euros, emplee una violencia extrema que lleve al fallecimiento de una persona, casi al de otra y a causar lesiones a una tercera, dirigiendo siempre los golpes, sin excepci&oacute;n, hacia las respectivas cabezas de cada una de sus v&iacute;ctimas. Tambi&eacute;n valora el inmenso desprecio que siente el acusado que sigui&oacute; golpe&aacute;ndolas con fuerza pese a que &eacute;stas le dec&iacute;an "no nos mates", as&iacute; como su frialdad demostrada en la forma en que lleva a cabo el ataque.</p> <p>La sentencia del Tribunal Supremo, de la que ha sido ponente el magistrado Juan Ram&oacute;n Berdugo G&oacute;mez de la Torre, considera que hubo alevos&iacute;a en la conducta del condenado en toda la secuencia agresiva: "Se produjo un ataque por la espalda a las v&iacute;ctimas, de 80, 71 y 65 a&ntilde;os respectivamente, por un hombre de 32 a&ntilde;os golpe&aacute;ndolas en la parte posterior de la cabeza -zona occipital- con un objeto contundente. Por ello tanto por la din&aacute;mica del ataque, sorpresivo inicialmente por la espalda, como por el objeto empleado y diferencia de edad entre las v&iacute;ctimas y el agresor, que concurren circunstancias reveladoras de que nos hallamos ante algo m&aacute;s que un mero abuso de superioridad. El ataque alevoso se sit&uacute;a inicialmente en una alevos&iacute;a sorpresiva y se termina mediante la alevos&iacute;a de prevalimiento o desvalimiento".</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=5d44ed47cce87510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 04 Oct 2016 13:58:00 +0200 El Supremo se pronuncia sobre la reclamación de alimentos con efectos retroactivos cuando se reconoce judicialmente la filiación paterna http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=534f02e14da87510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en dos sentencias de las que han sido ponentes los magistrados Jos&eacute; Antonio Seijas Quintana y Fernando Pantale&oacute;n Prieto, ha resuelto dos recursos en los se planteaba el problema jur&iacute;dico relativo a si, determinada judicialmente la filiaci&oacute;n paterna de una persona, pueden reclamarse del padre alimentos con efectos retroactivos.</p> <p>Se adjunta nota informativa de la Sala.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=534f02e14da87510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 03 Oct 2016 16:00:00 +0200 El Tribunal Supremo confirma la condena a una revista del corazón a indemnizar a Penélope Cruz por vulnerar su derecho a la propia imagen http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=1e0f13dd03a87510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a una revista del coraz&oacute;n a pagar 15.000 euros a la actriz Pen&eacute;lope Cruz por vulnerar su derecho a la intimidad personal y a la propia imagen al publicar, sin su consentimiento y en la terraza de un recinto privado, unas fotograf&iacute;as suyas leyendo en una tumbona al lado de su pareja.</p> <p>La sentencia indica que lo relevante en este caso es que la actriz no dio permiso para que le hicieran las fotos ni para su posterior publicaci&oacute;n, el 15 de mayo de 2009, y que &ldquo;no es posible exigir un aislamiento espacial extraordinariamente gravoso de estas personas para poder disfrutar de la privacidad a la que tambi&eacute;n tienen derecho ante el acoso de determinados medios de comunicaci&oacute;n&rdquo;.</p> <p>Para el Tribunal Supremo, la notoriedad p&uacute;blica de un personaje &ldquo;no le priva de mantener &aacute;mbitos reservados a su intimidad y de excluir del conocimiento p&uacute;blico lo que concierne a su vida privada, sin que su conducta en lo que trasciende al exterior elimine el derecho a la intimidad de su vida privada&rdquo;.</p> <p>La Sala Primera concluye que &ldquo;la afectaci&oacute;n del derecho a la propia imagen es relevante frente a la protecci&oacute;n del derecho a la libertad de informaci&oacute;n que no tiene en este caso otro objetivo que el de satisfacer la curiosidad humana para conocer la vida de otros, aunque se trate de personas con notoriedad p&uacute;blica, como es sin duda la demandante&rdquo;.</p> <p>De acuerdo con su jurisprudencia, declara que &ldquo;la intromisi&oacute;n ser&aacute; ileg&iacute;tima si la persona ha sido fotografiada en un lugar no p&uacute;blico o, tambi&eacute;n en un lugar p&uacute;blico pero rec&oacute;ndito, apartado, de dif&iacute;cil acceso, buscado por la persona afectada para preservar la intimidad o determinados aspectos de su imagen&rdquo;.</p> <p>En ese sentido, recalca que &ldquo;ni siquiera la notoriedad p&uacute;blica del personaje elimina el &aacute;mbito de protecci&oacute;n de sus derechos fundamentales&rdquo; (a la propia imagen, y tambi&eacute;n a la intimidad) en aquellos casos en los que buscan expresamente esa privacidad frente a una posible captaci&oacute;n y reproducci&oacute;n de su imagen&rdquo;.</p> <p><strong>Indemnizaci&oacute;n</strong></p> <p>La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Jos&eacute; Antonio Seijas Quintana, considera &ldquo;ponderada, l&oacute;gica y no arbitraria&rdquo; la indemnizaci&oacute;n de 15.000 euros que la editora de la revista &ndash;Heartst Magazines, SL.- tendr&aacute; que abonar en concepto de da&ntilde;os y perjuicios morales a la actriz, que en su demanda reclamaba 60.000 euros por la vulneraci&oacute;n del derecho a la propia imagen. Dicha cantidad se estableci&oacute; por el tribunal de instancia haciendo una estimaci&oacute;n de los beneficios netos obtenidos por la revista con el ejemplar en el que se publicaron las fotograf&iacute;as y que fueron superiores a los 32.150 euros declarados, seg&uacute;n la sentencia del Tribunal Supremo, que desestima el recurso de casaci&oacute;n de Heartst Magazines, S.L.</p> <p><br /> </p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=1e0f13dd03a87510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 03 Oct 2016 13:45:00 +0200 El Tribunal Supremo confirma la condena de 15 años de prisión a un monitor de un grupo parroquial de Xátiva http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=9dd0067b56987510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 15 a&ntilde;os de prisi&oacute;n impuesta por la Audiencia Provincial de Valencia a un monitor de un grupo parroquial de X&aacute;tiva por los delitos de abusos sexuales, corrupci&oacute;n de menores, quebrantamiento de medida cautelar y utilizaci&oacute;n de menores para la elaboraci&oacute;n de material pornogr&aacute;fico.</p> <p>La Sala rechaza el recurso de casaci&oacute;n interpuesto por el condenado y confirma el fallo de la sentencia recurrida.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=9dd0067b56987510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 03 Oct 2016 09:00:00 +0200 El TS reconoce el derecho de una abuela a visitar a dos nietas a quienes no veía tras denunciar a su yerno por supuestos abusos sexuales http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=4e2a6491a9a77510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de una abuela a visitar a sus dos nietas pese a la oposici&oacute;n de su hija y de su yerno, a quien hab&iacute;a denunciado por supuestos abusos sexuales a las menores.</p> <p>La abuela present&oacute; una demanda contra su hija en la que reclamaba que se le reconociera el derecho a visitar a sus nietos -dos ni&ntilde;as y un ni&ntilde;o-, a quienes dej&oacute; de ver tras la ruptura de las relaciones familiares debido a la denuncia que present&oacute; contra su yerno, y padre de las ni&ntilde;as, por abusar sexualmente de ellas; denuncia que fue archivada.</p> <p>El juzgado rechazo establecer un r&eacute;gimen de visitas debido al profundo enfrentamiento existente entre las partes, la rotunda oposici&oacute;n de los padres, la posibilidad de que la demandante siguiera creyendo que fueron ciertos los hechos que denunci&oacute; y que los ni&ntilde;os llevaban cuatro a&ntilde;os sin tener relaci&oacute;n con su abuela.</p> <p>La Audiencia Provincial de Valencia, en cambio, declar&oacute; que la abuela podr&iacute;a ver a sus nietos -no s&oacute;lo a las dos ni&ntilde;as, tambi&eacute;n al ni&ntilde;o- los primeros s&aacute;bados de cada mes, durante dos horas, en el Punto de Encuentro Familiar, acordando que se realizara un informe sobre la conveniencia de continuar con las visitas seis meses despu&eacute;s del comienzo de la mismas. La sentencia recurrida entendi&oacute;, en base al informe del equipo psicosocial- que los encuentros eran beneficiosos por la existencia de un v&iacute;nculo emocional entre ellos, la inexistencia en la abuela de s&iacute;ntomas psicopatol&oacute;gicos que puedan repercutir de forma negativa en la relaci&oacute;n con los menores, y que su actuaci&oacute;n al denunciar fue la indicada, aunque la causa penal abierta acabara archiv&aacute;ndose.</p> <p>En el recurso contra dicha sentencia, los padres -la hija y el yerno de la mujer- alegaban que el origen del conflicto no obedeci&oacute; a meras desavenencias familiares por motivos ordinarios, sino a la denuncia que present&oacute; la abuela que dio lugar a un procedimiento penal, que se archiv&oacute; ante la falta de evidencia sobre los hechos denunciados, en el que se someti&oacute; a ex&aacute;menes psicol&oacute;gicos y f&iacute;sicos tanto a los padres como a los hijos, se solicitaron informes al colegio de los ni&ntilde;os y se exterioriz&oacute; a todos los &aacute;mbitos una sospecha de la abuela que se convirti&oacute; en &ldquo;la peor de las pesadilla para la totalidad de la unidad familiar&rdquo;.</p> <p><strong>Inter&eacute;s del menor</strong></p> <p>La Sala de lo Civil, de la que ha sido ponente el magistrado Antonio Salas Carceller, considera que dif&iacute;cilmente puede sostenerse -como mantiene el recurso- que la soluci&oacute;n adoptada por la Audiencia Provincial de Valencia al permitir los encuentros vaya contra los intereses de los menores.</p> <p>La sentencia indica que el informe psicosocial -firmado por una psic&oacute;loga y una trabajadora social que examinaron a cada uno de los interesados- consider&oacute; beneficioso para los ni&ntilde;os el establecimiento de un r&eacute;gimen de visitas con la abuela, con ciertas prevenciones, dada la existencia de v&iacute;nculo emocional nietas-abuela y la a&ntilde;oranza de interacci&oacute;n mutua.</p> <p>A&ntilde;ade que el C&oacute;digo Civil -art&iacute;culo 160.2- permite denegar las relaciones del nieto con sus abuelos cuando concurra justa causa, que no define y que debe examinarse en cada uno de los casos que se deban enjuiciar.</p> <p>Para el Tribunal Supremo, en este caso no puede impedirse que se vean pues &ldquo;en forma alguna cabe entender que la reanudaci&oacute;n de una m&iacute;nima relaci&oacute;n entre abuela y nietos -dos horas al mes en el punto de encuentro- pueda estimarse en principio perjudicial para los menores, sino m&aacute;s bien lo contrario seg&uacute;n el informe t&eacute;cnico a que se ha hecho referencia, sin perjuicio del necesario control sobre la evoluci&oacute;n de la nueva situaci&oacute;n creada&rdquo;.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=4e2a6491a9a77510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 30 Sep 2016 13:18:00 +0200 El TS confirma la condena a cuatro policías de Palma que agredieron a un detenido esposado http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=4694aab316b67510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado las condenas a cuatro polic&iacute;as locales de Palma por agredir a un detenido en las dependencias de la Jefatura de Polic&iacute;a.</p> <p>La sentencia admite parcialmente el recurso de casaci&oacute;n de A.G.M. y s&oacute;lo reduce a un a&ntilde;o y tres meses de prisi&oacute;n (en lugar de un a&ntilde;o y seis meses) la pena que se le impuso por un delito contra la integridad moral no grave en su modalidad activa por un error de la Audiencia Provincial de Palma que sobrepas&oacute; el m&aacute;ximo imponible en su sentencia -se mantienen los tres de inhabilitaci&oacute;n y sustituye la condena por la falta de lesiones por otra de maltrato de obra-, aunque la modificaci&oacute;n no afecta a los 60 euros de multa.</p> <p>La sentencia desestima los recursos interpuestos por los otros tres polic&iacute;as que fueron condenados por la Audiencia Provincial de Palma por el mismo delito pero en su modalidad pasiva a un a&ntilde;o de prisi&oacute;n cada uno y a tres a&ntilde;os de inhabilitaci&oacute;n &ndash;C.V.P.- y a dos a&ntilde;os &ndash;S.L.G.F. y J.M.G.</p> <p>Los hechos probados de la sentencia recurrida refieren que A.G.M, oficial de la Polic&iacute;a Local, aprovechando que el detenido no pod&iacute;a defenderse, con &aacute;nimo de atentar contra su integridad f&iacute;sica y moral y en respuesta a los insultos y amenazas del mismo, que se quejaba del dolor que le hac&iacute;an los grilletes, al pasar por delante empez&oacute; a golpearle la cabeza. La agresi&oacute;n fue presenciada con absoluta pasividad y complacencia por los acusados C.V.P, oficial, y los polic&iacute;as S.L.G.F. y J.M.G., que respaldaron la acci&oacute;n de su superior al no impedirla ni recriminarle que parase la situaci&oacute;n. C.V.P, adem&aacute;s de permitir las agresiones, seg&uacute;n el relato de hechos, se dirigi&oacute; a la c&aacute;mara de vigilancia instalada en el techo de la sala de detenidos, y que grababa lo sucedido, la gir&oacute; para evitar que registrase lo que ocurr&iacute;a, enfoc&aacute;ndola unos instantes hacia una ventana en la que se reflejaba lo que estaba ocurriendo hasta que la agresi&oacute;n termin&oacute; coloc&aacute;ndola en su sitio.</p> <p><strong>Recurso de A.G.M.</strong></p> <p>Para el Tribunal Supremo, el hecho de que se trate de un mando del cuerpo policial y que sea el agente agresor, lo que merece una valoraci&oacute;n m&aacute;s grave que la de los otros intervinientes, invita a acudir a ese nivel m&aacute;ximo dentro de la mitad inferior del marco total de la pena.</p> <p>"Los golpes en la forma en que se efect&uacute;an revelan una dominaci&oacute;n que emerge de la situaci&oacute;n del golpeado -ebrio, atado-, y encierran una clara connotaci&oacute;n despectiva y vejatoria que degrada a la v&iacute;ctima, que se ve tratada como desecho", y a&ntilde;ade que no se trata de una agresi&oacute;n sin m&aacute;s, sino que "es una agresi&oacute;n que cosifica a la v&iacute;ctima", subraya la sentencia. Asimismo, considera que "dos patadas, un manotazo y otros golpes menores sin m&aacute;s no constituyen per se un atentado a la integridad moral". Pero afirma que en el marco en que se producen esos hechos "s&iacute; que encierran ese contenido afectante no solo a la integridad f&iacute;sica, sino tambi&eacute;n a la integridad moral, incidiendo en el propio sentimiento de auto-estima: quien es agredido se siente tratado como un objeto inerte".</p> <p>La sentencia rechaza que en la condena haya influido un estado de opini&oacute;n proclive a un castigo severo como consecuencia de la difusi&oacute;n del v&iacute;deo con la agresi&oacute;n: "Si esa difusi&oacute;n suscit&oacute; rechazo y repugnancia en la opini&oacute;n p&uacute;blica es porque los hechos despiertan igual rechazo de la ley, del ordenamiento penal". Tambi&eacute;n sostiene que el abuso de autoridad por parte del condenado es patente y solo desde su condici&oacute;n de polic&iacute;a es concebible un episodio como el que motiva la condena.</p> <p>Sobre la falta de respeto del detenido a los agentes, se&ntilde;ala que "no puede ser atajada por el polic&iacute;a de forma tan contundente y desproporcionada como ilegal y delictiva".</p> <p><strong>"Pasividad" de los otros tres polic&iacute;as</strong></p> <p>La Sala Segunda se&ntilde;ala que &ldquo;la agresi&oacute;n no prosigui&oacute; por parte de su protagonista que consider&oacute; suficiente el escarmiento y desahogo, no porque tropezase con adem&aacute;n alguno de reproche o impedimento por parte de alguno de los presentes. No puede entenderse que esa pasividad era solo reflejo de su obligaci&oacute;n de permanecer inm&oacute;vil custodiando al detenido:&iquest;qu&eacute; tipo de custodia es esa que obliga a no inmutarse ante anomal&iacute;as de ese tenor?&rdquo;.</p> <p>La sentencia hace hincapi&eacute; en la pasividad y actitud de complacencia de C.V.P. que no reaccion&oacute; ante una agresi&oacute;n que presenci&oacute; imperturbable y afirma que "su t&aacute;cita connivencia queda corroborada sin margen alguno de duda por su acci&oacute;n de apartar la c&aacute;mara para evitar que se perpetuase la escena que contemplaba mediante su grabaci&oacute;n. &iexcl;Tuvo capacidad y tiempo para hacer eso, pero no de abortar la agresi&oacute;n!".</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=4694aab316b67510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 27 Sep 2016 15:50:00 +0200 El Tribunal Supremo condena a una revista por un reportaje sobre la enfermedad de una expresentadora que había dejado de ser famosa http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=f83eaab316b67510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Civil dell Tribunal Supremo ha confirmado la condena a Lecturas por publicar un reportaje fotogr&aacute;fico sobre el estado de salud de una expresentadora de televisi&oacute;n cuando hab&iacute;a dejado de ser famosa y despu&eacute;s de expresar su decisi&oacute;n de no aparecer en los medios de comunicaci&oacute;n.</p> <p>La editora de la revista tendr&aacute; que pagar una indemnizaci&oacute;n de 200.000 euros a la presentadora al difundir, ocho a&ntilde;os despu&eacute;s de su &uacute;ltima aparici&oacute;n p&uacute;blica, fotograf&iacute;as en las que aparece en silla de ruedas a causa de una enfermedad degenerativa junto a otras im&aacute;genes de su etapa al frente del programa de aerobic que se emit&iacute;a en la televisi&oacute;n en los a&ntilde;os 80.</p> <p>La sentencia rechaza el recurso de casaci&oacute;n interpuesto por RBA Revistas S.L. contra el fallo de la Audiencia Provincial de Madrid que conden&oacute; a la editora por vulnerar el derecho a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen de la expresentadora tras la publicaci&oacute;n en dos fechas distintas -6 de junio y 26 de diciembre de 2012- de noticias y fotograf&iacute;as sobre su vida privada.</p> <p>Para el Tribunal Supremo, la informaci&oacute;n facilitada por Lecturas &ldquo;carec&iacute;a de inter&eacute;s p&uacute;blico al referirse a una persona que hab&iacute;a dejado de ser famosa, que no aparec&iacute;a en los medios de comunicaci&oacute;n, que no participaba desde hac&iacute;a ocho a&ntilde;os en el circuito rosa, y que en su &uacute;ltima aparici&oacute;n en 2004 hab&iacute;a manifestado expresamente que no volver&iacute;a a conceder entrevistas&rdquo;.</p> <p>Al mismo tiempo, la sentencia, con ponencia del magistrado Francisco Javier Arroyo Fiestas, indica que la finalidad del reportaje era &ldquo;mostrar el estado de deterioro actual de D&ordf; Eva&rdquo; y rechaza, en contra de lo que sostiene la condenada, que ofreciera informaci&oacute;n de su hijo, cuyas declaraciones aparecen de &ldquo;soslayo&rdquo;.</p> <p>De acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Sala Primera concluye que la informaci&oacute;n se public&oacute; &ldquo;con devaluaci&oacute;n del concepto que se pudiera tener de D&ordf; Eva, sin consentimiento de la misma, cuando ya no era personaje p&uacute;blico y careciendo de inter&eacute;s p&uacute;blico o noticiable, por lo que la ponderaci&oacute;n de los derechos en conflicto se efectu&oacute; con toda razonabilidad al entender notoriamente afectado el derecho a la intimidad por la informaci&oacute;n publicada sin causa leg&iacute;tima que lo justifique&rdquo;.</p> <p>La presentadora hab&iacute;a solicitado en su demanda 400.000 euros de indemnizaci&oacute;n por los dos reportajes, pero la sentencia de instancia, confirmada despu&eacute;s por la Audiencia Provincial de Madrid, la fij&oacute; en 200.000 euros. Una cantidad que para la Sala de lo Civil se ha fijado siguiendo los par&aacute;metros de la proporcionalidad, sin arbitrariedad alguna, con base probatoria suficiente y con determinaci&oacute;n del nexo de causalidad que acredita el empeoramiento de su estado de salud como consecuencia de las publicaciones de la revista cuando comenzaba a mejorar en su evoluci&oacute;n.</p> <p>La sentencia a&ntilde;ade que la editora de la revista persisti&oacute; y volvi&oacute; a recoger un nuevo reportaje sobre la expresentadora meses m&aacute;s tarde, que no a&ntilde;ad&iacute;a informaci&oacute;n pero que s&iacute; incrementaba el da&ntilde;o padecido, pese a que fue requerida para que dejase de publicar noticias sobre la presentadora, aport&aacute;ndole el informe m&eacute;dico que acreditaba las descompensaciones ps&iacute;quicas que le causaban las noticias publicadas sobre ella.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=f83eaab316b67510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 27 Sep 2016 13:40:00 +0200 El Tribunal Supremo fija doctrina sobre la devolución del dinero anticipado para la compra de vivienda por causas urbanísticas http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=28a53c2b3d567510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La sentencia de la Sala I del Tribunal Supremo ha fijado como doctrina que &ldquo;las garant&iacute;as legales de las cantidades anticipadas para adquisici&oacute;n de viviendas que regula la ley 57/1968 y disposici&oacute;n adicional de la LOE se extienden a aquellos supuestos en que el contrato de compra-venta no llega a buen fin, por declararse nulo por vicio invalidante del consentimiento al haber ocultado el promotor-vendedor al comprador la existencia de vicios de la edificaci&oacute;n de naturaleza urban&iacute;stico&rdquo;.</p> <p>Asimismo, indica que la existencia de ilegalidades urban&iacute;sticas no puede considerarse como algo que escapa del &aacute;mbito de la Ley 57/1968, &ldquo;pues se encuentra estrechamente relacionada con la obligaci&oacute;n del promotor-vendedor de iniciar y entregar la vivienda, cumpliendo las condiciones f&iacute;sicas y jur&iacute;dicas para ser habitada sin miedos de futuro y sin frustraci&oacute;n de expectativas, en lo que constituye el objeto del contrato&rdquo;.</p> <p>La empresa Monteye Properties &amp; Loan -compradora- present&oacute; una demanda contra Marina Isla Valdeca&ntilde;as, S.A. -vendedora- y su aseguradora en la que solicitaba la nulidad del contrato de compraventa de vivienda, por vicio de consentimiento, alegando que el d&iacute;a de su firma no se le inform&oacute; de la existencia de un litigio que afectaba al instrumento urban&iacute;stico sobre el que se asentaba el inmueble. En concreto, argumentaba que la vendedora le ocult&oacute; que hab&iacute;a un procedimiento judicial pendiente en el que se ped&iacute;a que se anulara el decreto de la Junta de Extremadura que daba cobertura legal urban&iacute;stica al complejo donde se ubicaba la citada vivienda.</p> <p>Un juzgado de Sevilla declar&oacute; la nulidad del contrato y conden&oacute; a la vendedora a devolver las cantidades anticipadas, 200.670,65 euros, y a pagar 52.143,55 euros reclamados por da&ntilde;os y perjuicios, pero rechaz&oacute; la responsabilidad de la aseguradora al entender que como en este caso exist&iacute;a licencia de primera ocupaci&oacute;n se cancelaban las garant&iacute;as otorgadas por la aseguradora o avalista, seg&uacute;n el art&iacute;culo 4 de la Ley 57/1968. Dicho art&iacute;culo dice que &ldquo;expedida la c&eacute;dula de habitabilidad por la Delegaci&oacute;n Provincial del Ministerio de la Vivienda y acreditada por el promotor la entrega de la vivienda al comprador, se cancelar&aacute;n las garant&iacute;as otorgadas por la Entidad aseguradora o avalista&rdquo;.</p> <p>La Audiencia Provincial de Sevilla confirm&oacute; dicho fallo, razonando que la circunstancia de este caso no est&aacute; prevista en la ley 57/1968, que s&oacute;lo cubrir&iacute;a que no se iniciase o terminase la construcci&oacute;n, el retraso en la entrega o la falta de licencia de primera ocupaci&oacute;n.</p> <p><br />La sentencia del Tribunal Supremo, de la que ha sido ponente el magistrado Eduardo Baena Ruiz, estima el recurso de casaci&oacute;n interpuesto por la empresa Monteye Properties &amp; Loan y condena a la compa&ntilde;&iacute;a aseguradora, alej&aacute;ndose del fallo de la Audiencia Provincial de Sevilla y del juzgado, que la absolvieron al apreciar s&oacute;lo la responsabilidad del promotor-vendedor.</p> <p><strong>Jurisprudencia contradictoria Audiencias Provinciales</strong></p> <p>La cuesti&oacute;n que se plantea en este caso es hasta d&oacute;nde alcanza el riesgo cubierto por la garant&iacute;a que establece la ley 57/1968 sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcci&oacute;n y venta de viviendas, en los casos en los que se anule el contrato de compraventa, por causa no imputable al comprador.</p> <p>La sentencia indica que hay Audiencias Provinciales que consideran que la garant&iacute;a establecida en dicha ley s&oacute;lo cubre la falta de inicio o terminaci&oacute;n de la construcci&oacute;n de la vivienda y obtenci&oacute;n de las licencias administrativas accesorias para ser entregada y utilizada como tal. En sentido contrario, otro grupo de sentencias, citadas por la empresa recurrente, admiten otros supuestos de incumplimiento distintos a los anteriores: cuando se entrega la vivienda en condiciones distintas a las pactadas, con una carga hipotecaria superior al importe del precio pendiente de abono, cuando se entrega con un embargo a favor de una empresa constructora, cuando no hubo entrega efectiva por haber sido vendido a un tercero. Otro supuesto es el que equipara la falta de entrega f&iacute;sica de la vivienda a su falta de entrega jur&iacute;dica, a los efectos de la ley 57/68, cuando concurre un problema urban&iacute;stico, como en este caso, que conlleva la demolici&oacute;n de las viviendas.</p> <p><strong>Decisi&oacute;n de la Sala</strong></p> <p>Para el Tribunal Supremo, &ldquo;la obligaci&oacute;n de entrega por parte del vendedor presenta un doble aspecto: f&iacute;sico o material, consistente en la puesta en posesi&oacute;n que en casos de inmuebles puede entenderse producida por el otorgamiento de la escritura p&uacute;blica; y otro jur&iacute;dico, que se refiere al cumplimiento de aquellas condiciones necesarias para que quede garantizada la posesi&oacute;n legal y pac&iacute;fica de la cosa a favor del comprador&rdquo;.</p> <p>La Sala Civil se&ntilde;ala que lo relevante para el comprador es que la entrega de la vivienda se produzca cuando el inmueble est&eacute; en condiciones de ser disfrutado seg&uacute;n su destino. Del mismo modo, a&ntilde;ade que la obligaci&oacute;n del vendedor de entregar la vivienda supone &ldquo;la entrega de aquella en condiciones de poder ser habitada sin impedimento legal alguno, haciendo posible su ocupaci&oacute;n de un modo definitivo y sin obst&aacute;culos o impedimentos administrativos o urban&iacute;sticos&rdquo;.</p> <p>En consecuencia, concluye la sentencia, &ldquo;el vendedor responde no s&oacute;lo de la entrega de la vivienda, sino tambi&eacute;n de efectuarla con utilidad para su destino propio, o lo que es lo mismo, con la condici&oacute;n de habitabilidad&rdquo;.</p> <p>La sentencia parte del hecho de que a pesar de haberse expedido la licencia de ocupaci&oacute;n, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura hab&iacute;a ordenado la reposici&oacute;n de los terrenos a su estado anterior por lo que exist&iacute;a un &ldquo;peligro cierto y grave&rdquo; de demolici&oacute;n sobre la vivienda, basado en esa resoluci&oacute;n judicial firme, que no se pod&iacute;a esquivar con la modificaci&oacute;n del Plan General Municipal como consecuencia del PIR anulado.</p> <p>&ldquo;Tan esencial es el error provocado por la ocultaci&oacute;n que hizo el promotor-vendedor al comprador de la ilegalidad urban&iacute;stica, que ha dado lugar a la anulabilidad del contrato por vicio en el consentimiento, con lo que es evidente que el contrato no ha llegado a buen fin, pues era factible la entrega f&iacute;sica de la vivienda al encontrarse terminada, pero adolec&iacute;a de condiciones jur&iacute;dicas que garantizasen el uso pac&iacute;fico de futuro, sin miedos ni sobresaltos por ilegalidades urban&iacute;sticas&rdquo;.</p> <p><strong>Condena a la aseguradora</strong></p> <p>En relaci&oacute;n con la condena a la aseguradora, la Sala Primera afirma que si hubiese cumplido con sus obligaciones, entre la que se encuentra la de entrega de una vivienda h&aacute;bil para su destino por estar cubierta con la normativa urban&iacute;stica, &ldquo;habr&iacute;a podido detectar, al ser profesionales del ramo, las dificultades urban&iacute;sticas que ya exist&iacute;an cuando concert&oacute; el seguro&rdquo;.</p> <p>Por esa falta de &ldquo;diligencia&rdquo;, condena a ASEFA S.A. SEGUROS Y REASEGUROS a devolver a la compradora las cantidades entregadas a cuenta del precio de la vivienda m&aacute;s los intereses recogidos en la demanda.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=28a53c2b3d567510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 26 Sep 2016 13:50:00 +0200 El Tribunal Supremo anula la medida de localización permanente de deportistas para controles antidopaje http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=08cba791dd657510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala III del Tribunal Supremo ha ratificado la anulaci&oacute;n parcial de la Resoluci&oacute;n de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, de 4 de febrero de 2013, al considerar que el formulario de localizaci&oacute;n de deportistas que establece, dentro del Plan Individualizado de Controles Antidopaje, vulnera su derecho a la intimidad. El alto tribunal destaca que no est&aacute; en cuesti&oacute;n la represi&oacute;n del dopaje, sino el nivel de localizaci&oacute;n que la citada Resoluci&oacute;n del CSD exige a los deportistas, que no puede calificarse de &lsquo;localizaci&oacute;n habitual&rsquo; sino &lsquo;localizaci&oacute;n permanente&rsquo;, ya que alcanza a todos los d&iacute;as y horas del a&ntilde;o, lo que resulta desproporcionado.</p> <p>El Supremo rechaza el recurso de la Administraci&oacute;n General del Estado contra la sentencia de la Audiencia Nacional que estim&oacute; un recurso de la Asociaci&oacute;n de Ciclistas Profesionales, y anul&oacute; parcialmente el anexo II de la resoluci&oacute;n mencionada, que es donde se regula el formulario de localizaci&oacute;n. Anulaci&oacute;n que ahora se confirma.<br />Para el Supremo, &ldquo;se trata de una medida que somete al deportista a un control permanente durante todas las jornadas y horas del a&ntilde;o, excediendo as&iacute; de lo que pueda considerarse como "habitual o frecuente", y debe calificarse de medida desproporcionada y contraria al derecho a la intimidad, equiparable (&hellip;) a medidas de car&aacute;cter penal de localizaci&oacute;n permanente, sin que exista la comisi&oacute;n de un delito&rdquo;.</p> <p>La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado &Aacute;ngel Arozamena, recuerda que el art&iacute;culo 5.3 de la Ley Org&aacute;nica 7/2007, de 21 de noviembre, de lucha contra el dopaje en el deporte, prev&eacute; una localizaci&oacute;n habitual pero no permanente. Y el anexo II de la resoluci&oacute;n excede de esa previsi&oacute;n legal y de la reglamentaria que le da cobertura, siendo contrario al derecho a la intimidad protegido por el art&iacute;culo 18 de la Constituci&oacute;n.</p> <p>La sentencia se&ntilde;ala que una cosa es la represi&oacute;n del dopaje deportivo y otra el l&iacute;mite de lo tolerable para lograr ese objetivo de lo que se ha dado en denominar &ldquo;buen orden deportivo&rdquo;. &ldquo;La realizaci&oacute;n de los controles fuera de competici&oacute;n parece requerir contar con informaci&oacute;n sobre el paradero habitual de los deportistas; se impone por ello a estos &uacute;ltimos la obligaci&oacute;n de declararlo&rdquo;, se&ntilde;alan los magistrados, que advierten a continuaci&oacute;n: &ldquo;Ahora bien, si no todo vale para competir &ndash;y de eso no cabe duda- tampoco vale todo para controlar&rdquo;.</p> <p>Y en este caso, el anexo II del formulario de localizaci&oacute;n impone obligaciones que no est&aacute;n previstas en la Ley ni en el Real Decreto 641/2009, concretamente:</p> <p>1) El lugar y el horario del trabajo y de los estudios del deportista. Se trata de datos no vinculados con la actividad deportiva del deportista y cuya exigencia no aparece en la normativa citada.</p> <p>2) La localizaci&oacute;n durante todos los d&iacute;as del trimestre, aunque las ausencias del deportista de su domicilio habitual o de su lugar habitual de entrenamiento sea inferior a tres d&iacute;as. La normativa prev&eacute; que &uacute;nicamente se informen las ausencias del domicilio habitual superiores a tres d&iacute;as, no cada d&iacute;a como se puede ver en el ejemplo que incorpora el formulario.<br />3) La localizaci&oacute;n ocasional.</p> <p>&ldquo;La manera en la que la Administraci&oacute;n est&aacute; ejecutando esta normativa es que a los deportistas incluidos en el Plan Individualizado de Controles se les est&aacute; exigiendo que est&eacute;n permanentemente localizados, al informarles que la obligaci&oacute;n es: "la localizaci&oacute;n debe poder ser realizada en cualquier momento del d&iacute;a para controles en competici&oacute;n y entre las 06,00 horas y las 23,00 horas, con 60 minutos de disponibilidad total para los controles fuera de competici&oacute;n, en ambos casos durante todos los d&iacute;as del a&ntilde;o". Dicha localizaci&oacute;n excede de lo que es localizaci&oacute;n habitual y/u ocasional y se convierte en localizaci&oacute;n permanente, reitera la sentencia.</p> <p>&ldquo;El deportista podr&aacute; elegir el lugar y la hora de cada d&iacute;a, pero una vez que ha realizado esa elecci&oacute;n, deber&aacute; permanecer en ese lugar durante toda la hora por si la Administraci&oacute;n decidiera hacer un control de dopaje. Se transforma una obligaci&oacute;n formal en una material: ya no se trata de indicar el domicilio habitual y los cambios que se produzcan en el mismo. Se va m&aacute;s all&aacute; y se impone la obligaci&oacute;n de presencia en un lugar y una hora durante los 365 d&iacute;as de un a&ntilde;o por si el &oacute;rgano de control decide someter a un control a un deportista&rdquo;, reza la sentencia.</p> <p>A juicio del Supremo, se pretende as&iacute; que &ldquo;todos los deportistas incluidos en el Plan Individualizado de Controles est&eacute;n a su entera disposici&oacute;n, al menos durante una hora al d&iacute;a, ante la posibilidad de poder realizar controles de dopaje&rdquo;.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=08cba791dd657510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 23 Sep 2016 13:50:00 +0200 El Tribunal Supremo fija que un despido es colectivo si supera el umbral legal en un único centro con más de 20 trabajadores http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=fca03cea15257510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha acordado, por unanimidad, en el recurso de Casaci&oacute;n 36/2016 y de conformidad con la Directiva 98/59 aplicada por el Tribunal de Justicia de la Uni&oacute;n Europea en su sentencia de 13/5/2015, asunto &ldquo;Rabal Ca&ntilde;as&rdquo;, que debe calificarse como despido colectivo, y respetar por consiguiente el r&eacute;gimen legal aplicable en esta materia, tanto las situaciones en las que las extinciones de contratos computables superen los umbrales del art. 51.1&ordm; Estatuto de los Trabajadores, tomando la totalidad de la empresa como unidad de referencia, como aquellas otras en las que se excedan esos mismos umbrales en los casos en que afecten a un &uacute;nico centro de trabajo siempre que en el mismo presten servicios m&aacute;s de 20 trabajadores.</p> <p>La Sala ha desestimado el recurso planteado por la empresa Zardoya Otis S.A. contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Pa&iacute;s Vasco, de 21 de mayo de 2015, que declar&oacute; la nulidad del despido de 12 trabajadores llevado a cabo en febrero de 2014 en el centro de trabajo de Mungia (Vizcaya), donde trabajaban 77 personas. En el total de la empresa, hab&iacute;a m&aacute;s de 3.000 empleados.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=fca03cea15257510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Fri, 23 Sep 2016 09:00:00 +0200 El Tribunal Supremo inadmite los recursos en el caso del niño acogido en Sueca (Valencia) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=04fdf83849c47510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, reunida en Pleno, ha decidido no admitir a tr&aacute;mite los recursos extraordinario por infracci&oacute;n procesal y de casaci&oacute;n interpuestos por el Ministerio Fiscal, por la Consejer&iacute;a de Servicios y Derechos Sociales del Principado de Asturias y por Alberto Bordes Folgado y Noelia Asunci&oacute;n Estornell, en relaci&oacute;n a un caso de necesidad de asentimiento en la adopci&oacute;n.</p> <p>El auto, que se dar&aacute; a conocer una vez redactado, no se pronuncia sobre el fondo del asunto, ya que el Tribunal Supremo reitera su constante jurisprudencia de que contra las resoluciones sobre esta materia no caben recursos extraordinarios ante el Tribunal Supremo, de modo que la &uacute;ltima palabra corresponde a las Audiencias Provinciales.</p> <p>En este caso, la Audiencia Provincial de Asturias estim&oacute; un recurso de apelaci&oacute;n de la madre biol&oacute;gica del menor y consider&oacute; que no se encontraba incursa en ninguna causa de privaci&oacute;n de patria potestad, siendo necesario su asentimiento en la adopci&oacute;n de su hijo.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=04fdf83849c47510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Wed, 21 Sep 2016 14:00:00 +0200 El Tribunal Supremo anula tres actuaciones de la revisión del PGOU de Madrid de 2013 y salva el resto http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=caf49a12cb747510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala III del Tribunal Supremo ha avalado la mayor parte del acuerdo de 1 de agosto de 2013 del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que aprob&oacute; definitivamente la revisi&oacute;n parcial del PGOU de Madrid de 1985 y Modificaci&oacute;n de 1997, que hab&iacute;an sido afectados por sentencias anteriores tanto del Supremo como del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El Supremo comparte con este &uacute;ltimo tribunal que el acuerdo de 1 de agosto de 2013 no se hizo con &aacute;nimo defraudatorio.</p> <p>Las sentencias del Tribunal Supremo suponen dar la conformidad a las actuaciones urban&iacute;sticas realizadas en virtud de dicho acuerdo salvo tres de ellas, que se anulan por haberse realizado despu&eacute;s de la sentencia del propio Supremo de 28 de septiembre de 2012 referida al caso, que anul&oacute; planes parciales aprobados por el Ayuntamiento y el Consejo de Gobierno en 2008 y 2009.</p> <p>En concreto, las actuaciones que son anuladas son la licencia de obras de nueva planta, de 6 de noviembre de 2012, para la ejecuci&oacute;n de vivienda colectiva libre a Residencial Adhara, para la ejecuci&oacute;n de obras de edificaci&oacute;n en la parcela 168 A del Proyecto de Reparcelaci&oacute;n, en el &aacute;mbito &ldquo;ciudad aeroportuaria Parque de Valdebebas", y otros dos acuerdos referidos al &aacute;mbito &ldquo;La Dehesa&rdquo;.</p> <p>El Supremo anula en su sentencia la disposici&oacute;n transitoria del acuerdo de 1 de agosto de 2013 que pretend&iacute;a dar efectos retroactivos al mismo, pero, al mismo tiempo, establece que los efectos anulatorios deben limitarse exclusivamente a las actuaciones urban&iacute;sticas realizadas tras la mencionada sentencia del alto tribunal de 28 de septiembre de 2012. Las actuaciones afectadas por la anulaci&oacute;n, por tanto, son s&oacute;lo las tres citadas por haber sido llevadas a cabo despu&eacute;s de esa fecha de 28 de septiembre de 2012.</p> <p><em><strong>Se adjunta nota informativa de la Sala.</strong></em></p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=caf49a12cb747510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 20 Sep 2016 16:00:00 +0200 El Supremo confirma la nulidad del ERE en el Parque Madrid Río (Madrid) por "esquirolaje interno" http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=e30df7896bd27510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>El Pleno de la Sala IV, de lo Social, del Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad del despido colectivo de trabajadores del Parque Madrid R&iacute;o que se gest&oacute; entre diciembre de 2014 y enero de 2015 por parte de la UTE Parques Singulares, adjudicataria del servicio de mantenimiento integral de dicho parque, por vulneraci&oacute;n del derecho fundamental a la huelga, ya que durante la misma convocada en Madrid R&iacute;o, y en el periodo de consultas del ERE, la empresa sustituy&oacute; a los huelguistas por trabajadores de otros centros.</p> <p>El Supremo confirma la sentencia dictada el 29 de junio de 2015 por el TSJ de Madrid, que estim&oacute; las demandas de varios sindicatos contra la UTE Parques Singulares, declar&oacute; la nulidad del ERE y reconoci&oacute; el derecho de los trabajadores afectados a la reincorporaci&oacute;n a su puesto de trabajo.</p> <p>El Supremo, en su sentencia, resalta que &ldquo;consta en hechos probados que la recurrente, durante el desarrollo de la huelga (que se produjo coet&aacute;neamente al desarrollo del proceso de negociaci&oacute;n y consultas), destin&oacute; a trabajadores que pertenec&iacute;an a otros centros de trabajo a algunas zonas cuya limpieza depend&iacute;a del centro de trabajo en el que se desarrollaba la huelga, desencadenando una situaci&oacute;n de esquirolaje interno que convirti&oacute; en abusivo el ejercicio del poder de direcci&oacute;n empresarial puesto que tal conducta debe considerarse lesiva del derecho de huelga, habida cuenta del simult&aacute;neo desarrollo de un proceso negocial cuya finalidad era, por ministerio de la ley, la b&uacute;squeda de soluciones tendentes a reducir o paliar los efectos del despido colectivo&rdquo;.</p> <p>&ldquo;Adem&aacute;s &ndash;a&ntilde;aden los magistrados-- la entidad demandada no ha pretendido introducir en la relaci&oacute;n f&aacute;ctica ni ha razonado en ning&uacute;n momento que el proceder de la empresa tuviese una justificaci&oacute;n objetiva y razonable&rdquo;.</p> <p>&ldquo;Se impone, por tanto, la desestimaci&oacute;n del motivo, lo que exige, como consecuencia necesaria, la confirmaci&oacute;n de la declaraci&oacute;n de nulidad del despido colectivo por vulneraci&oacute;n del derecho fundamental a la huelga&rdquo;, lo que conlleva la no necesidad de examinar el resto de los motivos del recurso de la empresa.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=e30df7896bd27510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Thu, 15 Sep 2016 14:20:00 +0200 El TS condena a ocho años y medio de inhabilitación por prevaricación a un exconcejal de Alicante por una adjudicación de los telecentros municipales http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=8687cff4bf227510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala de lo Penal condena a ocho a&ntilde;os y seis meses de inhabilitaci&oacute;n especial para todo empleo p&uacute;blico al exconcejal de Modernizaci&oacute;n de Estructuras Municipales del Ayuntamiento de Alicante, Francisco Tom&aacute;s S&aacute;nchez Luna, del PP, por un delito continuado de prevaricaci&oacute;n y le absuelve de los delitos de falsedad en documento mercantil y cohecho por lo que anula la pena de dos a&ntilde;os y nueve meses de prisi&oacute;n que le impuso la Audiencia Provincial de Alicante. La misma condena se impone al asesor del exconcejal, Santiago Colomo.</p> <p>La sentencia condena a siete meses de prisi&oacute;n y cuatro a&ntilde;os y seis meses de inhabilitaci&oacute;n por falsedad y prevaricaci&oacute;n a Juan Carlos Eslava, pero le absuelve del delito de cohecho como a Juan Antonio Egea.</p> <p>Los hechos probados de la sentencia recurrida se&ntilde;alan que S&aacute;nchez Luna, junto a su asesor Santiago Colomo, encargaron la adjudicaci&oacute;n de la imagen y carteler&iacute;a de la Red de Telecentros municipales &ndash;proyecto para acercar al ciudadano al uso de nuevas tecnolog&iacute;as y a internet- a Informaci&oacute;n y Sistema de Datos S.L., una empresa de la que un hermano suyo era administrador y &eacute;l apoderado. Dos de los acusados &ndash;Juan Antonio Garc&iacute;a Egea y Juan Carlos Eslava- acordaron que otra entidad &ndash;R&oacute;tulos CTM- figurase oficialmente como contratista ante la Concejal&iacute;a para ocultar el nombre de la adjudicataria. Pese a tener constancia de que hab&iacute;a contratado oficialmente con dicha empresa y que se hab&iacute;an pagado ya dos facturas, el entonces concejal orden&oacute; a la Intervenci&oacute;n del Ayuntamiento , faltando conscientemente a la realidad que las tres &uacute;ltimas facturas no fueran abonadas porque R&oacute;tulos CTM no hab&iacute;a sido contratada por el Ayuntamiento.</p> <p><strong>Delito de prevaricaci&oacute;n</strong></p> <p>De acuerdo con esos hechos probados, la sentencia se&ntilde;ala que &ldquo;fluye con naturalidad un delito de prevaricaci&oacute;n: una injustificada orden de paralizaci&oacute;n de unos pagos debidos por razones espurias y particulares ajenas a los intereses p&uacute;blicos&rdquo;.</p> <p>Rechaza que fuese un incumplimiento parcial el que determin&oacute; el rechazo radical y no condicionado de facturas, sino los m&oacute;viles que califica de &ldquo;arbitrarios, tal y como habr&iacute;a de catalogarse tambi&eacute;n en congruencia la decisi&oacute;n administrativa que alumbran&rdquo;.</p> <p><strong>Delito de falsedad</strong></p> <p>La sentencia estima el motivo del recurso en el que el condenado argumenta que se lesion&oacute; su derecho a ser informado de la acusaci&oacute;n cuando el fiscal le acus&oacute; por un delito de falsedad en documento oficial y la Audiencia de Alicante le conden&oacute; por otro de falsedad en documento mercantil.</p> <p>La sentencia indica que &ldquo;no es dable que aprovechando que se est&aacute; acusando por falsedad realizada por funcionario o autoridad en un documento oficial, se condene por otra falsedad diferenciable realizada por particular y en documento mercantil de la que no se acus&oacute; espec&iacute;ficamente aunque aparezca en la calificaci&oacute;n o, al menos, de la que no hab&iacute;a razones para deducir que se acusaba de ella.</p> <p>Tras citar la doctrina del Tribunal Constitucional que proh&iacute;be condenar a nadie por cosa distinta de la que se le ha acusado, afirma que ese derecho impone que no puedan introducirse sorpresivamente valoraciones jur&iacute;dicas nuevas que la defensa no haya tenido ocasi&oacute;n de rebatir.</p> <p>Por ese motivo, considera que no hay base probatoria para concluir que la confecci&oacute;n de esas facturas se hizo con la colaboraci&oacute;n o acuerdo relevante del exconcejal, ni la sentencia recurrida describe en el factum una contribuci&oacute;n penalmente trascendente o una coautor&iacute;a, derivable de una decisi&oacute;n compartida previa sobre ello.</p> <p>Para el Tribunal Supremo, &ldquo;la indudable responsabilidad del concejal en el impago de las facturas y en la contrataci&oacute;n inicial no necesariamente permite deducir que la maniobra de la facturaci&oacute;n falsa se hiciese con su colaboraci&oacute;n, acuerdo o connivencia. El mero conocimiento, que es lo &uacute;nico que sienta, y de forma indirecta y no asertiva, el factum, dif&iacute;cilmente puede rellenar una coautor&iacute;a&rdquo;.</p> <p><strong>Delito de cohecho</strong></p> <p>La sentencia tambi&eacute;n absuelve a los condenados por este delito de cohecho con el argumento de que no hay &ldquo;prueba suficiente y concluyente de la percepci&oacute;n de una d&aacute;diva a cambio del acto injusto realizado&rdquo; y, por tanto, se vulnera el derecho a la presunci&oacute;n de inocencia.</p> <p>A&ntilde;ade que para los 2.500 euros de descuadre entre lo presupuestado y el total cobrado existen muchas otras explicaciones (un sobrevenido incremento del coste), al menos tan plausibles como la que asume la Audiencia Provincial de Alicante que deduce que esa cantidad es la correspondiente d&aacute;diva.</p> <p>En este sentido, la Sala Segunda entiende que es arm&oacute;nica con toda la prueba y con todos los hechos la hip&oacute;tesis de que la adjudicaci&oacute;n irregular obedeciese no a una promesa de comisi&oacute;n, sino a los v&iacute;nculos parentales entre el concejal y quien ten&iacute;a intereses en la entidad adjudicataria; o a los propios intereses del Concejal en esa empresa. &ldquo;La espec&iacute;fica gratificaci&oacute;n monetaria no es la &uacute;nica explicaci&oacute;n de esa decisi&oacute;n. Ni siquiera se antoja la explicaci&oacute;n m&aacute;s plausible, frente a la gen&eacute;rica de querer favorecer a una empresa a la que tuvo inter&eacute;s y en la que permanece su hermano&rdquo;, subraya la sentencia.</p> <p>Por esa raz&oacute;n, se&ntilde;ala que, al ser tan probable como lo contrario que esos 2.500 euros no fuesen un sobreprecio sino pago efectivo por trabajos, &ldquo;hay que concluir que la condena por delito de cohecho no se asienta sobre una prueba concluyente y por tanto vulnera el derecho a la presunci&oacute;n de inocencia&rdquo;.</p> <p>La sentencia explica que el dinero sale de la Administraci&oacute;n P&uacute;blica como pago de unos trabajos, pero no hay constancia alguna de que esos 2.500 euros se destinaran a retribuir a los funcionarios, habi&eacute;ndose aportado prueba documental que sugiere s&oacute;lidamente que fueron particulares los beneficiarios.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=8687cff4bf227510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 13 Sep 2016 14:25:00 +0200 El Supremo confirma la pena de dos años de cárcel a cinco exdirectivos de Novacaixagalicia por concederse prejubilaciones millonarias http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=7f94cff4bf227510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala II confirma la pena de dos a&ntilde;os de c&aacute;rcel para cinco exdirectivos de Novacaixagalicia por las indemnizaciones por prejubilaci&oacute;n y otros conceptos (por importe de 22 millones de euros) que se concedieron a s&iacute; mismos mediante la modificaci&oacute;n de sus contratos de alta direcci&oacute;n en el a&ntilde;o 2010, cuando estaba iniciado el proceso de fusi&oacute;n bancaria que dio lugar a dicha entidad y se hab&iacute;an reclamado 1.162 millones de euros al FROB para superar la situaci&oacute;n de inviabilidad de las dos cajas que iban a fusionarse (Caixa Nova y Caixa Galicia).</p> <p>Los condenados son Jos&eacute; Luis Pego Alonso, Gregorio Gorriar&aacute;n Laza y &Oacute;scar Rodr&iacute;guez Estrada (los tres para los que se prepararon las prejubilaciones millonarios, ante la previsi&oacute;n de que la entidad iba a prescindir de sus servicios de forma inminente) y Julio Fern&aacute;ndez Gayoso (expresidente de Caixa Nova) y el asesor jur&iacute;dico Ricardo Pradas Montilla, condenados a la misma pena como cooperadores necesarios del delito.</p> <p>El alto tribunal rechaza el argumento de las defensas de que la reforma del C&oacute;digo Penal introducida en la Ley Org&aacute;nica 1/2015, de 30 de marzo, imped&iacute;a su condena por apropiaci&oacute;n indebida. Contesta que sus conductas no han quedado despenalizadas, ya que no pueden interpretarse como el resultado de actos de deslealtad con el patrimonio administrado o fruto de decisiones equivocadas en el &aacute;mbito de la administraci&oacute;n que les incumb&iacute;a, sino que hicieron suyas las cantidades millonarias "a trav&eacute;s de un mecanismo expropiatorio que va mucho m&aacute;s all&aacute; de la adopci&oacute;n de actos err&oacute;neos en el ejercicio de su facultades de administraci&oacute;n". Es decir, ejecutaron "inequ&iacute;vocos actos apropiatorios con fines de lucro personal" y no "meros excesos o abusos" en el marco de sus competencias.</p> <p>Sobre la pena de dos a&ntilde;os de prisi&oacute;n impuesta, el Supremo la tacha de "desproporcionada" pero no por su exceso al alza como alegan las defensas, "sino claramente por su exig&uuml;idad desde la perspectiva de la gravedad de las conductas", aunque el alto tribunal destaca que no puede establecer nuevas penas que incrementen las establecidas por la Audiencia Nacional en la instancia, al no haber sido cuestionada al alza la sentencia en ese extremo, aparte de los l&iacute;mites que impone el principio acusatorio.</p> <p>La "llamativa lenidad" de las penas, para el Supremo, se deriva de que la suma de dinero apropiada super&oacute; de forma extraordinaria los 50.000 euros que el C&oacute;digo Penal fija como subtipo agravado del delito, ya que Pego mejor&oacute; su contrato en 7 millones de euros, Gorriar&aacute;n en 4 millones, y Rodr&iacute;guez Estrada en 225.400 euros. A ello hay que sumar que los dos primeros intervinieron en la administraci&oacute;n de Caixa Nova, que hab&iacute;a quedado en serias dificultades de viabilidad y pr&aacute;ctica insolvencia, de modo que para hacer viable la fusi&oacute;n bancaria en la que se incluy&oacute; el FROB tuvo que aportar m&aacute;s de 9.000 millones de euros del erario p&uacute;blico.</p> <p><strong>Anulaci&oacute;n y nuevo c&aacute;lculo de la responsabilidad civil</strong></p> <p>El Supremo s&iacute; estima el recurso de los acusados (apoyados en este punto por la Fiscal&iacute;a) en relaci&oacute;n a la cuant&iacute;a de las indemnizaciones por responsabilidad civil establecidas en la sentencia de la Audiencia Nacional, debido al "llamativo error" cometido por dicho tribunal al calcularlas. Se&ntilde;ala el alto tribunal que la Audiencia sum&oacute; las cuant&iacute;as indemnizaciones que hab&iacute;an sido solicitadas por la Fiscal&iacute;a (y el resto de las acusaciones) como propuestas alternativas. As&iacute;, el fiscal ped&iacute;a una determinada responsabilidad civil si la condena era por delito de estafa y otra distinta si era por apropiaci&oacute;n indebida, pero la Audiencia estableci&oacute; como responsabilidad civil la suma de ambas cantidades.</p> <p>Ahora, el Supremo ordena a la Secci&oacute;n Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional -autora de la sentencia de instancia- que fije de nuevo el quantum de la indemnizaci&oacute;n solicitada por el fiscal y las acusaciones conforme a la calificaci&oacute;n jur&iacute;dica de los hechos declarados probados, sin incluir en un mismo pronunciamiento lo que en la instancia fue interesado con car&aacute;cter alternativo. Asimismo, debe excluir las cantidades de los contratos por el concepto plus de convenio (las de menor cuant&iacute;a), y explicar los motivos por los que declar&oacute; la nulidad de las p&oacute;lizas individuales de aseguramiento. Tambi&eacute;n debe definir, con la obligaci&oacute;n motivaci&oacute;n, el destinatario de la indemnizaci&oacute;n, que en la sentencia de instancia estableci&oacute; que fuese el FROB, pese a que la Fiscal&iacute;a pidi&oacute; que fuese NCG banco o su sucesor.</p> <p>En cuanto a la alegaci&oacute;n de vulneraci&oacute;n de la presunci&oacute;n de inocencia formulada por las defensas, el Supremo se&ntilde;ala que la sentencia de la Audiencia Nacional puede ser tildada de "asistem&aacute;tica" o con "desorden expositivo" y "censurable metodolog&iacute;a" (al hacer de la transcripci&oacute;n literal de documentos, actas e informes su principal t&eacute;cnica), pero pese a ello, "bajo ese desconcertante modo de aproximaci&oacute;n valorativa a las principales fuentes de prueba", la sentencia de instancia "ofrece pasajes que, con mayor o menor acierto sint&aacute;ctico, permite concluir que ha existido una valoraci&oacute;n de la prueba de cargo y de descargo que no desborda los l&iacute;mites del canon de racionalidad exigido por nuestro sistema constitucional".</p> <p>Respecto a la incidencia en la tipicidad de los hechos de la normativa europea de diciembre de 2010 que impuso l&iacute;mites a las retribuciones derivadas de contratos de alta direcci&oacute;n, el Supremo indica: "El car&aacute;cter delictivo de la utilizaci&oacute;n de las retribuciones como instrumento formal para la ejecuci&oacute;n de actos de deslealtad que se traducen en decisiones lucrativas de car&aacute;cter expropiatorio, no necesitaba entonces, ni necesita ahora, de la vigencia de normas comunitarias o internas de cobertura".</p> <p>"Ni la Directiva 2010/76/UE ni las normas que la han traspuesto pueden ser interpretadas, al amparo del principio constitucional de irretroactividad (art&iacute;culo 9.3 de la Constituci&oacute;n), como una ley de punto final llamada a la convalidaci&oacute;n de pr&aacute;cticas delictivas anteriores cuyo encaje en el hist&oacute;rico art&iacute;culo 252 o en el actual 253 del C&oacute;digo Penal resulta incuestionable", indican los magistrados.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=7f94cff4bf227510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 13 Sep 2016 13:50:00 +0200 El Tribunal Supremo investigará a la senadora Rita Barberá por blanqueo de capitales http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=e69ccff4bf227510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha acordado hoy abrir una causa a la exalcaldesa de Valencia y senadora del Partido Popular Rita Barber&aacute; por un presunto delito de blanqueo de capitales. Adem&aacute;s, ha designado instructor, conforme al turno establecido, al magistrado de la Sala C&aacute;ndido Conde-Pumpido Tour&oacute;n.</p> <p>La investigaci&oacute;n deriva de la exposici&oacute;n razonada elevada al Supremo el pasado mes de abril por el Juzgado de Instrucci&oacute;n n&uacute;mero 18 de Valencia, describiendo indicios contra la aforada Rita Barber&aacute; en un presunto blanqueo de capitales en el Grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia cuando ella era alcaldesa. La Fiscal&iacute;a apoy&oacute;, en informe del pasado 27 de julio, la apertura de la investigaci&oacute;n y la designaci&oacute;n de instructor.</p> <p>En un auto del que ha sido ponente el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, el Supremo destaca que, sin perjuicio de lo que pudiera resultar de la investigaci&oacute;n, los hechos descritos por el Juzgado de Instrucci&oacute;n n&uacute;mero 18 de Valencia en la exposici&oacute;n razonada pudieran ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales previsto y penado en los art&iacute;culos 301 y siguientes del C&oacute;digo Penal. &ldquo;Resulta, pues, imprescindible continuar la investigaci&oacute;n sobre los mismos y sobre la participaci&oacute;n en ellos de la persona aforada do&ntilde;a Mar&iacute;a Rita Barber&aacute; Nolla&rdquo;, se&ntilde;ala la resoluci&oacute;n.</p> <p>Seg&uacute;n la exposici&oacute;n razonada, en el curso de una investigaci&oacute;n sobre determinadas irregularidades en la contrataci&oacute;n p&uacute;blica en el &aacute;mbito de la Concejal&iacute;a de Cultura del Ayuntamiento de Valencia y de la Diputaci&oacute;n Provincial, as&iacute; como en el de la empresa p&uacute;blica Imelsa y la dependiente de la Generalitat valenciana CIEGSA, se tuvo conocimiento de una conversaci&oacute;n telef&oacute;nica &ndash;cuya escucha se hizo con autorizaci&oacute;n judicial&mdash;seg&uacute;n la cual se habr&iacute;a realizado un donativo mediante transferencia bancaria a una cuenta del Grupo Popular del Ayuntamiento, a cambio del que se habr&iacute;an recibido, en efectivo, dos billetes de 500 euros.</p> <p>En la conversaci&oacute;n se hace referencia a la secretaria del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento como la persona que habr&iacute;a entregado los billetes, y se citaba a Rita Barber&aacute; pero sin hacer respecto a ella ninguna imputaci&oacute;n concreta. Realizadas las investigaciones pertinentes, siempre seg&uacute;n la exposici&oacute;n razonada, se pudo comprobar que en una cuenta del Banco Sabadell a nombre del Grupo Municipal del PP en Valencia se habr&iacute;an realizado determinadas aportaciones, por importe de 1.000 euros, por parte de 50 personas vinculadas al grupo y al partido, entre el 23 de marzo y el 16 de abril de 2015, entre ellas Barber&aacute;.</p> <p>Se comprob&oacute; igualmente que en las cuentas bancarias origen de alguna de esas transferencias se hab&iacute;an recibido, en la misma fecha o en fechas inmediatas, el ingreso de cantidades en met&aacute;lico o mediante traspaso de otras cuentas, por diez de las personas investigadas. Lo que investiga el juez es si, bajo la cobertura de esas aportaciones de 1.000 euros que todos los investigados reconocen haber efectuado, se oculta el afloramiento de un dinero en efectivo en poder de alg&uacute;n responsable o responsables del Grupo Popular, se&ntilde;aladamente la secretaria del Grupo Mar&iacute;a del Carmen Garc&iacute;a-Fuster, que era la persona que operaba de facto con las cuentas bancarias. Tambi&eacute;n se investiga el origen del dinero supuestamente blanqueado.</p> <p>El auto del Supremo destaca que, en la exposici&oacute;n razonada del juez de Valencia, se se&ntilde;ala lo siguiente sobre la implicaci&oacute;n de Barber&aacute;:</p> <p>- &ldquo;Rita Barber&aacute; fue una m&aacute;s de las personas que reconocidamente efectuaron la aportaci&oacute;n de 1.000 euros. Resultar&iacute;a incoherente la llamada al resto de los aportantes en estas actuaciones como investigados y no llevar a cabo la presente exposici&oacute;n respecto de la senadora aforada&rdquo;.</p> <p>- &ldquo;Rita Barber&aacute; ostentaba una efectiva posici&oacute;n como superiora jer&aacute;rquica de la principal investigada, Mar&iacute;a del Carmen Garc&iacute;a Fuster, tanto por ser alcaldesa de Valencia en la fecha de los hechos investigados, como por ser la m&aacute;xima responsable del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia, existiendo, adem&aacute;s, una relaci&oacute;n personal de estrecha confianza entre la aforada y la principal investigada, que desempe&ntilde;aba las mismas funciones y atribuciones dentro del Grupo desde el a&ntilde;o 1991 en que fue designada aqu&eacute;lla&rdquo;.</p> <p>- &ldquo;A juicio de este instructor, las alegaciones efectuadas por la aforada no introducen en su relato hechos que, en relaci&oacute;n y contraste con el resultado de lo instruido, permitan atribuir a los mismos una relevancia excluyente de su posible implicaci&oacute;n, a los efectos de elevar al Tribunal Supremo esta exposici&oacute;n&rdquo;.</p> <p>- &ldquo;Debe significarse sin embargo que, en sus declaraciones, ni las investigadas que han reconocido la recepci&oacute;n del dinero tras efectuar la aportaci&oacute;n, ni los cuatro testigos que se negaron a efectuarla, testimonian una participaci&oacute;n concreta, personal, de la aforada Rita Barber&aacute; en la entrega del dinero, ni en la propuesta o indicaci&oacute;n para que dicha entrega se llevara a cabo o se aceptara&rdquo;.</p> <p>Por otro lado, la Sala Segunda ha determinado que el procedimiento sobre el resto de personas investigadas en este caso prosiga en el Juzgado de Valencia como &oacute;rgano competente, sin perjuicio de que su titular remita al Supremo cuantos datos resulten de las diligencias que se practiquen y que tengan relaci&oacute;n con los hechos atribuidos provisionalmente a la persona aforada.</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=e69ccff4bf227510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Tue, 13 Sep 2016 12:30:00 +0200 Condenado a dos años y diez meses de cárcel un cabo por acoso sexual continuado a un subordinado http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=01473cc5f3d17510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES <p>La Sala V, de lo Militar, del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de dos a&ntilde;os y diez meses de c&aacute;rcel impuesta a un cabo Primero del Ej&eacute;rcito por acosar sexualmente durante siete a&ntilde;os a un cabo subordinado suyo. El Supremo confirma que fue autor de un delito continuado de abuso de autoridad en su modalidad de trato degradante, por el que adem&aacute;s deber&aacute; abonar 3.000 euros a la v&iacute;ctima en concepto de responsabilidad civil.</p> <p>Seg&uacute;n los hechos probados de la sentencia del Tribunal Militar Territorial Segundo, que el Supremo ratifica, entre septiembre de 2007 y enero de 2014, el cabo &ldquo;soport&oacute; y no consinti&oacute;&rdquo; una serie de conductas por parte del cabo primero &ldquo;consistentes en proposiciones, expresiones, tocamientos e insinuaciones de &iacute;ndole sexual&rdquo;. Ambos estaban destinados en el destacamento &ldquo;El Vacar&rdquo; (C&oacute;rdoba) y durante 1 a&ntilde;o y medio del periodo citado el cabo primero fue jefe inmediato del cabo.</p> <p>El relato de hechos se&ntilde;ala que el cabo primero toc&oacute; el culo en varias ocasiones a la v&iacute;ctima, le preguntaba sobre cu&aacute;ndo iba a salir del armario y le pidi&oacute; repetidas veces que le dejase hacerle una felaci&oacute;n. Tras denunciar la situaci&oacute;n que estaba viviendo a un suboficial, el cabo estuvo dos meses y medio de baja por una crisis de ansiedad.</p> <p>El Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente la magistrada Clara Mart&iacute;nez de Careaga, desestima el recurso del cabo Primero, que alegaba vulneraci&oacute;n de su presunci&oacute;n de inocencia por falta de pruebas directas. El alto tribunal destaca que la condena se apoya en el testimonio de la v&iacute;ctima, la declaraci&oacute;n del propio acusado, y las declaraciones de &ldquo;nada menos&rdquo; que 17 testigos y la pericial de dos peritos. Adem&aacute;s, entre los testigos no s&oacute;lo hay quienes tuvieron conocimiento de los hechos a trav&eacute;s del denunciante, sino testigos directos de las provocaciones e insinuaciones del acusado e incluso quienes soportaron tambi&eacute;n el insistente acoso sexual del recurrente.</p> <p>En cuanto a la alegaci&oacute;n de que su conducta no hab&iacute;a sido dolosa, el Supremo contesta que los hechos probados &ldquo;describen de modo inequ&iacute;voco un acoso sexual prolongado durante aproximadamente siete a&ntilde;os en los que el recurrente, unas veces de manera expl&iacute;cita y otras de modo m&aacute;s velado, estuvo solicitando los favores sexuales del cabo, insistiendo machaconamente en ello a pesar de las reiteradas negativas de la v&iacute;ctima, conducta incompatible con una pretendida ausencia de dolo, pues, como se&ntilde;ala el Tribunal de instancia (&hellip;) estaba dirigida &lsquo;a la mera b&uacute;squeda de satisfacci&oacute;n sexual en un inferior prevali&eacute;ndose de su empleo jer&aacute;rquicamente superior que ha causado humillaci&oacute;n, miedo y menoscabo de su dignidad como persona y como militar&rsquo;&rdquo;.</p> <p>Por ello, destaca que los hechos fueron correctamente subsumidos por el Tribunal de instancia en el tipo de abuso de autoridad, en su modalidad de trato degradante, del art&iacute;culo 106 del C&oacute;digo Penal Militar, &ldquo;pues alcanzan la gravedad objetiva y subjetiva que est&aacute; en la base del citado tipo, con virtualidad bastante para producir, como en efecto produjeron, las consecuencias humillantes y vejatorias que se relatan en la Sentencia de instancia&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> webmaster@cgpj.es (Comunicación Poder Judicial) http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=01473cc5f3d17510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES Mon, 12 Sep 2016 13:30:00 +0200